Jasarhez, ciertamente estamos todos de acuerdo en que la estabilidad económica es condición necesaria para el buen funcionamiento de una comunidad política. Esto ya lo decía Sto. Tomás, que lo señalaba como requisito indispensable para el ejercicio de la virtud, y más recientemente lo formuló de manera magistral el católico social Salvador Minguijón

“La estabilidad de las existencias crea el arraigo, que engendra dulces sentimientos y sanas costumbres. Estas cristalizan en saludables instituciones, las cuales, a su vez, conservan y afianzan las buenas costumbres”.
Es esta estabilidad económica lo que más temen los revolucionarios, y es por ello que hacen todo lo posible por destruirla por medio de su arma más poderosa: el control del sistema financiero (en su triple vertiente: control de la emisión del crédito, control de los precios y control del sistema impositivo).

Esto también lo vio Franco intuitivamente y de ahí su deseo desproletarizador y creador de la famosa clase media. Pero este deseo le llevó a cometer el mismo error que los países de su entorno estableciendo medidas concentradoras-centralizadoras que eran completamente innecesarias para la consecución de la seguridad económica de los españoles. Es aquí en donde pongo mi crítica (desde el punto de vista económico, pues desde el punto de vista político mis críticas son otras), porque objetivamente estas medidas no se diferenciaban en sus resultados prácticos a las medidas de control de carácter totalitario que ya realizaron antes que él los liberales centralizadores o estatalizadores (ni tampoco se diferenciaban de las que se estaban tomando paralelamente en los otros países occidentales con sus respectivos Planes desarrollados por sus tecnócratas locales a las órdenes de una misma dirección central localizada en los Organismos Internacionales que ya cité, principalmente el FMI y el Banco de Reconstrucción).

Es en este sentido en el que hablo de totalitarismo, es decir, en la creación de una macroestructura administrativa monstruo, con su correspondiente aparato burocrático, respaldado por una fiscalización que, si bien en términos relativos con lo que tenemos ahora se podría considerar pequeña, era ya entonces en su mayor parte completamente innecesaria y molesta (es dentro de esta fiscalización en donde entran también las cuotas forzosas de la Seguridad Social).

Para la consecución del objetivo buscado: la seguridad económica de los españoles, no era necesaria la creación de todo ese aparato de control, sino que bastaba (como también ahora) con la monetización de ese beneficio que arroja nuestra producción interior acumulada y su consecuente reparto a toda la población en forma de dividendo y descuento de precios. El beneficio es lo suficientemente amplio como para cubrir todos los aspectos que se encierran en el concepto jurídico de alimentos (veáse art. 142 de nuestro actual C.Civil revolucionario) así como todos los aspectos a los que las estructuras de la Seguridad Social hacían frente: enfermedad (temporal o permanente), falta de rentas provenientes del trabajo, jubilación, etc... Sin hablar de todas los demás aspectos sociales que tratan de ser cubiertos actualmente -si es que así le place al Gobierno (estatal o autonómico) juancarlista de turno- por medio de ridículas subvenciones (las VPO, ayudas a la maternidad, etc...).

Esta filosofía del dividendo social parecería contraria a una filosofía política tradicionalista, pues muchas veces ha sido defendida por economistas de corte liberal (Hayek, Von Mises, Fridman, etc...). Pero el hecho de que la filosofía en que se basan sus teorías económicas sea errónea, no quiere decir que alguna vez puedan formular una conclusión práctica aceptable (Juan Vallet de Goytisolo los solía citar mucho, pero siempre, podríamos decir, a beneficio de inventario). Hoy en día, desde muchos ambientes, también, se formula esta misma política con otros nombres: cheque escolar, cheque médico, etc... El dividendo sería como un cheque que cubriría todos los aspectos de la vida social del español, con la ventaja de que se dejaría a su libre arbitrio la elección del uso de ese dividendo (él elegiría qué escuela quiere para sus hijos, qué médico quiere que le atienda, etc...) cubriendo también todos los aspectos de la vida social antes mencionados: maternidad, vivienda, etc..., y evitando todos los escollos innecesarios que surgen del sistema de la Seguridad Social, que deja en manos del Estado la redistribución de las rentas previamente sustraídas a las personas, por medio de su ingente aparato de dominio y control.

Dicho con otras palabras, ese beneficio monetizado y repartido produce, como decía Salvador Minguijón, las condiciones idóneas para la reordenación de la comunidad (única verdadera limitadora y templadora de la potestad legítima -que esperemos quede restaurada pronto en la persona del, por ahora, Regente Enrique de Borbón); reordenación que los tradicionalistas denominan bajo distintos nombres (principio de subsidiariedad, libertades, derechos reales o efectivos, principio federativo, comunidades sociales básicas o naturales, etc..., aunque yo prefiero denominarlo simple y llanamente principio foral o foralidad).

En mi opinión no existe ahora mismo reivindicación más contrarrevolucionaria que la de la monetización de ese beneficio que arroja la relación macroeconómica de la producción-consumo en nuestra contabilidad y que es actualmente defradudado a todos los españoles. Y esta reivindicación de ese dividendo (repito no en términos de caridad, sino en términos de justicia, tal y como se desprende -no arbitraria sino matemáticamente justificada- de los datos financieros contables a nivel macroeconómico) es objetivamente contrarrevolucionario independientemente de que sea reivindicado por un señor con chaqueta y corbata o por un perroflauta.