Tema: Otegi, delincuente en la calle

Otegi, delincuente en la calle


EL día de ayer se registrará en la historia de esta legislatura como la jornada en la que Zapatero se dio de bruces con la realidad de los mejores fundamentos de la democracia: la independencia judicial y los movimientos cívicos constitucionalistas. Desde el principio de su mandato, el Gobierno socialista se marcó el objetivo de la negociación política con los terroristas, para lo que era necesario que quedaran neutralizados los resortes sociales, legales e institucionales que se lo impedirían. La ambición de inaugurar la paz se hizo irresistible para Zapatero. Las víctimas de ETA y los movimientos cívicos fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la estrategia de discordia que prodigaron el Gobierno y el PSOE para disolver las bases de la política antiterrorista que se fraguó en los mandatos anteriores. Ayer, tres grupos cívicos, Foro de Ermua, Covite y Basta Ya, sellaron el fracaso de la estrategia gubernamental al reconstituir el movimiento constitucionalista vasco, tan decisivo a partir de 1997 para hacer temblar la hegemonía nacionalista y sacudir la indolencia ante el terrorismo en sectores de la sociedad vasca.

Contra estos grupos, el Gobierno socialista no tiene argumentos, salvo la insidia y la difamación porque, como expusieron en el comunicado conjunto leído ante la sede de la Fiscalía General del Estado, entre ellos «hay votantes de diversos partidos» y por eso expresan «el pluralismo de la sociedad vasca». La lectura del manifiesto a cargo del filósofo Fernando Savater es toda una metáfora del desengaño y la decepción que muchos ciudadanos sienten al contemplar a Zapatero. Aquellos que de buena fe confiaron en el presidente del Gobierno ya no encuentran motivos para seguir haciéndolo. Creen que les ha mentido sobre ETA. Y cuando un político se queda sin palabra, entra de lleno en su declive. El paso dado por Savater tiene mucho más alcance que el de expresar su opinión personal. Significa una retirada de confianza desde el propio lado ideológico de Zapatero y, al mismo tiempo, la necesidad de restaurar los fundamentos cívicos mermados por la política del Gobierno. Es preciso volver a la militancia democrática y constitucionalista no sólo frente al Gobierno socialista, sino también frente a la amenaza nacionalista, tan cultivada por Zapatero para su beneficio político, y cuyo crecimiento coincide, no por causalidad, con el reforzamiento político de ETA.

Los grupos cívicos retoman el Espíritu de Ermua porque el PSOE ha querido suplantar al PNV del Pacto de Estella. Si en 1998 ETA anunció una tregua para favorecer la estrategia soberanista pactada con el nacionalismo gobernante, en 2006 anunció el «alto el fuego permanente» para ver si eran ciertos esos supuestos compromisos que habría firmado el Gobierno socialista, y entre los cuales se hallaría la aceptación de la Declaración de Anoeta -dos mesas de negociación-, la alteración del régimen foral de Navarra, la autodeterminación del pueblo vasco y la impunidad judicial de los etarras. ETA no da treguas a cambio de nada. El manifiesto leído ayer por el nuevo constitucionalismo vasco puso el dedo en esas llagas del socialismo actual y exigió que Batasuna siga excluida, que Navarra no se toque y que con ETA se hable sólo para su disolución.

También quiso el Gobierno dejar a un lado el imperio de la ley y la independencia judicial. Es decir, el Estado de Derecho, una molesta virtud de la Constitución española de 1978, que obliga a todos, incluido el presidente del Gobierno, a someterse a la ley y al control de los Tribunales. Tal y como estaba planteado desde los contactos secretos entre PSE y Batasuna, el proceso de negociación con ETA sólo tenía futuro si la ley era ignorada o vulnerada. El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, ha hecho las dos cosas: ignorar la ley para no hacer efectiva la disolución de Batasuna y no ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Vulnera las leyes para dar a De Juana Chaos un indulto encubierto con el nombre de segundo grado excepcional y para crear en torno a Otegi una burbuja de impunidad que satisfaga a ETA lo suficiente para que emita un comunicado preelectoral. Frente a esta deserción del fiscal en la defensa de la legalidad, muchos ciudadanos pensarán que su deber es constituirse en acusadores populares para garantizar un juicio a los proetarras.

Pero también aquí se ha vuelto a equivocar Zapatero porque hay jueces que no están dispuestos a que se les confunda con el fiscal general. La sentencia que absuelve, a la fuerza, a Otegi es una prueba de que hay jueces que cuidan la dignidad del Estado y garantizan su continuidad frente al enemigo que quiere destruirlo. La sentencia de la Audiencia Nacional es una proclamación del valor de la legalidad, sin adherencias políticas ni intereses sectarios, pero con una firmísima denuncia de la dejación de funciones cometida por el fiscal para el único objetivo de salvar a Otegi, delincuente sin condena. Los magistrados que firman la sentencia no han podido condenar porque se lo impidió la retirada de acusación por parte del fiscal, el único acusador; pero no les impidió juzgar la prueba que se practicó antes de que la acusación fuera retirada. La valoración probatoria confirma lo que decía el sentido común y lo que, hasta ese momento, había defendido el propio fiscal: que Otegi había cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta afirmación, aparte de las consecuencias legales que pudieran derivarse respecto de quienes decidieron la retirada de acusación, acto dolosamente contrario a la ley -y así se refleja en la sentencia, aunque no se califique-, aísla la arbitrariedad cometida por la Fiscalía General en sus propias y exclusivas motivaciones políticas. No hubo «poderosas razones técnicas», como dijo el ministro de Justicia. Sólo mansa servidumbre a las necesidades del Gobierno que la propia Fiscalía, tras conocer la sentencia y cometiendo un colosal error, adornó con una nota pública plagada de gravísimas acusaciones contra el Tribunal juzgador, entre ellas su «falta de imparcialidad» e, incluso, la insinuación de que los jueces han prevaricado. Pero lo cierto es que la sentencia únicamente habla de la legalidad y, por esto mismo, son intolerables las descalificaciones vertidas contra ella desde la Fiscalía, que también la tachó de «pataleta infantil y teatro bochornoso». A la vista de este violento choque y de que es la propia Fiscalía quien además de exonerar a Otegi culpa a los jueces de no ser imparciales, no es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial vaya a defender en su próximo Pleno a los magistrados frente al injustificable ataque de la Fiscalía.

El Gobierno ha querido sembrar en el Poder Judicial una crisis que ahora se vuelve contra él, por las mismas razones que el constitucionalismo vasco se reconstruye. Zapatero siempre ha elegido la peor opción en su «proceso». Prefirió a minorías radicales antes que al PP; a Batasuna antes que a las víctimas; la arbitrariedad antes que la ley; la sumisión del fiscal a la independencia de los jueces. Zapatero debe entender que la paz que pretende con estos medios es moral y políticamente inadmisible.




http://www.abc.es/20070324/opinion-e...703240310.html