El lunes 28 de agosto tuvo lugar en París una cumbre de los jefes de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, España, Libia, Níger y Chad en la que se abordó el flujo de migrantes de Libia a Italia. Aprovechando la situación de falta de gobierno en algunas regiones del país norteafricano, las mafias dedicadas al tráfico de personas establecieron un punto de partida en una zona muy concreta al oeste de Trípoli. Desde allí, embarcaciones precarias se lanzan al Mar Mediterráneo con la esperanza de ser rescatadas, lo que atrae a migrantes desde países tan lejanos como Bangladesh. En Libia hay un floreciente negocio en torno a la explotación económica de los migrantes, sometidos a toda clase de abusos y vejaciones.
El problema llamó la atención después de sucesivas tragedias registradas en el Mediterráneo a partir de abril de 2015. Varios buques que transportaban migrantes entre Libia y territorio italiano naufragaron, llevándose al fondo del mar presumiblemente a cientos de personas. En 2016 murieron tratando de cruzar el Mediterráno unas 5.000 personas. El impacto en la opinión pública llevó a la Unión Europea a lanzar una operación naval, Sophia, que persiguiera a las redes de traficantes, asistiera a los náufragos y apoyara a la Marina libia. España participa en ella con una fragata y un avión de patrulla marítima, destacado en Sicilia, que van rotando. En la última rotación, la Armada Española ha enviado al buque de apoyo logístico Cantabria en vez de una fragata para asumir durante cuatro meses el mando de la misión.
En el momento del estallido de la crisis, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tenía un operativo en el Mediterráneo dedicado a luchar contra el tráfico de personas, la actualmente denominada operación Tritón, en la que España participa con un patrullero y un avión de patrulla de marítima de la Guardia Civil. La Tritón tiene como objetivo controlar la frontera mediterránea de Europa, pero los recursos destinados a ella también participan en el rescate de embarcaciones de migrantes en apuros. Así, el pasado 29 de junio la Guardia Civil anunciaba en su perfil de Twitter el rescate de “1.065 personas a la deriva frente a la costa de Libia”.
Según un informe del subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de los Lores británica, la operación Sophia ha sido contraproducente porque ha generado un incentivo para que los traficantes envíen más embarcaciones. Sus organizaciones ya no planifican viajes de largo alcance con la intención de alcanzar territorio europeo, sino que se limitan a alejarse de Libia lo suficiente para que los recoja alguien. El resultado es que, en comparación con 2014, los rescates de migrantes han ido alejándose más y más del Canal de Sicilia para ir acercándose a la costa de Libia.
Además, la práctica de destruir las embarcaciones de madera enviadas por los traficantes ha llevado a que los estos usen ahora embarcaciones neumáticas, más baratas y más peligrosas. Las embarcaciones neumáticas tienen una quilla escasa, por lo que son poco aptas para la navegación en alta mar y carecen de protección ante las inclemencias del tiempo; así que, aunque el trayecto sea corto, es muy penoso. Dada su escasa autonomía, quienes van en ellas están condenados a la muerte si nadie les recoge. La práctica es tan extendida que un portal chino de comercio mayorista por internet ofrecía hasta hace poco “botes para refugiados de alta calidad”. La Unión Europea reaccionó el 17 de julio prohibiendo la venta de embarcaciones neumáticas y motores fueraborda a Libia.
A los esfuerzos de la UE se sumó una flotilla de buques fletados por ONG dedicados exclusivamente al rescate de personas. Según David Noguera y Marco Bertotto, de Médicos Sin Fronteras, el problema con las misiones europeas es que no tienen como objetivo primario el rescate de personas. Según sus datos, frente a la teoría del efecto llamada, los momentos de mayor salida de migrantes desde Libia a Italia no han coincidido con los de mayor actividad de los buques de las ONG en la zona y el flujo hacia Libia tiene más que ver con las dinámicas de los países de origen. Además, apuntan a que las mafias envían ahora a los migrantes en embarcaciones neumáticas de corta autonomía por los despliegues de la UE, que exponen a los traficantes a ser detenidos en alta mar.
El papel de la flotilla de las ONG es bastante controvertido, porque presentan su trabajo como el de rescate de personas en peligro en alta mar cuando en la práctica, como puede comprobarse con los datos de GPS que proporciona el Sistema de Identificación Automática, se limitaban hasta hace poco a dar vueltas en una franja muy estrecha frente al litoral libio. De hecho, se ha documentado que algunas de ellas actúan en connivencia con las organizaciones de tráfico de personas, que se limitan a alejarse de la costa, hacer el transbordo de pasajeros y volver a tierra. Es decir, no se trata de un rescate de náufragos o de personas en peligro, sino un simple barqueo de migrantes, que luego son desembarcados en Italia con el estatus de náufragos, según las leyes marítimas internacionales.
La situación se ha vuelto insostenible para Italia, que tiene sus centros de acogida saturados. Más de 600.000 personas han llegado a sus costas de esta forma desde enero de 2014. Entre enero y de 2016 y junió de 2017 acogió a 33.000 menores no acompañados. La predisposición a acoger y atender migrantes sin límite ha cambiado sustancialmente y se requiere la intervención de la Unión Europea. Giusi Nicolini, quien fuera alcaldesa de la isla italiana de Lampedusa, pasó de recibir el Premio Olof Palme en 2016, ser visitada por el papa Francisco y agasajada por el presidente Obama en la Casa Blanca a quedar tercera en las elecciones por el creciente malestar de los habitantes de la pequeña isla.
El Gobierno italiano impuso a finales de julio un código de conducta a las ONG que operan frente a las costas libias, por el que, por ejemplo, prohíbe que los buques dedicados al rescate se comuniquen con las organizaciones dedicadas al tráfico de personas –ni siquiera por medio de señales luminosas–. Tres organizaciones firmaron el código de conducta: Save the Children, Migrant Offshore Aid Station (MOAS) y Proactiva Open Arms; pero otras cinco se negaron y pidieron aclaraciones al Gobierno italiano: Médicos Sin Fronteras, SOS Mediterranee, Sea-Watch, Sea-Eye y Jugend Rettet.
En estos dos últimos meses ha descendido enormemente el número de personas que han llegado a Italia desde Libia en comparación con el mismo período de 2016. Así, en julio del año pasado 21.294 personas cruzaron el Mediterráneo desde Libia hasta Italia, mientras que en julio de este año lo hicieron 2.936. Al parecer, las autoridades italianas han llegado a un acuerdo con las milicias de la ciudad de Sabratha para limitar el flujo de salida a cambio de material y dinero. Además, el hospital de Sabratha habría recibido varios cargamentos de medicinas. Francesca Mannocchi citaba en un artículo de Middle East Eye a una persona del lugar que afirmaba que la zona “pertenece a Libia sólo formalmente” y está en manos de “milicias y bandas armadas”.
El problema, por tanto, es que la solución italiana ha sido reforzar a fuerzas contrarias a cualquier Gobierno central y que contribuyen a hacer de Libia un país sin gobierno. Mientras tanto, se calcula que hay en Libia cientos de miles de personas esperando a cruzar a Europa.
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Esti Peled
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