Tema: Diez preguntas, sin respuesta, a la Conferencia Episcopal Española

18 julio, 2013 | Ángel David Martín Rubio
Diez preguntas, sin respuesta, a la Conferencia Episcopal Española

En marzo de 2010 hicimos públicas diez preguntas a la Conferencia Episcopal Española acerca de la legislación abortista inspiradas en el magisterio de Mons. Guerra Campos. Hasta ahora no han recibido respuesta

Al cumplirse el pasado 5 de julio un aniversario más de la inicua ley de 1985 las reiteramos, no sin recordar que, gracias a los votantes del Partido Popular, sigue en vigor la segunda ley aprobada por el Partido Socialista en 2010

1. El comportamiento del Jefe del Estado al sancionar y firmar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ¿está de acuerdo con la moral católica en los términos en que vaticinó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons.Martínez Camino: “seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos”?

2. Cuando se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la voluntad popular ¿No es cierto que el Jefe del Estado, al promulgar la ley dice expresamente: “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica”?

3. Al estar en juego la vida de cientos de miles de seres humanos, ¿no se debería haber instado a segur el criterio de los juristas que sostienen la capacidad legal del Jefe del Estado en el ordenamiento vigente para negar la sanción a una Ley?

4. El 6 de julio de 1985 el periodista Abel Hernández afirmó en Diario 16que “la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa [NOTA: Se refiere a Juan Pablo II] le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española” ¿Era esto cierto? ¿Si no lo es, por qué no se ha desmentido? ¿Se ha repetido la historia 25 años después con protagonistas diferentes como afirmó un conocido periodista ante las cámaras de Intereconomía TV?

5. Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de una gravísima violación del orden moral ¿Se les está aplicando el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”.

6. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos?

7. ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que han promovido y aprobado esta ley o han apoyado a la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que forman parte del Gobierno que no ha promovido su inmediata derogación o lo apoyan?

8. ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?

9. ¿Acaso no es verdad que no se puede aceptar un orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales y que esto se aplica también al caso de la Monarquía parlamentaria o constitucional?

10. Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?

Fuente: TRADICIÓN DIGITAL

Lo lógico sería que ante semejante escándalo de complicidades criminales hubiera alguna vía para los católicos españoles de apelar a Roma contra los obispos por dejación dolosa de responsabilidades y que Roma obrara en consecuencia.
Ah, claro, que esa vía de recurso a la superioridad (la única que "democráticamente" hubiera sido admisible en la Iglesia) no se contemplaba en el pack del aggiornamento postconciliar.

De cualquier modo los sucesivos papas han conocido de sobra el caso episcopal español y su dejación cómplice de funciones en relación con los asesinos legales, manteniendolos en sus cargos.

Quiero decir que transcurridos ya dos años de "silencio administrativo" por parte de los obispos debería ir siendo hora de formular esas preguntas al superior jerárquico de los obispos, o sea al Papa correspondiente.