Tema: La situación económica del Clero (Obispo Pildain)

Fuente: Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, Número 10, Agosto 1974, páginas 407 – 413.



Sobre la dotación económica del Clero


A fines del pasado Julio, un diario de Barcelona recogía y comentaba las manifestaciones de un sacerdote catalán en la Asamblea de la Previsión Sacerdotal tenida en la sede de la Mutual del Clero en Madrid, en las que apelaba a la Conferencia Episcopal Española para que (son sus palabras):

«nos resuelva de una vez el problema número uno que los señores Obispos tienen planteado desde hace mucho tiempo, y que cada día que pasa se nos hace más angustioso: la sustentación de los sacerdotes, que un día inolvidable se consagraron, y que continúan y que quieren continuar consagrados plenamente, al exclusivo servicio de la Iglesia». «Yo pido a los señores Obispos –añadía– que no nos hagan víctimas a los párrocos rurales, principalmente a los que ya no somos jóvenes, de cosas de política que ni entendemos ni queremos entender. Nosotros sólo nos consagramos a Dios, y sólo queremos ser pastores espirituales de nuestros pueblos».

Otras muchas voces similares vienen sonando hace años, reflejando no sólo una situación de notoria necesidad, sino también una indignación creciente ante los pocos compañeros que, desde posiciones económicamente privilegiadas, y al margen, a veces, del servicio sacerdotal, se permiten hacer campañas de falso purismo a costa de los demás.

Recientemente más del ochenta por cien de los sacerdotes de una Diócesis de la España rural, al Norte de Madrid, a los que se asociaron los de otra Diócesis, se dirigieron a las altas autoridades de la nación exponiéndoles su problema, tanto en lo tocante a la insuficiente dotación económica, como a la integración en el régimen de la Seguridad Social. Dichos sacerdotes, al comunicar a los Obispos diocesanos las respuestas alentadoras que habían obtenido, hacían además las siguientes consideraciones:

«Sabemos que la solución del problema económico del Clero español corresponde primordialmente y en justicia a la Jerarquía Eclesiástica española, a tenor del núm. 20 del Decreto Conciliar del Vaticano II sobre el Ministerio y Vida de los Presbíteros, ya que la mayoría de los sacerdotes nos hemos ordenado al servicio de la Diócesis, con la prohibición entonces de dedicarnos a actividades ajenas al ministerio sacerdotal; y que en diversas ocasiones se ha anunciado como temario de estudio de las Asambleas Episcopales el problema económico del Clero, aunque después nada se ha publicado de los acuerdos o medidas tomadas, o a tomar, para solucionar y actualizar la Dotación del Clero. Van celebradas 19 Asambleas de la Conferencia Episcopal Española, y el problema económico del Clero y la Seguridad Social del sacerdote siguen sin resolverse, siendo su situación económica cada vez peor, pues el coste de todo ha subido y sube de un modo alarmante… ¿Hasta cuándo?... La posibilidad de la paciencia y resistencia tiene un límite que está próximo a desbordarse. Sin duda que esta insuficiencia o inseguridad económica del Clero ha contribuido a que muchos sacerdotes hayan buscado empleos o trabajos civiles, con detrimento de su apostolado ministerial, y que no pocos se hayan secularizado…».

«Constantemente –siguen diciendo– vienen noticias en la prensa de que Obispos, en particular o unidos por Provincias Eclesiásticas, denuncian y urgen la debida adecuación y retribución justa de obreros y trabajadores… ¿Por qué no hacen lo mismo respecto de sus sacerdotes? Aquí podría aplicarse aquel aforismo: “Medice, cura te ipsum”. Luego preguntan por qué no se cumple, y quién lo impide, el artículo 19 del Concordato acerca de la adecuada dotación del Clero». «Mientras tanto, los sacerdotes somos víctimas de esta situación angustiosa y, cada día que pasa, menos soportable… Por ello, se ha elevado esa instancia al Jefe del Estado español y al Presidente del Gobierno, y ahora lo comunicamos a V. E. para que, de común acuerdo o separadamente, procuren solucionar con la mayor rapidez posible el problema económico del Clero, en su doble aspecto: de retribución mensual y de Seguridad Social».

* * *

En esta sección informativa del Boletín no se opina; como lo indica su título (“Informaciones”), solamente se informa. Hace muy poco el Cardenal Presidente de la Comisión Episcopal de Asuntos Jurídicos y Económicos pidió a los Obispos que den información a sus sacerdotes sobre lo que ha hecho la Conferencia Episcopal para resolver el problema económico del Clero. La información sobre este tema se limitará aquí a recordar sucintamente cuatro puntos correspondientes a los nueve años de existencia de la Conferencia Episcopal (1966 – 1974): 1. Gestiones para la Previsión Social del Clero; 2. Gestiones para un aumento de la Dotación estatal (1967 – 1969); 3. Propuesta del Gobierno para una solución global (1966); 4. ¿Fórmulas independientes de la cooperación estatal?

1. Gestiones para la Previsión Social del Clero.– Entre 1966 y 1968, continuando esfuerzos de años anteriores, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Económicos promovió intensos estudios en orden a un sistema nacional de previsión en favor del Clero. El problema económico de éste aparecía, por entonces, en la agenda de casi todas las reuniones de la Conferencia. A la vista de las dificultades, se abordó en 1966 una fórmula provisional que habían de aplicar las organizaciones diocesanas según criterios concordados en la Asamblea Plenaria; fórmula que, en efecto, fue implantada en numerosas Diócesis, y que supone una cuota mensual de 260 pesetas y una pensión a los beneficiados de 4.000 pesetas.

Siguieron, en 1967 y 1968, los estudios para lograr un sistema supradiocesano o Caja Nacional de Compensación. Se produjo también la vinculación de la Mutual del Clero a la Conferencia Episcopal, aunque el aprovechamiento de esta fuerza (que incluye a la mayor parte del Clero español) tropezó con reservas por parte de algunas Diócesis. Desde fines de 1970 las esperanzas se orientan, como único camino que se estima eficaz, hacia la inserción en la Seguridad Social del Estado. Se constituyó una Comisión Gestora, formada al principio por dos Prelados y el Director de la Mutual. La retirada de los Prelados y otras dificultades hicieron lenta la andadura, aunque en el terreno del estudio parece que las relaciones con el correspondiente órgano estatal avanzaron no poco. Pero en los años recientes el tema se ha eclipsado en las reuniones de la Conferencia. Las gestiones están en manos de los nuevos órganos jerárquicos de la Mutual: por eso conviene atenerse a las informaciones dadas por el Delegado de la Mutual del Clero, por ejemplo la publicada en el Boletín del mes de Julio de 1974 sobre la Asamblea de la Previsión Sacerdotal (18 y 19 de Junio), presidida por el Cardenal Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Económicos de la Conferencia Episcopal, y en la que se pronunciaron las palabras con que se encabeza la presente información.

2. Gestiones para un aumento de la Dotación estatal (1967 – 1969).– En 1967, a la vista de la estrechez en que se encontraba gran parte del Clero, especialmente del mundo rural, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Económicos estimó que era urgente conseguir que la dotación de los sacerdotes que ocupaban piezas eclesiásticas (y que, incluida la gratificación de dos mil pesetas otorgada pocos años antes, excedía poco de las tres mil pesetas mensuales) se aumentase hasta cinco mil pesetas.

Como el Gobierno había propuesto antes un plan de solución global del problema, según se verá en el siguiente número 3, no veía con buenos ojos esta especie de remiendo parcial que, además de ser insuficiente, quizá contribuiría a diferir el estudio de aquella solución. Por eso la Conferencia, pensando que parte del Clero tampoco podía esperar a que se terminase el estudio requerido por la solución global, solicitó el aumento referido como una fórmula provisional de urgencia, comprometiéndose al mismo tiempo a estudiar sin dilaciones el plan global del Gobierno.

Por otra parte, coincidiendo con estas gestiones, ciertos grupos sacerdotales desplegaron una actividad ruidosa opuesta a la Dotación estatal, tanto que, a principios de 1969, se encargó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Económicos aclarar públicamente la posición de la Conferencia en relación con el aumento de los haberes del Clero.

Como es sabido, el Gobierno acordó en 1969 aumentar hasta cinco mil pesetas mensuales la dotación mínima mensual de los sacerdotes que cubren pieza eclesiástica. Este aumento se incorporó al Presupuesto bienal de 1970-71, asignándose el 50 por 100 en el año 1970.

3. Propuesta del Gobierno para una solución global (1966).– En 1966 el Gobierno tomó la iniciativa de proponer por escrito a la Conferencia Episcopal, sometiéndolo al estudio de ésta, un cambio del sistema actual de Dotación estatal del Clero por otro, cuyos puntos fundamentales serían los cuatro siguientes:

– Asignación a la Iglesia de una cantidad global, que habría que determinar mediante un estudio de todas las necesidades, incluyendo sectores y agentes de la pastoral que ahora no están dotados.

– Esa cantidad constaría como partida única en el Presupuesto, suprimiendo la variedad de subvenciones procedentes de los distintos Departamentos Ministeriales.

– La cantidad tendría que cifrarse según lo que resultara después de un estudio completo de la cuestión; pero ya se adelantaba, a modo de ejemplo, que podría ser más o menos el dos por cien del Presupuesto del Estado.

– La administración de esa cantidad quedaría en manos de la Iglesia con plena autonomía; se indicaba la oportunidad de un Consejo de Gerencia Nacional, y la necesidad de elaborar Presupuestos Diocesanos y un Presupuesto Nacional de la Iglesia en España.

Este proyecto parecía realizar con ventaja el objetivo señalado en el Concordato, superando el vigente sistema provisional, que asigna directamente a ciertas piezas eclesiásticas unas cantidades reducidas, necesitadas de revisiones siempre difíciles, nunca adecuadas; subrayaba la autonomía administrativa de la Iglesia, con una vinculación directa de los miembros del Clero a órganos eclesiásticos; y, tratándose de un porcentaje del Presupuesto, quedaba garantizado el reajuste automático de las asignaciones de acuerdo con las variaciones del nivel de vida, evitando enojosos replanteamientos de la cuestión, y satisfaciendo en este caso lo que es gran aspiración de los trabajadores de todo el mundo: la escala móvil de retribuciones.

La Conferencia Episcopal acordó manifestar su gratitud, y dejó sobre la mesa una serie de cuestiones que había que estudiar: por ejemplo, el deslinde entre lo que la Iglesia recibe como ayuda para su misión propia, y lo que personas e instituciones de la Iglesia reciben, al igual que otros ciudadanos, por servicios sociales de índole civil; recogida de información y criterios del Clero diocesano; datos técnicos para elaborar un Presupuesto Nacional sobre la base de Presupuestos Diocesanos, etc.

Pasó un año. El Gobierno urgía insistentemente el estudio del proyecto, porque interesaba llegar lo más pronto posible a la implantación del nuevo sistema. Mientras tanto, la Conferencia pidió el aumento de la dotación personal, dentro del sistema antiguo, hasta cinco mil pesetas. Como ya se dijo, el Gobierno temía que esta fórmula sirviese para aplazar el estudio requerido. La Conferencia manifestó que aceptaba, en principio, hacer dicho estudio, y se comprometió a iniciarlo oficialmente en la Asamblea de finales de 1967. La Comisión Episcopal de Asuntos Jurídicos y Económicos anunció entonces su intención de estudiar algunas de las cuestiones pendientes.

En 1969, se le encargó a la Comisión que prosiguiese el estudio de la propuesta del Gobierno. A fines de este año el Gobierno otorgó el aumento antes citado, hasta las cinco mil pesetas. En cuanto a los estudios de la Comisión sobre el plan de dotación global, no se ha vuelto a tener noticias; la Conferencia no ha llegado a examinar una fórmula concreta, y no ha dado respuesta determinada a la proposición del Gobierno de 1966; de hecho el tema ha desaparecido de las reuniones del Episcopado. El mismo proyecto ministerial parece, desde entonces, como un tren olvidado en vía muerta, con la locomotora apagada y sin visos de que vuelva a circular.

Sin embargo, en Septiembre de 1971 la «Asamblea Conjunta» nacional, desconectada de la situación real de este asunto, en un clima de grave recelo ante el Estado, pero coincidiendo, sin advertirlo, con la vieja iniciativa gubernamental, aprobó esta conclusión:

«En sustitución del sistema vigente, proponemos que las aportaciones económicas de la Administración Pública sean recibidas globalmente, y administradas, sobre la base de criterios objetivos y pastorales, por un organismo de la Iglesia competente y representativo».

* * *

A pesar del atascamiento de estos últimos años, se han dado algunos pasos, otra vez por la vía del sistema antiguo. Amplios sectores del Clero han manifestado sus preferencias por los servicios directos de la Administración Pública. Ha habido gestiones de distintos Prelados y varios intentos del Ministerio de Justicia para mejorar la situación. Según informaciones dignas de crédito, parece que las autoridades competentes están convencidas de que –en el supuesto de que haya de continuar la Dotación estatal– la justicia y el decoro exigen actualizarla, al menos en favor de las personas que más lo necesitan. Más aún: según las mismas informaciones, hay estudiada una solución; pero la decisión final depende de las negociaciones en curso sobre el Concordato.

4. ¿Fórmulas independientes de la cooperación estatal?.– En algunos sectores del Clero español se ha hablado mucho de esta independencia, y se ha intentado presionar a la Conferencia Episcopal, a veces con actitudes de gran radicalismo. Pero nunca se ha pasado de veleidades o de comentarios irresponsables; jamás se ha presentado a la Conferencia un proyecto que pudiera ser objeto de consideración en el terreno de la aplicación práctica, y, por tanto, cualesquiera que fuesen sus dificultades, ofreciera al menos un mínimo de viabilidad. Lo característico de estos años es la coincidencia de abundantes manifiestos «valientes» con un vacío total de estudios o programas para llevarlos a la realidad.

La «Asamblea Conjunta», aunque declaró que «es preciso que se arbitren los medios para llegar, cuanto antes, a la total independencia económica de la Iglesia», antepuso una condición muy cómoda: «mientras no cuente con otras fuentes adecuadas de recursos, la Iglesia Española no puede prescindir de los bienes que la Administración Pública pone en sus manos». Ahora bien, nada se ha aportado para «arbitrar los medios» o para alumbrar esas «otras fuentes adecuadas de recursos». Por su parte, la Conferencia Episcopal no se ha acercado a este tema.

Episodio pintoresco: a lo más a que se ha llegado en esta línea fue a empujar a algún señor Obispo, desde puestos de no escasa representación, a que renunciase, a ciegas, en bloque y de repente, a las aportaciones actuales, con la “esperanza” de que la Diócesis que así se lanzase al vacío se vería más urgida a movilizar todas sus fuerzas para buscar con eficacia una solución nueva, y, al mismo tiempo, según decían los autores de la sugerencia, daría un ejemplo heroico y estimulador a las demás. Ninguno de los pocos Obispos solicitados en esa dirección hizo caso de tales consejos.

Fuente: ¿Qué Pasa?, 21 de Septiembre de 1974, página 4.



Desde Barcelona

De los ingresos de la Iglesia y de los haberes del clero

Por FRAY C. SANTE


A través del noticiario religioso de la prensa diaria se ha divulgado la noticia, teniendo conocimiento de que en la Colegiata de San Isidro, de León, la Conferencia de la Provincia Eclesiástica de Oviedo se ha reunido los días 4 y 5 del presente mes, con asistencia de todos los Prelados de la misma. Dichos Prelados, preocupados por la actual situación económica del Clero, han estudiado la forma que haga más factible la resolución de este problema, analizando concienzudamente, además, los datos recibidos de las distintas Diócesis, para tener una visión más generalizada de tan candente cuestión.

Y digo candente porque, entre el clero de la Archidiócesis barcelonesa que aún piensa con serena responsabilidad práctica y moral, la noticia ha prolongado el eco de la reacción que produjo el comentario del Doctor Ramón Cunill sobre dicho problema, trayendo a colación en la «Hoja Dominical» de Barcelona, del pasado 11 de Agosto, lo que el Cardenal Arzobispo de Sevilla había tratado sobre tal materia en la última Asamblea de la Conferencia Episcopal Española.

Y como era de prever, tal reacción subsiste. Pues en estos días se está recordando que en 1946, el entonces Obispo de Canarias, Doctor Pildain, publicó una Pastoral titulada «La situación económica del Clero», presentándola harto precaria. Pero tal Pastoral fue contestada privadamente a todos los Obispos españoles por el Departamento estatal que podía hacerlo, que les notificaba que las cantidades que recibían los Obispados del Presupuesto sobrepasaban en mucho a los titulares de las nóminas, lo que le hacía suponer al Estado que la distribución en los Obispados no era equitativa, con lo que se hacía posible que las reducidas asignaciones pudiesen ser aumentadas notablemente. Tal indiscutible réplica motivó no pocas repulsas de varios Obispos contra el Doctor Pildain [1], cuya Pastoral había motivado que el Estado pusiese los puntos sobre las íes al descubrir unos procederes en las administraciones episcopales de ciertas Diócesis hasta entonces más o menos secretos.

Es muy significativo el hecho de que los Boletines Oficiales de la mayoría de las Diócesis jamás publican las cantidades globales que reciben del Estado, ni la distribución que se hace de tales cantidades, detallando minuciosamente.

También es significativo el hecho de que no pocos de los Obispos que hoy apuntan hacia una separación de la Iglesia y del Estado –algunos, incluso, alinean a la Iglesia contra el Estado– saben perfectamente que en su día el Estado les ofreció la posibilidad real de conseguir la independencia de la Iglesia mediante un capital a estipular en papel de Deuda u otras fórmulas [2], zanjando, así, definitivamente, la secular servidumbre que arranca de la desamortización de Mendizábal, y quedó bien aclarado que la Jerarquía eclesiástica prefería, y en el fondo sigue prefiriendo, la continuidad del Presupuesto estatal, rechazando el que la Iglesia se administre por sí misma sus recursos, que nada tendrían que ver en el futuro con el Presupuesto del Estado [3].

La mayoría de los sacerdotes de la Archidiócesis, y las personalidades no eclesiásticas que han sido, y algunos aún son, representativos de la vida católica, desconocen cuáles son los fondos de las Fundaciones Pías; los estipendios que, como derechos de administración, corresponden al Arzobispado; la cuantía de los ingresos de los Tribunales eclesiásticos, ingresos Curiales, y de Archivo (desde la Liberación, y durante varios años, supuso un ingreso de varios millones, pues tenía que acudirse forzosamente al Obispado, porque la mayoría de los archivos parroquiales habían sido destruidos por los rojos, y los del Palacio Episcopal y la Catedral quedaron intactos), y otros similares. Los fieles barceloneses desconocen cuáles son, financieramente, las entradas y las salidas de su Obispado.

Así actúan los que se presentan como sensibilizados por el «socialismo», la libertad de información y crítica; los que, en cuestiones temporales, que, en su aspecto técnico-administrativo, ni les incumben ni entienden, piden «luz y taquígrafos»; los que se declaran «al servicio de los pobres», que dicen ser «la Iglesia de los pobres», pero que aún no han establecido todavía una Caja de Compensación diocesana para nivelar, en la medida de lo que es posible, diferencias espectaculares entre el clero de esta Diócesis y de otras Diócesis. ¡Así son de «sociales»!

Los que así actúan; los de la «Conjunta»; los de la «renovación de las estructuras»…, vienen ahora con la cantinela de que hay que educar a los fieles en orden a la autofinanciación de la Iglesia, como si los seglares incontaminados de progresismo sólo sirvieran para pagar, y, en lo demás, siempre tuvieran que callar y sucumbir…

Pero como en nuestra Diócesis barcelonesa son la mayoría los que están en situación de «exilados del interior», no es probable abran sus bolsillos ante la posibilidad de que sus dádivas se destinen para fines distintos a los de la intención del dador.

¿Acaso no es, en parte, eso lo que le sucede al Estado? Porque a la vista está que, mientras quieren, por una parte, asegurarse unos ingresos financieros, por otra, no cesan –un sector de la Iglesia– de fomentar constantemente la desvinculación moral y el enfrentamiento social contra un Estado y un Régimen que en España le ofreció a la Iglesia la posibilidad real de conseguir su independencia económica de conformidad con la doctrina católica, y con un planteamiento escrupulosamente ortodoxo (el Ministerio de Justicia ha tenido varios titulares de procedencia y formación doctrinal tradicionalista) que la Jerarquía no aceptó. Y ahora los Obispos buscan una fórmula para mejorar la situación del Clero. ¿De qué fondos?

Porque mi experiencia pastoral me hace llegar a la conclusión de que, mientras varios de los organismos eclesiásticos sigan como están de unos años para acá, será muy difícil crear el ambiente adecuado para que los fieles presten su colaboración económica en pro del sostenimiento de la Iglesia.





[1] Nota mía. Desconozco a qué repulsas pueda referirse el articulista, pues el Obispo Pildain se limita en la mayor parte de su Pastoral a reproducir citas episcopales relativamente recientes sobre la cuestión económica eclesiástica española (no sólo citas de documentos episcopales individuales, sino también colectivos), y cuyas circunstancias no habían variado substancialmente al tiempo de la publicación de dicha Pastoral.

[2] Nota mía. Desconozco también a qué fórmulas (de títulos Deuda Pública o de cualquier otro tipo) ofrecidas por el Estado para garantizar la independencia económica eclesiástica se refiere el articulista.

La única fórmula ofrecida por el régimen franquista, que yo sepa, fue aquélla de 1966 (a la que hace referencia el Obispo Guerra Campos en su artículo reproducido en el mensaje anterior) consistente en una sustitución del sistema de Dotación desglosada en piezas eclesiásticas (que es el que se venía estableciendo en todos los Presupuestos de Culto y Clero en los regímenes isabelino, alfonsino y franquista) por otro de Dotación general o global. Este último sistema acabaría adoptándose por el régimen juanista a partir de los Presupuestos para el año 1978, en virtud de la Ley de Presupuestos de 19 de Enero de 1978.

Como se señaló en la Nota número 9 al pie de la Pastoral del Obispo Pildain, lo más remotamente parecido que hizo el régimen franquista hacia una fórmula de independencia económica mediante títulos de Deuda Pública fue el levantamiento de la suspensión del pago de los intereses de las inscripciones entregadas por el régimen isabelino que todavía pudieran existir en manos del Clero español al tiempo de aprobarse la Ley de Presupuestos de 23 de Diciembre de 1959.

[3] Nota mía. Esto es completamente falso. Desde el minuto 1 en que se estableció el sistema de Presupuesto de Culto y Clero, el Episcopado español siempre lo entendió como una solución indemnizatoria provisional que había de ser sustituida lo antes posible por una propiedad en títulos de Deuda Pública como solución para garantizar la independencia económica eclesiástica.

El Obispo Pildain simplemente se limitó, en su Pastoral, a adherirse a esta solución económica siempre pregonada, en todo momento, por el Episcopado español (véase, por ejemplo, al respecto, el Anexo 5 de la Carta del Cardenal Gomá al Secretario de Estado Pacelli, de 11 de Diciembre de 1936, en Archivo Gomá, Documentos de la Guerra Civil, Tomo 1, Julio-Diciembre 1936, Ed. José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2001).

Precisamente, el levantamiento de la suspensión del pago de intereses de las inscripciones no extraviadas que todavía conservaran las corporaciones eclesiásticas al tiempo de la Ley de 23 de Diciembre de 1959, fue una noticia gustosísimamente recibida por los eclesiásticos españoles, y, por tanto, no tenían ningún inconveniente en recibir dichos intereses de manera directa; es decir, jamás se les ocurrió preferir que esas rentas fueran imputadas como fondo para la financiación del Presupuesto de Culto y Clero.

Por ejemplo, la Diócesis de Sevilla seguía poseyendo o conservando las antiguas inscripciones, cuyo valor nominal equivalente ascendía, en el año 1960, a unos 40 millones de pesetas (según Eduardo F. Regatillo, S. J., en su libro El Concordato español de 1953, Sal Terrae, Santander, 1961).

Fuente: ABC, 23 de Noviembre de 1977, páginas 28 y 29.



LA CONFERENCIA EPISCOPAL COMENZÓ EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DE LA IGLESIA

Desde la curiosidad de la antigua dotación estatal hasta el nacimiento del primer presupuesto de la Iglesia española

La Conferencia Episcopal dedicó su primera jornada a esa reorganización de la economía de la Iglesia que el Cardenal Presidente denominó «un primer paso en una revolución» durante su discurso de apertura. Tema difícil y largo, que previsiblemente ocupará varias jornadas. No hay, pues, por el momento, conclusiones. El gerente del Episcopado, don Bernardo Herráez, hizo la presentación del tema, al que ha seguido un primer diálogo, bastante difuso y disperso, según parece, dada la novedad y amplitud del asunto.


EL PROBLEMA EN LA HISTORIA

El tema de la ayuda del Estado a la Iglesia en España viene de lejos: son conocidas las sucesivas desamortizaciones de bienes eclesiásticos hechas en España desde la expulsión de los jesuitas por Carlos III, en 1767, hasta el bienio [sic] revolucionario, en 1869. Pero ya en el Concordato de 1851 y en el acuerdo adicional de 1854 [sic] quiere el Estado español reparar de alguna manera esas desamortizaciones. Sólo en 1837 quedaron en la calle 31.000 enclaustrados, a los que se atribuye una pensión diaria de 0,75 a los legos y de 1,25 a los sacerdotes.

Pero la Santa Sede se resiste desde el primer momento a esta forma de pensión, que parece convertir a los clérigos en funcionarios del Estado. Roma aspira, ya desde entonces, a que el Estado entregue a la Iglesia una cantidad global que «asegure al Clero una subsistencia decorosa al par que independiente».

Mas el Estado –al mismo tiempo que prohíbe a la Iglesia la recaudación del tradicional diezmo o contribución de los fieles– prefiere entregar mensualmente una cantidad a los sacerdotes.

Cantidad que inicialmente es bastante generosa, ya que vamos a encontrarnos ahora con el curioso dato de que siempre fueron los laicistas más generosos con el Clero que los clericales. Así, nos encontramos que en 1851 el sueldo medio de los párrocos (1.500 anuales) era superior al medio de los maestros (1.400 anuales), y el de un Deán de Catedral (4.800 anuales) oscilaba entre el de un Capitán (3.500) y el de un Comandante (5.400).

Pero pronto comienza a registrarse un desfase: entre 1851 y 1890 los Presupuestos Generales del Estado aumentan en un 259 por 100, mientras que las “Obligaciones Eclesiásticas” se quedan en un 119 por 100.

Y después de nuestra guerra se establece el sistema [1] que ha regido prácticamente hasta el momento presente, sistema curioso, lleno de contradicciones, y sobre el que podrían trazarse hoy no pocas ironías. He aquí los datos más significativos.

Por de pronto, el sueldo no se paga a las personas (sacerdotes que realmente ejercen el ministerio), sino a las piezas eclesiásticas (parroquias, coadjutorías, capellanías), y todo ello sobre estadísticas del siglo XIX. Con lo que sucedía que existían muchas piezas sin cubrirse por ningún sacerdote (parroquias vacantes, coadjutorías sin sacerdote), al mismo tiempo que se contaban muchos sacerdotes que, al trabajar en otro tipo de trabajos pastorales (consiliarías de Acción Católica, etc.) no contaban con sueldo alguno. De hecho, las piezas eran en el Presupuesto 36.240, cuando el número de sacerdotes seculares rondaba los 25.000.

Por ello, se consideraban «ideales» aquellas Diócesis en las que era muy alto el número de parroquias vacantes, ya que eran sueldos que el Obispo podía mover para otros intereses diocesanos. Las cantidades que algunos Obispos se ahorraban por este concepto oscilaban desde el medio millón mensual hasta los treinta y un millones mensuales. Esas diócesis favorecidas eran en general aquéllas que contaban con mayor número de pueblecillos desaparecidos o diminutos, varios de los cuales podían ser atendidos por un solo sacerdote.


EL SUELDO REAL DEL CLERO

Pero el montón total de ese Presupuesto era mucho menor de lo que se suponía. Prácticamente hasta 1971 no supera los 880 millones, de los cuales la mayoría (620 millones) permitían dar a los sacerdotes un sueldo mensual de 1.450 pesetas, más 120 millones que permitían ofrecerles al año dos pagas extraordinarias de 1.400 [2].

Este sueldo, prácticamente el único cobrado por los sacerdotes hasta 1971 (a pesar de la Ley de 1957, que decidió darles el sueldo de entrada de los Maestros, Ley que jamás llegó a cumplirse) se vio incrementado a partir de ese 1971 con un complemento de 880 millones que permitían subir el sueldo efectivo de los sacerdotes hasta unas 5.000 pesetas mensuales. Las extraordinarias siguieron siendo de 1.400 [3].

Sólo en 1977 llegan los sacerdotes al salario mínimo interprofesional, con un aumento que, globalmente, impresiona (son 3.325 millones), pero que en realidad sólo llega a esas 15.000 mensuales aseguradas a cada sacerdote. Para 1978 –si el Presupuesto presentado a las Cortes es aprobado– se añadirían 1.063 millones más, que permitirían a la Iglesia costear la Seguridad Social del Clero.


EL RESTO DEL PRESUPUESTO

Como se ve, la simple manutención del Clero se come la casi totalidad de lo aportado por el Estado a la Iglesia, pues en las demás partidas sigue rigiendo lo presupuestado a raíz de la guerra. Así, nos encontramos que lo aportado para los 62 Seminarios Mayores no pasa en total de nueve millones; que lo atribuido a la reparación de templos sigue en 35 millones anuales (menos de 1.000 pesetas por iglesia), o que las aportaciones para el Culto tampoco sobrepasan las 1.000 pesetas anuales por iglesia abierta.

Dato aún más curioso es que han aumentado en los últimos años los sueldos de los sacerdotes, pero no los de los Obispos, con lo que éstos cobran en la actualidad del Estado menos que los coadjutores. Exactamente, al Cardenal Primado se le atribuyen 13.600 mensuales; 10.000 a los Arzobispos; y 8.000 a los Obispos. A ello se añadían las 1.700 pesetas anuales que se atribuían al Primado para gastos de representación; las 1.000 anuales que se concedían a los Arzobispos; 833 a los Obispos; y 500 –siempre anuales– a los Obispos auxiliares.


LA POLITIZACIÓN DE LA AYUDA

A todas estas «curiosidades» se añadía la posibilidad de una politización de esta ayuda. De hecho, en la última década, cuando se iniciaron las tensiones Iglesia-Estado aparecieron las «represalias» económicas. Así, por ejemplo, aunque la Iglesia no lo hizo público, existían 22 Diócesis que, con diversas disculpas jurídicas, no percibían subvención para sus Seminarios (eran las llamadas «Diócesis castigadas»); lo mismo ocurrió con todos los Obispos auxiliares nombrados entre 1970 y 1976, que nunca percibieron un céntimo de un Estado que no les reconocía; y aquellos Obispos que eran menos «obedientes» sabían que, si creaban nuevas parroquias en las ciudades (fue el caso de Madrid muchos años), nunca verían reconocidas como auténticas piezas estas nuevas creaciones. Por otro lado, y al mismo tiempo, se aplicaban más o menos subrepticiamente algunas cantidades a revistas que se dedicaban, desde la derecha, a hostigar a la Jerarquía.


LA GLOBALIZACIÓN

¿No era lógico buscar nuevos caminos? ¿No era lógico que, si el Estado ayudaba a la Iglesia, lo hiciera tal y como Ella necesitaba y quería ser ayudada, y no desde Presupuestos partidistamente políticos?

La llegada a la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos de Don Eduardo Zulueta (¿cuándo agradecerá la Iglesia todo lo que debe a este hombre?) fue decisiva en el nacimiento de los nuevos tiempos. A iniciativa suya, a comienzos de este año 1977, comenzaron los estudios para que el Estado ofreciera a la Iglesia la cantidad que venía ofreciendo, pero de una manera global, para que la propia Iglesia distribuyera ese dinero según sus nuevos planteamientos pastorales [4].

Esto exigía, por de pronto, a la Iglesia, el montaje de toda una nueva organización económica. Hasta ahora, la Iglesia ha sido, en lo económico, una acumulación de reinos de Taifas. Nunca un Obispo conoció el presupuesto de las parroquias de su Diócesis (¡y no digamos el de los conventos que actuaban en ella!). Y jamás existió un presupuesto nacional de la Iglesia española. Intentar decir algo sobre la economía de nuestra Iglesia era imposible, pero no porque se guardase celosamente el secreto, sino porque nadie lo sabía.

Ahora nace –benditamente forzada por la nueva forma de entrega de la aportación estatal– un nuevo enfoque económico que ha encontrado también su hombre en Don Bernardo Herráez, el nuevo gerente del Episcopado, y en la Comisión de economistas seglares que le ayuda. Pero de este tema informaremos otro día.

J. L. MARTÍN DESCALZO

[1] Nota mía. En realidad, habría que decir, con más propiedad, que se restablece el mismo sistema de Presupuesto de Culto y Clero de los regímenes isabelino y alfonsino, que había sido suprimido por el régimen de la II República.

[2] Nota mía. Según la Ley de Presupuestos para el bienio 1970-1971, de 30 de Diciembre de 1969, dentro de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticas, en el Capítulo relativo a Personal, la suma de las partidas correspondientes a Sueldos y a Otras Remuneraciones asciende a un total de 1.904.815.000 pesetas, y no los casi 880 millones que afirma el articulista.

[3] Nota mía. Desconozco si se llegó a cumplir o no la Ley de equiparación salarial con los Maestros de Primera Enseñanza.

Lo cierto es que, con motivo de esa equiparación oficial, se establecieron por ley varias gratificaciones o complementos en los sueldos eclesiásticos como consecuencia automática de su previa concesión a los Maestros de Primera Enseñanza. Así se decretan en las Leyes de 24 de Diciembre de 1962 y de 11 de Junio de 1964.

Sobre el acuerdo entre la Iglesia y el Estado para el aumento de la Dotación del Clero, véase el epígrafe titulado Gestiones para un aumento de la Dotación estatal (1967-1969) en el artículo del Obispo Guerra Campos reproducido anteriormente.

Según la Orden de 3 de Junio de 1970, la Ley de Presupuestos de 30 de Diciembre de 1969 para el bienio 1970-1971 destinó 325 millones de pesetas en concepto de complemento de la Dotación del Clero. Esta cantidad correspondía al año de 1970 y se consideraba la mitad del aumento total previsto y acordado, el cual debía completarse en el año de 1971.

Por tanto, siendo 325 millones la mitad del aumento, éste debía ascender a un total de 650 millones (no 880, como dice el articulista).

[4] Nota mía. El articulista parece presentar esta fórmula como una novedad, pero lo cierto es que el régimen franquista ya la había expuesto desde 1966. Véase, a este respecto, el citado artículo del Obispo Guerra Campos.