Tema: Mexico no es bicentenario

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Este es un tema que poco se ha abordado en el foro (y en la historia mexicana en general, por obvias razones). Ya todos hemos leído con asombro sobre de los pastusos y su bravo líder Agustín Agualongo; de los iquichanos de Antonio Navala Huachaca; de los llaneros venezolanos, los Pincheira en Chile o de los feroces guajiros que asolaban a los mercenarios anglosajones al servicio de la causa bolivariana.

Ante tales hechos, las preguntas para algunos de los que vivimos en lo que fuera la parte septentrional del imperio surgen: ¿Y qué hay de los indios de la Nueva España? ¿Todos quisieron vengar 300 años de “afrentas”? ¿Seguidores absolutos de la causa secesionista? ¿Hubo “traidores” partidarios del realismo? ¿Cuáles eran los nombres de estos personajes?

Intentemos pues, disipar la bruma.




LOS INDIOS VOLUNTARIOS DE FERNANDO VII


Virginia Guedea

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La caída de México-Tenochtitlan en poder de Hernán Cortés y la consecuente destrucción de la casta militar mexica significaron el principio del fin de la corta pero vigorosa tradición guerrera de los habitantes indígenas del valle de México. Entre 1521 y 1530 algunos de los naturales de esta zona participaron en varias expediciones militares, [ 1 ] como las emprendidas por Pedro de Alvarado, Nuño Beltrán de Guzmán, Francisco de Montejo el joven o el mismo Cortés a Las Hibueras, pero en lo sucesivo no volvieron a tener ocasión de dedicarse a actividades relacionadas con la guerra. La política que siguió el gobierno español con las regiones conquistadas fue la de no permitir que se armara la población -sobre todo la indígena- y evitar la creación de fuerzas militares que no fueran las estrictamente indispensables. En pocas regiones se siguió más rigurosamente esta política que en la capital del virreinato y sus alrededores, por lo que fue muy poco lo que en ella sobrevivió de la tradición guerrera tanto del indígena conquistado como del conquistador español. [ 2 ]

A pesar de que las fuerzas armadas novohispanas debían desempeñar no sólo actividades estrictamente militares, como las de expansión y defensa de la colonia, sino también funciones policiacas, como el mantenimiento del orden público y la vigilancia de la población civil, durante más de dos siglos sólo se mantuvieron cuerpos organizados de manera permanente en determinados lugares. En las zonas de frontera, amenazadas de continuo por levantamientos indígenas o por incursiones de tribus no sometidas; en las costas, para protegerlas de alguna posible invasión o de ataques piratas, y en la capital, donde se contaba con la pequeña guardia de corps del virrey, la que desempeñaba funciones casi exclusivamente ceremoniales. De hecho, el centro de la Nueva España llevó una existencia casi siempre pacífica, dedicado primordialmente, como lo exigía su condición de colonia, a la explotación de sus enormes recursos naturales. Cuando algún peligro, interno o externo, llegaba a amenazar la paz de determinada región donde no hubiera fuerzas armadas o éstas no fueran suficientes, o cuando había necesidad de ejercer una mayor vigilancia en el mantenimiento del orden público, se recurría al expediente de levantar milicias locales. Éstas se integraban con los vecinos del lugar, a los que se daba alguna instrucción en el manejo de las armas y quienes, en caso necesario, prestaban sus servicios por un tiempo limitado y sin salir de la provincia, de acuerdo con la obligación que tenía todo súbdito novohispano de acudir a servir en defensa del rey y del reino. Durante largos años no hubo necesidad de implantar otras medidas, ni siquiera en los casos, que no fueron pocos, de rebeldía de algunos grupos indígenas.

En 1692, cuando la terrible escasez de alimentos que se padecía en la ciudad de México ocasionó un motín entre las clases menesterosas, compuestas en su inmensa mayoría por indios, las autoridades de la capital no contaban con una fuerza suficiente para controlarlo. Fue entonces cuando se organizó por primera vez en ella un cuerpo armado permanente compuesto por los vecinos, que se integró con individuos pertenecientes al comercio y a los distintos gremios, quienes habían sido los más afectados por el motín y quienes habían acudido a sofocarlo. Al saber lo sucedido, el monarca español consideró prudente la regularización de esta fuerza y, por una real cédula del 18 de febrero de 1693, concedió a los comerciantes de la capital de la Nueva España la formación de un Regimiento del Comercio, cuerpo que debía ser financiado y quedar bajo la responsabilidad del Consulado de México.[ 3 ] Pero la creación de este cuerpo y la de alguno otro semejante no alteró mayormente la situación que existía en la Nueva España ni significó un viraje importante en la política de la Corona respecto a la fuerza militar con que debía contar la colonia.

Todo esto cambió con el advenimiento de los Borbones al trono de España, sobre todo a partir de la toma de La Habana y de Manila por los ingleses en 1762, lo que puso de manifiesto la necesidad de que las colonias españolas estuvieran en condiciones de defenderse por sí mismas de cualquier amenaza, ya fuera externa o interna. El gobierno peninsular se vio obligado entonces a recurrir a una nueva estrategia: la de establecer en ellas fuerzas regulares y permanentes que pudieran actuar en forma coordinada y eficaz ante cualquier emergencia. La creación de un ejército regular novohispano sería una más de las reformas en la organización del virreinato llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos III. [ 4 ]

Sin embargo, una vez tomada esta decisión, el gobierno de la metrópoli se enfrentó a un serio dilema. Por varias y muy importantes razones, entre las que destacaban las económicas, no le era posible el envío de tropas peninsulares en número suficiente para constituir el grueso del ejército novohispano, lo que hubiera sido la manera más rápida y fácil de alcanzar su objetivo. Pero integrarlo mayoritariamente con los naturales de la Nueva España no parecía una medida prudente dada su circunstancia colonial y, por otra parte, la tarea de organizar y adiestrar a quienes, en general, carecían de una tradición militar costaría tiempo, dinero y esfuerzo. Para resolver el problema se intentó combinar ambas alternativas y así fue como, "además de haber mandado algunos regimientos de España, se fueron formando los cuerpos veteranos y milicias provinciales".[ 5 ]

Estas milicias que, como ya vimos, existían desde los inicios de la Colonia, bien organizadas y disciplinadas, debían constituir el grueso de las fuerzas armadas novohispanas. No se pretendía, claro está, que alcanzaran el profesionalismo de las tropas regulares; pero, al menos en teoría, la solución parecía atinada. Después de todo, la colonia no se hallaba en estado de guerra. Se trataba simplemente de preparar fuerzas armadas que pudieran defenderla con eficacia en caso de alguna invasión o de alguna revuelta y no de organizar fuerzas ofensivas.

Para la integración de las fuerzas armadas novohispanas tanto regulares como milicianas se pensó siempre en recurrir primeramente a los peninsulares que radicaban en la colonia y a los criollos. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los españoles americanos constituían ya un grupo numeroso y en ellos se suponía, a causa de los lazos de sangre y las ligas de tipo económico, una mayor lealtad hacia la península y una mayor comunidad de intereses con ella que en los otros habitantes de la colonia, a excepción de los españoles europeos. Sin embargo, la política de integrar estas fuerzas con peninsulares y criollos no resultaría fácil debido a numerosos motivos, como el reducido número de peninsulares, la desigual distribución de los distintos grupos étnicos en el territorio del virreinato y la falta de interés de muchos de los criollos por dedicarse al servicio de las armas, excepto cuando se trataba de cargos militares de importancia. El hecho de que se mostraran interesados en alcanzarlos se debía a una buena dosis de vanidad por lo que implicaba de prestigio social y económico, pero principalmente a las ventajas que se tenían al gozar del fuero militar.[ 6 ] Esto provocó que los cargos de mayor autoridad se ocuparan bien pronto por peninsulares y por criollos, mas subsistió el problema de integrar en su totalidad los cuerpos armados. Fue así como se dio cabida en sus filas a los demás grupos étnicos que componían la población colonial, aunque se procuró, en la medida de lo posible, exceptuar a los negros y a los indios, en quienes no se tenía suficiente confianza y de quienes se temía algún disturbio una vez que se vieran armados.[ 7 ]

Con todo, no fueron pocos los indígenas que sirvieron militarmente, como había ocurrido desde los inicios de la Colonia. Tanto los indios milicianos en el norte, que auxiliaban en la defensa de las fronteras, como los indígenas que componían cuerpos de milicias en Yucatán prosiguieron prestando servicios militares de importancia. Todos ellos estaban exentos de pagar tributo para así recompensar sus servicios.

Los negros y las castas tampoco quedaron del todo fuera del servicio militar. En regiones de clima extremoso, sobre todo en las costas, su participación continuó siendo indispensable, entre otras razones porque resistían sin problemas los rigores del clima. Así pues, también cuerpos de milicias compuestos exclusivamente de negros o pardos, a los que asimismo se les eximió del pago del tributo en recompensa a los servicios que prestaban.

En la capital del virreinato y en alguna otra ciudad de importancia se formaron nuevas compañías de milicias urbanas. En México estas compañías se compusieron en su mayoría de artesanos, ya que el comercio de la ciudad continuaba contando con su propio regimiento. A pesar de la numerosa población capitalina, casi nunca se pudo tener completos a los cuerpos armados, tanto los de milicias como los de tropas regulares, porque la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad no parecía tener ningún interés en alistarse en sus filas. [ 8 ] El mismo Regimiento del Comercio adolecía de este problema, ya que los comerciantes más importantes no deseaban servir personalmente y recurrían a la práctica de utilizar alquilones, individuos pagados para sustituirlos en las funciones militares.[ 9 ] Esta falta de interés planteó un problema realmente serio para las autoridades encargadas de llevar a cabo el reclutamiento, quienes en varias ocasiones se vieron obligadas a recurrir a medidas extremas, entre ellas la leva forzosa, para alcanzar su objetivo. Esto fue causa de que se cometieran muchas injusticias, principalmente con individuos pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, los más indefensos siempre, injusticias que en algunos casos redundaron en el enriquecimiento de varias de estas autoridades, las que a veces parecían estar dedicadas más a la extorsión de estos infelices que a su alistamiento en los distintos cuerpos militares. Esta actitud de los encargados del reclutamiento y el descontento que provocaba se hallan descritos con toda claridad en dos representaciones que José Antonio de Alzate dirigiera al virrey marqués de Branciforte para pedirle pusiera remedio a tan detestable práctica.[ 10 ]

La falta de personas dispuestas a servir ocasionó que se echara mano de quien se pudiera, sin demasiadas exigencias. No pocos individuos cuya conducta había sido realmente antisocial, incluso verdaderos criminales, llegaron a formar parte de las fuerzas armadas y esto provocó algunas veces problemas entre ellos y el resto de la población, principalmente en los casos en que algunos de estos cuerpos desempeñaban funciones de policía, como sucedió en la ciudad de México. [ 11 ] Con todo, dejando a un lado los problemas entre los distintos cuerpos militares y la población civil, el hecho fue que los habitantes de la Nueva España, en particular los de la capital, se fueron acostumbrando a la presencia cotidiana de las fuerzas armadas.[ 12 ]

Los problemas a los que España se enfrentaba con las demás potencias europeas continuaron determinando en buena medida la política que la metrópoli seguía con sus colonias, sobre todo en relación con las fuerzas armadas que en ellas se habían levantado. No es casual el hecho de que la mayoría de los virreyes de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII fueran militares de carrera. Esto se debió a que su función de capitanes generales cobró por entonces mucho mayor importancia. En 1797, al saberse que de nuevo había estallado la guerra entre España e Inglaterra, se movilizaron en la Nueva España varios de los regimientos de milicias, a los que se les ordenó unirse a los cuerpos del ejército acampados en Córdoba, Orizaba, Jalapa y Perote para encargarse de la defensa de Veracruz. Mientras tanto, otras unidades formaron el Ejército del Norte, cuyo centro fue San Luis Potosí, para rechazar cualquier amenaza que se presentara por aquel lado, movilización que duraría hasta mediados del año siguiente.[ 13 ] En 1805 se inició una vez más la guerra entre Inglaterra y España, guerra que aquélla extendió al continente americano al lanzarse al ataque de Buenos Aires. Esto provocó otra movilización de tropas en la Nueva España, llevada a cabo por el virrey José de Iturrigaray, quien decidió acantonar cuerpos regulares y de milicianos, lo que se efectuó nuevamente en Jalapa, Perote y puntos vecinos, reuniéndose cerca de catorce mil hombres.[ 14 ]

La integración de estas fuerzas tampoco fue fácil. Se tuvo que recurrir a una leva cuyo rigor fue excesivo y cuyos encargados no se detuvieron ante consideraciones de ninguna clase para cumplir su cometido. Las restricciones de tipo étnico fueron haciéndose a un lado cada vez más y en julio de 1807 Iturrigaray se propuso una política mucho más flexible. Si no había suficientes blancos, castizos o mestizos que llenaran los requisitos militares, se alistarían otras castas no tributarias; en su defecto se llamaría a los tributarios no indígenas y, finalmente, a los indios.[ 15 ] El temor a un posible levantamiento indígena se veía desplazado cada vez más por el temor a una amenaza, que parecía más real, de origen externo, que bien podría ser una invasión por alguna potencia europea con la que España estuviera en guerra, como era el caso de Inglaterra.


La amenaza externa

A principios de 1808 se vieron cumplidos los temores que tenían las autoridades españolas de que una nación extranjera invadiera alguno de sus territorios, pero no sería ningún dominio americano el que correría semejante suerte sino la península, ni sería tampoco Inglaterra la potencia invasora sino Francia, hasta ese momento aliada de España. La invasión de la metrópoli por tropas francesas llevó nada menos que a la caída de la casa reinante y puso en grave riesgo la existencia misma del Imperio Español. El peligro de que las colonias americanas se vieran a su vez invadidas parecía más cercano que nunca, y ello vino a aumentar la preocupación ya existente en la Nueva España por contar con fuerzas armadas suficientes para rechazar con éxito cualquier intento de esta clase.

Las noticias de los distintos y críticos acontecimientos que se sucedían por entonces en la península comenzaron a llegar a la Nueva España a principios de junio de 1808, cuando se supo de los motines ocurridos en Aranjuez que terminaron con la renuncia de Carlos IV. A fines de mes llegaron noticias de la partida de los miembros de la familiar real para Bayona y del levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo. Hacia mediados de julio se conocieron en la ciudad de México las renuncias de los distintos individuos de la familia real a la Corona de España e Indias en favor de Napoleón, así como el nombramiento del duque de Berg como lugarteniente general del reino. Todas estas noticias, cada vez más alarmantes, provocaron gran agitación en el ánimo de los novohispanos. Por otra parte, la desaparición de la familia reinante venía a plantear serios problemas para el gobierno colonial y, además, la ocupación de la metrópoli por fuerzas extranjeras hacía imposible esperar su auxilio en caso de cualquier amenaza armada que se cerniera sobre la colonia. Las autoridades de la Nueva España se dieron cuenta de que debían enfrentarse a esta crisis sin contar con más recursos que los propios.

Tan desgraciados sucesos tuvieron la virtud de provocar una reacción general por demás favorable a las legítimas autoridades y de inmediato comenzaron a hacerse públicas protestas de fidelidad a los monarcas prisioneros y ofertas de toda clase de personas y propiedades para el sostenimiento de su causa. En la representación elaborada por el regidor Juan Francisco de Azcárate, que el Ayuntamiento de la ciudad de México entregó al virrey el 19 de julio para hacerle saber su opinión acerca de lo que debía hacerse a causa de las renuncias de los reyes, se dice que sus habitantes están dispuestos a sostenerlos con sus personas, "sus bienes, y [que] derramarán hasta la última gota de su sangre para realizarlo. En defensa de causa tan justa, la misma muerte les será apacible, hermosa y dulce".[ 16 ] Dos días más tarde, el 21 de julio, los gobernadores de las parcialidades indígenas de San Juan y de Santiago se dirigieron a su vez al virrey. Le informaban que las terribles circunstancias en que habían puesto al reino "la renuncia y cesión inútil de una corona inalienable por su constitución legal" los obligaban a tomar parte en sus calamidades públicas:

Bien conocen los indios, señor excelentísimo, que son unos miserables destituidos de proporciones para ofrecer un servicio considerable, y que tal vez se cree son los ínfimos en el valor y demás virtudes militares; pero son los primeros que sacrificarán sus cortos bienes propios y comunes, su reposo y tranquilidad, sus hijos y familias, y hasta la última gota de su sangre, por no rendir vasallaje a quien sólo merece el justo enojo de nuestra nación. [ 17 ]

Según su ofrecimiento, los gobernadores expresaban estos sentimientos a nombre de más de catorce mil indios de que se componían ambas parcialidades. El escrito termina con las firmas de las autoridades indígenas, encabezadas por la del gobernador de San Juan, Eleuterio Severino Guzmán, y la del alcalde presidente Francisco Antonio Galicia. También firmaron Dionisio Cano y Moctezuma y Manuel Santos Vargas Machuca, gobernador de Santiago, entre otros. Las autoridades de la parcialidad de San Juan no se detuvieron aquí sino que, para poder hallarse en estado de cumplir su promesa, mandaron hacer listas de los habitantes de los pueblos y barrios que comprendía su jurisdicción.[ 18 ]

Otras corporaciones indígenas hicieron también ofrecimientos semejantes. La república de naturales de Querétaro, por medio de su corregidor de letras Miguel Domínguez, hacía saber que, de ser ciertas las novedades ocurridas en Europa,

estamos todos los caciques de esta dicha nobilísima ciudad dispuestos a plantar diez mil hombres de honda y piedra y de más armas que se puedan adquirir en toda la jurisdicción de esta ciudad; y últimamente estamos resueltos a derramar primero hasta la última gota de sangre que tenemos que desamparar la defensa de la ley de Dios y de nuestro Católico Monarca (Que Dios Guarde). [ 19 ]

Poco después, los vecinos de la ciudad de Texcoco y las repúblicas de naturales de su jurisdicción ofrecieron igualmente al virrey "sus personas, sus cortos intereses, seis mil indios y todos los vecinos de razón del propio Tezcuco y sus contornos, para que vuestra excelencia, como primer jefe de la nación, cuente con este corto, sincero obsequio", dispuestos todos a defender la religión, el rey y la patria. [ 20 ] Posteriormente los indios de Guadalajara también manifestaron estar dispuestos a sacrificarse por Fernando VII, "ofreciendo alistarse en común y en particular, para que se les ocupe en cuanto sea compatible con sus empleos, sin necesidad de que se les den armas, caballos, manutención ni otros auxilios". [ 21 ]

Además de los ofrecimientos de estas corporaciones indígenas, hubo otros de los distintos ayuntamientos, como fueron los de Veracruz, Jalapa y Querétaro o, más tarde, de los vecinos de Guadalajara. [ 22 ] Las noticias sobre las abdicaciones de los reyes provocaron reacciones semejantes en Puebla, donde, a decir de su intendente Manuel de Flon, conde de la Cadena, el público se manifestó entusiasmado por tomar las armas en defensa de la patria y de la religión y para "guardar estos dominios a su legítimo soberano. Flon informaba al virrey haber recibido un oficio del cura de Santa Cruz, acompañado de una lista de doscientos cinco hombres; que los veedores se le habían presentado para hacerle saber que los gremios querían tomar las armas, a los que ofreció alistar, y que los barrios también le habían hecho llegar un oficio anónimo en los mismos términos. El intendente le comunicaba también a Iturrigaray que había suspendido los alistamientos por las noticias favorables que se habían recibido de España a fines de julio, pero le expresaba su parecer de "que no puede tener vuestra excelencia ocasión más oportuna que la que se presenta, por el pedimento de los barrios de esta ciudad, para hallarse con un ejército formidable y bien disciplinado, pues la conducta de los poblanos sería imitada bien pronto por todos los habitantes del reino.[ 23 ]

No obstante las buenas noticias a las que aludía el conde de la Cadena, recibidas el 29 de julio en la capital, sobre el levantamiento del pueblo español contra los franceses y que ocasionaron un gran regocijo popular que duró varios días, los sentimientos de patriotismo y el espíritu marcial que animaba a los novohispanos, y en particular a los de la ciudad de México, no se vieron disminuidos. El 1 de agosto, día en que Iturrigaray declaraba la guerra a Francia, el Real Cuerpo de Minería ofreció al virrey dar cien piezas de artillería de campaña y levantar ocho compañías de ochenta hombres cada una.[ 24 ] Iturrigaray decidió aprovecharse de este fervor patriótico y espíritu marcial que animaba a la población capitalina, manifestados con marchas muy ordenadas llevadas a cabo durante los tres días de festejos por las buenas nuevas. Ordenó entonces la creación de un nuevo cuerpo militar, llamado de Voluntarios de Fernando VII, y el 6 de agosto dio a conocer las disposiciones para su organización. Los ayudantes de la plaza, Francisco Barroso y el conde de Columbini, formarían las nóminas de las personas que se presentarían voluntariamente a adiestrarse en el manejo de las armas, las que no serían molestadas sino cuando se les impartiera instrucción.[ 25 ] En la formación de estos cuerpos se seguía el ejemplo de la metrópoli, donde era constante la organización de voluntarios para pelear contra el francés, animados por las proclamas que desde su prisión emitía el cautivo Fernando, como la fechada en Bayona el 7 de mayo, la que exhortaba a sus vasallos a tomar las armas en defensa de tus personas, de sus hogares, de su honor.[ 26 ]

Estas compañías de voluntarios no serían exclusivas de la capital. Félix María Calleja, comandante de la décima brigada de milicias, formó una compañía de caballería en San Luis Potosí a petición de los cajeros de su comercio, para lo que contó con la aprobación del virrey.[ 27 ] Desde Guadalajara, el regente de la audiencia, Roque Abarca, el 6 de septiembre informaba al virrey que había publicado un bando a principios del mes para el alistamiento de voluntarios y que en dos días y medio se había alcanzado la cifra de dos mil quinientas sesenta personas.[ 28 ]

A pesar de los ofrecimientos hechos por los gobernadores y otras autoridades indígenas de varias partes del virreinato, no se consideró oportuno incluir a los indios en los nuevos cuerpos. Un ejemplo de esta política de exclusión lo encontramos en Puebla, donde por orden del virrey del 13 de agosto se inició el alistamiento de tropas. El intendente dio aviso a Iturrigaray de que hasta el 6 de septiembre se habían alistado mil setecientos ochenta y dos individuos, "pero en ellos están muchísimos tributarios y otros que por sus edades deben excluirse".[ 29 ] La desconfianza que hacia los indios tenían las autoridades se vio fortalecida por incidentes como el sucedido al mismo conde de la Cadena, quien informó al virrey que, al saber de las renuncias de los reyes, los indios se habían resistido al pago del tributo "diciendo que no tenían rey", aunque por fortuna había podido calmarlos. [ 30 ] Esta desconfianza se puso de manifiesto en la junta de autoridades que en la capital celebró Iturrigaray el 9 de agosto para resolver lo que debía hacerse por la ausencia del monarca. En ella hubo una discusión sobre el significado de la palabra soberanía entre el oidor Guillermo de Aguirre y el regidor Juan Francisco de Azcárate, del ayuntamiento de la ciudad, en la que el primero no aclaró más su concepto "a causa (según se entendió entonces por algunos y explicó después el mismo oidor Aguirre) de que estaban presentes los gobernadores de las parcialidades de indios, y entre ellos un descendiente del emperador Moctezuma".[ 31 ] Entre los indígenas asistentes a estas juntas se contaba Eleuterio Severino Guzmán, gobernador de la parcialidad de San Juan, quien a los pocos días de celebrada esta junta se encargaría de solemnizar debidamente la jura de Fernando VII entre los indios de su jurisdicción. [ 32 ]

Un nuevo cuerpo de voluntarios de Fernando VII lo formó Gabriel de Yermo con los individuos que lo ayudaron a apresar a Iturrigaray y a los miembros más destacados del bando criollo en la noche del 15 de septiembre. Casi todos los nuevos voluntarios eran europeos del comercio de la ciudad, quienes eligieron ellos mismos a sus oficiales. La conducta de estos individuos dejó mucho que desear desde antes de la formación de dicho cuerpo. Durante la prisión del virrey cometieron numerosos desórdenes en palacio y aun se les acusó del robo de varias alhajas.[ 33 ] Su altanería fue en aumento al paso de los días; encargados de custodiar el palacio, a nombre del pueblo, "entraban a la sala del acuerdo y sus capataces pedían imperiosamente que se dictasen las órdenes que les parecía conveniente exigir",[ 34 ] sin obedecer ni siquiera a los oficiales del ejército.[ 35 ] Estos voluntarios se ocuparon de conducir hasta Veracruz al virrey prisionero, quien salió de la capital el 21 de septiembre. Igualmente escoltaron hasta dicho puerto a la virreina, quien inició su viaje el 6 de octubre. [ 36 ]

El problema que plantearon los voluntarios organizados por Yermo no sería fácil de resolver, no sólo por la prepotencia que habían adquirido sino porque continuaban dando el servicio de la plaza. No obstante, el nuevo virrey Pedro Garibay creyó conveniente retirarlos y sustituirlos por otra clase de tropa. [ 37 ] La orden para que los voluntarios se retiraran a sus casas se dio el 15 de octubre, justo al mes de la prisión de Iturrigaray, el mismo día en que la Gazeta de México publicaba la noticia de que los voluntarios, durante los festejos por el cumpleaños del nuevo rey, vestidos con su uniforme de gala, habían paseado el retrato del monarca en un pendón.[ 38 ] La orden de retiro decía que, habiendo llegado varios cuerpos de tropas a la capital, "es justo que descansen los voluntarios de Fernando VII de las loables y útiles fatigas que han hecho hasta ahora en el servicio de las armas para la quietud pública". Se añadía que podían retirarse a cuidar de sus intereses personales y se terminaba dando las gracias a nombre del rey y del mismo Garibay.[ 39 ] A los pocos días, el 19 de octubre, se publicó un decreto en honor de los voluntarios, en que una vez más se daba las gracias "al leal cuerpo del comercio y demás individuos de la capital" por su energía y patriotismo al cooperar al mantenimiento de la quietud y el buen orden.[ 40 ]

Sin embargo de todas estas cortesías, los voluntarios recibieron muy mal semejante disposición y la atribuyeron a que se desconfiaba de ellos,[ 41 ] en lo que no andaban muy errados. El 30 de octubre, a los quince días de haberlos mandado retirar, Garibay se puso en defensa dentro del mismo palacio por temor a ser depuesto como lo había sido Iturrigaray y por las mismas personas. [ 42 ] La orden de retiro no acabaría con los problemas que presentaban los voluntarios. Al día siguiente de que Garibay se atrincherara en palacio, los que habían conducido a Iturrigaray a Veracruz hicieron celebrar una misa en el santuario de Guadalupe para dar las gracias por lo feliz de la expedición, ceremonia que terminó en una riña, de la que el abad dio desde luego noticias al virrey.[ 43 ]

Para controlar todos los desórdenes y organizar mejor el alistamiento, el nuevo virrey encargó a Calleja y a Joaquín Gutiérrez de los Ríos que se ocuparan de hacer a un lado a los perturbadores y de poner a los demás cuerpos de voluntarios en condiciones de servir con utilidad. Garibay aprobó asimismo el plan de los comerciantes de levantar diez compañías de cien hombres cada una, que también llevarían el nombre de Voluntarios de Fernando VII. Para formarlas se aceptaría únicamente a los comerciantes, sus hijos y sus empleados; en caso de no ser suficientes, se aceptarían voluntarios de entre quienes pertenecían a los gremios de la ciudad. Peninsulares y criollos integrarían estos cuerpos; no entrarían en ellos individuos pertenecientes a las castas ni tampoco los indios. Una reorganización semejante se llevó también a cabo en Puebla [ 44 ] y el cantón de Jalapa fue disuelto so pretexto de la paz con Inglaterra.[ 45 ]

La preocupación porque la Nueva España contara con fuerzas adecuadas para su defensa era compartida por el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo. En un escrito dirigido al Real Acuerdo el 16 de marzo de 1809, le hacía ver que la clase de los españoles no era suficiente para constituir el grueso de las tropas y únicamente debía servir para ministrar sus cuadros de oficiales. "Así, pues, la masa del ejército se debe tomar de las clases tributarias que componen los cuatro cuartos de toda la población del reino, eligiendo los más aptos por sus cualidades físicas y morales", a quienes se debería liberar del tributo para recompensar sus servicios.[ 46 ] Estas fuerzas quedarían repartidas en dos cantones: uno, el más numeroso, en San Luis Potosí, y el más pequeño en Puebla. Pero, como dice Alamán, desgraciadamente no fueron atendidos estos prudentes consejos,[ 47 ] como no lo sería ninguna de las propuestas semejantes que se harían con posterioridad.

A pesar de la desconfianza que se les tenía, no serían los indios quienes dieran señales de inquietud y desasosiego durante los gobiernos de Garibay y Lizana sino los criollos. Las numerosas causas de infidencia que se siguieron a individuos de este grupo a lo largo de este periodo, principalmente en la capital, y que llevaron a Garibay a crear en junio de 1809 una junta consultiva compuesta de tres oidores, hacen ver cuán profundo y extendido era su desafecto. Mas ello no significó que desapareciera la desconfianza que las autoridades coloniales tenían a los indios ni que dejara de considerarse la posibilidad de un alzamiento, sobre todo si se les armaba, a pesar de las repetidas demostraciones de fidelidad que las distintas autoridades indígenas dieron durante estos gobiernos, demostraciones de la que es un ejemplo el caso siguiente.

El 20 de abril de 1809 el virrey Garibay emitió una proclama en la que daba a conocer los sucesos adversos a las armas españolas ocurridos en la península. Lo hacía para prevenir los ánimos en caso de que fuera necesario aportar mayores auxilios a la metrópoli o preparar mejor la defensa de la colonia y aprovechaba la ocasión para exhortar a la unión y a la concordia.[ 48 ] Al recibir esta proclama, Francisco Antonio Galicia, gobernador por entonces de la parcialidad de San Juan, contestó a Garibay informándole que la había dado a conocer a sus gobernados, quienes de inmediato dieron pruebas de su amor a Fernando, de su reconocimiento a la madre patria y de su odio a Napoleón. Le aseguraba que podía contar con los indios puesto que, aun en el caso de que se perdiera la península o que el monarca muriera, sabían que no tenían otro rey "que el inmediato sucesor de la casa de Borbón". Si Napoleón pretendía apoderarse de la América, los indígenas se unirían para evitarlo "con los verdaderos españoles que la habitan" y, aunque no supieran vencer, sabrían morir "en defensa de la religión, del rey y de la patria". [ 49 ]

De hecho, la desconfianza, de las autoridades no se limitaba a un sector de la sociedad novohispana en particular, sino que se fue generalizando. Esto se debió, en parte, a la situación en que se hallaba la península, de donde no se podía esperar ningún apoyo, y que ofrecía una buena oportunidad a cualquier grupo con intenciones separatistas o simplemente renovadoras. También se debió, en buena medida, a que el golpe dado contra Iturrigaray había vulnerado a la propia autoridad virreinal más de lo que sus autores pudieron suponer, de lo que muy bien se dieron cuenta Garibay y su sucesor Lizana. A pesar de la política conciliadora de este último, las causas de infidencia continuaron siendo tan numerosas que la junta consultiva se transformó en septiembre de 1809 en Junta de Seguridad y Buen Orden. El grupo formado por los aprehensores de Iturrigaray, no obstante haberse disuelto como cuerpo de voluntarios, continuaba dando muestras de su prepotencia y el miedo de que volviera a intentar un nuevo golpe de Estado -miedo que, como ya vimos, acompañó a Garibay- sería compartido también por Lizana. El 3 de noviembre de 1809 el arzobispo-virrey Lizana, temeroso de que los peninsulares lo depusieran, dio una orden de la plaza por la que mandaba aumentar la guardia del vivac para que se mantuviera cada dos horas una patrulla en el portal de las Flores, la Diputación y los dos de las Mercaderes, que eran el centro del comercio de la ciudad y sus casas habitadas por europeos. Esta patrulla debía detener a cualquier persona que anduviera armada por esos sitios e impedir toda reunión de más de seis individuos. Debía, además, darse el quién vive a las personas decentes o de mediano porte que salieran o entraran en dichas casas. Si la reunión que se hallare fuera demasiado numerosa debía darse aviso a la guardia de palacio y las guardias de la Cárcel de Corte, del arzobispo y de la Casa de Moneda debían de estar prevenidas.[ 50 ]

Durante sus respectivos gobiernos, Garibay (septiembre 1808-julio 1809) y Lizana (julio 1809-mayo 1810) se preocuparon por mejorar e incrementar las fuerzas de la colonia. El interés por contar con defensas adecuadas seguía siendo una de las mayores y más constantes preocupaciones de las autoridades coloniales. A pesar de los numerosos indicios de que el descontento de no pocos novohispanos se canalizaba hacia la formación de planes cada vez mejor organizados y más peligrosos, como lo muestra la conjuración descubierta en Valladolid en diciembre de 1809, seguía predominando en las autoridades la idea de que antes que nada era necesario prepararse para un ataque extranjero. En ese momento la amenaza externa era todavía, en su opinión, mayor que la que planteaba la inquietud interna. Lo interesante para nosotros de la conspiración de Valladolid es que fue una conjura dirigida por criollos que pertenecían al ejército novohispano, quienes, para ver realizados sus planes, contaban con el apoyo de varios cuerpos militares y que para reforzar sus filas tenían pensado reclutar indios en gran número ofreciéndoles la supresión del tributo. A este fin, los conjurados ya se habían puesto en comunicación con algunos de sus gobernadores. [ 51 ]

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se llegó a contar por esos años con las tropas suficientes para poner a la colonia en estado adecuado de defensa, entre otros motivos porque simplemente no había suficientes individuos de las clases a las que se pretendía alistar que quisieran servir en filas. La idea de que los indios podían y debían formar parte de las fuerzas novohispanas, idea que de ponerse en práctica hubiera solucionado en mucho el problema del alistamiento, fue encontrando nuevos sostenedores, aunque no llegó a ser aceptada por las autoridades superiores de la colonia. El 7 de abril de 1810, el licenciado Juan Nazario Peimbert y Hernández, distinguido abogado de la capital que posteriormente sería uno de los miembros de la sociedad secreta de los Guadalupes, envió a Lizana Una extensa propuesta sobre cómo formar un ejército de doscientos mil indios.

Peimbert señalaba en su escrito que debía aceptarse el alistamiento voluntario de todo indio tributario, cacique o macehual, que fuera apto para el servicio. Éstos no serían incorporados a los cuerpos de españoles ni saldrían de sus pueblos sino en el caso de una invasión, cuando todos los habitantes de la colonia debían acudir en su defensa. El ejército que estos indios compondrían se llamaría "el Irresistible de Naturales Voluntarios de Fernando VII" y sus jefes y oficiales serían nombrados de entre los mismos indígenas. Los alistados no gozarían de fuero sino hasta ponerse sobre las armas, ni deberían rendirse honores ni obedecerse unos a otros sino en cuanto a lo que tocaba al servicio. El ejercicio se celebraría los domingos después de misa, lo que evitaría que ocuparan estos días en emborracharse y celebrar mitotes, y entre semana cuando fuera posible; quien por causa justificada no pudiese asistir sería excusado de hacerlo. Se darían setenta fusiles a cada departamento donde no hubiera escopetas para que los indios fueran alternándose en su manejo. Cada mes se informaría a la superioridad de los gastos erogados y del estado de los alistamientos, así como de las "ventajas que se hayan conseguido en el aprovechamiento de los indios". Si éstos llegaban a tomar las armas se les pagaría lo mismo que a la tropa veterana y desde ese día quedarían exentos del pago del tributo. Los curas y párrocos debían exhortar a los indios a alistarse, a causa del influjo que en ellos tenían, y servirían de capellanes en sus regimientos. Todo lo anterior debería publicarse por bando.

Peimbert sostenía que si se seguía este plan se conseguiría disciplinar a doscientos mil hombres, según sus cálculos basados en el padrón de 1807, fuerza que desde luego hubiera merecido la denominación de irresistible. En cuanto a las razones que lo asistían para proponer su creación, manifestaba que "los indios no se hallan en lo general como estaban al tiempo de su conquista, en que se tenían por pusilánimes y cobardes; ya tienen otras nociones" -opinión, a nuestro parecer, un tanto heterodoxa-, pues ya se habían mezclado con españoles y con negros, como lo demostraba el hecho de que antes los indios no tenían barbas ni escupían y ahora sí. Los que se tenían por indios habían dado últimamente pruebas de su valentía y la obediencia, "que es el carácter de un buen soldado", era también una de sus virtudes, ya que estaban acostumbrados a obedecer a sus autoridades desde niños. Era importante que quienes los mandasen fueran asimismo indígenas, porque obedecían a los de su clase mejor que a ninguno; a esto se debía el hecho de que sus gobernadores siempre lo fueran. Con lo anterior se desvanecía la preocupación de muchos que quisieran que los indios jamás se apreciasen y siempre se viesen humillados y abatidos como esclavos con el pretexto de que no se levanten y atumulten. Podría además escribir una resma y no acabaría en comprobación de ser éste un temor pánico hijo de la soberbia, de la impiedad, de la ingratitud y de una insaciable codicia, porque se pretende que jamás los indios se instruyan ni se impongan en sus derechos.

De la soberbia, porque todos, españoles, negros y mulatos, los trataban como a la gente más ruin, sin respetar sus repúblicas. De la impiedad, porque no se compadecían de su miseria, a la que se veían reducidos por vestir y dar de comer a los que los aborrecían. De la ingratitud, porque no agradecían los beneficios recibidos de sus manos; con que los indios dejaran de trabajar ocho días los ingratos notarían la que les debían. Y, finalmente, de la codicia, porque se les había; explotado de mil maneras, como con la venta de bebidas alcohólicas. Según Peimbert, "unos pueblos que han sufrido y sufren tantas cosas, sobradas pruebas dan de su lealtad y obediencia, mayormente cuando no carecen de armas de fuego y otras cosas con que pudieran haberse sublevado". Los motines ocurridos entre ellos habían sido de poca consideración y no debía temerse que disciplinándolas en el arte de la guerra procedan de diversa manera". Otras ventajas las constituían su capacidad de soportar las inclemencias del tiempo y la sencillez de su vestuario y alimento, las que harían que los gastos fueran muy bajos. Trescientos mil pesos bastarían para que en un año quedaran bien instruidos.

Una vez puesto en práctica este plan, debía darse noticia de él en la Gazeta y en los diarios para que las potencias extranjeras supieran que se contaba ya en la Nueva España con un ejército de doscientos mil hombres, sin entrar en su formación los otros grupos de que se componía la colonia. Esto disuadiría a los franceses de invadir estos dominios e, incluso, de proseguir la guerra en la península. Serviría también para que Inglaterra no cambiara de manera de pensar y Estados Unidos, "que ha estado hasta ahora acechando sin decidirse, tampoco se pondrá en el empeño de venir a introducirse a nuestras tierras, ya por sí, o auxiliado del tirano Napoleón". También se ahorraría el poner sobre las armas a muchas tropas; lo que en ellas se hubiera gastado sería más que suficiente para establecer el ejército que proponía y el sobrante podría mandarse a España.[ 52 ]

El escrito de Peimbert, la propuesta más estructurada que de estos años conocemos sobre la creación de cuerpos militares indígenas -que no de un ejército en el sentido moderno-, no corrió con buena suerte. Su extenso alegato contrasta con lo escueto del acuse de recibo de Lizana, fechado el 13 de abril:

He visto con particular aprecio el celo y patriotismo que manifiesta vuestra merced en el proyecto que me remitió con fecha 7 del corriente, de levantar un ejército de 200 000 hombres, compuesto de los indios tributarios, caciques y macehuales del reino, de cuyo pensamiento haré con oportunidad el uso conveniente.[ 53 ]

La oportunidad de que hablaba el arzobispo-virrey para hacer uso de esta propuesta no se presentaría nunca.

A las dos semanas justas de haber dado acuse de recibo a Peimbert, Lizana recibió un escrito de Dionisio Cano y Moctezuma, gobernador por entonces de la parcialidad de San Juan, quien le hacía saber que había cumplido con su obligación de mantener en los indios los sentimientos de lealtad, subordinación y amor a la religión, al rey y a la patria. Estos sentimientos, por la misericordia divina, "les habían sido como connaturales desde la feliz época de la Conquista y no han abandonado en las difíciles circunstancias del día". Por ello, cuando vio que el virrey dictaba disposiciones para defender a la Nueva España y observó que todos en el reino cooperaban a tan importante fin, pensó en reunir a los indígenas para pedirles su cooperación y que participaran en los gastos de la conservación de "esta preciosísima porción de la monarquía española". Sin embargo, después de reflexionar, se convenció de que los indios no podían ayudar con dinero a las necesidades de la patria, ya que "la esterilidad del año pasado los tiene reducidos a la mayor miseria" y porque de natural han sido siempre pobres "y están atenidos para su subsistencia al sólo sudor de su rostro".

Pero no únicamente con dinero era posible servir a la patria ni bastaban para la defensa del reino los cañones y los fusiles. "¿No se necesitan también corazones entusiasmados, amantes de su rey, brazos fuertes y valerosos que manejen aquellos instrumentos, y espíritus impávidos que se resuelvan a entregar primero el último aliento que ser esclavos?" Si se les entrenaba en el manejo de las armas, los indios serían capaces de todo esto y la seducción y la intriga, instrumentos de Napoleón, se embotarían en su misma rusticidad, pues sólo sabían que Fernando era su rey y que la junta gobernaba a su nombre. Por lo anterior, ofrecía al virrey los indios a su cargo y le pedía los dejara participar en la defensa del reino "y que para ello se sirva providenciar se les aleccione en el uso y manejo de las armas a que se prestarán gustosos; se forme un regimiento de indios voluntarios o se tomen las disposiciones convenientes a tan laudable objeto que mi corta capacidad no sabe ni aun insinuar".[ 54 ]

Este escrito de Cano y Moctezuma correría igual suerte que el de Peimbert. La respuesta de Lizana, fechada el 4 de mayo, es asimismo escueta. Le hacía saber que tendría presente "con oportunidad" su solicitud de que se empleara a los indios de la parcialidad a su cargo en la defensa del reino. Mientras se tomaba la resolución que convenía, el gobernador debía hacerles saber que al virrey le había sido "muy estimable aquella demostración de su celo, lealtad y patriotismo".[ 55 ] La oportunidad de poner en práctica las propuestas de Cano y Moctezuma tampoco llegaría a presentarse.

No obstante las repetidas protestas de fidelidad que durante este tiempo hicieron las distintas comunidades indígenas y sus múltiples ofrecimientos a las autoridades de la colonia para defender y auxiliar a la metrópoli, hubo incidentes que hacen ver que no todos los indios pensaban que lo primero y más importante era ayudar a la península. Un ejemplo lo constituye el proceso iniciado a Mariano Paz Carrión el 7 de junio de 1810, a un mes escaso de que la audiencia asumiera el gobierno del virreinato. Desgraciadamente no hemos podido encontrar la causa que se le siguió, aunque sí numerosas referencias a ella en los procesos seguidos con posterioridad a Francisco Antonio Galicia, Eleuterio Severino Guzmán y Dionisio Cano y Moctezuma.[ 56 ]

Desde mediados de 1809, Lizana había recibido órdenes de negociar en la Nueva España un empréstito voluntario de veinte millones de pesos, y en mayo del año siguiente se reunió ya la junta de comisionados. Pero la salida de tanto dinero de la colonia no fue vista con buenos ojos por algunos individuos. Un colegial indio procedente de Oaxaca, Mariano Paz Carrión, quien se hallaba en la capital, promovió unas juntas clandestinas que se llevaron a cabo en el tecpan de Santiago, "relativas a que los pueblos se reuniesen para tratar de independencia como en Caracas, de instalar Cortes y pedir armas del gobierno por medio de un escrito que debía hacer un abogado que al efecto tenían, a pretexto de industriar a los indios en el manejo de ellas". Todo con el fin de impedir la remisión del dinero a España, "aunque al efecto se derramara sangre". [ 57 ] A estas juntas fueron invitados, entre otros, Galicia y Cano y Moctezuma, ex gobernador y gobernador respectivamente de la parcialidad de San Juan, y Ángel Vargas Machuca, gobernador de la de Santiago. Galicia no asistió por hallarse enfermo, pero Vargas Machuca y Cano y Moctezuma sí y fue este último quien se encargó de denunciar a las autoridades lo que sucedía. Paz Carrión fue apresado en la misma casa del gobernador de San Juan,[ 58 ] lo que provocó que la Junta de Seguridad y Buen Orden diera "las gracias a los indios de San Juan por el buen manejo que habían tenido" [ 59 ] en este asunto.

Durante el gobierno de la audiencia que sustituyó a Lizana, uno de los primeros cuidados de las autoridades siguió siendo el poner a la colonia en estado de defensa y brindar los mayores auxilios posibles a la península. Pero la desconfianza que se tenía a ciertos grupos de la población colonial hizo que no se les diera cabida, por lo menos en forma abierta, dentro de las filas del ejército y las milicias, lo que fue un obstáculo más para la organización efectiva de esta defensa. Los indudables signos de descontento que se percibían en muchos de los estratos de la sociedad colonial hicieron que la posibilidad de un levantamiento interno fuera, como siempre, tomada en cuenta; pero como preocupación de las autoridades ocupaba por entonces un lugar de segunda importancia.





Continúa…

El peligro interno

La insurrección que iniciara Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores se convirtió de inmediato en el problema más grave con que se enfrentaron las autoridades coloniales de entonces, desplazando del centro de su interés a los que desde 1808 habían sido su preocupación primordial: poner a la colonia en estado de defenderse por sí sola y brindar ayuda a la metrópoli.

Las mismas tropas que se habían procurado reforzar y reorganizar para que pudieran enfrentarse con éxito a un enemigo exterior serían ahora utilizadas para combatir el peligro interno. Pero el ejército novohispano, a pesar de todos los esfuerzos invertidos en su mejoramiento, no se encontraba en las mejores condiciones al tiempo de la insurrección de Hidalgo. Tampoco lo estaban las milicias provinciales. La disolución del cantón de Jalapa había desparramado por el territorio colonial a las fuerzas armadas, lo que hacía muy difícil su manejo y coordinación desde el centro. Las autoridades tuvieron que esforzarse una vez más por poner a los distintos cuerpos militares en capacidad de lucha. Ahora sí se tenía enfrente a un enemigo real y esto hizo que se actuara prontamente y se echara mano de todos los recursos disponibles. Para el régimen colonial fue una gran ventaja el hecho de que, dos días antes del levantamiento de Hidalgo, hubiera sucedido a la audiencia en el gobierno del virreinato un militar de carrera como Francisco Xavier Venegas. El nuevo virrey rápidamente dictó las providencias necesarias para que se levantaran fuerzas en los puntos que corrían peligro, así como para que los vecinos de todas las poblaciones se armaran y organizaran en compañías que sirvieran para defenderlas.[ 60 ] El brigadier Félix María Calleja, el militar más destacado del ejército novohispano, quien se encontraba en San Luis Potosí, también se ocupó de organizar las tropas de su región y puso sobre las armas a los regimientos provinciales de San Luis y de San Carlos, al mismo tiempo que formaba nuevos cuerpos de milicias.[ 61 ]

Las protestas de fidelidad al régimen y de rechazo al movimiento insurgente no se hicieron esperar; fueron numerosas y provinieron de instituciones y personas de toda clase y condición. En la ciudad de México, la parcialidad de San Juan dejaría oír su voz el 28 de septiembre. En una exposición dirigida por sus autoridades a Venegas, le hacían saber que habían leído su proclama aparecida el 23 de ese mismo mes, que se dolían del "alucinamiento delincuente" de quienes se habían rebelado "y llega a lo sumo nuestro pesar al oír que cuenta en su número con algunos indios que les auxilian". Tanto las autoridades como los demás integrantes de la parcialidad entendían que "los únicos dueños de este reino" eran Fernando VII y sus sucesores y que, habiendo jurado y reconocido a la Regencia, la religión no permitía quebrantar tal juramento, antes los estrechaba "a guardar el pacto social, viviendo sujetos a las legítimas potestades". Expresaban que quien procurara separar estos dominios de la península, "cuando aún existe allá quien resista a la dominación extranjera, no puede ser fiel a Fernando VII sino que imposibilita en cuanto está de su parte su restitución al trono". Animados de estos sentimientos, ofrecían al virrey sus personas, asegurando estar "prontos a sostenerlos y derramar la última gota de sangre en defensa de ellos". Le suplicaban que aceptara su oferta, así como que elevara su representación ante el Consejo de la Regencia "para que su majestad sepa y se complazca de que los indios de México tienen la felicidad de contarse entre el número inmenso de europeos y americanos que no se han dejado ni dejarán seducir por el espíritu de partido y rivalidad". Esta exposición fue firmada por el gobernador de la parcialidad, Dionisio Cano y Moctezuma; el ex gobernador, Francisco Antonio Galicia, y por varios alcaldes, entre los que se contaba Ramón Elizalde. [ 62 ]

A los pocos días de haber recibido la exposición anterior y redactado en términos muy semejantes, el virrey recibió un escrito que le dirigieron las autoridades de la parcialidad de Santiago, fechado el 5 de octubre. Le hacían saber que habían leído con gran satisfacción el oficio de la parcialidad de San Juan y, animados de "los mismos sentimientos de religión, lealtad y patriotismo", habían creído suficiente sincerarse ante el virrey en forma verbal, como lo habían hecho ya. Ahora deseaban hacer públicos sus sentimientos para evitar malas interpretaciones sobre su verdadera disposición y por ello hacían constar que se hallaban persuadidos de que los vínculos con España no debían cortarse "mientras exista un solo palmo de tierra española libre de la dominación tiránica". Habiendo jurado como soberano a Fernando VII y al Consejo de la Regencia como su representante, sólo a éste obedecerían y aquél seguiría reinando para siempre en sus corazones. Estaban ciertos de que ninguno de los hijos de la parcialidad "se manchará con el negro borrón de infiel e irreligioso", ni cooperaría a la desolación del reino. Por último, le suplicaban que estos sentimientos, en unión de los de la otra parcialidad, los elevaran al Consejo de la Regencia y los mandara publicar "para que la posteridad numere a los individuos de ambas entre los buenos ciudadanos, amantes patricios y fieles vasallos". Firmaban su gobernador, Mateo Ángel Alvarado, Manuel Santos Vargas Machuca y Guadalupe José Velasco, entre otras de sus autoridades. [ 63 ]

Las voces de las parcialidades de la capital no serían las únicas indígenas que se escucharían por entonces. Los gobernadores y repúblicas de Santiago Chalco, de San Francisco Tepeaca y de Jalapa de la Feria, así como el ayuntamiento de Tlaxcala, entre otros, se dirigieron también al virrey para hacerle saber sus sentimientos de lealtad hacia las autoridades legítimas y de adhesión a la justa causa, por los que se encontraban dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre. [ 64 ] El hecho de que entre los partidarios de Hidalgo se encontraran muchísimos indios fue, sin duda, uno de los motivos principales que impulsó a estas corporaciones de naturales a manifestar de inmediato su fidelidad al régimen colonial para evitar cualquier sospecha. De ahí el empeño de algunas en que el virrey publicara sus escritos y los hiciera llegar a la Regencia, la autoridad suprema de la península.

La mayoría -por no decir la totalidad- de estas protestas nos parecen sinceras, entre otros motivos por no existir realmente una liga entre los distintos grupos indígenas de la colonia. A pesar de que muchos de los rebeldes eran indios, había de hecho una gran distancia entre los intereses de estos campesinos y los de los indígenas de las corporaciones mencionadas, cuyo régimen de vida estaba ligado a centros urbanos.

Un problema por demás serio que se le presentó a Venegas y a las autoridades de la capital por esos días fue preparar su defensa, y mantener el orden en ella. La toma de Celaya y de Guanajuato por los insurgentes y el saqueo y mortandad que sufriera esta última hacían temer para la ciudad de México una suerte semejante en el caso de un muy posible ataque insurgente. Este peligro era percibido también por numerosos capitalinos, los que en varias ocasiones llegaron a proponer, a las autoridades medidas encaminadas a evitarlo. Una de estas propuestas fue la creación de nuevos cuerpos de milicias urbanas, que debían llamarse Batallones Patrióticos Distinguidos de Fernando VII.

En junta celebrada en palacio el 4 de octubre, a la que el virrey convocó a las autoridades más importantes de la capital para tratar la propuesta anterior, se acordó levantar dichos batallones, los que debían servir "para la tranquilidad, buen orden y demás fines del servicio del rey y del público de esta capital, siendo el coronel de todos ellos el mismo excelentísimo señor virrey". Las autoridades encargadas de su organización acordaron pedirle a Venegas que publicara por bando "que todos los españoles vecinos y habitantes de esta capital, así americanos como europeos, desde la edad de diez y seis años en adelante, que no estén ya ocupados en el servicio militar y que tengan proporción para mantenerse a su costa en los días que estén empleados y para hacerse un uniforme decente y de la sencillez que conviene" se alistaran en estos cuerpos, para lo cual debían concurrir a las casas capitulares. También acordaron que aquellos que tuvieran caballo propio y desearan hacer el servicio de caballería lo manifestaran al alistarse y terminaban expresando su esperanza de que los primeros que acudirían a su llamado serían los individuos de la nobleza y los empleados de las oficinas, para servir así de ejemplo a las demás clases de la capital. Esta proposición fue aceptada por el virrey, quien, "persuadido de los nobilísimos y apreciables sentimientos de las clases insinuadas de la capital, así europeos como americanos", mandó que se publicase por bando el 5 de octubre.[ 65 ]

Según Lucas Alamán, así fue como se llegaron a formar tres batallones de infantería, un escuadrón de caballería y una compañía de artillería mandados por criollos y peninsulares distinguidos. Estos cuerpos corrieron la misma suerte que la mayoría de las milicias levantadas con anterioridad, pues a poco disminuyó el entusiasmo de muchos de los alistados, quienes comenzaron a pagar para que los sustituyeran en las guardias, "con lo que se perdió la consideración que se les tuvo".[ 66 ] Es interesante señalar aquí que el mismo día de la aparición de este bando se publicó otro para dar a conocer el decreto de la Regencia del 22 de mayo de 1810, por el que se abolía el tributo indígena. Ésta fue una medida que pretendía captar para el régimen la simpatía y el apoyo de los naturales, así como asegurar su fidelidad. [ 67 ]

Mientras Hidalgo abandonaba Guanajuato y se dirigía a Valladolid, se continuaron en la capital los preparativos para su defensa, los que se aceleraron al saber que los rebeldes habían emprendido ya la marcha sobre ella. Venegas, además de ordenar a Calleja que se dirigiera a la ciudad de México y que pasaran a ella otros cuerpos, mandó que las tropas disponibles acamparan en el Paseo Nuevo y en la Calzada de la Piedad y que se colocara artillería en Chapultepec.[ 68 ] Poco después se ordenó la salida de Torcuato Trujillo hacia Toluca para detener a Hidalgo. Entre las medidas tomadas por el virrey merece registrarse aquí la aceptación que dio al ofrecimiento de Gabriel de Yermo y de su hermano de armar a quinientos sirvientes de las haciendas de ambos, fuerza a la que se conoció como "los negros de Yermo".[ 69 ]

El virrey no sólo aceptó la formación de estos cuerpos de negros sino que, ante nueva oferta de San Juan y Santiago para ayudar en la lucha contra los rebeldes, "dando las gracias a las parcialidades, hizo el honor de admitir mandando se hiciera junta de cuatrocientos ocho hombres de las dos parcialidades de San Juan y de Santiago que sirvieran de lanceros en las dos garitas de Peralvillo y Vallejo". [ 70 ] Los capitanes Antonio de Olarte y Antonio Cerrón fueron nombrados comandantes del piquete de San Juan y del de Santiago, respectivamente.[ 71 ] El hecho de haber permitido la creación de estas fuerzas de indígenas nos parece que revela la idea de las autoridades sobre la gravedad de la situación por la que atravesaban. A pesar de que no pocos indios habían sido reclutados en distintos cuerpos, nunca antes se había permitido en la capital la formación de un cuerpo armado compuesto exclusivamente de indígenas, ni siquiera para vigilar el orden público. Estos lanceros, no obstante lo limitado de su número y de que su creación se debió en mucho al afán de atraerse las simpatías y el apoyo de los habitantes de las parcialidades, son muestra de que las autoridades, ante circunstancias inusitadas, se hallaban dispuestas a tomar medidas también inusitadas. No hemos podido encontrar la fecha exacta en que se crearon estos cuerpos de lanceros; sabemos que el 31 de octubre ya existían, pues ese día el virrey dio una orden relativa a su pago.[ 72 ]

Sin embargo del entusiasmo inicial, los lanceros comenzaron a declinar al poco tiempo, al igual que los batallones patrióticos. Creemos que esto se debió, al menos en parte, a haberse hecho efectivo el decreto que abolía el tributo indígena, ya que con ello se disminuyeron los ingresos de sus cajas de comunidad, lo que hacía difícil su sostenimiento. También contribuyó a su decaimiento la indiferencia que a poco mostraron hacia esos cuerpos las autoridades, para quienes, una vez pasado el peligro que representaba Hidalgo, no parecieron ya tan necesarios.

Una de las últimas precauciones tomadas por Venegas al acercarse las huestes de Hidalgo a la capital fue ordenar que la imagen de la virgen de los Remedios se trasladase de su santuario a catedral para evitar que pudiera caer en manos insurgentes y, a su llegada a la ciudad de México, el virrey la declaró generala de las tropas realistas. El espíritu marcial que animaba a los capitalinos no se detuvo allí, sino que se extendió también a las mujeres. Por invitación de doña Ana de Iraeta, viuda del oidor Cosme de Mier, se organizó una "leva sagrada de patriotas marianas". [ 73 ] En el escrito dirigido a las mujeres de la capital para exhortarlas a formar "un patriótico espiritual ejército" que aplacara la ira de Dios, se les recordaba, entre otras debilidades femeninas, que en todos los tiempos las mujeres han "dado causa a los castigos que hoy se experimenta" y se precisaba que la "piadosas reclutas" debían encargarse de velar por turno a la virgen de los Remedios. El entusiasmo de estas patriotas también fue de corta duración y, al igual que ocurrió en los cuerpos de voluntario, recurrieron a la práctica de pagar a quienes las sustituyeran en las guardias.[ 74 ]

No hubo ocasión de ver cuán efectivas habían sido las medidas tomadas en la capital para su defensa. Aunque las tropas de Hidalgo llegaron a estar a la vista de la ciudad a fines de octubre, después de derrotar a Trujillo en el Monte de las Cruces, no se lanzaron a atacarla y a los pocos días iniciaron la retirada. El peligro que había amenazado en forma inminente a la ciudad de México se había conjurado. Es probable que la desaparición de esta amenaza influyera en la pérdida del entusiasmo que a poco se notó en muchos de los alistados y que ya hemos señalado. Sin embargo, para las autoridades, era necesario mantener a todas estas fuerzas en buenas condiciones mientras no cesara la insurrección, por lo que prosiguieron en su empeño de organizarlas y prepararlas. En vista de que los alistamientos voluntarios no eran suficientes, se tuvo que recurrir a la leva forzosa, como ya había ocurrido con anterioridad, aunque a partir de entonces se extendería prácticamente a todos los estratos de la población capitalina. El 6 de abril de 1811, Venegas dio orden a todas las corporaciones de la capital de proporcionar listas de sus miembros, indicando los batallones patrióticos a los que pertenecían y señalando a quienes no prestaran servicio militar para poder completar con ellos la formación de un cuarto batallón.[ 75 ]

La leva forzosa no sería exclusiva de la ciudad de México, como tampoco lo sería la formación de milicias de vecinos. A pesar de los problemas y riesgos que implicaba militarizar a la población colonial, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a esta medida a causa de que la insurrección se había extendido a distintas regiones. La prisión de Hidalgo, Allende y otros jefes insurgentes en marzo de ese año no significó el fin de la rebelión, aunque sí le representó un duro golpe, pues para entonces se contaba con otros jefes insurrectos, entre los que comenzaban a destacar Ignacio López Rayón y José María Morelos. Esto llevó a Venegas a adoptar el Proyecto de Reglamento para armar al reino y pacificar al país propuesto por Calleja desde Aguascalientes el 8 de junio de 1811. De sus catorce artículos once están dedicados a la manera en que debían organizarse y armarse los cuerpos de milicias de las distintas ciudades y poblaciones del reino, así como de las haciendas y ranchos, los que se encargarían de su defensa y de perseguir a los rebeldes que aparecieran por sus cercanías.[ 76 ] Según Alamán, estos cuerpos se levantaron con el nombre de "realistas, fieles o patriotas de Fernando VII".[ 77 ]

El reclutamiento en la ciudad de México se vio facilitado por las tareas que emprendió la Junta de Policía y Tranquilidad Pública, creada por Venegas en agosto de ese año después de descubrirse una conjura en su contra.[ 78 ] Los padrones elaborados por los tenientes de la junta y las restricciones que ésta impuso sobre cambios de domicilio, así como la reglamentación del sistema de pasaportes -iniciado desde principios de 1811- y la vigilancia que se estableció en las garitas, permitieron a las autoridades ejercer un mayor control no sólo sobre los habitantes de la capital sino sobre todos aquellos que entraban y salían de ella.

Todas estas medidas tuvieron repercusiones de carácter negativo que se hicieron sentir sobre todo en los grupos de nivel socioeconómico inferior, a los que pertenecían casi todos los individuos que regularmente venían a la ciudad para ofrecer en venta los diversos productos de su trabajo. En su inmensa mayoría eran indígenas, quienes vieron entorpecida su labor cotidiana con todas estas disposiciones y con los abusos a que ellas dieron origen. Las protestas que provocaron fueron tan abundantes que, para acallarlas, la misma junta las recogió en forma de queja, en la que se dice que era tal la dificultad para conseguir pasaportes para quienes venían a vender comestibles, de los que varios habían sido puestos en prisión y a quienes les habían sido decomisadas sus mercaderías por haber perdido el pasaporte, que se experimentaba ya escasez en los mercados de la ciudad.[ 79 ] Esto continuaba a pesar de haberse decretado poco antes que no se impusieran penas pecuniarias a los indígenas que contravinieran el Reglamento de policía, de haberse satisfecho a sus gobernadores los gastos de expedir pasaportes y de haberse ordenado que no se obligase a los indios a desempeñar trabajos serviles en los cuarteles y casillas de policía ni a entregar parte de sus mercaderías,[ 80 ] lo que había motivado el agradecimiento de Francisco Antonio Galicia y de Cristóbal Rojas, gobernadores por entonces de las dos parcialidades.[ 81 ]

Hacia principios de 1812 habían comenzado a llegar a la Nueva España tropas procedentes de la península, pero no por ello las autoridades cejaron en su empeño de consolidar las fuerzas armadas de la colonia. Por ese entonces la insurrección, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, continuaba con mayor ímpetu que antes. Desde agosto del año anterior y por iniciativa de Ignacio López Rayón se había erigido en Zitácuaro una junta nacional que pretendía unificar y organizar al movimiento insurgente. La terrible derrota sufrida por Rayón en dicha ciudad a manos de Calleja durante los primeros días de enero de 1812 se vio en cierta forma compensada por los triunfos que venía alcanzando Morelos, quien para el mes siguiente se situó ya en Cuautla, no lejos de la capital. El peligro que la ciudad de México corría en esta ocasión era, ciertamente, menor que el que le había significado la cercana presencia de Hidalgo a fines de 1810. Pero el virrey, deseoso de destruir de una vez por todas a un enemigo cada vez más temible, desde la capital envió en su contra al recién llegado y triunfante ejército de Calleja.

No era Morelos la única amenaza. Los integrantes de la junta originalmente establecida en Zitácuaro habían logrado instalarse en Sultepec, donde continuaron con sus trabajos. Por los alrededores de la ciudad de México se habían levantado numerosas partidas de rebeldes que molestaban el tránsito y las comunicaciones, así como su aprovisionamiento. La entrada de un grupo de insurrectos a la villa de Guadalupe a principios de marzo hizo temer al virrey por la imagen de la virgen que en ese santuario se venera, por lo que ordenó su traslado a catedral como lo había dispuesto con la de los Remedios. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo por haberse opuesto los indios de la región, quienes manifestaron su decisión de cortar los puentes de las calzadas de México, y cuyos gobernadores, acompañados de los de las parcialidades de la capital, hicieron saber a Venegas que sus gobernados custodiarían y defenderían el santuario, con lo que se dejó en él a la imagen. [ 82 ]

La situación por la que durante estos primeros meses de 1812 atravesaba la ciudad de México, entre cuyos habitantes se contaban no pocos partidarios de la insurgencia y por cuyos alrededores merodeaban numerosas partidas de rebeldes, parece haber influido en el ánimo del virrey para dedicar su atención a los cuerpos de lanceros. Éstos, para entonces, habían visto disminuidas sus plazas a menos de la mitad por no contar con fondos suficientes para su sostenimiento y dependían ya directamente de los gobernadores de las parcialidades, ya que, a poco de su creación, los capitanes a cuyo cargo estaban fueron destinados a otras plazas y no fueron sustituidos. Para que pudieran sostenerse, Venegas mandó que se les prestaran cinco mil pesos; pero, al acabarse esta cantidad, el asesor de naturales, Rafael de la Llave, solicitó que se suprimiesen. Sin embargo, por considerarlos de interés y que no era conveniente su supresión, el virrey ordenó el 24 de mayo que se les pagase de la Hacienda Pública y un mes después, el 26 de julio, mandó que se les diera diariamente un real de sobresueldo a los sargentos y medio a los cabos y que se les rebajase a los gobernadores a medio real su gratificación, que lo era de un peso diario, todo lo cual se hacía a través del administrador de las parcialidades.[ 83 ]

A pesar de que el servicio de vigilancia que prestaban estos cuerpos de lanceros indígenas no era de gran importancia, el hecho de que se haya, considerado conveniente conservarlos en funciones demuestra hasta qué punto las autoridades juzgaban crítica la situación de la ciudad durante este periodo. Con ello no sólo mantuvieron abierta para los indios de la capital la posibilidad de participar en una actividad y de una manera que hasta entonces les había estado vedada, sino que, al darle permanencia a una medida tomada en un momento de crisis, les hicieron ver cuán graves se presentaban las cosas para el régimen establecido y les hicieron sentir que su cooperación era muy necesaria para el sostenimiento del gobierno colonial.


La Constitución de Cádiz

1812 se significaría en la Nueva España por ser el año en que el movimiento insurgente alcanzó mayor actividad y brillantez en sus operaciones militares. También se significó porque en él se comenzaron a implementar los cambios de mayor envergadura decretados por los nuevos órganos de gobierno peninsular para modernizar la estructura misma tanto de la metrópoli como de sus colonias. Esta obra renovadora del liberalismo español, iniciada poco antes de que diera principio la insurgencia en la Nueva España, quedó plasmada en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en el mes de marzo y que sería proclamada en la ciudad de México en septiembre de ese mismo año.

Para las autoridades de la Nueva España la Constitución de 1812 no pudo llegar en momento menos oportuno. No sólo venía a dar carta de legitimidad a la aspiración de la inmensa mayoría de los novohispanos de ser considerados iguales en derechos a los peninsulares, lo que en cierta medida justificaba algunas de las posturas insurgentes, sino que, además, reducía en mucho el poder efectivo del virrey y de la audiencia, quienes se habían mostrado los más decididos partidarios de mantener a la Nueva España sujeta a la metrópoli. No es de extrañar, pues, que se decidieran a cumplir con ella sólo en parte o muy lentamente y que, incluso, se diera marcha atrás en algunos de los artículos que se pretendió implementar. Así sucedió con el relativo a la libertad de imprenta, la que se suspendió a poco más de dos meses de haber sido decretada, y con la elección del ayuntamiento constitucional capitalino, que no llegó a ser instalado por Venegas, medidas que contaron con el apoyo de quienes para defender sus intereses veían la necesidad de mantener un gobierno colonial autoritario y poderoso. Tampoco es de extrañar que esta actitud de las autoridades -a fin de cuentas representantes del poder metropolitano-, de no cumplir con todo lo dispuesto en la península para el gobierno de la colonia, fuera vista con recelo por quienes eran partidarios de seguir sujetos a la metrópoli pero que consideraban que la apertura brindada por las nuevas disposiciones daba cabida legal a muchas de sus aspiraciones. Para los partidarios de la insurgencia, sobra decirlo, fue un argumento más en favor de que la rebelión era el único camino para lograr alguna mejora.

La Constitución de 1812, vista por unos como amenaza, percibida por otros como oportunidad, significaría para todos un cambio importante en el orden de cosas novohispano. Esto no se debió a que llegara a alterar de manera radical la estructura de la colonia, ya que fue poco lo que de ella se implementó y cortó el tiempo que permaneció en vigor. Se debió, fundamentalmente, a que abrió nuevas posibilidades para que los distintos grupos de la sociedad novohispana manifestaran los intereses que los animaban y sirvió para que definieran con más claridad los fines que pretendían alcanzar y el camino por el que se proponían lograrlos.

Aquí nos interesa señalar que la Constitución de Cádiz, al conceder a los indios la categoría de ciudadanos españoles, les abrió las puertas, cuando menos en teoría, para desempeñar empleos que hasta entonces les habían estado vedados o limitados, entre ellos el servicio de las armas. Otra consecuencia interesante para nosotros de la igualdad legal decretada para los indígenas sería que sus formas peculiares de gobierno debían desaparecer para dar paso a un régimen que fuera común para todos los novohispanos. Éstas y otras disposiciones, decretadas para brindar a los indios una participación mayor y en pie de igualdad en los asuntos de la Nueva España, no serían vistas en todos los casos con buenos ojos por las autoridades indígenas de la capital. Éstas pronto cayeron en la cuenta de que, por una parte, los cambios decretados no necesariamente significarían una mejora en las condiciones de vida de los indígenas y que, por otra, su implementación conllevaría por fuerza la pérdida de los poderes que hasta entonces detentaban, ya que del gobierno económico y político de los barrios indígenas de la ciudad de México debía encargarse su nuevo ayuntamiento constitucional.

Las dos parcialidades de la capital, la de San Juan Tenochtitlan y la de Santiago Tlatelolco, en que para su gobierno estaba dividida la población indígena de la capital, funcionaban de manera semejante pero con independencia la una de la otra, de acuerdo con el modelo de gobierno español que les fue impuesto desde la conquista. Al frente de cada una de ellas se encontraba un gobernador y contaban también con su propio cabildo, además de un determinado número de funcionarios menores, como tepixques, merinos, alguaciles, topiles, etcétera. Sus autoridades se elegían anualmente, elección que confirmaba el virrey, quien además nombraba al administrador de los bienes de las parcialidades y fungía como juez privativo y protector de los indígenas, ya que presidía el Juzgado General de Naturales. [ 84 ] No obstante la intervención directa de determinados funcionarios en los asuntos de las parcialidades, el ocupar los cargos de gobierno indígena implicaba no sólo el desempeño de numerosas actividades que resultaban en un control directo y efectivo sobre un número considerable de personas, sino también el disfrute de prestigio y consideraciones.

Los gobernadores de San Juan y de Santiago, auxiliados por alcaldes, regidores, escribanos, topiles y demás funcionarios, se encargaban de velar por el buen comportamiento de sus habitantes y porque se mantuvieran en paz y en sosiego. Administraban justicia en casos de delitos menores y contaban con una cárcel para el depósito de los presos. Se encargaban también de recaudar los tributos hasta que se decretó su extinción, así como del buen empleo de los fondos destinados a pagar los salarios de los funcionarios y a cubrir los gastos que se hacían en la celebración de las diversas fiestas y en las obras de manutención de los edificios de su propiedad. Desde que en 1810 se habían creado los dos cuerpos de lanceros, se ocupaban de su funcionamiento y de su pago y a partir de 1811, en que se estableció el sistema de pasaportes, también se ocuparon de su despacho.[ 85 ] Su poder, si bien no tan amplio como el de otras autoridades novohispanas, no era menospreciable ni pequeño. No sólo controlaban directamente a los barrios indígenas de la capital sino que su jurisdicción se extendía a varios pueblos cercanos y su influencia era sentida aun en aquellos que no les estaban sujetos de manera directa.

Tan fue así que los principales de entre los indígenas, auténticos caciques, llegaron a constituir una elite dominante que acaparaba los distintos puestos de su gobierno, sobre todo los de mayor importancia. Si bien quienes los ocupaban no se perpetuaban en los cargos, ya que anualmente se debían elegir nuevos funcionarios, los desempeñaban en forma alterna. Tal fue el caso de Francisco Galicia, a quien vimos como gobernador de San Juan en 1809 y 1811, o el de Eleuterio Severino Guzmán, que lo fue de la misma parcialidad en 1808 y 1813. Dionisio Cano y Moctezuma, alcalde presidente de San Juan en 1808, fue su gobernador en 1810. Eran varias las familias que se alternaban en el poder, como las de los Galicia en San Juan y la de los Vargas Machuca en Santiago, A pesar de lo desfavorables que pudieran parecerle las nuevas disposiciones peninsulares para el gobierno de la Nueva España, esta elite indígena de la ciudad de México fue capaz de darse cuenta de que, para preservar su posición, era necesario que participara en el nuevo orden derivado de la Constitución. Así, en las elecciones celebradas con tanto ruido en noviembre de 1812, resultaron electores para nombrar a los miembros del ayuntamiento de la capital Francisco Antonio Galicia y Dionisio Cano y Moctezuma, el primero por la parroquia de Santa Cruz Acatlán y el segundo por la de Santo Tomás la Palma.[ 86 ] Cuando en abril de 1813 Calleja ordenó la instalación del ayuntamiento que había suspendido Venegas, Galicia y Ángel Vargas Machuca fueron electos para desempeñar el cargo de regidores.[ 87 ]

Los dirigentes indígenas capitalinos también habían reaccionado de inmediato frente al movimiento de insurgencia. Como ya vimos, fueron muchas y muy claras sus protestas de fidelidad a las autoridades establecidas para desvanecer cualquier sospecha. Sin embargo, no por ello dejó de haber en varios de estos indios signos de simpatía por el movimiento de insurgencia -sobre todo a partir de que Rayón y Morelos lograron darle una mejor organización- que en algún caso se manifestó en intentos de acercamiento, cautelosos pero inequívocos, a algunos jefes rebeldes, como veremos más adelante. Todo lo anterior demuestra que la elite indígena de la capital supo percibir con claridad las alternativas de acción que se le presentaban.

Hasta aquí hemos hablado de las dos parcialidades como semejantes en todo. No obstante de que funcionaban de la misma manera en cuanto a su administración y gobierno, es necesario aclarar que debido a varios factores, entre ellos el hecho de que la parcialidad de San Juan contaba con un número considerablemente mayor de habitantes,[ 88 ] durante la época que nos ocupa sus autoridades se mostraron más activas y decididas que las de Santiago. Fueron ellas las que tomaron iniciativas tales como ofrecer sus personas y bienes al servicio del gobierno virreinal, marcando así el paso a seguir a las autoridades de la parcialidad de Santiago.

La línea de conducta tomada por Venegas respecto a los problemas que planteaban en la Nueva España la implantación de la Constitución de Cádiz y la amenaza cada vez mayor que significaba el movimiento insurgente no sería proseguida al pie de la letra por quien le sucedió en el cargo. Félix María Calleja asumió el poder a principios de marzo de 1813, dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance, incluso algunos diferentes a los empleados por su antecesor, para resolver los problemas de la colonia. Profundo conocedor de los novohispanos y de las circunstancias en que se hallaba el virreinato, en donde había vivido desde 1789, no sólo era un militar de probada capacidad, la que había demostrado ampliamente en sus campañas contra los rebeldes, sino también un hábil político. A causa de su origen peninsular y de su actuación frente a los insurgentes, era visto con buenos ojos por los más decididos partidarios de que la Nueva España continuase sujeta a la metrópoli. Pero, debido a su larga permanencia en el país, a su conocimiento de la situación y a las ligas de amistad y de familia que había establecido con criollos destacados, también lo fue por aquellos que veían como ineludible la necesidad de implantar reformas que mejoraran la situación de los novohispanos. Para los rebeldes se presentaría como un serio obstáculo, ya que Calleja habiéndoseles enfrentado repetidas veces en el campo de batalla, conocía en dónde residían su fuerza y su debilidad, de lo que se aprovecharía en su empeño por aniquilarlos. El nuevo virrey sabría sacar la mejor ventaja de todas estas circunstancias para resolver los serios problemas a que se enfrentaba su gobierno.

Convencido Calleja de que su deber primordial era restablecer la paz en la Nueva España, necesitaba, por un lado, acabar con la rebelión armada y, por otro, hacer desaparecer en lo posible los motivos de descontento que le habían dado origen y que continuaban dándole sustento. Para lo primero le era indispensable contar con fuerzas armadas suficientes, tarea que emprendió de inmediato. Para lo segundo la Constitución, con todo y los problemas que planteaba para las autoridades de la colonia, le ofrecía una buena oportunidad, ya que Calleja, habiéndoseles enfrentado repetidas veces en el campo había tomado el camino de reparar pasados errores cometidos en su trato con las posesiones españolas. Así fue como, por lo menos en apariencia, se abocó a hacerla cumplir y en su proclama del 26 de marzo prometió llevar a cabo todo lo dispuesto en ella para mejorar la suerte de las novohispanos.[ 89 ] De hecho no implementó sino aquellas disposiciones que no amenazaban quebrantar su poder o que no presentaban un serio riesgo a la estructura colonial ni a los intereses de sus sostenedores. Así, no puso en efecto la libertad de imprenta, aunque sí se propuso, entre otras cosas, reorganizar el sistema judicial e instalar en la capital su ayuntamiento constitucional. El 15 de marzo se publicó por bando el decreto que disponía que dejara de usarse en los papeles públicos la palabra real, debiendo utilizarse a partir de entonces el término nacional.[ 90 ] A los dos días de esta publicación, se celebró un acuerdo en el que se decidió implementar lo referente a la organización de tribunales y juzgados[ 91 ] y a un mes de su acceso al virreinato se procedió a la elección e instalación del nuevo ayuntamiento constitucional capitalino.[ 92 ]

Hubo ocasiones en que Calleja tuvo que dar marcha atrás a medidas tomadas por su antecesor en el cargo, como sucedió al suprimir el sistema de policía implantado por Venegas en la ciudad de México, o incluso tomar disposiciones no contempladas por la Constitución de 1812. En ella se encargaba a los alcaldes vigilar por la seguridad de los vecinos, pero esta tarea resultó imposible para aquellos funcionarios, cuyo número era muy reducido, y al aumentar los delitos en la capital, Calleja se vio en la necesidad de ordenar que la vigilancia fuera llevada a cabo por patrullas de soldados. [ 93 ] Así también se tuvo que permitir en la ciudad de México el nombramiento de un número mayor de jueces de letras para la administración de justicia en primera instancia.[ 94 ] Sin embargo, con todo y no ser partidario de la Constitución y a pesar de no ponerla en vigor sino en unos cuantos aspectos, la imagen que Calleja llegó a proyectar a los principios de su gobierno fue la de una autoridad dispuesta a cumplir en lo posible con lo decretado en la metrópoli para provecho y mejora de los novohispanos. En realidad a lo que se hallaba dispuesto el nuevo virrey era a terminar de una buena vez con el movimiento insurgente.

Al subir Calleja al poder, y al igual que se había hecho con los virreyes anteriores, el gobernador de la parcialidad de San Juan, Eleuterio Severino Guzmán, de inmediato le hizo la consabida oferta de sus bienes y personas en defensa de la justa causa, de la patria, de la religión y de las personas mismas de los virreyes. [ 95 ] La respuesta de Calleja, además de dar cortésmente las gracias, fue en el sentido de que atendería y protegería a los indígenas de la parcialidad en cuanto estuviera de su parte. [ 96 ] Bien pronto el gobernador de San Juan le recordaría sus palabras.

En un escrito sin fechar, pero que es anterior al 27 de marzo, Guzmán se dirigió nuevamente al virrey, esta vez para participarle el conflicto en que se hallaban los gobernadores y demás autoridades de los pueblos de la parcialidad a causa de que no podían salir los indios de sus pueblos por la fuerte leva que había. Si venían a la capital se les aprehendía y llevaba a la cárcel o a los cuarteles, como había ocurrido a muchos de ellos, que se encontraban "aristados y en actual servicio" a pesar de los numerosos ocursos interpuestos para evitarlo. Los indígenas contribuían al sostenimiento del culto divino, por lo que su falta haría decaer las iglesias de los pueblos; tampoco podrían continuar con sus siembras, de cuyos productos abastecían a la ciudad. Por todo ello pedía al virrey que, "atendiendo a sus clamores como padre, se digne mandar el que a cada uno de los pueblos de la comprensión de esta parcialidad se le dé un resguardo para que, manifestándolo, no se moleste a sus hijos".[ 97 ]

Por el oficio anterior, vemos que, a pesar de sus repetidas ofertas de contribuir a la defensa de la justa causa, los gobernantes indios no estaban muy dispuestos a que sus gobernados participaran en forma activa en ella, si esto era en detrimento de sus actividades cotidianas. A pesar de que la nueva legislación no hacía diferencias entre los novohispanos, estaban decididos a mantener su identidad de grupo por considerar que, de lo contrario, los indígenas se verían afectados y en lo personal ellos perderían poder e influencias. El virrey, quien tampoco deseaba un cambio en la condición de los indígenas ni que formaran parte de los cuerpos armados, entendió los argumentos esgrimidos por Guzmán y le concedió lo que solicitaba, "con prevención de que se califique la calidad por las matrículas respectivas, y al efecto pásese al capitán de la compañía de policía don Joaquín Elizalde".[ 98 ] Hay que señalar aquí que, no obstante haber conseguido del virrey el otorgamiento de los resguardos, las autoridades de San Juan no procedieron de inmediato a poner en práctica esta concesión; cuando menos no hemos encontrado testimonios de que se abocaran por ese entonces a la realización de tal tarea.

No siempre fue a favor de los indígenas de las parcialidades el que se les considerara de condición diferente. Cuando en abril de ese año se inició una terrible epidemia que atacó sobre todo a las clases más pobres, el ayuntamiento de la capital se ocupó de organizar la ayuda a los enfermos por medio de juntas de caridad, pero "los de las parcialidades no fueron atendidos por estas juntas municipales y tuvieron que erogar los gastos hechos con ese objeto de los fondos de sus cajas de comunidad".[ 99 ] Esta epidemia, que duró hasta finales de año, causó una gran mortandad e hizo un terrible estrago entre los indígenas, "quedando desde entonces desierto el barrio de Santiago". [ 100 ]

Las elecciones para integrar el ayuntamiento constitucional capitalino, celebradas ese mismo abril, no resultaron nada satisfactorias para las autoridades superiores de la Nueva España, ya que los partidarios de una renovación en el orden de cosas lograron que salieran electos quienes simpatizaban con sus ideas, y así no se eligió a ningún peninsular. Francisco Galicia y Ángel Vargas Machuca, los dos regidores indígenas con que contaba el nuevo ayuntamiento, al igual que otros de sus miembros fueron vistos con desconfianza por Calleja. El 22 de junio, a poco más de dos meses de haberse instalado el nuevo cabildo, el virrey informaba al ministro de Gobernación de Ultramar que quienes lo componían "fueron entresacados y elegidos de entre los más adictos al partido de la insurrección". [ 101 ] Recordemos aquí que tanto Galicia como Vargas Machuca habían sido invitados a participar en las juntas promovidas en Santiago por Mariano Paz y Carrión en junio de 1809,[ 102 ] aunque no se les pudo probar culpa alguna.

Las sospechas que Calleja abrigaba sobre Galicia fueron aumentando con el transcurso del tiempo. A poco de que el virrey envió el oficio citado en el párrafo anterior, cayó en poder de los realistas una carta dirigida a Rayón, escrita supuestamente por Galicia, en la que se le ofrecía la ayuda de los indios de la capital para que los insurgentes se apoderaran de ella. Sin embargo de iniciársele causa y de hacerse las diligencias del caso, no pudo comprobarse que la carta la hubiera escrito el regidor. Por esos mismos días, Calleja recibió una denuncia anónima contra Galicia, enviada al parecer por algunos indígenas de la parcialidad de San Juan, en la que se le acusaba de hablar mal del gobierno y de tratar de atraerse al populacho. Hechas las averiguaciones pertinentes, tampoco resultó posible probar nada en contra del ex gobernador. [ 103 ]

En el mes de octubre, a escasos tres meses de la denuncia anterior, Galicia de nuevo tuvo problemas con el virrey a causa de un escrito que envió al intendente Ramón Gutiérrez del Mazo sobre el mal comportamiento de las tropas españolas en los barrios indígenas. El tono exaltado de su oficio, en el que hablaba de que el pueblo desesperaba ya por los atropellos que sufría y no podría contenerlo, provocó que Calleja le pidiera aclaraciones sobre algún posible alboroto. También en esta ocasión Galicia pudo salir con bien del problema y su causa quedó suspendida. Para dejar caer todo el peso de su justicia sobre el regidor, el virrey decidió esperar momentos más oportunos, los que se presentarían en agosto de 1814, cuando, abolida la Constitución de Cádiz y reestablecido el antiguo sistema, las autoridades de la Nueva España pudieron recurrir a medidas más directas y efectivas contra quienes habían aprovechado las circunstancias brindadas por la apertura liberal de la península para la consecución de cambios de importancia en la colonia.






[ 1 ] Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), traducción de Julieta Campos, México, Siglo XXI Editores, 1967, 533 p., ils., p. 81.

[ 2 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 8.

[ 3 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon Mexico, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 168, y María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España 1760-1808, México, El Colegio de México, 1950, 250 p., ils. y mapas, p. 90.

[ 4 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 4, 9-10.

[ 5 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 57.

[ 6 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 137.

[ 7 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 11.

[ 8 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 147.

[ 9 ] Lyle N. MacAlister, The "fuero militar". New Spain 1764-1800, Westport, Connecticut, Greenwood Press, Publishers, 1957 (reimpreso en 1974), 117 p., p. 33.

[ 10 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 149-150. Representaciones de José Antonio de Alzate al virrey del 6 de diciembre de 1796 y del 13 de julio de 1797, Archivo General de la Nación, Historia, v. 44, exp. 18, f. 453-456 v.

[ 11 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 147.

[ 12 ] María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España 1760-1808, México, El Colegio de México, 1950, 250 p., ils. y mapas, p. 143 y 145.

[ 13 ] Lyle N. MacAlister, The "fuero militar". New Spain 1764-1800, Westport, Connecticut, Greenwood Press, Publishers, 1957 (reimpreso en 1974), 117 p., p. 70-71.

[ 14 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 98.

[ 15 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 248-249, y "To serve the King. Military recruitment in late Colonial Mexico", Hispanic American Historical Review, v. 55, n. 2, mayo 1975, p. 245-246.

[ 16 ] Representación del Ayuntamiento de México al virrey Iturrigaray, 19 de julio de 1908, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, v. I, p. 483.

[ 17 ] "Ofertas hechas al excelentísimo señor virrey por las parcialidades de indios de esta capital", 21 de julio de 1808, Suplemento a la Gazeta de México del sábado 10 de septiembre de 1808, publicado el martes 13, t. XV, n. 94, p. 665-666.

[ 18 ] "Cuaderno de listas de los militares patriotas de esta parcialidad de San Juan.", Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 2o., f. 59.

[ 19 ] Representación de la república de naturales de Querétaro al virrey Iturrigaray, Querétaro 27 de julio de 1808, Suplemento a la Gazeta de México del miércoles 31 de agosto de 1808, publicado el viernes 2 de septiembre, t. XV, n. 87.

[ 20 ] "Otras ofertas hechas por la ciudad de Texcoco y las repúblicas de naturales de su jurisdicción", septiembre de 1808, Suplemento de la Gazeta de México del miércoles 14 de septiembre de 1808, publicado el viernes 16, t. XV, n. 96, p. 677.

[ 21 ] "Noticia de las ofertas que han hecho algunos cuerpos, vecinos e indios de Guadalajara.", s. f., Gazeta extraordinaria de México del viernes 18 de noviembre de 1808 por la tarde, t. XV, n. 127, p. 884.

[ 22 ] Representación del Ayuntamiento de Jalapa al virrey Iturrigaray, 20 de julio de 1808, y representación del Ayuntamiento de Querétaro al mismo virrey, 30 de julio de 1808, en Genaro García, Documentos históricos mexicanos, 7 v., México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1919, v. II, p. 35-37 y 43. Véase también la Gazeta de México del viernes 18 de noviembre de 1808 por la tarde, t. XV, n. 127, p. 884.

[ 23 ] El conde de la Cadena al virrey Iturrigaray, Puebla, 8 de agosto de 1808, Suplemento a la Gazeta de México del miércoles 14 de septiembre de 1808, publicado el viernes 16, t. XV, n. 96, p. 676-677.

[ 24 ] Oferta del Real Cuerpo de Minería al virrey Iturrigaray, 1 de agosto de 1808, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. I, p. 505-506.

[ 25 ] "Disposiciones del excelentísimo señor virrey sobre la creación del nuevo Cuerpo Militar de Voluntarios de Fernando VII", Suplemento a la Gazeta de México del sábado 6 de agosto de 1808, publicado el domingo 7, t. XV, n. 74, p. 545-546.

[ 26 ] Proclama de Fernando VII, Bayona, 7 de mayo de 1808, Gazeta de México del miércoles 12 de octubre de 1808, t. XV, n. 111, p. 767.

[ 27 ] "Solicitud de los cajeros de San Luis Potosí para formar una Compañía de Voluntarios de Fernando VII", Suplemento a la Gazeta de México del miércoles 31 de agosto de 1808, publicado el viernes 2 de septiembre, t. XV, n. 87, p. 626.

[ 28 ] "Razón de los alistados voluntarios de nuestro amadísimo soberano Fernando VII", Suplemento a la Gazeta del miércoles 14 de septiembre de 1808, publicado el viernes 16, t. XV, n. 96, p. 675.

[ 29 ] El conde de la Cadena al virrey Iturrigaray, Puebla, 6 de septiembre de 1808, Suplemento a la Gazeta del miércoles 14 de septiembre de 1808, publicado el viernes 16, t. XV, n. 96, p. 676.

[ 30 ] El conde de la Cadena al virrey Iturrigaray, Puebla, 6 de agosto de 1808, en Genaro García, Documentos históricos mexicanos , 7 v., México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1919, v. II, p. 50, y Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 139.

[ 31 ] Relación formada por el Real Acuerdo de los pasajes más notables ocurridos en las juntas Generales convocadas por el virrey Iturrigaray, 16 de octubre de 1808, en Genaro García, Documentos históricos mexicanos , 7 v., México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1919, v. II, p. 137-138.

[ 32 ] Oficio de Eleuterio Severino Guzmán al virrey Calleja, ca. 25 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 4o., f. 2 v.

[ 33 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 166.

[ 34 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 166.

[ 35 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 285.

[ 36 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 169.

[ 37 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 183.

[ 38 ] Véase la Gazeta de México del sábado 15 de octubre de 1808, t. XV, n. 118.

[ 39 ] "Orden para que se retiren a sus casas los voluntarios de Fernando VII, dándoles las gracias por sus servicios", en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. I, p. 616-617.

[ 40 ] "Decreto en honor del Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII levantado en esta ciudad", Gazeta de México del miércoles 19 de octubre de 1808, t. XV, n. 115, p. 804.

[ 41 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 186-187.

[ 42 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 193-194.

[ 43 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 186-187.

[ 44 ] Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 366 p., ils., p. 286.

[ 45 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 183.

[ 46 ] "Representación sobre la necesidad de aumentar la fuerza armada para mantener la seguridad pública", de Manuel Abad y Queipo, Valladolid, 16 de marzo de 1808, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 881.

[ 47 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 191.

[ 48 ] Proclama del virrey Pedro Garibay, México, 20 de abril de 1809, Gazeta de México del sábado 29 de abril de 1809, t. XVI, n. 156, p. 365-368.

[ 49 ] Francisco Antonio Galicia al virrey Garibay, 7 de mayo de 1809, Gazeta de México, miércoles 17 de mayo de 1809, t. XVI, n. 62, p. 415-416. Alamán dice que esta respuesta le fue dictada a Galicia por el asesor del Juzgado de Naturales, el oidor Guillermo de Aguirre (Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 189). Aun siendo así, la contestación de Galicia a Garibay sigue siendo válida como una demostración de su fidelidad.

[ 50 ] "Orden de la plaza de 3 de noviembre de 1809.", en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. I, p. 715-716.

[ 51 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 203.

[ 52 ] "El licenciado don Juan Nazario Peimbert propone un arbitrio para la formación de un ejército de 200 mil hombres a poco costo", México, 7 de abril de 1810, Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra, v. 410. No deja de llamar la atención el hecho de que Peimbert, al proponer la creación de lo que él llamó un ejército, no lo hiciera con los métodos modernos de la organización militar de la época sino que recurriera al antiguo sistema del servicio militar voluntario.

[ 53 ] Respuesta del arzobispo-virrey Francisco Xavier Lizana a J. N. Peimbert, México, 13 de abril de 1810, Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra , v. 410.

[ 54 ] Propuesta de Dionisio Cano y Moctezuma al arzobispo-virrey Lizana, México, 27 de abril de 1810, Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra , v. 410.

[ 55 ] Respuesta del arzobispo-virrey Lizana a D. Cano y Moctezuma, México, 4 de mayo de 1810, Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra , v. 410.

[ 56 ] Mariano Paz Carrión fue remitido a La Habana, donde se hallaba todavía en 1814. Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 64, f. 163-164.

[ 57 ] Certificación de Julián Roldán, 2 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 64.

[ 58 ] Declaración de D. Cano y Moctezuma, 2 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 86.

[ 59 ] Declaración de J. Roldán, 25 de agosto de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 64, f. 128-128 v.

[ 60 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 150, 179 y 248.

[ 61 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 292.

[ 62 ] Exposición de la parcialidad de San Juan, 27 de septiembre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 115-116.

[ 63 ] Exposiciones de la parcialidad de Santiago, 5 de octubre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 721.

[ 64 ] Oficio del gobernador y república de Santiago Chalco al virrey Venegas, s. f., en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 125, oficio de la república de San Francisco Tepeaca al virrey Venegas, 1 de octubre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 121-122; oficio del subdelegado de la Villa de Jalapa de la Feria al virrey Venegas, 1 de noviembre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 244, y ofrecimiento del ayuntamiento de Tlaxcala al virrey Venegas, 6 de octubre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 143-144. Alamán menciona también a las repúblicas de Querétaro, Nopalucan y Tepeaca (Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 256).

[ 65 ] Bando del 5 de octubre de 1810, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 136-137

[ 66 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 250.

[ 67 ] Hugh. H. Hamill, Jr., The Hidalgo review. Prelude to Mexican Independence, 2a. ed., Gainesville, University of Florida Press, 1970, 284 p., mapas, ils., p. 168.

[ 68 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 311.

[ 69 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 311. La aparición de estos negros en terrenos que pertenecían a la jurisdicción de la parcialidad de San Juan motivó que su alcalde Ramón Elizalde le preguntar al virrey si ello era con su consentimiento ("Extractos del expediente sobre auxilios de fuerza armada de varios hacendados", en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. II, p. 214-215.

[ 70 ] Oficio de F. A. Galicia a Ramón Gutiérrez del Mazo, 24 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 4o., f. 13-14.

[ 71 ] Oficio de José Francisco de Villanueva al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o.

[ 72 ] Oficio de José Francisco de Villanueva al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o.

[ 73 ] "Leva sagrada de patriotas marianas", en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. III, p. 566-568.

[ 74 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 313.

[ 75 ] Timothy Anna, The fall of the royal government in Mexico City, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1978, 289 p., p. 84.

[ 76 ] "D. Félix María Calleja propone al virrey un proyecto para armar y pacificar el reino". Aguascalientes, 8 de junio de 1811, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. III, p. 289-290.

[ 77 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. II, p. 178.

[ 78 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. II, p. 280, y Timothy Anna, The fall of the royal government in Mexico City, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1978, 289 p., p. 85.

[ 79 ] Quejas expuestas por la Junta de Policía, 25 de diciembre de 1811, en J. E. Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. IV, p. 731.

[ 80 ] Dos oficios de Pedro de la Puente a Rafael de la Llave, asesor del Juzgado de Naturales, 27 de noviembre de 1811, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. IV, p. 742 y 743.

[ 81 ] Oficio de A. Galicia a R. de la Llave, 20 de diciembre de 1811, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. IV, p. 742-743.

[ 82 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. II, p. 353-354.

[ 83 ] Oficio de J. F. de Villanueva al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 2o.

[ 84 ] Andrés Lira, Las extinguidas parcialidades, p. 18 y 27. (Obra mecanoescrita.)

[ 85 ] Véase oficio de F. A. Galicia a R. Gutiérrez del Mazo, 24 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 4o., f. 13-14.

[ 86 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 392.

[ 87 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 404.

[ 88 ] Según el "estado que manifiesta el número de habitantes que tiene México", del 26 de diciembre de 1811, Santiago contaba con 3 382, mientras que San Juan llegaba a 12 797 (Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, 6 v., México (Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana"), José María Sandoval, 1878-1881, t. IV, p. 745).

[ 89 ] Ernesto de la Torre, Los "Guadalupes" y la Independencia, México, Jus, 1966, 186 p., p. 10-17.

[ 90 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 260.

[ 91 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 260.

[ 92 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 404.

[ 93 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 274.

[ 94 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 264.

[ 95 ] Véase oficio de E. S. Guzmán al virrey Calleja, 12 de octubre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 1o., f. 3.

[ 96 ] Citado por E. S. Guzmán en su oficio al virrey Calleja, 12 de octubre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, f. 2-3.

[ 97 ] Oficio de E. S. Guzmán y José Antonio Sandoval al virrey Calleja, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 76.

[ 98 ] Nota del virrey Calleja al oficio anterior, 27 de marzo de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 76.

[ 99 ] Andrés Lira, Las extinguidas parcialidades , t. III, p. 28.

[ 100 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 262.

[ 101 ] Comunicación del virrey Calleja al ministro de Gobernación de Ultramar, 22 de junio de 1813, en Ernesto de la Torre, Los "Guadalupes" y la Independencia , México, Editorial Jus, 1966, 186 p., p. 38-39.

[ 102 ] Véanse las notas 57 a 59.

[ 103 ] Las diligencias seguidas contra F. A. Galicia se encuentran en Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 23 y 64.






Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 10, 1986, p. 11-83.


DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas





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Fuente:

http://www.historicas.unam.mx/public...ehmc10/123.pdf

LOS INDIOS VOLUNTARIOS DE FERNANDO VII


Virginia Guedea

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El Cuerpo Patriótico Nacional de Soldados Voluntarios de Fernando VII

Para alcanzar su propósito de pacificar a la Nueva España, Calleja necesitaba contar con una fuerza militar poderosa y bien equipada; así, se dedicó a conseguir dinero y hombres, por lo que durante su gobierno se intensificaron los préstamos forzosos y las levas. Este virrey, como señala el historiador Anna, en forma gradual pero a sabiendas de lo que hacía convertiría al régimen realista en un régimen militar.[ 104 ] A esto se debió, en buena medida, que en la Nueva España se fuera percibiendo de manera cada vez más clara que las fuerzas armadas eran el principal apoyo en que se sustentaban las autoridades coloniales y que, a partir de entonces, ya no se concibiera fácilmente la existencia de un poder político que no implicara por necesidad una fuerza militar.

A pesar de que desde la subida de Calleja al poder las levas en la ciudad de México habían aumentado en intensidad y frecuencia, los batallones de patriotas de Fernando VII, con que para su defensa y vigilancia contaba la capital, se hallaban incompletos y muchos de los individuos que en ellos debían servir utilizaban alquilones. Para remedio de esa situación, a principios de octubre de 1813 el virrey ordenó el alistamiento en la ciudad de México de todos los vecinos que contaran entre dieciséis y cincuenta años y que pudieran prestar servicio militar, y dio el término de ocho días para que se presentaran a servir en los batallones de patriotas, so pena de servir en un cuerpo de línea.[ 105 ]

Estas disposiciones de Calleja provocaron una nueva oferta de la parcialidad de San Juan. Su gobernador, Eleuterio Severino Guzmán, dirigió un oficio al virrey, fechado el día 12 del mismo octubre, en el que le expresaba que entre todas las naciones que habían mostrado ser leales la indiana había dado las mayores y más realzadas pruebas de lealtad, amor, fidelidad y patriotismo y le recordaba su oferta presentada a Iturrigaray en 1808, reiterada ese mismo año por Galicia a Garibay y renovada en 1809 por Cano y Moctezuma a Lizana. Al iniciarse la insurrección, el mismo Cano y Moctezuma había revalidado ante Venegas todas las ofertas anteriores; entonces el virrey dispuso que se formasen dos compañías de lanceros y concedió a quien ocupase el cargo de gobernador el grado de teniente coronel con respecto tanto a los lanceros como a los demás indios que se pusiesen sobre las armas. El gobernador recordaba también a Calleja que al tomar éste posesión del cargo de virrey el mismo Guzmán le había ofrecido catorce mil hombres para el servicio militar. Aunque probablemente el número de indígenas hubiera disminuido por la epidemia sufrida hacía poco, si el virrey pretendía "resguardar esta ciudad de los revolucionarios traidores que han perturbado el sosiego y tranquilidad de la paz en que vivíamos gustosamente obedientes", como infería del bando en que ordenaba el alistamiento de patriotas, los indios con que contaba el gobernador serían más que suficientes y lo harían con "más empeño y mejor lustre" que nadie, puesto que eran "los verdaderos patriotas", alistados ya desde su primera oferta, la que de nuevo revalidaba. Para cumplirla, sólo esperaba que el virrey le diera la orden y se le entregaran los fusiles necesarios para instruir y disciplinar militarmente a los indios, de lo que se encargaría el propio gobernador. Sin embargo, para que Guzmán pudiera poner "íntegro el considerable número de gente que puede formar un respetable ejército", también era necesario que el virrey ordenara "a los comandantes de patriotas de los pueblos comarcanos que no incluyan en sus compañías a los puros indios", porque se desmembraría la gente y no podría cumplir su oferta pues, "aunque se quiera decir que lo mismo es que sirvan aquí que allí, no es de fundamento alguno, porque la gente unida hace más resistencia que dividida, como bien lo sabe vuestra excelencia". [ 106 ] Guzmán confiaba en recibir una respuesta afirmativa de Calleja. Lo que el oficio deja traslucir es, más que su preocupación porque los indios sirvieran militarmente de manera efectiva en defensa del régimen, su preocupación porque quien mantuviera el control directo sobre ellos fuera el mismo gobernador. Por esas fechas, don Eleuterio había iniciado ya los trabajos necesarios para formar con los indios de su jurisdicción un cuerpo armado para la defensa de la capital que estuviese bajo su mando. Desde el 1 de septiembre, casi mes y medio antes de su oficio a Calleja, se formó un "Cuaderno de listas de los militares patriotas de esta parcialidad de San Juan", donde se registraron los habitantes de sus distintos pueblos y barrios. Estas listas se habían sacado de las mandadas hacer por Guzmán en 1808, cuando éste y Vargas Machuca pusieron los indígenas de las parcialidades a disposición de Iturrigaray.[ 107 ] El deseo de Guzmán de tener bajo su mando una fuerza militar compuesta por los indios de su jurisdicción, manifestado ya en 1808, parecía poder cumplirse plenamente en 1813, cuando el virreinato entero se militarizaba.

Calleja tomó la nueva oferta del gobernador de San Juan como una más de las que las corporaciones indígenas acostumbraban hacer a las autoridades superiores y, al igual que sus antecesores en circunstancias semejantes, contestó a Guzmán su oficio diciéndole que con satisfacción veía confirmado su concepto de "la no interrumpida fidelidad de las parcialidades de indios de esta Corte"; le expresaba también que cuando fuera oportuno y las circunstancias lo exigieran haría uso de las fuerzas de las parcialidades unidas y, mientras tanto, les daba las gracias en nombre del rey.[ 108 ] Hay que señalar que tanto el virrey como las demás autoridades que intervinieron después en el asunto que aquí se estudia, en sus escritos siempre se refirieron a las dos parcialidades como si se trataran de una sola entidad, a pesar de que sus gobernadores no siempre actuaron de acuerdo y en alguna instancia adoptaron posturas diferentes.

La respuesta de Calleja, deliberadamente ambigua de su parte, fue tomada por Guzmán como favorable a su proposición y así se dispuso a proseguir sus tareas con renovados bríos. De hecho, para el gobernador de San Juan la oportunidad que mencionaba el virrey se había presentado ya. Sus empeños y los de quienes lo ayudaron para llevar a cabo sus propósitos han quedado detalladamente registrados en la causa que a consecuencia de sus actividades se les siguió a todos ellos a principios de 1814. Las numerosas diligencias a que dio lugar y los papeles que al formarla se recogieron permiten seguir, casi paso a paso, los trabajos emprendidos por Guzmán y sus colaboradores para levantar un cuerpo de patriotas indígenas que debía depender directamente del gobernador.

Al ver por el oficio de Calleja que cuando fuera oportuno utilizaría las fuerzas de ambas parcialidades, Guzmán pensó que era necesario saber con cuánta gente se contaba y hacer que estuviese dispuesta; cuando menos ésta fue la postura que después sostendría. Sobre ello consultó, según su propia confesión, con José Salazar, alcalde supernumerario de San Juan, quien no sólo fue de parecer de que se hicieran sino que se convirtió en su principal promotor.[ 109 ] Salazar era español natural de México y había estado ligado desde hacía tiempo a la parcialidad de San Juan, de la que había sido alcalde supernumerario hacia el año de 1802. En abril de 1813 le había pedido a don Eleuterio que lo nombrase nuevamente alcalde y así fue como gozaba de la confianza del gobernador.

Al tiempo que iniciaba los trabajos de organizar un cuerpo de patriotas, el gobernador de San Juan volvióse a ocupar de la concesión de resguardos a los indios de su jurisdicción. Según su propia declaración, como la leva continuaba rigurosa le pidió de nuevo al virrey, esta vez de manera verbal, que se concedieran resguardos a los indios, ofreciendo una vez más que estarían siempre prontos para cualquier eventualidad. También de palabra le contestó Calleja y, al igual que lo había hecho en marzo de ese año, concedió a Guzmán que se otorgaran los resguardos y se diera aviso de ello al sargento mayor de la plaza, José Mendívil.[ 110 ] De inmediato el gobernador, acompañado de Salazar, se presentó ante dicho oficial para informarle de la concesión otorgada por el virrey de dar resguardos, a los que Mendívil debía poner su visto bueno, y éste les dijo entonces que le presentaran un ejemplar.[ 111 ]

De ser exactas las anteriores aseveraciones de Guzmán, la premura que en ese momento mostró don Eleuterio porque los indígenas de su jurisdicción contaran con los resguardos contrasta con la inactividad manifestada siete meses antes por el mismo Guzmán, cuando por primera vez solicitó y obtuvo del virrey su concesión. Para que el gobernador procediera a esta tarea no era realmente necesaria una nueva licencia, y menos de palabra, puesto que ya se contaba con un permiso escrito; es probable que haya hecho una nueva solicitud porque así conviniera a sus propósitos de formar un cuerpo de patriotas. Por un lado, le interesaba desde luego poner un freno a la leva de los indígenas, no sólo porque afectaba seriamente la vida de su comunidad sino porque, de proseguir con la misma intensidad, habría cada vez menos individuos para la integración de las fuerzas que deseaba tener bajo su mando, como claramente lo había expuesto al virrey en su representación del 12 de octubre. Por otro, al concederse los resguardos debían hacerse listas y emprenderse otras tareas igualmente necesarias para iniciar la organización de los patriotas, por lo que ambos trabajos podrían llevarse a cabo al mismo tiempo. Por último, pudo haber considerado don Eleuterio que, si surgía algún problema con las autoridades superiores por la formación del cuerpo de patriotas, siempre podría disimularse explicando que lo que se llevaba a cabo era, primordialmente, la concesión de resguardos, como de hecho ocurrió.

Según manifestó después Guzmán, como no se ponía de acuerdo con Salazar sobre la forma en que debían hacerse los resguardos, hizo traer un nombramiento de patriotas -que aparentemente Salazar consiguió en la villa de Guadalupe- y le ordenó a su escribiente, Ignacio Fernández, que sobre él hiciera un borrador para después mandarlo corregir.[ 112 ] Era Fernández, como Salazar, español de México y conocía bien los asuntos del gobierno de los indígenas, ya que también fue escribiente de Francisco Antonio Galicia, el anterior gobernador de San Juan. Salazar, en presencia de Fernández, le dijo a Guzmán que éste "ya estaba declarado comandante en la sargentía mayor de la plaza por ausencia de don Martín Barandiaran, que lo era de lanceros", por lo que el escribiente lo puso así en el borrador. [ 113 ] Por orden del gobernador y con acuerdo de Salazar, Fernández puso también que el resguardo se daba en virtud de lo prevenido por el virrey; pero, como don Eleuterio dijo haber perdido el oficio de Calleja, no se puso la fecha sino que se dejó en blanco, según declaración del propio escribiente.[ 114 ]

El hecho de que para formar un resguardo se hayan basado en un nombramiento de patriotas parece indicar que Guzmán y Salazar habían decidido aprovecharse del permiso de otorgar resguardos para al mismo tiempo formar un cuerpo de patriotas indígenas. Igualmente parece indicarlo así el hecho de que en los resguardos se haya dejado en blanco la fecha del oficio del virrey. Haya en verdad o no perdido Guzmán el oficio de Calleja -del que, por cierto, sólo aparece en la causa una copia-, bien debían saber las autoridades de San Juan que en él no se autorizaba la formación de ningún cuerpo ni tampoco se hablaba de conceder resguardos a los indios. Es probable que la fecha se haya dejado en blanco porque se pensaba factible conseguir en un futuro próximo la autorización virreinal para formar un cuerpo de patriotas; Guzmán mismo hizo dos nuevas solicitudes por escrito al tiempo que ya se estaban otorgando los resguardos, aunque sólo presentó una de ellas, y Salazar trató de este asunto con el sargento mayor.

Mientras se elaboraba el borrador, se prosiguió con la preparación de las listas de los habitantes de los pueblos y barrios de la jurisdicción de San Juan. Las que se encuentran recogidas en la causa fueron formadas en el periodo que va del 6 de noviembre al 23 de diciembre de ese año.[ 115 ] Como Salazar había consultado -o cuando menos así lo declaró- con el comandante de la partida de capa, José Joaquín Elizalde, sobre otorgar resguardos a los indios y el comandante le había dicho que convendría que se pusiese en ellos la filiación de cada uno para que no se los prestaran entre sí,[ 116 ] se decidió también incluirla. Tal y como se había convenido, Salazar llevó el borrador al sargento mayor de la plaza para que lo corrigiera y así lo hizo Mendívil. Ya corregido, Salazar lo llevó a la imprenta de Ontiveros, donde se tiraron quinientos ejemplares el 13 de noviembre. Tres días después, Guzmán envió con Salazar un ejemplar al sargento mayor, quien le quitó algunos renglones y, según declaró después el mismo gobernador, le mandó decir que "ya se lo había enseñado al señor virrey y que se pusiera en aquellos términos".[ 117 ] Lo que tachó el sargento mayor, según declararon Fernández y Salazar, fue la frase de que los resguardos se daban en virtud de lo consultado con el comandante de la partida de capa,[ 118 ] frase que no aparece ya en la segunda impresión. Según manifestó posteriormente el propio Mendívil, lo que se borró fue "y a lo consultado por el sargento mayor de la plaza", y así lo presentó al virrey, quien le dijo que estaba bien pero que pusiera su visto bueno.[ 119 ] Sin embargo de lo expresado por Mendívil, la frase sobre el sargento mayor sí se conservó al imprimirse por segunda vez los resguardos.

Mientras esto ocurría, Guzmán y Salazar conferenciaron con el gobernador de Santiago, Guadalupe Velasco, y con Vicente Villavicencio, maestro de primeras letras de dicha parcialidad, quien era además escribiente de su gobernador. Velasco era indígena; no así Villavicencio, quien era español de México y vivía en el tecpan de Santiago, donde tenía su escuela. Villavicencio también se ocupó, no sabemos desde cuándo, de ayudar al gobernador en el arreglo del piquete de lanceros de Santiago. Parece ser que hasta ese momento las autoridades de esta parcialidad no habían intervenido, por lo menos en forma directa, ni en el asunto de los resguardos ni en el de la formación de un cuerpo de patriotas. El motivo de la conferencia, según Fernández, fue decidir si se ponía a dos comandantes en los resguardos, por ser dos las parcialidades.[ 120 ] Muy probablemente porque la iniciativa provenía de San Juan, quedó Guzmán como comandante de ambas en el nuevo borrador y de éste se mandaron imprimir mil ejemplares.[ 121 ]

Las diferencias ya mencionadas entre las dos impresiones no fueron las únicas. En la segunda versión encontramos que el Cuerpo Patriótico de Soldados Voluntarios de Fernando VII -pues nada menos que un cuerpo de voluntarios de Fernando VII deseaba comandar don Eleuterio-, se convirtió, además, en "nacional". La primera habla únicamente de las compañías de lanceros de infantería y caballería de la parcialidad de San Juan, mientras que la segunda se refiere a compañías de infantería y caballería del cuerpo patriótico nacional, sin mencionar ya a los lanceros. También en la segunda versión se habla de batallones, mientras que en la primera sólo se mencionan compañías; además, se aumentó un nuevo dato para el registro de la filiación de los alistados. Se debe señalar que esta segunda impresión no fue la única utilizada por Guzmán y Salazar; en el expediente de la causa se encuentran no pocos ejemplares de la primera, debidamente llenados y firmados, cuyas fechas de expedición hacen ver que se otorgaron al mismo tiempo las dos versiones impresas.

Según declaración de Guzmán, una vez impresos los resguardos de inmediato se comenzaron a llenar con los nombres y datos de los indígenas "y se les iba dando a cada uno el suyo".[ 122 ] De hecho, los resguardas comenzaron a repartirse desde antes, pues los primeros habían sido manuscritos y por ellos se llegaron a cobrar hasta veinte reales.[ 123 ] Una porción de los impresos se llevó a casa del sargento mayor para que les pusiera el visto bueno, donde quedaron detenidos como quince días por no tener Mendívil tiempo de firmarlos.[ 124 ] Aparentemente hasta entonces ni el sargento mayor ni el virrey habían visto nada extraño en las actividades emprendidas por Guzmán y Salazar, pues aunque claramente los papeles presentados hacían referencia a la formación de un cuerpo de patriotas, fueron tomados simple y sencillamente como resguardos, que también lo eran.

Para conseguir la información que debía registrarse en ellos, el gobernador había mandado llamar a Miguel Nava, quien era alcalde de república del barrio de Santa María de la parcialidad de San Juan. Indio cacique natural de Temascalcingo, Nava se dedicaba a vestir estampas de papel, las que luego vendía. Es muy probable que se le haya llamado tanto por su condición de alcalde como por su experiencia en cuanto a efectuar alistamientos, la que había obtenido como sargento de lanceros durante el gobierno de Venegas. Nava fue recibido por Guzmán y Salazar y, según declaró después, se le previno que alistara a la gente del barrio de Santa María "porque se iban a aumentar los patriotas lanceros". [ 125 ] Vemos, pues, que el gobernador, apoyado e impulsado por Salazar, no se disponía únicamente a dar resguardos a los indios sino que estaba ya decidido a formar un cuerpo de patriotas voluntarios de Fernando VII que debía quedar bajo su mando, tal y como lo decían los impresos.

Salazar fue comisionado -o se hizo comisionar- por Guzmán para entender "en todos los asuntos militares de patriotismo, y al efecto [el gobernador] le señaló un cuartito en el tecpan de San Juan, el cual llamaban la Mayoría", donde despachaba nombramientos y contestaba peticiones de quienes querían ser oficiales, según su propia declaración.[ 126 ] Es probable que el sitio donde trabajaba Salazar hubiera recibido ese nombre a causa de que éste se encontraba desempeñando las funciones de sargento mayor y como tal era conocido por muchos.

Además de los listados de los nombres de los distintos individuos, se elaboraron también listados de sus filiaciones. Salazar consiguió los servicios de Ignacio Islas para que fuera "de su inspección arreglar las listas y apuntar las filiaciones de los que le ponía delante Salazar", según declaración del propio Islas, [ 127 ] a quien se le ofrecieron dos reales diarios por desempeñar esta tarea. Islas, quien no era indígena sino español, había sido escribiente en San Juan y era peluquero de oficio.

Miguel Nava, por su parte, dio comienzo en Santa María al alistamiento que se le había encargado, "el que verificó de quinientos hombres" que llevó a presentar al tecpan. Allí le dijo Salazar que los arreglara por compañías y les nombrase cabos y sargentos mientras que el virrey les daba a estos oficiales sus nombramientos. Igualmente le encargó que principiara a hacer asambleas con los alistados y los llevara a misa, para lo que le mandó una caja y cuatro lanzas; así lo hizo Nava y, para pagar al padre y al tambor, los cabos y los soldados daban una cuartilla y los sargentos medio real.[ 128 ] Como se le informó que estas asambleas debían efectuarse "para evitar que en la ociosidad se entregaran a los vicios y para que al mismo tiempo se habilitaran para el servicio militar", Nava aceptó hacerlas, lo que llevó a cabo en el Puente de las Guerras. Convino en hacer también "un uniforme, según el modelo que se le dijo se había de presentar a la superioridad y había de usar la tropa". Nada de esto llamó su atención, según declaró después, porque así se había procedido anteriormente en los alistamientos de los lanceros. También explicó más tarde haber creído que Guzmán y Salazar habían sido nombrados comandante y sargento mayor, respectivamente, y que ambos estaban facultados por el gobierno para nombrar oficiales; incluso le dijeron a Nava que lo harían capitán.[ 129 ]

Para la elaboración de la lista de los patriotas, Nava -quien no sabía escribir- contó con el auxilio de Manuel Nájera, su escribiente. Al igual que Fernández e Islas, colegas suyos en estas tareas, Nájera era español natural de México y, según declaró, se dedicaba a comerciar con alquiladuría de ropa. [ 130 ]

Salazar era quien entregaba los nombramientos; pero, como exigía cuatro reales y medio por cada uno, muchos de los alistados se quedaron sin ellos por no poder pagarlos, a decir de Nava. Éste reclamó sobre ello al gobernador y también se quejó con él del "genio altanero y soberbio" de Salazar, quien maltrataba a los alistados si no le llevaban el dinero. [ 131 ] Las declaraciones del mismo Nava y de algún otro de los involucrados en todos estos trabajos coinciden en señalar que Salazar se incomodaba a menudo con los soldados que no se le formaban, así como con quienes no se quitaban el sombrero en su presencia, además de dar otras muestras de su prepotencia.[ 132 ]

Según declaración de don Eleuterio, lo que le había encargado a Salazar era que cobrara tan sólo lo indispensable para pagar los gastos, que debían ser de aproximadamente dos reales por nombramiento;[ 133 ] Salazar insistiría después que el gobernador no le había señalado precio.[ 134 ]

Bartolomé Cánovas, español peninsular, era un alférez retirado que había servido en varios regimientos novohispanos. Según declaración suya, al verse cargado de familia y sin más haberes para su sostenimiento que el corto prest que recibía, por sugerencia de Nava se acercó a Salazar para ver si lo destinaba a la enseñanza del ejercicio a los patriotas, con la esperanza de recibir una gratificación. Salazar lo envió entonces a hacer el alistamiento en los barrios de San José y la Santa Veracruz, para lo que le dio un padrón viejo. Cánovas alistó cosa de cuatrocientos hombres y los citó para el siguiente domingo, de acuerdo con las instrucciones de Salazar. En la Plazuela de Tarasquillo comenzó a enseñar a unos ciento cincuenta individuos, lo que efectuó durante tres domingos, sin obtener nada en pago a sus esfuerzos. [ 135 ]

En la organización de los cuerpos de voluntarios indígenas participó también Francisco Xavier Casela, español de México que era escribiente en el oficio del gobierno. Por sus declaraciones, vemos que, al saber "que de parte de la sargentía mayor se iba a crear el citado regimiento" y en legítima busca de "sus adelantos y honores", se acercó al gobernador, a quien le pidió una charretera, y así fue como llegó a ejercer las funciones de ayudante en el batallón de Santa María y en el de Tarasquillo. [ 136 ]

Además de Cánovas y Casela, hubo otro ayudante, de quien sabemos que se llamaba José María Cabello y que era alférez; pero, como no se le encontró cuando comenzaron a hacerse las averiguaciones sobre todas estas actividades ni tampoco mientras duró el proceso, eso es todo lo que conocemos de él.

En los trabajos de organización de los patriotas indígenas intervinieron, además de los ya mencionados, algunos otros individuos ajenos a las parcialidades. El relojero José María Pérez fue uno de ellos.

Éste era español, natural de San Luis Huamantla y vecino de México. Al saber que se iban a levantar batallones en San Juan, Pérez pasó con Guzmán a pedirle una charretera de alférez. El gobernador lo remitió entonces con Salazar, quien lo mandó a presentarse en las asambleas que se llevaban a cabo en Santa María. Tomó Pérez parte en dos de ellas y después de la primera ofreció un almuerzo a Salazar, Nava, Nájera, Cabello y otros de los organizadores.[ 137 ] También participó en las asambleas de Santa María otro español, llamado Manuel Serveta, quien era natural de México, se dedicaba a tratante en el Parián y, además, pertenecía a una compañía de patriotas. Con el deseo de que lo nombraran alférez, asistió a tres de las asambleas y en ellas se ponía a la cabeza de los alistados; pero, a pesar de todos sus esfuerzos, se le mandó que se retirara. [ 138 ] Quien le dio esta orden fue Santos Díaz, indio cacique de México que tenía una casa de prensa y que era también alcalde de San Juan. Al saber que se llevaban a cabo estas asambleas, Díaz se había presentado en ellas y, según declaró después, Salazar le dijo entonces "que había de ser alférez", lo que puede explicar la orden dada a Serveta.[ 139 ]

Los alcaldes de república de los barrios de Santa Cruz y Soledad y de San Pablo también participaron en los alistamientos de patriotas. El primero, llamado Eusebio Antonio Dávila, era indio vecino de México que se dedicaba a comerciar con leña y semillas. Por orden de Guzmán y Salazar se encargó de alistar a los vecinos de Santa Cruz y Soledad, a los que condujo al tecpan, como se le había ordenado. [ 140 ] Bonifacio Antonio Campos, alcalde de San Pablo, era también indígena, aunque cacique, y de oficio albañil. Don Eleuterio le encargó que efectuara en su barrio los alistamientos; Salazar, a su vez, le ordenó que llevara a cabo asambleas y le previno que condujera a su gente al tecpan. [ 141 ] Además, Salazar le encargó a Nava que organizara por compañías a los alistados en Santa Cruz y San Pablo por sus alcaldes de barrio y los nombrara también cabos y sargentos, lo que Nava llevó a cabo.[ 142 ] Según declaración de Fernández, a Antonio Galicia, hermano de don Francisco, Salazar envió orden "para que procediese a los alistamientos en el barrio de Acatlán", pero asimismo declaró que oyó decir que "no tuvo a bien Galicia el citado alistamiento",[ 143 ] sin aclarar el porqué.

No sólo en los barrios ya mencionados se efectuaron estas funciones. Sabemos que también se hicieron alistamientos y se registraron las filiaciones de los habitantes de algunos otros lugares sujetos a la parcialidad de San Juan, como puede verse por las listas que quedaron recogidas en el expediente de la causa. Así ocurrió tanto en el barrio de la Ascensión Tlascocomulco como en los pueblos de Romita, San Miguel Chalmita, San Pablo Xalpa, San Miguel Chapultepec, Santa María Magdalena Salinas, La Piedad y San Lucas Tepetlacalco. También hubo alistamiento en Santa Mónica, Ixtacalco, San Andrés, La Ladrillera, San Simón, Nativitas y Santa Anita.[ 144 ]

Mientras se ocupaban de efectuar alistamientos y asambleas, Guzmán y Salazar no desatendieron a los lanceros, que estaban al cuidado de don Eleuterio y cuyas listas firmaba como gobernador, además de poner el visto bueno en las que se mandaban a la tesorería para su pago.[ 145 ] Prueba de su atención es que solicitaron de Francisco Méndez, teniente veterano del Regimiento de Infantería Provincial de la capital que a menudo concurría al tecpan de San Juan y asistía diariamente a la casa del sargento mayor, que "les pusiese el borrador de una orden que se les hiciese observar" a los lanceros, porque ni el sargento ni el cabo se sostenían con su servicio, "pues todos unánimes se embriagaban", y Méndez así lo hizo.[ 146 ]

Además de hacerse alistamientos y asambleas con los indígenas y de ocuparse del buen funcionamiento de los lanceros, el gobernador y Salazar establecieron guardias en el tecpan. Según Guzmán, éstas se habían iniciado desde que por la peste se habían enfermado los alcaldes, regidores, alguaciles y topiles de San Juan. No obstante, a partir de que se iniciara la organización de los patriotas voluntarios, funcionaron de manera más regular. Estas guardias hacían honores tanto a Guzmán como a Salazar y en ellas se alternaban los lanceros con los alistados de los distintos barrios, los que debían dar parte de sus actividades a Salazar, ya que éste funcionaba como sargento mayor.[ 147 ]

Según declaración de Guzmán, mientras Mendívil tenía en su poder los nombramientos para firmarlos, Salazar lo visitó y trató con él sobre la formación de un batallón de patriotas de infantería y un escuadrón y el sargento mayor le respondió que para ello se necesitaba permiso del virrey. A poco, Mendívil llamó a don Eleuterio y al gobernador de Santiago para informarles que el virrey no aceptaba el alistamiento de patriotas porque no quería distraer a los indios de sus trabajos y por la peste que habían sufrido y que ambos gobernadores debían presentarse ante Calleja. Así lo hicieron; entonces el virrey les repitió lo expuesto por Mendívil, por lo que Guzmán, según declaró después, ya no le presentó a Calleja un escrito que había redactado para conseguir su autorización de formar el batallón.[ 148 ] El sargento mayor, al informar más tarde sobre este asunto, se refirió tan sólo a que los nombramientos se los devolvió a Salazar sin firmar porque ya no eran necesarios, puesto que el virrey había prevenido al capitán de la compañía de capa que ya no se cogiese a los indios de leva, por lo que le manifestó que sólo firmaría los de los lanceros.[ 149 ]

Aunque no llegó a enviarse al virrey, es interesante el oficio que le escribió Guzmán al conocer su decisión porque muestra claramente el empeño del gobernador por proseguir con las funciones militares que había emprendido. En él le recordaba a Calleja que su lealtad y patriotismo lo habían llevado a ofrecerle la gente de las parcialidades para que se ocupasen del resguardo y defensa de la capital; como el virrey le había respondido que cuando fuese oportuno utilizaría las fuerzas de ambas parcialidades, el gobernador había procedido a hacer alistamientos y a instruir a los alistados en la disciplina militar. Sin embargo, por el sargento mayor se había enterado de que Calleja había dispuesto que sólo se diesen los resguardos a los lanceros y que no había aceptado que los alcaldes de la parcialidad ocuparan "los empleos de plana mayor", en que pensaba Guzmán que quedaran colocados, para no quitar a los indios de sus trabajos. Le suplicaba al virrey que no desairara su oferta y les aseguraba que todos estaban dispuestos a servir en defensa de la patria. Le recordaba, además, que los lanceros no necesitaban de ningún resguardo, pues a ellos no les afectaba de hecho la leva. Eran los otros indígenas a su cargo los que sí necesitaban de esta protección, sobre todo los habitantes de los pueblos, ya que, por ser los que abastecían a la ciudad, al acudir a ella a vender sus productos corrían peligro de ser reclutados. Y para demostrar su importancia como proveedores de bienes y servicios, Guzmán informaba al virrey, barrio por barrio y pueblo por pueblo, de las actividades y ocupaciones de los indios de San Juan. El gobernador terminaba su escrito diciéndole que esperaba que se le avisara, por medio del sargento mayor, si era o no del agrado de Calleja que se continuaran repartiendo los nombramientos o se dieran otros resguardos y si daba su permiso para que siguieran instruyéndose los indios y, finalmente, le pedía que para todo esto lo nombrara a él o a algún otro sujeto de la parcialidad. A pesar de que este oficio no tiene firma ni fecha, sabemos que fue redactado hacia fines de noviembre o principios de diciembre lo más tarde, según declaró el propio Guzmán, lo que coincide con lo expuesto por Fernández, quien lo puso de su puño y letra, y con lo declarado posteriormente por Salazar.[ 150 ]

En la causa se recoge otro escrito de don Eleuterio, así como la respectiva contestación del virrey. Aunque no están fechados ni tampoco aparecen mencionados en las diligencias del proceso, ambos documentos parecen corresponder a los días en que Calleja había decidido suspender la entrega indiscriminada de resguardos y el alistamiento de patriotas emprendidos por el gobernador. Es probable que Guzmán haya enviado su oficio poco después de que Salazar hablara con el sargento mayor sobre la organización de los patriotas y que por ello el virrey haya hecho comparecer a los gobernadores para explicarles su determinación de suspender estos trabajos. En este escrito, Guzmán le expresaba a Calleja que corrían a su cargo tanto la compañía de lanceros de la parcialidad como los patriotas voluntarios que se encontraba instruyendo los días de fiesta para que estuviesen listos para servir en caso necesario, con lo que se conseguiría también que se apartaran de los vicios, en especial de la bebida. A pesar de que los lanceros estaban sujetos a sus órdenes, por haberlo prevenido así el virrey, para poder efectuar las funciones militares con más autoridad pedía que se les pusiese por escrito, "declarándome expresamente comandante de la Compañía de Lanceros Patriotas de esta parcialidad que está en actual servicio y de las demás que se formen de los individuos de los pueblos de mi comprensión", para que le sirviera de título formal. Finalmente, el gobernador le pedía al virrey que también se le diera un nombramiento a Salazar, para que ésta prosiguiera ayudando al gobernador en el desempeño de sus funciones.[ 151 ]

La respuesta por escrito de Calleja fue en el mismo sentido que la expresada en forma verbal a ambos gobernadores. Le comunicaba a don Eleuterio que le era muy apreciable su dedicación, pero que, a causa de la epidemia sufrida por los indios, le parecía conveniente dejarlos en libertad para que se separaran de los rigores sufridos y se redimieran de su miseria. Por ello, le prevenía "que por ningún motivo los precise a alistarse ni a hacer servicio alguno, suspendiendo cualquiera operación que haya vuestra merced practicado por sí".[ 152 ]

A pesar de la decisión del virrey -a nuestro parecer clara y terminante-, no desmayó en su empresa don Eleuterio; tampoco desmayaron sus colaboradores, por lo que siguieron adelante alistamientos y asambleas. También continuaron las guardias, así como la distribución de nombramientos, llegándose incluso a extender algunos de los oficiales. El 19 de diciembre, Guzmán nombró ayudante con el grado de teniente a Francisco Xavier Casela, "usando de la facultad que tengo como comandante de dicho cuerpo [patriótico nacional] y la que tiene todo el que levanta un nuevo regimiento". Según consta en el texto, a Casela se le debían de guardar los fueros, privilegios y excepciones del caso y, para que no quedara ninguna duda, además de la rúbrica del gobernador se añadía la aprobación y firma de Salazar como sargento mayor.[ 153 ] Ese mismo día, según declaró el propio Casela, se extendió el nombramiento de José Salazar como sargento mayor, aunque este documento no aparece recogido en la causa.[ 154 ] Una semana después, el 26 de diciembre, le tocó el turno a Bartolomé Cánovas, quien en términos muy semejantes al despacho de Casela fue nombrado segundo ayudante.[ 155 ]

Aunque Guzmán declaró después estar aturdido cuando firmó los nombramientos mencionados y que lo hizo sin reflexionar ni imponerse de su contenido y aunque Salazar negó haber visto en ellos las anotaciones referentes a su cargo de sargento mayor, [ 156 ] es claro que ambos sabían muy bien lo que habían firmado y que los nombramientos se extendieron por orden suya. Las declaraciones de Cánovas y de Casela así lo demuestran[ 157 ] y con ellas coincide lo expuesto por Ignacio Islas, el escribiente contratado por Salazar.[ 158 ]

En la causa se encuentra también un citatorio, firmado por Salazar el 31 de diciembre, para que la gente de San Pablo se presentara en su campo respectivo para efectuar asamblea los días 1 y 2 de enero de 1814.[ 159 ] Además de los nombramientos de ayudantes y del citatorio anterior, la causa recoge algunos nombramientos otorgados por esos días. Todo ello viene a comprobar que las autoridades de San Juan estaban decididas a proseguir las funciones militares a pesar de la suspensión que ordenara el virrey y de que, a fines de diciembre, Guzmán recibiera una orden del intendente de México en que le avisaba quedar cesante del cargo de gobernador "por la práctica de la nueva Constitución". [ 160 ]

En cuanto a la parcialidad de Santiago, su gobernador Velasco, de cuyas actividades en relación con alistamientos y asambleas casi nada consta en la causa, informó después al sargento mayor que, desde que el virrey habló con él y con Guzmán, en esa parcialidad "no se ha verificado que haya un patriota existente ni alistado, lo contrario, procuré cuanto estuvo de mi parte impedírselo cuanto estuvo de mi parte [sic] al de San Juan". Según Velasco, no sólo se empeñó en que Guzmán suspendiera todas estas funciones sino que, en vista de la terquedad del de San Juan, informó de ello al sargento mayor en varias ocasiones -al que también dio aviso José Francisco de Villanueva, administrador de ambas parcialidades, por medio de Villavicencio- y Mendívil le respondió a don Guadalupe "que pondría remedio en ello".[ 161 ]

A pesar de que parece ser cierta la afirmación de Velasco de que de inmediato había suspendido los alistamientos en Santiago, el sargento mayor dio parte al virrey de que proseguían en ambas parcialidades. Calleja le previno entonces que a sus gobernadores "les hiciera entender no volviesen a molestar a los naturales ni los distrajesen de sus trabajos", por lo que el 13 de enero de 1814 Mendívil les pasó a ambos un oficio en el que les comunicaba la disposición del virrey, quien también mandaba que no debía existir "más número de individuos alistados que los lanceros que actualmente están haciendo de escolta de presidiarios". [ 162 ]

Don Guadalupe contestó ese mismo día el oficio del sargento mayor. En su escrito, ya mencionado arriba, además de aclarar que desde que el virrey había hablado con los gobernadores se había suspendido todo alistamiento en Santiago, ofrecía cumplir fielmente lo dispuesto y pedía que así se le informara al virrey.[ 163 ] Don Eleuterio contestó dos días después y en su escueta respuesta únicamente expuso que había tomado "las providencias conducentes para que cese el alistamiento y asambleas, en lo que creía hacer un servicio fiel a la patria, religión y soberano (que Dios Guarde)".[ 164 ] Más tarde declaró que de inmediato había mandado órdenes por escrito a los barrios para suspender toda actividad.[ 165 ] Salazar también declararía haber cesado desde entonces en sus funciones y hecho que el gobernador ordenase lo mismo a Nava.[ 166 ]

No obstante tales afirmaciones, no sucedió exactamente así. Según Nava -quien ya no había efectuado asambleas por el mal trato de Salazar a, los alistados-, el 15 de enero, el mismo día en que Guzmán contestara a Mendívil, recibió una esquela firmada por Dionisio Cano y Moctezuma en la que se le expresaba que continuase las asambleas, por lo que el día 16, que era domingo, reunió a los alistados y los llevó a misa a la Santa Veracruz. Allí recibió la nueva orden del gobernador, redactada y firmada por Cano y Moctezuma, de que suspendiera las asambleas, la que de inmediato obedeció.[ 167 ]

Esta última asamblea estuvo a punto de causar serios problemas. Unos dragones provinciales de Puebla, al ver "los movimientos ridículos" de los patriotas, se burlaron de ellos, por lo que Nava los iba a poner presos. "Metieron mano los dragones a sus sables y las indios a las piedras" y si no se hubiera presentado una patrulla de Zamora hubiera habido muertos, según declaró después Domingo Meléndez, cabo primero de la compañía de lanceros de Santiago. Meléndez era español de México y estaba emparentado con Vicente Villavicencio, escribiente y maestro de esa parcialidad, de quien era sobrino. [ 168 ]

En cuanto a los nombramientos, también se prosiguió con su reparto. Por esos días, Salazar pasó a Tepetlacalco a cobrar lo que se debía de algunos de ellos.[ 169 ] Además, entregó a Islas varios nombramientos, ya que al escribiente debían ocurrir a recogerlos los alistados de Tepetlacalco, Xalpa y Chalmita; por cada uno Islas debía recibir cuatro reales. Todo esto se llevó a cabo del 25 al 27 de enero;[ 170 ] por si fuera poco, en la causa se encuentra un nombramiento que lleva fecha del 1 de febrero. Asimismo continuaron las guardias en el tecpan y el 2 de febrero le tocó el turno a Casela, quien mandó batir marcha durante la procesión que hubo del "Divinísimo Señor Sacramentado".[ 171 ] Ese mismo día, Casela le pidió a Nava que "soldados" de Santa María efectuaran la guardia del día 7 [ 172 ] y Salazar le comunicó a Cánovas que le tocaba la del día 3, la que éste llevó a cabo.[ 173 ]

Mientras todo esto acontecía, el asunto se fue tornando cada vez más complejo. El 23 de enero, Ramón Elizalde, que había sido alcalde presidente de San Juan, y José Antonio García, sargento de lanceros de esa parcialidad, se presentaron con el administrador Villanueva para denunciar los malos manejos de Guzmán con los lanceros. Lo acusaron de que obligaba a éstos a rendirle honores y de haber nombrado oficiales; de que, siendo treinta y siete las plazas, ocupaba sólo veinticuatro, quedándose con el sueldo de los faltantes, y de que les exigía a los lanceros dinero para la misa y les había vendido los nombramientos.[ 174 ]

Villanueva de inmediato envió un oficio al virrey en el que le explicaba que los gobernadores de las dos parcialidades, encargados de los lanceros por ausencia de los oficiales para ello nombrados, habían llegado "hasta el extremo de creer que han ocupado aquellos lugares vacantes y en esa virtud es su arbitrio poner y quitar a los lanceros que les parece y lo manejan todo a su antojo", según le habían informado Elizalde y García en relación a Guzmán, y le comunicaba las acusaciones formuladas por ellas. El administrador hacía hincapié en lo que le atañía muy de cerca, o sea los sueldos de los lanceros, ya que estaba encargado de pasar a los gobernadores la cantidad necesaria para cubrirlos.[ 175 ]

Ese mismo día remitió Guzmán un oficio a Calleja para manifestarle que para cumplir con lo dispuesto por la Constitución había suspendido "toda la jurisdicción ordinaria que como gobernador tenía" sobre los habitantes de la parcialidad, quedando únicamente la cárcel del tecpan para auxilio de los jueces de letras y Guzmán ocupado en dar pasaportes. Pero el ex alcalde presidente, Ramón Elizalde, "que se halla muy adolorido por carecer de la jurisdicción que podría tener", quería quitarle la custodia de la casa y la autoridad de firmar los pasaportes. Guzmán acusaba a Elizalde de no ser ni siquiera "ciudadano", pues no sabía leer ni escribir; de no ser "capaz de ningún empleo visible", por carecer de la representación necesaria, y de ser "hombre díscolo" que se ocupaba de convocar a juntas clandestinas para quitarle el empleo a Guzmán.[ 176 ] Por ello, le pedía a Calleja que diera orden para que Elizalde no se entrometiera ni en el tecpan ni con los lanceros, a quienes seducía para que no obedecieran a Guzmán. No sólo con Elizalde tenía problemas don Eleuterio; también las tenía con Villanueva, porque éste le adeudaba desde hacía siete meses los sueldos de alcaldes, regidores, topiles y escribanos de la parcialidad y no quería pagárselos sin orden superior.[ 177 ]

Nuevos problemas para las autoridades de San Juan surgieron cuando, a fines del mismo enero, se encontró una carta de Cano y Moctezuma dirigida al insurgente Mariano Matamoros, en la que el ex gobernador se intitulaba "coronel de San Pedro de México". [ 178 ] Aunque el proceso seguido a Cano y Moctezuma no tiene cabida aquí, ya que no se encontró relación entre sus actividades y las de don Eleuterio y demás involucrados en las funciones militares, el que se haya descubierto que se correspondía con los rebeldes fue una instancia más de las que llevaron a las autoridades superiores novohispanas a revisar con mucho cuidado todo lo que estaba ocurriendo en San Juan.





Continúa…

Causa seguida a los funcionarios de San Juan

El hecho de que no hubieran cesado de inmediato y por completo las funciones militares que se llevaban a cabo en San Juan provocó que el 31 de enero el sargento mayor diera noticia al virrey de que proseguían los alistamientos.[ 179 ] Y hay que señalar aquí que es en este oficio de Mendívil donde por primera vez a lo largo de todo este asunto se hace ya una distinción por parte de las autoridades entre las actividades y actitudes de las dos parcialidades capitalinas. En su respuesta al sargento mayor, fechada el día siguiente, Calleja le encargaba estar "muy a la mira de que tenga su puntual cumplimiento la providencia de esta superioridad para que no se haga en dichas parcialidades alistamiento alguno con ningún objeto, subsistiendo únicamente el piquete de lanceros de la de Santiago".[ 180 ]

Por su parte, el comandante de la compañía de policía, José Joaquín Elizalde, envió al virrey un oficio el 3 de febrero para informarle que el gobernador de San Juan había proseguido con los alistamientos, como lo demostraban los nombramientos que adjuntaba a su oficio. También ponía en conocimiento de Calleja que don Eleuterio cobraba dinero por ellos, así como por las faltas que cometían quienes efectuaban las guardias, y que en éstas se alternaban los alistados con los lanceros. Además, le comunicaba que se le hacían al gobernador honores de comandante y de sargento mayor a Salazar. Todo esto se lo participaban "por lo delicado que es en la época actual" y porque en la desobediencia y procedimientos de Guzmán "puede sospecharse que haya el influjo de otras personas a más del de Salazar".[ 181 ] Para completar la información y precisar algunos puntos, se mandó llamar al gobernador de Santiago, quien confirmó que se había efectuado una asamblea en San Juan después de dada la orden de suspensión.[ 182 ] También rindió declaración Vicente Villavicencio, quien informó que continuaban las funciones militares en aquella parcialidad.[ 183 ]

Ese mismo día, Calleja se dirigió nuevamente al sargento mayor para comunicarle que, como era necesario "no sólo contener estos abusos sino indagar el origen de ellos", le prevenía que llamara a don Eleuterio y le preguntara por qué razón había faltado a las órdenes del virrey y con qué facultad había impreso los nombramientos. También debía averiguar por qué se nombraba gobernador actual, qué autorización tenía para llamarse comandante y quién había aprobado la creación del cuerpo nacional de infantería y caballería. Asimismo, por qué llamaba al tecpan Juzgado Nacional y la razón de haber vendido los nombramientos. Además, debía Mendívil examinar los lanceros, ver si se abonaban más plazas de las existentes y hacerse cargo del dinero, tanto de las bajas de los lanceros como de la venta de dos nombramientos. Por último, averiguaría en qué imprenta se habían hecho, los recogería junto con las listas y lo pasaría todo al virrey. En caso de no satisfacer todo lo anterior o si "por las contestaciones infiere vuestra merced que hay miras ulteriores en el manejo de Guzmán, lo pondrá en arresto seguro y me informará de todo para resolver lo que convenga".[ 184 ]

Así fue como se dio inicio a la causa. El 4 de febrero el sargento mayor mandó llamar a don Eleuterio, [ 185 ] quien respondió al interrogatorio de manera prolija y adecuada. En su declaración manifestó que había dado los resguardos para evitar que los indios fueran sorprendidos por la leva, para lo que contaba con el permiso verbal del virrey; que los ya impresos se habían llevado al sargento mayor, quien los había revisado y corregido, y que apenas conoció la orden de Calleja había suspendido los alistamientos. En cuanto a que en los nombramientos aparecía como gobernador, precisó que lo había sido hasta fines de diciembre de 1813 y que llamó juzgado nacional al tecpan porque nacionales eran ya tanto el Hospital de Indios como las cajas reales. Manifestó también que los nombramientos de fechas recientes los había firmado y entregado en blanco. Añadió que no había mandado fabricar armas nuevas, sino que se habían usado las lanzas enviadas por Venegas a los lanceros y, para cuidar de ellas y demás objetos del tecpan así como la casa misma, había siempre de guardia de seis a ocho lanceros. Precisó igualmente no haber recibido más honores que los que siempre se hacían a los gobernadores y que, en cuanto a los lanceros, no les cobraba ningún dinero; el que había quedado de los sueldos de ocho de ellos que habían pedido licencia lo había invertido en comprarles leña a los restantes. En su descargo, Guzmán mencionó la participación de algunos de sus colaboradores. Así, involucró a Fernández por haber puesto el borrador de los nombramientos; a Salazar por llevarlos a la imprenta y por sus consultas con el sargento mayor, y a Nájera, a quien le había entregado varios nombramientos en blanco. Guzmán también mencionó a Nava, Casela y Cánovas por su participación en las funciones militares y, además, a Ramón Elizalde y a José Francisco Villanueva, a cuya mala voluntad atribuyó los cargos que se le hacían.[ 186 ] La participación de Nava, Casela, Cánovas y, por supuesto, Salazar fue confirmada ese mismo día por declaración de Meléndez, el sobrino de Villavicencio que era cabo de lanceros de Santiago.[ 187 ]

Al concluir la declaración de Guzmán, el fiscal y el secretario pasaron a casa del ex gobernador, en el pueblo de la Resurrección, donde recogieron ochocientos sesenta nombramientos impresos, varias listas y otros documentos relativos a los alistamientos. Don Eleuterio permaneció por entonces en su casa, prevenido de que debía presentarse "siempre que fuera llamado". [ 188 ] Mientras esto sucedía, Salazar fue arrestado y quedó en la compañía de policía; también se mandó detener a Cánovas, Casela y Cabello. [ 189 ] Los dos primeros quedaron arrestados el día 5, pero no se pudo encontrar a Cabello. Al ser detenidos Cánovas y Casela se les recogieron los nombramientos que tenían de ayudantes, firmados por Guzmán y aprobados por Salazar. [ 190 ] A causa de esto se procedió al arresto de don Eleuterio, lo que ocurrió el mismo día 5.[ 191 ] Dos días después, el sargento mayor pasó al juez de Letras, José Antonio Noriega, las actuaciones hechas hasta ese momento;[ 192 ] dado que eran varios los involucrados en las funciones militares, Noriega pidió que sus causas corrieran unidas.[ 193 ]

El mismo 7 de febrero ocurrió un incidente relacionado con los patriotas. Un cabo primero, "de los que llaman nacionales de la tecpan de San Juan", depositó a un herido en la panadería del Puente de Santo Domingo. Al tener conocimiento de ello, el teniente de la compañía de policía mandó a un sargento a recoger al herido y al cabo. El herido, llamado Juan Reséndiz, declaró haberlo sido por su mujer la tarde anterior "por celos que tuvo de él", pero que ninguno de los dos puso queja alguna. No obstante, esa mañana se había presentado en su casa "un cabo de los de nuevo alistamiento de la tecpan de San Juan diciendo que llevaba orden de don Miguel Nava para conducirlo preso". El cabo, de nombre Cástulo Albarrán, llevó entonces al herido y a su mujer a casa del escribiente Nájera, quien mandó que Reséndiz fuera llevado a la panadería mencionada y que su esposa fuera depositada en una atolería de la calle de San Lorenzo. Como el panadero no admitió al herido, se le regresó con Nájera y éste dispuso que podía regresar a su casa. Ya en ella, se presentó un individuo de la compañía de capa junto con Albarrán y condujo a éste y a Reséndiz al cuartel de dicha compañía. Albarrán, quien declaró ser "cabo primero de la segunda compañía de infantería de la nueva creación de la tecpan de San Juan", explicó que había efectuado todo lo anterior por haber recibido orden de Nava, a través de un ministro o comisario, de conducir preso a Reséndiz.[ 194 ]

A resultas de lo anterior, Noriega mandó arrestar a Nava, ya que éste se encontraba "ejerciendo jurisdicción ordinaria", lo que era contrario a la constitución y a la ley de arreglo de tribunales.[ 195 ] En su descargo, Nava alegó que las diligencias judiciales arriba señaladas las había efectuado por encargo del señor juez San Salvador "de que rondase y celase sobre los robos tan continuos en esta capital, de que ha dado noticia al excelentísimo señor virrey", así que ya no se le formó causa por este motivo.[ 196 ] Sin embargo, sí se le detuvo y se le recogieron los papeles que tenía en su poder, al igual que dos bastones, una casaca, una medalla y cuatro lanzas.[ 197 ]

Las diligencias prosiguieron con las declaraciones de los detenidos. Nava, Casela y Cánovas coincidieron en que habían creído que todo se hacía por orden superior, y los dos primeros señalaron que Salazar era quien había promovido todas estas funciones. [ 198 ] Éste, a su vez, expresó que las asambleas se hicieron de orden de don Eleuterio y que fueron promovidas por Nava en Santa María; él, por su parte, había promovido unas en Tarasquillo, a imitación de Nava y por comisión del gobernador. Expresó que Guzmán había querido que se recorrieran los padrones y que Nava no sólo lo hizo sino que citó a asambleas y llevó a la gente con el gobernador. Al saber esto, Salazar había pasado a ver las asambleas y les dijo que no podía "haber alférez, sargentos ni cabos como los había nombrado Nava hasta que el excelentísimo señor virrey aprobara un plan que se estaba haciendo". Sin embargo, Nava siguió adelante, "y en vista de esto comenzó el declarante su asamblea". Añadió que los nombramientos se habían impreso de orden del gobernador y que el borrador lo había puesto el escribiente Fernández; su distribución se la dio a Salazar el mismo don Eleuterio. Afirmó no haber tenido título alguno, aunque reconoció que lo llamaban sargento mayor; no obstante, nunca trató de que se le hicieran los honores de tal.[ 199 ]

En vista de todo esto, se llamó nuevamente a Guzmán. Insistió entonces don Eleuterio en que sólo había mandado que se hiciesen unas listas para la entrega de los resguardos. En cuanto al dinero producido por ellos, manifestó haber percibido sólo cuarenta y un pesos, los que utilizó para el pago del prest de los lanceros, y aclaró que Salazar no le entregó nunca ni cuentas ni listas. Reconoció haber firmado los nombramientos de Cánovas y Casela, "pero en realidad ni supo lo que firmó ni su contenido, respecto a que estaba tan aturdido de cabeza con tanta contestación y pretensión que había de sujetos para hacer oficiales, que ya no se entendía"; tampoco supo cómo Salazar fue nombrado sargento mayor "y él mismo se comisionó para entender en los asuntos de las asambleas y demás". Guzmán no hizo más "que firmar cuanto le decían por su buena fe y simplicidad".[ 200 ]

Dadas las discrepancias entre lo manifestado por Salazar y por Guzmán, se careó a ambos, pero tampoco de palabra se pusieron de acuerdo y cada uno se afirmó en lo dicho.[ 201 ] Como Fernández fuera quien pusiera de su puño y letra los borradores de los nombramientos, Noriega pidió su arresto,[ 202 ] el que no pudo efectuarse, ya que el escribiente había salido de San Juan desde finales de diciembre con destino a Texcoco, a causa de que se le buscaba por haber sido escribiente de Galicia, a quien se le seguía proceso.

Conforme se procedía con las averiguaciones, Salazar resultaba ser el principal promotor. Las nuevas declaraciones de Cánovas y Casela tampoco le fueron favorables, ya que lo responsabilizaron de ser quien mandó extender los nombramientos y de dar las órdenes para efectuar guardias y asambleas. [ 203 ] Los careos celebrados entre ellos y Salazar no lograron ponerlos de acuerdo y sí que se reconvinieran mutuamente.[ 204 ] Tampoco le favorecería la declaración de Ignacio Islas; según éste, Salazar era quien llevaba la voz en el tecpan "en todo y por todo"; Guzmán sólo firmaba lo que éste decía.[ 205 ] En el careo que sostuvo con Islas, Salazar tuvo que aceptar que el gobernador no se metía en nada, pero aclaró que había sido por haberlo comisionado y precisó, además, que siempre estaban ambos de acuerdo.[ 206 ]

El 14 de febrero se mandó recoger la lista de lo entregado por los resguardos, así como el dinero recaudado.[ 207 ] Al día siguiente, se le pidió a Salazar que exhibiese la cantidad recibida y éste presentó un escrito para comprobar que no sólo no se había quedado con nada sino que se le adeudaba dinero por los gastos de papel, escribano, impresión y prest de lanceros.[ 208 ] El día 16 Guzmán exhibió cincuenta pesos de los entregados por Salazar,[ 209 ] pero la lista no apareció, como tampoco el nombramiento extendido a Salazar como sargento mayor.

Entre los llamados a declarar se contaron los alcaldes de barrio de Santa Cruz y Soledad y de San Pablo, cuyas declaraciones confirmaron que Guzmán y Salazar habían sido los promotores de las asambleas. [ 210 ] También se hizo comparecer a José María Pérez, Santos Díaz y Manuel Nájera, quienes coincidieron con los anteriores declarantes.[ 211 ] El hecho de que hubiera dos tipos de nombramientos impresos motivó que se llamara a declarar a Alejandro Valdés, "administrador o encargado de la imprenta de Ontiveros", quien confirmó que se habían hecho dos impresiones: de quinientos ejemplares la primera y la segunda de mil.[ 212 ]

El 23 de febrero se logró, por fin, asegurar la persona del escribiente Fernández "en una pulquería conocida por la de Marmolejo", que se hallaba por la calzada de Tlanepantla.[ 213 ] Al día siguiente prestó declaración y en ella, al igual que la mayoría de los testigos y detenidos, involucró a Salazar como promotor de los alistamientos y precisó, además, que éste era "de genio bullicioso".[ 214 ]

Tan interesantes como las declaraciones son algunos de los escritos dirigidos por los arrestados al virrey para justificar sus actividades o pedir alguna gracia. El que Guzmán enviara a Calleja alrededor del 25 de febrero es un alegato para demostrar que sus actividades siempre fueron dirigidas por sus notorios y públicos "sentimientos de honor, fidelidad y patriotismo" y que siempre había mostrado al superior gobierno la "sumisión, obediencia y afecto de un fiel vasallo". En sus trabajos para hacer más eficientes a los lanceros no había omitido gastos ni fatigas, "procurando siempre dirigirme por hombres más instruidos que yo, a quienes suponía imbuidos en los sentimientos del verdadero honor; pero he tenido la desgracia de que éstos han introducido en mis tareas abusos reprimibles", los que habían dado por resultado su prisión. Y daba fin a su escrito solicitando que se le permitiera salir bajo fianza. [ 215 ]

Por esos mismos días, Nava se dirigió también al virrey para pedirle la misma gracia. En su descargo, expresaba que había efectuado los alistamientos y asambleas, "sin reserva ni clandestinidad", convencido que se hacían por mandato del gobierno. "Por otra parte -explicaba-, entre nosotros para obrar nunca ha sido necesario más que las insinuaciones y órdenes de nuestros gobernadores, sin meternos en inculcarlas ni examinarlas para no incurrir en nota de insubordinados o díscolos", lo que lo exoneraba de cualquier responsabilidad. [ 216 ]

La causa también recoge los testimonios de los oficiales con quienes las autoridades de San Juan tuvieron algún trato en cuanto a las funciones militares. Así encontramos los oficios del sargento mayor y del comandante de la partida de capa sobre las consultas habidas acerca de los resguardos[ 217 ] y la declaración del teniente Méndez, quien añadió algunos pormenores sobre las guardias.[ 218 ]

El 2 de marzo se ordenó se procediese a tomárseles a los presos confesión con cargo.[ 219 ] Estas diligencias se efectuaron a partir del día siguiente y prosiguieron hasta el 9 de ese mes. En ellas, los detenidos sostuvieron casi siempre lo que habían expresado en sus declaraciones y careos. Casela, Cánovas y Nava insistieron en que habían actuado persuadidos de que se contaba con licencia del gobierno.[ 220 ] Guzmán, a su vez, reiteró que Salazar había sido el promotor de todas las funciones militares y que lo había alucinado a tal grado que casi lo volvió loco.[ 221 ] También Fernández se mantuvo en lo dicho; los borradores los había puesto por orden de los funcionarios de San Juan.[ 222 ] La última confesión fue la de Salazar. Al insistírsele en que había seducido al gobernador y que era responsable de todo lo ocurrido, respondió -con gran atingencia, a nuestro parecer- "que el confesante no lo puede haber seducido porque no podrá creerse que un hombre que ha sido dos veces gobernador y había estado en el tecpan desde que principió de topile pudiese tener tan pocos conocimientos para advertir que no debía hacer lo que el declarante pretendía, pues nada hizo sin conocimiento de aquél".[ 223 ]

A poco, Noriega remitió todo lo actuado al virrey. En su oficio del 14 de marzo le presentó un resumen de los resultados de las averiguaciones efectuadas y emitió su parecer: Guzmán, Casela, Cánovas y Nava podrían ponerse en libertad. Lo mismo podría hacerse con Fernández; sin embargo, como estaba todavía pendiente la causa de Galicia, el escribiente debía permanecer en prisión a disposición de las autoridades. Finalmente, expresaba su opinión de que en cuanto a Salazar sí era necesario que se hiciera un escarmiento. [ 224 ]

El oficio anterior de Noriega fue remitido al auditor general, Melchor de Foncerrada, quien a su vez emitió su parecer el 21 de ese mes. En él señalaba haber revisado con cuidado todos los papeles del proceso, "que titulado en su carátula como causa de infidencia debía excitar la ira y el asombro que aquí dentro de México se formasen asambleas y se imprimiesen certificaciones; pero leído todo no hay ni asomos de idea alguna de infidencia". Por ello, su dictamen se reducía a manifestar que era "exactamente justo" lo que había propuesto al virrey el juez de Letras, es decir:

Que se ponga en libertad al citado ex gobernador don Eleuterio Severino Guzmán.

Que se ponga igualmente en libertad a don Francisco Casela, a Miguel Nava y a don Bartolomé Cánovas.

En cuanto a don Ignacio Fernández, por lo que toca a esta causa debería ser lo mismo, pero deberá estar a disposición del ayudante Ferriz, que sigue la otra causa tocante a Galicia.

Don José Salazar ni tiene delito que toque en infidencia y sólo es de aquellos que se pegan a la sencillez de los indios para chupar, como se dice vulgarmente, lo que pueden de ellos, y era el que hacía el papelón principal en esas asambleas y es justo, como dice el juez de Letras, que se escarmiente de alguna manera y cree el auditor que sobre la prisión que ha sufrido se le condene a tres meses de cárcel.[ 225 ]

El hecho de que a pesar de ser dos los principales promotores de las funciones militares se decidiera hacer escarmiento con sólo uno de ellos se debió, en parte, a que indudablemente Salazar había intentado sacar provecho de la sencillez de los indígenas, como bien decía el auditor, pero también a que en ese momento resultaba más político castigar solamente a un funcionario de menor categoría y dejar en libertad al ex gobernador de San Juan, máxime cuando Galicia, otro ex gobernador de esa parcialidad, se encontraba por ese entonces procesado por infidencia y hacía bien poco que Cano y Moctezuma, también ex gobernador de San Juan, había sido indultado. Don Eleuterio, ese ignorante indio, alucinado y vuelto casi loco por los empeños de sus subordinados, como insistió haberlo sido a lo largo de todo el proceso, con gran habilidad y para bien de su persona facilitó a las autoridades una salida atinada.

Calleja aceptó el dictamen del auditor el 24 de marzo, y de inmediato se procedió a dar noticia a los arrestados de cuál había sido el resultado del proceso.[ 226 ] Así, sin mayores consecuencias para casi todos los involucrados, se dio por terminada la causa seguida a los funcionarios de San Juan y a sus colaboradores.

La aventura emprendida por todos ellos, independientemente de su fracaso final, es de interés porque nos ofrece valiosa información sobre algunos aspectos de las parcialidades de la ciudad de México, en especial de la de San Juan. No sólo nos brinda la oportunidad de conocer quiénes eran y cómo funcionaban por entonces sus autoridades sino también quiénes eran y qué hacían los vecinos de sus pueblos y barrios. Además, nos proporciona noticias sobre no pocos individuos que a pesar de no ser indígenas gravitaban alrededor de las parcialidades, ya fuera en el cumplido desempeño de un oficio, ya tan sólo en busca de algún provecho personal.

Por otra parte, el intento de organizar cuerpos de patriotas indígenas es revelador de cuán profundamente habían afectado a la vida de estas comunidades los cambios ocurridos en la Nueva España durante esos años. Estos cambios fueron provocados no sólo por la guerra que se experimentaba en la colonia sino también por todo lo que ocurría en la península, donde la ausencia de los reyes y la guerra contra los franceses habían producido importantes alteraciones en la estructura misma del sistema político del Imperio Español.

Nunca antes de 1810 se había formado en la capital del virreinato una fuerza militar compuesta exclusivamente de indios, a pesar de las distintas propuestas que sobre ello se llegaron a presentar. Aunque en varias regiones novohispanas se habían levantado cuerpos militares indígenas desde los inicios de la Colonia, la política de la Corona española y de las autoridades superiores de la Nueva España había sido la de no permitir su organización salvo donde y cuando no quedara otro recurso. Y en la ciudad de México sólo se llegó a aprobar la creación de los pequeños cuerpos de lanceros indígenas en un momento de crisis realmente extraordinario: cuando se había encontrado amenazada por las fuerzas insurgentes de Hidalgo.

La militarización general que sufriera el virreinato a partir de entonces y que tanto afectara a los sectores socioeconómicos más bajos de la población vino a despertar en algunos de los funcionarios indígenas, además del deseo natural de evitar que sus gobernados sufrieran las consecuencias de una leva masiva, el deseo de formar con ellos cuerpos organizados que estuvieran bajo su mando y que ofrecieran un apoyo al ejercicio de su autoridad, amenazada por el establecimiento de la Constitución de 1812, que aparentemente abría nuevas vías de acción a los indígenas pero que, de hecho, venía a poner fin a su régimen especial de gobierno.

El hecho de que para defender su posición las autoridades indígenas hubieran actuado de manera tan desusada viene a demostrar hasta qué punto se habían visto afectados sus intereses. Por otra parte, la respuesta de las autoridades superiores a las actividades de estos indígenas, a quienes no procesó con gran rigor, muestra lo profundo de la crisis por la que en esos momentos atravesaba el virreinato novohispano y en particular su capital.

Por último, cabe señalar que la coincidencia entre el esfuerzo de las autoridades de la parcialidad de San Juan por contar con un numeroso cuerpo armado y las supuestas ofertas hechas a Rayón por Galicia y la correspondencia que mantuvo Cano y Moctezuma con algunos jefes insurgentes no puede ignorarse. Cierto es que con la causa que aquí se estudia no se aclara del todo el problema. Son necesarios nuevos estudios para llegar a precisar si los gobernadores indígenas de la capital tan sólo ocasionalmente mostraron ciertas simpatías en favor del movimiento insurgente o si en realidad llegaron a comprometerse de una manera más formal con la causa de los rebeldes. Todavía queda mucho por aclarar en lo que se refiere a las relaciones que lograron establecer los insurgentes con los distintos grupos de la población capitalina.






[ 104 ] Timothy Anna, The fall of the royal government in Mexico City, Lincoln-London, University of Nebraska Press, 1978, 289 pp., p. 89.

[ 105 ] Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. III, p. 257.

[ 106 ] Oficio de E. S. Guzmán al virrey Calleja, 12 de octubre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 1o., f. 13-14.

[ 107 ] "Cuaderno de listas de los militares patriotas de esta parcialidad San Juan", Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 59-60 v.

[ 108 ] Respuesta del virrey Calleja a E. S. Guzmán, 22 de octubre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 18. Este documento no es el original sino una copia.

[ 109 ] Confesión de E. S. Guzmán, 5 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 127 v -128.

[ 110 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 15 v.

[ 111 ] Oficio de José Mendívil a José Antonio Noriega, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 109.

[ 112 ] Careo entre E. S. Guzmán e Ignacio Fernández, 25 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 99 v.

[ 113 ] Loc. Cit.

[ 114 ] Ampliación de la declaración de I. Fernández, 25 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 98.

[ 115 ] En el expediente de la causa se encuentran las siguientes "Cuaderno de listas de los militares patriotas de esta parcialidad de San Juan"; "Sigue el pueblo de Romita, presentada en 6 de noviembre de 1813"; "Siguen los del pueblo de San Miguel de Chalmita, presentada en 8 de noviembre de 1813"; "Lista del pueblo de San Pablo Xalpa, presentada en 8 de noviembre de 1813"; "Siguen los de Santa María la Redonda, presentada en 9 de noviembre de 1813"; "Siguen los de San Pablo presentada en 9 de noviembre de 1813"; "Sigue el barrio de la Ascensión Tlascocomulco presentada en 11 de noviembre de 1813", y "Lista de los hijos del pueblo de Santa María Magdalena Salinas, jurisdicción de la Parcialidad de San Juan". (Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o.)

[ 116 ] Careo entre E. S. Guzmán y José Salazar, 19 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 84.

[ 117 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 15 v -16.

[ 118 ] Declaración de I. Fernández, 25 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f.98 v -99, y Confesión de J. Salazar, 9 de marzo de 1814, en Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 137.

[ 119 ] Oficio de J. Mendívil a J. A. Noriega, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 109 v.

[ 120 ] Declaración de I. Fernández, 24 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 96-97.

[ 121 ] Declaración de Alejandro Valdés, 22 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, 1o., f. 86-86 v.

[ 122 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 16.

[ 123 ] Careo entre E. S. Guzmán y J. Salazar, 10 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 51.

[ 124 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 16.

[ 125 ] Declaración de Miguel Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 32.

[ 126 ] Declaración de J. Salazar, 9 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 42.

[ 127 ] Declaración de Ignacio islas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 58 v.

[ 128 ] Declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 33.

[ 129 ] Escrito de M. Nava, ca. 25 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 101-101 v. En el expediente de la causa no se encuentra ningún nombramiento extendido a Nava; sin embargo, en la lista que aparece a fojas 28 del cuad. 1o., éste aparece romo capitán.
[ 130 ] Declaración de Manuel Nájera, 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 78-78 v.

[ 131 ] Declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 33-33 v.

[ 132 ] Careo entre Bartolomé Cánovas y J. Salazar, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 57v-58, y careo entre J. Salazar y M. Nava, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f, 60 v.

[ 133 ] Confesión de E. S. Guzmán, 5 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 128.

[ 134 ] Careo entre E. S. Guzmán y J. Salazar, 10 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 51-51 v.

[ 135 ] Declaración de B. Cánovas, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 36-36 v y 37 v -38.

[ 136 ] Confesión de Francisco Xavier Casela, 3 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 119,-120, y declaración del mismo, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 28 v -40.

[ 137 ] Declaración de José María Pérez, 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 77-77 v.

[ 138 ] Declaración de Manuel Serveta, 22 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 87.

[ 139 ] Declaración de Santos Díaz, 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 78.

[ 140 ] Declaración de Eusebio Antonio Dávila, 15 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 68 v.

[ 141 ] Declaración de Bonifacio Antonio Campos, 15 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 69-69 v.

[ 142 ] Declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 33.

[ 143 ] Declaración de I. Fernández, 24 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 97.

[ 144 ] Véase la nota 115.

[ 145 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 17.

[ 146 ] Declaración de Francisco Méndez, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 108 v.

[ 147 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 17 v -18, y declaración de F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 54.

[ 148 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 16 v.

[ 149 ] Oficio de J. Mendívil a J. A. Noriega, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 109-109 v.

[ 150 ] Oficio de E. S. Guzmán al virrey Calleja, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 46; declaración de E. S. Guzmán, 1 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 7 v; declaración de I. Fernández, 1o. de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 7, y declaración de J. Salazar, 1o. de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 8.

[ 151 ] Oficio de E. S. Guzmán al virrey Calleja, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 16 v.

[ 152 ] Oficio del virrey Calleja a E. S. Guzmán, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 17-17 v.

[ 153 ] Nombramiento de F. X. Casela, 19 de diciembre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 22.

[ 154 ] Declaración de F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 53 v.

[ 155 ] Nombramiento de 13. Cánovas, 26 de diciembre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 21. Estos tres nombramientos fueron escritos por el propio Casela.

[ 156 ] Ampliación de la declaración de E. S. Guzmán, 10 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f, 47, y careo entre J. Salazar y F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 56-56 v.

[ 157 ] Declaración de B. Cánovas, 14 de febrero de 1814, en AGN, Infidencias, cuad. 1º, 1. 56, y careo entre J. Salazar y F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 56-56 v.

[ 158 ] Declaración de I. Islas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 58v.

[ 159 ] Citatorio, 31 de diciembre de 1813, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 70.

[ 160 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 17.

[ 161 ] Respuesta de Guadalupe Velasco a J. Mendívil, 13 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., 5-5 v.

[ 162 ] Oficio de J. Mendívil al virrey Calleja, 31 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 2.

[ 163 ] Respuesta de G. Velasco a J. Mendívil, 13 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 5-5 v.

[ 164 ] Respuesta de E. S. Guzmán a J. Mendívil, 15 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 6.

[ 165 ] Declaración de, E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 42v.

[ 166 ] Declaración de M. Nava, 9 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 42 v.

[ 167 ] Esquela de D. Cano Moctezuma a M. Nava, 15 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 48-48 v, y declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 33 v -34.

[ 168 ] Declaración de Domingo Meléndez, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 19-20 v.

[ 169 ] Declaración de F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 54 v.

[ 170 ] Declaración de I. Has, 15 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 67 v -68.

[ 171 ] Confesión de F. X. Casela, 3 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 118 v.

[ 172 ] Declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 37.

[ 173 ] Careo entre B. Cánovas y J. Salazar, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 57, y declaración de B. Cánovas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 56 v -57.

[ 174 ] Véase oficio de J. F. de Villanueva al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o.

[ 175 ] Oficio de J. F. de Villanueva al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o.

[ 176 ] Oficio de E. S. Guzmán al virrey Calleja, 25 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 12.

[ 177 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 18-18 v.

[ 178 ] Véase Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 86, exp. 5.

[ 179 ] Oficio de J. Mendívil al virrey Calleja, 31 de enero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, v. 82, exp. 4o., cuad. 1o., f. 2.

[ 180 ] Oficio del virrey Calleja a J. Mendívil, 1 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 7.

[ 181 ] Oficio de J. J. Elizalde al virrey Calleja, 3 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 2-2 v.

[ 182 ] Declaración de G. Velasco, 3 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 8-9 v.

[ 183 ] Declaración de V. Villavicencio, 3 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 10-11.

[ 184 ] Oficio del virrey Calleja a J. Mendívil, 3 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 1-2 v.

[ 185 ] Certificación de J. Mendívil, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 15.

[ 186 ] Declaración de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 15 v -19.

[ 187 ] Declaración de D. Meléndez, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 19-20 v.

[ 188 ] Diligencia efectuada en casa de E. S. Guzmán, 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 19-20.

[ 189 ] Diligencia del 4 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 20.

[ 190 ] Diligencia del 5 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 20 v.

[ 191 ] Otra diligencia del 5 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 20 v.

[ 192 ] Diligencia del 7 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 20 v.

[ 193 ] Oficio de J. A. Noriega al virrey Calleja, 7 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 26.

[ 194 ] Parte de José Salazar (homónimo del alcalde de San Juan) a J. Mendívil, 7 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 2o., f. 24-25.

[ 195 ] Certificación de J. Roldán, 7 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 27.

[ 196 ] Certificación de J. Roldán, 9 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 68.

[ 197 ] Certificación de J. Roldán. 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 27 v.

[ 198 ] Declaración de M. Nava, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 34 v -35; declaración de B. Cánovas, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 35 v -38, y declaración de F. X. Casela, 8 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 38-40 v.

[ 199 ] Declaración de J. Salazar, 9 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 42-45 v.

[ 200 ] Ampliación de la declaración de E. S. Guzmán, 10 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 46-49 v.

[ 201 ] Careo entre E. S. Guzmán y J. Salazar, 10 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 50-51 v.

[ 202 ] Oficio de J. A. Noriega al virrey Calleja, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 52-52 v.

[ 203 ] Declaración de F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., 53-54 v, y declaración de B. Cánovas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 56 v -57.

[ 204 ] Careo entre J. Salazar y F. X. Casela, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 55-55 v, y careo entre J. Salazar y B. Cánovas, 12 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 57 v -58.

[ 205 ] Declaración de I. Islas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 58 v -59.

[ 206 ] Careo entre J. Salazar e I. Islas, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 59 v.

[ 207 ] Orden de J. A. Noriega, 14 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 67.

[ 208 ] Descargo de 84 pesos, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 66.

[ 209 ] Diligencia efectuada el 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 79.

[ 210 ] Declaración de E. A. Dávila, 15 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 68 v -69, y declaración de B. A. Campos, 15 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 69-69 v.

[ 211 ] Declaración de J. M. Pérez, 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 77-77 v; declaración de S. Díaz, 16 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 77 v -78, y declaración de M. Nájera, 18 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o, f. 11.

[ 212 ] Declaración de Alejandro Valdés, 19 y 22 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 86-86 v.

[ 213 ] Parte dirigido a J. A. Noriega, 23 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., 93-93 v.

[ 214 ] Declaración de 1. Fernández, 24 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 96-97 v.

[ 215 ] Oficio de E, S. Guzmán al virrey Calleja, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 4o., f. 3-3 v.

[ 216 ] Oficio de M. Nava al virrey Calleja, s. f., Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 101-103.

[ 217 ] Oficio de J. Mendívil al virrey Calleja, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 109-110, y oficio de J. Elizalde al virrey Calleja, 20 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 88-89.

[ 218 ] Declaración de F. Méndez, 28 de febrero de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 108-108 v.

[ 219 ] Diligencia de J. A. Noriega, 2 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 116.

[ 220 ] Confesión de F. X. Casela, 3 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 117-119; confesión de B. Cánovas, 4 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 121-123, y confesión de M. Nava, 4 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 123 v -126.

[ 221 ] Confesión de E. S. Guzmán, 5 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 126 v -130.

[ 222 ] Confesión de I. Fernández, 8 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 130 v -135.

[ 223 ] Confesión de J. Salazar, 9 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 135 v -140.

[ 224 ] Oficio de J. A. Noriega al virrey Calleja, 14 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 141-142.

[ 225 ] Oficio de Melchor de Foncerrada al virrey Calleja, 21 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 143.

[ 226 ] Diligencia efectuada el 24 de marzo de 1814, Archivo General de la Nación, Infidencias, cuad. 1o., f. 145.






Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 10, 1986, p. 11-83.

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas





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Fuente:

http://www.historicas.unam.mx/public...ehmc10/123.pdf

MÉXICO EMPIEZA A PERDER TERRITORIOS ANTES DE SU INDEPENDENCIA.

8 agosto, 20149 agosto, 2014 / bardosorbisterrarum


Algunos mexicanos pensamos que nuestro país fue un territorio que surgió mágicamente. Su explicación es un tanto compleja. México es la versión independizada de la Nueva España, pero no abarcaba ese territorio gigantesco que hacía frontera con Alaska al norte y que llegaba al sur hasta Centro América al concluir la conquista. La Nueva España al empezar no abarcaba más que el territorio conquistado a los mexica y que fue expandiéndose poco a poco mediante conquista y colonización. Así por ejemplo, Texas no fue “nuestra” los 300 años que duró el virreinato.

Los exploradores españoles iban explorando y reclamando territorios para la Corona, aunque la colonización resultaba muy difícil, por falta de gente y por la bravura de de las tribus de indios al norte, que se negaban a integrarse a la Corona. Así que el dominio español sobre esas tierras era muy relativo. Mientras en 1786 los mexicanos apenas fundaban la ciudad de Los Ángeles, los Estados Unidos ya habían declarado su independencia de la Gran Bretaña.

Por otro lado la ambición expansionista de los recién independizados Estados Unidos afectaría el territorio mexicano desde antes de la Independencia. Los Estados Unidos ya habían puesto el ojo en los territorios de la Nueva España. Así pues Nueva España cedió la Florida a Estados Unidos para evitar un conflicto armado, La Luisiana se le cedió a Francia, quien a su vez la vendió a los Estados Unidos, por el oeste y al norte se acabó cediendo Oregón y San Miguel Nutka. Entonces como podemos ver el expansionismo anglo ya empezaba a hacer de las suyas con el territorio nuestro.

Así como empezó nuestro país con un pequeño territorio llamado Nueva España y fue expandiéndose gracias a la bravura y tenacidad de exploradores y conquistadores españoles, el tamaño de tal territorio y su cercanía con los territorios anglos, hizo que fuera muy vulnerable la frontera. La pérdida de territorios nacionales después de nuestra independencia es de todos conocida, pero el punto de aquí es hacer entender que los anglos ya tenían puestos sus ojos sobre los territorios de Nueva España. Lo que sucedió con Tejas y la guerra de intervención estadounidense fue sólo la continuación de ese mismo plan que ya tenían de apoderarse de esos territorios españoles.



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Fuente:

https://bardosorbisterrarum.wordpres...independencia/

Francisco Xavier Mina, el liberal que vino de fuera para luchar por la independencia





Por José Omar Tinajero Morales

Especialista en historia de México siglo XIX



Un personaje polémico es Xavier Mina, por ejemplo en España es considerado un traidor o ha quedado en el olvido; mientras que en México se le ve como un héroe, sus restos se encuentran en el Ángel de la Independencia y muchas calles importantes llevan su nombre. Mina tuvo dos momentos claves: la lucha contra la invasión francesa y su participación para lograr la independencia de México. En ambos momentos se caracterizó por sus ideas a favor del liberalismo.

Mina nació en el mismo año en que se inició la Revolución Francesa, 1789; en Navarra, en Otano una población cercana a Pamplona. Su verdadero nombre era Martín Xavier Mina. Sus primeros años se llevaron a cabo en el campo, pero para poder continuar con sus estudios se trasladó a Pamplona y luego a Zaragoza. Hablaba el castellano y el euskera.



Mina su lucha por la independencia de España

Al darse la invasión francesa a España, Mina se convirtió en un líder estudiantil que se opuso al avance de las fuerzas de Napoleón. La caída de Manuel Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII. Después se dieron las renuncias de Bayona, con lo que se proclamó como rey de España a José I, conocido como Pepe Botellas. Mina primero participó en el Ejército de la Derecha bajo las órdenes de Carlos de Aréizaga, quien le enseñaría las bases de la estrategia militar, entre su paryicipación ocupó la plaza de Alcañiz, el 23 de mayo de 1809.

Posteriormente, se convirtió en héroe popular, cuando Xavier Mina tenía 20 años, destacó como guerrillero, al frente del corso terrestre, de agosto de 1809 a marzo de 1810. Cayó en mano de los franceses, sufrió una grave herida en su brazo izquierdo, que estuvo en varias ocasiones a punto de serle amputado, pero él no quiso. El emperador pidió la ejecución de Mina, sin embargo, se le trasladó a Vincennes, donde estuvo cuatro años. Aquí conoció a Víctor Fanneau Lahorie, quien le ayudó a estructurar su ideología liberal para construir un mundo nuevo, una república donde impere la justicia y la libertad.



Mina y su labora contra el absolutismo

En 1812, se redactó la Constitución de Cádiz, de corte liberal, que se convertiría en la bandera de los enemigos del absolutismo. Xavier Mina abandonó el castillo de Vincenne el 8 de febrero de 1814. Fernando VII recuperó su trono, pero hizo a un lado la Constitución de Cádiz, lo que provocó la inconformidad de los liberales. Empieza entonces una etapa en que se ve a Mina como conspirador contra el gobierno absolutista y aprovecha su liderazgo para lograr un cambio cultural. Mina y su tío Francisco Espoz preparaon la toma de Pamplona, pero fue un fracaso.

Mina se trasladó a Inglaterra, donde se refugiaron hombres que habían luchado a favor de la independencia de las colonias americanas y de la implantación de la Constitución de Cádiz en España. LLegó al puerto de Bristol el 29 de abril de 1815. Estaría en Londrés hasta mayo del año siguiente. Ahi viviían personajes como José Blanco White, Andrés Bello, fray Servando Teresa de Mier, la familia Fagoaga. Varios ingleses apoyaron la causa liberal enfocada a América entre los que destacaron: Lord Rusell, John Allen, Lord Holland, entre otros.

Mina primero esperó los resultados de los liberales en Galicia, los cuales fueron derrotado. Entonces se dio cuenta que sólo quedaba un camino, lograr la independencia de México, para lograr dos objetivos: aplicar el modelo liberal en la Nueva España y por lo tanto, quitar suministro económico a España para así lograr que cambiara, aboliendo el absolutismo.



Preparación de la intervención liberal a la Nueva España

En México, el general Morelos había logrado, gracias a un buen equipo de líderes intelectuales y militares; estructurar un proyecto claro de independencia y república, para lo cual había proclamado, la independencia, estableciño el Congreso de Chilpancingo y se redactó la Constitución de Apatzingán. Sin embargo, Morelos fue perdiendo fuerzas, cuando le mataron a Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. La derrota sufrida en Valladolid fue el principio del fin, el cual se consumó cuando lo fusilaron en diciembre de 1815 en Ecatepec.

Antes de morir, Morelos y los Guadalupes vieron que su proyecto liberal estaba a punto de diluirse por lo que decidió pedir apoyo a las fuerzas extranjeras. Envió a José María Fagoaga a Inglaterra a negociar con personajes claves para invadir México y lograr así la independencia. En ese contexto Xavier Mina decidió encabezar militarmente el proyecto con el apoyo de ingleses, franceses.

Dicho de otra forma, Mina fue el elegido para encabezar una invasión o intervención extranjera, que se gestó desde Inglaterra por la masonería liberal. Mina había recibido influencia de Fagoaga y de fray Servando Teresa de Mier, para darse cuenta de la situación de México. En agosto de 1816 dio a conocer una Proclama y se preparó para salir en el barco esclavista llamado Caledonia.

Primero llegó a Estados Unidos a Baltimore, después realizó un viaje a Haití para entrevistarse con Simón Bolivar para convencerlo de acompañarlo a a México. Bolivar no quiso secundarlo. Mina regresó a Estados Unidos a Galvestón.



Xavier Mina y su campaña en México

Después decidió entrar a territorio novohispano en Soto la Marina, el 11 de mayo de 1817, lo cual fue muy criticado por fray Servando Teresa de Mier. Se construyó un fuerte, que sirvió para proteger la espalda a la División Auxiliar que empezó a acercarse a territorio insurgente. En esta etapa se dieron las grandes victorias de Mina; Valle del Maíz, 8 de junio; hacienda de Peotillos, 15 de junio y Real de Pinos, 18 de junio.

Se ha considerado que fue un error, que Mina no hubiera tomado la ciudad de San Luis Potosí, con lo cual habría adquirido fuerza y dinero. Llegó al Fuerte del Sombrero o Comanja, que estaba bajo la dirección del padre José Antonio Torres y del general Pedro Moreno. Se le hizo obsesión tomar la ciudad de Guanajuato, lo cual fue debilitándolo.

Mina fue aprehendido, el 27 de octubre, en el rancho El Venadito que estaba en la hacienda Tlachiquera, en el combate murió Pedro Moreno. En la troje todavía existe una placa, al igual que en Silao, que recuerdan estos hechos. Mina fue fusilado en el fuerte de Los Remedios (Cuerámaro), el 11 de noviembre de 1817. El Virrey Juan Ruiz de Apodaca, se le dio el título de conde del Venadito, por haber logrado capturar y matar a Mina.

Xavier Mina se sumó a una serie de insurgentes como Morelos, Guerrero y Guadalupe Victoria, que deseaban implantar una república federal, con ideas liberales en México. Lo criticable es su unión con grupos de poder de Estados Unidos y de Inglaterra, que pondrían a la nueva nación, supeditada a los intereses de las potencias patrocinadoras.




Bibliografía

Ortuño Martínez, Manuel, Xavier Mina. Fronteras de libertad, México, Porrúa, 2003.



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Fuente:

Accion Tepetlaoxtoc: Francisco Xavier Mina, el liberal que vino de fuera para luchar por la independencia

Contrario a mi costumbre de resaltar las ideas más importantes de cada documento que coloco aquí, esta vez lo voy a dejar tal cual porque considero que todo él es de necesaria lectura para comprender como las lealtades de los nativos se dividieron entre los realistas e insurgentes y así romper el mito de una adhesión total a éstos últimos.




Las comunidades indígenas de la Nueva España y el movimiento insurgente (1810-1817)

Manuel Ferrer Muñoz

Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.



Se analiza el papel desempeñado por las comunidades indígenas de la Nueva España en la critica coyuntura del conflicto insurgente que se desencadenó en 1810. El estudio profundiza en las motivaciones que indujeron a esas comunidades a tomar uno u otro partido de los enfrentados en los campos de batalla, y pone el énfasis en las divisiones que imperaron en su seno. Se muestra, en fin, el papel subordinado de los indios sublevados, que nunca gozaron de la plena confianza de sus dirigentes criollos.




Al comenzar estas líneas me viene a la mente la brutal expresión empleada por Francisco Bulnes para significar el lugar reservado a los indios por los artífices de la política mexicana a lo largo del siglo XIX: “una máquina de carne para morir o matar por cualquiera causa o sin causa”.^[i] Tiempo habrá, más adelante, para volver sobre esta consideración. De momento, esa desagradable imagen nos despeja el camino para acercarnos al tema que nos hemos propuesto desentrañar, en la medida en que esto sea posible: ¿será cierto, como quizá sospechamos, que la condición de “acarreados” acompañó también a los indios que murieron en los campos de batalla a raíz de la agitación revolucionaria desatada en 1810?

Tal vez sea Eric Van Young uno de los historiadores que más ha insistido en la importancia que debe atribuirse a las conspiraciones que precedieron al estallido de la insurrección de septiembre de 1810 —tanto las apócrifas como las reales—, para comprender el comportamiento de los pueblos indígenas durante la guerra insurgente.^[ii] También nosotros arrancaremos, como punto de partida, de dos sucesos aparentemente desconectados del trascendental movimiento iniciado en aquel año por el cura Hidalgo. Al lector impaciente debemos advertir que no estamos proponiendo una introducción ajena al objeto de nuestro estudio. El saldo de uno y otro episodio es elocuente: sin un estímulo exterior, y sin un liderazgo también ajeno, los pueblos indígenas que habitaban lo que pronto sería la República mexicana se hallaban incapacitados para una acción de amplio calado. Para explicar esa impotencia no es preciso acudir al socorrido tópico de la ignorancia indígena^[iii] —como cualquier otro lugar común, poseedor de cierta dosis de verdad—: basta pensar en la completa falta de articulación de las comunidades indígenas, fragmentadas, divididas y enfrentadas muchas veces entre sí, que dejaba vía libre a la acción de los inconformes criollos.

Ese era el sentir de las autoridades novohispanas, como lo muestra una carta del brigadier Calleja al virrey Venegas, fechada el 29 de enero de 1811, en la que expresaba su temor por el peso que representaba la Nueva España para “una metrópoli que vacila”. Tanto criollos como europeos, proseguía Calleja, se hallaban convencidos de las ventajas de un gobierno independiente; y tan generalizado era ese sentimiento que el triunfo de la causa separatista no habría encontrado muchos obstáculos si no hubiera mediado la “absurda insurrección de Hidalgo” que, al abrir las puertas de la rebelión a los indígenas, desvirtuó la naturaleza de aquellas aspiraciones independentistas.^[iv]

La invertebración entre las comunidades originó comportamientos muy diferenciados de unas y otras, que han de ser tomados en cuenta a la hora de enunciar juicios que pretendan traspasar particularismos. Si William B. Taylor captó una notable diversidad en las formas de inquietud rural que se manifestaron en Jalisco y en Oaxaca a principios del siglo XIX, y en las actitudes observadas por los pueblos de una y otra región durante las luchas insurgentes,^[v] la investigación que hoy presentamos enfatiza la pluralidad de decisiones de los pueblos indígenas en el marco más amplio del Virreinato, y quiere romper con el panorama convencional de una masa aborigen que se batió con entusiasmo por la causa de Hidalgo y de Morelos.


Las primeras señales de alarma

Diez años antes del estallido de la guerra insurgente se produjo en Tepic, Nueva Galicia, un brote de revuelta derivado de móviles que nunca llegaron a ser conocidos con detalle. No obstante, las noticias sobre esas ocurrencias circularon por toda la Nueva España y dejaron a su paso temores y esperanzas: “en cierto tiempo se divulgó que en tierra adentro había un rey coronado, el señor Mariano I, y sólo con haberse dicho ya, esta vil, infame y traidora nación española no hallaba medio o ardid para recoger sus caudales, e irse a sus tierras”.^[vi]

Existen muy interesantes coincidencias entre ese episodio y el que tuvo como protagonista a José Bernardo Herrada —el mesías trastornado de Durango— a fines de 1800 y principios de 1801: tantas que algunos funcionarios de la administración virreinal llegaron a pensar que Herrada y Mariano eran una misma persona.^[vii] Eric Van Young y Enrique Florescano se han ocupado de esos sucesos y Van Young ha señalado dónde se halla la correspondiente documentación de archivo.^[viii] Remitimos, en fin, a la Historia de Méjico de Lucas Alamán, que proporciona otras referencias.^[ix] Los acontecimientos de Tepic, cuyo relato omitimos por las razones apuntadas, revelan aspectos de interés y muestran, en último término, la incapacidad en que se hallaban los indígenas para articular con visos de éxito un movimiento de resistencia al poder virreinal.

También en el Archivo General de Indias hemos localizado otro interesante expediente, relacionado éste con la causa que se instruyó en septiembre de 1808 —Garibay había reemplazado ya a Iturrigaray— a dos españoles: José Luis Rodríguez de Alconedo, patrón de platería, y su hermano, José Ignacio, profesor de farmacia y administrador de una botica, a los que se acusaba de intrigar para promover una insurreción en México.^[x]

Según confesión del segundo de los presuntos cómplices, cuando fue invitado a sumarse a la conspiración que se hallaba en marcha, los conjurados “tenian ya listados como diez mil Indios, y como quatro mil Americanos”, y esperaban la incorporación de otros tres pueblos de indios. Otro de los interrogatorios —aplicado a un mestizo de nombre Espinosa— aportó novedades sobre los móviles que impulsaron el complot: “quitarles el mando á los Gachupines, con lo que se haria este Reyno feliz bolviendo á sus dueños que eran los Criollos”.^[xi]

Con independencia de la fiabilidad de esos testimonios —escasamente creíbles en su literalidad—, las averiguaciones judiciales practicadas arrojan luz sobre varios aspectos importantes: son españoles y mestizos quienes se ven implicados como artífices de los preparativos insurreccionales, que persiguen el objetivo inequívoco de operar una traslación del poder político en beneficio de los criollos; y se recurre a los indios como carne de cañón que ni siquiera merece la connotación de “americana”: los verdaderos “americanos”, a quienes se ha de restituir lo que les pertenecía en calidad de dueños, son los criollos.

Años después, el Ilustrador Americano dejó traslucir las mismas convicciones cuando, al comentar las exageraciones con que la propaganda realista había celebrado el sitio de Cuautla, sostuvo que las armas de Calleja habían triunfado “solamente de las viejas, de los muchachos y de unos pocos indios”.^[xii]


Indiferentismo indígena y revolución liberal gaditana

Lo expuesto hasta aquí y lo que se desarrollará a continuación proporciona un presupuesto que juzgamos de la máxima importancia para comprender la posición de los indígenas ante la insurgencia. Y es que el estado espiritual y cultural de esas gentes en vísperas de la revolución distaba mucho de ser el óptimo y el deseable. Así lo había reconocido con desaliento el conde de Revillagigedo, años atrás, al comprobar que los esfuerzos empleados para inculcarles la fe y la doctrina “no habían producido el efecto que debía esperarse y los indios estaban aún bien ignorantes y muy rudos en asuntos de religión”.^[xiii]

Prácticamente idéntico al panorama trazado por Revillagigedo era el balance realizado por Fernández de Lizardi en uno de sus escritos, dedicado a la dispensa concedida a los indios para que no les obligara el precepto de oír misa algunos días de fiesta, por gozar de la consideración de cristianos nuevos a los que no convenía plantear exigencias demasiado severas:

ahora bien, si esto es así, han pasado ya los trescientos años de neofitazgo, ¿deben o no reputarse los indios como cristianos viejos? Si deben reputarse como tales, es fuerza que les obliguen los preceptos de la Iglesia como todos. Si no, ¿hasta cuántos siglos han de ser los indios aprendices de cristianos? ¿Si será hasta el fin del último, usque ad consumationem saeculi?^[xiv]

Por tales motivos y por todo un cúmulo de razones que no es oportuno analizar aquí, el arranque del proceso insurgente sorprendió al indio en un status de tremenda inferioridad: no sólo en su condición socioeconómica, sino también —y sobre todo— en sus niveles educativos y culturales. Es, pues, comprensible que la trasformación del orden político acometida por las Cortes gaditanas difícilmente podía arrancar al indio de su apatía y abulia habituales.

Encontramos un buen exponente del alejamiento entre los dirigentes políticos del virreinato y el grueso de la población india en una divertida e imaginaria carta de los indígenas de Tontonapeque a El Pensador Mexicano, a la que dieron pie las pláticas del cura sobre las consecuencias del principio de igualdad contemplado en la Constitución de Cádiz, ya enunciado antes con carácter general en el decreto de 15 de octubre de 1810 y, para el caso de los indios, en el de 9 de febrero de 1811.

En la escéptica apreciación de los naturales del pueblo, su condición de ciudadanos^[xv] sólo se había materializado en el incremento de la carga impositiva.

¿Qué nos importa que nos quiten el dichoso triboto, si nos han cargado de contribociones al antojo del Comandante que ya nos saca el sangre, porque no tenemos mas que darle? Mas mejor lo estabamos antes; y no agora con el maldita Costitucion, que sos mercedes llaman el código á gusto, el código divino y quen sabe que mas. Con razon mochisimos no quieren el Costitocion, y esto que son ricos; pos nosotros los probes indios ¿como los estaremos con esta maldá?^[xvi]

No cabe duda de que Fernández de Lizardi, buen conocedor de su entorno, atinaba al interpretar los incrédulos sentimientos que albergaban los indígenas con relación a las idílicas promesas liberales: y eso no obstante el gran esfuerzo propagandístico desplegado por los patrocinadores del Nuevo Régimen. En efecto, después de que la sublevación de Riego hubiera obtenido el retorno del constitucionalismo a España, se editaron múltiples folletos a través de los cuales se pretendía convencer a los indios de las excelencias del sistema constitucional, con un particular énfasis en su acceso a la condición de ciudadanos, en igualdad de derechos con los demás españoles, y en la supresión de antiguos usos, como la pena de azotes, las mitas o los servicios personales. La apología de las nuevas libertades llegaba al extremo de atribuirles la capacidad de influir en la conciencia de los indios para enseñarles a discernir el bien y el mal:

tantos bienes vais á disfrutar, que no sabreis apreciarlos sino gozandolos realmente, porque sujetos en los tiempos pasados á tantas trabas, opresiones y desdichas, ni conociais el nombre del bien, y el mal mismo se os presentaba en la copa de oro, esto es, con la máscara de bien, con el nombre de proteccion, de amparo, de favor; y embriagados con una lisonjera esperanza, con una falsa seguridad, vuestra alma sensible, connaturalizada con las penas, aletargada con el peso de sus desgracias, á penas como en un profundo sueño, sentia lo gravoso de su suerte miserable.^[xvii]

A la vez, se insistía en la necesidad de que los indios accedieran a la instrucción, como el medio más eficaz para evitar que rebrotaran los antiguos abusos:

vuestro continuo trabajo no os deja lugar para pensar que sois racionales. Mas apartaos un rato de este trabajo; id á las escuelas; instruios en vuestra religion y en vuestros derechos; mandad á vuestros hijos, para que no corran la misma suerte que vosotros: que aprendan á leer, para que así sepan el gran bien que poseen en la sábia Constitucion, y puedan reclamar su observancia siempre que sea necesario. Si en alguno de vuestros pueblos no hubiere escuelas, exigid á vuestros curas y ayuntamientos que os las pongan, que así lo manda la Constitucion.^[xviii]

Sabemos, sin embargo, que las nobles intenciones que habían inspirado los decretos de Cortes que pretendían suprimir privilegios e igualar a todos ante la ley se vieron frustradas, en buena parte, por la confluencia de una larga serie de factores: muy en particular, las nuevas contribuciones que vinieron a recaer sobre los indios, y las arbitrariedades de los mandos militares, que agravaron la penuria económica de los indígenas. No cabe olvidar, en último término, la discriminación de los americanos que introdujeron las Cortes cuando se ocuparon del delicado asunto de la representación indiana en el órgano legislativo.^[xix]

En pleno apogeo de la guerra insurgente, cuando apenas había entrado en vigor la Constitución en tierras de la Nueva España, se escribió con amarga ironía en Sud acerca del silencio impuesto a los indios, incapaces de protestar contra los agravios que se les inferían, porque “no nos dexan hablar ni aprender lo necesario”; privados de gustar las uvas de Zapotitlan, pues “decian que por Leyes de Indias solo podian comerlas los Sres. gachupines”, y reducidos a la miseria, “porque dixeron los padres que andaban con Hernan Cortes, que los indios habian profesado la pobreza evangelica para salvarse”.^[xx]




Las comunidades indígenas y la coyuntura bélica: ¿insurgentes o realistas?

Muchas comunidades indígenas pelearon en la guerra insurgente de 1810, sin que pueda sostenerse una adscripción en bloque a uno u otro de los bandos enfrentados. Más aún, como ha hecho notar Alicia M. Barabas para el espacio geográfico oaxaqueño, los indígenas de pueblos enteros que se vieron involucrados en el conflicto titubearon en la elección del bando que debían apoyar: así, mientras que algunos pueblos de la mixteca de la costa sostuvieron la causa independentista, otros del mismo litoral se pronunciaron en favor de los españoles.^[xxi] Incluso se podría pensar, con Hamill, que la mayoría de indios y castas de la Nueva España prefirió mantenerse lejos del conflicto, y que sólo se movilizaron cuando éste les afectó de un modo directo.^[xxii]

Virginia Guedea observa, de su parte, que la guerra provocó una participación generalizada de la población de los Llanos de Apan y zonas circunvecinas de Puebla y Veracruz, y que en ambos bandos tomaron parte “tanto gente ‘de razón’como la ‘indiada’”.^[xxiii]

William B. Taylor afirma que no todos los indios del mundo rural de Jalisco —entonces, Nueva Galicia—, ni siquiera la mayoría, tomaron parte en el levantamiento que tuvo como hitos la batalla de Zacoalco y la ocupación de Guadalajara por las fuerzas de José Antonio Torres; y que, después del retorno de los realistas, los indígenas de Zacoalco quedaron profundamente divididos en sus lealtades políticas y en sus proyectos de futuro. Añade también que el apoyo a la insurgencia no fue una acción colectiva de pueblos enteros —quizá con la excepción del breve período de Torres—, sino decisión de individuos aislados, por numerosos que hubieran podido llegar a ser; e incluso registra la existencia de dos pueblos —Tonalá y Tlajomulco—, que se inhibieron en la lucha que se desarrolló durante aquellos críticos años.^[xxiv]

La indeterminación de muchas comunidades indígenas y la identificación de otras muchas con el bando realista pueden ser explicadas de muchos modos. El juicio que expresa Castillo Ledón ayuda eficazmente a pensar esas razones a partir de un fundamento sólido: “la independencia la promovieron los criollos y los mestizos y aun algunos españoles. Hidalgo y todos los jefes pertenecían a las dos primeras clases. La guerra no se declaró precisamente para vengar agravios de los indios; pero sí arrastró a éstos”.^[xxv] Es ésa la interpretación a que se abona Cécile Gouy-Gilbert, que resalta la ambigüedad de la lucha por la independencia que, si bien reunió a los indios bajo la influencia de Hidalgo y de Morelos, “se llevó a cabo sobre todo por el hecho de que los criollos querían desembarazarse de la ‘burocracia peninsular’ sin cambiar por ello la estructura social de la Colonia”.^[xxvi] Dieter George Berninger participa de la misma opinión: “los verdaderos beneficiarios de la independencia fueron los criollos [.... Todos sus objetivos en la lucha por la independencia tenían estrecha relación con el deseo de sustituir al gachupín [... en las posiciones de poder”.^[xxvii]

A fin de cuentas, el parecer de Castillo Ledón reproduce los puntos de vista expresados por la mayoría de autores del siglo pasado, que admitieron una movilización masiva de indígenas durante la insurrección, que se decidió como por instinto.^[xxviii] Así lo expresó nítidamente Lorenzo de Zavala: “los indios tomaron una parte tan activa en la revolución, cuanta les permitían sus facultades morales y su incapacidad de discurrir por el estado de degradación en que estaban”; “Viva la América y la virgen de Guadalupe, fue el grito dado en el pueblo de Dolores, y diez mil indios mal armados y medio desnudos agrupados alrededor de sus corifeos, obraban por un sentimiento desconocido y corrían a destruir a sus opresores”.^[xxix]

El hecho mismo de que muchos campesinos indios se contasen entre los seguidores de Hidalgo indujo a unas cuantas corporaciones de naturales, cuyo régimen de vida estaba ligado a centros urbanos —incluidas las parcialidades de la capital del virreinato,^[xxx] las repúblicas de indios de Guadalajara y el gobernador de naturales de Querétaro—, a manifestar su fidelidad a la causa realista y a proponer la organización de tropas de voluntarios.

Lucas Alamán recoge la respuesta que, unos cuantos meses antes de la sublevación de Hidalgo, había dado el gobernador de la parcialidad de indios de San Juan a la proclama de Garibay, por la que éste informó de la negativa marcha de la guerra que se sostenía en la península ibérica contra las armas de Napoleón: “aun cuando no hubiese en España mas que un pueblo libre de los enemigos, donde residiese aquel cuerpo nacional (la junta central), á este se debe reconocer como lugar teniente de S. M., y no pueden (los indios), tener otro rey que el inmediato sucesor de la casa de Borbón”.^[xxxi]Al mismo autor debemos el registro de las protestas de fidelidad de otras corporaciones de indígenas, después ya de haberse producido la revuelta del cura de Dolores, y la constancia del alborozo con que acogieron las parcialidades capitalinas la noticia del regreso de Fernando VII a suelo español.^[xxxii]

Aunque pudiera dudarse de la sinceridad de esas declaraciones, parece verosímil su rectitud si se tiene cuenta —como observa Virginia Guedea— que no existían relaciones entre los diversos grupos indígenas que facilitaran la manipulación de aquellas expresiones de lealtad que, por lo demás, no lograban encubrir signos de simpatía hacia el movimiento insurgente de parte de algunos dirigentes de las parcialidades capitalinas, como los que participaron en unas juntas clandestinas celebradas en el tecpan de Santiago en junio de 1810 con la finalidad de impedir el envío de dinero a España, obtener el consentimiento para que los pueblos pudieran reunirse y tratar sobre la independencia, exigir la instalación de Cortes y reclamar al gobierno la entrega de armas a los indios.^[xxxiii]

Ese fue también el caso de Francisco Galicia, que había sido gobernador de la parcialidad de San Juan y que, después de haber sido designado elector del ayuntamiento de México en las elecciones de noviembre de 1812 por la parroquia de Santa Cruz Acatlán, escribió a Rayón informándole de lo ocurrido en aquella jornada y prometiéndole ayuda si se acercaba a México con sus fuerzas.³⁴ Condenado más tarde por su apoyo a los rebeldes, murió en prisión en Acapulco mientras esperaba la embarcación que iba a conducirlo a su destierro en las Islas Marías.^[xxxiv]

Otro antiguo gobernador de la parcialidad de San Juan, Dionisio Cano Moctezuma, acreditado también como elector en noviembre de 1812 por Santo Tomás, se vio implicado en una averiguación sobre su “conducta y manejo”, por considerársele autor de una carta que se encontró en poder de Morelos. Constaba además a las autoridades realistas que Cano Moctezuma se hallaba en comunicación con los insurgentes y que pertenecía a los Guadalupes.^[xxxv]

Asentado que la mayor parte de los dirigentes de las parcialidades capitalinas, con excepciones como las ya reseñadas, se solidarizaron con la autoridad virreinal, puede pensarse en otros móviles coadyuvantes en esos testimonios de adhesión:

la militarización general que sufriera el virreinato a partir de entonces [desde 1810] y que tanto afectara a los sectores socio-económicos más bajos de la población vino a despertar en algunos de los funcionarios indígenas, además del deseo natural de evitar que sus gobernados sufrieran las consecuencias de una leva masiva, el deseo de formar con ellos cuerpos organizados que estuvieran bajo su mando y que ofrecieran un apoyo al ejercicio de su autoridad, amenazada por el establecimiento de la Constitución de 1812, que aparentemente abría nuevas vías de acción a los indígenas pero que, de hecho, venía a poner fin a su régimen especial de gobierno.^[xxxvi]

Las afirmaciones de Virginia Guedea sobre el impacto del texto fundamental de Cádiz en la vida de las comunidades indígenas, que acaban de reproducirse, son contradichas —al menos en parte— por las tesis de Antonio Annino que apuntan a una “interpretación india” de la Constitución, en el sentido de que las parcialidades de la capital supieron defender el “poder étnico”, incluso en lo referente a los bienes de comunidad cuya administración se confió a los nuevos ayuntamientos electivos: “entre 1812 y 1813 no era de ningún modo obvio que el traslado de los bienes étnicos a los nuevos cabildos implicara la pérdida automática del control por parte de las dos parcialidades”.³⁸

El mismo Annino ha enfatizado en otro trabajo la determinación con que se aplicó en la Nueva España el código constitucional de 1812, que no titubeó en la concesión del status de ciudadanía liberal para los indios y que tuvo como consecuencia la entrada de las comunidades en el mundo del constitucionalismo moderno: un ingreso que, sin embargo, implicó la adaptación de las normas políticas de la Modernidad a las tradicionales prácticas de gobierno indígenas, y el consiguiente efecto potencialmente desestabilizador para el nuevo orden.^[xxxvii]

Andrés Lira relativiza los puntos de vista de Antonio Annino: si bien es cierto que algunos antiguos gobernadores de las parcialidades de la ciudad de México se vincularon a las nuevas instituciones —”para ellos el régimen constitucional era una etapa más en su carrera política”—, las autoridades de las repúblicas dependientes de las parcialidades vieron comprometido su futuro, pues la existencia de ayuntamientos constitucionales señalaba su extinción como focos de poder local.^[xxxviii]

De otro lado, la matanza de la alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, no sólo aterrorizó a las clases altas y medias de la Nueva España, sino que amedrentó a elementos de inferior condición social, entre los que se contaban numerosos indígenas: “los indios poseedores de tierras comunales y los campesinos sentían temor de ser desposeídos por los pobres carentes de tierras que militaban en las fuerzas de Hidalgo”,^[xxxix] como también pudieron experimentar miedo ante la perspectiva de verse enrolados a la fuerza en alguna partida de insurgentes.⁴²

Se explica así que poblaciones indígenas, como los habitantes del altiplano central o los empleados de haciendas de las regiones situadas al norte del Bajío, como San Luis Potosí,^[xl] prefirieran mantenerse a la expectativa y sólo de modo aislado prestaran apoyo a los insurgentes. Lo mismo ocurrió entre los mixtecos, a quienes debió de resultar poco atractiva la posibilidad de ser gobernados por hombres como los capitanes de Morelos: por eso respondieron con evasivas a las exacciones tributarias y a las demandas de víveres para los cuarteles insurgentes. “Cuando el pueblo de Yodocono resistió un pedido del coronel Aparicio que exigía 25 pesos, 4 arrobas de totoposte y una ración de zacate, la guarnición del cuartel cercano atacó al pueblo con caballería e infantería, quemó los bohíos y se llevó presos a los hombres que lograron atrapar, a quienes el coronel extorsionó por 3.000 pesos antes de soltarlos”.^[xli]

Por lo que hace a los indígenas del valle de México, Timothy E. Anna coincide con Hamill en subrayar la escasa ayuda que proporcionaron a Hidalgo, influidos quizá por la intensa propaganda del gobierno, que divulgó por todos los medios a su alcance los horrores sembrados por la insurgencia en el interior del país.^[xlii]

Es preciso admitir que todavía hoy nos encontramos carentes de información precisa que permita valorar en su justa medida las motivaciones de las regiones y de los diversos grupos sociales que se alzaron en 1810.^[xliii] Pero el mismo retraso con que se produjo la expedición del decreto por el que Hidalgo obligó a devolver a las comunidades de los naturales las tierras que les habían sido usurpadas ilegalmente —decreto del 5 de diciembre de 1810— y la limitación del alcance de esa medida, que se circunscribía a la restitución de tierras arrendadas, pueden hacer pensar en un cierto carácter instrumental y en la necesidad en que se veía el cura de Dolores de conciliar los intereses del levantamiento criollo con los de otros sectores sociales que estaban brindando apoyo a la insurrección. La posterior abolición del tributo significó ya un importante paso adelante en la ruptura con el ordenamiento anterior: así lo han entendido Luis Villoro y Enrique Florescano, que interpretan esa medida como expresión de la soberanía efectiva del pueblo y del propósito destructor del orden antiguo.⁴⁷

Tampoco parece imprudente generalizar la hipótesis que formuló William B. Taylor para explicar la incorporación al movimiento insurgente de grupos e individuos de las poblaciones del centro de Jalisco: más que atribuirla a contagio de la propaganda de los rebeldes, habría que pensar en el rechazo que provocó la represión realista y su política de tierra quemada.^[xliv] Del mismo modo resulta convincente su recurso al influjo de los curas sobre sus feligreses, que pudo condicionar de modo decisivo la postura favorable u hostil de éstos hacia la insurgencia.^[xlv]

Los argumentos de que se sirvieron algunos insurgentes para justificar su militancia en el bando contrario al realista se nos antojan, a veces, peregrinos, pero no dejan de remitir a un interesante simbolismo. Van Young recoge la respuesta que dieron unos indios capturados cerca de Yuririapúndaro en 1810, cuando fueron interrogados por su adscripción al campo rebelde: los caciques de sus pueblos les habían ordenado unirse a las fuerzas de Allende por orden del rey.^[xlvi] Y el mismo autor subraya el extraño entrelazamiento de aspiraciones tan confusas como el mesiánico milenarismo indio y un legitimismo distorsionado, que se concretó en rumores como la presencia de Fernando VII en México, entre 1810 y 1811, disfrazado de un enmascarado que favorecía la causa de los rebeldes.^[xlvii]

No cabe duda, desde luego, de que los indígenas que se alzaron en 1810 obedecieron a impulsos que poco o nada tenían que ver con los postulados de la elite protoliberal, y eso aun cuando los símbolos motivadores de su rebeldía fueran formalmente los mismos elegidos por los criollos que dirigían el movimiento.^[xlviii] Lo entendió muy bien Juan de Yandiola, enviado a la Nueva España por las Cortes para analizar la situación del virreinato, cuando advirtió que el movimiento promovido por los criollos se complementaba con otro de raíces populares, que implicaba a muchos indígenas levantados en defensa de su religión y tradiciones, que creyeron amenazadas.⁵³

En el curso de los años que duró la contienda, por vez primera, las comunidades indígenas adquirieron conciencia de su propia fuerza, gozaron de una verdadera autonomía, e incluso aprovecharon para adueñarse de tierras o aguas que venían reclamando desde tiempo atrás a propietarios particulares. Esa competencia por la tierra, unida a la tradicional resistencia a las coacciones fiscales, había alimentado desde tiempos remotos frecuentes litigios: y no parece imprudente suponer que, a partir de 1810, influyera en las actitudes favorables a la insurgencia que observamos entre esos pueblos. “Diferencias locales sobre estas cuestiones pudieron determinar que algunas poblaciones se inclinaran a favor de la insurgencia y otras a favor del realismo, o hacia la no participación”.^[xlix]

A decir verdad, no todas las rebeliones de indios venían motivadas por pleitos sobre utilización de tierras o de aguas, pero sí se hallaban relacionadas con esta vertiente, de uno u otro modo: por ejemplo, las tensiones provocadas por el endeudamiento, las condiciones de trabajo o la regulación de salarios.^[l] No obstante, como previene Tutino, es preciso limitar el alcance de esas protestas rurales que, en la mayoría de los casos, afectaron sólo a comunidades campesinas aisladas.^[li]

El esfuerzo bélico acometido desde 1810 incorporó a muchas de aquellas comunidades, hasta entonces aisladas, a una coalición de intereses cada vez más amplia, pluriétnica y plurisocial: “pueblos indígenas, labradores del campo, pequeños rancheros, mayordomos de haciendas, arrieros, vaqueros, artesanos, letrados provincianos, párrocos, oficiales de la milicia, y aun familias prominentes de la localidad”.^[lii] En consecuencia, los conflictos locales preexistentes tendieron a ensancharse y su resolución rebasó la disponibilidad de medios con que hacerles frente: por eso, el logro de la independencia política no obtuvo la erradicación de esos problemas.^[liii]

Aunque la postura más difundida entre los indígenas —incluso antes del grito de Dolores—^[liv] fuera favorable a la causa insurgente, algunos de ellos protagonizaran importantes hechos de armas en este bando, muchos sufrieran encierros en calabozos realistas, muchísimos entregaran su vida por la causa de Hidalgo, y otros se distinguieran por los servicios de espionaje y de apoyo desde la retaguardia que prestaron en favor de la insurgencia o por los cuidados que prodigaron a sus heridos y enfermos, resulta imposible obviar el hecho de que existieron diferencias de opinión en el interior de los pueblos, y que hubo bastantes que lucharon abiertamente en defensa de los derechos esgrimidos por España.

Pocas veces han parado mientes los historiadores en esa presencia de bandos antagónicos en el seno de las comunidades, a que nos referíamos en el anterior párrafo. El hambre de tierras instigó no pocos conflictos internos y condicionó más de una lealtad. Fue el caso, recordado por Ortiz Peralta, de Ixmiquilpan, cuyo gobernador se dirigió en 1812 al Juzgado General de Naturales en solicitud de permiso para una redistribución de las tierras de repartimiento entre nuevos solicitantes, que aprovecharon la coyuntura de que los anteriores beneficiarios se habían sumado a la insurgencia.^[lv]

Aunque casi toda la provincia de Tlaxcala se hubiera decantado por la causa insurgente, según aseguraba Rayón a Morelos, “el gobernador de indios es del partido contrario, y por razón de su crecido caudal e influjo los tiene en sumo grado oprimidos”.^[lvi] Un indio noble, Diego Páez de Mendoza, capitaneó a los patriotas de Ameca, y derrotó y arrebató el equipaje al insurgente Arroyo cuando huía de Valladolid y trataba de penetrar en la provincia de Puebla.^[lvii]

Otro caso ejemplar fue el de Agustín de la Cruz, gobernador de Yodocono en 1816 y 1818, que fue denunciado como realista por sus convecinos partidarios de la insurgencia. Según la acusación, cuando los rebeldes abandonaron el pueblo, De la Cruz “hizo sacar en procesión el retrato del rey, con música, cohetes y vivas” (lo que no hubiera podido realizarse sin el concurso de mucha más gente).^[lviii]

Recordemos, en fin, a Jorge Cipak, gobernador de Patzún, recomendado por el capitán general de Guatemala al secretario de Estado y Gobernación de Ultramar, para que se le premiara con el derecho a poner las armas reales sobre la puerta de su casa, y para que se le autorizara a nombrar al gobernador de aquel pueblo en la persona de uno de sus hijos: todo ello en recompensa por haber prestado valiosos servicios a la Corona durante la insurrección.^[lix]

Juan Ortiz Escamilla certifica varios casos de poblaciones cuyos habitantes se dividieron a la hora de decidir a cuál de los dos bandos en pugna iban a apoyar: Tepeji del Río, Chapa de la Mota, Tulancingo. Aunque no se tratara de lugares exclusivamente indígenas, y aunque algunas veces —como en Tulancingo—, la alineación con realistas o insurgentes se identificara con la bipolarización de una sociedad escindida en notables o paisanos honrados y plebe, también es cierto que no hubo unanimidad ni siquiera entre los indígenas.^[lx]

Por supuesto, la dificultad para asentar juicios de carácter general prevalece también aquí: después de haber registrado varios ejemplos que muestran diversidad de pareceres, no podemos silenciar el caso de la república de Coatepec, de la jurisdicción de Sultepec, que dirigió una representación a Morelos para pedir que les nombrara gobernador.^[lxi] Difícilmente hubiera prosperado una iniciativa semejante de no existir unanimidad en la adhesión a la insurgencia. Lo mismo parece sugerir la recaudación de cuarenta y siete pesos para la causa rebelde que efectuó la república de Santo Domingo Tonavistla.^[lxii] No obstante, como en todos los donativos voluntarios, la disposición de los naturales en favor de la insurgencia que insinúa esa colecta ha de ser contemplada con cierta desconfianza, y no implica necesariamente una simpatía generalizada hacia ese bando.

Eric Van Young discrepa de la opinión común que ve en la insurgencia un fenómeno eminentemente mestizo, y se inclina por otorgar carácter mayoritario a la participación indígena en el movimiento insurgente. Sustenta su seguridad en el análisis de una muestra de mil trescientas personas acusadas de pertenecer a aquel bando, que permitió observar que casi el 55% de los individuos cuya etnicidad pudo ser averiguada eran indígenas, lo cual se “corresponde en grado bastante alto con la conformación étnica de la Nueva España”.^[lxiii]

No obstante, pensamos que esas observaciones estadísticas, aunque interesantes y meritorias, nada enseñan sobre la postura de los indígenas ante la guerra: en efecto, si la proporción de insurgentes aborígenes descubierta por Van Young equivale a la que guardaba ese sector respecto de la población total del virreinato, no se aporta ningún indicio que permita suponer una predilección de esas etnias por la causa insurgente: simplemente se constata que se reproducía en el campo insurgente la misma estructura poblacional del territorio novohispano.

Se nos ocurren, además, otras objeciones al uso que hace Van Young de la información que recabó para su análisis. Según él mismo declara, la muestra se refiere a “individuos capturados por insurgentes [“como sospechosos de insurgentes”, debió escribirse con más propiedad] entre 1810 y 1815”;^[lxiv] y tal vez no repara en el hecho de que no siempre se demostró que aquéllos a quienes se acusó de participación en la revuelta estuviesen efectivamente comprometidos con ella.

Hubo, por fuerza, casos en que los detenidos resultaron absueltos. Y es bien conocida, por otro lado, la arbitrariedad con que los subdelegados y los comandantes realistas procedían a capturar “insurgentes”, para granjearse la estimación de sus superiores y para imponer el terror en las poblaciones que habían manifestado simpatías hacia la causa enemiga. Precisamente de esa ligereza se quejó ante el rey Manuel de la Bodega y Mollinedo, en una representación que firmó en Madrid, el 27 de octubre de 1814: “autorizado cualquiera comandante para calificar de insurgente á el que encuentra en el campo ó poblado, lo hace ordinariamente sin la menor formalidad, y la inmediata ejecucion acaba con la vida de este miembro de la sociedad y decide de la suerte de toda su familia”.^[lxv]

Todavía podemos llevar más adelante la crítica a la muestra seleccionada por Van Young de “individuos capturados por insurgentes”: no sólo no debe darse por supuesto que todos los acusados fueran insurgentes, sino que aún debe excluirse de esta consideración a muchos que fueron condenados o conceptuados como tales y que, sin embargo, no formaban parte de la insurgencia. ¿O es que la justicia impartida bajo la presión de un ambiente de guerra civil, y sin las garantías establecidas desde 1812 por la Constitución, debe reputarse de infalible?

Si en circunstancias de paz, la inquisición policial y la administración de justicia dejaban tanto que desear, y ofrecían facetas y rigores diversos según fuera la condición socioeconómica de los presuntos trasgresores de la norma, ¿no cabe pensar que eso ocurrió también durante la lucha insurgente? ¿No resultaba más asequible oscurecer las pesquisas policiales y enmarañar los procesos judiciales en favor de los miembros de las clases acomodadas que de las gentes que carecían de fortuna y que nada podían ofrecer a cambio de su liberación?

Por todo ello, resulta más que verosímil que los depauperados indígenas padecieron el rigor de la represión virreinal más que los criollos y que los mestizos; y que, insurgentes o no, resultaron inculpados con mayor frecuencia que otros grupos étnicos y sociales que gozaban de mayor poder adquisitivo para sobornar a los agentes de la justicia realista.

Para reforzar nuestros argumentos habría que recordar que, a tenor de un bando difundido por Calleja desde Zacatecas, en mayo de 1811, cualquier persona que viajara sin pasaporte corría el riesgo de “ser aprehendid[a] ó tratad[a] como insurjente”: si ese débil indicio bastaba a los mandos militares para otorgar el carácter de rebeldes a los que fueran sorprendidos sin esa documentación —y así se registra en los papeles de la época—, no parece que el historiador que escribe a más de siglo y medio de esos acontecimientos pueda conformarse con pruebas tan extremadamente débiles que permitían condenar a muchos inocentes cuyo “pecado” era de ignorancia, y no de insurgencia.^[lxvi]

A fin de acabar de ratificar la carencia de bases con que se imputaba a muchos indígenas la condición de insurgentes, resulta pertinente referir un episodio del que dio cuenta Ignacio González Campillo, obispo de Puebla de los Ángeles, a Francisco Xavier Venegas, virrey de la Nueva España. Se quejaba en aquella ocasión el prelado angelopolitano de la torpeza de un tal Manuel Sánchez que, advertido por una denuncia, marchó al frente de su tropa para detener por la noche a unos sospechosos que, según la delación recibida, se disponían a pernoctar en una finca cercana a la capital de la provincia. La inopinada llegada de los soldados asustó al personal de servicio de la hacienda, que dormía plácidamente y pensó que era sorprendido por ladrones. Se trabó un tiroteo, a resultas del cual cayó herido de muerte uno de los criados. Finalizada la refriega, “el Comandante de la expedicion se vino á esta ciudad, ponderó la multitud de Indios, que llamaba insurgentes, y el mucho fuego que se había hecho contra su tropa”.^[lxvii]

Si Van Young exagera tal vez al sostener que los indígenas se decantaron mayoritariamente por la insurgencia, el juicio de un contemporáneo de la guerra, el obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, peca del otro extremo. Así lo anotó Manuel Lorenzo Vidaurre en una glosa a la carta del 20 de junio de 1815, a través de la cual el prelado asturiano había expuesto su posición ante el fenómeno insurgente: “don Manuel Abad y Queipo con respecto á Méjico, que es la parte de América de que únicamente puede hablar algo, confiesa que los indígenas sensatos é ilustrados fueron opuestos á la independencia, por el sério convencimiento de su espíritu en los inconvenientes que resultaban”.^[lxviii]


El indígena visto por los caudillos insurgentes

Incluso si se admite la participación efectiva de muchos indígenas en la insurgencia, y se pondera la voluntad integracionista de Morelos,^[lxix] resulta incuestionable que también entonces fueron objeto de discriminación por parte de los caudillos militares y de personas acomodadas, que no ocultaban la desconfianza que les inspiraban esas masas levantadas en armas, a las que consideraban incapaces de captar el verdadero sentido de la lucha. Es éste el sentimiento que se trasluce en un comentario bienintencionado de Pedro García, vecino de San Miguel el Grande y uno de los primeros ciudadanos que se unieron a las fuerzas de Hidalgo: “los indígenas daban a conocer su contento cuando llegaron a entender los motivos y fin de aquel movimiento”.^[lxx]

Idénticas prevenciones hacia la “plebe” indígena mostraron los Guadalupes en una carta a Morelos, en la que calificaban de “autómatas” a esas gentes, que “no ven mas que lo presente, sin reflexionar en el futuro, y viven conformes con su abatimiento, con que los dexen vivir en los vicios á que cada qual és inclinado”. Claro, que esas características negativas podían ser explotadas al servicio de la causa: “ésta clase de gente se dirige segun conviene, y algun partido se podrá sacar de ella”.^[lxxi]

No otra había sido la preocupación de Ignacio de Allende, que llegó a manifestar a Hidalgo que, puesto que los indios no entendían “el verbo libertad, era necesario hacerles creer que el levantamiento se lleva a cabo únicamente para favorecer al rey Fernando”;^[lxxii] que más de una vez perdió la paciencia con sus seguidores indígenas (en San Miguel y en Guanajuato);^[lxxiii] que, en otra ocasión, se quejó ante el caudillo insurgente de que “los indios están muy alzados” y habían cometido varias atrocidades en las personas de tres europeos y un criollo,^[lxxiv] y que, en una carta que escribió a Hidalgo desde Guanajuato, para convencerle de que reuniera sus tropas a las que él mandaba, expuso que el descrédito de los ejércitos insurgentes era tal que “hasta los mismos indios lo han censurado”.^[lxxv]

Además, persuadir a los indios —como sugería Allende— de que la sublevación se proponía la defensa de los derechos del rey Fernando entrañaba riesgos que desveló José Ignacio Rayón:

supóngase sin embargo, que nuestras armas victoriosas triunfaron por fin de los opresores. Un cálculo ligero y sencillo puede demostrar la debilidad y languidez a que es preciso quedemos reducidos; y entonces la masa enorme de los indios, quietos hasta ahora y unidos con los demás americanos en el concepto de que sólo se trata de reformar el poder arbitrario, sin sustraernos de la dominación de Fernando VII, se fermentará, declarada la independencia y aleccionados en la actual lucha, harán esfuerzos por restituir sus antiguas monarquías, como descaradamente lo pretendieron el año anterior los tlaxcaltecas en su representación al señor Morelo.^[lxxvi]

Parecidas eran las preocupaciones que Aldama confió al coronel realista Diego García Conde cuando éste se hallaba prisionero en manos de los insurgentes: tanto él como los demás jefes que capitaneaban la insurrección se habían persuadido del carácter irrefrenable del movimiento que habían desatado y de que, si los acontecimientos seguían su curso normal, “quedarían estos países en favor de los indios, sus primeros dueños”.^[lxxvii]

Lorenzo de Zavala pareció penetrar en los pensamientos de Allende, cuando escribió: “¿qué podía hacer el coronel Allende, por más conocimientos que se le supongan, con más de cien mil indios que ni entendían el idioma, que mucho menos eran capaces de someterse a la disciplina, y que tenían que entrar en acción inmediatamente?”.^[lxxviii]

En el decisivo trance de marchar sobre la capital del virreinato, desprovista de defensas que pudieran resistir a las fuerzas insurgentes,Allende volvió a manifestar su desconfianza en las hordas de indios, que a duras penas habían triunfado en las Cruces y que, con toda probabilidad, huirían azorados cuando se trabara el combate.^[lxxix]

También había sido ése el mensaje que trasladó Carlos María de Bustamante a los españoles de la ciudad de México, cuando intimaba su rendición a las tropas de Morelos: “creisteis que eramos peores que bestias feroces, que no dabamos quartel, y que nuestros exercitos se componian de indios tumultuarios, armados de honda y flecha, por lo que osasteis resistirnos”.^[lxxx]

Las Campañas del General D. Félix María Calleja, de Carlos María de Bustamante, traslucen el inconsciente menosprecio de su autor hacia los indios. Así, en la descripción de un pequeño enfrentamiento en Puerto Carrozas, en septiembre de 1810, se presenta “á unos miserables indios que ignorando los estragos de la artilleria tapaban las bocas de los cañones con sus sombreros”, y en la reseña de la rendición del puerto de San Blas a las tropas realistas, en diciembre del mismo año, se alude a “la impericia y desórden del ejército que lo atacó, compuesto de unos cuantos lanceros y mayor número de indios inexpertos [de dos a tres mil, dirá en otro luga],^[lxxxi]que habrian encontrado su ruina si cualquiera de las baterias de la plaza al acometerla les hubiera hecho fuego”.⁸⁷

Cuando el insurgente José Mariano Anaya se presentó en Ixmiquilpan en noviembre de 1810, comisionado por Allende e Hidalgo, transmitió instrucciones escritas a los gobernadores y principales de las repúblicas de indios, para que reunieran a toda su “indiada” y la remitieran a Xochitlán. Las órdenes que impartió dirigidas a los “vecinos de razón” implicaban un tratamiento diferente para éstos, más respetuoso si se quiere con su disponibilidad, pues se limitaban a solicitar que fueran convocado.^[lxxxii] Muy parecida fue la conducta de los insurgentes que entraron en Zacatlán a principios de febrero de 1813: enseguida requirieron a los gobernadores de varios pueblos de indios que les suministraran mano de obra que colaborara en los trabajos de fortificación de la ciudad.^[lxxxiii]

El mismo José María Morelos pareció tener bien claro “que nuestro sistema solo se encamina á que el gobierno político y militar que reside en los europeos recaiga en los criollos”, y “que siendo los blancos los primeros representantes del reino, y los que primero tomaron las armas en defensa de los naturales de los pueblos y demas castas, uniformándose con ellos, deben ser los blancos por este mérito el objeto de nuestra gratitud y no del odio que se quiere formar contra ellos”.^[lxxxiv] Lógicamente, al interpretar estas palabras del caudillo insurgente, es preciso tomar en cuenta su intencionalidad de captar voluntades para una causa que, sin el apoyo de los criollos, difícilmente podía albergar esperanzas de triunfo.

Por si cabía algún espacio de duda acerca del papel que se reservaba a los criollos —y, por eliminación, a los indígenas— en el nuevo Estado, Morelos remachó en febrero de 1812: “nuestra sentencia no es otra sino que los criollos gobiernen al reino y que los gachupines se vayan a su tierra”.^[lxxxv] Más contundente aún es el contenido de un Aviso importante al público que, “para que llegue á noticia de todos”, hizo circular Morelos desde su cuartel de Aguadulce, en Michoacán, el 10 de agosto de 1814: “corre in voce que por Zacatlán y Chignahuapan les hemos dado un par de golpes á los Mexicanos”.⁹²

En cambio, aunque el bando que Morelos tituló Contra Plan de Calleja, del 7 de julio de 1813, incluya una clasificación de los habitantes del reino en cuatro clases, y enumere las obligaciones propias de cada una de ellas, no puede ser interpretado como si se tratara de una marcha atrás en el camino hacia la supresión de distingos: fueron consideraciones estrictamente militares las que sirvieron para esa catalogación de las personas, según su disponibilidad para el servicio de las armas.^[lxxxvi]

También es cierto que José María Morelos predicó la libertad para el Anáhuac, y prometió “restablecer el Imperio Mexicano” mediante los trabajos de la asamblea que se instaló en Chilpancingo. De ahí su mítica invocación a los “genios de Moctezuma, Cacama, Quautimozin, Xicotencal y Calcontzin”, emplazados a contemplar

el fausto momento en que vuestros ilustres hijos se han congregado para vengar vuestros ultrajes y desafueros y librarse de las garras de la tiranía y fanatismo que los iba a sorber para siempre. Al 12 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813; en aquél se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México-Tenoctitlan; en éste se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo.^[lxxxvii]

Con todo, el recurso a ese simbolismo —perfectamente comprensible desde una perspectiva de indagación en las propias raíces— no comportaba ni remotamente, en el ánimo de Morelos, una especial consideración del mundo indígena en el proyecto del nuevo Estado.


A modo de conclusión

Con las limitaciones que se quiera, y aun admitiendo la supeditación de las comunidades indígenas a los proyectos políticos de los dirigentes de la insurgencia, permanece el hecho de que la guerra atrajo sobre ellos destrucción y, en muchos casos, abandono de sus pueblos: un estado de cosas que a mediados de siglo distaba de haberse resuelto. Así, los campesinos de Cuyutlán, Santa Fe, San Diego y San Juan Bautista solicitaron al Congreso de Jalisco, en 1849, la devolución de las tierras de asiento de sus pueblos, que habían debido abandonar a consecuencia de la guerra, entre 1810 y 1811. Ni que decir tiene que la resolución de la legislatura estatal no consideró de utilidad pública la restitución de los terrenos, y recomendó el camino de los tribunales de justicia para una eventual demanda contra las personas que se habían establecido allí.^[lxxxviii]

Aunque el caso referido en el párrafo anterior revista un aspecto muy particular, que no cabe generalizar, existen abundantes elementos de juicio que inducen a pensar que el sacrificio realizado por muchos indígenas durante las guerras insurgentes fue baldío o, al menos, aprovechó a otros. Los aborígenes mexicanos podían identificarse, en líneas generales, con las palabras de un personaje de La coqueta:

¿para qué he ido a exponer mi vida en los campos de batalla? ¿para qué la exponen tantos valientes agrupados en derredor del estandarte de la libertad? ¡Libertad! ¿Y para quién es la libertad? ¿Pueden ser libres instantáneamente esos millones que tenemos de seres degradados, cuando no sienten en sí mismos la dignidad de hombres? ¿Para qué es la igualdad, si no podrían soportarla en parte alguna?^[lxxxix]

Por mucho que se escribiera en los días de la guerra y en fechas muy posteriores, persistió la discriminación de los indígenas, incluso por parte de los caudillos insurgentes que se beneficiaron del generoso esfuerzo desplegado por muchos de ellos. Pero se intentó silenciar ese hecho, al tiempo que se magnificaba y se mitificaba la aportación indígena al movimiento liberador.

En efecto, y como destacó oportunamente Doris Ladd, las historias sociales del período de la insurgencia tienden a enmascarar el papel relevante que jugaron entonces las clases adineradas, y prefieren centrar su atención en los grupos oprimidos —campesinos, negros, indígenas—, “dada la propensión a buscar el significado del pasado histórico en la ‘cultura de la pobreza’”.^[xc]

Mariano Otero, que no necesitaba manipular la aportación de los postergados a la lucha emancipadora, valoró de manera muy diferente el papel de los privilegiados criollos, y se refirió en términos entusiásticos a la acción de la “raza trasplantada”, llamada por Dios para quebrantar “las cadenas de aquellos pueblos que con solícito cuidado había hecho crecer en los ignorados bosques del Nuevo Mundo”, y aprestándose a proclamar “la igualdad de todos los derechos y de todas las obligaciones, extinguiendo las distinciones absurdas y funestas, que han dividido a los pueblos en dos razas, la una de señores y la otra de esclavos”.^[xci]

No difería en mucho el pensamiento de Ignacio M. Altamirano, que no tuvo recato en aceptar que “el elemento social a cuyo impulso se consumó la independencia de la Patria no fué ni el indigenato mexicano ni el elemento popular compuesto de las clases que hacían causa común con él”, pues lo impedían “sus intereses y su alejamiento de las cosas públicas”: hasta tal punto que, de haber triunfado la revolución de 1810, las clases privilegiadas habrían sido barridas por quienes consideraban ya insufribles sus abusos.^[xcii]

Los primeros caudillos de la causa emancipadora procedían, según Altamirano, de las capas bajas de los criollos, las de condición menos favorecida, las

castas mestizas que los españoles llamaban con desdén criollas para distinguirlas de los habitantes de la colonia de origen español, y aun de una cierta clase aristocrática formada aquí después de la conquista y que había adquirido altos fueros y privilegios y aun títulos de nobleza, sea a causa de sus riquezas territoriales o mineras, sea por enlaces contraídos en España o por el simple favoritismo.^[xciii]

Maqueo Castellano, que conceptuó la insurrección de 1810 como un “relámpago de iracundia, de los oprimidos contra los opresores”, afirmó categóricamente: “nadie podrá nunca probar que fué el indio el que hizo la independencia de la Patria, por más que hayan sido indios muchos de sus gloriosos caudillos, aunque los más eran criollos”;^[xciv] y eso, porque la mayoría de aquellas razas “vencidas, vilipendiadas, muertas” respondieron con la indiferencia a la llamada que se les dirigió para que se sumaran a la rebeldía. Pero, aun cuando se admitiera que “la gran masa indígena” se levantó en armas, nunca se podría sostener que alcanzara a comprender los móviles de la sublevación. A lo sumo, “el indio pudo acaso ver en la Independencia tres cosas: el recobro de las tierras, la liberación del pago de impuestos y de la prestación de servicios personales, y la ruina del español que se había hecho odiar”.¹⁰²



1 Bulnes, Francisco: El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1992, págs. 14 y 50.

2 Van Young, Eric: La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de
la Nueva España, 1750-1821, México, 1992, pág. 344.

3 Hamill ejemplifica la ignorancia de los indígenas con el “descubrimiento” que hicieron,
después de haber dado muerte en Guanajuato al intendente Riaño: no tenía rabo, a pesar de que la propaganda y los rumores les habían convencido de que todos los oficiales españoles estaban dotados de ese apéndice, por su condición de almas condenadas: Hamill, Jr., Hugh M.: The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Independence, Westport, Connecticut, 1981, pág. 137.

4 Annino, Antonio: “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial. El 29 de noviembre de 1812 en la ciudad de México“, Secuencia: Revista de Historia y Ciencias Sociales, nueva época, núm. 24, México, D. F., septiembre-diciembre, 1992, págs. 121-158 (pág. 124). El mismo artículo ha sido incluido en Montalvo Ortega, Enrique (coord.): El águila bifronte. Poder y liberalismo en México, México, 1995, págs. 17-63.

5 Taylor, William B.: “Bandolerismo e insurrección: agitación rural en el centro de Jalisco,
1790-1816”, en Katz, Friedrich (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, 2 vols., México, 1990, vol. I, págs. 187-222 (págs. 187 y 207).

6 Carta de José Alejandro Molina y Manuel de la Trinidad Fernández a Morelos, sin fecha, en Prontuario de los insurgentes, introducción y notas de Virginia Guedea, México, 1995, págs. 78-79.

7 Van Young, Eric: La crisis del orden colonial, págs. 365-386; Van Young, Eric: “Millennium on the Northern Marches: The Mad Messiah of Durango and Popular Rebellion in Mexico, 1800-1815”, Comparative Studies in Society and History, vol. 28, 1986, págs. 385-413; Van Young, Eric: “Quetzalcóatl, King Ferdinand, and Ignacio Allende Go to Seashore; or Messianism and Mystical Kingship in Mexico, 1800-1821”, en Rodríguez O., Jaime E. (ed.): The Independence of Mexico ant the Creation of the Nation, Los Angeles-Irvine, 1994, págs. 109-127 (págs. 109-110), y Florescano, Enrique: Memoria mexicana, México, 1995, págs. 492-496.

8 Van Young, Eric: La crisis del orden colonial, págs. 399-400, y Florescano, Enrique:
Memoria mexicana, págs. 496-500. Personalmente he consultado este expediente en el Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Estado, 29, núm. 7, y Estado, 30, núm. 19

9 Alamán, Lucas: Historia de Méjico. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, 1942, vol. I, págs. 132-134.

10 AGI, México, 1.472.

11 Ídem.

12 Plan del Ilustrador Americano, en García Díaz, Tarsicio: “La prensa insurgente”, en Hernández, Octavio (ed.): La República Federal Mexicana. Gestación y nacimiento, 8 vols., México, 1976, vol. V, t. I, pág. 221.

13 Zahino Peñafort, Luisa: Iglesia y sociedad en México, 1765-1800. Tradición, reforma y
reacciones, México, 1996, pág. 79.

14 Fernández de Lizardi, José Joaquín: “Calendario histórico y pronóstico político. Por el Pensador Mexicano. Para el año bisiesto de 1824” (México, 1823), en Fernández de Lizardi, José Joaquín: Obras, México, 1963-1995, vol. XII, págs. 547-611 (pág. 554).

15 Debemos a Antonio Annino unas reflexiones muy interesantes acerca de lo que él llama “el
desliz de la ciudadanía”, provocado por la modificación que este concepto experimentó en México por obra del “protagonismo de los pueblos”: Annino, Antonio: “Nuevas perspectivas para una vieja pregunta”, en VV. AA.: El primer liberalismo mexicano, 1808-1855, México, 1995, págs. 43-91 (págs. 52-62).

16 Carta de los indios de Tontonapeque al Pensador Mexicano, s. c., 20 de diciembre de 1820, México, Biblioteca Nacional, Fondo José María Lafragua —en adelante, LAF— 105.

17 Consuelo a los indios, y aliento a los ciudadanos. México, 1820 (LAF 144).

18 La Malinche de la Constitución. En los idiomas mejicano y castellano. Segundo papel.
México, 1820 (LAF 261).

19 Ferrer Muñoz, Manuel: La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España (Pugna entre Antiguo y Nuevo Régimen en el virreinato, 1810-1821), México, 1993, págs. 204-215. En relación con este punto son muy conocidas las furibundas críticas de fray Servando Teresa de Mier en la Carta de un americano a El Español sobre su número XIX: Teresa de Mier, Servando: Cartas de un americano 1811-1812, México, 1987, págs. 61-138, y Semanario Patriótico Mexicano, núms. 9 a 19, 13 de septiembre de 1812 al 22 de noviembre de 1812, en García Díaz: “La prensa insurgente...”, vol.V, t. I, págs. 415-502.

20 Sud. Continuacion del despertador de Michoacan, núm. 51, 25 de enero de 1813, en García, Genaro (dir.): Documentos históricos mexicanos, 6 vols., México, 1910, vol. IV.

21 Barabas, Alicia M.: “Rebeliones e insurrecciones indígenas en Oaxaca: la trayectoria histórica de la resistencia étnica”, en Barabas, Alicia M., y Bartolomé, Miguel A. (coords.): Etnicidad y pluralismo cultural. La dinámica étnica en Oaxaca, México, 1990, págs. 213-256 (pág. 247).

22 Hamill, Jr.: The Hidalgo Revolt..., pág. 48.

23 Guedea, Virginia: La insurgencia en el Departamento del Norte. Los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla 1810-1816, México, 1996, págs. 19-20 y 29, y Alamán: Historia de Méjico, vol. II, págs. 385-386. El Diccionario de la lengua castellana, extractado del diccionario enciclopédico, compuesto por Elías Zerolo y otros (París, 1897), definía indiada como “muchedumbre de indios del pueblo, particularmente cuando se amotinan”.

24 Taylor: “Bandolerismo e insurrección...”, págs. 198-199 y 213-221.

25 Castillo Ledón, Luis: Hidalgo. La vida del héroe, 2 vols., México, 1972, vol. II, pág. 272.

26 Gouy-Gilbert, Cécile: Una resistencia india. Los yaquis, México, 1985, pág. 53.

27 Berninger, Dieter George: La inmigración en México (1821-1857), México, 1974, págs. 9-10.

28 Esta explicación me recuerda la tesis de Villoro sobre el “instanteísmo” de la decisión de Hidalgo de embarcarse en la revuelta, refutada en tiempos por Hamill: The Hidalgo Revolt..., pág. 120.

29 Zavala, Lorenzo de: Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, 1969, págs. 46 y 291.

30 Lira, Andrés: Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, México, 1983, págs. 54-55. A Antonio Annino debemos algunas observaciones muy interesantes sobre las peculiaridades del “espacio indio” de la ciudad de México, no enteramente sometido a las parcialidades, como se deduce de la nutrida presencia en la parroquia de la Santa Veracruz de indígenas procedentes de la región occidental del valle de México: Annino: “Prácticas criollas...”, págs. 135 y 144.

31 Alamán: Historia de Méjico, vol. I, págs. 273-274.

32 Ibídem, vol. I, pág. 369, y vol. IV, pág. 144.

33 Guedea, Virginia: “Los indios voluntarios de Fernando VII”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. X, México, D. F., 1986, págs. 11-81 (págs. 34-35, 45 y 49), y Guedea, Virginia: En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México, México, 1992, pág. 41.

34 Alamán: Historia de Méjico, vol. III, págs. 273-274. Rayón respondió el 10 de diciembre:
“los movimientos de esa capital son expresivos de su patriotismo. La Junta Suprema está informada de todo; se nos avisará con tiempo para protegerlos con nuestras armas; que no se destruyan los edificios ni se disipen los caudales. Y sólo destronar a Venegas, los oidores y gachupines”: Prontuario de los insurgentes, págs. 207 y 208.

35 Anna, Timothy E.: La caída del gobierno español en la ciudad de México, México, 1978, pág. 151.

36 Prontuario de los insurgentes, págs. 227 y 228, y Lira: Comunidades indígenas..., págs. 55-56.

37 Guedea: “Los indios voluntarios...”, pág. 80.

38 Annino: “Prácticas criollas...”, pág. 137.

39 Annino: “Nuevas perspectivas...”, págs. 54 y 56.

40 Lira: Comunidades indígenas..., pág. 56.

41 Rodríguez O., Jaime E.: La independencia de la América española, México, 1996, pág. 197.

42 Diálogo casero. El aguador, la cocinera y el insurgente. México, 1810, en Rivera, José:

Diálogos de la Independencia, México, 1985, págs. 54-57 (pág. 55).

43 Tutino, John: De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940, México, 1990, págs. 125-146.

44 Pastor, Rodolfo: Campesinos y reformas: La mixteca, 1700-1856, México, 1987, págs. 417- 418 y 524. Véase también Ortiz Escamilla, Juan: Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México, Sevilla, 1997, págs. 130-131.

45 Anna: La caída del gobierno español..., págs. 88-89. Ortiz Escamilla: Guerra y gobierno..., pág. 45. Esa propaganda realista fue secundada por regidores municipales, párrocos y ciudadanos particulares, que se valieron de su influencia sobre las masas para aconsejarles que no se adhirieran a las fuerzas de Hidalgo: Hamill, Jr.: The Hidalgo Revolt..., pág. 175. El mismo Hamill describe las peculiaridades de la propaganda insurgente dirigida a los indígenas, que trataba de acomodarse a su condición de iletrados: “the illiterate Indians and castes had to be won by means of slogans, songs, and banners”: ibídem, pág. 127.

46 Van Young: La crisis del orden colonial..., pág. 334.

47 Florescano: Memoria mexicana..., pág. 510.

48 Taylor: “Bandolerismo e insurrección...”, págs. 213 y 219-222.

49 Ibídem, págs. 211 y 216. Francisco Antonio Moreno, cura de San Pedro Quiatoni, obispado de Oaxaca, manifestó por escrito el efecto producido en el pueblo por el paso de un jefe militar insurgente, el presbítero José Antonio Herrero: “fue bien visto y recibido de mis indios, dejándolos desengañados del error que padecían y quedando adictos a la justa causa y defensa de la religión a favor de la nación americana”: Prontuario de los insurgentes, págs. 466-467.

50 Van Young: La crisis del orden colonial..., pág. 330.

51 Ibídem, págs. 340, 388, 401-402 y 418-421; Van Young: “Quetzalcóatl, King Ferdinand...”, págs. 110-111 y 119-122, y Florescano, Enrique: Memoria mexicana..., págs. 500-503.

52 Van Young: La crisis del orden colonial..., pág. 364.

53 Ortiz Escamilla: Guerra y gobierno..., pág. 39.

54 Hamnett, Brian R.: Raíces de la insurgencia en México. Historia regional 1750-1824, México, 1990, pág. 46.

55 Ibídem, pág. 48.

56 Tutino: De la insurrección a la revolución..., pág. 48.

57 Hamnett, Brian R.: “Faccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana,

1821-1854: un ensayo interpretativo”, en Vázquez, Josefina Zoraida (ed.): La fundación del Estado Mexicano, México, 1994, págs. 75-109 (pág. 77).

58 Hamnett: Raíces de la insurgencia..., pág. 61.

59 Conviene mencionar a este propósito la colaboración que los implicados en la conspiración de Valladolid de 1809 esperaban de los indios: Alamán: Historia de Méjico..., vol. I, págs. 292-293.

60 Ortiz Peralta, Rina: “Inexistentes por decreto: disposiciones legislativas sobre los pueblos de indios en el siglo XIX. El caso de Hidalgo”, en Escobar Ohmstede, Antonio (coord.): Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX, México, 1993, págs. 153-169 (pág. 159).

61 Prontuario de los insurgentes, pág. 392.

62 Alamán: Historia de Méjico..., vol. IV, pág. 27.

63 Pastor: Campesinos y reformas..., pág. 526.

64 AGI, Guatemala, 629. José de Bustamante, presidente y capitán general de Guatemala, al secretario de Estado y de Gobernación de Ultramar, 18 de noviembre de 1814.

65 Ortiz Escamilla: Guerra y gobierno..., págs. 107-108.

66 Prontuario de los insurgentes, pág. 447.

67 Ibídem, pág. 501.

68 Van Young, Eric: “Rebelión agraria sin agrarismo: defensa de la comunidad, significado y violencia colectiva en la sociedad rural mexicana de fines de la época colonial”, en Escobar Ohmstede: Indio, nación y comunidad..., págs. 31-61 (pág. 54).

69 Ibídem.

70 Bodega y Mollinedo, Manuel de la: Representacion hecha al Rey, por el Exmo. Sr. Consejero
de Estado Don Manuel de la Bodega y Mollinedo. Méjico, 1820 (LAF 243).

71 El Atenéo. Documentos para la historia. Bando de Calleja, t. I. México, 1844 (LAF 390).

72 Condumex, Centro de Estudios de Historia de México, Fondos Virreinales, XI, leg. 95.
Ignacio González Campillo a Francisco Xavier Venegas, 19 de octubre de 1811.

73 Vidaurre, Manuel de: Votos de los Americanos á la Nacion española, y á nuestro amado
monarca el Señor Don Fernando VII: verdadero Concordato entre españoles, Europeos, y Americanos, refutando las máximas del obispo presentado Don Manuel de Abad y Queipo en su carta de veinte de junio de mil ochocientos quince. Reimpreso en Méjico, 1820 (LAF 327).

74 Podrían mencionarse a este respecto el bando del 17 de noviembre de 1810, donde Morelos
dispuso que ya “no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos”; su discurso en la apertura del Congreso de Chilpancingo, donde asumió, en nombre del Congreso, la responsabilidad de cambiar “la suerte de seis millones de americanos”, o los Sentimientos de la Nación, en los que proscribió la esclavitud y la distinción de castas, “quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”: Lemoine, Ernesto: Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, 1991, págs. 162-163, 367 y 370-373; Legislación indigenista de México, México, 1958, págs. 23-24, y Prontuario de los insurgentes, pág. 80. Véase también Roca, C. Alberto: “De las bulas alejandrinas al nuevo orden político americano”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, T. V., México, D. F., 1993, págs. 329-369 (pág. 344).

75 García: Con el cura Hidalgo en la guerra..., pág. 60. Van Young: “Rebelión agraria sin agrarismo...”, págs. 49-50.


76 AGI, Indiferente General, 110. Los Guadalupes a Morelos, México, 5 de agosto de 1813, en cuaderno 4, copia de la correspondencia de los Guadalupes, núm. 12 y Serafina Rosier, con Morelos, Matamoros y otros.

77 Citado en Lemoine, Ernesto: “La revolución de independencia, 1808-1821”, en Hernández,
Octavio (ed.): La República Federal..., vol. IV, t. II, pág. 35.

78 Hamill: The Hidalgo Revolt..., pág. 142.

79 Castillo Ledón: Hidalgo..., vol. II, pág. 105.

80 Bustamante, Carlos María de: Campañas del General D. Félix María Calleja, Comandante en Jefe del Ejército Real de Operaciones, llamado del Centro, México, 1988, pág. 24.

81 Exposición de José Ignacio Rayón al Congreso, en Zavala: Ensayo histórico de las revoluciones...,
págs. 299-302 (pág. 301). Alamán: Historia de Méjico..., vol. III, pág. 525.


82 Ortiz Escamilla: Guerra y gobierno..., pág. 42.

83 Zavala: Ensayo histórico de las revoluciones..., pág. 48.

84 Castillo Ledón: Hidalgo..., vol. II, pág. 96, y Anna: La caída del gobierno español..., pág. 90.

85 Correo Americano del Sur, núm. XXXIV, 21 de octubre de 1813, en García: Documentos históricos mexicanos..., vol. IV, y García Díaz: “La prensa insurgente...”, vol. VI, t. II, págs. 376-377.

86 Bustamante: Campañas..., pág. 75.

87 Ibídem, págs. 21 y 71.

88 Guedea: La insurgencia en el Departamento..., pág. 23.

89 Ibídem, pág. 67.

90 Bando de Morelos, 13 de octubre de 1811, en Lemoine, Ernesto: Morelos..., pág. 182; Dublán, Manuel, y Lozano, José María: Legislación mexicana ó Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, 25 vols., México, 1876-1898, vol. I, núm. 89, págs. 345-346 (13 de octubre de 1811), y Legislación indigenista de México..., págs. 26 27.

91 Primera reconvención dirigida por Morelos, desde Cuautla, a los criollos que militan en las
filas realistas, 23 de febrero de 1812, en Lemoine: Morelos..., pág. 195.

92 Ibídem, pág. 478. Aviso importante al público.

93 AGI, Guatemala, 531. Bando de Morelos Contra Plan de Calleja, 7 de julio de 1813, anexo a una carta del gobernador de Chiapas, 20 de octubre de 1813. Véase Lemoine: Morelos..., págs. 331-335.

94 Ibídem, Discurso pronunciado por Morelos en la apertura del Congreso de Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, págs. 365-369 (pág. 369).

95 Reina, Leticia (coord.): Las luchas populares en México en el siglo XIX, México, 1983, pág. 76.

96 Pizarro, Nicolás: La coqueta, Méjico, 1861, pág. 18.

97 Ladd, Doris: La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-1826, México, 1984, pág. 19.


98 Otero, Mariano: Obras, recopilación, selección, comentarios y estudio preliminar de Jesús Reyes Heroles, 2 vols., México, 1967, vol. II, págs. 469 y 470.

99 Altamirano, Ignacio M.: Historia y política de México (1821-1882), México, 1947, páginas 19 y 26.

100 Ibídem, pág. 19.

101 Maqueo Castellanos, E.: Algunos problemas nacionales, México, 1910, pág. 76.

102 Ibídem, pág. 77.




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Fuente:

http://estudiosamericanos.revistas.c...e/view/275/280

La participación del clero en la consumación de la independencia

Escrito por Padre Joel Olvera

Domingo 02 de Octubre 2011


HISTORIA

Presentamos la participación de algunos miembros de la Iglesia, en concreto de algunos miembros de la jerarquía eclesial: el señor arzobispo de México Pedro José de Fonte y Miravete (1815 – 1823) y el Pbro. Dr. Matías de Monteagudo (1769 – 1841).

Por el Padre Joel Olvera / Diócesis de Querétaro



INTRODUCCIÓN

Luego de 10 años de lucha por la emancipación de la Nueva España, de 1810 a 1820, se fue perfilando la necesidad de lograr un gran acuerdo que pusiera fin al camino armado por lograr un cambio. En Agustín de Iturbide, se realizó la unidad necesaria para proclamar la Independencia ante España. Iturbide, supo sumar los diferentes sectores de la sociedad de su tiempo, incluida la Iglesia. En esta intervención, trataremos de presentar la participación de algunos miembros de la Iglesia, en concreto de algunos miembros de la jerarquía eclesial: el señor arzobispo de México Pedro José de Fonte y Miravete (1815 – 1823) y el Pbro. Dr. Matías de Monteagudo (1769 – 1841). Esperemos lograr nuestro objetivo.


ANTECEDENTES

La revolución militar encabezada en Madrid por Rafael Riego para restituir el régimen constitucional triunfó el 8 de marzo de 1820. Fernando VII era obligado a jurar la Constitución y a nombrar una junta con el nombre de Consejo de Estado, quien convocó a Cortes para el mes de julio. Mencionamos algunos diputados representando a la Nueva España, entre ellos algunos sacerdotes: Pbro. Dr. José Couto (+1828), Pbro. Miguel Ramos Arizpe (1775 – 1843), Pbro. Dr. José Miguel Guridi y Alcocer, José Mariano Michelena (1772 – 1852), Manuel Cortazar, Francisco Fagoaga (1788 – 1851), José M. Montoya y Juan de Dios Cañedo (1786 – 1850), Lucas Alaman (1792 – 1853) y Lorenzo de Zavala. Dichos diputados, menos Cañedo, se unieron al partido liberal, halagados con la promesa de que se declararía la Independencia, lo cual no se realizó. Sin embargo, Ramos Arizpe consiguió que se quitara de Nueva España al virrey Apodaca en enero de 1821. Ya antes se habían alcanzado la amnistía general para todos los reos políticos el 27 de septiembre de 1820.

En abril de 1820, comenzaron a llegar las primeras noticias de lo que estaba sucediendo en España. Los partidarios de la independencia (eran numerosos) y los constitucionalistas veían con agrado lo que se anunciaba. En cambio, las autoridades y los que seriamente pensaban, tanto españoles como criollos, abrigaban serios temores: otro movimiento con los excesos del primero.


El señor arzobispo Pedro José de Fonte y Miravete (1815 – 1823)

La actitud de Fonte al frente del arzobispado fue de carácter circunspecta y se nota con la poca producción de cartas pastorales. Sólo la variación del sistema político español con la restitución de la Constitución de Cádiz de 1812 en 1820 lo motivó a predicar la doctrina clásica sobre cuestiones políticas, es decir: la sumisión a la legítima potestad. Sin embargo, Fonte no intentó combinar el regalismo, la lealtad a España y la defensa de las doctrinas liberales, sino que asumió una posición realista y práctica. No renunció a su lealtad a España pidiendo obediencia pero en cuanto a la Iglesia alertó a sus fieles sobre los límites de la autoridad civil, tal como indicó en una pastoral del 18 de junio de 1820:

Bastará repetir que la Santa Religión de que somos ministros, así lo ordena; pues nosotros a ejemplo del divino maestro y sus santos apóstoles siempre inculcaremos la obediencia a la legítima potestad civil, mientras esta no mande ofender a Dios. (Citado en Bravo Berenice – Pérez Marco Antonio, 1803 – 1821. Fieles a Dios y al rey. El patriotismo en el discurso de los tres últimos prelados españoles del arzobispado de México en AAVV, Historia Desconocida, una aportación a la historia de la Iglesia en la Independencia de México, México 2010. Página 113.)

Mandó a los señores curas que explicaran al pueblo que el régimen constitucional tenía por objeto la felicidad de la nación y de sus individuos sin medios opuestos a la religión, reconocida en el texto constitucional como única, verdadera y protegida con exclusión de cualquier otra.

La actuación de la Iglesia en México fue un gravoso compromiso cooperar con el régimen constitucional español primero y, una vez lograda la independencia, también lo fue cooperar con la regencia e imperio iturbidista. En este último caso la Iglesia ha recibido críticas de la historiografía liberal por su supuesta obediencia a un régimen considerado por ellos conservador, centralista y no legítimo.

Ante los primeros movimientos de Iturbide, el arzobispo Fonte se limitó a insertar en una circular el oficio del virrey Juan Ruíz de Apodaca de 15 de marzo de 1821 y la proclama de un día anterior escrita para el público. En la proclama el virrey, daba cuenta del “estado en que se hallaba el inicuo proyecto del ingrato Iturbide y el resultado de sus infieles maquinaciones”. Apodaca consideraba que a Iturbide lo conducían “la felonía, la soberbia, el orgullo, la hipocresía, la avaricia, la ingratitud”. Fonte sólo añadió la consabida “obligación de obedecer a las legítimas potestades civiles” y “excitar” a los demás a no faltar a la “subordinación debida”.

Para el arzobispo Fonte, Iturbide carecía de razones para levantar una rebelión, pues el rey Fernando VII conservaba y protegía la religión bajo el sistema constitucional y la garantía del Plan de Iguala carecía de valor.

Tres días después, el 19 de marzo de 1821, el arzobispo Fonte enviaba otra circular, en la cual insistía en la obediencia a la legítima potestad civil en cuanto esta no ofendiese a Dios, exhortando a obedecer a Dios más que a los hombres (Oboedire oported Deo magis quam hominibus). En esta nueva circular se omitían juicios acres sobre Iturbide y sus seguidores. Luego, en la sesión del Cabildo catedralicio del 9 de agosto de 1821, se leyó un oficio del señor arzobispo, en el cual se recordaba a los canónigos lo dicho en la circular del 19 de marzo y además indicaba que los eclesiásticos no con acciones ni de palabra podían abandonar la fidelidad la fidelidad al rey Fernando VII, sea cual fuere “el resultado de los acontecimientos políticos”.

El discurso del arzobispo Fonte perduró luego de la entrada del ejército trigarante. Colaboró, mientras se aprobaban los Tratados de Córdoba, con la garantía de defensa de la religión católica. Sin embargo, la muerte de Juan O´Donojú y el regalismo mostrado por el gobierno trigarante desanimaron al arzobispo durante los últimos meses de 1821. Los asuntos tratados con el gobierno independiente los abandonó el prelado a principios de 1822. En 1823 regresó a España donde murió en 1838.


La Conspiración de la Profesa

Sin embargo, ¿qué había de trasfondo en la actitud del clero pro independentista en aquel año de 1821?

Ana Carolina Ibarra González indica como acicate del clero, la posibilidad de recuperar la inmunidad del fuero eclesiástico con una independencia de las leyes españolas y en contraparte no recuperarla con la Constitución gaditana, de cuño liberal.

Ya desde 1786, junto con la Ordenanza de Intendentes, la Corona española había promulgado un edicto para que la administración del diezmo fuera transferida a las juntas provinciales encabezadas por los insurgentes. En 1795, la Corona abrogó la absoluta inmunidad del clero en los casos de delitos graves. Las leyes conocidas como “el Nuevo Código” empezaron a plantear fórmulas para contener las innumerables tensiones y signos de agitación cada vez más notorios conforme terminaba el siglo XVIII. Este Código encontró la manera de asociar la justicia civil y la justicia eclesiástica para poder hacer frente a los delitos “atroces” cometidos por eclesiásticos. Este procedimiento será conocido como el juicio conjunto de las “jurisdicciones unidas”, el cual iba a hacerse cargo de los delitos de subversión que cometieran los clérigos, restringiendo el fuero eclesiástico. En los hechos, con el paso del tiempo, la participación del Juez Eclesiástico, comenzará a ser cada vez más insignificante.

En 1804, llega al momento cumbre de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, mediante la cual se atentó gravemente al patrimonio del clero secular y regular.

En 1809, se crea un tribunal extraordinario para perseguir delitos de lesa majestad: las “Juntas de seguridad y buen orden”, destinadas a combatir la disidencia. Las Juntas se formaron en las ciudades principales de la Nueva España, con individuos de absoluta fidelidad a la corona, resultando un procedimiento expedito para juzgar a los acusados. En el caso de Hidalgo, todo su proceso corrió a cargo de los tribunales civiles y militares a excepción de la ceremonia de despojo de su investidura sacerdotal, puesto que el llamado “privilegio del canon” dictaba que no podía ser ejecutado un eclesiástico sin antes quitarle la única inmunidad que le quedaba: su investidura sacerdotal. Claro, le quitaban su investidura para sacarlo del reducidísimo fuero eclesiástico pero no le quitaban su sacerdocio, puesto que quien recibe la ordenación es sacerdote eternamente.

Sin embargo, esa única garantía del fuero eclesiástico fue invalidada por el virrey Venegas, quien desesperado por ver tantos insurgentes en el campo de batalla, promulgó un decreto el 25 de junio de 1812, en el cual declaró reos de jurisdicción militar a todo aquel que hiciere resistencia a las tropas del rey “de cualquier clase, estado o condición”. Se decidió que los jefes insurgentes fueran pasados por las armas inmediatamente, sin juicio con apenas tiempo de confesarse y arrepentirse. Con ello, se prescindían de las ceremonias de despojo de la investidura sacerdotal y se podía tratar a estos como a cualquier enemigo del régimen.

Para los insurgentes, esas medidas se convirtieron en motivos para unirse bajo la bandera de la verdadera religión: el sacerdote Mariano Matamoros había escrito en una de sus banderas “Morir por la Inmunidad Eclesiástica”.

En los años siguientes, se tuvo una política distinta: se renovó la participación de las “jurisdicciones unidas”, eventualmente se respetó eventualmente el privilegio del canon y se urgió al indulto a los cabecillas.

Para 1821, las cosas resultaron un tanto diferentes, pues el clero novohispano se unió en torno a la inmunidad eclesiástica.

Las Cortes españolas reimplantaron la Constitución liberal de Cádiz, con reformas más radicales las cuales afectaron a la Iglesia: la extinción de la Compañía de Jesús y las órdenes monásticas y hospitalarias, la incautación de sus bienes y la prohibición de instalar nuevas capellanías y obras pías; la abolición del fuero eclesiástico. Para independizarse de tales leyes era necesario independizarse de España. En esa coyuntura, quienes estaban a favor de la independencia era un grupo con trayectorias muy diversas. Entre los principales protagonistas encontramos personajes que primero defendieron la causa realista y más tarde fueron decididos partidarios de la independencia: el felipense Matías de Monteagudo, rector de la Universidad y canónigo de la Catedral de México; los diputados en Cádiz José Miguel Guridi y Alcocer, canónigo de la catedral de México y el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez Martínez; Manuel de la Bárcena, deán de la catedral de Michoacán; el felipense José Manuel Sartorio, asociado a los Guadalupes; José de San Martín, antiguo insurgente y prebendado de Oaxaca, entre otros. Clérigos de tan diversa trayectoria, algunos de ellos simpatizantes del liberalismo, unidos en defensa de la verdadera religión y por ende del fuero eclesiástico.


Pbro. Dr. Matías Monteagudo

Destaca el Dr. Matías Monteagudo (1769 – 1841): Originario de Villagarcía del obispado de Cuenca en la región de la Mancha, España. Llegó a la Nueva España como “familiar” del Excmo. Sr. Alonso Nuñez de Haro y Peralta, quien gobernó el arzobispado de México de 1771 a 1801. Estudiante brillante en la Real y Pontificia Universidad de México, alcanzó el doctorado en Utruque Iure, dando clases en la misma universidad, ocupando las cátedras de Clementinas, de Instituta y de Derecho Canónico. Luego de recibir la ordenación sacerdotal, fue cura de la Parroquia de la Santa Veracruz en la capital del virreinato, donde ejerció el ministerio del 5 de febrero de 1799 al 14 de febrero de 1801, a causa de ingresar como novicio en el Oratorio de los Padres Felipenses el 15 de marzo del mismo año. Ya como congregante desempeñó los cargos de Confesor de casa, diputado y por cinco trienios prepósito, siendo además director de la Casa de ejercicios de encierro para hombres por muchos años, así como fundador y director de la Casa de ejercicios de encierro para mujeres anexa al Colegio de san Miguel de Belén. Fue admitido al venerable Cabildo de la Iglesia Catedral de México, el 24 de septiembre de 1816, siendo ya inquisidor honorario.

Ya como miembro del Cabildo, junto con el señor arzobispo Pedro Fonte y demás miembros de la Iglesia Catedral juró la Constitución de Cádiz el 1º de junio de 1820. En ese mismo año, fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México. Fue nombrado por el Cabildo, junto al canónigo José María Bucheli para que concurrieran al Palacio a la Junta de todas las autoridades para leer un pliego del Excmo. Sr. don Juan O´Donoju. Luego de la entrada del Ejercito Trigarante el 27 de septiembre de 1821, fue comisionado junto al canónigo Ciro Villaurrutia para organizar el Te Deum para dar gracias a Dios omnipotente. Enseguida, fue nombrado por el Cabildo para verificar la instalación de la Junta Provisional y de Regencia del Imperio.

Según Lucas Alamán, de Monteagudo se había ganado el respeto de sus contemporáneos por haber “tenido una parte principal en la prisión del Virrey Iturrigaray, lo que le dio mucho crédito entre los Europeos…” (Alamán L., Historia de Mejico, tomo V, cap. II, 1849 – 1852.) además del buen desempeño de su ministerio sacerdotal, dirigiendo la dirección de la Casa de Ejercicios, añadiendo su labor como inquisidor y canónigo.

Como miembro del Oratorio de San Felipe Neri, tenía su domicilio en el templo llamado popularmente de “la Profesa” (por haber estado allí los novicios profesos de cuarto voto de la Compañía de Jesús, y luego de la expulsión de 1767, los Oratorianos se habían hecho cargo del Templo), en donde se reunía con eclesiásticos y laicos. Conversando sobre el asunto de la jura de la Constitución, vinieron a convenir en un plan, obra de Monteagudo, para evitar los temidos trastornos.

Puesto que el rey había jurado la Constitución obligado, no debía cumplirse la real orden que la restablecía. Entretanto se depositaría la Nueva España en manos del Virrey Apodaca, quien la debía gobernar conforme a las leyes de Indias y con total independencia de España.

Para llevar a cabo este plan, necesitaban un hombre que moviera el ejército y proclamara el plan, creyendo encontrarlo en Agustín de Iturbide, a quien ya conocía el Dr. Monteagudo. Lucas Alamán menciona que el momento de encuentro se dio cuando Iturbide tomó unos ejercicios: “y se dijo que había entrado en ejercicios, a fin de obtener su recomendación para el Oidor Bataller, de quien como auditor dependía el despacho de su causa…” (Ib.)

Iturbide se entrevistó con el virrey Apodaca (¿con ayuda de Monteagudo?), poniéndose a sus órdenes y esperando con ello alcanzar un mando militar y dar el primer impulso a una revolución que podría dirigir según sus intentos, por lo cual se entrevé que no aceptó del todo el plan de Monteagudo.

En mayo, llegó la noticia de España de la jura de la Constitución por el rey Fernando VII. Esto aumentó la agitación y el virrey Apodaca consultó con la Audiencia lo que convenía hacer. Se resolvió que convenía espera la Real Orden para obrar conforme a ella.

Los comerciantes del Puerto de Veracruz y los criollos veracruzanos, al comprender las ventajas que para el logro de sus deseos de independencia les proporcionaban la Constitución, temieron que el virrey Apodaca no la proclamara. Entonces obligaron a que el Mariscal José Dávila, comandante general en intendente de la Provincia de Veracruz jurara la Constitución. Veracruz, ciudad que se consideraba ilustrada, fue la primera en Nueva España en donde se proclamaba el Código que aseguraría la unión de México a España pero también la fuerza de la ley de las ideas liberales en materia religiosa.

Se alarmó el Virrey al saber la noticia, porque no se le ocultaba la parte que la masonería tomaba a favor de la Constitución y sabía que un número considerable de los jefes y oficiales estaban afiliados en la asociación, por lo cual para evitar atentado alguno, juró también y como ya vimos, juró también el Cabildo de la Iglesia Catedral.


CONCLUSIONES:

Dos acontecimientos externos a la Nueva España definieron el rumbo de la lucha de Independencia. El primero, con la invasión francesa de Napoleón y su hermano José Bonaparte en 1808, alentó las reuniones de conjurados. Al grito de “Viva Fernando VII”, “Muera el mal gobierno” y “Viva la Virgen de Guadalupe” los primeros insurgentes no pretendían alejarse de la monarquía española, pero sí hacer valer sus derechos, respaldados más adelante por la constitución de Cádiz de 1812. El segundo acontecimiento fue el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820. Ya para esas fechas el contexto era distinto y la Nueva España tenía una más clara conciencia del significado de “Independencia”.

Se propusieron dos caminos para lograr la Independencia. El primero: la aplicación de la Constitución de Cádiz con todas las consecuencias en materia eclesiástica, combinando el regalismo y la defensa de las doctrinas liberales. El segundo: se depositaría la Nueva España en manos del Virrey Apodaca, quien la debía gobernar conforme a las leyes de Indias y con total independencia de España.

Pero, Agustín de Iturbide propuso un tercer camino en su Plan de Iguala, tomando parte de los dos primeros. Por poco tiempo, la propuesta de Iturbide prosperó: se proclamó la Independencia con la participación de todos los protagonistas de la sociedad de la época. Reconocemos la participación decidida de los sacerdotes y fieles laicos, es decir de la Iglesia, por adherirse al Plan de Iguala y a las tres garantías. En el caso del arzobispo de México Pedro Fonte asumió una posición realista y práctica. No renunció a su lealtad a España pidiendo obediencia pero en cuanto a la Iglesia alertó a sus fieles sobre los límites de la autoridad civil.

Las tres garantías (Unión, Independencia y religión) unieron las fuerzas para proclamar la Independencia ante España. De entre ellas, “la religión” significaba a los oídos del clero recuperar, aquella vida eclesial que existía antes de la invasión francesa (es decir sin “contaminación” de las ideas galicanas y liberales) y antes de las constituciones de Cádiz de 1812 y 1820.

Entre las banderas defendidas por los eclesiásticos insurgentes fue la recuperación del foro eclesiástico durante la década de 1810 a 1820. Con Iturbide, el clero creyó ver la oportunidad de recuperar dicho foro.

Después se impondría la propuesta liberal de conformar el gobierno no como una monarquía sino como una república. Las discusiones posteriores se centraron en decidir si convenía una república centralista o federal. Como sabemos, triunfó el federalismo. En el trasfondo hay una fuerte ideología liberal y el apoyo de las logias masónicas.



BIBLIOGRAFÍA

Ávila Luis, Bio – Bibliografía de la Congregación del Oratorio de san Felipe Neri de la Ciudad de México. Siglos XVII – XXI, Querétaro 2008, 224 – 229.

Bravo Berenice – Pérez Marco Antonio, 1803 – 1821. Fieles a Dios y al rey. El patriotismo en el discurso de los tres últimos prelados españoles del arzobispado de México en AAVV, Historia desconocida, una aportación a la Historia de la Iglesia en la Independencia de México, México 2010. 89 - 119.

Ibarra Ana Carolina, De garantías, libertades y privilegios. El clero frente a la consumación de la Independencia en Casas Juan Carlos [ed.], Iglesia, Independencia y Revolución, México 2010, 135 – 146.

de Híjar Tomás – Aquino Carlos, Diccionario de Eclesiásticos en la Independencia de México, Guadalajara 2010.




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Fuente:

La participación del clero en la consumación de la independencia - El Observador de la Actualidad

El devenir particular de la etnia Ópata, asentada en el norte de México.

Otra de tantas cosas encubierta por el oficialismo histórico.



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Los Ópatas son los indígenas que más se han distinguido por sus tendencias á la paz y su amor al trabajo: su historia no registra esos alzamientos ni esas rebeliones periódicas que desde tiempo inmemorial vienen verificando los Apaches, los Yaquis y los Mayos.

Son los que han manifestado mayores simpatías por la raza blanca, se han poco á poco mezclado con ella, y en breve tiempo esta tribu, reconocida como la más valiente de las tribus de Sonora, habrá perdido sus caracteres distintivos, confundiéndose como los Pimas y los Pápagos con el resto de la población del Estado.

Desde el tiempo de la conquista hasta nuestros días, todos los gobiernos han podido utilizar los servicios de estos indios dóciles y adictos; unas veces en la guerra contra los Apaches, otras veces en guerras extranjeras, y otras, en fin, en las revoluciones locales del Estado.

No ha noticias que indiquen una rebelión de esta tribu, más que las relativas a la insurrección de 1820, fecha en que los Pápagos se sublevaron en los pueblos inmediatos a la Sierra – Madre, con motivo de las injusticias cometidas por un habilitado contra la compañía de Ópatas de Babispe que estaba al servicio del Gobierno.

Sublevados los pueblos de Arivechi, Pónida, Sahuaripa y Tónichi, y la mencionada compañía, fue necesario hacerles la guerra con más de 2,000 hombres de las fuerzas de Sonora y Chihuahua combinadas.

Esta vez los Ópatas se batieron con el heroísmo que los caracteriza, y 500 indios derrotaron en Tónichi á 1,500 soldados que los atacaron: Después, y sitiados en el mismo pueblo, se sostuvieron durante tres días no siendo ellos más que unos 300, contra 2,300 sitiadores; y sólo se rindieron cuando sus municiones se agotaron por completo.

Los cabecillas Dórame y Espíritu fueron fusilados, con algunos insurrectos, y las paz quedó restablecida.

Durante la guerra de independencia, cuando el jefe insurgente Coronel D. José María González Hermosillo, había llevado sus armas hasta Sinaloa, el Brigadier realista D. Alejo García Conde, Gobernador de la Provincia, marchó de Sonora con algunas fuerzas á combatir a los independientes.

En la batalla de San Ignacio, el 8 de Febrero de 1811, los patriotas, al mando de González Hermosillo, estaban a punto de obtener una completa victoria, pero en momentos supremos llegó el Brigadier García Conde con un grupo de indios ópatas, y éstos atacando con el denuedo acostumbrado, decidieron la victoria a favor de los realistas.

También en la guerra contra la intervención francesa, tomaron parte activa los valientes Ópatas, distinguiéndose por su valor, su abnegación y su constancia militando á las órdenes del distinguido General republicano D. Ignacio Pesqueira, Gobernador entonces de Sonora.

En esta guerra no todos los Ópatas lucharon en las filas republicanos, pues un cabecilla de la tribu, refugio Tánori, que logró organizar alguna tropa con indios de su raza, llegó á hacerse muy notable combatiendo a favor de los imperialistas y derrotando á las fuerzas republicanas del General Ángel Martínez en la reñida acción del 4 de Mayo de 1866, á muy corta distancia de Hermosillo.

Los Ópatas han tomado parte en todas las luchas civiles del Estado y siempre se han distinguido por su lealtad y su adhesión al Gobierno establecido, pues juzgan un deber ineludible contribuir al sostenimiento de la autoridad constituida.

Estos indios, que por sus caracteres somáticos, no difieren sensiblemente de los demás aborígenes de Sonora, son de mediana estatura, de color bronceado, perfectamente musculados y muy ágiles y fuertes: son además notables por su resistencia a la fatiga y pueden hacer jornadas diarias hasta de 25 leguas. Esta preciosa cualidad, que aunque en diversos grados poseen casi todos los indios de las tribus sonorenses, les coloca en primer término entre todas las tropas de infantería del mundo.

D. Ramón Corral, que gobernó el estado de Sonora durante varios años, dice hablando de los Ópatas:

“En su parte moral tienen las más bellas cualidades: son inclinados al trabajo, inteligentes, dóciles y obedientes á las autoridades y de muy buenas costumbres: son muy poco afectos á la embriaguez, al robo y á los otros vicios que por desgracia son tan comunes en las demás tribus indígenas del país: viven de un trabajo honrado y se dedican á atender á sus familias y á educar a sus hijos.”

Esta raza fue una de las primeras con que pudieron entenderse los conquistadores, estableciendo con ellas las misiones que más tarde se convirtieron en pueblos. Los Ópatas conservan en la memoria la fecha en que fraternizaron con los españoles y la celebran anualmente con una fiesta ó baile que llaman Dagüinemaca (dame y te daré).

Hoy esta fiesta ha perdido mucho de su carácter primitivo, debido á que los indios se han ido civilizando y han olvidado algunas de sus antiguas costumbres; pero un escritor del año 35 que la presenció muy a principios del siglo XIX hace de ella la siguiente descripción:

“En este baile se acostumbra que hombres y mujeres bailen á la persona por quien se sienten con inclinación: toman el signo de algún obsequio, como de un caballo, vaca, pollo, etc., etc., y abrazan á la persona agraciada, obligándola á que dé una o dos vueltas al compás del canto, con lo que queda concluido un tratado de alianza y amistad entre ambas personas, que no lo relaja sino la muerte. Estos se llaman noraguas, es decir, amigos; pero tan sinceros y buenos, que el indio deja á sus hijos y á su mujer por su noragua, cuando sabe que emprende una caminata peligrosa ó que puede prestarle algún servicio. Por lo regular no son pagados en tan buena moneda. Al año siguiente se ha de retribuir el presente y la bailada, lo que perfecciona ese tratado, que según la tradición se instituyó en tiempo de la conquista, como prenda de la buena fe por ambas partes.”

“Los Ópatas son tan honrados como valientes: su educación, en lo que les resta de sus padres, es más bien guerrera que supersticiosa; pues desde sus juegos hasta sus bailes y cantos conspiran á ejercitar las fuerzas físicas y el ánimo, y á mantener una emulación a favor del que mejor maneja las armas. Los domingos se reúnen todos los varones á jugar el Guachicori ó el Gomi: para lo primero está dividido el pueblo en barrios de arriba y de abajo, que son contendientes y contrarios. Cada grupo nombra su capitán y van a pelear una carrera con dos huesos mancornados que llaman manea, en la que van interesadas las mujeres de uno y otro barrio y los mismos contendientes: es juego de mucho ejercicio y en que se necesitan fuerzas, destreza, agilidad en la carrera, sufrimiento y audacia. No es permitida otra arma que una varita muy débil para ofender, que les sirve para tirar la mancuerna de huesos: tampoco pueden usar de ella para ofender ó defenderse, y muchas veces un empujón y la caída ha causado la muerte de un contrario, lo que no ha sido motivo de queja o disgusto. El Gomi son dos bolas de madera del tamaño de una naranja, con las que corren dos o más contendientes, siempre en número par, la distancia de una á dos leguas tirando con el pie la bola. A más de estos ejercicios gimnásticos tienen el Taguaro, baile de guerra en que fingen Apaches que vienen y se roban los burros y las mujeres, y salen los del pueblo á defenderlas y á quitarles el robo. En seguida pasan á la plaza en donde está ya preparado un palo alto con un muñeco al extremo, que es Taguaro: los viejos vienen con unas sonajas cantando, mientras que los guerreros asestan sus tiros al Taguaro y reciben alabanzas ó vituperio según el mérito de cada uno. Tienen el Jojo, un baile histórico en memoria del tránsito de los aztecas y de la venida de Moctezuma, á quien esperan como los judíos al Mesías. Éste baile parece supersticioso á los que no ven en las alegorías más que hechizos o ídolos, pero en el fondo es puramente histórico. “

Como ya he dicho, la mayor parte de las misiones fundadas por los españoles se han convertido con el transcurso del tiempo en poblaciones de más o menos importancia.

Entre los pueblos de Sonora que deben su fundación á la raza Ópata se cuentan los siguientes:


En el Distrito de Arizpe:

Sinoquique, Banamichi, Huepac, Aconchi, Baviacora, Chinapa, Bacoache, Arizpe y Cuquirachi.


En el Distrito de Ures:

Batuc, Tuape, Opodepe, Cucurpe, Pueblo de Álamos, Tónichi, Mátape y Nácori Grande.


En el Distrito de Moctezuma:

Oposura (hoy Moctezuma), Guasabas, Bacadehuachi, Oputo, Nacosari, Nácori, Chico, Bacerac, Cumpas y Bavispe.


En el Distrito de Sahuaripa:

Sahuaripa, Bacanora, Santo Tomás, Pónida y Arivechi.


La raza Ópata ha sido dividida en diversas tribus con las denominaciones siguientes: Jovas, Eudeves, Tegüis, Tegüimas y Cogüinachis.

Todas, sin embargo, hablan el mismo idioma y poseen iguales hábitos: estas divisiones son probablemente originadas de la costumbre que tenían todos los indígenas del país de dar un nombre distinto á cada fracción de una misma tribu que formaba una ranchería o población separada.

Los Ópatas han sido siempre y son en la actualidad muy dedicados á la agricultura. Casi todos ellos son propietarios de pequeñas suertes de tierra que cultivan personalmente en sus respectivos pueblos. Las mujeres de ocupan en hacer esferas (petates) y sombreros de palma, En cuya industria son muy hábiles.

En todos los pueblos de Ópatas hay escuelas sostenidas por las rentas públicas del Estado, tienen sus Ayuntamientos, Jueces locales, Jueces del Estado Civil y Comisarios de policía.

Las buenas condiciones de esta tribu y su adhesión á la raza blanca han contribuido poderosamente á que se mezcle con ella de tal manera, que en la actualidad se confunden. Ninguno de sus pueblos puede llamarse propiamente un pueblo de indios, pues sus hábitos, sus ocupaciones, sus vestidos y sus alimentos son los mismos que los de los blancos, de los cuales si por algo se distinguen, es por su moralidad y amor al trabajo.



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Fuente:

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/10800...0012546_04.pdf

¿No? ¿Pero no se suponía que todos eramos aztecas?





Hace 206 años los mayos no se consideraban mexicanos: Cronista



Foto: Redacción El Imparcial


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Por: Jesús Palomares | 14/09/2016 9:50


NAVOJOA, Sonora(GH)

Para el Estado de Sonora la guerra por la Independencia de México en 1810 (hace 206 años) pasó desapercibida, sobre todo para los indígenas puros que habitaban la región del Mayo, en esa época, ya que no se consideraban mexicanos, expresó el cronista de la ciudad, Manuel Hernández Salomón.

“No hubo movimientos armados y ningún tipo de participación porque era una tribu independiente, a raíz de que se fueron los jesuitas en 1767, ellos quedaron libres y se gobernaron así mismos”, explicó, “además a las tribus se les conocía con el nombre de naciones, entonces en México al decir nación se consideraba otro país”.

Añadió que el Yoreme Mayo no tenía arraigado el sentido patriótico, incluso cuando iniciaron las rebeliones indígenas contra el gobierno de México, los indígenas llamaban mexicanos a los que venían del Sur.

“Lo único que se supo que en 1810, el intendente del Estado, es decir, el gobernador como ahora se les llama, Alejo García Conde, sí llevó a un grupo de indígenas ópatas a combatir a José María Gonzáles Hermosillo en la frontera de Sinaloa y Nayarit y derroto a los insurgentes que venían comandados del Sur”, recordó, “en razón de ese combate se le puso Hermosillo a la capital del Estado”.

Abundó que las principales tribus que se revelaron contra los ‘mexicanos’ fueron los Mayos y Yaquis que se aliaron en un mismo objetivo, el frenar los abusos del ‘hombre blanco’.

“A partir de 1810 los indígenas se revelaron por muchos años, hasta 1887 cuando fueron derrotados porque Porfirio Díaz mandó un gran ejército a dominar a las tribus”, externó.

Fue hasta la Revolución Mexicana cuando los indígenas de esta región fueron considerados mexicanos.


TÓPICOS: YAQUIS, MAYOS, INDEPENDENCIA DE MÉXICO



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Fuente:

Hace 206 años los mayos no se consideraban mexicanos: Cronista

La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles

Suena paradójico, pero así es





https://www.youtube.com/watch?v=ShVA...ature=youtu.be

Soto la Marina en la guerra de independencia

Lunes, 08 de Septiembre de 2014 06:30

Por. Lic. Juan Guillermo Rubio Gomora


La llegada de la expedición auxiliar liderada por el general español Xavier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, el 15 de abril de 1817, involucraron para la posteridad a la Villa de Soto la Marina con dicho movimiento armado que tenía como finalidad la independencia.

Pues no obstante la serie de hechos, escritos y acontecimientos que aquí sucedieron en relación a estas figuras de la independencia, cabe resaltar la anexión de voluntarios originarios de Soto la Marina, quienes sumaban más de cincuenta, a las fuerzas de Xavier Mina.
Tras su llegada a Soto la Marina, el general Mina de inmediato ordena al también militar español José Sarda la construcción de un fuerte en las márgenes del rio, el cual serviría de bastión insurgente.

También es de resaltar la proclama fechada el día 25 de abril de ese mismo año donde arengan al pueblo a que se unan a dicha gesta, la proclama en mención fue elaborada en una imprenta propiedad de Fray Servando Teresa de Mier, la cual había traído de Inglaterra, siendo esta la primera que se conoció en el Nuevo Santander, también se imprimió en esta la canción patriótica del poeta cubano Joaquín Infante, que no era mas que otra forma de invitar a la población a unirse a la lucha, siendo el impresor oficial de la mencionada imprenta, el estadounidense Samuel Bangs.

Otro acto sobresaliente, fue el estremecedor discurso, que en compañía de Mina, ofició Fray Servando Teresa de Mier a los habitantes de Soto la Marina, donde los exhortaba de seguirlos a luchar por la independencia.

Una vez que el general Mina, dejó Soto la Marina para internarse hacia el centro del territorio, el 24 de mayo de ese mismo año, llevó consigo el grueso de sus tropas, el fuerte en Soto la Marina, quedó a disposición de las fuerzas españolas, toda vez que en dicho fuerte se encontraban solo 113 efectivos, incluyendo a Fray Servando, y al mando el Mayor José Sarda, quienes seria derrotados en la batalla por dicho fuerte por el Mariscal Joaquín de Arredondo el 15 de junio de 1817.

Este fue el inicio de una serie de episodios que enmarcaron a Soto la Marina, en el fragor de la guerra de independencia y posterior a ella.



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Fuente:

Soto la Marina en la guerra de independencia

Águila Negra, la logia mexicana que conspiró para independizar Cuba

Jorge Alvarez

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El Águila Negra fue una de aquellas típicas sociedades secretas decimonónicas que intervinieron de forma más o menos importante en el devenir político.




Sello menor de la Gran Legión del Águila Negra



Aunque en España el nombre Águila Negra tiene connotaciones cerveceras, lo cierto es que también puede ligarse a un curioso episodio histórico que acaeció en el primer tercio del siglo XIX pero en suelo americano, con México recién independizado y amenazando extender el movimiento a la vecina Cuba, que seguía siendo española.

También llamada Gran Legión del Águila Negra, había sido fundada por Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, y que fue uno de los protagonistas de la definitiva emancipación mexicana, constituyéndose además como su primer presidente tras la proclamación del fallido Plan de Iguala, la proclamación de la independencia en los Tratados de Córdoba en 1821 y el autonombramiento como emperador -fracasado a la postre- de Agustín de Iturbide.

Una vez consumada la abdicación de éste y proclamada la república, el nuevo país empezó a dar sus primeros pasos. Momentos de efervescencia y cierta confusión donde jugaron un papel considerable las diversas tendencias de la masonería mexicana a las que pertenecían la mayoría de los políticos.

Aparte de sociedades de otra naturaleza, como la Compañía Lancasteriana, centrada exclusivamente en fomentar la educación, dos eran las logias masónicas que se disputaban el poder: la Yorkiana y la Escocesa, siendo la primera proclive al liberalismo estadounidense republicano mientras que la segunda lo era al monarquismo constitucional español. En 1825 se crearía una tercera vía nacionalista, el Rito Nacional Mexicano, pero antes, en mayo de 1823, Guadalupe Victoria creó el Partido (o Legión) del Águila Negra, que él mismo lideró.

O esa es la versión oficial, pues algún investigador opina que fue cosa exclusiva del co-fundador Simón de Chávez, un fraile de la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem que era cubano (algo que resultaba significativo por la orientación que se dio a la organización) y habría incluido a Victoria para darse fuste.





Guadalupe Victoria/Imagen: Thelmadatter en Wikimedia Commons



El caso es que la nueva logia no tenía como objetivo luchar por el liberalismo político ni por el librecambio económico sino ayudar a los territorios que aún pertenecían a España a independizarse y, con ello, a poner coto al poder de la Iglesia en la sociedad civil, cada vez más creciente desde que el mes anterior los Cien Mil Hijos de San Luis intervinieran en la metrópoli para restablecer el absolutismo de Fernando VII.

Al menos ésa era la intención inicial, ya que parece evidente que a Victoria le convenía tener una entidad detrás que le apoyase en favor de una república, contrarrestando la influencia de la logia Escocesa; de ahí el antiespañolismo que destilaba y el progresivo endurecimiento de su anticlericalismo.

No obstante, el Águila Negra no se adscribía a la masonería: así lo declaraba en sus estatutos, no formando parte de su familia ni exigiendo los rituales típicos de iniciación (tampoco admitían a europeos, mujeres, menores de veinte años ni gente con antecedentes penales), aunque ideológicamente se situaba tan cercana al citado Rito de York que algunos autores consideran que llegaron a fusionarse de facto.

De hecho, su actividad se centró en promover la independencia de Cuba, para lo cual llegó a presentar ante el Congreso un plan de intervención militar que, de tener éxito, sentaría las bases para una anexión de la isla por México. Para el mando de la expedición, en la que colaboraba Colombia, fue designado el comandante Antonio López de Santa Anna, que en 1836 se haría famoso combatiendo a los texanos en El Álamo.





Antonio López de Santa Anna/Imagen: dominio público en Wikimedia Commons



Sin embargo y pese a estar todo ya dispuesto en el Yucatán para zarpar, la misión se canceló y nunca se reactivó. Fueron varios los factores que determinaron ese desenlace. En primer lugar, la presión de EEUU, que consideraba que las Antillas españolas, al estar en su ámbito de influencia, tendrían que pasar a sus manos tarde o temprano.

También el hecho de que la España fernandina tenía bastantes problemas internos combatiendo los continuos pronunciamientos liberales como para intentar una reconquista de México desde Cuba. Pero quizá la circunstancia decisiva fue que las autoridades españolas insulares descubrieran y desmantelaran la versión local del Águila Negra, establecida en 1826 a imagen y semejanza de la mexicana, y cuya misión era apoyar la operación desde dentro.
Dos días antes de la Navidad de 1829 llegó a La Habana un comunicado desde EEUU informando de que José Rubio, el hombre que había viajado desde el continente llevando los estatutos, pertenecía a una sociedad secreta. Inmediatamente se inició una investigación que encontró documentación comprometedora, lo que confirmó el posterior interrogatorio.

En febrero de 1830 cayó la mayor parte de la red de conspiradores, una veintena de personas -otras lograron escapar- que fueron procesadas por un tribunal militar acusadas de confabulación, subversión y masonería, siendo condenadas a diversas penas: seis de ellas de muerte en la horca, aunque finalmente ésta fue conmutada por destierro y cadena perpetua.




Fuentes:

/ La Gran Legión del Águila Negra: un águila de dos cabezas (México-Cuba 1823-1830) (Dominique Soucy)

/ La Gran Legión del Águila Negra. Documentos sobre su fundación, estatutos y objetivos (María Eugenia Vázquez Semadeni)

/ Wikipedia.





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Fuente:

Águila Negra, la logia mexicana que conspiró para independizar Cuba

Este documento tiene que ver con este tema que se ha abordado en el foro:

La guerra de independencia en Tepic

Don Félix María Calleja publica el parte de la derrota y prisión del mariscal Aldama.

Guadalajara, 7 de febrero de 1811.


NÚMERO 181 - Tomo I

Don Félix María Calleja del rey brigadier de los reales ejércitos subinspector y comandante de la décima brigada de este reino, y comandante general del ejército de operaciones.

Para que el ejército de mi mando y el público de esta capital no carezcan de las interesantes noticias que se reciben acerca de la expedición que dirige el señor brigadier don José de la Cruz, traslado el parte dado a este jefe por el comandante de las armas de Tepic que a la letra dice así:

“Deseoso de comunicar a vuestra señoría cuantos pormenores ocurran, mientras tengo la satisfacción de recibir en este pueblo sus órdenes, incluyo la adjunta declaración del eclesiástico cogido en mis avanzadas, el que se halla en arresto con el decoro debido a su estado, y a la distinción que sabe hacer un gobierno justo que felizmente nos rige.

Al mismo tiempo incluyo el testimonio que este señor cura dirige al señor provisor del obispado para que vuestra señoría lo remita en primera ocasión.”

“La fuerza con que amenazaba desde Tequepexpa el mariscal Aldama, según el oficio que le incluí a vuestra señoría a beneficio de mis activas providencias, queda destruida en su todo; él, arrestado con su gente, y los cinco cañones que traía en este cuartel de mi mando; lo que puede servirle de satisfacción, y para que no precipite sus marchas, pues me hallo con una fuerza capaz de resistir a cualquiera agresor que no le hay.

Y en efecto para prueba de ello esta tarde misma destaco cien hombres para San Blas por si acaso fuesen necesarios en aquel punto.

El rebelde cura Mercado tuvo un fin desastrado, pues se arrojó a un voladero la misma noche de su prisión.

Así van pagando los motores de la maldad.”

Estos son los frutos que el sanguinario Hidalgo ha sacado de sus proyectos insensatos, y mientras él huye cobardemente a la vista del peligro, los infelices que le han creído perecen sacrificados a su furor y ambiciosas ideas.

Sirvan estos ejemplos de una lección provechosa a todos, para contenerse en sus deberes, respetar un gobierno suave cuya divisa es la benignidad, y odiar para siempre a un hombre que no nació sino para la desgracia de su país.

Guadalajara 7 de febrero de 1811.—

Félix Calleja.—

Imprímase.—

Calleja.





Fuente:

J. E. Hernández y Dávalos. Historia de la Guerra de Independencia de México. Seis tomos. Primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.

Versión digitalizada por la UNAM: Proyecto Independencia de México

Nota en título de J. E. Hernández y Dávalos: (original)






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Fuente:

Don Félix María Calleja publica el parte de la derrota y prisión del mariscal Aldama.

Tres Vírgenes en ‘guerra’

Redacción

Nuestra Señora de Zapopan fue protectora de los realistas.


En 1698 se construyó la ermita a Nuestra Señora de Zapopan, y 121 años después, fue fundamental en la guerra de Independencia.

Monclova, Coah.- Tres vírgenes en una batalla parecen demasiadas en la Independencia de México, los investigadores suelen hablar de dos, la de los Remedios y la Guadalupana, mas en Monclova de donde salió el contingente que apresó a Hidalgo, la victoria fue para una tercera, Nuestra Señora de Zapopan, la protectora de los hombres que fueron condenados por la historia.

La guerra de Independencia, es también conocida como la “Guerra de las Vírgenes” por el primordial papel que jugaron la Virgen de Guadalupe para los independentistas, como la Virgen de los Remedios para los Españoles, batalla que comenzó cuando Miguel Hidalgo tomó la imagen de la Virgen Morena como estandarte, a lo que respondieron los europeos enfrentándola con su patrona, también conocida como “La Generala”, en una batalla que duró 11 años, de 1810 a 1821.





Fue en ese último año, que tras la derrota sufrida en la batalla de Puente de Calderón, los Insurgentes en su viaje rumbo al vecino país del norte donde planeaban rearmarse, llegaron por invitación de Ignacio Elizondo, quien fue soldado realista y se ofreció a reabastecer sus provisiones, al poblado de Acatita de Baján, actual ejido del municipio de Castaños, donde se cuenta, tendió la trampa un 21 de marzo.

Más de mil hombres que acompañaban al cura, quien era escoltado por Jiménez y Allende, fueron aprendidos por 340 hombres al mando de Elizondo, un pequeño ejército formado por milicianos, veteranos e indígenas, todos bajo la protección de la Generalísima Virgen de Zapopan, quienes a su regreso a la Villa de Santiago de la Monclova, que desde entonces alcanzó el grado de ciudad, fueron vitoreados como héroes, y en su brazo colocada una cintilla que portaban orgullosos y decía: “Vencedores de Baján”.




El contingente que aprendió a los insurgentes en Acatita de Baján, tenía como patrona a la Virgen de Zapopan.



Lo anterior, lo señaló el historiador y director del Archivo Municipal, Arnoldo Bermea Balderas, quien agregó, que es injusto que a quienes lograron la aprehensión de Hidalgo y los Insurgentes, se les llame traidores, ya que en ese entonces no existía una idea o sentimiento de nación como los que tenemos actualmente, la gente no sabía de qué se trataba la lucha de Independencia, por ello entró en juego la imagen de la Virgen de Guadalupe, para sumar a la población indígena a esa causa, lo que tuvo por contrapeso en el virreinato, a la Virgen de los Remedios, la que ayudó a escapar a Hernán Cortés, tras la Batalla de la Noche Triste.




Ante la astucia del cura Hidalgo de llevar a la Virgen Morena a la batalla, los realistas invocaron a la Virgen de los Remedios.



La Virgen patrona de Ignacio Elizondo y los Vencedores de Baján, es originaria de Guadalajara, y se cree llegó a Monclova traída por los franciscanos, lo que motivó a que en el año de 1698 se construyera su ermita en la loma donde milagrosamente apareció su imagen, actualmente calle Ermita en la Zona Centro, y a donde cuentan regresó para que los pobladores supieran que tenían que levantarle en ese lugar un templo.

A Nuestra Señora de Zapopan se le atribuyen numerosos milagros, a los cuales se suma, el que a 121 años de su aparición en éstas tierras, le dio la victoria a un ejército improvisado, con poco armamento, y tres veces menor en cuanto a hombres al de los insurgentes, en donde de haber descubierto los de Hidalgo la treta, hubieran seguramente acabado con ellos.

La Virgen de los “traidores” no es por lo regular tomada en cuenta cuando se habla de la lucha de Independencia, donde el protagonismo lo tuvieron la Virgen de los Remedios y la Guadalupana, mas la victoria decisiva en su primer capítulo la obtuvieron sus hombres, en un plan ejecutado por Ignacio Elizondo, y financiado por los Sánchez Navarro, quienes tenían importantes negocios en Guanajuato con el abuelo de Indalecio Allende.



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Fuente:

Tres Vírgenes en ‘guerra’ [Religión] - 27/06/2016 | Periódico Zócalo

Mitos del Bicentenario 01 - Las mujeres de la independencia





https://www.youtube.com/watch?v=YRiwLOV2Nmo







Mitos del Bicentenario 22 - La güera Rodríguez





https://www.youtube.com/watch?v=MS3hKtKPhbI