Tema: La constitución de 1812, causa y efecto de una necesidad. Recuerdos de la historia.

Aingeru. Ciertamente es imposible que un historiador no refleje o plasme su cosmovisión a la hora de interpretar y dar una explicación a los hechos que recopila (esto lo reconoce honradamente, por ejemplo, Menéndez Pelayo en su introducción a los Heterodoxos, en donde señala claramente que eso de la supuesta "neutralidad" del historiador es un cuento chino). Pero eso no quiere decir que todo criterio que se utilice para dicha interpretación sea tendencioso y, por tanto, falsee necesariamente la explicación que se da de los hechos a la hora de analizarlos. Si esto fuera cierto, caeríamos en un escepticismo absoluto que nos impediría llegar a la verdad que siempre subyace a los hechos históricos y que les da su sentido. Es decir, el hecho de que existan interpretaciones falsas no quita que siempre haya de existir un criterio verdadero o correcto que dé sentido a los acontecimientos historiados.

D. Federico Suárez fue uno de los historiadores pioneros (al cual le han seguido sus pasos muchos otros hasta hoy en día) que inició en la década de los ´40 una revisión de los hechos acontecidos en el período que comprende los reinados de Carlos IV (1788-1808) y de Fernando VII (1808-1833) y la etapa cristina (1833-1840), debido a que estos hechos no encajaban en la interpretación que la historiografía liberal dominante había establecido tras la primera guerra carlista, y que continua hasta hoy en día en la mayoría de libros y publicaciones, como refleja el ensayo que usted escribió o como refleja, por poner otro ejemplo, el libro de texto de Historia con el que yo estudié 2º de Bachillerato en el colegio.

Estos trabajos de D. Federico y de muchos otros historiadores en la misma línea crítica y correctora de la interpretación liberal dominante no han podido ser nunca contestados por los historiadores liberales que, o bien callan o bien se dedican a declarar su supuesta inconsistencia pero sin señalar pruebas de ningún tipo en contra (como por ejemplo Begoña Urigüen que en su libro "Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo", se limita simplemente a decir que la tesis de D. Federico es insostenible y que ya ha sido contestada por otros historiadores, pero sin dar ninguna explicación ulterior ni aportar ninguna prueba, ya por sí misma, ya citando a esos otros historiadores que supuestamente ya habían contestado a D. Federico).

Lo cierto es que la vía abierta, entre otros, por D. Federico en la década de los ´40 ha estado dando muchos frutos, como él mismo señala al recopilar en la introducción a la 3ª edición de su ya clásico "La crisis del Antiguo Régimen", de 1988, los avances que se han estado haciendo en el estudio del periodo histórico al que me he referido antes (1788-1840), frutos en los que por cierto, hay que reconocer el trabajo realizado por la Universidad de Navarra (y lo dice alguien como yo que no es precisamente entusiasta con el Opus) en forma de publicaciones de ingente cantidad de documentos del periodo susodicho. Huelga decir que en la misma introducción D. Federico, siempre al tanto de las nuevas publicaciones que iban saliendo, subrayaba y constataba que la vía abierta por él, entre otros, no sólo no había sido contestada adecuadamente sino que muchas nuevas publicaciones dirigían sus trabajos por esa misma dirección revisionista y correctora de la visión estándar de los historiadores liberales (Francisco Martí, José Luis Comellas, María del Carmen Pintos, Cristina Diz- Lois, Bullón de Mendoza, Estanislao Cantero -véase el trabajo que antes le cité-, Andrés Gambra y un largo etcétera de catedráticos e historiadores).

Usted si quiere cuelgue su ensayo. Yo en este Foro ni pincho ni corto nada; yo simplemente hacía una crítica a tenor de lo leído en su trabajo. Eso sí, tengo pensado poner otros trabajos alternativos de D. Federico Suárez a modo de contestación. Y luego que los lectores comparen y saquen sus propias conclusiones sobre cuál de las interpretaciones o explicaciones se ajusta más a los hechos acaecidos en el periodo historiado. Creo que es lo más justo, ¿no le parece?

Si señor, me lo parece, Martín, y además, lo creo oportuno y conveniente, ya que de esta manera, aprendemos todos un poco más, y yo el primero. Pero le rogaría, si tiene usted a bien, que tenga un poco de paciencia para terminar de ver el final del trabajo, pues creo que merece la pena. UN SALUDO CORDIAL, y agradecido por sus comentarios.

LOS MINISTROS Y LA CAMARILLA DEL SEXENIO ABSOLUTISTA

En el nuevo gobierno absolutista, los secretarios y los Ministros no tuvieron la estabilidad deseable ni esperada. Las intrigas de la Corte y las acusaciones producían constantes cambios de ministros, pasando de treinta los que hubo en seis años, y tanto el desorden como la inmoralidad de la Administración llegaron a extremos escandalosos, prueba de ello es la colección de Decretos de Fernando VII que da una falsa idea de que se llevaron a cabo numerosas medidas tendentes a reorganizar la situación del país, pero de hecho la lentitud burocrática hizo que todo quedara en meros deseos de reformas.

Los nuevos ministros son incapaces de desarrollar una buena política. Medidas como la reinstauración de la Mesta (Gremio o asociación profesional de origen medieval que agrupaba a los ganaderos dedicados a la trashumancia), los gremios, los privilegios fiscales estamentales, la devolución de las propiedades desamortizadas, etc. llevan al país a una situación de bancarrota. La situación económica que encontró Fernando VII en 1814 fue deplorable: el país se encontraba destrozado, la agricultura esquilmada, la industria deshecha, las comunicaciones inservibles y las arcas de la Hacienda vacías. A todo ello hay que añadir el comienzo de la emancipación americana, que trajo como consecuencia el corte brutal de la llegada de metal acuñable y del comercio ultramarino, es decir, la disminución de la llegada de remesas de plata americana. Pero también es conveniente recordar que el carácter del sistema de Fernando VII es el no tener ninguno y, por tanto, no se puede hablar de un programa coherente, de un criterio firme o de una línea política constante, y cuyo resumen fue la bancarrota al final de esos seis años de absolutismo, como se ha comentado.

En términos generales, los ministros de esta época absolutista, fueron gentes mediocres elevadas por el capricho del monarca. Macanaz fue acusado de cohecho con la venta de cargos en Filipinas y desterrado, el duque de San Carlos (José Miguel de Carvajal, Vargas y Manrique) separado, según reza el decreto "por su cortedad de vista", Martín de Garay desterrado, Felipe González Vallejo al presidio de Ceuta, estos últimos, por poner un ejemplo. Hay que decir que el monarca, en demanda de soluciones, llegó a designar a ministros de matiz liberal, como el propio Martín Garay o León y Pizarro, pero su gestión no fue más afortunada que la de otros.


Los secretarios no tuvieron más que autoridad aparente como los Consejos, ya que el poder lo tenía la "Camarilla". La palabra "Camarilla", en realidad había nacido ya en tiempos de Carlos IV, el cual solía conversar con sus allegados cortesanos en una pequeña cámara o habitación de Palacio, de ahí su nombre, y estaba cercana a sus habitaciones privadas, y de esta derivó la privanza de Manuel Godoy, y en el mismo sitio le dio a Fernando VII a conversar con todo tipo de gentes modestas, y no tan modestas, pero a saber de que su carácter era de conversador impenitente, gran fumador, populachero y que realmente le gustaba más el contacto con gentes modestas de las cuales aprendió bastante de la chulapería de los barrios bajos de Madrid.

Esta "Camarilla", aunque nunca fue un cuerpo organizado, sí es cierto también que tampoco tuvieran todo el poder político que se les atribuía, ya que aunque existían unos cuantos habituales, su presencia no era regular, y su finalidad era por la desconfianza de Fernando VII, que quería saber a través del pueblo cómo lo hacían sus ministros, y en algunas ocasiones, a raíz del carácter desconfiado del rey, funcionaba como válvula de escape y órgano consultivo. No caemos en una contradicción argumentar que la Camarilla era la que realmente tenía el poder, y que nunca fue un cuerpo organizado y sí de carácter variable, ya que así se demuestra el carácter de gobierno del propio rey absoluto: sin fundamento y carente de toda imaginación de gobierno.


Nos detendremos un poco en desmenuzar las características de algunos de los integrantes de esta Camarilla, para poder hacernos una idea del carácter de los acontecimientos que vinieron después, y de la falta de gobierno y del carácter mundano de un rey absoluto falto totalmente de ideas, y de idealistas para su pretensión.


Eran hombres de escasas luces, y en ella figuraba el antiguo preceptor Escóiquiz, Que había soñado con ser un ministro-cardenal de la talla de Cisneros o Richelieu, cuando no era más que un conspirador o intrigante, el adulador Antonio Ugarte, que había sido esportillero, maestro de baile y agente de negocios, interviniendo en algunos escándalos, que por la oscuridad de las cuentas dio con sus huesos en la cárcel (tema de los barcos de Rusia, por ejemplo). Otro consejero del Deseado fue el antiguo vendedor de agua de la Fuente del Berro, Pedro Collado, alias "Chamorro", que le hacía reír con sus chistes y gracias y burdas, natural de Colmenar Viejo, se encumbró á la servidumbre de Fernando, cuando todavía era príncipe de Asturias. Su lenguaje truhanesco y su cómica garrulidad le merecieron algunas confianzas del príncipe, e iniciado en la conspiración del Escorial, estuvo preso e incluido en la sentencia de aquella causa. Había servido entonces Chamorro de espía de los demás criados, y celaba también la cocina por encargo de Fernando, que temía le envenenasen la comida.


Sentado en el solio el hijo de Carlos IV y de María Luisa, creció el favor de Chamorro; y habiendo acompañado al Monarca a Valençay, y elevádose a confidente intimo, regresó a España convertido en favorito. De tal suerte se había el Rey acostumbrado a las gracias y libertades de su criado, que no podía vivir sin su compañía, y en más de una ocasión esta planta, humilde pero venenosa, carcomió las raíces y abatió los cedros más excelsos. Se dice de este bufón que se jactaba de haber echado abajo un Ministerio con un chiste dicho al rey al tiempo de estarle desnudando. Si al recorrer los años, cuyo cuadro trazamos, vemos cruzarse las intrigas más torpes, y no les encontrarnos significado político alguno, será preciso buscar la solución en el recinto del gabinete real, donde, lejos de todas las miradas, se ataban los hilos de la red en que enredados los ministros caían y se levantaban según el impulso de los actores.


No tardó en aparecer al frente de la camarilla, con desdoro del soberano a quien representaba, el bailío (agente de la administración real o señorial en un territorio determinado) Tattischetf, embajador ruso destinado en Madrid, estímulo y atizador de aquella fragua, siempre ardiendo y vomitando rayos contra la felicidad pública. El bailío ruso tuvo la destreza necesaria para persuadir a Fernando de las ventajas de su íntima alianza con Rusia para sostener el gobierno absoluto, culpando a los ingleses, como lo hizo Napoleón, de las novedades introducidas en España durante su estancia en Valençay. Fernando abrió, bajo los auspicios de Tattischeff, su cordial correspondencia con el emperador Alejandro. Según Villaurrutia, Tatischeff, con la ayuda de Antonio Ugarte (de quien hablaremos algo más detenidamente después), personaje destacado en la camarilla del rey, consiguió introducirse en este grupo, ganándose el favor real hasta 1820. Seis años pasó ejerciendo, según este historiador, funciones de valido y siendo el verdadero árbitro de la política exterior de España. Dice también Villaurrutia que ponía y quitaba secretarios de Estado sin más dificultad. Parece todo esto un poco exagerado, aunque es indudable la influencia que llegó a tener Tatischeff en la Corte y la existencia de una camarilla que trataba de llevar al rey a su redil. Se le entregó a Tatischeff, por sus gestiones para la firma del Acta de Viena y la Santa Alianza, el Toisón de Oro el 9 de julio de 1816, alta merced nunca hasta entonces concedida a un embajador extranjero, lo que supuso un escándalo en su momento, por ser una prueba más o menos palpable de la influencia de Tatischeff en el Gobierno. A todo esto, hay que decir el mal efecto que había tenido esta condecoración en los británicos, ya que Inglaterra temía que la alianza hispano-rusa le restara influencia en la Península después de tantos sacrificios en la Guerra de la Independencia.




D. Antonio Ugarte vino a Madrid desde Vizcaya, su patria chica, a buscar fortuna, siendo muy joven. Por algún tiempo estuvo de criado de esportilla, o mozo de plaza en casa del consejero de Hacienda D. Juan José Eulate y Santa. En la misma casa pasó luego a escribiente, pero salió de ella por un asunto desagradable. Entonces se tuvo que dedicar a maestro de baile. Entre los discípulos pudo contar, por su fortuna, a una señorita de Búrgos, la cual tomó en empeño favorecer a su maestro coreográfico, proporcionándole tanto discípulos como algunos negocios en que fuera agente: llegó a serlo de Indias, y más adelante de los cinco gremios. La fortuna empezó a sonreírle, pero mucho más cuando tuvo la suerte de que el embajador de Rusia, barón de Strogonoff, le encargase la gestión de algunos negocios suyos particulares, que desempeñó con exactitud y esmero; de modo que habiendo de salir de Madrid el embajador precipitadamente en 1808, le dejó encargado de cuanto tenía en esta corte.
En ella siguió sirviendo a tirios y troyanos y a cuantos le proporcionaban negocios durante la guerra de la Independencia, de modo que, habiendo de marchar a Rusia don Francisco Zea Bermudez (embajador español, que posteriormente en tiempos de la regencia de María Cristina fue encargado de formar gobierno), que tenía allí relaciones mercantiles, a fin de obtener recursos a favor de España y contra el usurpador, fue Ugarte quien proporcionó en Madrid el pasaporte francés, añadiendo a éste una carta para Strogonoff, que también entregó al Sr. Zea, el cual poco después estipulaba el tratado de Velikie-Luki, en 12 de Setiembre de 1812, con el conde Nicolás de Romanzofí. Mediante este Tratado por el cual el zar, Alejandro I, que había entrado en guerra con Napoleón establecía una alianza con España y reconocía la Constitución de Cádiz.


Dos años después vino de embajador de Rusia a España el bailío Tattischeff, de quien ya hemos hablado, y a quien Strogonoff había recomendado a Ugarte. Éste le sirvió, no ya como agente de negocios, sino como confidente en sus relaciones diplomáticas, lo cual dio gran importancia al propio Ugarte, pues gestionaba en la camarilla por cuenta del embajador, el cual a su vez le realzaba en la corte, paseando con él del brazo y distinguiéndole con no pocos honores, causando así algo de envidia y no poca extrañeza a sus antiguos discípulos de baile y clientela.

Fernando VII le confió el encargo de alistar la expedición que debía marchar al Rio de la Plata, para la pacificación de aquellos Estados. Faltaban buques, pero el bailío ofreció los que sobraban en Rusia, y al efecto se trajeron de allí á Cádiz cinco navíos y tres fragatas que estaban pudriéndose y casi desechados en los puertos de aquel país, que resultaron del todo inservibles para los mares meridionales y se pudrieron en la bahía de Cádiz, Costaron aquellas piraguas apolilladas quinientas mil libras, por lo que fue encarcelado en el alcázar de Segovia. Ugarte fue exiliado después de la revolución de 1820 y, tras restaurarse el régimen absolutista (1823), fue nombrado secretario del Consejo de Estado, pero, advertido el rey del poder que estaba adquiriendo, fue enviado como embajador a Cerdeña en 1825.
Hay que decir también que gracias a su habilidad como intrigante, consiguió la caída del marqués de Campo Sagrado y su sustitución por Eguía.



Otro de la Camarilla eran Blas Gregorio de Ostolaza y Ríos, confesor de Fernando VII en Valençay, peruano de nacimiento y cuyo padre era oriundo de la villa guipuzcoana de Guetaria. Excelente orador. Fue uno de los firmantes del Manifiesto de los Persas, por lo que fue premiado con el título de confesor y capellán de honor de Fernando VII. Este singular personaje fue nombrado director del Hospicio de la Misericordia de Murcia, pero su conducta con los hospicianos y con las jóvenes hospicianas fue tal que se le denunció en 1817 por corruptor, fue encerrado en las cárceles de la Inquisición y después enviado, por orden del rey, al convento de las Batuecas. De allí pasó a Sevilla, en donde se le siguió el proceso que la Inquisición había reclamado para sí. La llegada de la Constitución supuso su traslado en 1820 a la Cartuja, desde donde intrigó contra la Constitución. En 1823 fue desterrado a Canarias, donde se adscribe al partido liberal y, un año después, vuelve a la Península, a Orihuela, en donde publica otro Sermón contra los voluntarios realistas. En 1833, se unió a la causa carlista e intrigó en favor de los suyos hasta que, finalmente, fue detenido y luego fusilado. En resumen, cambiaba de bando conforme a las necesidades particulares. De absolutista y firmante de los Persas, a Liberal, y después a Carlista pasando por intrigante anticonstitucional.


El duque de Alagón, Francisco Fernández de Córdoba y Glimes de Brabant (después Francisco de Espés), I duque de Alagón, señor y barón de Espés, barón de Alfajarín. Fue Jefe de la Guardia de Corps de Fernando VII y su consejero y amigo personal. Popularmente era conocido como Paquito Córdoba, individuo del real cuerpo de guardias de Corps, como hemos dicho, y que nunca había visto la cara al enemigo, supo hallar el camino para llegar en el corto espacio de cuatro años á ser duque de Alagon, grande de España de primera clase, caballero del Toison de Oro, gran cruz de Carlos III y capitan de la guardia de la real persona. Hubiera sido muy útil al Rey y a los españoles que semejante hombre no hubiese entrado jamás por las puertas de palacio, según palabras de D.Jose Presas. Otro integrante de la Camarilla, y otro guardia de Corps que en la historia de España supo valerse de las necesidades más intimas de una reina, o en este caso, de un rey, quien le concedió el grado de Capitán General, y quien le preparaba al rey amores extraoficiales, en ocasiones, junto a un conocido que ya hemos nombrado, Chamorro.


Y aquí cabe adecuar un relato interesante sobre estas costumbres del rey, ya que, sabedores como eran los enemigos del Deseado de sus salidas nocturnas, se confabuló lo que se dió a llamar "La Conspiración del Triángulo", nombre que se dio a la intentona que una sociedad secreta masónica dirigida por el valenciano Ramón Vicente Richart, puso en marcha en febrero de 1816. Se le conoce como del triángulo porque acentuaban el secretismo actuando en grupos de tres personas. Cada uno de los conjurados tenía que buscar el apoyo de otros dos, a los que sólo él conocía y así sucesivamente. De modo que si caían en manos de la policía no pudiesen delatar más que a dos personas.


En el mecanismo conspiratorio, estaban implicados militares y civiles, muchos de ellos masones ya que la masonería contribuía muy activamente en la difusión del liberalismo, pero debido al secretismo no podemos saber exactamente quien estaba detrás. El objetivo era asesinar a Fernando VII en una casa de citas y posteriormente proclamar la constitución de 1812. Además de Richart, pudieron participar en el intento de regicidio, Espoz y Mina, Rafael de Riego , Juan Díez Porlier y luis Lacy, pero esto se supo después, ya que en su momento era complicado de verificar, precisamente por su caracter esencial. El plan consistía en matar al rey de España cerca de la Puerta de Alcalá, cuando se dirigía durante sus paseos nocturnos a la cita habituales de su “vida privada”. Muchas noches salía el Rey de Palacio, disfrazado y sin más compañía que Chamorro y el duque de Alagón, dirigiéndose a casa de una hermosa andaluza llamada «Pepa la Malagueña», donde debía ejecutarse el plan del regicidio , en la habitación de aquella mujer, donde era fácil penetrar. La conspiración fue descubierta por una traición, cuya consecuencia fue la detención del director de la conspiración, el general Richard y un total de 50 sospechosos. Fueron juzgados y declarados culpables de traición y condenados a la pena de muerte sólo dos, el propio Richart, y su colaborador, Baltasar Gutiérrez, pues el mecanismo del triángulo impidió que se conociese quienes estaban implicados. La solidaridad entre los conjurados funcionó y el silencio en los interrogatorios hizo que a pesar de ser detenidos unos 50 sospechosos, como hemos dicho antes, no se pudiese imputar a muchos.
El 6 de mayo de 1816 fueron ahorcados y posteriormente decapitados en la Plaza de la Cebada de Madrid. Conviene recordar este sitio, para más adelante, pues volverá a ser testigo de otro suceso importante.

En un escrito de la época, se dice lo siguiente:
»El mismo duque (se refiere al duque de Alagón), el conde de Puñonrostro (Juan José Matheu y Arias Dávila. 1802-1836. XII conde de Puñonrostro. Firmante de la Constitución de Cádiz, la Regencia lo nombró diputado suplente por Quito, de donde era natural), gentil hombre de cámara, y otros palaciegos, presumidos de graciosos, en las conversaciones familiares, procuraban con chistes y palabras lisonjeras persuadir a Fernando que nadie era capaz de sorprender su perspicacia.
»No era fácil que el Rey pudiese presumir ni aún remotamente que éstos y otros palaciegos en aquella misma ocasión lo engañaban, pues entonces fue, cuando lograron para sí y para otros, empleos, dignidades, distinciones y la particular gracia con que S.M. premió su fidelidad mal entendida, con la cesión de una parte del territorio de las Floridas, en la que fueron considerados Alagón, Puñonrostro y D. Pedro Vargas, tesorero particular de S. M.; pero estos miserables, sin tener conocimiento alguno del estado de los negocios, y confiados únicamente en sus intrigas y manejos clandestinos, se vieron poco tiempo después, y cuando menos lo pensaban, privados de esta propiedad, lo que se verificó en virtud del tratado hecho con los Estados-Unidos, que S. M. ratificó en 25 de Octubre de 1820, a cuyo favor dió y donó en toda propiedad y soberanía la Florida Oriental y Occidental, anulando expresamente las tres concesiones hechas a favor del duque de Alagón, Puñonrostro y Vargas.»


Estos eran, entre otros, los miembros de la "Camarilla", y decimos entre otros porque hubo algunos más, y de las más bajas escalas de la sociedad, pero por carecer de renombre e importancia, nos hemos limitado en poner aquí a algunos de los más importantes, para hacernos una idea de cómo funcionaba el gobierno del Deseado Fernando VII. Lo cierto, es que en la tertulia del regio Alcázar se despachaban asuntos de Gobierno, se elevaba o se decretaba la caída de altos funcionarios, se preparaban aventuras galantes, se repartían prebendas o cargos a políticos, se escuchaban delaciones y se premiaba a los delatores pues los tertulianos se denunciaban también entre sí, y se imponían castigos de puño y letra del rey.

La popularidad real disminuyó de forma progresiva, y el malestar producido originó varias sublevaciones que fracasaron, pero triunfó la de 1820, que se conoce vulgarmente como la sublevación de Riego, de la que más adelante hablaremos, y que dio pie al Trienio Constitucional.

Otra prueba de la nefasta actuación del gobierno de Fernando VII en esta época, es la política internacional, en cuanto a la defensa de los intereses de España, ya que se puede catalogar de desorientada. Prueba de ello fue la negociación llevada a cabo en el Congreso de Viena por el enviado de Fernando VII Pedro Gómez Labrador, Marqués de Labrador (Valencia de Alcántara 1772 - París 1850). Don Pedro Gómez Labrador fue un diplomático y noble español que representó a España en el Congreso de Viena (1814-1815). Labrador no consiguió los objetivos diplomáticos que se le encomendaron, que pasaban por restaurar en el trono de las antiguas posesiones españolas de Italia a los Borbones, que habían sido depuestos por Napoleón, y de restablecer el control de España sobre las colonias americanas, las cuales se habían rebelado durante la invasión napoleónica de España.


El Marqués de Labrador ha sido casi universalmente condenado por los historiadores por su incompetencia en el congreso, en el cual España no logró ninguna de sus metas diplomáticas. En algunos libros de historia aparece que fracasó debido a: "... Su mediocridad, su carácter altivo y su total subordinación a los caprichos del círculo íntimo del rey, es decir, a la Camarilla, por lo que no consiguió nada favorable. El Duque de Wellington lo refirió como "el hombre más estúpido que he visto en mi vida". Lo único que consiguió fue el desprecio hacia los intereses españoles, como eran los derechos relativos a la devolución de Luisiana y el reconocimiento de las posesiones americanas. Su decadencia política se vio evidenciada posteriormente debido a su apoyo al Carlismo.

No es nuestra intención formar aquí capítulo aparte, o adosado al principal sobre el papel de este hombre en lo que se refiere al famoso Congreso de Viena, pero, intentando hacer justicia histórica, es preciso mencionar que si realmente no se consiguió nada en el mencionado Congreso, no debemos juzgar como culpable absoluto al ilustre extremeño, prueba de ello puede servirnos tomando como base algunos documentos del Fondo documental del Marqués del Labrador. En un artículo de la revista La España, fechado el día 11 de septiembre de 1855 y Conservado en este fondo documental, se hace referencia al papel del Marqués en el Congreso de Viena y queda claro de que el Marqués defendió sus tesis con gran energía y patriotismo, pero no pudo hacer todo lo que le hubiera gustado, por las presiones recibidas desde la corte española:

“La Revista invoca el grande interés que tendrá España en que su voz sea escuchada el día en que se trate de un nuevo arreglo territorial en
Europa. Títulos más poderosos que ninguna otra nación nos asistían cuando en 1815 se hicieron los tratados de Viena, y sin embargo, sabido es el
triste papel que representamos en aquel congreso. El espíritu de partido ha vulgarizado la especie de que los diplomáticos españoles sacrificaron
vergonzosamente los intereses de su patria, y éste es un error manifiesto. El Marqués de Labrador, de cuya capacidad podrá haber muchos que duden,
pero cuyo patriotismo está al abrigo de toda sospecha, hizo cuanto pudo para sacar el partido a que tan justamente tenía derecho España. No sólo
abogó con energía en pro de los intereses que representaba, sino que protestó todos los actos y decisiones que consideraba perjudiciales, y llevó su
tenacidad hasta tal punto que, por su negativa, estuvieron mucho tiempo abiertos los protocolos, y no los hubiera firmado de no haber recibido
orden expresa de la corte de Madrid. Era tan grande la insistencia del Marqués, que fatigado un día Lord Wellington de sus repetidas protestas, le
dijo en tono un tanto burlón, que hablaba como si fuera el embajador de Carlos V, a lo cual contestó Labrador con notable oportunidad «Si yo fuera,
señor duque, embajador de Carlos V, no hablaría tanto, pero en cambio haría más de lo que ahora puedo hacer «. Con tan significativa respuesta
queda explicado el Congreso de Viena por lo que respecta a España”.


En resumidas cuentas, queda aquí de manifiesto que el verdadero culpable fue quien condujo la política exterior e interior de España, que bien pudo ser el propio rey, directamente, o la Camarilla a la que hemos aludido en el presente capítulo, pero no debemos obviar la responsabilidad directa de la toma de decisiones. En una de sus cartas, fechada el 20 de mayo de 1815, sobre el Congreso de Viena, Labrador dice lo siguiente:

“... Los ministros de cuatro potencias que se creen árbitros de la
Europa, se reunían y reúnen casi diariamente, pero lo que tratan o no lo
sabemos los demás o lo sabemos por contrabando... He notado que los
ingleses miran a Londres como el centro del Universo, y quieren que sea su
gobierno el tribunal de apelación hasta del Congreso Europeo...”.

OPOSICIÓN Y CAÍDA DEL ABSOLUTISMO


La caída del régimen absolutista, no podría explicarse sólamente por una simple pérdida de la popularidad, ya que esto, visto desde un ángulo más analítico e historiográfico y menos pasional, sería absurdo. Primeramente, entrarían en consideración los llamados ideólogos, partidarios por principios y convicciones del régimen liberal-constitucionalista, que en su mayor parte pertenecían a una clase social media, y de una cierta capacidad intelectual y profesional de cierta consideración, entre los que se encuentran, como no podía ser menos, la plana mayor de la facción liberal de las Cortes de Cádiz, junto con sus más allegados colaboradores. Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo Fernando VII había hecho partícipes de su sexenio absolutista a hombres de ideal liberal como Martín Garay o León y Pizarro, con lo cual, de alguna manera, se podría desmentir el apelativo de "represión brutal" que se puede interpretar en algunos autores sobre esta época, por lo menos, en esta parte del reinado del Deseado Fernando VII, ya que las condenas impuestas a los encarcelados oscilaba entre los dos y ocho años de cárcel, en su mayor parte, y un importante número del resto, quedaron el libertad, incluso, como hemos visto, ocupando cargos en la Administración absolutista. Pero a decir verdad, aquéllos que habían luchado tanto por traer a España un Nuevo Régimen en el que creían ciegamente en contra de ese pasado glorioso que como vimos en el capítulo EL PASADO GLORIOSO DE LA DECADENCIA tantas desgracias ocasionó, no podían, como era lógico pensar, conformarse con una imposición forzosa, ingobernable y desastrosa teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta el momento, y menos, de una manera autoritaria y absolutista, ya que paulatinamente y desde el principio de la restauración fernandina, el movimiento liberal se pone a trabajar desde una posición que en principio podríamos tildar de débil, pero no cabe duda de que se trata de hombres inteligentes, que saben ganar alianzas provechosas, como podrían ser gentes de negocios, cosa que en un principio, llama la atención de que en sus primeros albores de las Cortes de Cádiz, hubiera un número casi insignificante del mundo comercial o mercantil, aunque esto no quiere decir que el proyecto constitucional fuera rechazado de pleno por esta clase social, es sólo que más bien se prefería a gentes de letras, clérigos, juristas, abogados, profesores o catedráticos, en vistas de darle un impulso más intelectual y una gran capacidad oratoria para la hora de convencer.






Entre las mujeres, que aunque su presencia no estaba "legalizada", por así decirlo, en el ámbito constitucional, se encuentran María Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León, Margarita López de Morla y Virués, figura pública notable en Cádiz a principios del siglo XIX, era la promotora de una de las tertulias políticas de Cádiz de signo liberal o María del Carmen Silva, Lisboeta de nacimiento, y como se define a si misma, española por elección, editora de El Robespierre español, Doña María Tomasa Palafox y Portocarrero, duquesa de Medina Sidonia y Marquesa de Villafranca, mujer ilustrada, pintora, y semilla de la igualdad, entre otras dignas señoras.




Ahora bien, en este momento al que nos referimos, posterior al primer descalabro Constitucional, el papel moneda se convierte en protagonista indispensable frente a la facilidad de palabra intelectual. Prueba de ello, sin lugar a dudas, fue la primera, y casi anecdótica, de Espoz y Mina (en realidad, su verdadero nombre era Francisco Espoz Ilundáin), participante también en la conspiración del Triángulo, de la que antes hemos hablado, quien encabezó una conspiración en Pamplona (1814),en la que un grupo de gentes del comercio respaldó la empresa en un intento fallido de proclamar la Constitución de 1812. Fracasada la intentona, tuvo que refugiarse en Francia.




Los comerciantes de La Coruña, respaldaron y financiaron el intento de Juan Díaz Porlier en 1815, quien solicitaba la convocatoria de Cortes elegidas por el pueblo, las cuales deberían tener la libertad de realizar en la mencionada constitución los cambios que exigía la situación, pero fue traicionado por un grupo de 39 sargentos del 6º Regimiento de Marina comprados por un agente infiltrado en la columna que el mandaba, detenido y ahorcado en La Coruña en el Campo da Leña (actualmente Plaza de España, donde existe una estatua suya) el 3 de octubre de 1815, o la burguesía de negocios catalana, quien apoyó el intento de Luis Lacy y Gautier, quien junto a Milans del Bosch Arquer se pronunciaba a favor de la Constitución española en 1817. Fue hecho prisionero y murió fusilado en el castillo de Bellver de Palma de Mallorca el 5 de julio de 1817. mientras que Milans lograba escapar.


Como vemos, es mucho más normal la participación en este tipo de conjuras de personas de la burguesía mercantil que de la industrial, posiblemente favorecidas por la doctrina liberal del libre cambio, que ofrecía mejores prespectivas al comercio. De todas formas, y analizando un poco el contexto de esta oposición al régimen absolutista, fuera aparte del innegable hecho de que era una política de fracaso, como hemos visto, más que nada por la difícil situación económica que era lamentable. La decadencia de la agricultura, fruto de 5 años de guerra y la crisis económica mundial. La restitución de los poderes de la nobleza y de la Mesta que provocó el malestar campesino. El inicio de la emancipación de las colonias americanas que era un amplio mercado que ayudaba a equilibrar la balanza comercial. La quiebra financiera: 850 millones de reales de gastos frente a sólo 650 millones de reales de ingresos y 12.000 millones de deuda pública, y la inoperancia del Absolutismo, cosas que ya han quedado explicadas en el capítulo anterior sobre los ministros y la camarilla.




En resumen, tenemos ya, por tanto, los que podríamos denominar como tres elementos que configuran la insurrección u oposición violenta contra el Antigüo Régimen, que son, por un lado, los intelectuales del Liberalismo, que proporcionan el ideal, por otro lado, los que aportan el dinero, que son los hombres de negocios, más concretamente, como hemos podido ver, los comerciantes, y por último, la fuerza armada del sistema, es decir, los militares.






En la Guerra de la Independencia, la intervención de los militares fue algo tardía, debido a la fidelidad al régimen establecido como norma fundamental, por lo que en un principio contó mucho y de forma fundamental el ejército irregular, cuya base eran las guerrillas que tanto daño hicieron al ejército imperial de Napoleón, y de la que salieron grandes hombres y mujeres que llevaron a cabo verdaderas hazañas de heroísmo, y debido a ello, y al entusiasmo de los guerrilleros y la euforia de las victorias, se llevaron a cabo ascensos no demasiado acordes con la normativa militar, y es que cabe recordar que aunque las Cortes de Cádiz suprimieron las pruebas de nobleza (para ingresar en las Academias militares era preciso hasta entonces demostrar pruebas de nobleza en el Antiguo Régimen) los ascensos de estos valientes guerrilleros no se llevaron a cabo de una forma demasiado legal, por decirlo así, aunque la regencia o las mismas Cortes de Cádiz no tuvieron más remedio que reconocer los méritos y las jerarquías militares alcanzadas por métodos irregulares, para a su vez, reconocer el mérito de estos audaces que estaban salvando a la nación.


Una vez finalizada la Guerra, se planteó un problema, y es que no se sabía bien qué hacer con estos guerrilleros que se habían elevado a las más altas cimas de la Jerarquía Militar, pues algunos eran analfabetos, y con un sentido de la disciplina no demasiado acorde con el profesionalismo y el espíritu militar, recordemos que por ejemplo, Espoz y Mina era un campesino navarro, que apenas sabía leer, El Empecinado era jornalero y carbonero en un pueblo de Valladolid, Juan Díaz Porlier era un ocurrente idealista cadete que se hacía pasar por sobrino del Marqués de la Romana y hombres como Palafox, Castaños, Eguía o Elío por ejemplo, profesionales de carrera, tuvieron puestos clave al regreso de Fernando VII, y a los que venían de esa milicia irregular (Guerrilleros) se les rebajó un grado o dos en la escala, y fueron destinados a guarniciones de provincia. Esto provocó un descontento generalizado en esta parte del ejército (guerrilleros), prueba de ello, es que todas las intentonas militares sin excepción que se realizaron durante el denominado sexenio absolutista contra el absolutismo de Fernando VII están dirigidas por hombres de esta nueva rama del ejército.


A lo largo del ya mencionado sexenio, se produjeron como se ha podido ver varios intentos de rebelión, o si se quiere, pronunciamientos en favor de la Constitución de 1812, o incluso de intento de rapto del rey en la Conspiración del Triángulo, es decir, que aparte de aparte de Espoz y Mina, Juan Díaz Porlier, el del propio Vicente Richart, la del mismo Conde de Montijo con el llamado Gran Oriente de la masonería española, cosa que sorprendió mucho a Fernando VII ya que en parte le debía la corona, de hecho, no fue detenido hasta 1819, casi tres años después. Poco después llegó la de Lacy, en Cataluña, la de Torrijos y Van Halen en Murcia, la de Polo en Madrid o la de Vidal en Valencia, que fallaban por la falta de apoyo popular o la de incluso entre los propios soldados que se negaban a obedecer a sus superiores.
Entre los años 1814 y 1820, no transcurre un año sin que se produzca un pronunciamiento, o un conato de tal, pero no sería cierto afirmar que el hecho, refleja un intenso malestar generalizado desde el principio. Posiblemente lo fue al final, pero desde el principio, los impulsos son ciertamente individuales, y luego de ciertos grupos politizados, ligados casi siempre a las sociedades secretas, que supieron ganarse de forma muy hábil a la oficialidad joven e inquieta para la causa revolucionaria. El caso es que todas bajo la Revolución liberal fueron fracasando, pero hubo una, la última, a comienzos de 1820, que inesperadamente, consiguió triunfar. Nos referimos por supuesto, al Pronunciamiento de Rafael de Riego.






Por primera vez, la soldadesca secunda el movimiento de sus jefes, y es que el ejército acantonado en las cercanías de Cádiz, destinado para marchar a América con el fin de intentar aplastar el movimiento separatista o de independencia de nuestras colonias, se sublevó el 1 de enero de 1820 a las órdenes del Comandante don Rafael de Riego, en Cabezas de San Juan, proclamando la Constitución de 1.812.




En un acto calificado de solemne y brillante de parada militar , Riego emite el siguiente bando:


" Las órdenes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo con onerosos impuestos , intentaba además llevar a miles de jóvenes a una guerra estéril , sumiendo en la miseria y en el luto a sus familias. Ante esta situación he resuelto negar obediencia a esa inicua orden y declarar la constitución de 1812 como válida para salvar la Patria y para apaciguar a nuestros hermanos de América y hacer felices a nuestros compatriotas. ¡Viva la Constitución!"


Los insurgentes trasatlánticos, en particular los argentinos, enviaron a Cádiz varios agentes con instrucciones muy concretas, las cuales trataban de ganarse a la oficialidad para la causa revolucionaria, y fomentar el temor a la aventura, hablando de barcos podridos, naufragios inevitables, de ratas que devoraban los pies de quienes dormían a bordo y de una "guerra a muerte" sin remisión y sin prisioneros. Lo cierto es que por muy ilusorias que pudieran parecer las amenazas, surgieron efecto, teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo, lo llevaron a cabo las logias gaditanas tales como "El Soberano Capítulo" y "El Taller Sublime", ganándose la simpatía de la oficialidad, entre la que se encontraban los "héroes de la isla" Riego, Quiroga, Arco Agüero y López Baños. El batallón Galicia, los siguió al completo, unos 5.000 hombres de los 20.000 que componían el ejército expedicionario.






Aunque en un principio fracasó el intento de extender el movimiento a otras plazas de Andalucía, tampoco las tropas leales al rey hicieron demasiado por comprometerse. Todo fue algo parecido a una espera para ver cómo se resolvían los acontecimientos, hasta que el Coronel Acevedo respaldó el pronunciamiento en la Coruña. La rebelión se propagó a varias ciudades, aparte de la Coruña, fueron también en Pamplona, Barcelona, Cádiz y Madrid, donde los motines callejeros desconcertaron al monarca y a sus ministros. El conde de la Bisbal (Enrique José O'Donnell y Anethan), se sublevó al frente de las tropas que le había confiado el gobierno para sofocar el movimiento y el general Ballesteros, llamado por el gobierno para dirigir las tropas leales, hizo lo mismo. Aquí es importante reseñar un acontecimiento sobre este militar, Francisco Ballesteros, quien anteriormente había sido destituido en el Ministerio de la Guerra, debido a su caída en desgracia por culpa de la camarilla clerical de la corte y es que si bien es cierto que el 7 de julio de 1822, con su victoria sobre la guardia real se evitó la caída de la Constitución, como se verá, hay que decir que en su entrevista con el rey, en el Palacio Real, cuando se le ofreció para dirigir las tropas leales a la monarquía absoluta, en la entrevista no ha trascendido nada, pero lo que si es cierto es que después de la misma, el rey se resignó a jurar la Constitución de 1812 y publicó un manifiesto ya conocido (10 de marzo de 1820) en el que decía: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional", famosas palabras que retratan el dolo y el perjurio.



Ballesteros, es nombrado Capitán General de Madrid después, dando pruebas de acrisolado liberalismo, formando parte de la sociedad de los "Comuneros", es enviado después por lel gobierno liberal para combatir a los cien mil hijos de San Luis, pero se retiró sin luchar hasta la batalla de Campillo de Arenas (Jaén). Tuvo que capitular el 21 de agosto de 1823, sin que se sepan los motivos ocultos que lo movieron, o los secretos compromisos adquiridos en su entrevista con el monarca.


En la imagen, el manifiesto de Fernando VII.

428px-Fernando_VII_jura_la_constitucion.png

Hay que decir que Fernando VII, tuvo muchas opciones de reprimir esta sublevación que se fue generalizando poco a poco, pero parece ser, según muchas versiones, que quiso evitar el peligro de una guerra civil, aunque posteriormente se tomaran medidas que poco tenían que ver con la búsqueda de la paz, como veremos más adelante. Con este golpe de estado, termina el gobierno absolutista desarrollado por Fernando VII durante la primera etapa de su reinado, y se establece un gobierno liberal, es el denominado Trienio Liberal: 1820-1823, o Trienio Constitucional, como hemos dicho anteriormente, y del que en el siguiente capítulo hablaremos.

EL TRIENIO CONSTITUCIONAL

Cabe recordar los que en un principio fueron los parámetros en los que se basó la Constitución de 1812 de la primera época, por llamarlo de alguna manera, para compararlos con los de esta segunda, para que poco a poco, vayamos desgranando la declaración de derechos que, posiblemente tal vez por oportunismo, aparece repartida a lo largo de la Constitución, y comprobar que en ninguna de las dos etapas se resolvieron los problemas de los que adolecía la Nación, ni los resolvió tampoco el gobierno absolutista durante la primera época de su reinado, llamada sexenio absolutista. De esta declaración de intenciones, pues no la podríamos definir de otra manera, se desprenden la libertad civil, propiedad y demás derechos legítimos según su artículo 4, además de la libertad de imprenta (131), igualdad ante la Ley (248) y derecho de petición (373). La soberanía Nacional que recoge el artículo 3 es uno de los que mayores suspicacias atrae por parte de las líneas absolutistas además de la división de poderes, confiando el legislativo a las Cortes con el rey (15), el ejecutivo al propio rey (16 y 170) y el judicial a los Tribunales (17 y 242). La colaboración de la Corona en las tareas legislativas se realiza en virtud de la iniciativa legal (171), y del veto suspensivo, durante dos legislaturas, de los proyectos aprobados por las propias Cortes (142 a 152).

Fuera de estas intervenciones que en realidad tienen un alcance limitado, la capacidad de decisión pertenece a las Cortes en cuya composición predomina la burguesía, y se excluye asimismo a quienes no tengan una cierta posición económica al exigir a los diputados una renta anual procedente de bienes propios (art.92). Este último artículo, parece chocar de forma especial con el propio ideal del liberalismo, pues si se declara como principio fundamental la igualdad de derechos, parece algo controvertido que se exija una cierta riqueza para acceder a la representación en las Cortes, en cierto sentido la búsqueda de una sociedad justa no casa con la exigencia de que se debe tener cierta posición económica. Las órdenes del monarca, deberán estar suscritas por el ministro del ramo correspondiente, al que se declara responsable de su gestión ante las Cortes, y aquí surge el otro de los principales problemas con los partidarios del absolutismo, además de que en lo referente a las relaciones del rey con las Cortes, se establece que el monarca no podrá impedir, suspender ni disolver sus sesiones.
El llamado Trienio Constitucional (1820-1823), o Trienio Liberal, es una de las etapas más complicadas del siglo XIX en España, y se podría decir que por primera vez, entraba en vigor plenamente la Constitución española de 1812, y lo hace con incertidumbre y no carente de problemática, igual que lo hizo al principio de su nacimiento y al igual que lo hizo después del mismo la restauración de la monarquía absoluta. Primeramente, ya no era una unión liberal como lo fue en sus principios.

La crisis de la economía nacional, en aquel año de 1820, pasaba por su peor momento, además de que las antiguas colonias americanas, aprovechaban la debilidad de la gran metrópoli para afianzar su independencia, en contra de lo que pensaron los ingenuos revolucionarios liberales, y pronto sobrevino la primera guerra civil de la historia contemporánea de España, que provocó una intervención extranjera, símbolo, una vez más, de la impotencia del pueblo español por resolver sus propios problemas.


Pero empecemos por el principio. No podemos hablar en términos constitucionales de instauración, si no de restauración, ya que se hizo en nombre de algo previo, que ya se había declarado en su momento, y, precisamente aquí, surge la primera controversia, la familia liberal, se divide en dos facciones, los moderados y los exaltados, o doceañista y veinteañistas, con el tiempo, estas dos facciones representarían al partido moderado, los primeros, y al partido progresista, los exaltados. Los moderados o doceañistas fueron los que asumieron el poder, también eran llamados gaditanos, o facción templada, intentando un cambio con la corona, es decir, los “doceañistas” pretenderán modificar la Constitución buscando una transacción con el Rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más altas, pero los exaltados o veinteañistas pretendían una ruptura con el Antiguo Régimen, pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Así empezaron los partidos políticos. La división liberal, se produce precisamente por eso mismo, ya que los que suben al poder no son precisamente los que hicieron y pelearon la revolución, si no los antiguos idealistas patriarcas del liberalismo español, los hombres de las Cortes de Cádiz, y a esto se limitó su capacidad legislativa en un primer momento, su acción se redujo a reproducir al pie de la letra todos y cada uno de los decretos de las Cortes de Cádiz de 1812, estuvieran o no conformes con los nuevos tiempos, con lo que podemos decir que no fueran demasiado originales, aunque de forma general el gobierno liberal restableció gran parte de las reformas de Cádiz: la supresión de señoríos jurisdiccionales y mayorazgos, de los gremios, de las aduanas interiores, desamortizaciones de tierras de monasterios, libertad de creación de industrias, abolición de la Inquisición, restablecimiento de las libertades políticas y de los ayuntamientos constitucionales, modernización de la política y la administración bajo los principios de la racionalidad y la igualdad, la amnistía de los firmantes del Manifiesto de los Persas y el cierre de las Sociedades patrióticas, la «Ley de reforma de comunidades religiosas» (1820), mediante la que se suprimen los monasterios de algunas órdenes religiosas y los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; se prohíbe fundar nuevas casas religiosas o aceptar nuevos miembros. Y concedía cien ducados a todos los religiosos y monjas que desearan abandonar su orden.



Crearon la Milicia Nacional, cuerpo de voluntarios de clases medias urbanas para garantizar el orden y defender las reformas constitucionales, hay que decir que las más drásticas de todas estas medidas se tomaron en la última fase del Trienio Liberal liderado por los exaltados o veinteañistas, van a aplicar una política claramente anticlerical: expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, supresión de la Inquisición, desamortización de los bienes de las órdenes religiosas... Todas estas medidas trataban de debilitar a una poderosísima institución opuesta al desmantelamiento del Antiguo Régimen. El enfrentamiento con la Iglesia será un elemento clave de la revolución liberal española. La división de los liberales introdujo una gran inestabilidad política durante el Trienio, asimismo, hay que volver a recordar que los diputados liberales españoles concibieron la nación como un sujeto indivisible, compuesto exclusivamente de individuos iguales, al margen de cualquier consideración estamental y territorial. Solo en ella, la nación, de forma exclusiva e indivisible, recae la soberanía, a diferencia de lo postulado por los realistas (en el rey y las Cortes) o los diputados americanos (en el conjunto de individuos y pueblos de la monarquía). Tal idea de nación suponía suprimir los estamentos y los gremios, eliminando los privilegios y fueros y las diferencias territoriales que existían entre los españoles. La nación española no sería ya un agregado de reinos o provincias con códigos diferentes, aduanas y sistemas monetarios y fiscales propios, sino por el contrario un sujeto compuesto exclusivamente de individuos formalmente iguales, como soporte de la unidad territorial legal y económicamente unificada.


Al hablar de las medidas desamortizadoras de este periodo, cabe decir que , los gobiernos liberales del Trienio tuvieron que hacer frente de nuevo al problema de la deuda que durante el sexenio absolutista (1814-1820) no se había resuelto. Y para ello las nuevas Cortes revalidaron el decreto de las Cortes de Cádiz del 13 de septiembre de 1813 mediante el decreto de 9 de agosto de 1820 que añadió a los bienes a desamortizar las propiedades de la Inquisición española recién extinguida. Otra novedad del decreto de 1820 sobre el de 1813 era que ahora en el pago de los remates de las subastas no se admitiría dinero en efectivo sino sólo vales reales y otros títulos de crédito público, y por su valor nominal (a pesar de que su valor en el mercado era muy inferior). Por eso Francisco Tomás y Valiente lo consideró como el decreto "más extremista" de los que vinculaban desamortización con deuda pública.
A causa del bajísimo valor de mercado de los títulos de la deuda respecto de su valor nominal, "el desembolso efectivo realizado por los compradores fue muy inferior al importe del precio de tasación (en alguna ocasión no pasó del 15 por ciento de este valor). Ante tales ventas escandalosas, hubo diputados en 1823 que propusieron su suspensión y la entrega de los bienes en propiedad a los arrendatarios de los mismos. Uno de estos diputados declaró «que por defecto de la enajenación, las fincas han pasado a manos de ricos capitalistas, y éstos, inmediatamente que han tomado posesión de ellas, han hecho un nuevo arriendo, generalmente aumentando la renta al pobre labrador, amenazándole con el despojo en el caso de que no la pague puntualmente». Pero no obstante aquellos resultados y estas críticas, el proceso desamortizador siguió adelante, sin modificar su planteamiento.

En términos generales hay que decir que las medidas de desamortización tuvieron como consecuencia final la consolidación del régimen liberal. Pero sus sombras fueron muy importantes. No se produjo un aumento significativo de la producción agraria y la propiedad se concentró más, por lo que el escaso desarrollo agrario impidió una profunda revolución industrial. Se recaudó menos dinero del previsto pues la mayor parte de las compras se hicieron en Deuda Pública y esta se devaluó pronto, hubo bastante corrupción. En definitiva, la desamortización no cumplió las grandes esperanzas de realizar una profunda reforma agraria, ni condujo a la industrialización. Pero la desamortización fue inseparable de las dificultades de consolidación de un Estado liberal amenazado por los partidarios del Antiguo Régimen y con unos ingresos fiscales absolutamente insuficientes para hacer frente a los gastos, pero para comprender la importancia y el alcance de las medidas desamortizadoras pueden servir de orientación las cifras dadas por García Ormaechea y que fija la superficie sometida a señoríos eclesiásticos y órdenes militares en 9.093.400 aranzadas, lo que equivale a un 16'5 por 100 del total de la superficie cultivada. Aunque a estas cifras haya que añadir las correspondientes al clero secular, y los bienes de propios, baldíos y comunales, difíciles de calcular, no cabe duda de que las distancias con respecto a las dadas para la nobleza eran considerables. Quizá sólo cabría resaltar el hecho de que las propiedades eclesiásticas, muy inferiores en cantidad respecto a las nobiliarias, eran sin embargo, mejores en calidad.

Godoy ya se planteó en su momento la desamortización una finalidad estrictamente económica como era la de sufragar los gastos de la guerra y amortizar la creciente deuda pública.
Pero una cosa es el planteamiento y otra la realización que, según Richard Herr, vino a ser un reparto de tierras a bajos precios entre la nobleza, altos cargos de la administración y amigos de Godoy. Se puede decir que el rendimiento de la operación fue más bien escaso entre 1.430 y 1.600 millones de reales. Pero tal vez más importante que el éxito financiero fue que no creó una nueva clase social, ni reforzó el poder de la burguesía, sino al contrario vino a aumentar la prepotencia de la aristocracia. Por otra parte dejó a los beneficiados e institutos benéficos en la miseria y a los campesinos que venían trabajando dichas tierras en una situación más inestable y precaria.

En tiempos de José I tuvo unas características muy especiales. Nacida a imitación de la francesa, no pudo superar las dificultades planteadas por la guerra y terminó en una farsa sin sentido. La mayoría de los conventos y monasterios fueron clausurados y sus propiedades repartidas entre los ministros y fieles servidores del rey incluso sin que llegaran siquiera a subastarse.

Con el triunfo del pronunciamiento de Riego y la instauración de la Constitución de 1812 es lógico que se restableciera la legislación emanada de las Cortes de Cádiz. Efectivamente el decreto de la Regencia de 13 de septiembre de 1813 se convirtió después de una breve discusión en las Cortes, en la ley de 9 de agosto de 1820. Las primeras Cortes del Trienio se declaraban así fieles seguidoras de sus predecesoras las de Cádiz. No es por ello de extrañar que siguiendo el camino marcado por los diputados doceañistas, reintegrados a la vida política tras varios años de encarcelamiento o exilio, aprobarán rápidamente la ley con la finalidad de amortizar la deuda pública, aumentar la base burguesa del nuevo régimen y propiciar en alguna medida la mayor participación ciudadana en la desamortización al admitir el pago en dinero lo que al mismo tiempo beneficiaría al erario y, finalmente, reformar el clero regular. Si en un principio los diputados estuvieron obsesionados por el peso de la cuantiosa deuda pública, estimada en 14.000 millones de reales, y por la defensa de la propiedad individual para ampliar la base burguesa, pronto surgiría entre ellos un grupo de exaltados liberales entre los que destacaban Sancho, Díaz del Moral y Ezpeleta que reclamarían la atención del Congreso sobre la proyección social de la desamortización. Así el valenciano Sancho defendió los beneficios que reportaría al país la posibilidad de que el pago de las fincas se hiciera en cinco años con el recargo de un interés módico. Díaz del Moral, Ezpeleta y Cepero llevaron más allá la proyección social al pedir que en las subastas se debía dar preferencia a los colonos o inquilinos, por el precio en que fuera rematada la finca. Sin embargo, estas proposiciones fueron consideradas por los diputados como inadmisibles por varias razones, entre otras, porque ello supondría el origen de innumerables fraudes y pleitos y porque era un privilegio para los entonces arrendatarios y enfiteutas (la enfiteusis es el derecho real por el cual se entrega en forma perpetua o por largo tiempo el dominio útil de un inmueble, reservándose el propietario su dominio directo a cambio del pago de un canon o pensión anual que le efectúa el enfiteuta) y lo que es más relevante Romero Alpuente replicó que podía significar el que la nación se quedara sin tierras y además con la deuda.

Pero pronto cambiaría la postura del gobierno y de las Cortes. A primeros de marzo de 1821 el ministro de Hacienda Canga Argüelles daría la voz de alarma ante la inestabilidad política y del hundimiento de la economía, escasos rendimientos de las exacciones fiscales, depreciación de la deuda y propondría una serie de medidas encaminadas a aumentar la base popular del régimen mediante la concesión de largos plazos para el pago de las fincas y la aceleración de la venta por la simplificación de los trámites. En un esfuerzo por favorecer a los colonos, Alvarez Guerra propuso un mes más tarde el que las propiedades eclesiásticas les fueran concedidas en censo redimible.
Estas nuevas orientaciones se vieron plasmadas en el decreto de 29 de junio de 1821 por el que se volvía a insistir en la subdivisión de las fincas y la venta de las pequeñas (valoradas en menos de 6.000 reales) por dinero metálico pagando dos terceras partes de su tasa o todo en diez años. Así mismo se daba la oportunidad a los colonos de los bienes del clero regular de convertirse en propietarios pagando la valoración oficial en veinte años, con recargo del uno por ciento, de interés anual.

Sin embargo, estas medidas quedaban anuladas al aplicarse sólo en el caso de que las fincas no tuvieran postor en deuda pública. Estaba claro que tanto los diputados de Cádiz, como los del Trienio, en sus medidas desamortizadoras no iban más allá de una Reforma agraria liberal. Por otra parte era comprensible en un sector social tan preocupado por la propiedad privada individual y por la amortización de una deuda pública cada vez más apabullante y, además, era lógico que la burguesía, a la que había costado tanto conquistar el poder, tratara de consolidarse en él a costa del clero regular, de los colonos y pequeños y medianos propietarios rurales. Los remordimientos fueron escasos, por no decir nulos, a pesar de las protestas de los colonos. Las consecuencias más importantes de la Desamortización de 1820- 1823 fueron, en el aspecto económico, el poder amortizar parte de la deuda pública, si bien su enorme cantidad sepultó los posibles efectos beneficiosos de la operación.



En cuanto al término de la división liberal, no hay que mirar esta división entre doceañista y veinteañistas como una división generacional, ya que no existía por así decirlo un diferencia en edad, pues doceañistas como Argüelles, Toreno o el propio Martínez de la Rosa son realmente tan jóvenes como Riego, Quiroga o Antonio Alcalá Galiano ( hijo del marino Dionisio Alcalá Galiano, muerto en la batalla de Trafalgar) que representan a los veinteañistas. El término doceañista proviene del arraigo a los constitucionalistas de las Cortes de 1812, y el de veinteañistas de la Revolución de 1820, por lo tanto ni unos ni otros representan épocas distintas. Sí existe una diferencia en cuanto a la cultura y las formas, es decir, los hombres que toman el poder, los que forman el primer gobierno como Argüelles, Canga, García Herreros, Pérez de Castro fueron diputados constituyentes doceañistas, que en su mayor parte intelectuales, educados en el ámbito dieciochesco de la Ilustración prerrevolucionaria, cultos, teóricos y dotados de una espléndida facilidad de palabra que manejan las ideas con soltura, cosa que admiraban los veinteañistas, pero que ya no entendían, ni participaban de ello. Entre éstos últimos, los veinteañistas, se encontraban militares como el propio Riego, Quiroga, López Baños, Evaristo San Miguel, y otros civiles como el propio Antonio Alcalá Galiano, comerciantes como Istúriz, Romero Alpuente o Álvarez Mendizábal, que no eran gente inculta, pero ninguno frecuentó la Universidad, y eran de una educación algo mediocre y de un nivel social inferior a los doceañistas. Los veinteañistas eran gentes que habían conspirado en las logias y en los regimientos, habían arriesgado sus vidas para triunfar casi de milagro, eran más activos e inquietos, más aventureros, algo más parecido a lo que luego se llamaría el Romanticismo, en definitiva, contrarios a la parte doceañista que luego representaría el conservadurismo liberal, o el liberalismo conservador.


Se formó, pues, el primer ministerio constitucional, presidido por un hombre que se encontraba, como otros, en prisión, integrado por doceañistas ilustres que como hemos dicho, algunos pasaron desde los presidios desde los que cumplían injusta condena, y en su mayoría habían participado en las Cortes de Cádiz.
Eran propietarios, grandes comerciantes e industriales. Defendían la participación de la Corona en el proceso reformista, el sufragio censitario y unas cortes de doble cámara. El rey, que nunca acató con sinceridad el régimen constitucional, llamaba a sus ministros "los presidiarios", Agustín de Argüelles, apodado "El Divino", fue el primero a quien el Rey le había nombrado ministro de la Gobernación, para su sorpresa. En el mismo Gabinete estaban Pérez de Castro, Canga Argüelles, García Herreros, Antonio Porcel y Pedro Agustín Girón, el Marqués de las Amarillas. Fernando VII denominó a este primer Gobierno liberal, como ya se ha comentado, el de "los presidiarios", ya que todos menos Girón habían sido presos políticos después de 1814. El Ejecutivo se mantuvo entre junio de 1820 y marzo de 1821, ni siquiera un año, después vinieron otros doceañistas presididos por Martínez de la Rosa, (llamado «Rosita la pastelera» por su espíritu conciliador). Esta facción moderada gobernó hasta 1822.


Durante aquellos meses Argüelles y el resto del Ministerio tuvieron que enfrentarse a la tensión y a la violencia tanto de los que, a su izquierda, creían que la revolución no había terminado, los exaltados, como de los que, a su derecha, pretendían la vuelta al absolutismo, los realistas. El mismo Argüelles confesó que tenían que gobernar "conteniendo la revolución".





Tanto este gobierno, el de Argüelles, como los presididos por Felíu, Martínez de la Rosa, Bajardí, y el de don Evaristo San Miguel trataron de acreditar el gobierno constitucional pero se encontraron no sólo obstaculizados por las pasiones políticas de los propios liberales que ya se encontraban divididos, si no por la más grave de las dificultades, que fue la resistencia del rey y los absolutistas. El rey boicoteó de forma sistemática las reformas liberales, tanto en la primera legislatura (9 de julio de 1820 a 9 de noviembre de 1821), como en la segunda de 1822-1823. Por ejemplo, vetó la ley de abolición del régimen señorial en 1821 y 1822,
aprobándose muy tarde en mayo de 1823, de manera que no tuvo ningún efecto para el campesinado. De hecho, el nombramiento en el mes de noviembre de 1820 del nuevo capitán general de Castilla la Nueva, José de Carvajal, sin el refrendo del Secretario de Despacho, como era preceptivo, significó la primera infracción del monarca a la Constitución. Trataba despectivamente a sus ministros, derramaba el oro en conjuras anticonstitucionales, levantaba partidas que se titulaban Ejércitos de la Fe, que alentados por las conspiraciones del rey y espoleados por la grave crisis económica pronto surgieron movimientos de protesta contra el gobierno liberal en Madrid.



Para más penurias que sumar, aparecieron nuevas sociedades secretas, los Comuneros, a cuyo frente se hallaba Riego, y era una sociedad secreta cuyo nombre, Comuneros, lo toman de la sublevación del siglo XVI. La sociedad trataba de ser una alternativa radical a los masones, y entre sus ideales estaban los de tratar de rescatar las luchas por las libertades. Su pensamiento puede catalogarse de democrático radical y republicano. Contaron con un periódico con el significativo nombre de El eco de Padilla, y tenían su propio himno, el himno de Riego, que era el himno que cantaba la columna volante del entonces Teniente Coronel Rafael de Riego tras la insurrección de éste contra Fernando VII el 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de San Juan, aunque también había quien cantaba el Trágala, que fue la canción que los liberales españoles utilizaban para humillar a los absolutistas tras el pronunciamiento militar, a principios del Trienio Liberal. También apareció la sociedad de los carbonarios, que aspiraban sobre todo a la libertad política y a un gobierno constitucional. Pertenecientes en gran parte a la burguesía y a las clases sociales más elevadas, se habían dividido en dos sectores o logias: la civil, destinada a la protesta pacífica o a la propaganda, y la militar, destinada a las acciones armadas, también hubo nobles entre sus miembros, y también aparecieron ciertas sociedades patrióticas modeladas al estilo de los clubs de la Revolución francesa, como la del Café de Lorenzini (Puerta del Sol), o La Fontana de Oro, aunque posteriormente fueron suprimidas para evitar algaradas como ocurrió con la aparición de Riego en Madrid, con el argumento de no ser necesarias para el ejercicio de la libertad.
Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron las sociedades secretas entre las que destacó la masonería que, como reconoció en su tiempo el marqués de Miraflores, perdió su objetivo filantrópico para sustituirlo exclusivamente por el político.

Los llamados Veinteañistas o liberales exaltados, eran en su mayoría jóvenes seguidores de Riego, entre los que estaban el propio Riego, Quiroga, Mendizábal y Alcalá Galiano (hijo).
Su lema era "Constitución o muerte", es decir pretenden conservar íntegramente la Constitución de 1812 ampliando al máximo el liberalismo, y la monarquía debía limitarse a funciones suplemente ejecutivas. Defienden el Sufragio Universal masculino, Cortes de una sola cámara y libertad de opinión. Gobernaron entre 1822 y 1823, a partir de la Revolución Exaltada, y una vez en el poder (desde el verano de 1822 y presididos por Evaristo San Miguel, primero y Flores Estrada, después) moderan sus actitudes, que hasta el momento habían sido de tensiones, sublevaciones y revueltas, pudiendo calificarse de una Revolución dentro de otra Revolución. Sus principales medidas fueron la Libertad de industria y abolición de los gremios, que restablecían los decretos de las Cortes de Cádiz de 1813, la supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos. Sin embargo, los antiguos señores se convierten ahora en los nuevos propietarios y los campesinos en simples arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban sus rentas, la Reforma Fiscal. Se trató de imponer una contribución única sobre la propiedad de la tierra, que no llegó a ponerse en vigor debido a la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.

La Política religiosa, estuvo marcada por el anticlericalismo produciéndose la supresión de la Inquisición, expulsan a los jesuitas, redujeron el diezmo al 50% a favor del Estado. De esta forma, pretendía rebajar la deuda pública y ganarse la confianza de los acreedores, y pusieron en venta tierras de los conventos y monasterios de menos de 24 frailes, o en pueblos de menos de 450 vecinos, incluidos los monasterios de Montserrat y Poblet, aunque esta medida no llegó a ser totalmente puesta en práctica, en un año, los 2000 conventos españoles se reducen a la mitad.

Las consecuencias de toda esta política eclesiástica fueron graves. Los conflictos con Roma, la ruptura de la Iglesia y el Estado Liberal, el desgobierno de las diócesis por la expulsión de ocho Obispos que se opusieron a la aceptación de tales medidas, otros cinco obispos huyeron al ser perseguidos, uno fue apresado y otro asesinado (fray Ramón Strauch, Obispo de Vich). En 1823 había quince diócesis vacantes por defunción, once tenían sus obispos exiliados y seis se hallaban en situación cismática por la designación anticanónica de sus vicarios. También en 1823 se procedió a la expulsión del Nuncio. Además de todo esto, dentro del clero se produjo una escisión interna ya que hubo eclesiásticos liberales radicalizados y, en las listas de unos cuatro mil individuos pertenecientes a la masonería, se encuentran hasta ciento noventa y cuatro eclesiásticos. Por otro lado, hay que decir que la mayor parte del clero realista se radicalizó también, sumándose de hecho o de forma potencial a la insurrección armada de la Regencia de Urgell, produciéndose asimismo algunas divisiones dentro de los propios conventos o de las mismas comunidades fomentándose la discordia. La exacerbación de parte del clero y de los fieles contribuye a revestir de apariencia religiosa la guerra civil de la que seguidamente hablaremos, pues en gran medida, los realistas de entonces se proclamaban defensores de la libertad de la Iglesia y los liberales invocan al carácter pacífico del Evangelio no respetado por los otros. El conflicto estaba servido.


En cuanto a las Reformas militares, se mejoran los sueldos del ejército y se reforzó la Milicia Nacional, que tras la sublevación de Riego, llegó a contar con 120.000 hombres afiliados. Obligaba a disciplinas, a guardias nocturnas. Con el tiempo se dirigen contra los moderados (no contra los realistas) provocando un ambiente de preguerra civil.


La mayor libertad de opinión permitió el desarrollo de una potente prensa de signo liberal (La Avispa, El Patriota, El Vigilante Constitucional o el Sabañón) y junto a ellos de panfletos y hojas volanderas.


En 1822, la situación del país se deteriora y la guerra civil, buscada por los absolutistas y por la
cada vez más insostenible situación política en que se hallaba la Nación, estalla como un previsible incendio, sus comienzos fueron cuando el 7 de julio se sublevaron los cuatro batallones de la Guardia Real que estaban en el Pardo y entraron en Madrid vitoreando al rey absoluto, pero fue rápidamente aplastada por la Milicia Nacional, que era una guardia cívica creada por el nuevo régimen, como ya se ha comentado, y los enfrentamientos entre la mayoría exaltada de diputados y el gobierno moderado se incrementaron aún más. En medio de la división del liberalismo, se desató esta guerra civil en el verano de 1822 con los levantamientos realistas de Cataluña, Navarra y el País Vasco, de las que hablaremos y nombraremos a algunos de sus protagonistas. En mitad de todo esto, los exaltados o veinteañistas, que ya habían dado muestras de su influencia en el gobierno, accedieron por completo al poder, y el rey se vio obligado a nombrar el 5 de agosto un nuevo gobierno encabezado por Evaristo San Miguel, que si bien, como ya se ha dicho, intentó poner algo de orden en la situación, lo cierto es que la misma se radicalizó de forma brutal, y prueba de ello fue que las represiones contra los realistas fueron en aumento. Un ejemplo fue la de don Matías Vinuesa, cura de Tamajón, acusado de conspirador, fue asesinado a martillazos en la cárcel y su cadáver arrastrado por las calles.

Por esas fechas se haría tristemente famosa la Tartana de Rotten, así la definiría una publicación de la época:


" el Brigadier liberal Antonio Rotten, de origen suizo, y de la secta comunera, se excedió en crueldades. Encarcelados en Manresa graves ciudadanos y sacerdotes (uno había 'de ochenta años), pretextó cambiarlos de prisión. Conducidos en tartanas hasta «los tres roures» de La Guardia, asesinaron a los veinticuatro santos varones, a tiros y bayonetazos (17 de noviembre de 1822). El procedimiento de fingir un traslado para llevarles a morir, se vinculó de tal modo en Rotten, que, ya en Barcelona, cobró fatídica fama «la tartana de Rotten".



La contrarrevolución realista se concretará en la aparición partidas de campesinos fuertemente influenciados por la Iglesia en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Alentados por estas protestas, la oposición absolutista se aventuró a crear Regencia Suprema de España en Urgel, cerca de la frontera francesa. Trataban así de crear un gobierno español absolutista, alternativo al liberal de Madrid. El fracaso de la Regencia de Urgel hizo evidente para Fernando VII y los absolutistas que la única salida para acabar con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas europeas, empezaba a plasmarse el ideal de solicitar la ayuda internacional en la intervención del devenir de la historia contra la Constitución de 1812.


Por ejemplo, en Cataluña la partida más importante era la del llamado "Trapense",(Antonio Marañón “el Trapense”), fraile arrojado y valeroso, con aire de asceta, que llevaba el crucifijo al pecho y al cinto el sable y la pistola, famoso por su crueldad y fanatismo, conquistando un pueblo tras otro y matando despiadadamente a cualquier prisionero liberal. Su más conocida hazaña fue la del asalto y ocupación de Seo de Urgel, en 1822, llevada a cabo por el levantamiento absolutista de Romagosa en contra del Gobierno liberal de Rafael de Riego, a pesar de estar defendida por numerosas tropas y sesenta piezas de artillería.


Otro famoso puede ser Jerónimo Merino Cob (Villoviado, Burgos 1769 - Alençon, Francia, 1844), conocido como «El Cura Merino», fue sacerdote y guerrillero español, quien no se debe confundir con su contemporáneo Martín Merino, también apodado "el cura Merino".


A este último, como ya hemos avisado, no hay que confundirlo con Martín Merino y Gómez (Arnedo, 1789 - Madrid, 7 de febrero de 1852), llamado el cura Merino o el apóstata, fue un religioso español y activista liberal, hijo de una familia de labradores castellanos del Valle de Arnedo, a principios del siglo XIX ingresó en un convento franciscano de Santo Domingo de la Calzada, que abandonó al estallar la guerra de independencia para unirse a una partida de guerrilleros que actuaba en la provincia de Sevilla; se ordenó como sacerdote en 1813 en Cádiz; al terminar la guerra volvió al convento hasta 1819, fecha en la que debido a sus ideas liberales se exilió en Agens (Francia).
En 1821 regresó a España y se secularizó; en 1822 fue amonestado por increpar e insultar al rey Fernando VII y poco después tomó parte en los sucesos de julio de ese mismo año en Madrid, por lo cual estuvo preso durante unos meses, fue más conocido por haber llevado a cabo un intento de regicidio contra la reina Isabel II en 1852, quien se salvó de una cuchillada gracias a las ballenas de su corsé, y por cuyo atentado fue ejecutado. Este hombre no podría considerarse más que un pobre loco de la época.
Imágen de Martín Merino:

Martín Merino.jpg

En este estado de cosas y de sucesos que se iban agrandando hasta constituirse en un problema de gran magnitud, dio comienzo lo que sería la primera guerra civil de la historia contemporánea de España. A las guerrillas realistas, de las cuales ya hemos comentado alguna, cabría añadir la de Manuel Adame de la Pedrada, más conocido como El Locho, la de Pedro Zaldívar o Pedro José Bernabé Zaldívar Rubiales, que luego se uniría a la de El Locho, la de Ignacio Alonso de Cuevillas, la de Agustín Saperes o Saperas, más conocido como "El Caragol", o la de Joaquín Ibáñez, el barón de Eroles, en total, podrían llegar a identificarse unas cuatrocientas partidas insurrectas. Lo cierto es que se trata de una guerra civil generalizada, difusa, pero sin organización, y se trata de aunar aquel movimiento de protesta dotándolo de organización mediante la Junta de Bayona, presidida por Eguía, primero, y la Junta de Toulouse dirigida por el marqués de Metaflorida, Bernardo Mozo de Rosales, que desembocó finalmente en la Regencia de Urgell por medio de Don Joaquín de Ibáñez Cuevas y de Valonga, Barón de Eroles, marqués de la Cañada, capitán general del Ejército y del Principado de Cataluña, abogado, miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Caballero de la Orden de Carlos III y de la Cruz Laureada de la Militar de San Fernando, comendador de la Orden de San Luis y oficial de la Legión de Honor del reino de Francia, guerrillero y vocal de las Regencias de Urgel y Madrid. El intento de este último por regularizar la guerra, resultó un completo fracaso, teniendo en cuenta que también en el bando realista se escinde en dos facciones, los ultras, o realistas puros, y los aperturistas, más moderados, aunque esto no fuera causa principal del fracaso de regularización de la guerra, la causa fue que las tropas estaba mal pertrechadas, carentes de bases, de mandos experimentados y de una auténtica instrucción militar.


En la imagen, el cuadro de Goya Duelo a garrotazos o la riña. Es una de las Pinturas negras que Francisco de Goya realizó para la decoración de los muros de la casa —llamada la Quinta del Sordo— que el pintor adquirió en 1819. Esta pintura ha sido vista desde su creación (1819-1823) como la lucha fratricida entre españoles; en época de Goya las posiciones enfrentadas eran las de liberales y absolutistas. El cuadro fue pintado en la época del Trienio Liberal y del ajusticiamiento de Riego por parte de Fernando VII, dando lugar al exilio de los afrancesados, entre los que se contó el propio pintor. Por esta razón el cuadro prefigura la lucha entre las Dos Españas que se prolonga en el siglo XIX entre progresistas y moderados, y en general en las posturas antagónicas que desembocaron en la Guerra Civil Española.

Duelo a garrotazos, de Goya..jpg


Ateniéndonos a las referencias de algún historiador, podemos definir aunque no de una forma totalmente generalizada, esta guerra civil es un enfrentamiento entre el campo, y la ciudad, ya que el liberalismo es un fenómeno eminentemente urbano y patrimonio de la burguesía, aunque si bien resultaría erróneo decir que todos los ciudadanos de núcleos importantes de población piensan en liberal. Por el contrario, el campo mantiene con mayor apego la fidelidad a las viejas tradiciones, prueba de ello es que es en el medio rural donde el clero cumple un papel muy importante en el control de las mentalidades colectivas, debido al malestar por las medidas anticlericales tomadas por el liberalismo más reaccionario al final del Trienio Constitucional, y el fracaso de la política de desamortización eclesiástica que causaron gran malestar en la gente del campo, y en el propio clero en sí. Resumiendo lo que dio de sí esta guerra, podemos decir que el gobierno moviliza las exiguas tropas de que dispone por todo el territorio, pero la resistencia no deja de ser puntual. De esta manera, el centro está defendido por Enrique José O’Donnell, I Conde de La Bisbal (Donosita-San Sebastián, Guipúzcoa, 1776-Montpellier, Francia, 1834). Asturias y Castilla son territorios de Pablo Morillo, y Francisco Espoz y Mina (Idocín, Navarra, 1781-Barcelona, 1836) resiste en Cataluña. Pero esta contención pronto se manifiesta ineficaz, dejando el camino libre hasta Andalucía. El Gobierno y las Cortes recurrirán al cambio de sede que ya practicaran en la Guerra de la Independencia. Se declara incapacitado al monarca, quien es retenido en Cádiz, lugar donde acabarán refugiándose. En 1823, los dos bandos están agotados, y la guerra civil parecía ya endémica cuando de pronto, vino a cambiarlo todo una intervención extranjera.




Más que una revolución frustrada, podríamos definir el final de esta etapa como una derrota militar, de la que hablaremos en algún capítulo más adelante, y una represión política brutal. La propia diferencia entre los constitucionalistas que acabó en una división traumática, así como una contrarrevolución interna, apoyada por sectores proclives al Antiguo Régimen y los campesinos perjudicados por las medidas liberales, así como el clero, unido a una creciente desconfianza de las clases propietarias de la burguesía que apoyaban al régimen liberal por la falta de profundidad y convencimiento en el mensaje contribuyeron al fracaso de la tentativa constitucional, falto de una administración efectiva en manos de funcionarios carentes de preparación. Se ha dicho que el carácter efímero de la Constitución de 1812 radica en su carácter excesivamente teórico y por su racionalismo utopista. Sin duda el articulado del texto es farragoso e incluso contiene contradicciones y no recoge una declaración completa de derechos, entre otros el derecho de reunión y de asociación, que fueron objeto de debate en las Cortes del Trienio y en la prensa. Aún así, es referente de libertad durante una época de absolutismo heredada de un Antiguo Régimen y arraigada en una sociedad acostumbrada a una tiranía secular, por lo que sería injusto sostener que aquellos liberales fueran todos malos políticos porque fueron incapaces de sostener y afianzar el constitucionalismo, sabiendo como hemos visto, el cariz de la fuerza que se encontraron en frente, pero también es justo decir que no se detuvieron a contar con el apoyo del pueblo llano, o por lo menos, de la mayor parte de la sociedad.

Merece la pena subrayar el papel de la masonería en esta época de revoluciones, levantamientos, pronunciamientos tumultos conspiratorios, a la que contribuyen los cuatro mil oficiales ex prisioneros de guerra en Francia, donde habían asimilado las ideas políticas del liberalismo. Algunos habían ingresado en las logias militares masónicas. La Masonería fue, por supuesto, un canal de comunicación entre liberales y militares durante aquel periodo, y de un modo concreto en la fase conspiratoria del alzamiento de 1820, pero cabe aclarar que principalmente, no fuero esto los militares de carrera, como ya se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo, resaltando, sobre todo, la masonería gaditana. También, como se ha visto ya, la masonería tuvo su papel dentro, incluso, de la propia Iglesia.

LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y LA CAÍDA DEL RÉGIMEN LIBERAL


Antes de continuar adelante con el capítulo sobre el final del Régimen Liberal, es interesante enlazar por un momento con el final del capítulo anterior, para pormenorizar lo que realmente significó en el sentimiento sobre la situación que se vivía en la época, y que trajo consigo aquella guerra civil, que se debió, sobre todo, a los alzamientos esporádicos al principio, de los llamados realistas, que finalmente fueron cada vez, más y más grandes, y sus inicios fueron en los medios campesinos adoptando la forma de guerrillas, y su enlace con la venida de la ayuda extranjera. Ya se ha explicado que era principalmente el medio rural de la campiña el partidario de los realistas y le prestaba un apoyo incondicional, sobre todo en el norte, más concretamente en Vascongadas, Navarra, el Pirineo y Cataluña de forma preferente, aunque si bien es cierto no dejaron de existir alzamientos guerrilleros en la zona levantina, Extremadura o Andalucía, también lo es que la preferencia del norte se asemeja en grandes rasgos a lo que después, serían las futuras grandes guerras civiles del siglo XIX, las carlistas.


Hay que añadir que este estado de guerra civil generalizada carecía de una organización propiamente dicha, y de aunar este movimiento de protesta trataron primero la Junta de Bayona presidida por Eguía, quien por cierto, y a pesar de su absolutismo, no fue demasiado popular ni entre las filas de su propio partido, no ya sólo por una tendencia al neopotismo considerable, si no porque posteriormente se inclinó a proponer una relajación de la represión política y determinadas concesiones liberales que no fueron demasiado del agrado de sus correligionarios. También trataron de unificar el movimiento la Junta de Toulouse dirigida por el marqués de Mataflorida y posteriormente la Regencia de Urgell por el mismo Bernardo Mozo de Rosales, supuesto redactor del Manifiesto de los Persas, por ello, el Rey le concede el título de marqués de Mataflorida, como ya se ha comentado, pero cabe aclarar que los guerrilleros realistas en sus proclamas, muchas están llenas de un sentido renovador asegurando que van en contra de los tiempos de Godoy, los de la Camarilla, de la que ya se habló en su momento, y los de la Constitución, otras proclamas buscan un nuevo sistema, produciendo o dando a entender que se rechaza el liberalismo, pero no la idea de un reformismo que rompa con los aspectos del Antiguo Régimen. En resumen, un futuro tradicionalista, pero no con un ideal pretérito.


La prueba de estas pretensiones la podemos encontrar si tenemos en cuenta al propio Mozo de Rosales como presidente de la Regencia de Urgell quien en sus alocuciones subraya la soberanía conjunta del rey con las Cortes legítimamente congregadas y auténticamente representadas de todos los estratos de la nación, o el propio barón de Eroles cuando argumenta “que también nosotros queremos Constitución, y también nosotros queremos Cortes, de acuerdo con el carácter y las tradiciones de los españoles, estableciendo unas nuevas leyes fundamentales que el rey jurará y nosotros acataremos debidamente”. Aquí nos encontramos con un dato curioso del que merece la pena hablar, y es que el Barón de Eroles, el caballero catalán del que ya se ha hablado, al decir las palabras mencionadas sobre el juramento de las leyes respetando el carácter tradicional por parte del rey y siendo acatadas por los representantes que a su vez habían legislado previamente, se basan en la doctrina tradicionalista del foralismo histórico catalano-aragonés, que Eroles debía conocer muy bien, y cabe hacer una observación al respecto de la diferencia existente entre la doctrina del mismo Eroles y el constitucionalismo dando a entender que la diferencia más que de grado, podría considerarse en una diferencia de modo. En la misma proclama de la Regencia de Urgell ya se habla del gobierno de un pueblo regido por las antiguas leyes, Constitución, fueros y costumbres dictados por Cortes sabias, libres e imparciales. Hasta ahora, lo que habían significado las Cortes de Cádiz, tampoco es que hubieran sido ni del todo imparciales, ni del todo representativas, y aunque resulte algo pretencioso, se podría decir que ése podría ser un talón de Aquiles de la Constitución Liberal de 1812.


Hay que recordar también que la escisión de los realistas en ultras, o sea, los exaltados que pronto serán llamados alguna vez “realistas puros”, y otros moderados, es decir, aperturistas a reformas políticas en la línea de un régimen de Carta otorgada, dispuestos a reformas administrativas que recuerdan las del despotismo ilustrado de finales del siglo XVIII, pudo posiblemente propiciar una falta de intervencionismo más incisivo durante la guerra civil, o una cierta falta de confianza mutua, que si bien, como se ha comentado, no fuera una razón principal de la incertidumbre de una guerra, que en realidad, nunca llegó a decidirse, y que alcanzó su mayor grado de violencia en 1822, y se generalizó en 1823, año en el que ambos bandos se encontraban ya agotados. Sobraban hombres en el contingente realista y faltaban armas. Con frecuencia, los guerrilleros realistas que no contaban con casi ninguna pieza de artillería se conformaban con palos u hoces, pero también el ejército liberal, arruinado, desgastado y desprestigiado mostraba una radical impotencia para extirpar la insurrección. El gobierno de San Miguel acertó en nombrar a Espoz y Mina Generalísimo del Ejército del Norte, ya que cuando los guerrilleros trataban de organizarse en ejército regular, se puso frente a ellos un ejército regular mandado por un guerrillero. Las operaciones de Mina se desarrollaron con evidente habilidad y con una terrible y tremenda violencia cuajada de represalias y arrasamientos en su mayor parte innecesarios pero propios de una guerra civil cruel que, aunque en un principio los realistas aguantaron, finalmente la Regencia tuvo que refugiarse en Francia, donde se hicieron gestiones para solicitar armas y dinero, que no dieron ningún resultado. Los franceses planeaban por entonces liberar a España, pero querían liberarla ellos, como así lo hicieron después.


La intervención extranjera que pone fin a la caída del Trienio Liberal, es consecuencia principal y única de la política de la Santa Alianza, pero, ¿qué fue la Santa Alianza? Realmente, fue una idea de la extraña y excéntrica baronesa de Krüdener, Bárbara Von Krüdener, que en realidad fue fue una ocultista rusa que llegó a creer que había sido llamada para establecer el reino de «Cristo en la Tierra». En junio de 1815, esta enigmática mujer de extraña vida, le propuso al zar Alejandro I de Rusia la idea de la creación de la Santa Alianza que se firmó en septiembre del mismo año, y de la que ya ambos habían hablado anteriormente, y que era un tratado firmado por los monarcas de Rusia, Prusia y Austria, de acuerdo con los "preceptos Justicia, Caridad Cristiana y Paz" y la formación de un bloque de potencias, cuyas relaciones serian reguladas por las "elevadas verdades presentes en la doctrina de Nuestro Salvador", pero fue sólo un instrumento de restauración monárquica auspiciada por el austríaco Metternich, dejando fuera de forma deliberada a las potencias no cristianas como el Imperio Otomano. Sin embargo en la práctica no desempeñó ningún papel efectivo, salvo el «convertirse en el lema de una política». El tratado de la Santa Alianza es confundido a menudo con laCuádruple Alianza, un tratado de seguridad contra Francia firmado por los tres firmantes de la Santa Alianza e Inglaterra. Esta última era completamente diferente tanto en cuanto a su carácter político ya que Gran Bretaña, más interesada en temas comerciales desdeña, como militar, pues la misma Gran Bretaña desechó la idea de prestar ayuda en este sentido, ya que su interés, era evidente, como así lo demostró con posterioridad en el Congreso de Verona, apoyando la emancipación de los territorios españoles en América. En 1822, se reunieron en Verona los monarcas y ministros que formaban la Santa Alianza, presidida por Metternich, político, estadista, y diplomático austriaco, y Ministro de Relaciones Exteriores y firme conservador, opuesto a los movimientos liberales y pro-revolucionarios, dedicándose a la defensa de las monarquías europeas, siendo a través del Congreso de Viena, el arquitecto de la «Europa de Hierro», que restauró el Antiguo Régimena lo largo de los diferentes países del continente, tras la caída del Imperio Napoleónico.
Este congreso de Verona, decidió, de facto o de iure, ya desde fines de 1822 la intervención en España, tras haber solicitado Fernando VII la ayuda de ésta, tras los enfrentamientos contra los liberales. Esta Santa Alianza que en septiembre de 1815 formaban Rusia, Austria y Prusia, como ya se ha comentado, y a la que Inglaterra se incorporó pocos meses después, llamándose la Cuádruple Alianza, y Francia en 1818, llamándose entonces la Quíntuple Alianza, tuvo su carácter más álgido en el mencionado Congreso, ya que los rusos querían enviar un ejército con el consiguiente recelo de los austriacos, que no podían ver con gusto a las poderosas fuerzas del zar atravesando todo el mapa de Europa. Inglaterra se opuso, y su jugada era evidente.


Hay que hablar de la habilidad política del príncipe de Metternich, mediante los diferentes congresos previos al de Verona, ya que en los congresos de Troppau de 1820 para discutir los medios para suprimir la revolución en Nápoles iniciada en julio de ese mismo año y Laybach se trató la necesidad de intervenir en el Reino de Piamonte con motivo de la revolución dejaron clara las intenciones de la Santa Alianza en Italia con respecto a las revoluciones liberales. En 1822 le tocó el turno a la cuestión española. Hasta entonces el régimen español había sido respetado por ser de alguna manera considerado como moderado, pero la inminente llegada al poder de la base liberal más extrema, los veinteañistas o exaltados, trastocaron en buena parte las intenciones de la Santa Alianza. Su ideal a escala continental y la acogida de otros revolucionarios franceses o italianos por ejemplo, en el seno del liberalismo español, hizo que se cambiara la actitud de la Santa Alianza. Según parece, el propio Riego planeó en compañía de otros dos oficiales franceses, un pronunciamiento en la capital gala. El Congreso de Verona, presidido por el propio Metternich, como los demás, decidió ya desde 1822 la intervención en España, si bien es cierto que este hecho realmente existe en la tradición historiográfica española, ya que en realidad no existe ningún archivo que secunde la adopción de esta medida. Llegados a este punto, nos permitimos añadir una controversia, y es la de tener en consideración la falsedad del Tratado de Verona, o del Congreso de Verona, como quiera llamarse, y algunos historiadores españoles como Jerónimo Bécker consideran que es muy posible que se trate de una falsificación. Sobre esta cuestión, la historiografía no española da por seguro que es una falsificación, lo cierto es que sí pudo existir un mandato concreto de la Santa Alianza, teniendo en cuenta el rechazo inglés a una intervención, tanto en Verona en 1822 como antes en Troppau y Laibach para dar carta blanca a Austria en las revueltas italianas. Sin embargo estos mandatos sólo sancionaban una intervención que se produciría de todas formas dados los intereses particulares de Francia y Austria en España y los estados italianos respectivamente. Podríamos tratar de considerar este tema, pero sería demasiado largo y estaría posiblemente fuera del contexto al que nos pretendemos atener, siendo posiblemente un tema monográfico a debatir aparte, por lo que es preferible aferrase a los hechos, falsificaciones o no, de que cada una de las potencias, por separado, y esto es importante a tener en cuenta, presentaron en Madrid notas diplomáticas reclamando el restablecimiento de la plena autoridad del rey, con la excepción, claro está, de Inglaterra. Podemos considerar pues que fue el mismo Chateaubriand, quien arrastró a Francia a la intervención en España, y que lo pudo hacer con el beneplácito no oficial, si no oficioso, de Austria, Rusia y Prusia, ¿la razón?, pues existen determinadas variantes al respecto.




Pese a que el objetivo de esta Santa Alianza, y sobre todo, de Metternich, fue combatir cualquier revolución y organizar las intervenciones armadas no solo en Europa, si no en cualquier parte del mundo, lo cierto es que la desconfianza política y militar empezó a minar el entendimiento de los socios y no socios del Congreso de Viena de 1815. Metternich sentía una gran aprensión a las revoluciones de tipo nacionalista de las minorías que pertenecían al Imperio Austriaco, a la más que posible intervención del zar Alejandro en apoyo de los ortodoxos de la zona de los Balcanes, y a una alianza secreta entre el propio zar, y el rey de la Francia constitucional representada por Richelieu, quien se había convertido en la quinta potencia de la Santa Alianza, y lo hacía apoyando a los tres monarcas más absolutistas de Europa. Por otro lado, estaba Inglaterra, y sus aspiraciones mercantiles y políticas en el continente americano. Inglaterra no firmó el Acuerdo de Viena de 1815; sólo se adhirió, y gracias a ello, el gobierno británico podía abandonar la coalición en cualquier momento. Debemos tener en cuenta también que el principal valedor o aliado que tenía el régimen de Fernando VII en Inglaterra, Lord Castelreagh, , murió (se suicidó en agosto de 1822) y con él murió también la influencia del Príncipe Regente en los asuntos de política exterior, el nuevo ministro Lord Georges Canning (1770-1827) no se prestó al juego de sus teóricos aliados, con un parlamento más liberal y con el apoyo de banqueros, financieros e industriales, logró evitar que Gran Bretaña participara en la empresa española, ante el enojo del Príncipe Regente y de Metternich, pero, con el rotundo apoyo de la burguesía británica. Ahora la gran labor de Lord Canning y sus embajadores consistió en apartar a Inglaterra de cualquier compromiso respecto al "asunto español" e iniciar una política de espera hacia la Santa Alianza, por lo que en el Congreso de Verona de 1822 las potencias entraron en un gran desacuerdo. El objetivo principal de la política de Canning con respecto al continente americano reflejaba la nueva posición inglesa respecto a su interés por reconocer a las ex colonias españolas; como cita V.P. Potemkin (op. cit. p. 397): " … no combatir los movimientos de liberación nacional de Europa e Iberoamérica, sino todo lo contrario, utilizarlos, los pueblos que obtendrían su libertad y se constituirían en Estados que necesitarían una industria, una marina mercante, unas finanzas, en los primeros años necesitarían de todo ello y para a buscarlo acudirían, en primer término a Inglaterra". La ausencia de los embajadores ingleses, su resistencia a comprometerse en la campaña contra los liberales españoles, y el hecho de negarse a ver a los revolucionarios sudamericanos como simples rebeldes que se habían levantado contra el Rey de España empezaron a minar cualquier entendimiento.




Es sobradamente conocido, y el doctor Julio C. González, en su libro La Involución Hispanoamericana, lo atestigua de una forma muy clara, que a través de sus colonias en el Caribe, comerciantes ingleses y holandeses proporcionaron armamento de contrabando a las repúblicas latinoamericanas, aprovechándose del miedo de los gobiernos recién constituidos, los británicos recibieron buenas cantidades de plata y promesas de pago a largo plazo así como compromisos de exclusividad en la compra de mercancías inglesas en un futuro inmediato.


Aquí, existía un valor o causa añadida, y es que ya en 1822, Estados Unidos fue el primer estado que reconocía de facto, las nuevas naciones que se habían declarado independientes de España en América, política que hoy en el mundo hispanoamericano se conoce como “La involución Hispanoamericana” que arrastra las consecuencias de lo que aquí se habla, y de la que nos remitimos en un capítulo posterior sobre este hecho. En ese mismo año de 1822, los norteamericanos se sintieron muy inquietados y preocupados por dos iniciativas concretas que venían de Europa que tenían como objetivo el Nuevo Mundo, en el que tanto los Estados Unidos, como Inglaterra, habían puesto ya sus ojos de ave rapaz, los primeros, haciéndose eco de la doctrina Monroe, elaborada por John Quincy Adams diplomático y político estadounidense que llegó a ser el sexto presidente de los Estados Unidos(1825-1829), y atribuida a Monroe en el año 1823. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos propuso la "doctrina" en donde se dirigía a los europeos con intención de que ninguno de los países de ese continente interfiriera en América. "América para los americanos", significaba que Europa no podía invadir ni tener colonias en el continente. Como se estaba dando el proceso de Imperialismo, la doctrina deducía que las potencias europeas se ocuparan de Asia y África pero que América les pertenecía a los americanos, aunque dada la ambigüedad de este gentilicio, podría ser una defensa a las independencias de Hispanoamérica para que pudieran tener gobierno propio, o la exclusividad del dominio del Continente Americano a los nacientes Estados Unidos de América, doctrina que a la postre no fue muy efectiva en realidad. Siguiendo las instrucciones de Monroe, John Quincy Adams informó al ministro de Rusia que los Estados Unidos "debían discutir el derecho de Rusia a cualquier establecimiento territorial en este continente y debían afirmar claramente que el continente americano no se hallaba ya supeditado a cualquier nuevo establecimiento colonial europeo".
El Secretario de Estado escribió al Ministro de los Estados Unidos en Rusia: "tal vez no haya momento más favorable para decir franca y explícitamente al gobierno ruso que la paz futura y el interés de la propia Rusia no pueden verse facilitados por el establecimiento de Rusia en una parte cualquiera del continente americano". La razón era que el zar Alejandro I proclamó los derechos de Rusia sobre la costa del Pacífico y las aguas vecinas desde Alaska, que pertenecían entonces a Rusia hasta el paralelo 51, es decir hasta la parte norte de la isla de Vancouver. Malaspina, en su Informe Científico Político ya había advertido de la situación anteriormente, en tiempos de Godoy, nos referimos en concreto al estado de las posesiones españolas en el continente americano, y recordemos que el propio Malaspina ya se había adentrado hasta llegar e incluso sobrepasar el paralelo 60 de latitud norte, y un ejemplo del razonamiento de lo que hablamos, son las consecuencias del asentamiento español en Nutka , pero esto ya en tiempos de Godoy.


Hasta aquí, el razonamiento esquemático de la situación internacional, por lo que es importante volver sobre las notas internacionales de las que hemos hablado antes, entregadas al gobierno de Madrid por parte de las potencias de la Santa Alianza, a excepción de Inglaterra, y por separado, los días 5 y 6 de enero de 1823, en las cuales amenazaban con la retirada de embajadores y la ruptura de relaciones caso de no satisfacerse las demandas. El gobierno de Evaristo San Miguel dio su respuesta negativa el día 9 de enero, pero la operación militar de los mal llamados “Cien Mil Hijos de San Luis” aún se retrasó algunos meses. Decimos lo del mal llamados, porque en realidad no fueron cien mil, pues su número no sobrepasó de 56.000, y a ellos, hay que sumar unos 35.000 soldados realistas españoles ya que en marzo se había ordenado un repliegue sobre la frontera de las guerrillas pirenaicas para secundar la entrada de los franceses. El gobierno de Madrid no se preparó para la resistencia, y las Cortes se limitaron a desplegar un alarde de oratoria sin darse cuenta de que una guerra, no se hace sólo con palabras y discursos, dando cabida a la esperanza de la ayuda inglesa, a la resistencia popular, al espíritu de la Guerra de la Independencia etc, y se retiraron a Cádiz, llevándose consigo al rey.


Ni existió la resistencia popular, ni surgieron guerrillas resucitando el espíritu del 2 de mayo de 1808, y la leva obligatoria de soldados que se hizo a última hora fracasó, pues se produjo un gran número de deserciones, que se pasaron al bando realista. Además, tampoco hubo ayuda inglesa, atentos como estaban los ingleses de su inhibición, para jugar sus bazas en la América española. El gobierno de San Miguel, en un último intento, hizo nuevas concesiones comerciales a favor de Inglaterra, pero el gobierno británico, por cierto también liberal en ideología aunque conservador en oficio, se limitó a publicar unas manifestaciones retóricas de apoyo al gobierno liberal español, invocando la solidaridad liberal internacional como réplica a la solidaridad internacional de la Santa Alianza, pero aquel gobierno mantuvo sus compromisos con las potencias de la Santa Alianza para dejarles hacer en la Península.


Lo cierto es que en realidad, no hubo guerra, y que la intervención de los cien mil hijos de San Luis, fue un paseo militar, y el duque de Angulema, quien era primo de Fernando VII, hijo primogénito de Carlos X y Maria Teresa de Saboya. A su nacimiento, su tío, el rey Luis XVI de Francia, le otorgó el título de Duque de Angulema, fue el último Delfín de Francia entre 1824 y 1830, y encabezó a los cien mil hijos de San Luis. En todas partes era recibido con aplausos, no a tiros, y para oponerse a él, se habían formado precipitadamente tres ejércitos españoles, uno en Cataluña, al frente del General Ballesteros, que se retira sin entablar combate, un general del que ya hemos hablado anteriormente en el capítulo titulado OPOSICIÓN Y CAÍDA DEL ABSOLUTISMO , y de su entrevista con Fernando VII, que merece la pena volver a recordar, no ya para levantar suspicacias, sino mas bien, para entender determinados comportamientos. Además de esto, el Jefe del Ejército de reserva, el conde de la Bisbal, Enrique José O'Donnell y Anethan, del que también hemos hablado en el capítulo mencionado, y que también merece la pena recordar, y que en vez de movilizarse para cortar el paso en Somosierra, interviene en un oscuro manejo cuyo objetivo era un golpe de Estado que estableciera el régimen de Carta Otorgada, es decir, un documento por el cual el rey se comprometía a gobernar a sus súbditos de una forma determinada. Suponía de hecho una especie de constitución para el estado, si bien en lugar de ser dictada por el pueblo, la carta otorgada surgía del poder absolutista anterior, el rey, digamos, para ser benevolentes, que pudo ser un intento de última hora para salvaguardar, de alguna manera, una salida airosa de la situación, y que posiblemente, hubiera merecido la pena tener en cuenta.


Ya en Junio, el ejército del duque de Angulema se pasea por la Mancha y pasa Despeñaperros sin obtener ninguna resistencia, pero cabe aclarar aquí un dato, y es que durante la intervención francesa en España de los Cien Mil Hijos de San Luís (1823), el duque de Angulema dicta el Decreto de Andújar para atajar la política de represión de las autoridades provisionales españolas. Este acto unilateral choca con la idea de “competencia” esgrimida por las autoridades españolas y con la de “alianza” aducida por las potencias del Este. Es el momento más crítico de la intervención: estaba en juego no sólo la liberación de Fernando VII, sino la tutela del régimen político español. Este decreto, se argumentaba en los siguientes términos:


“NOS, LUÍS ANTONIO DE ARTOIS, hijo de
Francia, duque de Angulema, comandante
en Jefe del ejército de los Pirineos:
Conociendo que la ocupación de España
por el ejército francés de nuestro mando
me pone en la indispensable obligación de
atender a la tranquilidad de este reino y a la
seguridad de nuestras tropas, hemos decretado
y decretamos lo siguiente:
Artículo 1º.- Las autoridades españolas no
podrán hacer ningún arresto sin la autorización
del comandante de nuestras tropas en
el distrito en que ellas se encuentren.
Artículo 2º.- Los comandantes en jefe de
nuestro ejército pondrán en libertad a todos
los que hayan sido presos arbitrariamente
y por ideas políticas, particularmente a los
milicianos que se restituyan a sus hogares.
Quedan exceptuados aquellos que después
de haber vuelto a sus casas hayan dado justos
motivos de queja.
Artículo 3º.- Quedan autorizados los comandantes
en jefe de nuestro ejército para
arrestar a cualquiera que contravenga lo
mandado en el presente decreto.
Artículo 4º.- Todos los periódicos y periodistas
quedan bajo la inspección de los comandantes
de nuestras tropas.
Artículo 5º.- El presente decreto será impreso
y publicado en todas partes.
Dado en nuestro cuartel general de Andújar
a 8 de agosto de 1823


Las consecuencias fueron que desde el mismo momento que estalló el escándalo del Decreto de Andújar, la política francesa intenta por todos los medios minimizar sus efectos, y el propio gobierno francés interpretó la iniciativa de Angulema sin el consentimiento del propio gobierno como una infracción de sus propias instrucciones. En este punto, debemos atenernos a que en realidad, no es que no existiera el Tratado de Verona, si no que nos conduce a que realmente fue una iniciativa de Francia y su gobierno, quien acordó el envío de tropas, y de instrucciones concretas. Además, los rumores que corrían por el país sobre la excesiva compasión del duque hacia los liberales no ayudaban en nada a salir airosos de aquella situación. Podríamos considerar de grave error político de Francia de no haber concretado el reparto de competencias, acarreándole un conflicto con las autoridades españolas, que reclaman autonomía; y con los aliados europeos, que exigen unidad. Esto le impide rentabilizar políticamente (especialmente a efectos externos) el éxito militar de la intervención en España. Sin dejar de reconocer en Angulema un talante moderado, el capítulo del Decreto de Andújar es la materialización de un conflicto de competencias inevitable vista las imprecisiones diplomáticas con que Francia se había manejado desde el Congreso de Verona, o supuesto Congreso de Verona. El Decreto y su Aclaración son el resultado de ese error político, primero por la precipitación de Angulema (que, admitiendo incluso que se encontrase superado por los acontecimientos, actúa más por utilidad que por humanidad, al peligrar la intervención), pero sobre todo por la falta de previsión del gobierno de Villèle. El Decreto de Andújar evidencia hasta qué punto Francia no podía adueñarse de los destinos políticos del reino que estaba ayudando militarmente a restaurar. Al reflejar esta debilidad, el significado político de la declaración de estado de excepción que supone el Decreto de Andújar acabará sepultado entre el silencio y el gesto humanitario, y de eso se ocupará la única acción bélica digna de reseñar, pero no por su importancia, ya que realmente, el número de bajas fue más bien escaso, la batalla de Trocadero, aunque Fernando VII no olvidaría el episodio de Andújar.




Angulema inicia el bloqueo de Cádiz, en cuya esperanza a la resistencia confía lo que queda del liberalismo constitucional, y en la noche del 30 al 31 de Agosto, las tropas de Angulema asaltan el Trocadero, apenas defendido, siendo el único combate que los Cien Mil Hijos de San Luis, tendrán que sostener, restableciendo así el honor de Francia, vencida diez años antes. En realidad, una modesta victoria hiperbólicamente exaltada en 1823, pues tuvo escaso número de bajas, pero representó un considerable éxito para los absolutistas al liberarse el Rey. Dentro del manifiesto que desde el Puerto de Santa María, fechado a 1 de octubre de 1825, dirigió a D. Víctor Saez, confesor de Fernando VII, le decía:
Mi augusto y amado primo el duque de Angulema al frente de un ejército valiente, vencedor en todos mis dominios, me ha sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndome á mis amados vasallos, fieles y constantes.
Fernando VII le ofreció el título de Príncipe de Trocadero, que el Duque de Angulema, parece ser que rechazó. A continuación en una carta llevada a su primo por medio de Louis Justin Marie de Talaru, embajador de Su Magestad Cristiana en Madrid, recriminaba en términos muy duros al monarca los excesos de su reinado y le conminaba a redimirlos, una vez recuperado el poder absoluto. Como curiosidad, en los Diarios de viaje de Fernando VII (1823 y 1827-1828), escritos por él mismo, en la página 293 y siguientes, se habla de ello, y asimismo, se hace mención en Duvergier de Hauranne, Prosper (1857). Michel Lévy Frres. ed (en francés).Histoire du gouvernemente parlamentaire en France, 1814-1848.

Lo cierto, es que en octubre, en el Puerto de Santa María, Fernando VII publica un Real Decreto por el que se restablecía la situación anterior al mes de marzo de 1820. En la España realista, hasta entonces, había funcionado un gobierno provisional que el propio duque de Angulema había reconocido, en la que figuraban Eguía y Eroles, pero el propio Mataflorida (Bernardo Mozo de Rosales) se negó a disolver la Regencia de Urgell, argumentando, según sus palabras, que la propia Regencia podía no ser reconocida, pero no puede tampoco ser destituida por una autoridad extranjera. Ateniéndonos a los hechos, estamos en condiciones de opinar que la ayuda militar del duque de Angulema, tiende a encubrir a su vez una intervención política francesa de forma directa, ya que las propias tropas permanecieron en la península hasta 1828, bajo la recomendación del gobierno francés.


Por otro lado, ha quedado demostrada la inclinación moderada del propio duque de Angulema, además, así lo demuestra también el hecho de que se deshizo del propio Eguía confirmando una Regencia en la que figuraban Eroles y González Calderón, de la junta provisional anterior, así como otros también moderados, en contraposición al propio Eguía y varios generales aristócratas y personalidades diversas partidarias de la vuelta pura y simple al régimen anterior, agudizando la división en el campo realista que quedará manifestada durante el último periodo del reinado de Fernando VII.


En algún capítulo posterior, dejaremos constancia de las crueldades del reinado de Fernando VII contra los liberales, pero no debemos olvidar, y así debe ser, de las mismas crueldades efectuadas durante el mandato liberal, y de las que ya se ha dejado constancia en capítulos anteriores. Lo que acaeció en estos momentos de la historia, es que Fernando VII, liberado por los franceses, formo de forma inmediata un nuevo gobierno absolutista liderado por Víctor Sáez (Víctor Damián Sáez y Sánchez Mayor), confesor privado de Fernando VII, y ultra-absolutista reconocido, en un clima de reconciliación muy difícil, y en el que Fernando VII, no cumplió la promesas de olvidar todo lo pasado, que ya hiciera tras su liberación en Cádiz a los propios liberales, pero también es perfectamente creíble que no tuviera la menor posibilidad de cumplirlas, pues todo intento por olvidar el clima de tensiones, odios, asesinatos, represalias y un largo etcétera de conflictos y situaciones enfrentadas, durante el Trienio Liberal, incluida la guerra civil, estaba de antemano condenado al fracaso. Lo que también estaba fuera de toda duda, es que la restauración de 1823 disgustó tanto a liberales, como a aquellos miles de realistas encuadrados en las guerrillas o en los ejércitos de la Regencia de Urgell que lucharon sin rechazar la tradición, pero por un nuevo sistema.

LA REVOLUCIÓN AMERICANA Y LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS

Lo que podríamos definir como Revolución Liberal Burguesa, no se limitó exclusivamente al ámbito peninsular en sí, sino que también tuvo otra versión al otro lado del Atlántico, en Hispanoamérica, muy posiblemente por no decir con total seguridad, auspiciada por Gran Bretaña desde tiempos atrás, no ya como Revolución en sí, si no como colaboración directa con la emancipación hispanoamericana. En Hispanoamérica, el desarrollo de una burguesía blanca, los criollos, compuesta por terratenientes y comerciantes que no participaban en un gobierno destinado a una burocracia procedente de la Península, tuvo un papel fundamental en la independencia hispanoamericana, algunos historiadores lo han definido como el complejo criollo de frustración, pero esta interpretación, según estudios recientes como los de Pierre Chaunu, ponen en evidencia las falacias de tal interpretación, aunque si bien es cierto que pudo tener algo que ver, el motivo principal no fue sólo las pretensiones de la clase criolla, sino más bien un sentimiento que desarrolla el movimiento revolucionario que ya se había iniciado en América del Norte en 1767 y se cierra con la emancipación de las colonias españolas en 1810, a lo que hoy, se puede definir una vez conocidos los resultados de la nefasta política y el interesado resultado británico de la misma, como la Involución Hispanoamericana. Aquí yace el primer error de la política llevada a cabo desde la metrópoli, y del que ya dejó constancia Malaspina en su informe científico-político y por el que fue acusado de traidor, encarcelado, y desterrado de por vida. La falta total de apoyo y de colaboración con un territorio que se sentía español, pero también abandonado a su suerte lejos del amparo real de una monarquía decadente a la que sólo interesaba el beneficio comercial para engrandecer las arcas de los intereses creados, por mucho que pueda parecer sesgada esta información para aquellos autores que pretenden con una fecunda imaginación y atrevido falseamiento y equivocada interpretación de textos de ingenuo y patriótico fraude, el ideal de que la emancipación colonial, fue culpa exclusiva de la Revolución Liberal promovida por la Constitución de 1812, ya que en realidad fue una acumulación de despropósitos o desaciertos no carentes de un interesado intervencionismo extranjero que desencadenó en la independencia colonial que se sentía tan española como cualquiera de las otras provincias españolas. La población hispanoamericana en su máximo exponente, no entendió nunca el término de la emancipación o independencia, y una prueba de ello, puede darse en que por ejemplo en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se declaró la independencia de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli sólo se conoce únicamente el acta de ese día en concreto, mientras que los libros de actas donde se debieron debatir los pormenores de los beneficios y las causas y cuestiones que se plantearon desaparecieron y nadie dejó constancia en fechas anteriores y posteriores de haberlos leído. Este es sólo un ejemplo, pero existen muchos más que no pretendemos enunciar aquí, pues no es causa principal del tema, que no es otro que el resultado y la causa del pretendido interés de una Constitución Liberal, y de los acontecimientos de una época, aunque es importante explicar el punto de vista de lo que se ha afirmado en este capítulo, y sobre esto vamos a tratar en adelante, sin dar más trámite pormenorizado de cada una de esas independencias, limitándonos a dar una visión globalizada del episodio., intentando hacer ver cada una de esas causas que desencadenaron tal desastre.



Los acontecimientos iniciados en 1808 como resultado de la hasta entonces pésima política del Antiguo Régimen en manos del cuarto de los borbones o más bien su favorito el mal llamado Príncipe de la Paz Godoy, creó una situación crítica al ser requerida la Administración colonial por el gobierno usurpador afrancesado para que se reconociese la autoridad de este. Esta situación desembocó con el unánime apoyo y reconocimiento a Fernando VII y a los poderes establecidos en la metrópoli frente a los franceses, con las promesas que se hicieron en un manifiesto redactado por Quintana en el que se insistía en proyectos reformistas del nuevo poder que comenzó declarando la igualdad de derechos entre españoles de ambos lados del océano, para convocar luego por primera vez en la historia a los diputados de las colonias para las Cortes de Cádiz, en un intento por remediar los desatinos del pasado, pero ya era tarde, y como se suele decir, tarde y mal, dos veces mal, pues el germen de la emancipación ya había comenzado algún tiempo atrás. Las Cortes de Cádiz, no se puede decir que fueran hábiles en cuanto a la política americana se refiere. Los diputados hispanoamericanos que fueron convocados para participar en las sesiones de las Cortes, lo hicieron con el mismo ímpetu y entusiasmo en los debates que los peninsulares, pero no están orientados políticamente de una forma definida, y podemos observar como ejemplo a Blas de Ostolaza, de quien ya se ha hablado en el capítulo titulado LOS MINISTROS Y LA CAMARILLA DEL SEXENIO ABSOLUTISTA,
y que merece la pena recordar, sobre todo, por su cambiante actitud política, considerado entre los realistas como el más radical, o un tal Mejía Lequerica, ya por entonces afiliado a las logias, pero hay que decir que la representación americana fue claramente restringida porque o bien los diputados gaditanos, o quien quiera que fuera que formalizara las convocatorias, quisieron evitar a toda costa una mayoría de elementos de ultramar. Con motivo de esta vicisitud, está claro que en las Cortes de la Constitución de 1812, no existió, por tanto, representatividad proporcional entre los peninsulares y los americanos, siendo elegidos éstos últimos con el sistema de los suplentes, dando como resultado que la América española, no se sintiera en ningún momento auténticamente representada, y generalmente, sus peticiones no se vieron atendidas. Además, las pretensiones de la burguesía peninsular y las de la criolla eran contrapuestas, y las medidas favorecedoras en una eran contrapuestas en la otra. Las Juntas americanas vieron con tanta desconfianza a las Cortes gaditanas como a la administración afrancesada. Ya al regreso de Fernando VII se dio cuenta de que el poder establecido en América era en buena parte insumiso o equívoco, y que el movimiento emancipador estaba ya en marcha, con mayor fuerza si cabe en los virreinatos más jóvenes, como el de Nueva Granada, y especialmente en el área de Venezuela, y en el Río de la Plata, mientras que por el contrario, el de Nueva España y Perú mantenían, en líneas generales, fidelidad a la Madre Patria.



Los criollos fueron, efectivamente los protagonistas del proceso emancipador, pero es necesario aclarar que constituían sólo una minoría en la mayor parte de las sociedades hispanoamericanas, favorecida, además, por una posición de dominio. El censo de Lima de 1791, o el de Méjico de 1794, por ejemplo, junto con otras estimaciones, la población americana española se estimaba aproximadamente en un 20 por ciento de población blanca, casi todos criollos, pues los peninsulares apenas llegaban al 2 por ciento de esta cantidad. El 26 por ciento eran mestizos, el 8 por ciento negros y el 46 por ciento indios, y a decir verdad, en muchas ocasiones los propios criollos tuvieron que sostener la causa de la emancipación contra elementos indígenas no criollos que en un primer momento no secundaban la insurrección criolla, así lo manifiestan algunos historiadores americanos de prestigio reconocido como Julio Icaza Tigeriano, Indalecio Liévano Aguirre y además, es muy recomendable leer al erudito Julio C. González para comprender el significado y las causas de este movimiento independentista, entre otros. Una prueba la encontramos en la extracción social de los dirigentes de la emancipación, como Miranda, Bolívar, San Martín, Pueyrredón, Rivadivia, Sucre, Lezica, O´Hggins, que son miembros de buenas familias de lo mejor de la sociedad criolla, donde también abundan los intelectuales, los militares, los comerciantes y los grandes propietarios como la Junta de Hacendados de Buenos Aires, mientras que por el contrario, los elementos más modestos de la sociedad, es decir, los mestizos e indios, permanecen fieles a la metrópoli y en muchas ocasiones constituyen el grueso de las fuerzas realistas que combaten a muerte a favor del poder de siempre al mando de oficiales españoles en contra de la insurgencia criolla, y lo hacían convencidos, por temor al mismo elemento que se temía en la península, el liberalismo y su ideal, igual que hicieron los campesinos metropolitanos, por temor a que la consagración de un status social, económico y político emancipador, fuera peor que el del Antiguo Régimen, que a vistas a día de hoy, en la actualidad política, social y económica americana, cabría sopesar la el fundamento de sus temores, y lo que en un principio se idealizó como lo hizo Bolívar pretendiendo unos Estados Unidos Hispanoamericanos, cuando la realidad ha sido a la postre bien distinta, la creación de una serie de patrias diferentes y hasta contrapuestas. Ateniéndonos otra vez a la actualidad política y social de nuestros días, el fenómeno, tal y como así lo tacha el Doctor Julio C. González, se podría definir como la balcanización de Hispanoamérica.



Otra teoría en la que se basan algunos autores sobre el movimiento emancipador en América es la tendencia tradicionalista y el desarraigo de la metrópoli provocado por la política de reformas en ésta, es decir, el paso del Antiguo Régimen al Nuevo régimen, y que los criollos americanos imitaron las reformas constitucionales españolas utilizándolas como instrumento de separación de la metrópoli. Lo cierto es que la independencia se estaba viendo venir desde bastante tiempo atrás, como se ha dicho anteriormente, pero más concretamente a partir del Decreto de Libre Comercio de 1778, el cual había contribuido al desarrollo de una burguesía americana paralela a la que estaba establecida en la metrópoli y que los negocios del tráfico habían desarrollado, y esta misma burguesía criolla hispanoamericana vio claro que el librecambismo que había liberado una serie de barreras intervencionistas no había roto el monopolio metropolitano y sólo podía negociar con o a través de la Península, con lo cual, sus aspiraciones para enriquecerse más y de una forma más rápida estaban mermadas. No es incoherente la idea de que el interés anglosajón, y la recién creada independencia de sus colonias, vieron clara también la oportunidad de intervenir de una forma más directa en la economía de los territorios españoles en América. Prueba de ello, es que a día de hoy, tantos años después de su independencia, los intereses intervencionistas ingleses y norteamericanos, siguen prevaleciendo de forma importante, y la población autóctona, por llamarla de alguna manera, no ha mejorado tanto, ni al mismo nivel. También debemos tener en cuenta otra cuestión, y es que podemos suponer que la razón criolla, no era la falta participación económica frustrada, como causa única, pues realmente los criollos eran gente rica. Ni tampoco era causa principal la pretensión de empleos en la política y la Administración, sino, más bien, debemos considerar muy seriamente un trasfondo de racismo social establecido por los propios criollos, quienes afirmaron en América la idea de la superioridad racista del blanco sobre los demás grupos de la sociedad multirracial, poniéndose en la cúspide de la pirámide, y estableciendo al mismo tiempo la superioridad de los llamados peninsulares sobre ellos, ya que cualquier español llegado de la propia Península era cien por cien blanco, cosa que no ocurría con la mayor parte de los criollos por el inevitable fondo mestizo en un Continente en el que, a todo lo largo del siglo XVI, sólo hubo aproximadamente un 3 por ciento de inmigración femenina blanca. De este modo, la idea del complejo de frustración de los criollos se desplaza del plano económico o político al plano racial. A todo esto, y aunque pequemos de reiteración, hay que añadir el apoyo en todo momento por Inglaterra, que ya venía intentando esa misma política desde principios del siglo XVIII de una forma más agresiva, utilizando un arma letal, que era la ingenuidad causada por la buena fe, que a la postre, destruyó a España y a las provincias españolas de Hispanoamérica. Mediante el Tratado de Apodaca-Cannig de 1809, España había contratado la ayuda británica para expulsar a los franceses, concretándose bajo la conducción de los generales Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, quien más tarde fuera vencedor de Napoleón en Waterloo, y William Carr Beresford, conquistador de Buenos Aires en 1806. Estos organizaron regimientos de españoles dirigidos por oficiales ingleses para combatir a los franceses y a los españoles bonapartistas de ideas novedosas. A su vez, las Provincias Hispanoamericanas fueron sublevadas por oficiales disidentes y desertores del Ejército Español que con asesores británicos los indujeron a luchar contra Napoleón primero y a separar Hispanoamérica de España después. Mediante el mencionado tratado, los británicos se aseguraron las ganancias de un comercio, mediante el engaño tanto a los criollos, como a la Junta Central española. Este Tratado otorgaba a Inglaterra facilidades para el comercio en los dominios hispánicos, a cambio de pertrechos bélicos y el apoyo de sus ejércitos a las tropas y guerrillas españolas.



El hecho de que la emancipación de los territorios hispanoamericanos se veía venir ya desde el último tercio del siglo XVIII y de que esos mismos territorios estaban cobrando una personalidad propia con ayuda de Inglaterra y con la propia independencia de los EE.UU con respecto de ésta fueron un claro ejemplo del camino a seguir, nos encontramos como prueba que en un primer momento, desde la metrópoli española se pensó en tomar alguna medida de previsión para adelantarse a los hechos, y el propio Conde de Aranda primero, y Godoy después, pensaron crear en América varios reinos independientes en cuyos tronos estarían príncipes de la rama borbónica bajo la común corona de España, en una especie de concordato vinculado con un pacto de familia, que al final, debido a la complicada situación, y posiblemente a lo avanzado del movimiento independentista auspiciado por la burguesía criolla junto a la injerencia inglesa, se quedó en un simple proyecto que las autoridades españolas no supieron cuajar en debida forma y tiempo.


El considerar al ideal de la Ilustración como una de las causas motrices de la independencia no es descabellado, ni mucho menos. Sí lo es que fuera la causa principal, ya que la participación hispanoamericana en el movimiento de ideas de la Ilustración es algo tardía y además llega desde la España metropolitana en los navíos de la Ilustración de la Real Sociedad Guipuzcoana de navegación, y llegan traducidas al español. Aunque también es cierto que la obra del padre Feijoo (Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro) ya estaba siendo leída y divulgada por todo el continente americano después del primer tercio del siglo XVIII, pero en realidad, sólo una pequeña parte de la élite criolla leía, y lo hacía casi exclusivamente en español. Por lo tanto, debemos asegurar que el ideal Ilustrado llega de España, y aunque no debemos pensar en que fuera la principal esencia de la emancipación, si sirvió su ideal para concretar el carácter del movimiento independentista, y lo hizo a través de la sociedad criolla. El criollismo insurreccional tiene más respuesta en las zonas de Buenos Aires y caracas que en Méjico y Chile, y sobre todo, su alcance fue todavía menor en el resto de Centroamérica y América Andina, donde los efectos de la Ilustración tienen menos fuerza, coincidiendo con un criollismo más escaso. El ideal norteamericano pudo tener una influencia cierta, pero en realidad, muy escasa, debido a que era un continente lejano, y casi incomunicado, por lo que el ideal, no tenía fácil acceso en el sur, aunque el germen de James T. Adams, Jefferson o Payne, no cabe duda de que tuvo su calado en el resto continental.



El procedimiento que los británicos emplearon para conquistar Hispanoamérica ya venía previsto concretamente desde 1711, año en el que ya se había publicado un Plan, y que siguiendo todos y cada uno de sus pasos al pie de la letra, se hizo efectivo su inicio en 1804 concluyendo en 1806 con la toma de Buenos Aires. Este procedimiento estratégico se basaba en cuatro puntos de fundamental importancia, que eran:

1.- Divide et impera.
2.- No comerciar, si no traficar
3.- Ejercer el poder, sin exhibirlo.
4.- Inducir a los enemigos de Inglaterra ha hacer lo que Inglaterra necesita que hagan para que se destruyan solos.

Y les funcionó a la perfección. La paciencia y el saber hacer de los distintos gobierno británicos en el tiempo, todos con un mismo ideal, con una misma finalidad casi enfermiza, vieron claro que la debilidad de España iba a llenar no ya sólo sus arcas, si no sus espíritus, durante muchas generaciones, y así lo hicieron. Se dedicaron a seguir todos y cada uno de los puntos en su estrategia de forma ordenada, se preocuparon de fortalecer su poder en el mar, porque sabían que el mar era el medio para llegar al poder. Instruyeron a sus marinos de forma eficaz y considerada, el mar significó para ellos el eje motriz sobre el que giraban sus aspiraciones, y unido a una clase de políticos fuera de lugar, y a un espíritu obsesionado con el objetivo final de convertir y humillar a España, fue conseguido ante una nación débil, más preocupada en cambios y defensas de tradiciones, en asegurar reinados y enriquecer sus haciendas sin preocuparse demasiado de quién proporcionaba esa riqueza, ni el modo de transportarla. En definitiva, una nación de políticos débiles pero ambiciosos de poder aunque carentes de visión, y de una monarquía no ya corrupta, que lo era, si no despreocupada total y absolutamente por los designios de una nación, que mataba y se moría por ella con una fe ciega, carácter indiscutible del espíritu del español de a pie.




La restauración fernandina en el trono en 1823 no sirvió absolutamente para nada, en este campo. Los intentos del realismo español de que en el tratado de Verona se hiciese sitio a la causa de la insumisión de los territorios americanos fracasó de forma rotunda, pese a ser incluido el tema en el orden del día, y el fracaso lo hizo posible la oposición de Inglaterra y la total y absoluta indiferencia de las potencias continentales, a quienes no interesaba en absoluto el restablecimiento del prestigio español, sino más bien, preservarse de la amenaza del liberalismo. Fernando VII lo intentó negociando con Francia, pero el temor y la amenaza de Inglaterra de una guerra de carácter universal, dieron al traste con el intento. A partir de entonces, una España sin escuadra, y sin motivos para tenerla, grave error del que no se había preocupado de arreglar en su momento, volvió la mirada tierra adentro. La pérdida de América fue un desastre de dimensiones inconmensurables, y además, se produjo en el momento más inoportuno, donde un país esquilmado por la guerra de la independencia no sólo en el tema económico, si no en el de escasez de artículos, perdió de un solo golpe la posibilidad de recuperarse. La nación española, se vio falta de pronto de una vocación definida ante el mundo, y sin nada que defender, y sin ninguna aspiración fuera de su ámbito interno, se alejó del concierto de las naciones y paso a contar entre los países de tercera o cuarta fila, viviendo en adelante con una pasión desmesurada su propia historia como constante indeleble del propio temperamento español, una historia ensimismada e introvertida de riñas de familia, dando la espalda al mundo, que ya se la había dado a España mucho tiempo atrás.

Podemos definir pues, finalmente, que las causas de la emancipación de la América española, fueron en mayor o menor medida la posibilidad de la influencia de la independencia de los EE.UU, desde luego, también la influencia del ideal liberal, el deseo de una sociedad criolla en convertirse en eje de la economía y administración de su propio destino, y del de los demás, la injerencia de Inglaterra y el desarraigo del resto de Europa, pero sobre todo, la falta de preocupación de una clase política española, constitucional y no constitucional desde tiempo atrás, que se había limitado simplemente a limitarse a no hacer nada por preocuparse un mínimo de esa otra parte de España que incluso hoy, sigue calando profundamente en nuestro sentimiento.

Excelente información, amigo. Le felicito por el buen aporte. Cabrían unas ligeras matizaciones respecto al término colonia, colonial y todo lo demás relacionado con dicha palabra. Si bien hubo un minúsculo tiempo en que las Indias fueron consideradas colonias (1768-1808), lo cierto es que durante la "independencia" ya la Junta de Sevilla había descolonizado a las Indias, considerándolas una parte esencial de la Monarquía. Quizás más acordes con tan buen artículo serían los términos reinos de Indias (definición tradicional y que permanecía en vigencia aún en ese tiempo) o provincias españolas de América ya que las Cortes le habían dado a las Indias el status de provincias (como las demás de la Monarquía).

Iniciado por Michael

Excelente información, amigo. Le felicito por el buen aporte. Cabrían unas ligeras matizaciones respecto al término colonia, colonial y todo lo demás relacionado con dicha palabra. Si bien hubo un minúsculo tiempo en que las Indias fueron consideradas colonias (1768-1808), lo cierto es que durante la "independencia" ya la Junta de Sevilla había descolonizado a las Indias, considerándolas una parte esencial de la Monarquía. Quizás más acordes con tan buen artículo serían los términos reinos de Indias (definición tradicional y que permanecía en vigencia aún en ese tiempo) o provincias españolas de América ya que las Cortes le habían dado a las Indias el status de provincias (como las demás de la Monarquía).

Tiene Usted toda la razón, amigo Michael, espero que me disculpe mi error de apreciación.

Iniciado por Aingeru

Tiene Usted toda la razón, amigo Michael, espero que me disculpe mi error de apreciación.

No se preocupe mi querido amigo. No hay nada que disculpar. Es un deleite leer sus aportes. Aquí siempre un compatriota a sus órdenes.

Permítame que le diga, que el que está a sus órdenes y a sus enseñanzas, es un servidor, estimado compatriota. Con todos mis respetos.

LA DIVISIÓN DE LOS REALISTAS EN EL RETORNO DEL DESEADO


La historiografía liberal más clásica, define a los últimos diez años del reinado de Fernando VII como “La ominosa década”, y así ha sido recordado este periodo historiográfico, escrito esta vez por el bando perdedor, y por desgracia, se extiende en la dureza de las represiones, la crueldad del monarca, la insoportable tiranía del régimen, las torturas…posiblemente, demasiado sabor a tópico en un guiso literario que se ha anclado en la historia de España de tal manera que resulta muy complicado desmitificar, y desde luego, tampoco es que ayude demasiado ni la historia del propio monarca, ni su equipo de gobierno, a la hora de proporcionar determinado número de argumentos en su defensa para tratar de reivindicar algo de positivismo en este periodo de difícil planteamiento político del neo-absolutismo, que nada tiene que ver con la Constitución española de 1812, pero se trata de uno de esos momentos en la intermitencia de un periodo muy importante en el devenir de la historia, del que pensamos que merece la pena dejar constancia aquí, sin extendernos demasiado más que de pasada en determinados acontecimientos que por su importancia merecen un monográfico aparte. Nos referimos, por ejemplo, al Carlismo, sus causas y sus consecuencias,


Estos diez años de la última etapa del reinado de Fernando VII, a la que podemos denominar década Absolutista, que no se ha estudiado con detalle hasta hace no demasiado tiempo, no cabe duda de que se trata del momento más complicado de toda la crisis del Antiguo Régimen. Ya se adelantó en el capítulo titulado LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y LA CAÍDA DEL RÉGIMEN LIBERAL sobre la división de los realistas, que se hizo efectiva en dos corrientes principales, la moderada y la ultrarrealista. Ya se ha explicado en el capitulo mencionado anteriormente que las dos tendencias, aunque con base común en la defensa de un régimen regio, cada una se manifestaba o entendía de forma diferente la forma, y una prueba de ello es que el propio Fernando VII, continuó con la tendencia o costumbre que se había iniciado desde su llegada al trono en el sexenio absolutista, de mantener a determinados liberales considerados como moderados entre sus gobiernos, y esta costumbre se evidenció a partir de 1823 que, aunque se tomaron medidas represivas sin plan de conjunto, y esto último es importante tenerlo en cuenta, y ciertamente hubo extralimitaciones, no es menos cierto que permanecieron en el ejercicio de la autoridad elementos liberales o filoliberales en la burocracia y, sobre todo, en el propio Ejército. Tenemos el caso del Alcalde Constitucional de Barcelona, José Masiá, y del marqués de Campo Sagrado, Francisco Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera, Capitán General de Cataluña, muy contrario a los voluntarios realistas, lo que posiblemente debió influir en la agitación de los llamados “malcontents”, de la que se hablará, o por ejemplo, a nivel de Gobierno, el propio López Ballesteros, como significativa contrapartida al ultra Calomarde. Alrededor del primero, ejerció una importante influencia un grupo de financieros como Gaspar Remisa y Alejandro Aguado, propicios a la línea templada del Gobierno, o Sebastián de Miñano, Alberto Lista, Reinoso, Gómez Hermosilla, Javier de Burgos, que tendremos que ver en ellos a los afrancesados partidarios de la monarquía absoluta que ante la situación económica y social del país intentan paliar la crisis financiera en que se halla. Además de todo esto, y debido a los graves problemas de la Hacienda, incrementados con la independencia de la mayor parte de los territorios americanos, acabaron de convencer a los moderados realistas la necesidad de llegar a un acuerdo con los liberales menos radicales para construir un régimen político menos radicalizado.








Esta línea templada intentó reformar el Antiguo Régimen con ayuda de tardoilustrados y antiguos afrancesados pero de una forma moderada semejante a un régimen político de Carta Otorgada, que ya hemos explicado en el capítulo titulado LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y LA CAÍDA DEL RÉGIMEN LIBERAL qué era, y cuya intentona llevó a cabo el conde de la Bisbal, Enrique José O'Donnell y Anethan, a la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis. Hay que decir que este régimen, ya existía en algunos reinos europeos, y ello suponía poner fin a las luchas políticas por medio de la creación de una monarquía a medio camino entre las dos opciones, pero un obstáculo se opuso a este proyecto, la otra cara del realismo, defensora a ultranza del Trono y el Altar, el Tradicionalismo.






Esta última corriente contrarrevolucionaria, el Tradicionalismo, representado por los realistas más puros, tuvo un significativo fortalecimiento y fue uno de los hechos históricos más sorprendentes dentro de este periodo que pudo tener su razón de ser dentro de un Régimen que no había variado demasiado desde el sexenio absolutista cuyo poder había recaído en un monarca de mente poco lúcida, de carácter débil y sensibilizado a toda clase de temores, siendo la más clara expresión en un mundo de contradicciones y de intrigas de que se acababa el Antiguo Régimen, no solo por la costumbre de la intervención entre bastidores de camarillas y grupos cortesanos de presión, si no por las interferencias de Organismos que oscurecen más el ya de por sí turbio panorama, como por ejemplo la Real Junta Consultiva de Gobierno, que surgió como asesora del mismo, en una crisis del Consejo de Estado, y que se extinguió después. Otro problema del que el Tradicionalismo realista hizo causa de orden material fue el no reconocimiento de grados y empleos de muchos combatientes realistas, que los dejaba en situación de licencia ilimitada. Asimismo, la frustración de una política represiva contra los liberales que, si bien pudo ser contundente, no satisfizo a los defensores tradicionalistas debido a la total falta de determinación de un monarca que no supo reinar. No queremos decir que debería haberse efectuado una represión más dura, que en cierta manera, pudo ser, pero si una falta total de planteamientos que se demostraban en encontradas y contrapuestas decisiones que no conducían a seguir una línea más o menos general, cuyos debates en el foro político se caracterizaban por diversos cambios de sistema de gobierno bruscos. Otro hecho anecdótico pero cargado a su vez de significado que facilitó esa frustración de los realistas más puros fue que además de la creación de gobiernos moderados la negativa de Fernando VII a restablecer la Inquisición, no ya en la forma y manera de siglos pasados, pero si produjo un cierto malestar en los ultrarrealistas y algunos realistas algo más moderados que pensaban que tras la derrota del liberalismo se procedería a una serie de reformas dentro de los cauces tradicionales del Antiguo Régimen.








Durante este Decenio Absolutista, se llevaron a cabo varias conspiraciones de carácter ultrarrealista, y algunas de ellas tuvieron vínculos con un cuerpo de base popular denominado voluntarios realistas, que se formo en junio de 1823, que estaba controlado por los núcleos más radicales del absolutismo, y cuyo episodio más importante fue la llamada Guerra de los Agraviados, o malcontents, (mal contentos), en 1827, de la que ya hemos comentado antes, y a la que volveremos en un próximo capítulo, y la cual, se desarrolló básicamente en Cataluña, debido al malestar que se vivía tanto en la industria como en la agricultura debido a la fuerte crisis económica, y que se llevó a cabo contra el Gobierno, salvando la figura del monarca, pero que sin embargo, se tomaron medidas del propio Fernando VII que combinaron tanto la represión más brutal, como el indulto más incomprensible, con lo que podemos hablar de que la represión en esta década, no fue sólo contra los movimientos liberales, si no también contra los realistas descontentos. Hacemos mención de este último hecho sobre las revueltas, para hacer entender la deriva que tomó el movimiento realista más intenso, cuando posteriormente apareció el problema sucesorio de Fernando VII, y cuyo desenlace final fue la aparición ya definitiva del Carlismo, y del que se comentará en su momento debido, pero que consideramos interesante reseñar su aparición cuando en 1826 ya se publicó el Manifiesto de la Federación de Realistas Puros, por la que se denunciaba la actitud claudicante de Fernando VII, y que aclamaba a don Carlos como su único sucesor, Ahora bien nos gustaría hacer una apreciación sobre este documento en sí, no ya de la aparición del Carlismo, pues esto está totalmente fundamentado, y es que las apreciaciones que sobre este punto existen son contradictorias, por cuanto los historiadores se inclinaron a un lado u otro según el peso de sus convicciones ideológicas o políticas.




En palabras del propio Federico Suárez Verdeguer, nos dice que Antonio Pirala Criado, historiador y político español de tendencia liberal progresista, conocido por sus obras sobre la historia de las Guerras Carlistas no da a este documento más importancia que la que concede a cualquier otro «desahogo político». Tampoco Bayo se entretiene en examinarlo. Modernamente Villaurrutia apenas hace otra cosa que recoger lo que uno y otro escribieron, y solo más recientemente lo consideran con alguna mayor detención los autores de la Historia de tradicionalismo español, si bien dándole un alcance muy distinto al asignado por las fuentes liberales. Para Pirala, «el estilo pastoral de este escrito, sus doctrinas y sus tendencias, retrataban al partido apostólico»; lo mismo Bayo, identifica la Federación de Realistas Puros con la Sociedad secreta «El Angel Exterminador », de carácter «apostólico». El gobierno, para no indisponerse con esta tendencia, achacó el Manifiesto a los liberales, pormenorizando Bayo que tal cosa ocurrió el 26 de febrero de 1827, en cuyo día Calomarde lo atribuyó a los refugiados de Gibraltar. Villaurrutia no se separa un ápice de las pocas noticias que dio Bayo. No así Ferrer, Tejera y Acedo, que dan una explicación propia, refiriéndose a que la historiografía liberal silenció muchos hechos y, en los que tuvo en cuenta, no quiso profundizar, escriben: «Lo que sigue aclarará perfectamente cuanto decimos y dejará traslucir lo que buscaban los liberales y masones con su intervención sobre el mito del Ángel Exterminador. Nos referimos a la llamada Federación de Realistas Puros, que, en una hoja impresa y fechada el primero de noviembre de 1826, se dirigía a los españoles en sentido francamente carlista, pues se propugnaba en ella la elevación al trono de España del Infante don Carlos María Isidro. Que hubo un órgano central regidor de sus partidarios, es posible, aunque no probado. Que la hoja fuera un documento oficial de la tal organización, si ésta existía, nos permitimos dudarlo. La historia de este documento es más conocida. Lo recibió el Infante don Carlos María Isidro en su cámara de Palacio, no se sabe cómo. El Infante acudió inmediatamente a comunicárselo a su hermano Fernando VII, y cuando ya se había retirado don Carlos, después de la entrevista, uno de los individuos que militaba en el campo de los enemigos del Infante presentó la hoja al Rey, como si quisiera denunciar que el Príncipe tramaba una conspiración para derribar del trono a Fernando. Este la leyó y dijo que ya la conocía, y aquí acabó la historia de esta hoja, de la que probablemente hubo escasos ejemplares. Véase Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, 2.a ed., I (Madrid, 1S68). pág. 36.—Bayo, Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España. III (Madrid, 1842), pág. 234.
Ferrer, Tejera y Acedo: Historia del Tradicionalismo español, II (Sevilla, 1941), pág. 149. No hay ninguna cita que dé a conocer al lector las fuentes de dónde proceden las noticias que dan y que sirvan de fundamento a su tesis. Parece abonar su explicación al hecho de que en el Archivo de Palacio exista, entre los papeles del Rey, un ejemplar manuscrito del Manifiesto (Papeles reservados de Fernando VII, tomo 70), aunque pudo llegar allí por cualquier otro conducto, por la policía, por ejemplo.






Continúa el propio don Federico Suárez en la defensa de un punto de vista clave en este sentido, y es que a entender del mismo, lo que antecede puede significar que lo que se tramaba era, no indisponer a Fernando VII con el Infante don Carlos María Isidro, como han pretendido algunos, sino algo más grave, es decir, presentar al Infante como conspirador contra el Rey su hermano y descartarlo por este delito (el de traición) del derecho de sucesión al Trono. Hay, pues, respecto de la apreciación del Manifiesto, dos posiciones opuestas: la de la historiografía liberal, modernamente recogida por Villaurrutia y la de la tradición realista —o carlista, si se quiere—, que hacen suya los autores citados. Por lo que unos y otros escriben parece que no se ha tomado en consideración el contenido del Manifiesto, ni su conexión con los hechos posteriores Por otra parte, desde 1932 y gracias a la diligencia de Juan Moneva y Puyol, nos son conocidos los apuntes que Llorente, hombre de la confianza del general Espoz y Mina, escribió relatando extensamente la conspiración de los emigrados y su influencia en España en 1826. Sobre este último apunte en concreto, nos referimos a el extenso manuscrito que con el título de El eneral Espoz y Mina en londres desde el año 1824 al de 1829 que redactó don Manuel Llorente, doceañista, diputado en las Cortes de 1820, compañero de emigración del General Mina y uno de sus hombres de confianza, como ya hemos dicho. Llorente pudo utilizar gran cantidad de documentos y su escrito resiste toda crítica, estando además confirmado por documentos de distinta fuente que Puyol no utilizó, si es que tuvo conocimiento de ellos.




No cabe ninguna duda de que ya desde 1824, el liberalismo español ya había empezado a pensar en la disposición no tanto de medios políticos, sino económicos, esperando la salida de los franceses de Cádiz que habían llegado con Angulema, para efectuar un levantamiento contra el poder estblecido, pero la imposibilidad de medios económicos y la tardanza de los franceses en salir de España, dejaron este asunto en un punto muerto, en espera de mejores circunstancias, lo que no quiere decir es que no se intentará por otros medios conspiratorios como al que hemos aludido. Así lo demuestra un documento redactado al respecto y que se apoya en la situación que se vive a finales de 1829, nos habla de que "en 15 de septiembre se propuso que, no siendo posible llevar a efecto la formación de una Comisión central en España, por lo que resultaba de las contestaciones de los comisionados, y no pudiendo tampoco continuar por más tiempo el general a la cabeza de una conspiración cuya realización ofrecía cada día más 'imposibilidades; y visto también el estado casi de disolución en que a la sazón se hallaban las comisiones, se hiciese saber a los comisionados que el general suspendía por entonces los trabajos para la revolución, ínterin no obtuviese los caudales suficientes para emprenderla; y, a su virtud, se circuló sexta manifestación a los comisionados; Finalmente, y en 15 de octubre del mismo año de 1829, manifestó la reunión que, mediante a haberse suspendido los trabajos preparatorios y a haber cesado la correspondencia, consideraba concluido su objeto, retirándose sus individuos y estando prontos en cualquiera otra ocasión en que variasen las circunstancias a concurrir de nuevo con sus servicios, proponiendo, a su consecuencia, que se hiciese saber así a los señores Valdés (D. Cayetano), Arguelles y Gil de la Cuadra, y que se formase un acta breve que explicase en compendio la serie de los trabajos, dando un tanto de ella a cada individuo para su satisfacción; que se hiciese un escrutinio de papeles para inutilizar los que no se conceptuasen neoesarios, o devolverse, recíprocamente,
aquellos en que se considerase conveniente hacerlo; y, por último, que para el mes próximo, o a la mayor brevedad posible, hubiese de quedar definitivamente arreglado todo lo referido. Lo cual habiendo tenido su debido efecto, se extendió, a su virtud, la presente.




Londres, 15 de diciembre de 1829.
El general Mina convino en un todo con la propuesta de 15
de octubre, y, en su vista, tuvo lugar la redacción de la antecedente
acta, la que se le remitió, a fin de que examinase si se hallaban
conformes los particulares que relaciona con las anotaciones
que pudiese tener en su poder, a fin de enmendarla o alterarla
en la parte que careciese de la debida exactitud, para que, de
común acuerdo, pudiese el general firmarla con los demás de la
reunión.
En 15 de enero de 1830 contestó el general, por medio del
señor Aldas, que habiendo reflexionado más detenidamente acerca
de la redacción de la antecedente acta, a fin de que cada uno
de los individuos de la reunión tuviese un tanto de ella, la que
también el general deberla firmar en dicho caso, y en lo cual hallaba
varios inconvenientes, no tenía por oportuno el que se llevase
a efecto por su parte la determinación acordada acerca de
este particular en 15 de agosto próximo anterior, y que devolvía
el borrador del acta que se había remitido.
Se le contestó que la reunión quedaba enterada de su deliberación
y disuelta en aquel mismo día.
Así se verificó, y finalizaron en 15 de enero de 1830 las relaciones
que tuvieron principio en p de marso de 1824. (Nota
de D. Manuel Llórente.)






Todo esto hace que hoy, sea posible llegar a un enjuiciamiento del Manifiesto y a una valoración de su contenido encajándolo en la trama histórica de los años críticos que siguieron a la reacción de 1823 y precedieron a la publicación da la Pragmática de 1830, años que presenciaron el nacimiento del carlismo y fueren, al mismo tiempo, los que prepararen el triunfo del sistema liberal. Si bien es cierto, y no con falta de un razonamiento que deba tenerse en consideración, es posible que estemos hablando de conjeturas, pero hemos creído necesario tener en cuenta aquí este posible debate, en un contexto al que pretendemos llegar de una forma lo más ecuánime posible, para que el lector sea quien habrá las líneas de investigación que crea oportunas, o el erudito quien las valore, la opinión, es un dato también a tener en cuenta.






Anteriormente, se ha mencionado el convencimiento de los moderados realistas de la necesidad de llegar a acuerdos con los liberales más moderados con la finalidad de formar gobiernos templados, y este dato no desmerece nuestra atención, ya que podemos hablar no de dos tendencias del realismo absolutista, si no, y siguiendo a los trabajos de un sabio en la materia como don Federico Suárez Verdeguer, o incluso José Luis Varela, añadir una tercera vía de división en un triple esquema de tendencias ideológicas en el que nos encontramos a los Conservadores, a los Innovadores y a los Renovadores. Los primeros, llamados Conservadores, se sentían plenamente satisfechos en un principio, con la manera y forma de Fernando VII a la hora de continuar de forma rutinaria con la línea plenamente absolutista, posiblemente por falta de ideas y miedo al porvenir, pero no así los llamados Innovadores ni los Renovadores. Los Innovadores, habían sido afrancesados durante el reinado de José I Bonaparte que tenían durante el periodo de las Cortes de Cádiz una posición más incisiva, pero los renovadores a los que las fuentes llaman realistas, si bien, moderados, que tampoco estaban de acuerdo con el Régimen imperante en 1808, ya habían presentado al monarca un programa de tradición evolutiva en 1814 plasmado en el Manifiesto de los Persas cuyo objetivo no era sólo la reinstauración del absolutismo, sino que partiendo de la tradición de la política española, proponen reformas políticas, administrativas y sociales, no limitándose simplemente a rechazar la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, y cuyo manifiesto, utilizó Fernando VII como base para llevar a cabo la restauración del absolutismo, pero a su manera, ya que había prometido cumplir, pero no había cumplido.