Tema: Apuntes para la Historia (Manuel Fal Conde)

Apuntes para la Historia (II)

[Los subrayados que aparecen en el texto no son míos, sino del documento original]

Fuente: Montejurra, Número 43, Noviembre 1968, página 19.



Por Manuel Fal Conde

· Don Javier de Borbón fue admitido y expulsado de España en 1937

· En el cartel del Alzamiento no hubo postulado monárquico



Tenía razón el Conde de Rodezno cuando el día de San Jaime de 1936, declaró a Don Juan de Borbón que no podía cubrirse con la boina roja, como miles de jóvenes hacían en aquella Pamplona, ardiente, alistándose en los nacientes Tercios del Requeté que habían de asombrar al mundo con su heroísmo. El hijo del último Rey liberal estaba obligado a una más explícita y transcendental aceptación de los principios que la boina roja significaba, el primero de los cuales era la legitimidad dinástica.

El Rey Don Alfonso Carlos, en carta del 6 de agosto, alaba el gesto de Rodezno, se congratula de que los Generales hayan podido apreciar «la diferencia de delicadeza de parte de los nuestros y que no sólo nosotros, sino que ni siquiera Don Javier fue por allí».

Y para la pretensión de Don Juan de vestirse la boina roja, entiéndase sin su venia, tiene un calificativo muy duro.

También aplaude la medida de Mola de «hacerle marchar» y la razón que da es la de que «fue una indiscreción meterse allí en estos momentos para comprometerlo todo».

¿Una indiscreción la presencia de Don Juan en la España en armas? ¿Comprometer la victoria?

Había caído la Monarquía por sus culpas y corrupciones. Llevaba en la sangre el cáncer de las libertades de perdición y los Reyes que la habían servido vacilante e intermitentemente, ni habían podido salvarla con dotes o virtudes personales, ni preservar a sus augustas personas de la animosidad, legítimas o ilegítimas rebeldías engendradas por el mal gobierno de ministros y partidos.

Cayó la Monarquía por el sentimiento profundo y cierto que tuvo el Rey del general desafecto nacional. La triste soledad de su éxodo, el encumbramiento del comité revolucionario, la constancia de Don Alfonso en «la suspensión de sus regias prerrogativas», manifestadas en sus relaciones con Don Jaime, –en las negociaciones de Gil Robles de las que da auténtico testimonio Don Jose M.ª Valiente–, todo denota que la caída de Don Alfonso el 14 de abril, significó en su mente el derrocamiento del régimen monárquico de secular existencia en España.

De lo contrario, hubiera convocado una regencia, si mantenía el error de la sucesión dinástica en la rama liberal, o hubiera entregado la Corona al Rey legítimo Don Jaime.


ESPAÑA NO ERA SOCIEDAD LIBERAL, SINO DE LIBERTADES PÚBLICAS

España no había sido nunca monárquica liberal, monárquica constitucionalista. Era, seguía siendo, sociedad política de honda raíz orgánica, de afección entrañable a sus tradicionales libertades públicas, injertadas a regañadientes en el ejercicio de las libertades del derecho nuevo. Amante de su religión y de sus tradiciones. Menos era republicana. Los escasísimos republicanos desempeñaron el ostentoso papel del «tonto del pueblo» gastador en todos los desfiles o manifestaciones.

Y lo más sensible de todo, después del abandono del trono por el Rey, fue la improvisada y claudicante aceptación de la República por las clases conservadoras y élites católicas. Clara señal del vacío de savia que había producido aquella monarquía.

Los Generales, estrategas maestros, precavidos si cabe en demasía, no podían admitir en la sublevación el signo que, a los cinco años de aquella defección, restara aportaciones y multiplicara la moral de la resistencia republicano-socialista.

Gran imprudencia.

Como la intención del Príncipe Don Juan era recta y noblemente patriótica, nada puede extrañar que en otras ocasiones pretendiera del Generalísimo Franco el alistamiento en la Marina, a cuya oficialidad pertenecía. Y lo mismo de razonable fue la negativa.

El remedio lo había descubierto, prudente y sagazmente, el Príncipe Borbón-Parma Don Gaetán, alistándose en el Tercio de Navarra a las órdenes del insigne Luis Villanova, con nombre supuesto. Una gravísima herida descubrió el incógnito.

Y ya no pudo seguir en el Tercio, como no había sido admitido el archiduque Roberto de Habsburgo. Porque el postulado monárquico había sido suspendido en el cartel del alzamiento.

Don Alfonso Carlos en su carta histórica de 25 de julio me había dicho:

«Ante todo debe salvarse la Religión y el país… En momentos como los actuales no debe mirarse a cuestiones personales de partido, sino tratar de salvar todos juntos la Religión y la Patria».

Hubo Príncipes en las filas nacionales, como Don Carlos de Borbón Nápoles, de grata recordación y de muerte heroica, y el meritísimo Don Alfonso de Orleans, aviador a prueba de las más arduas empresas.


DON ALFONSO CARLOS QUISO LA ENTRADA DE DON JAVIER EN ESPAÑA

Porque entendería el mando que, encuadrados en sus respectivos cuadros militares, no comprometían el significado político del alzamiento, tan esmeradamente cuidadoso de ocultar el más remoto sentido monárquico, hasta el punto que algunas proclamas iniciales habían fingido vítores republicanos.

Lógicamente, de ese mismo modo debió haberse consentido la entrada y la permanencia en España del Príncipe, lugarteniente entonces de Don Alfonso Carlos, Don Javier de Borbón Parma.

Nunca se consiguió del General Mola su autorización. Y del dolor que esta ausencia causaba a S.A., propugnador del alzamiento y que conmigo firmó la orden de sublevación de los Requetés, dan testimonio los siguientes párrafos de carta del Rey de 24 de agosto:

«Reflexionando sobre la posición del buen Javier, no queriéndole dejar entrar en España y que, como él dice, perderá con esta abstención toda influencia sobre los nuestros, me parece se debería tratar que pudiera entrar. Pero antes de llamarle deberás consultar a Mola. Me parece que éste no lo rehusará y lo encontrará justo. Como sabes, el buen Javier está muy afligido y humillado de no haber podido entrar hasta ahora y cree que con esta abstención su misión haya acabado».

Y no le fue permitido entrar en España hasta fines de 1937, ya Príncipe Regente carlista, sucesor del augusto Caudillo de la Legitimidad. Pero tan pronto se desbordó el represado entusiasmo carlista en naturales y comedidas manifestaciones de reverencia, fue obligado a salir del territorio nacional.

Nadie puede calcular la inmensidad de mi dolor al despedirle en Irún.

Los Requetés con sus tres vítores ardientes de amor patrio, siguieron siendo el más acrisolado ejemplo de lealtad y sacrificio.

El 18 de julio, pues, el Alzamiento Nacional no fue explícita y declaradamente monárquico. El sentido popular, la conciencia nacional sobre la Monarquía, gastados, desengañados, tibios, habían perecido aquel triste 14 de abril.

Más que vacante de Rey sentíamos orfandad de Monarquía.

Lo que hubo en el 18 de julio inequívoco, indeleble de monarquía estaba implícito en las condiciones que pusimos a nuestra aportación y que el General Sanjurjo, modelo de español, aceptó y comprometió. De antirrepublicanismo, de antiliberalismo partidista y de monarquismo orgánico.

Apuntes para la Historia (III)

[Los subrayados no son míos, sino que aparecen así en el documento original].

Fuente: Montejurra, Número 44, Diciembre 1968, página 19.



Por Manuel Fal Conde

· En 1936 nos preparamos para una guerra carlista

· Mola defendía una dictadura republicana


El 18 de Julio, señalamos, no fue explícitamente monárquico. Siendo la Monarquía consustancial a España, se había producido el 14 de Abril –y ahí su gravedad– ese desgarro entrañable entre sociedad civil y sociedad política. Hasta que volvieran a fundirse en un mismo ser, sólo Dios sabía cuántos y cuán tremendos dolores nacionales habrían de suceder.

Siendo tan sustancial el régimen perfeccionado en los siglos y en la gloria, de no ser criminal contra la Patria el alzamiento, había que considerar la consecución de la Monarquía como condición implícita, como intención subyacente, como aspiración oculta.

Y así sucedió y así, en efecto, lo ha demostrado la experiencia política, que al albor de la paz feliz y sosegada, bien pronto se declaró España Reino, bien pronto se legisló su estatuto monárquico, bien pronto se previó la sucesión de la Jefatura del Estado. Y contra cualquier tendenciosa interpretación de esa legalidad del régimen, cuyo pormenor y fundamentos no interesan en esta ocasión, a ese régimen constitucionalizado en España se le ha apellidado tradicional.

Exclusivamente a la Comunión Tradicionalista, y lo va reconociendo la Historia, se debe esa implicación intencional, finalista, previsora del monarquismo del alzamiento que ella –la Comunión– fue la primera en el tiempo en iniciar, comprometer y conspirar. Y con el mérito que a honor de esa vocación de los mejores españoles, yo puedo testimoniar de que navegó con los vientos de proa y a todo evento.


LAS CONDICIONES DE MOLA NO ERAN ADMISIBLES

Porque el programa, digamos oficial, el plan de Mola, que noblemente nos manifestaba que cedía a exigencias de dos Generales que él consideraba necesarios y que se profesaban republicanos, contenía estas desconcertantes condiciones:

«Los primeros decretos-leyes que se dicten serán los siguientes:

D) Defensa de la Dictadura republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia.

J) Separación de la Iglesia y el Estado; libertad de cultos y respeto para todas las religiones.

El Directorio se comprometerá, durante su gestión, a no cambiar en la Nación el régimen republicano».

Así se consigna en la nota fecha 5 de Junio que me entregó personalmente el General Mola el 15, durante nuestra entrevista en el Monasterio de Irache.

Ya en esa histórica conversación, rechazadas por mí tales condiciones, saltó a la superficie el problema de la bandera. La bandera tricolor con todo su significado republicano.

Republicano por el sentido general liberal de Revolución francesa de todas las tricolores, y por el nefando y repugnante sentido que le había dado la gente del pacto de San Sebastián.

Por contraposición, y sin que pretendiéramos con esa imposición predeterminar el régimen monárquico, exigimos la bandera bicolor de la que Sanjurjo, fallando la cuestión diría:

«Esto de la bandera, como Vd. comprende es cosa sentimental y simbólica, debido a que con ella dimos muchos nuestra sangre, y envuelto en ella fue enterrado lo más florido de nuestro Ejército y se dio el caso de que en nuestra guerra civil, entre tradicionalistas y liberales, unos y otros llevaron la misma enseña. En cambio, la tricolor preside el desastre que está atravesando España».

Clara quedó nuestra contradicción al régimen republicano que dos Generales exigían. Los mismos que luego concurrieron noblemente, y uno de ellos eficaz y gloriosamente, al Alzamiento.

Pero había otras condiciones, de más fondo que ésa de la bandera, por muy eficiente y como símbolo esta cuestión de la enseña pudiera ser.


PEDÍAMOS LA RECONSTRUCCIÓN ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD

Por escrito, como exigía la gravedad del tema, habíamos puesto al General Mola nuestras condiciones. Júzgueselas como aplicables a una concurrencia armada de los Requetés al golpe militar, con todo nuestro potencial humano, nuestras conquistas diplomáticas con Mussolini y Salazar y –esto es lo más trascendental– habida cuenta que nos preparábamos para producir una guerra carlista, con todo nuestro ideario, nuestro Rey y nuestras garantías de bien común social, porque si fallaba el Ejército, era inminente la amenaza de una revolución soviética que seguíamos paso a paso por informes confidenciales.

Ésa nota a Mola es de 11 de junio y de ella, a este efecto del artículo, señalamos:

«3.º Disolución de todos los partidos políticos, incluso de los que hayan cooperado.

5.º Proclamación de una Dictadura de duración temporal con anuncio de la reconstrucción social orgánica o corporativa hasta llegar a unas Cortes de esa naturaleza».

Dos observaciones importantes:

Se lee con frecuencia que la política rectamente monárquica tradicionalista contiene la prohibición de los partidos políticos. Y se especula demasiado con la concesión que ya se encuentra en Mella de los partidos políticos ocasionales. Nada de eso centra la doctrina en su verdadero sentido.

Pedíamos la disolución de los partidos políticos entonces existentes. Para el futuro no nos preocupábamos de ese menester del orden público.

Porque, y ésta es la segunda advertencia, si se reconstruía la sociedad orgánicamente, sobraban, estorbaban los partidos políticos como órganos artificiosos de opinión y representación. Igual que en la última noche del Carnaval, cuando lo había, o en la madrugada del baile de disfraces, que sigue habiéndolos, la careta o el Pierrot no sirven para la oficina.

Pedíamos la reconstrucción social orgánicamente, y no se ha discurrido debidamente que en esa exigencia iba implícito el germen de la Monarquía tradicional.

Porque no se concibe en la actual construcción política República sin partidos; si bien las que han logrado un nivel alto de firmeza, tengan que refugiarse en el sistema de plenos poderes y votos de confianza. Como a la Monarquía –si es de alma verdaderamente española– no le caben los partidos si no es para conducirla, tras destronamientos, cantonales, regencias funestas, a caídas vergonzosas.

Pedíamos la estructuración orgánica de la sociedad. Y entonces, como ahora, como siempre, la coronación –en todo rigor del símil– de una estructuración orgánica, que es la Realeza.

Porque los órganos de vida social tienen una proyección congénita de naturaleza política, que se traba entre sí por el ascenso de la representación y la solicitud del poder. Con supremo poder, estable como la sociedad, sucesivo con ella misma y ordenado al bien de la Comunidad.

Y ésta es la enorme diferencia entre las dos líneas familiares de la Casa de Borbón de España: liberal con sus partidos políticos y sus libertades a modo. Y la que resulte de la coronación de la estructuración orgánica.

Cada una con sus genuinos representantes, con sus respectivos partidarios y sus contrapuestos designios políticos.

Gran pena que a estas alturas, del proceso abierto el 18 de Julio, esté pendiente de fallo el hondo pleito histórico.

Apuntes para la Historia (IV)

Fuente: Montejurra, Número 45, Marzo 1969, página 27.


Por Manuel Fal Conde

· La Comunión Tradicionalista fue contraria a un Partido Oficial

· Don Javier se mantuvo en la Regencia para unir a los monárquicos.



No explícito y manifiesto, sino implícito y subyacente en el designio político del 18 de julio, estaba el ideal monárquico. Y precisamente decíamos en el anterior artículo por la presencia de la Comunión Tradicionalista y por la condición puesta a nuestra concurrencia armada a la sublevación contra la República –contra la República, repito– de la estructuración orgánica de la sociedad, cuya coronación era la Realeza.

En el mitin de las minorías monárquicas –tres mítines simultáneos en los mayores teatros de Madrid, luego seguidos de dos banquetes monstruos– en el Cine Monumental, hablamos el genio de Calvo Sotelo y yo, de ínfima categoría personal, pero determinado por la alta representación de la Jefatura Nacional de la Comunión, todavía respetada como la fuerza de más pura y más eficaz impulsión de la Monarquía.

Calvo Sotelo discurrió magistralmente sobre el proceso restaurador de la Monarquía. (Digo restaurador y no instaurador ni reinstaurador, porque el primer término me da la sensación de un arbitrio napoleónico inadmisible en España y el segundo, en tanto denota segunda instauración, no lo entiendo). Proceso restaurador en la mente de Calvo, que explicaba con el símil de la construcción de nuestras grandes catedrales –y ya en el símil iba la reverencia a la obra de los siglos– por la yuxtaposición sistemática de órganos sociales, su trabazón armónica y su remate en la Corona.

Yo, que hablé a continuación, cerrando el acto, asentí con emoción al bello y expresivo símil, pero me permití clamar por la presencia del Rey como arquitecto constructor, estructurador de las esencias sociales y rector de su armonía.

Los órganos sociales son órganos de vida. De vida espiritual, económica, cultural, religiosa, etc. Ésas son las funciones sociales propias de su misma naturaleza. La función política, derivada de la sociabilidad humana, es su proyección hacia la coordinación de la autoridad con la representación para el bien común.


POSTURAS CLARAS DESDE EL PRINCIPIO

En ese sentido de órganos sociales y representación de los mismos en orden al bien común, la Comunión, antes del y en el Movimiento como en la paz, se manifestó ante la Suprema Magistratura del Estado, promulgando la naturaleza corporativa y no partidista del régimen naciente.

Así, al declinar el nombramiento que se me hacía de consejero nacional de FET DE LAS JONS, en escrito de 28 de agosto de 1937, declaraba el pensamiento de la Comunión contrario a la construcción de un partido oficial, de naturaleza disociante y suplantador de la auténtica representación –el valor del argumento está en la autenticidad– propugnando en su lugar –copio– «la incorporación de todo nuestro pueblo, sin distingos ni diferencias, al nuevo orden de un Estado Nacional, a través de nuestras concepciones representativas, forales y corporativas».

Esa naturaleza orgánica [de la sociedad política, en buenos principios implicaba la Monarquía]. Haberlo manifestado, con todos los respetos y con espíritu de servicio al Poder Supremo, era un acto de lealtad de la Comunión. Uno más.

Y en concordancia con ese señalado servicio, en fecha de 10 de marzo de 1939 y dando una muestra más de acatamiento y aportación de ideas a la gran obra de la reconstrucción nacional, presentamos al Generalísimo Franco, y éste recibió y me consta que estudió con atención, un documentado escrito en el que se razona contra la función política arrogada por el partido o Movimiento, y se propugnan las auténticas fórmulas integradoras de la sociedad política en las sociedades infrasoberanas que, desde la familia, pasando por el Municipio, rematan en el supremo poder, cuya esencia defendíamos como monárquica.

Era la Comunión Tradicionalista, repito, la que en esa transcendental coyuntura representó ante el Jefe del Estado, sin desacato ni desconocimiento de sus salvadores servicios, que el obligado remate de la Cruzada tenía que ser la Monarquía, católica, social, representativa, templada, legítima y hereditaria, que todo esos caracteres, verdaderamente de alma popular, eran los de la Monarquía Tradicional.


DOS SERVICIOS DE DON JAVIER

Se dibujaba, por fin, la modalidad temporal o circunstancial del régimen monárquico, en la oportunidad histórica de la paz que se abría venturosamente, (ese escrito lo presentábamos en vísperas de la Victoria). Era una modalidad de la Regencia en cuya fórmula de transición, por interregno de la sucesión legítima de la Corona, y por la restauración necesaria de la sociedad española, la prudencia política de Don Alfonso Carlos nos había dejado insertos bajo la rectoría maestra del Príncipe Regente.

Servicio de la Comunión, sí. Pero más significativo el que nuestro Don Javier prestó a España, primero manteniendo durante diez y seis años el compás de espera de la Regencia que perseguía la unión de los monárquicos, que, antagónicamente, tanto se ha conspirado por dividir. Y el definitivo servicio a España, a la Monarquía Española, lo realizó, frustrados todos sus cuidadosos servicios por la unión, asumiendo los derechos que tenía por ley y que Don Alfonso Carlos le declaraba a la sucesión, en la dinastía españolísima de Felipe V, pero sucesión hereditaria de línea familiar o estirpe regia agnaticia. Hago la aclaración porque en la actualidad española hay dos concepciones de la sucesión, la clásica y la innovada.

Apuntes para la Historia (V)

[Las partes subrayadas no son mías, sino del texto original]

Fuente: Montejurra, Número 46, Mayo 1969, página 7.


Por Manuel Fal Conde


· Los Requetés no cobran factura



El léxico popular de la guerra –y en tan apretado trance el que habla es el pueblo– pecaba de desgarrado. La literatura épica no abunda en madrigales. Y no solamente en denuestos para el enemigo: ideas, signos, personas, sino que la propia abnegación, el heroísmo escalofriante, eran denotados con motes humorísticos o expresiones vulgares, cuando no groseras. Así, el desinterés y la abnegación ejemplares del Requeté, de los carlistas todos, de las madres insignes –loor a todas y mención especial de las de Artajona– merecieron este slogan: «los requetés no cobran factura».

Y los requetés no han cobrado factura. Porque ni la han pasado ni la pagaduría hubiera podido pagarla por haber otros dejado exhausta su tesorería.

¿Vamos a inventariar los sacrificios, la sangres y las vidas; los medios económicos, los desvelos de las margaritas y enfermeras, las armas, la Prensa? Los sacrificios por la madre no se miden ni se pesan porque es mayor el amor.

Pero sí podremos, sin mezquindad y egoísmo, clasificarlos en estos cuatro géneros: servicio de guerra de nuestros heroicos e incomprendidos requetés; preparación para la misma de la que gran parte, la de las regiones carlistísimas de Cataluña y Reino de Valencia, se malograron por infidelidad con la Patria de los jefes militares, cobardes o claudicantes, en cuyos cuarteles fueron inmolados nuestros muchachos presentados. Allí, según consigna que habíamos dado Don Javier, Príncipe Regente, y yo, Delegado del Rey; el aporte doctrinal conservado por la Comunión en la propaganda y en las luchas contra los poderes constituidos serviles a la revolución liberal, de cuyo rico acervo doctrinal parte se ha incorporado al Estado surgido de la Victoria, parte flota en verbalismos irreales y parte ha quedado menospreciada o desconocida. Y la cuarta clase de aportaciones meritísimas es la conservación del principio monárquico.

Porque la monarquía no se improvisa. Ninguna generación, por dinámica y fecunda que sea, puede crear lo que por su naturaleza, por su esencia misma, es creación de los siglos: Obra de los siglos, que quiere decir resultado del consenso sucesivo de varias generaciones. (En la condición de lo sucesivo, de lo transmitido, está el valor vinculante de la tradición).

Balmes dirá en sus escritos políticos que tampoco las familias reales se improvisan. En su orden sucesorio, en su transmisión por ley de herencia está, correlativamente, el valor vinculante de los reyes al bien común del pueblo.

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Este concurso moral del carlismo, concretamente de la dinastía legítima, a la Cruzada consta de dos puntos de rica vitalidad jurídica: la propia legitimidad sucesoria y la Regencia.

En el anterior artículo decíamos que no habiendo existido en el alzamiento nacional expresión alguna, condición o nota monárquica explícita, la había puesto, y sólo la Comunión, implícita en su exigencia condicionante al concurso de sus cuadros y de sus medios militares. Ésta era que, en vez de los partidos políticos del régimen liberal, se incorporara todo nuestro pueblo, sin distingos ni diferencias partidistas, al nuevo orden mediante sus representaciones orgánicas, forales y representativas.

Y para suplir un concepto que la voracidad de la linotipia se «comió», repitamos este párrafo: «esa naturaleza orgánica DE LA SOCIEDAD POLÍTICA, EN BUENOS PRINCIPIOS IMPLICABA LA MONARQUÍA». Lo subrayado es lo omitido y se consigna aquí porque en el concurso de la Comunión al alzamiento, aún sin forzar el argumento con la exigencia de la bandera, estuvo presente el ideal constructivo monárquico.

Pero monárquico tradicionalista, porque régimen de partidos, en tanto les compete la participación en las tareas de gobierno, es indiferentemente monárquico-liberal o republicano. Más aún, en la literatura política, el rey que reina y no gobierna, salta las barreras de lo mayestático y cae pronto en la bufonada.

Régimen, por el contrario, de estructuras orgánicas cuyas libertades públicas y cuyas representaciones ante la soberanía política se fraguan orgánicamente es, por la sabiduría de los siglos y por la fidelidad de la herencia, Monarquía Tradicional.

Pero la «bufonada» acabó en tragedia. Por boca de Jesucristo sabemos cómo acaban los poderes ilegítimos: huída y abandono.

En el contraste de procederes que explica la divina parábola, la dinastía legítima, por el contrario, conservó fiel su derecho. Enseñó León XIII el derecho de los pueblos a darse la forma de gobierno o a elegir el príncipe que ha de ejercer la autoridad que sólo viene de Dios, pero condiciona la sabiduría del Papa: con tal que sea justo y tienda a la común utilidad. Por lo cual, salvo la justicia, no se prohíbe a los pueblos el que adopten aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su natural o a las instituciones y costumbres de sus antepasados.

Mas esa dinastía legítima conservada por un maravilloso ejemplo de virtud cívica y de patriotismo inigualado, quebraba en su línea directa. Si los estragos que la ilegitimidad había causado en sus líneas genealógicas, indignificando a muchos, no tenían subsanación condenándose las causas de exclusión, la Regencia ejercería su función discriminatoria, potestad de albaceazgo, operación procesal sucesoria, para declarar quién fuera EL PRÍNCIPE DE MEJOR DERECHO.

El carlismo –puestas a prueba de Dios sus virtudes características: la fortaleza en la esperanza– pasó varios lustros pendiente de este designio soberano: «el Príncipe de mejor derecho».

No es ésa una regencia en la que tome parte mediata o inmediata la elección. La elección, vístasela como se la quiera vestir, asemeja lo monárquico a lo republicano presidencialista.

Tampoco es una Regencia institucional. Conservan para España validez las palabras de Castelar en las Cortes del 69, cuando nuestros legisladores, entremezclados de masonería y ambiciones extranjeras, buscaban rey de alquiler por las Cortes europeas: «La regencia, dictaminaba Castelar, durará hasta que la república llegue a la mayor edad». Y llegó.

Esta Regencia, propia de la previsión del Rey Alfonso Carlos, revestía estos caracteres dignos de la nobilísima Dinastía de la realeza española:

Aseguramiento de la continuidad dinástica como principio fundamental de la Monarquía.

Subordinación del orden genealógico a la legitimidad en el ejercicio.

Los fundamentos de esa legitimidad en el ejercicio son: la Religión y su Unidad Católica; la constitución orgánica de los Estados y cuerpos de la sociedad; la federación histórica de las regiones y sus fueros y libertades que son las integrantes de la unidad nacional; la autenticidad de la Monarquía española a la que repugnan tanto las innovaciones sucesorias como los plagios extranjerizantes.

(Las facultades conferidas al Regente eran fidedignamente monárquicas y genuinamente legitimistas).

Por eso, contenían los dos documentos providentísimos de Don Alfonso Carlos, 23 de enero y 10 de marzo de 1936, las claras y concluyentes razones de exclusión de los príncipes de la rama liberal y los que la reconocieron y sirvieron.

Y contiene, finalmente, la reiterada salvedad de los derechos de Don Javier a la sucesión a la que agrega que eso sería su deseo por LA PLENA CONFIANZA QUE TENGO, decía, EN TI, MI QUERIDO JAVIER, QUE SERÍAS EL SALVADOR DE ESPAÑA.

Una nota más caracterizaba la institución de la Regencia carlista en tan benemérito Príncipe: la oportunidad histórica. Determinada por la extinción de la línea de Don Carlos María Isidro, en ocasión de haberse extinguido el régimen constitucional por abandono del trono que hacía necesaria una guerra, que bien fácilmente se preveía de hondísima y tremenda aflicción, se requería una restauración al par de la sociedad maltrecha y de la dinastía rota, volviendo tal vez al tronco de Felipe V, para renovar sus fundamentos y designios.

Oportunidad histórica como nunca jamás había tenido España, desde su unidad nacional.

Oportunidad elegida por la sabiduría política del Rey carlista en 1936. Oportunidad de 1939. Hace treinta años.

Apuntes para la Historia (VI)

[Las partes del texto subrayadas no son mías, sino que así aparecen en el documento original]

Fuente: Montejurra, Número 47, Julio-Agosto 1969, páginas 6 – 7.



Por Manuel Fal Conde


MONARQUÍA ESPAÑOLA


En números anteriores de MONTEJURRA hemos demostrado que la Monarquía, nuestra Monarquía, estaba implícita en la gloriosa gesta del Alzamiento, por nuestra exigencia de la bandera bicolor, por la subsistencia, pese a tantas resistencias, de nuestro expresivismo trilema Dios, Patria y Rey, exultado en los más ardorosos vítores y por la presencia viva y fecunda de Don Alfonso Carlos y de Don Javier.

Fuera de la Comunión, la Monarquía del 14 de abril, la que había caído como dijo quien podía decirlo, como la cáscara que se desprende de la fruta madura, estaba tan ausente de la vida nacional, que cuando a las seis semanas de esa fecha, Luca de Tena visitó en Londres al Rey Alfonso XIII –a las seis semanas era el primer monárquico que se acercaba al atribulado señor– éste le recomendó que exhortara a sus leales a la aceptación sincera de la República y servicio del gobierno en cuanto reclamara el interés de la Patria.

Era la posición ideológica de aquel su discurso en Zamora que en esa misma visita de Luca de Tena evocó y ratificó: «¿Monarquía? ¿República? Lo que importa es España».

Sentido agnóstico de un escepticismo desolador que quiso infundir en Don Jaime, en sus negociaciones de aquel pacto pocos días anteriores de la muerte del segundo, y que Don Alfonso Carlos desaprobó y no quiso suscribir.

Tan presente estaba, fuera del carlismo, la accidentalidad de las formas de gobierno que en las primeras proclamas de los generales en el Alzamiento, sus bandos de guerra, terminaban con aquel insincero «viva la República» que podían tener justificación suficiente en razones diplomáticas o de estrategia política; pero a los primeros requetés sonaban a blasfemia.

Las mismas razones, cara a las Potencias, cara al sector republicano cuyos destacados elementos, Melquíades Álvarez, Salazar Alonso, por ejemplo, estaban perseguidos; cara, quizás más determinadamente que a ninguna otra circunstancia, al auxilio alemán, explica que no se admitiera la presencia en filas de Don Juan, de Don Javier, de otros Príncipes, como la de Don Alfonso de Borbón y Borbón, capitán efectivo del Ejército, cuya falta no hemos leído que se justificara y no hay derecho a imputarla a torcida voluntad.

Y había además otra razón, la más poderosa y humana, la de hondo y sano patriotismo. Tal era la de que los Generales en su mayor parte, y no era cosa de medir calidades, se hubieran opuesto a todo sentido monárquico porque no podían tener del mismo otra comprensión que la de la Monarquía representada por Don Alfonso XIII, con sus enormes errores en la política africana –Annual– y en cuyo rechazo, algunos se habían afiliado a la República.

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Acabamos de ver cómo los órganos más autorizados, y de la forma más pomposa y majestática, se han declarado por el Jefe del Estado en las Cortes, y éstas han aclamado ardientemente, si bien que su proclamación está condicionada suspensivamente –Dios le dé amplia dilación– a la muerte de Franco: «LA MONARQUÍA DEL 18 DE JULIO».

Esa gloriosa gesta del 18 de julio no es una mera adjetivación posesiva, «monarquía del», ni siquiera adjetivo demostrativo, como los cañones del Regente Cardenal Cisneros, frente a la nobleza levantisca: «estos son mis poderes». No, este sentido demostrativo hubiera podido invocarlo un Rey que hubiera hecho la guerra ganándola: «mi guerra, mi victoria». No hubo Rey en la guerra y cuantos la hicieron fue con renuncia a pasar factura, que explicábamos en artículo anterior.

La Monarquía del 18 de julio contiene una adjetivación, más sustancial, más tocante a la esencia, a la naturaleza del régimen monárquico, porque es calificativa o cualificativa, en una palabra, definitiva.

Todos esos caracteres en larga descripción, católica, tradicional, popular, representativa, compendiados en este hermoso slogan: «la del 18 de julio».

Distinto es, sin embargo, el ángulo de visión de ese signo 18 de julio en su dinámica temporal, julio del 36, guerra y postguerra, hasta el momento actual, al que, con mirada retrospectiva y ya histórica, se tenga ahora de aquella empresa.

El carlismo acudió y tomó parte en su iniciativa, otra guerra carlista más, esta última sin Rey porque el suyo dispuso que, si el Ejército se sublevaba contra la República concurriéramos a ella habidas elementales cautelas, pero sin aspiración alguna partidista.

Pero, escaló las más penosas cotas en las vanguardias y prestó los más claros servicios de aportación doctrinal a los poderes constituidos.

Así cuando el 10 de marzo de 1939, alboreándose ya el ansiado final de la Cruzada, creímos llegado el momento de brindar al Jefe del Estado un cuerpo de doctrina, lo hicimos en escrito a mi nombre y con mi firma, acompañado de un amplio estudio político.

Nada me obligaba a presentarlo por medio de los carlistas que habían aceptado cargos en el secretariado de la Unificación, porque Don Javier había declarado en la comida del 3 de diciembre de 1937, día de su santo y víspera del acto inaugural del Consejo Nacional de FET de las JONS en las Huelgas, que él no los expulsaba sino que eran ellos quienes se habían separado de nuestra disciplina.

Don Javier había autorizado a formar parte de ese Consejo, para que la negativa colectiva no significara desacato al Generalísimo, a sólo dos, Don José María Valiente y Don Joaquín Baleztena.

Pero, respetuosa y correctamente, presenté esos escritos por mano del secretario de dicho secretariado, que como secretario político despachaba con el Caudillo. Me refiero, y con recuerdo cordial y sincero, a Don Ladislao López Basa, que los presentó a Franco y con él departió largos ratos en distintos días sobre cuanto en los documentos doctrinales se le exponía.

Publicados por el Centro Tradicionalista de Buenos Aires, corrieron profusamente en un folleto de 120 páginas bajo este título: «EL PENSAMIENTO CARLISTA SOBRE CUESTIONES DE ACTUALIDAD».

Su capítulo II se rotula así: «Bosquejo de la futura organización política española inspirada en los principios tradicionales».

Y el apartado V, «LA MONARQUÍA ESPAÑOLA» lleva este enunciado:

«Llegado el momento oportuno, el Estado deberá organizarse bajo un régimen de Monarquía Tradicional, católica, templada, legítima, hereditaria y genuinamente popular».

Este enunciado se desarrolla a continuación en las páginas 56 y 57 del folleto, que para más fiel comunicación a los lectores reproducimos en cliché:

Consideraciones generales

Contra la afirmación, arbitraria y capciosa por demás, de la indiferencia de las formas de gobierno, teoría que tantos y tan gravísimos daños ha acarreado, y en la imposibilidad de vivir en normalidad y seguridad sin una forma concreta y definida de régimen político, el Estado ha de aceptar aquélla en que coinciden los dictados de la ciencia política y el testimonio de la Historia, afirmando que, por su origen eminentemente popular, por su profundo arraigo e identificación completa con la vida toda de España durante más de quince siglos de su Historia, como encarnación de la justicia, defensa y amparo de todas las clases sociales, en especial de las más humildes y desvalidas, como representación de la continuidad y legitimidad del Poder, como lazo de unión entre todos los pueblos y regiones españolas, centro del amor y confianza de tantas generaciones, la Monarquía es consubstancial a la unidad y grandeza de España, y en su consecuencia, llegado el momento oportuno, el Estado deberá organizarse bajo un régimen de Monarquía tradicional; católica, templada, legítima, hereditaria y genuinamente popular.

Esta Monarquía, como templada y popular, es opuesta al absolutismo. Aquellos dos caracteres los logra mediante contenciones o limitaciones orgánicas que encuentra el Rey en el ejercicio de la soberanía y que arrancan, unas de la Ley moral y superior, que actúa constantemente sobre la conciencia del Monarca de consuno con su propio interés, el cual le impulsa a obrar justamente para no enajenarse las simpatías del pueblo, tanto hacia él como hacia sus sucesores, encontrando los dictados de aquella Ley cauce para llegar al Monarca en la institución de los Consejos; y nacen las otras limitaciones, de la soberanía social traducida en las autarquías naturales que comprenden todos los derechos sociales y que a su vez se encuentran representadas en las respectivas Instituciones.

No es el Rey señor de vidas y haciendas, ni tiene en este régimen facultad ni posibilidad de trastornar la realidad social y nacional, creada y desenvuelta en el transcurso del tiempo por la actividad vital del pueblo. Lo primero lo hacía el absolutismo cesarista, y lo segundo, el absolutismo parlamentario; pero no lo puede hacer el Rey en nuestro régimen tradicional porque, merced a sus Instituciones, se convierte en realidad aquello de nuestras Leyes de Partidas, de que “no son los pueblos para los Reyes, sino los Reyes para los pueblos”.

El orden político monárquico español se funda sobre dos bases, en las que se resuelven todas las dificultades de las situaciones políticas modernas, se superan sus realizaciones y se alcanza la superior armonía entre la sociedad y el Estado. Son éstas: de una parte, el Poder político, uno, indivisible y soberano, encarnado en el Rey y ejercido, con los más prudentes asesoramientos, por los órganos permanentes y necesarios de gobierno, que sirven las distintas funciones de la soberanía; y, de otra, la Representación, reflejo fiel en las Cortes orgánicas, de sus regiones, de sus municipios y de todas sus clases, fuerzas y actividades, la cual ilustra y refuerza con su presencia y voluntad las decisiones del poder político, hace llegar al mismo la voz auténtica de las necesidades y deseos de la sociedad entera, le da o le niega los medios y recursos para las empresas políticas, e incorpora el pueblo en su totalidad al Estado.

No es, pues, la Monarquía que preconizamos una sola Institución: la del Rey, sino un sistema maravilloso de Instituciones, trabadas entre sí con vínculos muy sólidos, y que pueden reducirse fundamentalmente a las siguientes:

1. El Rey.
2. Los Consejos.
3. Las Cortes.
4. Los Ministros o Secretarios de despacho.
5. Los órganos regionales.
6. Los Municipios.
7. Los gremios.

A ninguna de estas Instituciones cabe desechar por rancia y anticuada: todas y cada una son susceptibles de nueva y vigorosa vida, con la adaptación necesaria a las realidades presentes, formando con todas ellas la armadura del Estado Español de la post-guerra. No se trata de exhumar cosas muertas y caducas; de todas ellas han llegado hasta nosotros restos, reliquias de su primitiva vitalidad y fuerza; y todas tuvieron, y tienen aún, hondas raíces en el subsuelo nacional, que hay que descubrir, sanear y fortalecer para que vuelvan a darnos espléndidos brotes y frutos copiosos para la vida feliz de España.

Tan amargo el recuerdo que había dejado la Monarquía constitucional y tan irresistible la opresión republicano-socialista, que ciertamente se puede decir que el 18 de julio no debe nada al pasado. «De abajo nada» decía aquel farmacéutico –¡pobres los beneméritos farmacéuticos satirizados!– que había perdido la fe en los medicamentos de su botica. De abajo nada. Del pasado nada.

Aún es poco. Porque a ese pasado había que extirparlo como a las fibrosidades del cáncer. Del pasado, nada. Pero en el pasado existía España, antes señora, luego esclava. Habían periclitado los reyes que sintieran lo que Carlos VII declaraba como primeras palabras, como saludo a los españoles en su manifiesto de 21 de abril de 1872: la obligación del Rey es morir por su pueblo o salvarle.

Existía ese pueblo y en defecto del tal Rey el Ejército, el Ejército que se conservó digno de español, asumió esa obligación: morir o salvarle. Y a costa del millón o algo menos de muertos, se le salvó.

Pues bien, la forma política, su forma substancial, de ese pueblo fue siempre la Monarquía y desde que se logró la unidad nacional se consumó la unidad monárquica. Ésa tenía que ser la Monarquía del 18 de julio.

Unos encumbrados excarlistas han pronunciado por TV –el más poderoso cloroformizador del pueblo– que estamos ante el acontecimiento de una Monarquía nueva. ¿Monarquía nueva? ¿Sin la patina venerable de los siglos? Porque los siglos en el transcurrir de las instituciones, en el juego regular autoridad y representación, lo bueno se consolida, lo imperfecto se depura, porque sólo el transcurrir de generaciones experimenta que el fin para el que Dios creó la sociedad e instituyó el poder es el bien común. El mismo sol que depura las aguas corrientes corrompe las estancadas. Porque aquéllas son corrientes entre las genuinas representaciones sociales y éstas quedan inmovilistas entre organismos autoritarios. Aquello es la Tradición. Y ésa es otra nota calificativa de la Monarquía Tradicional que no pretenderemos signifique tradicionalista, porque no es acepción de partido, sino consustancialidad nacional.

Una Monarquía nueva me huele a laboratorio, a fabricación casera o industrial pero artificiosa y convencional.

La Monarquía del 18 de julio es la misma, auténtica genuina e imprescriptible Monarquía nacional española. Solera pura. Sin Química.

Estructura funcional, no vestidura de temporada como las Repúblicas. Los franceses ya van por la quinta.

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Harina de otro costal es esa reiteración de las fórmulas restauradoras de las dinastías al modo que en 1869 ó 1876, todavía en germinación y compromiso sucesorio, salvo posible revocación, para ese día que quiera Dios dilatar, repetimos.