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La exhumación de Franco, retrasada por falta de base jurídica

15 julio, 2018




El Gobierno ha retrasado la polémica medida, no por una cuestión de imagen (el 18 de julio se cumple el 82º aniversario del inicio de la Guerra Civil), sino por razones estrictamente jurídicas.

Fuentes de la Abogacía del Estado confirman que Moncloa les ha encargado un informe con los argumentos legales suficientes para permitir una exhumación del cadáver de Franco que no le cause problemas a Sánchez en el futuro.

Y, según las mismas fuentes, ese documento no está elaborado. Los abogados del Estado “continúan trabajando en ello” y lo seguirán haciendo durante semanas e incluso meses, según sus cálculos.

De ahí que Sánchez haya decidido no arriesgarse y esperar a tener resueltos todos los resortes jurídicos, para evitar crearse problemas legales con esta medida.

Personas cercanas al asunto aseguranque la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos entra dentro de un programa “muy ambicioso” del Gobierno que incluye convertir la basílica en un lugar de “reconciliación” para ambos bandos de la guerra.

Lo cual implicaría un cambio de los símbolos, retirando los franquistas e incluyendo los republicanos y constitucionales. Algo que requiere también una fundamentación jurídica exhaustiva.

Igualmente, sería necesaria una base legal para el caso de que Sánchez siga adelante con la retirada de los monjes benedictinos del Valle, para convertir el monumento en un lugar laico, ajeno a cualquier relación con la Iglesia Católica.

Esta decisión conllevaría aún más estudio por parte de la Abogacía del Estado, porque habría que ajustarse a lo previsto en los vigentes acuerdos con la Santa Sede.

Sin embargo, el principal cabo suelto, que debe fundamentar sólidamente el Gobierno, es cómo sortear el previsible impedimento de la familia Franco.

Los herederos pueden tratar de evitar el traslado mediante la firma de un poder notarial en el que declaren su negativa expresa a que los restos del general salgan del Valle de los Caídos.

Fuentes del colegio de notarios de Madrid, consultadas por este confidencial, explican que ese documento bastaría en un litigio para hacer prevalecer la voluntad de los familiares de un difunto frente a cualquier otra decisión.

Así ocurre en no pocas ocasiones cuando, en estos casos, existen problemas con terceros. Algo que complica la maniobra que pretende el Gobierno.