Fuente: Del 20-D al 11-M, una historia de falacias y encubrimientos, Ismael Medina, Vistazoalaprensa.com, Edición número 208, semana del 25 de Febrero de 2006.



EL MAGNICIDIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1973

Los problemas de salud de Franco y la proximidad de su muerte extremaron la pugna entre los implicados en la reforma hacia la democracia convencional que el Caudillo había trazado, fieles al heredero que había designado. Frente a éstos se situaban los partidarios de la ruptura, de los que la Junta Democrática era su centro de actuación, a los que Don Juan de Borbón y Battenbeg facilitaba el juego, en pugna con su hijo para ocupar el trono. Estos últimos consideraban a Carrero Blanco un obstáculo a remover, según escribió Rafael Calvo Serer (“¿Hacia la III República Española? En defensa de la Monarquía democrática”, Ed. Plaza & Janés).

El compromiso de Carrero con Franco no era, como todavía se sostiene, perpetuar el franquismo, sino garantizar un progresivo proceso de marcha hacia la democracia de partidos mediante sucesivas reformas de las Leyes Fundamentales, uno de cuyos objetivos era la confirmación de su sucesor como rey de España. Remover a Carrero no sólo suponía para los rupturistas bloquear la presunta continuidad del franquismo. También impedir la sucesión en la persona del Príncipe de España, postular la candidatura de su padre y, con la aceptación de éste, promover un referéndum para que los españoles se decidieran entre monarquía y república, convencidos de que sería esta última la que ganaría por goleada. Desconocían que Carrero Blanco, aún más monárquico que Franco, había entregado al Príncipe de España una carta de dimisión sin fecha tras ser nombrado Presidente del Gobierno. Franco lo supo tardíamente a través de sus servicios de información, y acaso fuera el origen de su enigmática frase “no hay mal que por bien no venga”, contenida en su discurso de condolencia por la muerte de Carrero.

Los impulsores del atentado contra el Presidente del Gobierno fueron doce políticos, entre ellos miembros de la Junta Democrática, reunidos en un chalé de Aravaca. Uno de éstos trasladó la iniciativa al grupo comunista que preparaba el atentado de la calle del Correo. De allí, a través de un joven militante de la Liga Revolucionaria Comunista, se pasó el recado a ETA. Es posible que con el beneplácito del secretariado del PCUS para los partidos comunistas en los países no comunistas, al que ambas organizaciones pertenecían. El grupo de los cuatro desarrolló el aparato logístico de respaldo a la cuadrilla de ETA encargada de materializar el atentado. Está relatado con minuciosidad por Genoveva Forest Tarrat, mujer de Alfonso Sastre, ambos componentes del grupo que dispuso el atentado de la calle del Correo. Pero se han ocultado datos esenciales para un mejor entendimiento de aquella conspiración. Me refiero a los aportados por González-Mata, en un tiempo jefe de estancia de la CIA en España, en “Les vrais maitres du monde” (Ed. Grasset & Fasquelle, 1979), nunca traducido y editado en España.

De acuerdo con las revelaciones de González-Mata, las muy precisas informaciones de la CIA sobre los preparativos del atentado, así como los avisos de los jesuitas y de la Embajada de Italia, fueron bloqueadas a determinados niveles de los servicios de seguridad del Estado, lo que hace suponer que también del lado de la operación reformista existía la conveniencia de provocar con la muerte de Carrero un clima aprovechable de tensión. Ante la inutilidad de los avisos, el mando superior de la CIA resolvió que sus agentes facilitaran el atentado, una vez que a nuestras instituciones no parecía importarles la muerte de su Presidente del Gobierno y ésta convenía a sus previsiones políticas para democratizar a España una vez que Franco desapareciera. Fue así como un mercenario especializado en los más sofisticados ingenios explosivos, el mismo que terminó con la vida de lord Mountbatten, introdujo por Torrejón dos minas de última generación y las colocó sobre la parrilla dispuesta por ETA. Me refiero a Johny Maxwell, más conocido con el apodo de El Afortunado, que habitualmente residió en Panamá.

La investigación policial y la indagatoria judicial habían progresado mucho y estaban a punto de descubrir todo el pastel cuando, tras el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, fueron legalizados los partidos políticos y éstos constituyeron el Congreso de los Diputados. Uno de los objetivos principales de la inmediata Ley de Amnistía fue el archivo de la causa del magnicidio y la ocultación para siempre de quiénes fueron los inductores. También, por supuesto, del conexo atentado de la calle del Correo, en cuya investigación se habían encontrado relaciones institucionales con el PCE clandestino en el registro de la casa en que se ocultaba Sánchez Montero.