Tema: Autoridad del Estado católico ante las realidades socio-políticas (teólogos, 1969)

Fuente: Cruzado Español, Números 270 – 271, 15 de Junio y 1 de Julio de 1969, páginas 3 – 4.



Si los ciudadanos tienen que respetar las leyes, mucho más los clérigos

Los teólogos salmantinos se pronuncian sobre la autoridad del Estado católico ante las realidades socio-políticas

• El sacerdote que obstaculiza el cumplimiento de la Ley, infringe sus obligaciones.

• El poder civil puede juzgar las extralimitaciones sacerdotales.

• La libertad religiosa está limitada por el bien común del orden público.

• Al Estado compete la última decisión sobre los delitos que violan las leyes.

SI EN ALGO PECAN LAS ACTUALES AUTORIDADES CIVILES DE ESPAÑA, ES EN SU EXCESO DE GENEROSIDAD


Desde hace tres años se ha puesto de moda un singular «clericalismo» en España en ciertos sectores eclesiásticos, que aprovechan los generosos privilegios de la legislación española vigente, particularmente determinadas cláusulas del Concordato, para hacer valer sus puntos de vista políticos, utilizando edificios eclesiásticos que tienen un destino exclusivamente religioso. Esto, desde el punto de vista ético y canónico, es intolerable, ya que se quiere utilizar la condición eclesiástica como patente de corso para vivir al margen de la ley. Si todos los ciudadanos tienen que respetar las leyes del país, mucho más los clérigos, que, por su consagración a Dios, deben ser espejo de ejemplaridad cívica y de entrega al bien común, llevando la sal del Evangelio –sobrenaturalización de los valores humanos en su dimensión más alta– a la conciencia de la sociedad. El sacerdote no puede abdicar de su condición de consagrado a Dios para implicarse en valores temporales muy discutibles, que tienen que dilucidar los seglares.

Ante los hechos de implicaciones socio-políticas, detenciones y sanciones gubernamentales de varios sacerdotes, principalmente en Bilbao, y de los consiguientes movimientos de opinión pública, estimamos oportuno puntualizar varias cosas.

Al pronunciarnos jurídico-teológicamente sobre los hechos, sobre la reacción de la autoridad gubernativa y del público en general frente a los mismos, no es que pensemos que lo único que está en juego aquí es la existencia religiosa, puesto que está más que nada la honestidad ciudadana y el orden público; ni pensamos tampoco que sea obligación y competencia exclusiva nuestra, como profesionales de la Teología y del Derecho Eclesiástico, dictaminar para las conciencias de los demás. Reconocemos a todo ciudadano español, y, singularmente, a las autoridades, en cuanto responsables principales del orden público y en cuanto creyentes católicos, el derecho de juzgar y actuar mirando ambas vertientes del asunto. Nuestro ver y entender es el siguiente:


ACTITUDES IMPROPIAS DE LA CONDICIÓN SACERDOTAL

1. No es tolerable que un sacerdote utilice su condición de tal para prestar ayuda a individuos que viven fuera de la ley y que tienen que responder de crímenes y violaciones concretas ante la Justicia. Al obstaculizar el cumplimiento de la Ley justa, lesiona, infringe sus obligaciones.

2. En todo este asunto, que no es primariamente religioso-dogmático, sino socio-político, el examen y juicio de los hechos pertenece primariamente al poder civil; sólo secundaria e indirectamente pertenece al poder eclesiástico. No es verdad que sea competencia exclusiva de la Iglesia el juicio moral sobre materias de orden político. Es materia común a la Teología, a la Ética y al Derecho. La Iglesia, con sus teólogos y juristas, tiene algo que decir en este asunto desde el punto de vista de la Revelación y del derecho natural; pero el Estado, con sus filósofos y juristas, tiene mucho más que decir que la Iglesia, desde el punto de vista ético-socio-político, por ser asunto principalmente socio-político, ámbito en que el Estado es autoridad humanamente suprema. El Concilio Vaticano II dice taxativamente:

«La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas… Es de justicia que pueda la Iglesia… dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos» (Const. Past. «Gaudium et Spes», núm. 76).

Tampoco es verdad que sea función exclusiva de la Iglesia determinar cuándo un sacerdote excede los límites de su competencia en el ejercicio de su ministerio sacerdotal y pastoral. La Jerarquía eclesiástica puede y debe juzgar estos límites positivamente y desde dentro; el poder civil puede juzgar negativamente y desde fuera las extralimitaciones de sus funciones sacerdotales; puede saber por quién y cuándo es perturbado injustamente el orden público, obstaculizada la Justicia, etcétera, sea bajo pretextos religiosos o sin ellos. Las autoridades civiles católicas saben lo suficiente para discernir cuándo un clérigo se extralimita notoriamente en sus funciones sacro-pastorales, sin necesidad de consultar al señor Obispo. La cosa es clara en los recientes acontecimientos.


LÍMITES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

3. El derecho a la libertad religiosa, declarado en el Concilio Vaticano II, por ser un derecho netamente de orden «social y civil», como se dice de intento en el título de la Declaración «Dignitatis Humanae», está necesariamente limitado por el bien común del orden público, como reiteradamente lo advierte el Concilio:

«Su ejercicio no puede ser impedido con tal de que se guarde el justo orden público» («Dignitiatis Humanae», núm. 2).

«Dado que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse so pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección» (Ibidem, número 7).

4. Ha sido y es improcedente apelar en esta causa a la tutela del secreto profesional del ministerio sacerdotal. Hay mucha confusión en torno al llamado secreto profesional no sacramental, a cuya inviolabilidad se apela. Es abusivo llamar secreto profesional a todo lo que haga el sacerdote en secreto u ocultamente, aunque con ocasión del ministerio sacerdotal o gubernativo. Cuando el bien común de la sociedad (eclesiástica o civil) está en juego, no obliga ese secreto profesional extrasacramental. Un médico no puede cometer el crimen de aborto, aunque haya quien se lo pida ocultamente, como ejercicio de su profesión; un sacerdote no puede colaborar en otros delitos, aunque se acuda a él por ser clérigo y gozar de ciertas inmunidades personales que pueden hacerle más inexpugnable ante la autoridad. La obligatoriedad del secreto sacerdotal extrasacramental está en las mismas condiciones que los demás secretos profesionales confiados (el del médico, el del abogado, etc.), es decir, que cesa ante las exigencias del bien común. Es sentir común de moralistas y canonistas.

Por ejemplo, Prümmer, al tratar de las «causas justas de la revelación del secreto», establece el principio de cese de la obligatoriedad del secreto por exigencia del bien público, y aduce el ejemplo del médico que debe declarar al enfermo contagioso («Manuale Theologiae Moralis» II, núm. 179).

Y Merkelbach, sosteniendo igualmente que la obligación del secreto cesa por exigencias del bien público, por exigencias de caridad y de justicia legal, razona:

«La obligación del secreto que ha sido introducido en razón del bien público cesa cuando el bien público exige su revelación, conforme al adagio “salus reipublicae suprema lex”» («Summa Theologiae Moralis» II, núm., 855).

Lega-Bartocetti, comentando el c. 1.755, párrafo 2, 1º, sobre el respeto al secreto profesional, dice:

«No tiene potestad el juez de obtener la manifestación de dichos secretos al testigo sacerdote cuando su revelación aprovecha tan sólo al bien privado de otro ciudadano. No así, en cambio, si el bien público pide que estos secretos se revelen, a fin de que la cosa pública no reciba daño. Se dice en este caso que el testigo queda desligado de la ley del secreto. Y, por consiguiente, el interrogado se halla obligado a responder a la interrogación legítima» («Commentarius in Judicia Ecclesiastica», II, p. 662).

EL MINISTERIO SAGRADO

5. Aceptamos y reclamamos la libertad e inmunidad que hoy concede el Concordato al clero e instituciones eclesiásticas para el ejercicio del «ministerio sagrado». Pero es abusivo llamar «sagrado» al ministerio y actividades del sacerdote, o de otras entidades eclesiásticas, por el hecho de la naturaleza sagrada de la persona, o del lugar sagrado donde se ejerce aquél. Es triste constatar que hoy se hacen y dicen, por personas físicas o morales eclesiásticas, cosas totalmente ajenas al ministerio de la palabra de Dios y a las actividades verdaderamente «cultuales» (art. II, 1, del Concordato).

En el art. 34 del Concordato se reconoce el derecho de la Acción Católica a «desenvolver libremente su apostolado», sólo mientras «se mantenga, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado».

Cosa semejante hay que decir respecto de las actividades de cualesquiera otras personas eclesiásticas. Es triste reconocer que hoy se dicen y hacen demasiadas cosas en lugar sagrado, y por personas sagradas, que son totalmente ajenas al ministerio apostólico y «cultual».

6. Se invoca mucho el privilegio del canon y del fuero para lograr una inmunidad personal de los clérigos cuando éstos han quebrantado las obligaciones civiles o eclesiásticas.

Existe una ley civil que prohíbe a todos los ciudadanos (y los clérigos españoles lo son, con los derechos y obligaciones correlativos) atentar contra el orden público, promover disensiones tumultuarias, actuar en facciones políticas desintegradoras de la unión y concordia entre los ciudadanos; la transgresión constituye delito, sea quien sea su autor.

Además, existe otra ley eclesiástica para los clérigos en la que se les prohíbe que «en manera alguna tomen parte en guerras civiles o en las perturbaciones del orden público» (c. 141, 1, del Código de Derecho Canónico); el clérigo que quebrante esta ley se hace delincuente eclesiástico.

¿Puede, pues, el clérigo apoyarse en ciertos privilegios teóricos para gozar de inmunidad en orden a delinquir? ¿No cesa automáticamente esa inmunidad para el particular a quien resulta dicho privilegio como causa u ocasión eficaz de sus transgresiones?


COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA IGLESIA

7. Según la ley concordada, «el Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que exclusivamente violan una ley eclesiástica» (Concordato, art. 16, 3), «pero no renuncia al derecho de perseguir y juzgar los delitos que violen las leyes del Estado»; este derecho lo reconoce la Santa Sede a las autoridades civiles en el mismo artículo 16, núm. 4.

Bien es cierto que la autoridad judicial del Estado, antes de proceder en esos casos, debe solicitar el consentimiento del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso. Y si éste, por graves motivos, se opusiera, deberá comunicarlo por escrito a la autoridad competente, que sin duda es el Estado. Ante la negativa del Obispo, el Estado debe pesar la gravedad de los motivos por los que el Ordinario niega su consentimiento, y decidir lo que hay que hacer después de la negativa del Obispo y a pesar de ella.

8. En el Concordato no se declaran inmunes de posible detención o arresto preventivo a los clérigos. Tan sólo se necesita el diálogo previo entre la autoridad judicial y el Ordinario local cuando se trata de someter a los clérigos a «juicio criminal» (no, si se trata del «contencioso»). Pero, ante el caso de detención o arresto preventivo (durante setenta y dos horas), sólo se dispone que, en semejante caso, «los clérigos y religiosos serán tratados con las consideraciones debidas a su estado y a su grado jerárquico» (art. 16, 5).

9. Estimamos, finalmente, que si en algo pecan las autoridades civiles de España en sus relaciones con la Iglesia es en su exceso de generosidad.

Creemos que el Concordato actual, por los abusos que de algunas de sus cláusulas hacen no pocos clérigos, debiera reformarse, estableciendo un nivel de ciudadanía y de responsabilidad igual para todos los españoles; todos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, con exclusión de cualquier fuero especial cuando se trata de afrontar los Tribunales de Justicia.

Fray Guillermo Fraile, O. P., profesor de la Facultad de Filosofía;
Fray Maximiliano García Cordero, O. P., profesor de la Facultad de Teología;
Fray Arturo Alonso Lobo, O. P., profesor de la Facultad de Derecho Canónico;
y Fray Victorino Rodríguez, O. P., profesor de la Facultad de Teología,
todos ellos de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Un artículo de la época sobre aquel incidente político-religioso entre teólogos de la Pontificia de Salamanca

Revista FUERZA NUEVA, nº141, 20-Sep-1969 Religión y política La conciencia católica de nuestro pueblo se halla hoy (1969) profundamente turbada y sin saber a qué atenerse, al comprobar ciertas actitudes clericales contradictorias, y otras que desbordan el cometido de lo que hasta ahora se creía propiamente sacerdotal, para entrar con exceso en lo socio-político y temporal. Se hace esto amparándose en un pretendido monopolio clerical de la regla de la moralidad o del juicio moral sobre situaciones concretas que afectan al ordenamiento de la cosa pública o social. En este ordenamiento, por ser cosa de su competencia, es el Estado, son las autoridades civiles de la nación, las que tienen perfecto derecho a decidir y sentenciar, haciendo uso de su autonomía, en materia civil o política. Autonomía que algunos quieren minar, apelándose injustificadamente a la Iglesia como maestra y guardiana del orden moral, Dos escritos han visto últimamente la luz pública en los grandes rotativos de la nación (“Ya”, “ABC”) tocando este tema, verdaderamente candente. Y los dos debidos a profesores del mismo centro universitario (Univ. Pontificia de Salamanca). Pero ambos de signo contrario. En el primero (“Ya”), las puntualizaciones teológico-jurídicas iban derechamente a justificar la postura y hechos de quienes, prevaliéndose de su carácter eclesiástico y apelándose a eso de que “el juicio moral pertenece en exclusiva a la Iglesia”, se atreven, por un lado, no sólo a censurar sino incluso a ir contra el orden social y político establecido; y, por otro, se consideran exentos de rendir cuentas ante la justicia civil cuando ésta se ve obligada a intervenir para impedir que el orden social sea turbado indebidamente, invocando motivos o bajo pretextos religiosos. En el segundo escrito (“ABC”), la posición era diametralmente opuesta. Ni el juicio moral sobre materias de orden socio-político es de la exclusiva competencia de la Iglesia, ni los sacerdotes o ministros de la Iglesia pueden prevalerse de su condición de tales para meterse en lo que no les compete, que es lo socio-político, ni mucho menos para perturbar la paz pública o el orden establecido. Y, si a esto se atreven, deben atenerse a las consecuencias, respondiendo ante la ley y la justicia de sus extralimitaciones o transgresiones. No puede servirles de escudo su condición de sacerdotes. Todos en este punto, como ciudadanos iguales ante la ley. Con la particularidad de que el sacerdote o clérigo viene más obligado a ser buen ciudadano. Estamos totalmente de acuerdo con este último sentir, que viene abonado por el peso de mayores razones, y al que no falta tampoco el peso de la autoridad científica de los firmantes. Decimos esto porque pareció como si el diario de la mañana que publicó el primer escrito (“Ya”), quisiera apoyar y convencer a sus inocentes lectores de que el escrito por él dado a luz era la verdad monda y lironda, pues cuidaba de hacer la advertencia de que lo firmaba el “único español nombrado por el Papa para la Congregación de la Doctrina de la Fe”. Dejando aparte que es bien sabido aquello de que: de Roma viene lo que a Roma va, el hecho de haber sido escogido para figurar en la lista de esos teólogos asesores de la Congregación de la Doctrina de la Fe no prueba, y lo dijo expresamente el cardenal Garrone (que sabía muy bien lo que se decía) que los elegidos sean los únicos, ni los mejores. Han quedado fuera otros muchos y de mayor valía científica que los nombrados, y sus obras cantan por ellos. Pero vayamos al asunto. Si no hay claridad en las ideas y no se circunscribe bien el campo de lo que pertenece a Dios y de lo que pertenece al César, no hay posibilidad de tener un comportamiento cívico eclesiástico correcto. La autoridad civil es autónoma en el gobierno de lo temporal. Y, con el gran teólogo Vitoria, hay que repetir que sobre lo que conviene o no conviene para el bien común de la nación no es la autoridad eclesiástica la que debe decidir, sino la civil. De ahí -añadía textualmente- que “si el Papa dijere que algún acto de administración no convenía al gobierno temporal, no habría que hacerle caso; pues juzgar estas cosas al rey toca, no al Papa. Y aunque fuera cierto lo que éste dice, está fuera de su autoridad. En cuanto algo deja de ser contrario a la salvación de las almas y a la religión, deja de pertenecer al Papa” (Relect. Prior III, dub. sec. Pág 79). Por la misma razón, las autoridades eclesiásticas deben mostrarse sumamente respetuosas con los que gobiernan la nación y no meterse a decretar ni aconsejar cualquier cosa que a simple vista les pareciere ideal y a propósito para favorecer la moral o la religión, sin miramiento a lo civil y temporal; pues ni los príncipes ni los pueblos se hallan obligados ni se les puede obligar a lo más perfecto sino a lo moral y cristiano dentro de ciertos límites, y habida cuenta de situaciones concretas. El juicio moral práctico sobre lo que conviene, aquí y ahora, para el bien político y el bien común de la nación, máxime para el mantenimiento del orden público, no es a la Iglesia a quien compete sino al Gobierno o autoridad suprema de la nación. Si así no fuera, se podría, apelándose al juicio moral, entorpecer y perturbar la vida pública de un país. Por otra parte, derechos y deberes son recíprocos. Si el Estado los tiene para con la Iglesia, también está para con aquél. Y en ningún caso los privilegios o derechos que el Estado reconoce a los eclesiásticos, con proyección civil, deben servirles para perturbar el orden civil o sustraerse al peso de la justicia, que debe ser igual para todos. De ellos debe venir el más alto ejemplo de ciudadanía y ellos deben ser los primeros en sujetarse a la ley. ¿Se compagina bien esto con los sucesos que están acaeciendo, de un tiempo a esta parte, en nuestra patria, y de los que suelen ser protagonistas, dentro y fuera de las iglesias, algunos clérigos? Creemos sinceramente que no, y que semejante comportamiento es tan perjudicial para la causa política como para la religiosa de la nación. “Por amor del Señor -escribía el apóstol Pedro a los cristianos de su tiempo- estad sujetos a toda autoridad humana; ya al emperador ya a los gobernadores, como delegados suyos… temed a Dios y honrad al emperador” (I Petr. 2, 18). (El emperador era entonces Nerón, y para él exigía el apóstol de los cristianos obediencia y respeto). Ahora no hay aquí Nerones, creo yo. Pero ¿qué clase de obediencia y respeto para la autoridad civil revelan ciertas extralimitaciones clericales, a las que no se atreven los no clérigos? ¿Y cómo se hace honor a la suprema autoridad civil cuando hay sacerdotes que ni recitar quieren la oración imperada por el Jefe del Estado, siendo así que ello es, además, un acto de obediencia que deben poner en virtud de un Concordato solemne entre la Iglesia y el Estado? Y si no se cumple esta cláusula del Concordato, ¿por qué no se sanciona? ¿Por qué los que la incumplen se atreven luego a invocar los privilegios de canon y fuero para sustraerse u obstaculizar la acción de la justicia? Bien penoso es tener que hacer estas amargas reflexiones, referidas a aquellos que Dios puso para dar buen ejemplo y para ser luz y sal de la tierra. Ojalá sea eficaz el reciente ruego que nos hacía el Santo Padre para desarrollar una infatigable obra de paz y de distensión. Que no pierda nunca nuestra acción el sello inconfundible de hombres de Iglesia y que, como tales, nos guardemos de provocar intemperancias que no pueden encontrar suficiente justificación en el ímpetu de una ardorosa exuberancia o de un celo apostólico incontrolado e imprudente. B. MONSEGÚ