Fuente: Archivo Familia Borbón Parma, Archivo Histórico Nacional




Es frecuente evocar las glorias pasadas, sobre todo militares, del Carlismo, con el fin de mantener el espíritu que llevó a nuestros padres al sacrificio voluntario de sus vidas o sus haciendas. Pero rara vez se recuerdan los momentos de crisis o de eclipse –de amarga y desolada crisis– que no han faltado tampoco en el siglo y cuarto de su historia, y en los que el mantenimiento de la lealtad, menos brillante sin duda, hubo de resultar mucho más costoso y ejemplar que en las ocasiones heroicas.

Uno de estos momentos, el más grave de la historia carlista, es el que quisiera yo evocar aquí, no sólo como homenaje a los leales que hubieron de vivirlo y superarlo, sino en razón de la ejemplaridad que cada uno pueda encontrar en los hechos.

Corría el año de 1861. Unos meses antes había fracasado la intentona carlista de San Carlos de la Rápita. Había sido ésta la única acción que los carlistas emprendieron por procedimientos diplomáticos, con alianzas diversas y aprovechando una ocasión política, es decir, al margen de su sistema clásico de levantamiento de partidas y guerra abierta. En ella estaban complicados muy variados elementos, altos personajes del Ejército y de la política oficial que, en el momento culminante, fallaron. Incluso se habló en aquella época de que el propio Rey Consorte, D. Francisco de Asís, se había comprometido en la conjura, pesaroso quizá del apoyo que con su matrimonio había otorgado a la usurpación y del poco airoso papel que en la vida oficial le había tocado jugar.

A todos ellos había salvado el entero y caballeroso sacrificio del General Ortega, que consistió en morir ajusticiado sin declarar el nombre ni las circunstancias de ninguno de los comprometidos. Pero todos éstos, temerosos de lo que pudiera averiguarse, y bien situados en el mundo oficial, tuvieron buen cuidado de acentuar su pública profesión de anticarlismo y atribuir toda la culpa del fracaso al cerrilismo de los que se vieron prisioneros. Con aquello parecía concluida toda esperanza para la Causa carlista; incluso muchos de los que hasta entonces militaron en sus filas, creyendo definitivamente consolidado el trono isabelino, rindieron pleitesía a la Reina.

Como caso extremo y pintoresco se cita el de Fray Cirilo de Alameda, que fue Gran Consejero de Carlos V en la Primera Guerra, y que a la sazón era Arzobispo Primado de Toledo. En carta dirigida al Ministro de Gracia y Justicia condenaba en los términos más injuriosos a los últimos sublevados, y expresaba su adhesión incondicional a la Reina. A él mismo se atribuye el calificativo de “gavilla de perdidos y obcecados” a los que, en aquellos momentos de desaliento y dispersión, mantenían su fidelidad a Carlos VI y la necesidad de sostener las filas del Carlismo. Para colmo de males, el propio Rey, cuando fue encarcelado en Tortosa, había firmado un Acta de Renuncia a sus derechos que, aunque rectificada cuando se vio libre en Francia, había mermado inevitablemente su prestigio.

Todo parecía perdido para el Carlismo. Sin embargo, no acabaron allí sus desgracias. En aquel mismo año de 1861 se producía inesperadamente la muerte del Conde de Montemolín (Carlos VI), y recaían los derechos sucesorios en su hermano D. Juan, Príncipe alejado de los asuntos de España, de carácter débil y versátil, que pretendía, además, jugar un papel propio en la política europea con ideas oportunistas y extravagantes. En orden a estos fines había dirigido, años atrás, una carta a su prima Isabel II en la que hacía profesión de liberalismo avanzado, y daba como implícita la legitimidad de su Trono.

Para muchos, este triste azar histórico significaba la desaparición de la Bandera sostenida con tantos sacrificios. Se intentó atraer a D. Juan a una posición razonable, al cumplimiento de su deber, pero sobre él influía su secretario Lazeu, personaje oscuro que debía recibir instrucciones del Gobierno de Madrid y sacar buen provecho a sus servicios. En aquella práctica orfandad de Monarca, apurados todos los sacrificios y adversidades, ¡qué grado de obcecación no haría falta para mantener la Bandera del Carlismo, de la Legitimidad, frente a todos: los comprometidos con la situación y sus beneficiarios, los desalentados, los prudentes y sensatos, el propio Rey!

Unos cuantos, sin embargo, supieron conservarse fieles a las Bandera de la Tradición contra todo y contra todos, de acuerdo sólo con sus conciencias, y comprometiendo en ello incluso el bueno nombre de su personal sensatez y prudencia.

En esta situación transcurrió todo el año siguiente, 1862. En el 63 una luz de esperanza comenzó ya a brillar para los carlistas: el primogénito de D. Juan, educado y animado en la fe católica y tradicional por su abuela la Princesa de Beira, empezaba ya a despuntar en el más sano entusiasmo por la fe de sus leales. Él sería, con el tiempo, el más glorioso y representativo Monarca del Carlismo español: Carlos VII, Duque de Madrid. Sin embargo, nada podría hacerse en varios años, puesto que el Rey era D. Juan, y el partido vivía sin comunicación con él porque valía más no tenerla.

Unos años después (Abril de 1868) se produjo lo inesperado, lo que cinco años antes no podían ni sospechar los conformistas que desertaban del Carlismo: al morir Narváez, la Monarquía isabelina, aquella ciénaga de políticos y espadones, de pronunciamientos y desamortizaciones, quedaba sobre el vacío, tambaleándose sin una voz ni un brazo dispuestos a salir en su defensa. La Revolución y el destronamiento aparecen como cosa de meses, de días quizá. Entonces el Carlismo vuelve a presentarse ante todos los ojos como la única Bandera limpia y noble, como la Causa de la paz y del verdadero orden. Muchos escritores jóvenes –el grupo neocatólico y el conservador– acuden presurosos a aquel Carlismo huérfano de Monarca, sostenido contra viento y marea por unos cuantos insensatos. Aparisi, Nocedal, Navarro Villoslada, Gabino Tejado y tantos otros carlistas nuevos insuflan al partido el vigor y el entusiasmo de lo que van a ser sus mejores días.

La Revolución del 68 estalla al fin. Isabel II sale de San Sebastián hacia Francia sin que una sola voz clame en su defensa ni nadie la acompañe al destierro. Una débil Junta de militares y políticos, al frente del poder, ensayará primero una ridícula y efímera restauración sin partidarios (D. Amadeo), y entregará después el país a la I República, es decir, a una de las épocas más anárquicas y sangrientas que ha sufrido nuestro pueblo, inferior sólo a lo que más tarde sería el período rojo de la II República (1936 – 39).

D. Juan tiene entonces un instante de lucidez en medio de su inconsciencia, y abdica en su hijo, Carlos VII. Las filas del Carlismo se engrosan por momentos, y una nueva Guerra Carlista, cuarenta años después de la Primera, e inconcebible pocos años antes, estalla y aparece a todos como la única esperanza de salvación y de orden. Tampoco esta vez se ganará, pero ella hará posible el restablecimiento de la paz con la Restauración, más juiciosa, de Alfonso XII. Y todavía, cuando, cincuenta años más tarde, queda al descubierto la esencial inanidad de toda Monarquía liberal, y ésta desaparece fugitiva para siempre (1931), será un nuevo Alzamiento, en grande y decisiva parte carlista, el que restablecerá una vez más el orden y la posibilidad de un futuro de gloria.

¿Qué hubiera sido de nuestro país sin la generosa resistencia carlista en los trances caóticos de 1872 y de 1936? Sin embargo, esa continuidad y esa supervivencia no hubieran sido posibles sin los hombres que supieron mantenerse firmes, frente a los malos y los buenos, frente a los tontos y los listos, de 1861 a 1868.

Que su ejemplo nos sirva también, como el de los héroes de Alpens y Lácar nos sirvió en las peñas de Lemona o en Somosierra.




Rafael Gambra