17 de noviembre de 2006, 8h21
Un juez ordena prisión para el ex dictador uruguayo Bordaberry
MONTEVIDEO (Reuters) - El ex presidente de la dictadura militar uruguaya Juan Bordaberry y su ministro de Asuntos Exteriores Juan Carlos Blanco se sumaron el jueves a la lista de encarcelados por crímenes ocurridos durante el gobierno de facto, acusados de los asesinatos de dos legisladores en 1976. Un juez de Montevideo envió a prisión a ambos ex políticos por coautoría en los homicidios de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, secuestrados y asesinados en mayo de 1976 en Buenos Aires. Según medios de prensa locales, Blanco ya se encuentra recluido en la principal cárcel de Montevideo y se había emitido una orden de captura para el ex presidente. Sin embargo, el juez de la causa debe aún especificar el tiempo de la pena que deben cumplir. En septiembre, la justicia envió a prisión por primera vez desde el fin del gobierno de facto a casi una decena de militares retirados por desapariciones de personas ocurridas en la dictadura. Bordaberry, de 78 años, fue elegido en 1971 y tres años después disolvió el Congreso para mantener el poder en una alianza con los militares, que lo desplazaron en 1976. Blanco ya había sido encarcelado durante un año a partir del 2002, acusado de participar en el secuestro y asesinato de la maestra Elena Quinteros, militante de izquierda, en 1976. El ex canciller se enfrenta también a una petición de procesamiento en Argentina por el asesinato de los legisladores. Por su parte, Bordaberry espera por una decisión en otra causa judicial en Uruguay por violación a la Constitución al permitir el golpe de Estado. "Recibí el fallo con gran emoción por mí, por todo el país, por todo lo que ha sufrido este país y porque empiece la justicia a regir, cosa que venimos pidiendo todos estos años", dijo la abogada demandante, Hebe Martínez Burlé, al canal de televisión estatal. "Habló la justicia", dijo el presidente Tabaré Vázquez minutos después de divulgarse la decisión del juez. Tras el fin de la dictadura - en 1985 -, se aprobó una ley que prohibió los juicios a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos y en esa norma se ampararon los posteriores gobiernos para frenar investigaciones sobre el destino de las víctimas. Vázquez, un oncólogo socialista, fue el primer presidente que excluyó casos de la ley de amnistía para investigar el destino de desaparecidos secuestrados en el exterior, así como para ordenar la búsqueda de tumbas clandestinas en terrenos militares, donde se descubrieron los restos de dos militantes comunistas. Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el gobierno militar, la mayoría secuestrados en la vecina Argentina en operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad que fueron conocidas luego como "Plan Cóndor". Varios fueron traídos al país en vuelos clandestinos y luego ejecutados. /Por Patricia Avila/.*.