Tema: El presidente Arias Navarro (1974-76), liquidador del Estado del 18 de Julio

Lo anterior es relativo al Arias Navarro totalmente volcado en la apertura bajo Juan Carlos, 1976.

Sin embargo, Arias también había hecho gala de aperturismo, aunque mucho más cauto, moderado y disimulado bajo los dos últimos años de Franco (1974-75), sobre todo con las, entonces escandalosas para muchísimos, "asociaciones políticas", así como con la aprobación (sin previo aviso y por la puerta de atrás), del derecho de huelga, que conculcaba el espíritu y la letra del Fuero del Trabajo y las Leyes Fundamentales del 18 de Julio.

A continuación, una crítica al "Estatuto de asociaciones políticas" (preludio de los partidos políticos, entonces prohibidos) y cómo los presagios catastrofistas se cumplieron, multiplicados sólo un año después. Obsérvese, de paso, cómo el lenguaje y la situación política de la época de entonces son hoy prácticamente ininteligibles para el ciudadano medio "democráticamente adoctrinado".

Revista FUERZA NUEVA, nº 438, 9-Ago-1975 LAS “ASOCIACIONES”: CONTRA LA UNIDAD DE LOS HOMBRES DE ESPAÑA Mantenemos la tesis de que los artífices y partidarios, en general, de la implantación en España del asociacionismo político de carácter inorgánico (como el que resulta de la promulgación del Estatuto asociativo) guardan para buena ocasión los argumentos con que pretenden desvirtuar la oposición de los “nostálgicos”, o sea, de aquellos que propugnan la continuidad del Régimen (siempre con los convenientes perfeccionamientos), lo que quiere decir: de aquellos que se oponen, al igual que Franco, y al igual que la ley vigente, a la infracción de los permanentes e inalterables Principios del Movimiento Nacional. A nadie se le oculta ya que, desde hace años, se están produciendo fuertes presiones tendentes a que, en todos los órdenes estamentales, se produzcan los “presupuestos” necesarios para que el derribo y finiquito de nuestro Régimen político se convierta en una realidad tangible y concordante con los deseos de esos elementos de presión que, dicho sea de paso, nada tienen que ver con los intereses de nuestra Patria. Todos estábamos -y estamos- convencidos de que la unidad entre los hombres y las tierras de España abarca ambos conceptos, o sea, a los hombres y a las tierras. Vamos a dejar, por ahora, lo que se refiere a las tierras, entre otras razones porque la división de España, en este sentido, requiere como presupuesto “sine qua non” la previa división entre los hombres. Y esta división entre los hombres, promocionada por las susodichas fuerzas de presión, se traduce hoy en los partidos políticos que, por primera vez en la historia del Régimen, y en manifiesta contradicción con los principios que lo informan, se han regulado ya a través del meditado Estatuto de las asociaciones políticas. Naturalmente que no admitimos la refutación que consistiría en afirmar que las asociaciones no son partidos, porque, quien quiera que sea el refutante, jamás podrá explicar qué diferencia hay entre ambos conceptos (a tenor del Estatuto a que aludimos): imposibilidad que es una consecuencia directa de que entre ellos no hay más diferencia que el nombre. En resumen: en España, y en virtud de un decreto nulo (en razón a la apuntada contradicción), se han admitido y se han regulado, con todas sus consecuencias, los partidos políticos, base histórica de nuestra degradación, descomposición, decadencia y servidumbre a los intereses internacionales. No creemos que en época de Franco -ni en las anteriores- se hayan producido como ahora, en España, por parte de un presidente de Gobierno, tantas y tantas declaraciones, tantas y tantas reiteraciones conceptuales, ni tantos ni tan elogiosos comentarios a las mismas por parte de elementos que -nadie lo duda, y pese a sus fingidas posturas “ortodoxas”- son intrínsecamente enemigos del Sistema. Nos creemos con derecho a opinar que tal abundancia presidencial en especificaciones concernientes a un mismo programa tiene un fondo de justificación y excusa, una base pretendidamente profunda con que inculcar en la mente de los españoles que, a pesar de lo que pueda parecer, no existe indicio de resquebrajadura del Régimen: del Régimen que nos ha dado más prosperidad, más bienestar y más moralidad (todo hay que decirlo) en los últimos siglos. Poner en peligro al Régimen Recordemos, a este respecto, que el presidente Arias, en sus declaraciones políticas del 15 de junio de 1974, en Barcelona, alzó la voz para advertir que emplearía “todo su poder” en evitar que el cuadro constitucional fuera rebasado a consecuencia de la futura vigencia del asociacionismo político. Nosotros nos creemos también con derecho a opinar que el presidente, en aquella ocasión, vino a decir que el asociacionismo que se iba a regular pondría ciertamente en peligro la pervivencia de nuestro Régimen político por la sencilla razón de que, si no fuera así, no hubiera habido necesidad de formular aquella advertencia, que nunca en nuestra historia moderna se adivinó pudiera, por paradójica, producirse desde tan alta tribuna. Y, por lo mismo, también opinamos que si para desarrollar el Régimen la primera providencia que se adopta consiste en ponerlo en peligro, la actividad política que a tal situación conduce jamás podrá calificarse de desarrollo (idea pareja a la de fortalecimiento), sino, por el contrario, de acercamiento y asimilación a lo que es su antítesis, o sea, su enemigo. Nos hemos fijado también en que el presidente Arias, en sus declaraciones de 24 de junio de 1975, y refiriéndose al Principio IV del Movimiento, según el cual “la unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible”, concreta y especifica su decidida oposición a la desunión de las tierras, sin emplear las mismas concreciones en lo que concierne a los hombres. Y relacionamos esto con la declaración ya aludida de Barcelona, en la que repudiaba la situación anterior a 1936, “roturada de discordias y partidismo”. Y recordamos también cómo a partir de entonces se dio buen carpetazo a esta declaración en Cataluña, así como que ciertos periódicos coincidieron en la “errata” de poner en la transcripción la palabra “fatidismo” en lugar de “partidismo”, que era lo que el presidente había dicho, según consta y resulta de su declaración grabada. Y recordamos también cómo el cese del anterior ministro de Justicia, señor Ruiz-Jarabo, se produjo poco tiempo después de que éste formulara la declaración pública -a la que también, ipso facto, se dio buen carpetazo y ocultamiento- de que nuestro Régimen político “no iba a implantar ideologías importadas”. Cómo y por qué Después de todo lo que antecede, y guardando para la reserva otras anécdotas, conviene ahora decir cómo y por qué ha resultado posible que se haya decidido la aprobación de un Estatuto asociativo que implanta en España el sufragio inorgánico o universal, así como la asimilación futura de las Cortes a los clásicos y nefastos parlamentos, en los que se tiende -o se tenderá- a agrupar a los procuradores en campos ideológicos distintos, conseguidos a través de las oportunas “federaciones” asociativas, cada una de ellas con sus candidatos elegidos a propuesta de las mismas y aglutinados en núcleos divergentes, definidores, respectivamente, de una política, y sometidos a un mandato y a una disciplina extraños a nuestro Sistema. La presión internacional, al parecer, ha decretado una sui géneris interpretación de ciertos principios del Movimiento, interpretación ésta que no se ha dado a conocer públicamente, aun cuando suponemos que existe, puesto que no de otra manera puede haberse estructurado una concepción inorgánica -que equivale a decir prohibida- dentro del Estatuto de las asociaciones políticas. Según el Principio VI, la familia, el municipio y el sindicato gozan de las siguientes características: en primer lugar, son entidades naturales, y en segundo, son estructuras básicas de la comunidad nacional. De la misma manera que el Principio V dice que la comunidad nacional se funda en el hombre -como portador de valores eternos- y en la familia, el aludido Principio VI establece, a su vez, tres fundamentos de base estructural. Pero el que la comunidad nacional tenga a dichas tres entidades naturales como sustento de ella, no puede llevar a afirmar, de ningún modo, que la participación de los españoles que no se lleve a cabo directamente a través de las mismas haya de denominarse “complementaria” en vez de “básica” (supuesto del Estatuto asociativo). Y el hecho de que el mismo Principio VI se refiera a instituciones y corporaciones “de otro carácter”, no lleva tampoco a afirmar que “el otro carácter” se identifica con la concepción de “no naturales”, entre otras razones por que hay muchas entidades naturales en España que no son precisamente la familia, el municipio y el sindicato, y que no están excluidas de su posibilidad de participación. Claro que, en su día -no lo dudamos-, y desde luego bajo el mandato de otro presidente (que será cuando verdaderamente se produzca el “cambio”, cuyas bases elabora el actual Gobierno), se llegará a decir con claridad que la participación asociativa es puramente “complementaria”, en razón a que no se lleva a término directamente a través de las tres estructuras básicas a que nos referimos. La “división entre los hombres” se traduce hoy en los partidos políticos que, por primera vez en la historia del Régimen, se han regulado ya, a través del nuevo Estatuto de Asociaciones Sin embargo, la participación, a estos efectos, no debe ser denominada de ninguna manera, puesto que el Principio VI sólo incide en el señalamiento de bases de la comunidad, con abstracción esta vez de toda idea referente al proceso participativo. Y la interpretación definitiva, maquiavélica, improcedente y no confesable en público por ahora, consiste nada menos que en afirmar que el sistema representativo español, el sistema representativo del 18 de julio, permite que cualquier grupo político, principalmente los no naturales, goce de poder participativo, siempre y cuando su vocero ante el Poder lo sea también de alguna estructura básica. Equívocos De manera que el sistema orgánico del 18 de Julio se diferencia, políticamente, de los sistemas liberales que fueron abrogados con el sacrificio de centenares de miles de españoles en el pequeño detalle de que, esta vez, los titulares representantes de los grupos liberales lo serán también de las estructuras básicas. Y ello quiere decir, con toda simpleza, que ambos sistemas no se diferencian en nada, salvo en una pequeña formalidad de procedimiento a la hora de participar... Por eso nos permitimos decir que el presidente Arias, en sus últimas declaraciones, ha demostrado ser hombre del Régimen únicamente en lo que se refiere al énfasis proyectado sobre la unidad de las tierras de España (no de los hombres, puesto que en otro caso no estaría permitida la existencia de partidos políticos, como el Estatuto asociativo la permite), así como por su personal anuncio de una ley especial contra el comunismo (*), aun cuando suena de modo extraño el apuntado anuncio de ley, teniendo en cuenta que ésta existe ya (**), y también que el proyecto y pregón se formula desde la alta tribuna poco después de haber sido regulado por su Gobierno el “derecho” a la huelga (***), derecho cuya implantación en España ha sido dictada, ordenada y promocionada por el Partido Comunista. He aquí, por tanto, que el Régimen sigue circulando por el mismo camino, por el carril de siempre. Pero notamos que las agujas han sido cambiadas por donde el tren ha de pasar dentro de ciertos kilómetros de recorrido; y será entonces cuando se produzca la desviación. Será entonces cuando se recoja el fruto de haber despreciado la posición de las Cortes -cuyos miembros han jurado por Dios cumplir estrictamente con los principios del Régimen-, y será entonces, también, cuando se recojan los frutos de haber aniquilado moralmente muchas posiciones leales al Régimen y contrarias al Gobierno Arias, ante la evidente “ortodoxia” presidencial puesta de manifiesto, una vez más, y en una declaración más, a todo el pueblo español, por muy sinceros y por muy leales que sean sus componentes -incluidos los legisladores- al Régimen que surgió un 18 de julio y que, a costa de centenares de miles de vidas, pudo eliminar todo lo negativo que para España ha significado siempre el sufragio inorgánico o universal, recientemente restaurado en nuestra orgánica democracia Juan RÍOS DE LA ROSA

(*) Ley que nunca se aprobó
(**) Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo (1940)
(***) Decreto-Ley 5/75 de 22 mayo