Tema: La Causa General

Capítulo IX

MANIFESTACIONES DE LA INFLUENCIA SOVIÉTICA

El Frente Popular español —creado por la Internacional de Moscú, por cuyo encargo se ocupó al agitador Bela Kun, en abril de 1936, de explorar el ambiente político de España y, sobre todo, de Barcelona—, no dejó de estar al servicio de aquélla en ningún momento, sin que el influjo soviético fuera debilitándose durante el curso de la lucha civil. Por el contrario, esta influencia fué cada vez más fuerte y, ya al final de la guerra, el Gobierno del Dr. Negrín es sólo un eco de la voluntad de la Central Comunista, hasta el punto de suscitar en el propio seno del Ejército de la República el golpe de mano del Comandante Segismundo Casado, que en marzo de 1939 liquidó a la dictadura comunista de Negrín, que persistía en imponer a la zona todavía sometida a su dominio el sacrificio de una resistencia desesperada y estéril.
Todos los aspectos de la vida pública en el territorio marxista acusan esta preponderancia soviética: No se trata solamente de la política, general, de la Prensa, subvencionada o sumisa, ni del llamado Ejército popular, sujeto primero a los Comités rojos, y después a un instrumento de opresión tan implacable como el Comisariado político y vigilado por la Misión Militar Soviética —cuya Delegación en Madrid, instalada personalmente por Indalecio Prieto en el Hotel Gaylord durante el año 1937, recibe el nombre de «Estado Mayor Amigo»—. Es también la Hacienda pública, que envía a la U. R. S. S. gran parte de las reservas oro del Banco de España, que son descargadas en el puerto de Odesa.
La intrusión del comunismo soviético en la España republicana se advierte de un modo muy especial en la organización del terror y en las actividades de la Policía :
Unos delegados de la G. P. U., que se hacen llamar camaradas Coto, Pancho y Leo, secundados por un individuo que usaba el nombre de José Ocampo y varias mujeres intérpretes, instalados todos ellos en el Hotel Gaylord, de la calle de Alfonso XI, requisado por el «Estado Mayor Amigo», orientan durante el año 1937 las actividades de la Policía marxista madrileña, cuyos Centros visita asiduamente, prescribiéndoles una técnica determinada de investigación y haciéndoles poner en juego la peculiar táctica bolchevique de infiltración y provocación entre los elementos sopechosos, para hallar de este modo pretexto para la aplicación de medidas represivas de la máxima dureza. Además de la Policía común, dependiente de la Dirección General de Seguridad, se encuentra también sometida a la G. P. U. la Policía política creada por el Ministerio de la Gobernación con la denominación de D. E. D. I. D. E. (Departamento Especial de Información del Estado), incorporada más adelante, en 1938, al S. I. M. (Servicio de Información Militar). El D. E. D. I. D. E. de Madrid comienza a funcionar en 1937, bajo la tutela de los agentes soviéticos que acudían a la Prisión de San Lorenzo, por entonces asignada a dicho D. E. D. I. D. E., para dirigir los interrogatorios de los detenidos, cuyas revelaciones trataban de arrancar por medio de toda clase de violencias.
Una extranjera que se hacía apellidar Gilbert, era conocida en Barcelona como enlace del Cónsul general soviético, Owscenkco, para la transmisión de órdenes, durante los primeros meses de los sucesos revolucionarios, a un determinado grupo de «checas».
D. Antonio Gutiérrez Mantecón, que estuvo detenido en la mencionada Prisión de San Lorenzo, en diciembre de 1937, manifiesta en declaración obrante al folio 201 del Ramo número 37 de la Pieza número 4 («Checas») de la Causa General de Madrid, lo siguiente : « ... fué ingresado en la Prisión de San Lorenzo, perteneciente entonces al Departamento Especial del Estado (D. E. D. I. D. E.)... Fué víctima de toda clase de malos tratos y de obra y de amenazas, siendo golpeado con vergajos por los agentes interrogadores... Dirigía los interrogatorios un ruso alto, fuerte, de cara ancha, con pelo rubio, ondulado y peinado hacia atrás, que iba vestido con gabardina y una boina. Este sujeto, que ejercía autoridad plena en la prisión, siendo considerado como jefe de la Brigada, apenas hablaba castellano y se servía de una intérprete española de unos veinticinco años, que vestía camisa roja con corbata roja, y que se distinguía en los, malos tratos, siendo la que concretamente indicó que al declarante había que atarlo, desnudarlo y meterle en la «cámara», que era una celda muy fría en los sótanos, empleada para castigo ; también ordenaba que se golpease al declarante, como única manera de obligarle a confesar... Entre otros malos tratos sufridos en la checa de San Lorenzo, el declarante fué martirizado con duchas de agua helada, por la noche, en la misma celda del sótano y en pleno invierno; se trataba de cortarle la lengua con unos alicates por negarse a declarar y se le sometía constantemente a palizas, de las que todavía conserva huellas...»
También en Valencia, las crueles «checas» del D. E. D. I. D. E. son dirigidas de acuerdo con agentes rusos masculinos y femeninos.
La Delegación de la G. P. U. en Madrid, de acuerdo con el Partido Comunista español, al servicio de Moscú, y con las autoridades del Frente Popular, logró cumplir la consigna de asestar el golpe decisivo al P. O. U. M. (Partido Obrero de Unificación Marxista), fracción disidente del comunismo oficial y afecto a la política de Trotski. Desde el principio de la lucha civil española, el P. O. U. M. intervino en la misma al lado del Frente Popular, rivalizando en sus crímenes con los demás grupos subversivos. De nada sirvió al P. O. U. M. esta cooperación prestada a la causa roja: La Policía del Frente Popular, al dictado de la G. P. U, se aprestó a estampar en un simple plano de Madrid, encontrado en poder del Arquitecto D. Javier Fernández Golfín (fusilado luego con otras víctimas en Barcelona), un texto apócrifo de escritura en tinta simpática, que fué revelado por la propia Policía y presentado como prueba de un pretendido acuerdo entre el P. O. U. M. y el Mando nacional. El P. O. U. M. quedó disuelto; sus miembros más destacados fueron encarcelados y sometidos a proceso por alta traición y el Jefe de dicho Partido trotskista, Andrés Nin, fué detenido en Barcelona, con intervención de la G. P. U., y trasladado a Alcalá de Henares (Madrid), de donde desapareció, ignorándose si fué asesinado inmediatamente o conducido a Rusia.
El Agente de la Policía roja, Javier Jiménez Martín, que por orden de sus jefes formó parte del grupo enviado desde Madrid a Barcelona para hacerse cargo de Andrés Nin y trasladarlo a la capital, hace las siguientes manifestaciones, obrantes al folio 252 de los mismos Ramo y Pieza de la Causa General de Madrid : « ... Que ingresó en la Policía a fines de agosto de 1936... y que a fines del verano del mismo año fué destinado a la Sección de Policía que prestaba servicio en la Embajada rusa, para vigilancia de la misma, instalada a la sazón en el Hotel Alfonso, si bien a los pocos días de incorporarse el declarante a este destino, la Embajada se trasladó al Hotel Palace... Ocupaba la Embajada un ala de la primera planta del Hotel Palace... Oyó decir que el coche del Embajador..., que cree recordar era un «Studebaker», le había sido proporcionado a Rosemberg por el Partido Socialista, y según impresión del declarante, tanto este coche como todos los demás al servicio del personal soviético, era procedente de la requisa que hasta entonces habían llevado a cabo las milicias... Rosemberg desapareció de Madrid al aproximarse las Fuerzas nacionales. En cuanto al servicio llevado a cabo por la Policía roja contra la organización trotskista llamada P. O. U. M., tiene que manifestar: Que en los primeros días de julio, después del 4... y antes del (¿)ro, el declarante, al llegar un día a la Brigada, instalada en Castellana, número 19, recibió orden de estar preparado para salir inmediatamente a realizar un ser-vicio fuera de Madrid, con destino desconocido. En un coche subieron José, Valentí y Rosell, y en el otro los Agentes rojos De Buen, Aguirre, Ramallo y el declarante. Antes de salir de Madrid se dirigieron primero a la Comisaría General, donde entraron los tres jefes, saliendo poco tiempo y marchando seguidamente todos al Hotel Gaylord, residencia del grupo ruso, y allí volvieron a entrar los jefes, y al rato, hicieron entrar a los agentes y les dieron un bocadillo. Salieron para Valencia, donde fueron directamente a la Embajada rusa, instalada en el Hotel Metropol, y al día siguiente, después de pasar por la Dirección General de Seguridad, salieron para Barcelona... A su llegada a Barcelona fueron también directamente a la residencia diplomática rusa, instalada cerca de la Plaza de Cataluña, cree que en el Paseo de Gracia. Al siguiente día de llegar a Barcelona, según cree, se enteraron de que el motivo del viaje era una redada que pensaba hacerse contra la gente del P. O. U. M., a lo que el declarante no dió gran importancia, puesto que entendía que las dos ramas comunistas se llevaban poco y que lo único que ocurría era que la más fuerte aplastaba a la más débil, sin que nunca llegara a creer como cierta la versión de que la gente del P. O. U. M. se dedicaba al espionaje y estaba en contacto con los nacionales. Valenti instaló un despacho en la Jefatura Superior de Policía y allí fueron llevándose los detenidos, siendo el declarante uno de los encargados del asalto a la Redacción de «La Batalla», donde fueron encañonados y detenidos los elementos trotskistas, que no pudieron escapar... El Jefe del P. O. U. M, Andrés Nin, fué trasladado a Madrid, haciéndose cargo de esta misión José, Rosell, Urrésola (Andrés) y no sabe si también Ramallo. Ignora lo que ocurriera después, si bien al volver a Madrid oyó versiones según las cuales Nin había sido llevado a Alcalá de Henares, habiendo desaparecido después. Desde este momento de la salida de José de Barcelona, el declarante no ha vuelto a verle ni a saber nada de este individuo, que desapareció de la «escena».
Y el Abogado Gregorio Peces Barba del Brío, nombrado por el Gobierno rojo Fiscal, por razón de cuyo cargo intervino en las actuaciones que, como pura fórmula, se instruyeron con motivo de la desaparición de Andrés Nin, después de relatar, en declaración prestada ante la Causa General de Madrid, las incidencias del sumario y las coacciones que, como Fiscal, sufrió para que no se descubriese la verdad de lo ocurrido, consigna las siguientes conclusiones deducidas de las diligencias instruídas:
1ª. El procedimiento se instruyó por el deseo del Ministro de Justicia, Irujo, de salir al paso de la campaña de Prensa, que tenía unos caracteres alarmantes; pero con el propósito no confesado de los elementos comunistas del Consejo de Ministros y otros del mismo afines a ellos, de suspender la tramitación del mismo, cuando el Juzgado, por haber tenido éxito en sus diligencias, pudiera esclarecer la verdad de los hechos.
2ª. El momento de suspender la tramitación del sumario llegó cuando estos elementos comprendieron que detenidos David Vázquez Baldominos, Fernando Valentí, Rosell, Uceda y otros, que habían servido de instrumentos para la ejecución del hecho, pudieran hablar con toda claridad.
3ª. Los elementos comunistas y afines del Consejo de Ministros, en esta cuestión de la desaparición de Andrés Nin, estaban mediatizados por las indicaciones del Partido Comunista de España, pues ellos, personalmente, no deberían tener interés alguno en lo relativo a la averiguación de las causas de la desaparición de Andrés Nin, y que este interés era exclusivamente interés de Partido. Por otra parte, es preciso hacer observar que el Partido Comunista Español es simplemente una Sección de la III Internacional, que sabe el declarante que estableció en Madrid durante la guerra, su representación diplomática y oficiosa, establecida en el Hotel Gaylord, y de la cual, como tal Sección, recibía órdenes e instrucciones.
4ª. Como manifiesta anteriormente, cree que Andrés Nin no fue ejecutado en España.
La maniobra soviética contra el P. O. U. M. provocó serios revuelos en el seno del Frente Popular y, entre otras protestas, el Comité Regional del Centro de las juventudes Libertarias, en un manifiesto que alcanzó gran difusión —cuyo ejemplar obra en la Causa General de Madrid—, expresa, entre otras acusaciones contra el Delegado de Orden Público de Madrid, José Cazorla, afecto al comunismo : « ... cuando hace algunos meses daba la nota de que se había incautado de la emisora y del periódico del P. O. U. M. por considerarles desafectos al régimen, no hacía otra cosa que cumplir las órdenes del Partido Comunista. Con los camaradas del P. O. U. M. llegó hasta a practicar el crimen, envolviéndole en la impunidad de su cargo... Cientos de trabajadores honrados han sido apaleados y maltratados en las cárceles clandestinas. Cárceles que las controla el Partido Comunista para que el señorito Cazorla pueda satisfacer sus instintos dantescos. Todo esto lo conoce el pueblo de Madrid, quien viene soportando esta ola de terror conjunta con el heroísmo de los frentes. Sin embargo, ha soportado el crimen en silencio, para no perjudicar la marcha de las operaciones. Cosa que sabía el Delegado de Orden Público y abusaba de la situación... Es necesario que todo el pueblo de Madrid conozca que Cazorla es el asesino de los trabajadores y el que ha organizado la «checa» para impedir que los trabajadores honrados sean revolucionarios.»
En el correspondiente anexo se inserta fotocopia de un documento que acredita la injerencia soviética en la Administración de justicia en Barcelona.

Anexo IX

MANIFESTACIONES DE LA INFLUENCIA SOVIÉTICA

	Número 1 Injerencia soviética en la Administración de justicia en Barcelona
	Número 2 El cónsul general de los Soviets, Owscenco, y el agitador Ilya Ehrembur, en el puerto de Barcelona, con motivo de la llegada de un buque soviético con pertrechos para los rojos españoles en las primeras semanas de la contienda civil.

Causa General

Capítulo X

EJERCITO ROJO

Por haber licenciado el Gobierno del Frente Popular, al producirse el Alzamiento, a todos los soldados que se encontraban en filas —si bien pronto se rectificó esta medida—, el Ejército rojo se constituye en un primer momento a base de las milicias marxistas unificadas (socialdemócratas y comunistas), que al advenimiento del Frente Popular como Gobierno se habían formado por iniciativa de éste, como fuerza coactiva al servicio de la política de dicho Frente Popular. Estas milicias marxistas —que a partir del 16 de Febrero de 1936 detenían a los automóviles, obligándoles a entregar cantidades de dinero en favor del Socorro Rojo Internacional, por todas las carreteras, y cacheaban a los ciudadanos en todas las poblaciones, atribuyéndose funciones de policía— hacen su primera presentación oficial, perfectamente uniformados y disciplinados militarmente, durante el referido período prerrevolucionario, en la manifestación de primero de mayo del año 1936, prácticamente exceptuadas de la medida prohibitiva dictada por el Gobierno que había afirmado «que no se permitiría ninguna clase de milicias de carácter político uniformadas, y mucho menos su exhibición por la vía pública». (Documento número 1.)
En segundo lugar se forman unidades de milicianos con individuos de las sindicales obreras y partidos políticos frentepopulistas, tituladas con diversos nombres más o menos expresivos: «Leones rojos», «Columna de Hierro», «Temple y Rebeldía», «Amor y Libertad», «Spartacus», etc. Y, por último, se integran en el Ejército rojo los presos por delitos comunes, recién libertados: asesinos, ladrones y reos de delitos análogos de derecho común. (V. documento número 2,A).
Un caso que comprueba la afirmación del origen de las más destacadas unidades del Ejército rojo, cuya recluta fue realizada en los medios criminales, es el de la tristemente célebre «Columna de Hierro», de filiación anarquista, que sembró el terror desde el principio de los sucesos revolucionarios en toda la zona de Levante: Del 25 al 26 de agosto de 1936, por orden expresa del Frente Popular, fueron abiertas en Valencia la cárcel Modelo y el presidio de San Miguel de los Reyes, en que cumplían su condena, por delitos graves, centenar de delincuentes comunes. Sólo se exigía para la libertad que los excarcelados se afiliasen —dentro de la misma prisión— a cualquier partido político del Frente Popular. Los expresidiarios, libertados en masa, pasaron a engrosar las milicias dependientes del grupo de defensa de la C. N. T. y a partir de entonces, organizada ya a base de estos elementos la «Columna de Hierro)), esta unidad roja lleva a cabo toda clase de crímenes en las provincias de Levante, siendo varias las prisiones asaltadas por estos expresidiarios, que dieron muerte en ellas a multitud de presos políticos cuya detención era debida a sospechárseles desafectos al Frente Popular. En Valencia, el 14 de septiembre de 1936, es asaltada la cárcel Modelo por dos centurias de la «Columna de Hierro», mandadas por José Pellicer Gandía y Pascual Rodilla. Y en la misma fecha asaltaron el Archivo de la Audiencia y el del Gobierno Civil, sin que las autoridades rojas se opusieran ni aun formulariamente a estas actividades. De dicha «Columna de Hierro» se disgregaron varios grupos intitulados «Nosotros», «Los Indeseables» —formado por catalanes—, «Los Iconoclastas» y «Star», que tuvieron sometida a su capricho la región valenciana.
Se acompaña con el número 2, B y C., fotocopia de la Gaceta de Madrid, de 25 de enero de 1937, publicación oficial del Estado rojo, en la que aparece el Decreto-Ley de 22 de enero de 1937, en virtud del cual se amnistía —no se indulta, sino que se amnistía, medida aplicada hasta entonces en España y en el mundo entero civilizado, únicamente a los delitos puramente políticos-- a los asesinos y ladrones y a toda clase de maleantes que en «considerable número», como expresa la aludida disposición, forman parte del «Ejército del pueblo».
Todo este conjunto vino a formar el llamado Ejército popular, y a tales milicias se acuerda entregar las armas en la fecha histórica del 18 de julio de 1936, como resultado de la reunión que con el Presidente de la República, Manuel Azaña, tienen en el Palacio Nacional Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, ambos dirigentes del Partido Socialista, y los prohombres republicanos Diego Martínez Barrio (Presidente de las Cortes), Lara, Barcia y Sánchez Román. Largo Caballero mantuvo la decisión de armar al pueblo, criterio que, en definitiva, prevaleció por la decisión, de enorme trascendencia y responsabilidad histórica, del Presidente de la República, Manuel Azaña, quien alegó —según la declaración prestada por D. Ramón Feced Gresa, ex Ministro de la República y miembro del Partido Nacional Republicano, dirigido por el Sr. Sánchez Román— que «las teorías sin masas, no tenían valor.»
El Sr. Sánchez Román refirió al Sr. Feced la expresión de satisfacción y de triunfo que se reflejó en el rostro de Largo Caballero al escuchar la decisión del Presidente de la República, que llevaba en sí la imposición de dictadura marxista. Sánchez Román, ante una resolución tan grave, no se atrevió a prestar la adhesión de su partido al Gobierno que se formase.
Y al poco tiempo, y cuando la turba, encabezada por asesinos y malhechores de todas clases cometía, con las armas proporcionadas por orden del Presidente de la República, los desmanes ya conocidos, D. Manuel Azaña manifestó —también según declaraciones del Sr. Feced— «que cada día se sentía más satisfecho de no haber escuchado el consejo de quienes proponían no se debía armar al pueblo».
Constituido el Ejército rojo, figuran, por excepción, en él algunos militares de carrera, entre los cuales descuellan el General Miaja y el entonces comandante Vicente Rojo (que más adelante alcanza el grado de General por sus servicios al Gobierno marxista). Para apreciar la falta de sinceridad en la actitud de estos dos jefes, a quienes el Movimiento sorprende en zona dominada por el Gobierno rojo, bastará tener en cuenta el hecho de que ambos militares figuraban inscritos en la organización «Unión Militar Española (U. M. E.), que había sido formada frente al empuje demagógico de la República con el fin patriótico de oponer en el momento oportuno un dique capaz de salvar a España del embate comunista. Llegado este momento y fracasado el Alzamiento Nacional en Madrid, el General Miaja y el Comandante Rojo, que ven la suerte corrida por tantos jefes y oficiales del Ejército —muchísimos de los cuales son asesinados por el solo hecho de pertenecer a dicha U. M. E.—, lejos de solidarizarse con sus compañeros, se apresuran a brindar sus servicios al Frente Popular. Pero como su conciencia no está tranquila, y creen que con hacer desaparecer la ficha de pertenencia a la mencionada organización, desaparecerá el rastro de su actuación anterior, el día 18 de julio de 1937, el General Miaja, acompañado del que era Comisario General de Policía de Madrid, David Vázquez Baldominos, y del Comisario-Jefe del fichero político a cargo de la policía roja, se presentó en dicho departamento y ordenó se le mostrara su ficha y la del entonces coronel Vicente Rojo, y, una vez en su posesión ambas fichas, se las guardó en el bolsillo. Los funcionarios de dicho negociado, auténticos frentepopulistas, vieron con desagrado semejante conducta, por lo que decidieron levantar un acta, a fin de atestiguar lo ocurrido, acta que reviste interés histórico. (Documento número 3.)
Francisco Largo Caballero, en ocasión de un informe que rinde ante el Comité Ejecutivo de la U. G. T., con motivo de su salida del Gobierno en mayo de 1937, como Presidente del Consejo de Ministros —debido a una intriga comunista, que proporciona el Poder al Dr. Negrín—, da una lista de militares afiliados a la U. M. E., en la que figuran «el General José Miaja y el Coronel Vicente Rojo)).
El Ejército del Frente Popular queda muy pronto sujeto a la vigilancia del Comisariado Político, copia bastante aproximada del Comisariado Político Soviético. El primer Comisario General fue el socialista comunistoide Álvarez del Vayo; la influencia soviética fue decisiva, adaptándose como insignia del Comisariado la estrella roja de cinco puntas, extendida a todo el Ejército del Frente Popular, que adoptó como saludo militar el ademán del puño cerrado en alto. (Documento número 4.)
La labor del Comisariado Político no fue solamente de proselitismo, sino muy principalmente terrorista. La mayoría de los asesinatos cometidos en las unidades militares rojas contra sus propios soldados, sospechosos de desafección o tibieza, se deben a la intervención personal de los Comisarios Políticos, secundados en su tarea por gran número de agentes provocadores que, de acuerdo con la terminología soviética, recibían el nombre de «activistas».
A la vigilancia política del Comisariado se agrega en el año 1937 la vigilancia policíaca del S. I. M., que también asesina impunemente, teniendo a su disposición cada delegado del S. I. M., en las unidades militares rojas, una red de confidentes y agentes provocadores denominados «agentes invisibles».
La rivalidad entre ambos instrumentos de terror, Comisariado Político y S. I. M. —ambos igualmente criminales— es bastante viva, por responder uno y otro a diferentes matices dentro del marxismo, lo que no impedía la cooperación del Comisario Político y del agente del S. I. M. dentro de la misma unidad militar, cuando de cometer algún asesinato se trataba; siendo esta cooperación aún más estrecha cuando el Comisario Político, en vez de ser comunista, era socialista, filiación política que, sobre todo en el Ejército del Centro, caracterizaba a los jefes y componentes del S. I. M.
El Ejército llamado popular —en el que tantos ladrones y asesinos formaban, según confesión del propio régimen en su Decreto ya mencionado de 22 de enero de 1937— habría de comportarse de acuerdo con su origen, y su conducta en la guerra respondería a este mismo carácter. En refuerzo de este Ejército, según declaraciones de comunistas destacados, la Internacional Comunista ordenó a los afiliados de todo el mundo la prestación de la máxima ayuda, encuadrándose muchos de ellos, así como muchos aventureros sin patria, en las Brigadas Internacionales, y de este modo el hampa internacional acampa en la España roja, llegando sus primeras formaciones a Madrid, con toda clase de elementos de guerra, en los primeros días de noviembre de 1936. (Documentos números 5 y 6.)
Formaciones que entonces y, en lo sucesivo, sufren la depuración del Diputado francés comunista Andrés Marty, depuración consistente, según varios testimonios, en «eliminar físicamente» a los sospechosos de desafección al comunismo, lo que le valió a Marty el sobrenombre de «Carnicero de Albacete», ciudad en donde se concentraban dichas fuerzas antes de su definitivo destino.
El resultado es que en todas las Brigadas Mixtas del Ejército rojo se asesina por los más diversos procedimientos a cuantas personas resultan sospechosas de desafección. Las primitivas milicias voluntarias del Frente Popular resultaron bien pronto insuficientes para luchar frente al Ejército y al auténtico pueblo de España, y el régimen marxista hubo de recurrir a levas forzosas (Documento número 7); por lo que el Ejército frentepopulista quedó integrado en gran parte por multitud de ciudadanos que, residiendo por azar del destino en la llamada zona roja, no tuvieron más remedio que incorporarse al Ejército referido, so pena de ser asesinados ellos, o incluso sus familiares. Y de toda esta masa de reclutas es criminalmente eliminado todo aquel que por los informes que le acompañan, o simplemente por su aspecto, resulta sospechoso a los jefes del Ejército marxista.
En todas las Brigadas del Ejército rojo se asesina, sin que quepa señalar excepciones. Únicamente pueden establecerse diferencias de grado por razón del número de asesinatos y del refinamiento en su realización, pudiendo ser mencionadas, en el Ejército del Centro (Madrid), entre otras, las siguientes unidades, de cuya multitud de crímenes, judicialmente acreditados, se señalan aquí algunos por vía de ejemplo :
-Primera Brigada Mixta: Asesinato de D. Miguel Millas Caballero, de cuarenta y dos años, tipógrafo.
-Cuarta Brigada Mixta: Asesinato de D. Francisco Romero del Valle, de veintisiete años.
-17 Brigada Mixta: Asesinatos de D. Enrique Sanz Carrasco, de veintiséis años, ebanista, y de D. Juan Francisco Salazar Rozadilla, de veintiún años, estudiante de la Escuela de Artes e Industrias.
-18 Brigada Mixta: Asesinato de D. José Gárgoles Barrientos, de veinticuatro años, realizado en el verano de 1938.
-19 Brigada Mixta: Asesinato de D. Silvestre Campillo Pellicer, de veintiséis años. Según declaraciones de su viuda, doña Ignacia Carrera Alonso, fue asesinado por unos oficiales, un sargento, un soldado y un Comisario Político, siendo después profanado el cadáver por la mujer del Comisario, que se encontraba presente.
-21 Brigada Mixta, de la que formaban parte elementos del Batallón «Leones Rojos», integrado por dependientes de comercio pertenecientes a la U. G. T. Asesinatos de D. Santos Alonso Fernández, comerciante; de D. Feliciano Villoslada Sobrino, de veintidós años, comerciante; de D. Lisardo Ponchero Pérez de León, empleado, y de D. Vicente Pérez. Los cuatro mencionados, detenidos en el frente de Teruel, en unión de Juan Jarrote Naredo y José Pintado Calvo, fueron conducidos al pinar de Bézar, donde fueron amarrados a los árboles, siendo martirizados y privados de comida y agua durante algunos días, al cabo de los cuales y después de varios simulacros de fusilamiento, fueron asesinados los cuatro primeros el 10 de agosto de 1937, obrando declaraciones en este sentido de D. José Villoslada Sobrino y D. José Pintado Calvo, prestadas respectivamente el 18 y 19 de noviembre de 1941.
-24 Brigada Mixta: Asesinato, en el año 1937, de D. Francisco Hilario López Castellanos, de veintiséis años, industrial.
-26 Brigada Mixta: Asesinato de D. Máximo Burgos Arribas, dependiente de comercio de veintiún años. Seguido por el Tribunal Militar Permanente del Primer Cuerpo de Ejército rojo, con motivo de este crimen, procedimiento número 1.792, del año 1938, correspondiente a la 1.a División, fue sobreseído sin responsabilidad. Por declaraciones prestadas ante la Causa General de Madrid, en 26 de febrero de 1943, por el que fue sargento rojo Anastasio Prudencio García, resulta que la víctima fue asesinada en la madrugada del 3o de marzo de 1938 por orden del Capitán de su Compañía. Asesinatos de D. José Morcillo Sánchez, de dieciocho años, estudiante, y de D. Juan Carballar Pujol, de veintiocho años, cometidos el 20 de diciembre de 1937; seguido igualmente por la Jurisdicción militar roja, por este motivo, un procedimiento de pura fórmula, resultó sobreseído sin responsabilidad. Después de la liberación de España, declaró sobre estos hechos, ante la Causa General, en 12 de enero de 1943, el sargento rojo Antonio Sánchez Román, quien manifestó que el Capitán de la Compañía a que pertenecían las víctimas, ordenó al declarante fueran éstas asesinadas, mandato que fue cursado a dos cabos de la unidad, que lo cumplimentaron, realizándose el crimen en presencia de un Teniente, del declarante y de un sargento. Fueron también asesinados D. Manuel Izquierdo Ros, natural de Alcalá de la Serva, de profesión campesino, muerto en 12 de diciembre de 1938; D. Jesús Rodríguez Serrano, de treinta y un años, dependiente de vinos, asesinado en 17 de junio de 1937 por la patrulla de Comisarios Políticos; D. Severino González Pelayo, D. Manuel Ciudad Real González, D. Fortunato García Monteagudo, D. Gregorio Sánchez Camaraz, D. Alfredo González Gonzáles y otros muchos.
-27 Brigada Mixta, formada a base del Batallón de la U. G. T. «Ángel San Juan», cuyo Comandante fue el tranviario Sebastián Pérez: Asesinato de D. Rafael Fernández del Pino y Almenar, que en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1937 fue detenido en su chabola y muerto por la espalda por un teniente, un sargento, un cabo y un soldado de la Unidad, habiendo sido denunciado este asesinato en 24 de junio de 1941 por D. Manuel Fernández del Pino y Almenar.
-28 Brigada Mixta: El 16 de noviembre de 1937 fueron detenidos Carlos Río Miranda Ameijeira, Victoriano Paje Martín, Jerónimo Hijón, Baldomero Fernández, Pablo Carpeño Fuentes, José Antón Antón, Manuel Martín García, Eduardo Gálvez Galera y otros muchos, la mayor parte de los cuales fueron asesinados. En diversas ocasiones fueron realizados otros asesinatos, en grupos de tres, cuatro y hasta seis detenidos, constando sobre tales hechos declaraciones testificales, como la que el superviviente D. Eduardo Gálvez Galera prestó ante la Causa General en 26 de junio de 1941. Fueron asesinados también D. Aquilino Cuadrado (detenido en su casa, estando enfermo, y llevado directamente al frente), D, Lucas de Agustín Valdeolivas, don Agustín Flórez Martín, D. Fernando Carreras Miral y D. Victoriano Bastante Díaz, siendo archivados sin responsabilidad los procedimientos judiciales instruidos por las autoridades militares rojas con motivo de estos hechos. En la misma Unidad fueron arrancadas las orejas a un sargento de la Legión, prisionero, que fue a continuación asesinado, habiéndose publicado el hecho en la Orden correspondiente: «para que sirviera de estímulo y de ejemplo».
-29 Brigada Mixta, formada a base del Batallón comunista ((Leal», que tuvo su origen en una «checa)) de la barriada de la Guindalera; también integraban esta Unidad elementos del Batallón «Tomás Meabe»: Asesinatos de D. Diego Gutiérrez Fernández, de veinticinco años; D. Rafael Fernández Viscón, de veinte años; D. José María Correcher Benedito, de veintisiete años, sastre; D. Secundino Rodríguez Gómez, de veinticinco años, dependiente de comercio, y don Romualdo Ortiz Santiago.
-34 Brigada Mixta: Asesinato, en la madrugada del 15 de noviembre de 1937, del soldado D. Modesto Pérez López, con intervención del Comisariado Político de la Unidad.
-36 Brigada Mixta: Guarneció el sector de la barriada de Usera: Entre la multitud de asesinatos cometidos por esta Brigada, de significación marxista, figuran los de D. Antonio Gordón Maillo, don Hipólito Laya Baeza, D. Gregorio Lavalle de Miguel, D. Carlos Aguado Ros, D. Francisco Pérez Martín, D. Miguel Torres, D. Julián Berenguer Villaescusa y D. Angel Martínez Zuazúa. Los mandos de esta misma Unidad roja, de acuerdo con organismos comunistas de la capital, cometieron en el sector que guarnecía la 36 Brigada los asesinatos y expoliaciones conocidos por «Crímenes del Túnel de la Muerte», que se relatan por separado.
-39 Brigada Mixta: Esta Unidad, de filiación anarquista, tenía como Comandante a un ex presidiario por delito común de sangre. Guarneció el sector de El Pardo, y a su demarcación eran conducidas numerosas personas residentes en la capital, cuyo asesinato, ordenado por el Comité Regional de Defensa de la C. N. T., se realizaba con mayor sigilo en el frente que en la retaguardia; servía de enlace para estos crímenes entre el referido Comité y la 39 Brigada un oficial de la misma apellidado Adrados Almazán. Otros asesinatos cometidos contra soldados de la Brigada, tuvieron por víctimas a D. Luís Pardo Rodríguez, de veintitrés años, empleado; D. Joaquín Caballero Salamanca, D. Pedro Cachaza y D. Felipe Beaumont León, de veintitrés años, estudiante.
-40 Brigada Mixta: Constan, entre otras muchas víctimas, las siguientes: D. Emilio de la Pinta Marcilla, D. José López Elche, D. Emilio Mao Carballada, D. José Vilches, D. Mauricio Rochel Lucas y D. Germán Morales (que fue asesinado mientras dormía de un machetazo en el costado izquierdo, siendo obligado el Médico por el Comisario de la compañía a certificar que la muerte de la víctima había sido producida por herida de bala disparada a distancia, para atribuir la muerte a disparo de las Fuerzas nacionales; existe prueba testifical de la versión exacta de estos hechos).
-41 Brigada Mixta: Entre otros asesinatos, puede mencionarse el de D. Manuel Hernández Castañedo, de veinte años, que se incorporó a esta Brigada en cumplimiento de obligación impuesta por la Dirección General de Seguridad roja, donde la víctima había estado detenido.
-43 Brigada Mixta: Asesinato de D. José González Ramos, de veintidós años, empleado; de D. Miguel Cortés González, de veinte años (asesinado en unión de otros 12), y de otro soldado apellidado Ancós Hernández, de treinta y un años, comerciante (que fue asesinado en el sector de la Casa de Campo en unión de 22 soldados más.)
-44 Brigada Mixta: Consta, entre otros crímenes, el relativo a D. Francisco Lebrero Ortega, de veintiséis años, comerciante, asesinado, cuando se encontraba herido y acostado sobre una camilla, por el Comisario político; después de la total liberación de España, por el triunfo de las armas nacionales, la familia de la víctima realizó la exhumación del cadáver, apareciendo éste con manos y pies atados. También fue asesinado D. Florentino Pinés del Castillo, de treinta años de edad, carnicero.
-46 División: Esta Unidad, tristemente célebre, se encontraba mandada por Valentín González (a) ,El Campesino)). La capacidad de mando de este cabecilla rojo era escasísima, pero en cambio gozaba de gran influencia política, y su carácter era tan duro, según declaraciones de sus propios subordinados, que tan pronto como era desobedecido, o se sentía descontento de algún oficial o soldado, ordenaba su fusilamiento, siendo esta División considerada como una Unidad de castigo a causa de los malos tratos que en ella sufrían los soldados. Era frecuente que los mandos de la 46 División organizasen, sobre todo en Alcalá de Henares, alegres reuniones, que se prolongaban algunas veces por espacio de varios días, embriagándose los jefes rojos de tal manera que en algunas ocasiones arrojaban en este estado bombas de mano, habiendo resultado muertos con este motivo algunos soldados de la Unidad. Fueron asesinados en esta División, entre otros muchos, D. Eduardo Álvaro de Benito y Costa, D. Juan Verín Garrido, D. Jesús Ros Emperador, D. Agustín Ramírez Callar, D. José Riaza González, D. Manuel San Bartolomé Rodríguez y D. José Antonio Cascales Sánchez. Como muestra de los instintos criminales de «El Campesino», puede citarse el caso ocurrido en la posición denominada «Pico y Pala», del frente de Quijorna: Habiéndole sido regalado un día al cabecilla comunista una pistola, para probarla hizo varios disparos a corta distancia sobre unos prisioneros, que quedaron muertos en el acto.
En declaraciones hechas por «El Campesino» en el Mundo Gráfico, de zona roja, del 16 de junio de 1937, número 1.337, Valentín González «El Campesino)) manifiesta que a los quince años intervino con otros muchachos en el asesinato de tres Guardias civiles, volando con dinamita la garita en la que estaban encerrados; después de estar unos años en la cárcel y de una vida azarosa, se alista en el Tercio Español en Marruecos, en la 5ª. Bandera, bajo el nombre de Antonio Pérez, desertando y pasándose al enemigo de España, Abd-el-Krim, y continúa diciendo textualmente «El Campesino» : «Al principio, apenas empecé a inspirarles alguna confianza, me dieron el mando de una «jarca», de 300 moritos, de Infantería, y en seguida, otra de Caballería. Después me incorpora el cabecilla a su Estado Mayor, en el que me distinguía particularmente. La acción conjunta de España y Francia acabó con las ambiciones de Abd-el-Krim. Y cuando, ya prisionero de Francia, el movimiento que él acaudillaba fracasó, los miembros de su cuadro militar extranjero teníamos que optar entre permanecer en las kabilas, compartiendo con los indígenas la vida montaraz, o escaparnos. Yo decidí pasar otra vez a la zona española.»
-53 Brigada Mixta: Entre los numerosos asesinatos cometidos por esta Brigada, puede mencionarse el caso referido por los testigos D. Rafael Mora Rodríguez y D. Agustín Paredes Pastor, según los cuales, en marzo de 1939, el Comisario político de la Brigada, apellidado Humanes, asesinó a un cabo del Ejército Nacional que había sido hecho prisionero.
-67 Brigada Mixta: En declaración prestada en 28 de mayo de 1941 por doña Romana Hernández Alcina, manifiesta dicha señora que su hijo fue asesinado de un balazo en la nuca por un sargento de la referida Brigada, siendo incierta la versión --que con arreglo a la fórmula corriente dieron los rojos—de que la víctima había sido muerta al intentar pasarse a las filas nacionales.
-75 Brigada Mixta: Fueron asesinados en el sector de la Casa de Campo dos Tenientes del Estado Mayor del segundo Cuerpo del Ejército rojo, siendo el ejecutor material de los asesinatos referidos un soldado, apodado «Carapalo»; en la misma Unidad se cometieron varios crímenes más, entre ellos el realizado contra cuatro soldados, que fueron asesinados juntos, también en la Casa de Campo. La 75 Brigada tenía su origen en varias Unidades organizadas por el partido de Izquierda Republicana.
-77 Brigada Mixta: Esta Unidad, de carácter anarquista, fue formada sobre la base del batallón «Spartacus» y diversas milicias andaluzas y extremeñas, cuyos oficiales eran en su inmensa mayoría reos de delitos comunes, habiendo cumplido condena algunos de ellos en el presidio de Puerto de Santa María. Las milicias que dieron origen a esta Brigada habían ya cometido toda clase de tropelías, en su huída ante el avance nacional, por todas las localidades por donde fueron pasando hasta llegar a Madrid. Los asesinatos cometidos en esta Brigada pasan de mil, habiéndose dado el caso de que, al incorporarse un reemplazo llamado por el Gobierno rojo, y de cuyo reemplazo fueron destinados a dicha Brigada muchos catalanes, fueron asesinados en dos meses unos doscientos; por lo cual tuvo que ser reorganizada la Brigada sin haber entrado en combate, alarmándose los propios mandos militares rojos, que amenazaron con disolver la Brigada. Entre la multitud de asesinatos llevados a cabo en la Brigada 77, pueden mencionarse los de D. José y D. Fernando García Navarro, D. Enrique Díaz Penen, D. Manuel Díaz Ruiz, D. Alberto Jiménez de los Galanes, D. Victoria-no Bayo Marín, D. Francisco Torres Muñoz, D. Antonio Marín Castro, D. Luís Rodríguez Alonso, D. Carlos Marín Ibáñez, D. Guillermo Collar Collar, D. Baltasar Parra Martínez, D. Evaristo García Alises, D. Manuel Rodrigo Sánchez, D. Estanislao Iturbia García, D. Otilio Guijarro, D. Manuel Benzala Alvín y un soldado, apellidado Monterroso Hernández; pudiendo asegurarse que los asesinatos cometidos en el frente no fueron más que la continuación de una larga serie de crímenes que habían comenzado en Madrid, en la «checa» de la calle de Santa Engracia, número 18, donde fueron asesinadas muchas personas, entre ellas un número muy crecido de Guardias civiles, contándose, entre otras muchas víctimas, la artista Victoria del Mar, asesinada por negarse a entregar sus joyas a los jefes del batallón «Spartacus». Todos estos hechos se encuentran plenamente acreditados por muy numerosas declaraciones de testigos presenciales, que refieren que las víctimas eran previamente martirizadas en el puesto de mando de la Brigada, siendo después obligadas a cavar sus propias fosas.
-5.° Regimiento de Milicias Populares y División de Enrique Líster: Organizado el 5.° Regimiento de Milicias Populares desde el principio del Movimiento, en Madrid, con elementos comunistas, estableció «checas» en todos sus cuarteles, realizando así, tanto en la reguardia como en el frente, numerosísimos asesinatos, que siguieron perpetrándose cuando, definitivamente organizado el llamado Ejército Popular, el 5.° Regimiento inicial se convirtió en Brigada, y más tarde, en 11 División (Documento núm. 8 A y B), siempre bajo el mando del antiguo cantero y ex presidiario Enrique Líster. Entre otros muchos, pueden mencionarse los siguientes asesinatos cometidos en la «checa» de la calle de Lista, número 29, Cuartel General de Líster: D. Manuel Salvatierra Las Peñas, señora viuda De Villate, D. Luís García García, D. Manuel González de Canales y Romero, D. Rafael Rueda González, D. José Ureta Aransay, D. Ángel Núñez Canalda, D. Ramón Huertas López, D. José Fernández Arcos, D. Francisco Martínez García, D. Gaspar Martínez García, D. Pedro Martínez Raso, D. Juan de Silva López, D. Luís Casal García, D. Fernando Bouza Lama, y así hasta más de 70 asesinatos, investigados por la Causa General, siendo también muy numerosos los que la referida Unidad comunista realizó en su cuartel de la calle de Francos Rodríguez, en sus cuarteles secundarios y en los frentes de guerra. Enrique Líster llegó a ser encargado por el Gobierno del Frente Popular del mando del 5.° Cuerpo de Ejército.
En declaraciones a la Prensa roja, Mundo Gráfico, número 1333, del miércoles 19 de mayo de 1937, Enrique Líster Luján, jefe de la División de su nombre, reconoce haber sufrido una condena de un año y ocho meses de prisión por su «actuación social», primero en la cárcel, y luego, en el Castillo del Príncipe, en La Habana (Isla de Cuba), y que en 1932, siendo Presidente del Sindicato de Canteros, de Santiago (España), intervino en el asesinato de un patrono, teniendo que huir al Extranjero, volviendo nuevamente a España con nombre supuesto.
Tanto Líster como «El Campesino» son hombres sin cultura y sin ninguna clase de conocimientos militares. El Partido Comunista les rodea a ambos de Estados Mayores lo más competentes posible para que los individuos que los forman sean los que realmente, en sentido técnico, manden las Unidades, quedando «El Campesino» y Líster como figuras decorativas, a efectos de propaganda, para impresionar a las muchedumbres: son una creación más de la Internacional Comunista. (Documentos núms. 9 y 10.)
-Batallones Alpinos. Con este título fueron creadas dos Unidades rojas, que cubrieron línea en el sector de la Sierra de Guadarrama. En el Batallón Alpino, mandado sucesivamente por Raimundo Calvo Moreno y por Ángel Tresaco, fueron asesinados unos 200 soldados, y entre ellos, D. Pascual Vallespín Vicente, de veintiún años, estudiante; D. Luis Rodríguez Manteola, don Gonzalo Blanco Cal, don Francisco Collado Soler, D. Emiliano Agudo Salvador, D. José María Muñagorri Acorta, D. Manuel Bouz Bouz, D. Antonio Molinero, don Ramón Campa, D. Antonio Muñoz de Vacas (que fué asesinado en unión de otros dos soldados en el sector de la Fuenfría), D. Miguel Cervantes y dos soldados apellidados Larraz y Arconada.
-9.° Grupo de Asalto. Entre otros, fueron asesinados don Carlos Escudero, un Guardia llamado Patón y otro apellidado Mille.

Como en pura democracia resultaba conveniente dar a estos crímenes una apariencia de legalidad, se encargaban de esta misión de encubrimiento los Tribunales Militares rojos, en los que se seguía por cada caso —y no siempre—un procedimiento brevísimo, recibiéndose unas cuantas declaraciones, de las que, invariablemente, aparecía que la víctima «al intentar saltar las alambradas e ir corriendo en dirección a la zona facciosa» era sorprendido por las guardias, y «al darle el alto y no atender la llamada», dichas guardias tenían que disparar, «matándole en el acto»; en vista de lo cual, el acuerdo de dichos Tribunales rojos era siempre el sobreseimiento y archivo de las diligencias, sin imposición de sanción alguna, en vista de que los asesinos habían cumplido con su deber; siendo dictadas tales resoluciones con perfecto conocimiento por parte de los Tribunales de los crímenes cometidos, según resulta, entre otras muchas pruebas, de las declaraciones del Presidente de uno de estos Tribunales dependientes del Ejército del Centro. Por millares de declaraciones prestadas por familiares y amigos de soldados del Ejército rojo que perecieron en esta forma, así como por individuos que pertenecieron a dicho Ejército, y hasta por los mismos asesinos en muchos casos, han quedado perfectamente esclarecidos estos asesinatos, que se encubrían con la fórmula «al intentar pasarse al enemigo». Y esto ocurre durante todo el dominio marxista, hasta la liberación de la zona roja por el Ejército nacional.
En el correspondiente anexo documental se inserta fotocopia de varios folios de un procedimiento militar rojo, que constituye un ejemplo de estos millares de casos de encubrimiento judicial de los crímenes realizados, en cuyo suceso aparece el tiro en la nuca, que desde el asesinato de D. JOSÉ CALVO SOTELO se convierte en típico sistema de acción marxista. (Documento núm. 11, letras A a la E.) Investigado este caso concreto a raíz de la liberación total de España, queda perfectamente acreditado, por declaraciones de testigos presenciales, que la víctima, llamada D. Vicente Espallargues Sospedro, fué asesinada el día 30 de noviembre de 1937 por orden del Comandante, siendo ejecutores materiales un Teniente llamado Esteban Cerezo y dos enlaces. Consta también que en esta misma Brigada fueron asesinados don Pablo Borrella García, de veinticinco años; D. Mariano Serna Mora, de veintiún años, campesino; D. Manuel García Prados, de veintiséis, camarero; D. Alberto Diosdado, y otros muchos soldados de la Unidad, siendo explicados todos estos casos como deserción al campo enemigo. Es significativo el hecho de que el jefe del 117 Batallón de esta Brigada fuese Ismael Bueso Vela, antiguo Guardia de Asalto, complicado en el asesinato de D. JOSÉ CALVO SOTELO.
A fines del mes de octubre de 1937 los Mandos militares y el Comisariado Político de la 36 Brigada roja, que guarnecía el sector del barrio de Usera, en las afueras de la capital, puestos de acuerdo con la organización comunista madrileña, urdieron una maniobra consistente en atraer a dicho sector a cuantas personas, preferentemente adineradas, pudieron reunir, haciéndoles creer que iba a serles facilitada la evasión a la zona nacional; con el designio por parte de los comunistas de asesinar a dichas personas y apoderarse de cuanto dinero y objetos de valor llevasen consigo, a cuyo efecto se les instaba para que, aprovechando las condiciones de seguridad y comodidad que había de ofrecer su evasión, llevasen encima cuanto dinero y alhajas poseyesen.
Dirigió estas actividades, de acuerdo con los mandos de la 36 Brigada, un comunista, titulado Comandante del Ejército rojo, apellidado Durán, y sirvió de agente provocador un Capitán del mismo Ejército, apellidado Cabrera, que, fingiéndose afecto a la causa nacional y recurriendo a varios engaños, atrajo al sector de Usera, en varias expediciones, a numerosas personas, la mayoría de las cuales habían sido extraídas de las Embajadas y Legaciones extranjeras, donde se hallaban refugiadas, temerosas de la anarquía imperante en Madrid. Todas estas personas son asesinadas y despojadas, quedando sepultados sus cadáveres en un lugar próximo a la línea de fuego, donde fueron hallados e identificados al ser liberada la capital de España por el Ejército nacional. Al llegar las expediciones, conducidas en automóvil por los agentes provocadores y sus enlaces, al sector de Usera y apearse de los coches las víctimas, eran conducidas a un chalet que servía de oficina al jefe de Información de la Brigada, que era el propio Cabrera, que personalmente había llevado la provocación, convenciendo en Madrid a las víctimas y preparando las expediciones. Ya dentro de dicho chalet, las víctimas eran interrogadas y maltratadas en presencia del Comandante del 142 Batallón, Juan Ruiz Llamas, y de varios oficiales y milicianos incondicionales del mando rojo; a continuación, los detenidos eran despojados de todo su dinero y alhajas, y asesinados junto a las tapias del edificio, siendo enterrados, amontonados, en unas fosas, preparadas al efecto en aquel mismo lugar. El dinero y objetos de valor eran recogidos y trasladados a Madrid por los agentes comunistas. Se tienen noticias de ocho expediciones realizadas en esta forma, cuyos componentes fueron todos asesinados.
En dictamen emitido en 28 de octubre de 1939 por los doctores Piga y Aznar, en representación de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad de Madrid, se consigna que de los 67 cadáveres exhumados después de la liberación de Madrid, en las fosas de Usera, la mayoría habían muerto a consecuencia de disparos de arma de fuego, si bien algunos de ellos presentaban síntomas de asfixia o de estrangulación, apareciendo uno de los cadáveres con el cuello rodeado con una cuerda en forma de lazo; casi todas las víctimas presentaban las manos fuertemente atadas. De estos cadáveres, 36 han podido ser identificados por los respectivos familiares. Se acompaña fotografía de dos de las víctimas exhumadas. (Documento número 12.)
Han podido ser determinados por diversos medios los nombres de las siguientes víctimas de la provocación comunista relatada, cuyo asesinato, precedido de robo, realizó, durante los últimos días de octubre y mes de noviembre de 1937, la 36 Brigada Mixta del Ejército del Frente Popular:
D. Carlos de Garnica y Sandoval, D. José Garnica y Zapatero, D. Angel Méndez y González Valdés y sus cuatro hermanos, D. Ignacio, D. Félix, D. Jesús y D. José ; D. Rafael Lucio Villegas Escudero, D. Ambrosio Espinosa Rodríguez, D. Enrique Covián y Frera, D. José Ramón García Conde y Menéndez, D. José María Navarrete del Salar, D. Serafín Sánchez Pindado y D. Ismael Rodríguez Orduña (ambos sacerdotes), D. Manuel González Quevedo, D. Alfonso Dalmau Alecha, D. José Antonio Ateiza Areños, D. Pablo Vázquez Lázaro, D. Joaquín Gil Ruano, D.' Nicolasa Sánchez Pindado, D. Dionisio Celestino Martín Sánchez, D. Laureano Miró Barbany, D. Luis Miró Barbany, D. Joaquín Lopetedi Miró, D. Manuel de la Dehesa Fuentecilla, D. Alfonso Solance Beunza, D. Emilio Campos Burón, D. Domingo Delgado Sánchez, D. Eusebio Orgaz Berzocana, D. Manuel Toll Mesía, D. Estanislao Urquijo Landecho, D. Santiago Urquijo Landecho, don Fernando González Prieto y su hijo D. Fernando González Ledesma, D. Valero Ribera Ridaura, D. Francisco de Cubas y Erice (Marqués de Fontalba) y su nieto D. José de Hoces y Cubas, D. Isidoro Uceda Cano, D. Fernando Díaz de Mendoza y Serrano (Marqués de Fontanar), D. Luis Sangil Coronal (Marqués de Peramán), D. Antonio Sánchez Hermida, D. Ramón Ibarra Uriarte, D. Manuel Landecho y Ve-lasco, D. Antonio Robles Rodríguez, D. Antonio Arroque Ibarra, don Luis Vegas Pérez, D. José Duque de Estrada y Moreno, D. Antonio Bonilla San Martín, D. Santiago Prieto y Prieto, D. Fernando Rodríguez Orduña, D. José Rodríguez Orduña, D. Francisco Rubio Janini, D. Gerardo Aparicio Gordo, D. Jorge Manteola, D. Francisco Tejero del Barrio, D. Francisco Martín Gil, D. Manuel Navas Aguirre, D. Juan Antonio Sanz Pinilla, D.' Natividad Delgado Sánchez, D. Rodrigo Delgado Sánchez, D. José González Quevedo, D. Antonio Quiles Sanz y un señor apellidado Souceda.
Antes de su asesinato, las víctimas de cada expedición solían permanecer detenidas, durante cuatro o cinco días, en un sótano del referido chalet del barrio de Usera, siendo sometidas durante su secuestro a constantes interrogatorios, acompañados de martirios. Un reloj de oro perteneciente a una de las víctimas fue hallado por las Autoridades nacionales en poder de uno de los asesinos, llamado Gregorio Caballero.

El edificio del Palacio Nacional (antiguo Palacio Real), que sirvió de puesto de mando a una de las Unidades militares rojas que guarneció el frente de Madrid, funcionó como «checa» desde noviembre de 1936 hasta muy avanzada la guerra, constando numerosos asesinatos cometidos en la «checa» militar referida, directamente dependiente del jefe militar rojo que desempeñaba dicho mando, siendo el primero de estos jefes el Teniente Coronel Julio Mangada, y otro de ellos, el Teniente Coronel rojo Carlos Romero.
Las mismas características criminales que mostró el Ejército rojo del Centro, de cuya actuación en este sentido se han señalado sólo como limitadísimo ejemplo algunos casos concretos, acompañan a los demás Ejércitos marxistas repartidos por la zona dominada por el Frente Popular (Andalucía, Extremadura, Levante, etc.), cuyas tropelías y delitos de Derecho común han sido también judicialmente investigadas por la Autoridad nacional.
Los mandos de este mismo Ejército del Frente Popular llegan a intimar telefónicamente en Toledo, en la tarde del 23 de julio de 1936, al entonces Coronel D. JosÉ MOSCARDÓ, defensor del Alcázar, para que rindiese la fortaleza a las milicias rojas, bajo amenaza de asesinar a D. Luís Moscardó Guzmán, hijo del Coronel, que había sido detenido en una casa de la ciudad por las referidas milicias; amenaza que fue enérgicamente rechazada, tanto por el Coronel como por su hijo, en una conversación que mantuvieron, también por teléfono, y que ha alcanzado dimensión histórica. D. Luís Moscardó fue asesinado, y el Alcázar se defendió hasta que, casi destruido, fue liberado, juntamente con la ciudad de Toledo, el 27 de septiembre de 1936 por el Ejército de Franco. (Documento núm. 13. Declaración del Excmo. Sr. D. José Moscardó e Ituarte.)
Las Unidades disciplinarias y Campos de Concentración, cuyo régimen y custodia se había confiado al Ejército rojo, son verdaderos lugares de suplicio, en los que no se observa en el trato a los presos y corrigendos las mínimas reglas de caballerosidad, ni siquiera de humanidad, habituales, en cualquier Ejército civilizado.
Entre multitud de casos análogos, puede referirse el de Turón (Granada): En 3 de mayo de 1938 fueron sacados de la cárcel «El Ingenio», en varios camiones guardados por soldados rojos armados con fusil y bombas de mano, trescientos presos, siendo presenciada su salida por el Gobernador civil de Almería, Eustaquio Cañas, socialista asturiano, que en un mitin celebrado con ocasión de la fiesta roja de 1.° de mayo anunció a Galán, jefe del 23 Cuerpo de Ejército marxista, la salida de la expedición en estos términos: «Ahí te mando trescientos fascistas; cuando se te acaben pide más.» Llegados a Turón los presos, se les dice que van a ser ocupados en la construcción de una carretera. De madrugada se les entrega pico o pala, y vigilados por milicianos, son conducidos por un camino quebrado hasta el lugar del trabajo, distante ocho kilómetros; a los que se agotan o se retrasan se les acribilla a balazos, dando el Teniente la orden de que no se gastasen municiones y se empleara contra ellos la bayoneta. Son también asesinados cuantos presos desfallecen en el trabajo. En ocasiones, se les ordena transportar una pesada cuba cargada de agua sin que se derrame una gota, y al menor traspiés que haga derramarse el agua, el forzado es muerto de un disparo, encomendándose la tarea a otro, y así sucesivamente, habiendo cuba de agua que costó la vida a seis presos. Otro es lanzado con una carretilla por una cuesta abajo, y cuando, herido, intenta subir arrastrándose, es recibido con un disparo que le produce la muerte. Un enfermo que, debido a su estado, no puede levantarse para acudir al trabajo, es asesinado en unión de un hermano suyo, también preso, que se había abrazado a la víctima. La alimentación es escasísima, y los malos tratos y las vejaciones, constantes. Un sacerdote que se atrevió a rezar durante la noche, fue pisoteado y apaleado por un miliciano hasta arrojar sangre por la boca. Una treintena de presos comunes que figuraban en la expedición fueron elevados por los milicianos a la categoría de capataces; provistos de varas, secundaban a los milicianos en los malos tratos; un gitano, preso común, que vio herido a uno de los presos políticos, y a fin de congraciarse con el miliciano de guardia, descargó con violencia el pico de trabajo contra el pecho del herido, asomando la punta por la espalda. El 10 de junio de 1938, al mes y siete días de haber salido de Almería los presos, van asesinados sesenta y siete de los trescientos que salieron de «El Ingenio». A setenta y cinco asciende el número de víctimas de la primera expedición, y a quince el de una segunda expedición que salió con el mismo destino. Todos estos hechos han sido concretamente investigados y acreditados plenamente por la Causa General de Almería.
El 27 de octubre de 1936, en un ataque realizado por las fuerzas marxistas contra una posición nacional en el puerto de Somiedo (Asturias), fueron hechas prisioneras tres enfermeras del Ejército nacional, cuya personalidad consta; el Comandante rojo Jenaro Arias Herrero (a) «el Patas», jefe del sector, las condenó a muerte, sin formación de procedimiento alguno, diciendo a sus milicianos que aquella noche podían quedarse con las enfermeras y hacer con ellas lo que mejor les pareciera; en la misma noche fueron violadas por los milicianos en una casa del pueblo, e hicieron producir en el exterior del edificio diversos ruidos para ahogar los gritos de las víctimas. Al día siguiente, de madrugada, fueron asesinadas a tiros por unas mujeres voluntarias que, una vez cometido el crimen, las despojaron de sus vestidos, repartiéndoselos entre ellas.
El día 14 de octubre de 1936 fue hecho prisionero por los marxistas el defensor de la ciudad de Oviedo, D. Manuel de Rey Cueto, de veintinueve años de edad, y vecino de la misma; formaba parte como sargento voluntario del Regimiento de Infantería Milán núm. 32; fue crucificado y colocado de esta manera frente a las avanzadillas nacionales, en cuya forma fue encontrado el cadáver el día 21 de octubre del mismo año 1936 por las Columnas gallegas que establecieron contacto con la ciudad sitiada.
En la Marina de Guerra, la marinería que, excitada durante el período prerrevolucionario por la propaganda subversiva, había perdido toda noción de disciplina, al producirse el Movimiento Nacional se amotina contra sus oficiales (Documento número 14, letras A a la C), no para mantener la legalidad republicana, sino para imponer en los barcos la total anarquía. La oficialidad de la mayor parte de la Escuadra fue apresada por los marineros y subalternos que hicieron sufrir a los jefes y oficiales las más duras vejaciones, siendo asesinados un extraordinario número de ellos en increíbles circunstancias de ensañamiento.
Como episodio representativo de la barbarie de la marinería roja, servilmente alentada por el Gobierno del Frente Popular, pueden destacarse los crímenes cometidos en Cartagena, judicialmente acreditados todos ellos, tanto testifical como documentalmente:
El 21 de julio de 1936, la marinería afecta al Frente Popular habilita como buque prisión el transporte España núm. 3, y a él son conducidos los jefes y oficiales detenidos. El 14 de agosto del mismo año llegó a Cartagena el acorazado Jaime 1 con averías y bajas a bordo como resultado de un bombardeo de la Aviación nacional; en este buque se había constituido ya un Comité y funcionaba una Guardia roja. Los miembros de ambos organismos, secundados por los tripulantes del navío, decidieron vengar el ataque de que había sido objeto el buque en los detenidos a bordo del España núm. 3 y Río Sil, habilitado también como prisión, y en el que se encontraban, en su mayoría, los Guardias Civiles detenidos en Albacete y trasladados a Cartagena. Previa orden de la autoridad roja de Marina, fechada en 14 de agosto de 1936, a las once y media de la misma noche, fue trasladada la primera expedición, de diez detenidos, desde el buque Río Sil hasta las proximidades del Cuartel de Marinería, donde fueron desembarcados, apoderándose de ellos los grupos, que los condujeron entre golpes e insultos hasta el callejón que conduce desde el Arsenal a la Prisión Militar de Marina y a la Constructora Naval, en cuyo lugar se habían instalado unas ametralladoras que dispararon sobre los presos, que fueron rematados a tiros de pistola y desvalijados. Como este hecho alcanzase demasiada publicidad, se suspendieron las ejecuciones y se acordó que el Sil se hiciera a la mar con el España núm. 3. La marinería roja, en unión de grupos civiles extremistas, embarcó en remolcadores, dirigiéndose hacia los mencionados buques, formando el núcleo principal de estas turbas el Comité y Guardia roja del Jaime 1, la Junta de Gobierno del Arsenal con los mandos del mismo y numerosos milicianos. Cuando el buque Sil se hallaba a unas treinta millas del puerto, y con el pretexto de limpiar las bodegas donde se hallaban los detenidos, se les obligó a salir a cubierta, donde eran atados de dos en dos, con las manos a la espalda, colocándoseles unas parrillas a los pies y siendo arrojados vivos al mar, dándose el caso de que a dos de ellos se les soltaron las parrillas y quedaron en el mar reclamando auxilio angustiosamente, sin que se les hiciera el menor caso. Cuando ya habían sido sacrificados cincuenta y dos presos, los restantes se negaron a salir, amenazando con prender fuego al depósito de gasolina que había en la bodega, ante cuya amenaza, los asesinos depusieron su actitud e hicieron regresar el barco al puerto.
Mientras tanto, en el España núm. 3, cuando el buque se hallaba a unas veinte millas al Sur de Cartagena, la marinería e individuos embarcados comenzaron el asesinato de los Oficiales, a cuyo efecto formaron dos piquetes, uno a proa y otro a popa, sacándose el primer grupo de unos ocho o diez presos que fueron colocados, amarrados, en la banda de estribor; entre los caídos en este grupo figuran el Teniente Coronel de Intendencia D. Julián Pellón y el Teniente de Navío don José María Martín. Los asesinatos continuaron, siendo las víctimas obligadas a salir de una en una, en cuyo momento se les disparaba primero un tiro en la nuca y acto seguido otro en la frente, siendo arrojados los cadáveres, seguidamente, al agua. Hechos que constan tanto por notoriedad como por abundante prueba testifical e incluso documental, consistente en los partes de servicio dados por los jefes rojos.
Existen acreditados los siguientes asesinatos de marinos, perpetrados en Cartagena, sin contar los numerosísimos casos de marinos trasladados a otros puertos del Mediterráneo y asesinados durante su prisión:

• D. Ramón de Navia Osorio y Castropol.—Contralmirante.
• D. José Fernández Pery.—Capitán de Corbeta.
• D. Rafael Guitián y Carlos-Roca.—Capitán de Corbeta.
• D. Juan García de la Mata.—Capitán de Corbeta.
• D. Tomás Bustillo Delgado.—Alférez de Navío.
• D. Antonio Amusátegui Rodríguez.—Capitán de Corbeta.
• D. Eduardo García Ramírez.—Capitán de Fragata.
• D. Francisco Moreno de Guerra.—Capitán de Fragata.
• D. José Tapia Manzanares.—Teniente de Navío.
• D. Pedro Gutiérrez Ozores.—Teniente de Navío.
• D. Javier de Salas y Pintó.—Capitán de Corbeta.
• D. Remigio Jiménez Cervantes.—Teniente de Navío.
• D. Emilio Briones Saselli.—Teniente de Navío.
• D. José Vagué Pérez.—Alférez de Navío.
• D. Miguel Guitart de Virto.—Alférez de Navío.
• D. Guillermo Schalfhausenh Kebbon.—Teniente de Navío.
• D. Juan de la Piñera y Galindo.—Capitán de Fragata.
• D. José Arroyo Martínez.—Comandante de Artillería.
• D. Pedro García Quesada.—Alférez de Navío.
• D. Gonzalo Bruquetas Llopis.—Capitán de Corbeta.
• D. Manuel Bruquetas Gal.—Coronel de Artillería.
• D. José Nieto Antúnez.—Teniente de Navío.
• D. Enrique de Guzmán Hernández.—Capitán de Corbeta.
• D. Javier Carlos-Roca—Alférez de Navío.
• D, Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca.—Comandante de Ingenieros.
• D. José Rodríguez Guerra.—Teniente de Navío.
• D. Ramón María Gámez Fossi.—Capitán de Navío.
• D. Rafael González y Alvargonzález.—Coronel Auditor.
• D. José de Pedro.—Teniente de Navío.
• D. Francisco Rosado.—Teniente de Navío.
• D. Alfredo Oliva Llamusí.—Teniente de Navío.
• D. José Martín García Vega.—Teniente de Navío.
• D. José Luis Rebellón.—Capitán de Intendencia.
• D. Andrés Sánchez Ocaña.—Coronel de Infantería de Marina.
• D. Julián Pellón López.—Coronel de Intendencia, retirado.
• D. Francisco Ariza.—Teniente Coronel de Infantería de Marina.
• D. Fernando Ruiz de Valdivia.—Teniente de Infantería de Marina.
• D. Agustín Posada Orbeta.—Teniente de Navío.
• D. Juan Sarmiento de Sotomayor y Rubalcabar.—Teniente de Navío.
• D. Cayetano Rivera.—Capitán de Corbeta.
• D. José León de la Rocha.—Capitán de Corbeta.
• D. Eladio Ceano Vivas.—Capitán de Corbeta.
• D. José Otero Lorenzo.—Jefe Auxiliar de Aeronáutica.
• D. Antonio Fernández Salgueiro.—Teniente de Navío.
• D. Severiano de Madariaga.—Teniente de Navío.
• D. José García Saralegui.—Teniente de Navío.
• D. Jerónimo Martell.—Teniente de Navío.
• D. Manuel de Castro Gil.—Teniente de Navío.
• D. Cirilo Moreno Jiménez.—Teniente de Navío.
• D. Bernardo Blanco Pérez.—Teniente de Navío.
• D. Alfonso Alfaro y del Cueto.—Teniente de Navío.
• D. Ramón Ojeda López.—Teniente de Navío.
• D. Joaquín Farias Marqués.—Teniente de Navío.
• D. Edmundo Balbontín de Osla.—Teniente de Navío.
• D. Diego Hernández de Henestrosa.—Teniente de Navío.
• D. Ignacio Alfaro Foumier.—Alférez de Navío.
• D. Julio Marra López.—Alférez de Navío.
• D. Julián Martí y García de la Vega.—Alférez de Navío.
• D. Joaquín Rivero Picardo.—Alférez de Navío.
• D. Julio García Sánchez.—Alférez de Navío.
• D. Lorenzo de Acosta Gallardo.—Alférez de Navío.
• D. Joaquín del Hoyo Algar.—Alférez de Navío.
• D. Ricardo Bona Orbeta.—Alférez de Navío.
• D. Eusebio Franco Garmindo.—Alférez de Navío.
• D. Antonio Falquina y García de Pruneda.—Alférez de Navío.
• D. Alfonso Vare Mora Figueroa.—Alférez de Navío.
• D. Germán Portillo Alhambra.—Alférez de Navío.
• D. Juan José Rabina Poggio.—Alférez de Navío.
• D. José María Borreda Calatayud.—Alférez de Navío.
• D. Enrique Brazis Llompart.—Alférez de Navío.
• D. Jaime Janer Vázquez.—Alférez de Navío.
• D. Pablo Sánchez Gómez.—Alférez de Navío.
• D. Alvaro G. de Ubieta.—Jefe de Intendencia Civil.
• D. José María Rodríguez y Patudo de la Rosa.—Comandante de Infantería de Marina.
• D. José Virgili.—Teniente de Navío.
• D. Manuel Cebreiro Blanco.—Teniente de Navío.
• D. Ramón Dorda.—Teniente de Infantería de Marina.
• D. Carlos García Bermúdez.—Capitán de Infantería de Marina.
• D. Esteban Dodero Pérez.—Comandante de Infantería de Marina.
• D. Gerardo Fraile Massa.—Teniente de Infantería de Marina.
• D. Servando Arbolí.—Teniente de Navío.
• D. Carlos Laulhé.—Teniente de Navío.
• D. Carlos de Miguel Roncero.—Capitán de Infantería de Marina.
• D. Manuel Valdés Suardíaz.—Alférez de Navío.
• D. Ramón García Bermúdez.—Alférez de Navío.
• D. Antonio Alonso Riverón.—Capitán de Fragata.
• D. José María Calvar.—Teniente de Navío.
• D. Aquilino Aparicio.—Teniente de Navío.
• D. Juan J. Vázquez.—Teniente de Navío.
• D. José Cervía Cabrera.—Alférez de Navío.
• D. Ramón Rodríguez Lizón.—Capitán de Corbeta.
• D. José Barreda Aragonés.—Teniente de Navío.
• D. José Kith Canseco.—Teniente de Navío.
• D. Miguel Núñez del Prado.—Teniente de Navío.
• D. Heriberto de Goytia.—Alférez de Navío.
• D. Joaquín Ugidos.—Alférez de Navío.
• D. Manuel Esteban Ciriquian.—Alférez de Navío.
• D. Valentín Ariza.—Teniente de Infantería de Marina.
• D. Manuel Sierra Carmona.—Capitán de Corbeta.
• D. Miguel de Guzmán Hernández.—Capitán de Intendencia.
• D. José María Aznar y Bárcena.—Capitán de Fragata.
• D. Emilio Cunchillos Cunchillos.—Guardiamarina de tercer año.
• D. Marcelino Galán y Arrabal.—Capitán de Fragata.
• D. Vicente Gironella Ronquillo.—Capitán de Corbeta.
• D. Rafael Martos Giménez.—Teniente de Navío.
• D. José Verdaguer Puigmartín.—Teniente de Navío.
• D. Angel González López.—Teniente de Navío.
• D. Raimundo Torres López.—Teniente de Navío, retirado.
• D. Casimiro Jaudenes Junco.—Capitán de Artillería.
• D. Vicente Vidal Sales.—Capitán de Infantería de Marina.
• D. José María Mateo Vivancos.—Alférez de Navío.
• D. Luis de Abarca y Toca.—Alférez de Navío.
• D. Luis de Pando y Blanca.—Capitán de Intendencia.
• D. Francisco Gómez.—Oficial de Intervención.
• D. Abelardo de Labra.—Maquinista mayor, retirado.
• D. Francisco García Balanza.—Auxiliar de Oficinas.
• D. Isidoro Fernández.—Cabo de Artillería.
• D. Miguel Calvo Criado.—Particular (carpintero).
• D. José Sotelo Noguera.—Auxiliar segundo de Artillería.
• D. José Sierra Biennert.—Marinero de segunda.
• D. Antonio González Santa Olalla.—Marinero de segunda.
• D. Joaquín Gutiérrez Sierra.—Mozo de Intendencia.
• D. Guillermo López Biernet.—Escribiente de Servicios Técnicos.
• D. Teófilo Alvarez Collado.—Auxiliar de electricidad.
• D. Pascual Morales Moncho.—Mozo de farmacia.
• D. Germán Montero Lueces.—Operario.
• D. Luis Martínez Laredo.—Auxiliar de Infantería de Marina.
• D. Antonio Navarro Sánchez.—Auxiliar segundo de Torpedos.
• D. Antonio Marinez Monche.—Soldado de Infantería de Marina.
• D. Miguel Montes González.—Cabo primero de Artillería.

Fue consigna general de las fuerzas armadas rojas, a fin de prevenir, por medio del terror, las evasiones a zona nacional –cuya frecuencia, incluso entre campesinos, obreros y otros reclutas de posición social modesta demuestran el deseo de sustraerse a la tiranía marxista por parte de los que la conocían y sufrían de cerca—, reemplazar al evadido por alguno de sus hermanos, o incluso, otras veces, por su padre, sin reparar en la edad de éste; el rehén ingresaba en la Unidad militar roja con muchas probabilidades de ser asesinado por orden de los mandos militares o del Comisariado político.

Causa General

Anexo X (1)

EJERCITO ROJO

	Número 1 Madrid.- Primero de mayo de 1.936, periodo prerrevolucionario. Prohibidos por el Gobierno del Frente Popular los desfiles de formaciones militarizadas, esta prohibición no alcanza a las milicias marxistas, precursoras del futuro Ejército rojo.
	Número 2A Grupos de jefes y milicianos que sometieron al terror rojo la ciudad de Alcalá de Henares. (Fotografía publicada en zona roja en el periódico "Ahora" del día 22 de julio de 1.936, número 1.738). Se aprecia en la fotografía a los presidiarios libertados formado parte de las milicias.
	Número 2B Cubierta de la "Gaceta de la República" de 25 de enero de 1.937.
	Número 2C Decreto-ley de 25 de enero de 1937 por el que el Frente Popular amnistía a los delincuentes comunes que "en proporción considerable forman parte actualmente de las Milicias que se baten en los frentes por la defensa de la República".
	Número 3 Acta que acredita la sustracción realizada por el general Miaja de su ficha de afiliado a la U.M.E., así como la ficha del comandante Vicente Rojo.
	Número 4 Desfile militar rojo.- El ministro comunista de Instrucción Pública, Jesús Hernández, acompañado de los militares, también comunistas, general Miaja, coronel Ardid y el teniente coronel Ortega (ex sargento de Carabineros), saludan puño en alto.
	Número 5
	Número 6 Brigadas internacionales que con toda clase de elementos llegan a Madrid en los primeros días de noviembre de 1.936 para luchar a las órdenes del Gobierno del Frente Popular. (Fotografía publicada en la revista "Estampa", de Madrid, zona roja, número 488, correspondiente al día 29 de mayo de 1.937, en información relativa a dichas fuerzas).
	Número 7 Levas forzosas a las que hubo de recurrir el régimen marxista para actuar los efectivos del Ejército rojo. (Fotografía publicada el día 3 de junio de 1937 en el periódico "ABC", de zona roja, número 10.626).
	Número 8A Ejército del Frente Popular. (Fotografía aparecida en la zona roja e el número 1.868 del diario "Ahora", página quinta).
	Número 8B Desfile de las fuerzas comunistas de la división "Lister".
	Número 8C Fuerzas de la 11ª división comunista del Ejército rojo desfilando bajo el mando de una mujer, que ostenta el grado de comisario político, según fotografía del diario de zona roja "Ahora", de 23 de julio de 1.938.
	Número 8D Fuerzas del Ejército rojo en un acto comunista celebrado en el año 1.937 en el Monumental Cinema, de Madrid.
	Número 9 Enrique Lister, comunista. Uno de los más altos jefes del llamado Ejército Popular, responsable de multitud de asesinatos, tanto de soldados como elemento civil de la retaguardia de Madrid.
	Número 10 Valentín González (a) "El Campesino", comunista, alto jefe del Ejército del Frente Popular, tristemente célebre pro su crueldad contra sus propios soldados.

Causa General

	Número 11 Ejemplo de sistema de encubrimiento judicial de asesinatos en el Ejército del Frente Popular.
	Número 12 Cadáveres de dos de las víctimas del "Túnel de la Muerte" de Usera, al ser exhumados.
	Número 13 Capilla ardiente en Madrid del internacional marxista Hans Beimler, comisario político del 5º regimiento de milicias rojas, presidida por el retrato de Stalin.
	Número 14A La marinería del destructor "Sánchez Bazcáiztegui", amotinada contra la oficialidad, después de haberse apoderado del barco, según fotografía del periódico "Ahora", del 30 de agosto del año 1936.
	Número 14B Marineros de la Escuadra roja.
	Número 14C Marineros del arsenal de Cartagena, en cuyo Departamento Marítimo fueron cruelmente asesinados numerosos oficiales.

Causa General

Anexo X (2)

EJERCITO ROJO

Declaración del General Moscardó
DON JOSE MOSCARDO E ITUARTE, General de División, Caballero de la Orden Militar de San Fernando y Jefe del Cuerpo de Ejército de Aragón,
CERTIFICO:
Que con arreglo al cuestionario de preguntas que se me presenta,
Declaro:
A la primera pregunta: El Alzamiento Nacional en Toledo hasta quedar sitiado el Alcázar.
En el año 1936 era Coronel Director de la Escuela Central de Gimnasia y Comandante Militar de Toledo.
Toledo carecía de guarnición militar; en él estaban la Academia especial de Infantería y Caballería, Escuela Central de Gimnasia, Colegio de Huérfanos de María Cristina, Fábrica Nacional de Armas, Caja de Recluta número 3, Cabecera de Tercio de la Guardia Civil y Comandancia de la Guardia Civil y una Comisión de Guardias de Asalto y locales.
Todos estos elementos eran afectos al Movimiento y solamente no se tenía seguridad de algunos elementos de Asalto (Oficiales) y de la Fábrica de Armas (Oficiales).
Como el ambiente social se iba enrareciendo cada vez más, dividí la población en sectores, al frente de los cuales puse un Jefe, a cuyos Jefes reuní en mi despacho para estudiar todo lo relativo a la defensa de Toledo, caso de llegar el Alzamiento o que los rojos lo provocasen.
Con motivo de un incidente provocado por un vendedor de periódicos con un alumno de la Academia de Infantería se llegó a una tirantez que estuvo a punto de hacer estallar una situación grave, pero que también puso de manifiesto la unión de todos los elementos con que se creía contar desde el principio. A consecuencia de estos incidentes la Academia fue trasladada al Campamento de los Alíjares, y el curso de Oficiales de la Escuela de Gimnasia se suspendió, como también trajo consigo la destitución del Gobernador Civil, Vicente Costales. A éste le sustituyó el de Albacete, D. Manuel María González, quien desde el primer momento se sumó a los elementos de orden, haciendo que volviese la Academia del Campamento, por cuyo motivo se le hizo un gran recibimiento por los elementos de derechas y causando gran contrariedad en los elementos contrarios, que provocaron incidentes, que fueron rápidamente zanjados.
En esta situación llegó el 18 de julio, fecha en que me encontraba en Madrid preparando el viaje a Berlín para asistir a la Olimpiada de 1936, en calidad de Director de la Escuela de Gimnasia, y en esta población tuve conocimiento del Alzamiento de las guarniciones africanas, punto inicial esperado para emprender nuestra Santa Cruzada, e inmediatamente abandoné todo proyecto de viaje y me incorporé con toda urgencia a Toledo, adonde llegué sobre las tres de la tarde, e inmediatamente circulé órdenes a todos para que se incorporasen a los puestos que previamente tenían designados.
Mi puesto de mando lo establecí en el Gobierno Militar, aunque el lugar de reunión durante el día era el Alcázar, con el que tenía comunicación el Gobierno sin pasar por las calles de la ciudad.
Se me ofrecieron bastantes elementos de orden y se procedió a su organización, así como a la ocupación de los puntos estratégicos de la población, entre los que se contaban la Fábrica de Armas, que tenía una sección de guarnición procedente del Regimiento de Madrid, a la que se reforzó con Guardia Civil, y Escuela de Gimnasia, avanzada en el camino de Madrid, que fue guarnecida por fuerzas de la misma Escuela, reforzada por algunos números de la Guardia Civil.
Por la noche de este día habló por radio la diputado comunista «Pasionaria» excitando a las masas para que saliesen armadas a la calle, y al final de la emisión salieron los rojos de los locales del Sindicato en dirección a la Plaza de Zocodover, y desde las bocacalles hicieron fuego sobre el retén de la Guardia Civil que había en los soportales de la citada Plaza, hiriendo a tres guardias; oídos los disparos desde el Alcázar bajé con Oficiales armados a Zocodover, repeliendo la agresión y causándoles dos muertos y varios heridos, que quedaron abandonados, y enterado que tenían cercados a los elementos de Falange y Acción Popular en el local de estos últimos, ordené se les liberara, lo que se efectuó, incorporándose todos al Alcázar, procediendo a armarlos y encuadrarlos.
Como por la situación especial del Gobernador Civil con relación al Ejército no hacía falta la declaración del estado de guerra, se siguió trabajando en la organización de todos los elementos para la ocupación y defensa de Toledo, entre los que se tenía estudiados, y así se hizo la concentración en Toledo de las fuerzas de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, la que se hizo en camiones desde las cabeceras de las compañías respectivas el día 21 de julio, trayendo consigo los guardias sus familias y enseres.
Desde el Gobierno Civil y por teléfono me comunicaron que un Diputado socialista se había presentado con orden del Gobierno de hacerse cargo del armamento de los Caballeros Alumnos y de la Guardia Civil, y se le contestó que subiese al Alcázar, que allí se trataría el asunto; pero el Diputado optó como mejor solución la de marcharse a Madrid directamente, viendo, indudablemente, que no sólo no conseguiría su objeto, sino que él corría un verdadero peligro de caer en rehenes. Dándose cuenta en Madrid de que la actitud de los elementos militares de Toledo no estaba nada clara, y por otra parte no se había declarado el estado de guerra, dieron orden por teléfono desde el Ministerio de la Guerra de que se formase un convoy con todas las municiones existentes en la Fábrica de Armas, cuyo convoy debería ser escoltado por doscientos Guardias Civiles.
Con objeto de obstaculizar todo pedí la orden por escrito, pues aunque se me decía que era Sarabia en persona, podía ser otra persona, y siendo asunto de tanta monta, necesitaba tener la seguridad completa de la certeza de la persona y orden. Todo esto exasperó en Madrid y dieron órdenes por teléfono en todos los tonos, y ya a la vista de la tirantez existente, se dispuso la declaración del estado de guerra el día 21 y la recogida de las municiones, que fueron llevadas, naturalmente, al Alcázar, y desde este momento empieza el asedió del Alcázar, adonde se llevó al Gobernador Civil con sus familiares y varias personas más izquierdistas en calidad de rehenes.
A pesar de declarar el estado de guerra, apareció un avión rojo que arrojó proclamas para la tropa, diciéndoles estaban licenciados, que no tenían que obedecer a sus jefes, pudiendo marcharse a sus casas, y en vista de no conseguir resultado alguno, volvió nuevamente un avión que arrojó unas bombas sobre el Alcázar y sus alrededores.
Los destacamentos fueron atacados al presentarse la columna que de Madrid, y mandada por el General Riquelme, tenía por misión ocupar Toledo y reducirnos.
La Escuela de Gimnasia, avanzada sobre el camino de Madrid, en la que se concentraron los elementos previstos para su defensa, no reunía condiciones ningunas para ella, por lo que se trasladaron al Colegio de Huérfanos de María Cristina, en donde se encontraban algunos alumnos y profesores, y como aumentase el empuje del enemigo hubiéronse de trasladar al Hospital de Talavera, que reunía mejores condiciones. En estos destacamentos resistieron hasta que, por falta material de víveres y municiones, no se pudo hacer más, y en perfecto orden y evacuando primeramente los enfermos y ancianos, se replegaron las fuerzas sobre el Alcázar, el día 22 por la tarde, después de haber tenido detenida a la columna provista de todos los elementos y con artillería y aviación.
Resistieron las cuarenta y ocho horas últimas completamente solos, pues la Fábrica de Armas se rindió a un cabo parlamentario que mandó el General Riquelme; este destacamento formaba, con el Hospital, la línea avanzada, y no habiendo comunicación con la Fábrica se hacía por intermedio del Hospital, y cuando aún se creía estaba en nuestro poder, pues reunía mejores condiciones para su defensa y contaba con más elementos materiales, ya se había rendido al enemigo sin ninguna clase de lucha.

A la segunda pregunta: Elementos que contaba para su defensa (hombres, material y víveres).
Los elementos reunidos en el Alcázar fueron:
Hombres
Jefes y Oficiales 100
Comandancia Guardia Civil 800
Tropa Academia 150
Tropa Escuela de Gimnasia 40
Falange, Acción Popular y varios 200
En total, unos 1.300; 1.200 para defensa efectiva, por tener que atender a los distintos servicios los no combatientes.
A esta guarnición hay que añadir
Mujeres 550
Niños 50
Procedentes, en su mayoría, de familiares de la Guardia Civil, de algunos profesores de la Academia y elementos de Toledo que se refugiaron en el Alcázar, que en total hace una población en el recinto de unas dos mil almas.

Material
De defensa se contaba con el armamento de la Guardia Civil, Academia, Escuela de Gimnasia y Guardias de Asalto y Seguridad, que tenían unos mil doscientos fusiles y mosquetones, y de la Academia se contaba con dos piezas de montaña de 7 cm., con 50 disparos de rompedora; trece ametralladoras Hotckiss de 7 mm., y trece fusiles ametralladores, de la misma marca y calibre, todo en uso por los alumnos en sus prácticas, y un mortero de 50 mm.
Municiones se contaba con las del Alcázar y las de las Fábricas de Armas, que se trasladaron, que en cartuchos de fusil y ametralladora sumaban unos 800.000; 50 granadas rompedoras de 7 cm.; 50 granadas de mortero Valero de 51 cm.; cuatro cajas de granadas de mano Laffite—ofensivas, 200—; una caja de granadas de mano—incendiarias, 25-, y unos 200 petardos pequeños de trilita y un explosivo eléctrico.
De material de defensa contra gases se puede decir no existía, pues en la clase de guerra química se encontraban unas veinticinco máscaras, pero cada una de modelo distinto y la mayor parte de ellas sin eficacia alguna.
Material de fortificación: sólo se contaba con algunos picos y palas de la Academia, pues Toledo carecía de Parque de Ingenieros.
De Transmisiones, los primeros días se contaba con el teléfono automático, y cuando lo cortaron, una vez asediado el Alcázar, se hacía solamente con el interior por líneas militares de campaña tendidas a los sitios y puestos que se juzgaban más interesantes. La fuerza de la Guardia Civil llevó al Alcázar la emisora transmisora de la Comandancia; pero por no tener grupo electrógeno, apenas cortaron el fluido cesó su funcionamiento.
De material de transmisiones para comunicarse con el exterior había el de la Academia, pero la falta de fluido no permitía funcionar a las radios de campaña, ya muy usadas, y tras grandes esfuerzos, reuniendo las baterías de los coches automóviles, se pudo establecer una estación receptora con auriculares que permitió saber la situación en el exterior.
De material sanitario se contaba con el de la Academia (Enfermería), mas el de la Farmacia Militar, que quedaba dentro del recinto de defensa, teniendo elementos hasta muy avanzado el asedio, quedando al final vendajes y algodón.

Víveres
Escasearon desde el principio, pues la Academia, en su vida normal, tenía un economato muy bien surtido; pero por la reducción de Academias, su número de alumnos (unos setenta entre Infantería y Caballería) y empezar el Alzamiento en julio, época de vacaciones, no estaba previsto y sólo quedaban pequeñas cantidades de lo más necesario, como eran judías, garbanzos, arroz, aceite, sal, azúcar, café, especias, y aparte esto había botellas de vinos finos en cantidad, así como laterío de anchoas, espárragos y almejas, pues aunque su cantidad no resolvía nada en las comidas que confeccionar, y por tanto desde un principio se dispuso no tocar nada y sólo por excepción de un trabajo excesivo o para enfermos se tomaban de allí vinos generosos, vermús o laterío. Víveres para comer un plato en cada comida había para cinco o seis días, y pan; como tampoco había servicio de Intendencia, en Toledo se tenía por contrato con una panadería particular, así que apenas comenzó el asedio no se pudo suministrar.
Agua: Aunque se racionó para evitar su despilfarro, había en abundancia en los distintos pozos aljibes del Alcázar, que permitió no faltase este elemento vital tan necesario, pero que en todo momento estuvo debida y rigurosamente inspeccionada, tanto en su distribución diaria como en el traslado a diversos lugares para evitar su pérdida por bombardeos de artillería y aviación.
La falta de pan se pensó subsanar al principio consumiendo el trigo agorgojado que había para alimentación del ganado, como así se empezó, y después consumir la cebada del ganado; pero afortunadamente se descubrió un depósito de trigo propiedad de un Banco que estaba en las inmediaciones del Alcázar por la parte Este, que contenía unos dos mil sacos de trigo de noventa kilos cada uno y de excelente calidad. Con este hallazgo providencial y los caballos y mulos de la Academia y Guardia Civil se resolvió el problema de la alimentación, aunque en forma muy precaria, hasta que terminó el asedio, ya que la ración de pan que se podía fabricar en el horno de campaña no llegaba a los 18o gramos por el número tan elevado que había que producir y lo poco que rendía la pequeña molturación de trigo que había en el Museo de Intendencia; la carne tenía que estar severamente racionada, pues el asedio se prolongaba, y baste decir que al final de éste sólo quedaron sin sacrificar un caballo y cinco mulos, que hubiesen permitido, a lo máximo, la alimentación escasísima durante seis días.

A la tercera pregunta: Fecha del comienzo y fin del asedio.
Aunque los elementos se concentraron en el Alcázar el 18 de julio de 1936 y solo por contadas necesidades se bajó a la población, la verdadera fecha de comienzo del asedio fue la de 22 de julio, día en que se replegaron al Alcázar todas las fuerzas que prestaban servicios exteriores, con excepción de algunos destacamentos, a los que no les fue posible hacerlo por la entrada de los rojos en Toledo.
La fecha final del asedio fue el 28 de septiembre de 1936, día en que entraron las columnas en Toledo y salimos los sitiados en el Alcázar.
En el día anterior, sin embargo, ya subieron y pernoctaron en el Alcázar elementos de las columnas liberadoras, como fue una compañía de Regulares de Tetuán y la Quinta Bandera de la Legión.

A la cuarta pregunta: Ataques de todas clases que resistió.
Desde que comenzó el asedio el tiroteo de fusil y ametralladora era casi permanente y con alternativas en su violencia, que aumentaba en el centro del día y disminuía por la noche.
Asaltos con infantería, en plan de lograr entrar en el Alcázar, se hicieron dos: uno, el 18 de septiembre, en que llegaron a coronar las ruinas de la fachada norte, donde colocaron una bandera roja, siendo rechazados, intentando seguidamente tres veces mas, pero cada vez con menor decisión, hasta que desistieron y degeneraron en el diario tiroteo, con un poco mas de violencia.
Con artillería fue también el ataque casi permanente. En los primeros días emplearon una batería de 7,5 centímetros, que aumentaron al poco tiempo con otra de 10,5 centímetros; pero, en vista del poco efecto material que causaban al Alcázar, trajeron dos piezas de 15,5 centímetros que emplazaron en la Dehesa de Pinedo, a unos 3.500 metros del Alcázar, y en las inmediaciones de la carretera de Madrid.
Hacían fuego al principio solamente durante el día: una vez, sobre las siete de la mañana; otra, sobre las doce, y últimamente por la tarde, alrededor de las cinco y media, y cada vez duraba aproximadamente una hora.
Conforme fue avanzando el asedio y la resistencia del Alcázar no cedía, aumentaron el número de piezas y la intensidad en el fuego, que al final lo efectuaban hasta de noche, para lo cual iluminaban el Alcázar con potentes reflectores.
Llegaron a emplear dos baterías de 10,5 centímetros; dos de 7,5 centímetros; piezas sueltas de 7 centímetros; dos de 15,5 centímetros en Pinedo; cinco de 15,5 centímetros en los Alijares, y dos antiaéreas, una terrestre y otra de marina, también en los Alijares, y que hicieron fuego sobre el Alcázar.
Hacia el 18 de agosto hicieron los primeros disparos las piezas del 15,5 centímetros de Pinedo, y el tres días dispararon 98 granadas, y en los últimos días del asedio lanzaron en un solo día 478 granadas, calculándose muy exactamente en 3.500 los disparos de 15,5 centímetros efectuados durante el asedio, y en unos 10.000 aproximadamente, los hechos con calibres inferiores.
Ataques con mortero no se efectuaron, y si solo de vez en cuando lanzaban algunas granadas sobre la explanada Este y alguna que otra en el patio central. Si este arma la hubiesen sabido emplear habrían causado bastante daño a los defensores; pero, o no supieron usarla, o ignoraban sus efectos.
La aviación enemiga, aunque no con muchos aparatos, atacaban casi diariamente el Alcázar, empleando bombas de 12 kilogramos y de 50 kilogramos, que causaban desperfectos materiales, sobre todo en el edificio de Capuchinos, que desapareció a consecuencia de un bombardeo de aviación.
Además de bombas lanzaban latas de gasolina, con el intento de incendiar el Alcázar, lo que no consiguieron; esto lo intentaron unas ocho veces, y, al ver su fracaso, desistieron.
Atacaron también con gases de colivacetofenona (lacrimógenos), lanzados en bombas desde avión, cayendo algunas en el patio central, tejados y calles próximas produciendo las molestias consiguientes, que se soportaron hasta con regocijo al comprobar que no eran gases sofocantes, como se esperaban fuesen usados.
También fueron empleados en el asedio toda clase de petardos y líquidos inflamables, que lanzaban con hondas, desde el Hospital de Santa Cruz, sobre los edificios del Gobierno Militar, Pabellones, Farmacia y Cuadras de la Academia, que formaban conjunto dentro del recinto de defensa.
Hicieron también dos ataques con mangas de gasolina sobre la cuarta cuadra y fachada Norte (principal) del Alcázar, no consiguiendo efectivo positivo ninguno.
Como colofón, en sus medios de ataques, viendo que nada doblegaba el alto espíritu y patriotismo que animaba a los defensores del Alcázar y del honor de España, recurrió el enemigo a la guerra subterránea, a la guerra de minas, que pudieron hacer impunemente por no contar en el Alcázar con elementos para contrarrestar los trabajos de estas minas.
Construyeron tres: una que, partiendo de una casa de la calle de Juan Labrador, se bifurcaba; una que iba a caer bajo el torreón Sudoeste del Alcázar, y otra bajo los cimientos de la fachada Oeste y en las proximidades de la puerta de Carros; las cargaron con 3.000 kilogramos de trilita cada una, y las volaron con explosivo eléctrico desde el Ayuntamiento, habiendo previamente evacuado a la población civil a los montes cercanos a Toledo, el día 18 de septiembre de 1936, y causando enormes efectos materiales en el edificio, y milagrosamente sólo cinco bajas entre los defensores. En este día estaba preparado el asalto definitivo, para lo cual prepararon todo ello con gran meticulosidad.
Empezó la preparación artillera a las seis de la mañana, lanzando las piezas de 15,5 centímetros unos 90 proyectiles, desde los Alijares, contra la fachada Este, con objeto de que mujeres, niños y enfermos se concentraran, naturalmente, en los sótanos del lado contrario, Oeste, y a las 6,21 de la mañana, calculando estarían ya donde ellos esperaban, hicieron explotar las minas, y a los cinco minutos, una vez que fueron disipándose los gases, se lanzaron con todo ímpetu al asalto en dos direcciones: una, por la fachada Norte, a la que llegaron a cubierto por los escombros del Hotel Imperial y zig-zag, y otra por la parte Sur, en los comedores y depósito de víveres (corralillo), creyendo aniquilados a los defensores, los que en ningún momento abandonamos nuestros puestos y rechazamos con gran espíritu todos los ataques desencadenados ese día.
Otra mina la construyeron entre el período de tiempo de la explosión de la primera y el 27 de septiembre, que la volaron cuando nuestras tropas estaban en las alturas que dominan Toledo por el Norte.
Como no disponían de tiempo para trabajar, por el avance de nuestras columnas, aprovecharon una alcantarilla que, partiendo de la calle de Pabellones, sube al Alcázar por las proximidades del torreón Noreste; pero, a pesar de ello, no pudieron llegar a los cimientos, quedando corta, porque sus efectos fueron nulos, produciendo un embudo de unos 30 metros de ancho y cuatro de profundidad, y ninguna baja entre los defensores.

A la quinta pregunta: Requerimientos y conminaciones a la evacuación del Alcázar, relatándolos por orden cronológico, pero con especial detalle la conversación telefónica en que entregó a la Patria la vida de su hijo y la visita de los emisarios Comandante Rojo, Padre Camarasa y Decano del Cuerpo Diplomático.
Desde que se concentraron en el Alcázar y su recinto los defensores, casi diariamente hablaban por teléfono conminándoles a la rendición. Así, el primero en hacerlo fue el general Pozas, quien, al ver que no se enviaban las municiones ni los doscientos Guardias Civiles, amenazó con «no dejar piedra sobre piedra del Alcázar». Después, el día 21 de julio, fue el General Riquelme quien telefoneó, pretendiendo que nos rindiésemos y pidiendo razones de nuestra actitud, al que contesté que nuestra actitud era la que correspondía a todo militar con honor, que veía los derroteros por los que llevaban a España los Gobiernos marxistas; la identificación absoluta con el General Franco y el asco a cumplir la orden de que el armamento de los Caballeros Alumnos y Guardia Civil fuese entregado a la chusma, para armar a ésta. Insistió en que era descabellada nuestra actitud y que se vería precisado a actuar enérgicamente, a lo que contesté que preferíamos morir todos a convertir el Alcázar en un muladar, como suponía al entregarlo a los enemigos de la Patria. Al día siguiente fue el Ministro Barnés, de Instrucción Pública, quien intentó hacernos desistir de nuestra actitud patriótica, diciendo que por ella sufriría Toledo, que era una joya artística; que se tuviese ello en cuenta, pues, de no cesar en nuestra actitud, se vería obligado a usar medios violentos, y que no esperaba llegásemos a estos extremos, ya que él veía nuestra actitud con simpatía, calificándola de «muchachada». También le contesté que nuestra actitud era irreductible, y que no cederíamos ante nada ni ante nadie para salvar a la Patria con nuestros esfuerzos.
El día 23 de julio, por la tarde, sonó el teléfono, pidiendo hablar conmigo. Me pongo al aparato, y resultó ser el Jefe de Milicias de Toledo, quien, con voz tonante, me dijo: «Son ustedes responsables de los crímenes y de todo lo que está ocurriendo en Toledo, y le doy un plazo de diez minutos para que rinda el Alcázar, y, de no hacerlo, fusilaré a su hijo Luís, que lo tengo aquí a mi lado.» Contesté: «No creo.»
JEFE DE Milicias.— «Para que vea que es verdad, ahora se pone al aparato.» Hijo.—« ¡Papá !»
Yo.—« ¿Qué hay, hijo mío?»
hijo.—« ¡Nada ; que dicen que si no te rindes me van a fusilar !»
Yo.—« ¡Pues encomienda tu alma a Dios y muere como un patriota, dando un grito de ¡Viva Cristo Rey ! y ¡Viva España !»
Hijo.—« ¡Un beso muy fuerte, papá !»
Yo, AL JEFE DE MILICIAS.—« ¡Puede ahorrase el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo, pues el Alcázar no se rendirá jamás !»

Los días siguientes pretendían hablar desde la calle, bien paisanos, bien Guardias Civiles de los puestos que no se pudieron incorporar, y un Teniente, también de la Guardia Civil, a los que no se les contestaba siquiera, ya que siempre pretendían nuestra rendición sin condiciones.
El día 8 de septiembre de 1936, desde las casas de enfrente de la fachada Sur, y con megáfono, sobre las seis de la tarde llamaron al Alcázar diciendo que el Comandante Rojo quería hablar conmigo; mas, creyendo que sería un Comandante rojo, no se les hizo caso, y se les contestó que no se hablaba con nadie, y entonces rectificaron, diciendo que era el Comandante D. Vicente Rojo, y ante esto, por ser persona muy conocida de todos, por haber sido Profesor de la Academia de Infantería, dije a mi Ayudante se cerciorara si en efecto era él, quien me aseguró que al hablar fue perfectamente identificado, y pretendía tener una entrevista conmigo, por traer una comisión del Gobierno de la República, pidiendo hora de ser recibido al día siguiente, contestándosele podía venir a las nueve de la mañana, y que, conforme al Reglamento de Campaña, sería recibido como parlamentario y con suspensión de hostilidades por ambas partes, que dando en que duraría de nueve a diez de la mañana, y que se presentaría delante de la fachada Sur, por el sitio en que hablaba.
En efecto, al día siguiente 9, a las nueve de su mañana, vocearon con megáfono que llegada la hora fijada, el Comandante Rojo salía como parlamentario, y apareció éste vistiendo mono caqui, gorra de plato y correaje reglamentario, lle vando la insignia de su empleo en el pecho y debajo un tro zo de tela con los colores de la bandera republicana, y en una mano una banderita blanca.
Se quedó en el centro de la calle y se le dijo desde las ventanas que marchase en dirección a la puerta de Carros, por donde entraría al Alcázar, y allí fue recibido por dos Oficiales, antiguos compañeros suyos de profesorado y con los que le unía una gran amistad.
Ese mismo día se dio orden a las mujeres y niños y hombres que vivían en los sótanos que mientras pasase el Comandante Rojo entre ellos (pues era paso obligado para ir al despacho) observasen un absoluto y riguroso silencio para que no pudiera apreciar el número de habitantes.
Apareció delante de la puerta de Carros y los Oficiales nombrados para recibirle le vendaron los ojos y le condujeron a mi despacho, procurando en el trayecto desorientarle, ya que, como profesor mucho tiempo en el Alcázar, conocía perfectamente el edificio.
Llevado a mi presencia, ordené le quitasen la venda; me saludó, no dándole yo la mano, observando una actitud fría y correctamente militar, y me pidió estuvieran delante los compañeros que le habían conducido, a lo que accedí, como asimismo que entrasen también mis ayudantes, poco más de mediada la entrevista.
Me dijo que traía las condiciones de rendición que imponía el Comité de Defensa de Toledo, las que me entregó por escrito, y en ellas decían que se respetarían las vidas de todos y que saldrían por grupos de a cinco, primero mujeres, niños, ancianos, enfermos y heridos, soldados y Guardias Civiles, los que irían depositando su armamento en sitio determinado, y el último punto en que decía que los Jefes y Oficiales saldrían del mismo modo y que, según la participación que hubieran tenido en el Movimiento, serían juzgados por los Tribunales populares.
Por escrito rechacé las condiciones, manifestando que nunca sentía más honor que al mandar la guarnición del Alcázar y que me comprometía a mantener, con la defensa del edificio, el honor de España y que nunca nos rendiríamos, prefiriendo antes morir.
Después, en plan particular, se le hicieron varias preguntas, a las que contestó, pero no de una manera categórica y que, por tanto, no satisfacieron.
Lo que más interesaba era, naturalmente, saber dónde estaba la boca de la mina, con objeto de hacer una salida, ocuparla y destruirla, pues ya se habían hecho dos y por des orientación no se pudo encontrar y, por el contrario, el enemigo, apercibido de nuestras intenciones, había redoblado su vigilancia y reforzado sus servicios; contestó que él no había visto la mina y que sólo oyó comentar a los rojos que en nuestras salidas habíamos logrado llegar muy cerca de ella.
Le pregunté también sobre la marcha de nuestras columnas del Sur y Norte, y contestó que marchaban bien, pero con mucha lentitud, en especial la columna del General Mola, y que el enemigo escaseaba muchísimo de municiones.
Algún compañero le indicó que por qué no se quedaba en el Alcázar, contestando que tenía su mujer e hijos en Madrid y si no volvía se los matarían, objetándole los allí presentes que casi todos tenían sus familiares en Toledo y no dudaron nunca cuál era su puesto, tratándose de salvar el honor de la Patria; se notó no tenía intención de quedarse, por lo que no se le insistió más sobre el particular.
Un punto interesantísimo para la vida de la población del Alcázar era la de conseguir un sacerdote para que los defensores pudieran satisfacer sus deseos religiosos y espirituales y sobre todo la asistencia a moribundos, y le dije que, en nuestro nombre, dijera al Gobierno que si tenían algún sacerdote condenado a muerte nos lo enviasen y corriese la suerte nuestra, lo que prometió hacer apenas llegase a Madrid.
Se le hicieron algunas preguntas y encargos de carácter particular, y como llegase el final del armisticio concedido se le vendaron los ojos, y con las mismas formalidades y conducido por los mismos compañeros salió del Alcázar por la puerta de Carros, diciendo visiblemente emocionado a los que le acompañaban al despedirse de ellos: « ¡Que tengáis mucha suerte! y ¡Viva España !»
Al día siguiente, 10 de septiembre, y también al atardecer, avisan desde las casas ya indicadas del frente Sur que el Gobierno, accediendo a los deseos de los defensores, ex puestos por mí, envía al Canónigo de Madrid Sr. Vázquez Camarasa, para que nos preste sus auxilios espirituales, y que pide hora y tiempo para la entrevista; se le contestó que, como al Comandante Rojo, se le consideraría parlamentario y que por tanto se daría orden de suspender las hostilidades; que ellos hiciesen lo mismo, y como hora, las nueve de la mañana y entrando por el mismo itinerario que el anterior parlamentario.
Quedaron conformes, y que estuviese dos horas, a lo que contesté que con ese tiempo no teníamos suficiente y que como mínimum necesitábamos tres horas, a lo que, después de unos cabildeos con los dirigentes, manifestaron su acuerdo.
Indagué entre los Oficiales si alguno conocía personalmente al Canónigo Vázquez Camarasa, con objeto de no ser víctima de un engaño, y había un Oficial que le conocía y otros que le habían visto predicar hacía poco tiempo y que estaban seguros de identificarle; ante esto dispuse que el Oficial que le conocía le recibiese y acompañase hasta el despacho al día siguiente.
En tal día —11 de septiembre—y a la hora fijada, mediante aviso por parte del enemigo, hizo su presentación el Padre Vázquez Camarasa, el cual se presentó vestido correctamente de paisano, llevando en una mano un Crucifijo; se le marcó desde las ventanas el camino a seguir hasta la puerta de carros y allí fue recibido por el Oficial nombrado, que le vendó y le condujo al despacho mío, donde le recibí en unión de mis Ayudantes y varios Jefes y Oficiales.
Le pedimos detalles sobre la situación de Madrid, contestando era casi normal, pues aunque había colas eran pequeñas y por tanto, poco duraderas; que las iglesias estaban precintadas y respetadas y que a él le saquearon su casa, pero que al día siguiente, sin hacer ninguna gestión, le devolvieron todo y le pusieron en su domicilio un cartel con la inscripción «Protegido por la C. N. T.», y que a él los milicianos que le acompañaron le trataron con todo respeto aun sabiendo su calidad de sacerdote. Me preguntó, así como distraído o sin darse cuenta de la trascendencia de la pregunta, que cuántos éramos dentro del Alcázar, contestándole que, con los debidos respetos a su condición sacerdotal, no podía, a lo que él, con grandes aspavientos, como dándose entonces cuenta de la indiscreción que suponía su pregunta, pidió perdón por estar distraído. Seguidamente celebró el Santo Sacrificio de la Misa, dirigiendo unas palabras a todos, hablando de la gloria que nos alcanzaría, pero referida a la celestial y no a la terrena, pues su convencimiento absoluto era que sucumbiríamos.
Por la imposibilidad absoluta de confesar a todos, dio la absolución general, momento de emoción inenarrable, y dio la Sagrada Comunión, con los pedazos de las Formas que guardaban las Hermanas de la Caridad del Alcázar, a mí, a mis Ayudantes, a algunos Jefes y Oficiales, Hermanas de la Caridad y algunas señoras, y a continuación, en procesión magnífica de fervor y patriotismo, se llevó el Santísimo a la enfermería de los heridos graves, desarrollándose escenas de un patriotismo exaltado e imposible de describir.
Una vez terminada su misión espiritual, volvimos al despacho y entonces descubrió el verdadero motivo que allí le llevaba, pues dijo, entre otras cosas, que comprendía nuestra actitud defendiéndonos de los ataques de los de fuera; pero que no comprendía el porqué las mujeres y los inocentes niños, ajenos a toda culpa, tenían que soportar los riesgos y privaciones de asedio, y al comprender claramente su intención de atacar a mi conciencia por este hecho y ver si así se podía poner en libertad a mujeres y niños (objetivo que le llevaba, como misión principal, al Alcázar), mandé llamar a una mujer, la que habló en nombre de todas, diciéndole que se encontraba muy bien entre caballeros y defendidas por éstos y que la suerte de ellas estaba unida a la de ellos, fuese cual fuese la solución del asedio; y ante estas rotundas y valientes declaraciones, tuvo que convencerse que por este lado no sacaría ningún provecho.
Algunos le consultaron casos de conciencia, por lo que quedaron solos, y varios defensores que tenían familiares en Madrid le entregaron notas con la dirección de éstos para que les comunicase se encontraban bien, a lo que se ofreció muy gustoso; pero en seguida pensé era un procedimiento muy peligroso, puesto que era dejar en poder de los rojos a una serie de rehenes, que ellos aprovecharían para sus fines, por lo que con tacto se las pedí, devolviéndomelas acto seguido.
A este parlamentario, dada su dignidad, se le enseñó el patio para que viese su estado, y quedó profundamente impresionado al ver cómo se encontraba, manifestando que de ello tenían tanta culpa los que nos defendíamos como los que atacaban, frase inoportuna y antipatriótica, que se le toleró por ser quien era; pero que descubría sus pensamientos íntimos de simpatía a la causa que nosotros combatíamos, como también los dejó traslucir al manifestar que la labor de quitar el veneno infiltrado en las masas sociales sería labor de varias generaciones.
Aprovechando el armisticio del parlamento, salieron varios defensores a la calle, conversando con otros rojos, los que dijeron que con buena voluntad por parte de unos y otro se podía arreglar la situación, que, según ellos, era que nos entregásemos, rechazando, naturalmente, tales insinuaciones. Durante el armisticio un rojo hizo un disparo a una de las ventanas donde estaban asomados unos defensores, matando a uno de ellos, de lo que protesté a los que estaban en la calle, que se sumaron a nuestra protesta de que incumplían lo pactado y diciendo sería «algún canalla de los muchos que había, que estaban deseando hacer carne», pues se había avisado a todos los puestos, pero que se harían averiguaciones para castigar al autor. Cumplido el plazo del armisticio, salió del Alcázar con las mismas formalidades con que entró, rompiendo el fuego el enemigo a los cinco minutos de su salida, los mismos que lo suspendieron momentos antes de las nueve de la mañana, hora fijada para su entrada.
El Embajador de Chile, Decano del Cuerpo Diplomático, no estuvo en el Alcázar ni se supo nada de él hasta que Radio Club portugués dijo en su emisión que había estado en Toledo tratando de hablar conmigo para sacar las mujeres y niños, pues lo que ocurrió me hizo sospechar que era una broma burda de los rojos, tomando el nombre del diplomático antes citado.
Por la tarde, ya anochecido, hablaron los rojos desde las casas de enfrente de la fachada Sur, diciendo que el Embajador de Chile quería hablar conmigo, lo que me transmitió un Oficial que estaba de observación en el torreón SO.
Mi primera impresión, y no teniendo seguridad fuese cierto, fue no entablar conversación; pero ante la insistencia del Oficial que me trajo el recado, de que podía oírle a ver qué quería y tratarse de un diplomático, accedí y ordené a mis Ayudantes fuesen al puesto de observación, y que después de saludar al representante de la Nación hermana, le hiciesen saber que todo lo que me tuviese que comunicar lo hiciese por conducto del Gobierno Nacional de Burgos, con quien estábamos en contacto (cosa inexacta, puesto que no teníamos comunicación con nadie en absoluto), y precisamente por nota manuscrita por los Generales Mola o Franco, de los que conocía su letra.
Marcharon los Ayudantes a cumplir mi orden, y apenas llegó el que hablaba por el megáfono a la frase «del Gobierno Nacional de Burgos», los rojos exclamaron: «¡Cabrones!; hijos de puta», e hicieron dos disparos que penetraron los proyectiles por el puesto citado, terminando así el diálogo, que me hizo afirmarme más en la creencia de que fue una broma de mal gusto; pero, como digo antes, la radio dijo que, efectivamente, había estado el Embajador de Chile, como, además, se comprobó al ser liberados.

A la sexta pregunta: Relato de los actos de heroísmo individual dignos de especial mención.
Actos heroicos y distinguidos fueron muchos durante el tiempo que duró el asedio; pero, entre todos, el que culminó por su heroísmo y sacrificio fue el del Capitán de Infantería, Profesor de la Escuela Central de Gimnasia, D. Luís Alba Navas.
Por los días 23 y 24 de julio, los rojos proclamaron por radio la ocupación total del Alcázar, y en periódicos ilustrados publicaron composiciones fotográficas en las que se veían a los defensores salir por la puerta principal del edificio en grupos y con los brazos en alto. Como todo esto era inexacto y podía inducir a engañar a nuestro Mando nacional, que muy bien pudiera creer la verdad de tales amaños, cuando lo cierto era que el espíritu que animaba a los defensores era, por el contrario, excelente y en ningún momento se pensó en rendición, sino por el contrario, defender el honor de España y vender caras nuestras vidas, pensé en enviar un enlace al General Mola, a la Sierra de Guadarrama, con unas líneas en un papel, manifestándole que seguíamos la defensa del Alcázar y que nunca nos rendiríamos.
Esta misión, por su dificultad, necesitaba fuese efectuada por un hombre de extraordinarias condiciones, ya que sólo una probabilidad existía de ser llevada a feliz término, siendo las restantes contrarias al éxito de la empresa. Pensando en el más adecuado, se me ofreció voluntario para desempeñarla el Capitán de Infantería, Profesor de la Escuela de Gimnasia y a la sazón a mis órdenes en el Alcázar, D. Luís Alba Navas, a quien acepté desde el primer momento por ser el que reunía las condiciones de valor, serenidad, inteligencia y conocimiento del terreno a recorrer, así como a los gustos, pues era aficionado a la pesca y caza, lo que le puso en conocimiento de las clases humildes, que con su contacto y sencillez se atrajo con verdadero cariño, todo esto unido a una gran soltura para las cuestiones prácticas de la vida.
Se le proporcionó un mono azul, una pistola, que llevaba, colgada del cuello y por el interior del traje cien pesetas y un carné de comunista procedente de uno de los rehenes que por casualidad no tenía puesto el oficio del propietario, poniéndosele de oficio «pescador».
A las doce de la noche abandonó el Alcázar, saliendo por una puerta de reja que da al Puente Nuevo sobre el Tajo, cruzando el río a nado por el arroyo de la Degollada; marchó después por los cerros de la margen izquierda hacia la Fábrica de Armas, donde volvió a cruzar el río, y ya en franquía por el campo, pudo llegar hasta Burujón (Toledo), a unos 40 kilómetros de la capital. Allí se presentó al Comité del que solicitó un automóvil que le llevase hacia la provincia de Ávila, donde tenía una misión secreta que efectuar. Se lo proporcionaron, y cuando iba a montar en él, uno de los curiosos que estaban cerca resultó ser un antiguo soldado de la Escuela y asistente suyo, el cual, sin intención de hacerle daño, le dijo: «¿Qué hace aquí, Capitán ?» El, con gran serenidad y naturalidad, negó ser Capitán; pero ya la duda cundió entre los rojos, que lo detuvieron y avisaron a Torrijos al Juez de allí; de aquella villa dispusieron mandarlo en un coche a Toledo, y al llegar a la Venta del Hoyo se cruzaron con otros en que venían unos dirigentes de Vargas (Toledo), que preguntaron adonde le llevaban, y dándose cuenta de su categoría y que si llega a Toledo, seguramente por ser tan querido de las clases humildes no le hubiesen fusilado, decidieron asesinarlo allí mismo, lo que hicieron estando esposado, y una vez en el suelo le dispararon aún otro tiro en la cabeza, dejando el cadáver abandonado en la carretera; y según averiguaciones posteriores, dicen fue llevado a los dos días a la Fábrica de Armas y de allí llevado a Madrid y paseado por las calles, ignorándose en la actualidad el paradero de este heroico Capitán, que no vaciló en ofrendar su vida en aras del honor de su Patria en una empresa que tan poquísimas probabilidades tenía de llegar a feliz término.
Este Oficial, el día 17 de julio fue padre por cuarta vez, y ni aun el amor de su familia, toda en Toledo (mujer y cuatro hijos), le desvió ni un momento del cumplimiento de su deber, que voluntariamente se impuso. La acción ha sido premiada por la Patria con la Cruz Laureada de San Fernando.
Otro de los casos más destacados fue el del Soldado de la Sección de Tropa de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, Francisco Palomares Garrido, que estando de centinela en una ventana de la cuarta cuadra, que daba a la Cuesta del Carmen y vistas al Convento del Carmen, observó cómo emplazaron en una corraliza del Convento una pieza de 7,5 cm. para batir la cuarta cuadra, a una distancia de unos doscientos metros; desde la ventana sólo veía la boca del cañón saliendo por una tronera abierta en la pared de la corraliza, y con gran serenidad empezó a disparar para lograr meter los proyectiles o por la boca del arma o por la tronera, único procedimiento de lograr reducirla a silencio. No obstante su fuego, los sirvientes lograron cargar la pieza e hicieron un disparo precisamente sobre su puesto, el que fue destrozado y él cayó envuelto entre los cascotes, y sin fijarse siquiera en que pudiese ser herido, se levantó inmediatamente y marchándose al hueco, siguió haciendo disparos sobre la pieza hasta que logró callarla y que la cambiasen de emplazamiento.
El día 18 de septiembre, el enemigo, después de una preparación artillera, hizo explotar las dos minas construidas en la parte Oeste del Alcázar, y apenas disipados los gases, se lanzó al asalto con gran ímpetu y decisión por los escombros de la fachada Norte, que les cubría de los fuegos de los defensores, logrando coronar el primer piso de la galería Oeste y colocar una bandera comunista en las ruinas de la fachada Norte, dando vista ya al patio. En este momento tan critico, cuatro Oficiales: el Teniente de Infantería D. Silvano Cirujano Robledo, el Teniente de Infantería D. Benito Gómez Oliveros, el de Intendencia D. Enrique Castro Miranda y el Teniente de Infantería D. Mariano Trovo, con gran desprecio de sus vidas y dándose clara cuenta de lo crítico del momento, buscaron escalas marinas del Gimnasio, que colocaron, y a pesar de la depauperación creciente, por falta de alimentación adecuada y exceso de ejercicio, y sin más armas que la pistola individual, treparon por las escalas, logrando ahuyentar al enemigo y quitando la bandera comunista, que pertenecía al Radio Comunista de Toledo.
Este mismo día halló gloriosa y heroica muerte el Cabo de la Guardia Civil Cayetano Caridad, al cual, por haber trabajo de joven en las minas de Río Tinto (Huelva), se le encargó de la observación y vigilancia constante de los trabajos de la mina, y una vez terminada la zona aproximada de peligro y evacuada de personal, él no dejó de hacer sus observaciones, y su última inspección fue segundos antes de la explosión, que le produjo la muerte por resultar sepultado entre los escombros. Este Cabo había dicho en más de una ocasión que él moriría en la mina; pero que salvaría la vida de sus compañeros de defensa.
Cito los hechos más destacados; pero son muchísimos los que en el tiempo del asedio se desarrollaron, pues la guarnición del Alcázar estaba poseída de una fe ciega en el triunfo y animada de un espíritu y un patriotismo elevado al más alto grado, condiciones con las cuales resulta muy fácil al Mando llevar un asedio, a pesar de las muchísimas dificultades inherentes a la situación por la que se atravesaba.

Y para que conste, lo firmo en mi Cuartel General, en Cuenca, a cinco de julio de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.
Firmado : JOSÉ MOSCARDÓ.

Causa General

Capítulo XI

JUSTICIA ROJA

El terror del Frente Popular se ejerció casi exclusivamente de manera directa, bien a cargo de las turbas armadas por el Gobierno y alentadas por las Autoridades oficiales y dirigentes políticos del Frente Popular, bien por los milicianos y chequistas, mediante el asesinato por ellos decidido y ejecutado; o en otras ocasiones, por mandato expreso de las Autoridades frentepopulistas que como ocurrió en las evacuaciones de las cárceles de Madrid y de otras poblaciones de la zona roja ordenan a la fuerza armada de su confianza la realización de asesinatos en masa.
No obstante, aún queda margen para que la Administración de justicia improvisada por el Frente Popular —ante la digna abstención de la mayor parte de la Magistratura y del Ministerio Fiscal, muchos de cuyos miembros fueron asesinados— ejercite su saña juzgando con aparentes formalidades procesales y al dictado de las milicias y masas extremistas a las personas que eran consideradas enemigas de la implantación de la dictadura roja.
Las normas que regían el funcionamiento de estos seudo-tribunales no eran únicas en toda la zona marxista, sino que en cada provincia o región el régimen orgánico de los tribunales rojos era diferente, según el criterio y exigencias de las fuerzas subversivas locales; pero sin que en ningún caso se ajustase el enjuiciamiento a la legalidad republicana existente en 18 de julio de 1936, que el Gobierno del Frente Popular había afirmado reiteradamente representar y defender.
Las organizaciones políticas y sindicales frentepopulistas concurren, por medio de sus delegados, que actúan como miembros de los Jurados y Tribunales Populares, a este simulacro de Justicia, poniendo de relieve tanto su crueldad como su sectarismo e incultura, siendo muchos de estos juzgadores vulgares maleantes.
El Fiscal General de la República que acababa de designar el Gobierno rojo refleja el criterio jurídico del Frente Popular, de incondicional sumisión a los dictados de las turbas extremistas, en la Circular que dirige a los Fiscales, y que es reproducida en la Prensa roja de 3 de septiembre de 1936 (entre otros, diario El Liberal, de dicha fecha, página 3). En la referida circular, que trata de infundir en el ánimo de los Tribunales y de los funcionarios Fiscales un espíritu de máxima dureza, se expresa, entre otras cosas: «...la República es un régimen de justicia, y la justicia emana del pueblo. En este principio fundamental debe inspirarse la Administración de justicia, y si hoy el pueblo lo defiende con su sangre generosa, si ese pueblo noble y grande está dando su vida por un régimen de Libertad y de Justicia, démosle la justicia que él quiere le sea dada con d ritmo y el tono que nos marque..."
En Madrid, por ser la acción directa el medio típico de represión, la actuación de los Tribunales populares cobra poco relieve. No obstante, se produce algún caso bochornoso para la Justicia del Frente Popular, organizada por el Gobierno marxista de acuerdo con disposiciones legales de urgencia dictadas por el mismo, que llama para ejercer la función judicial a las fuerzas políticas y sindicales. Así, esta justicia popular —que había llegado a ser pública y calurosamente elogiada en la Prensa madrileña por el abogado Ángel Ossorio y Gallardo, antiguo político conservador— condenó a muerte al ex Ministro republicano D. Rafael Salazar Alonso, --que se había atrevido a romper con la disciplina masónica, a cuya secta había pertenecido en tiempos— no obstante, constar plenamente tanto a los juzgadores como al Gobierno marxista, que dicho político, periodista y abogado, no había tenido la menor participación en la preparación del Alzamiento Nacional, entre otras razones, porque los jefes del mismo no habían contado ni tenían por qué contar con el Sr. Salazar Alonso que, sin embargo, fue sentenciado, sin prueba alguna, y ejecutado por el Frente Popular (Documentos números 1 a 4.) El ex Embajador de Chile y Decano del Cuerpo Diplomático en Madrid durante la contienda civil, D. Aurelio Núñez Morgado, en un libro publicado recientemente en Buenos Aires, bajo el título «Los sucesos de España vistos por un Diplomático», se refiere a este asesinato judicial de que fue víctima D. Rafael Salazar Alonso.
Tres reos sentenciados a muerte en Madrid, y aparentemente indultados por el Gobierno del Frente Popular, son extraídos inmediatamente de la Cárcel Modelo y asesinados. (Documentos números 5 Y 6).
En Cataluña a pesar de que el Estatuto de autonomía, francamente separatista, otorgado por la República a esta Región, no llegaba a autorizar a los Poderes regionales para dictar disposiciones de carácter penal, el Gobierno de la Generalidad dicta por sí y ante sí, contra la propia legalidad republicana, severas normas penales; como, por ejemplo, el Decreto de 13 de octubre de 1936, que definía nuevos delitos políticos. Por lo que respecta a la organización judicial y normas procesales, los Tribunales encargados de la represión se constituyen caprichosamente, sin que ni siquiera dentro de la propia Región catalana exista una práctica uniforme en la composición y actuación de tales organismos. (Documento núm. 7.)
El Tribunal Popular núm. 2 de Barcelona, en 18 de noviembre de 1936, condena a pena de muerte —que es ejecutada— al Padre Fernando Lloverá Puigsech, Superior de la Comunidad de Carmelitas de Olot, bajo la sola acusación de que había tratado de embarcarse, con nombre supuesto, para el Extranjero, a fin de huir; que conocía el lugar donde se hallaban ocultos los tesoros de la Comunidad, y que durante su permanencia en Barcelona «desarrolló actividades fascistas tendentes a sustraer a la justicia revolucionaria a religiosos». El Padre Lloverá fue ejecutado en 22 de noviembre de 1936, en los fosos de Montjuich.
El Tribunal Popular Especial de Barcelona juzgó en rebeldía, en 5 de enero de 1937, en el barco-prisión Uruguay, a varios militares y, entre ellos, a D. Francisco Jiménez Arenas, D. Manuel Moxó Marcaida y D. Adalberto San Félix Muñoz; se da el caso de que estos tres señores habían sido ya sacados ilegalmente de dicho barco-prisión y asesinados por agentes del Comité Central de Milicias, el día 1.° de septiembre de 1936 (Documento número 8). Los tres militares —siendo conocido su anterior asesinato— fueron condenados a muerte por el Tribunal Popular, que no pudo dudar ni un momento de que celebraba un simulacro de juicio. Y el organismo creado por Decreto de 24 de octubre de 1936, para examinar las sentencias de muerte, reconoció este simulacro, al estampar a continuación de su propuesta favorable a la confirmación de las sentencias dictadas contra los tres mencionados militares, la siguiente nota: «Referente a los tres primeros condenados, Jiménez Arenas, Moxó y San Feliú, prácticamente la sentencia no se ejecutará, puesto que tiempo ha que, por causas ignoradas, desaparecieron del Uruguay sacados por una patrulla incontrolada, según parece ejecutados en Moncada. El proceso y la sentencia son seguramente una ficción para salvar las apariencias legales.» (El periódico La Vanguardia, de Barcelona, de 6 de enero de 1937, publica la referencia de la sesión del Tribunal en que se condenó a muerte a los tres militares aludidos que, según el mismo diario, como no comparecieron, estimó al Tribunal que debía seguirse el procedimiento en rebeldía).
Como dato expresivo de la subversión moral roja, merece consignarse que el responsable de milicias que se hizo cargo de estos presos, para asesinarlos, era un conocido chequista de Barcelona llamado Ángel Ruiz, quien, al comenzar el Movimiento, cambió su nombre —Ángel--para adoptar el de "Luzbel", firmando así el recibo con que se hace cargo de las víctimas, conforme puede apreciarse con toda claridad en el referido documento número 8.
En Lérida, el 18 de agosto de 1936, el Comité Antifascista crea, arbitrariamente, un «Tribunal de Justicia Popular de Lérida».
Este organismo estaba integrado por un representante de cada uno de los Partidos políticos y Sindicales obreras extremistas, y presidido por un ferroviario, enganchador de vagones de la Estación del Ferrocarril de Lérida, llamado José Larroca, conocido por «el Manco». Ordinariamente funcionaba el Tribunal con cinco o seis individuos, si bien a veces se integraba con doce o catorce, y en él actuaba corrientemente una mujer de unos treinta y cinco años, al parecer forastera. Actuaba como fiscal otro ferroviario llamado Francisco Pelegrín, a quien sustituía eventualmente el también ferroviario Valentín Martín.
El procedimiento era rapidísimo y no existía defensor, si bien después de la acusación el presidente invitaba al acusado a que se defendiera. Frecuentemente concurrían testigos de cargo y se leían informes acusatorios de las Sindicales y de los Partidos políticos, relativos a los inculpados, pero a éstos no les era permitida la aportación de prueba alguna de defensa. Hubo casos en que la deliberación duró menos de cinco minutos. Según declaración prestada ante la Autoridad Judicial nacional por el vecino de Lérida D. José Antonio Abadía Pedrol, que compareció ante el Tribunal rojo en unión de trece detenidos más, el 25 de agosto de 1936, no hubo deliberación en aquel caso, a pesar de que fueron sentenciados a muerte y ejecutados doce de los acusados.
El también vecino de Lérida, D. Andrés Martínez Cánovas, ha reproducido literalmente, en declaración prestada ante la Autoridad Judicial nacional, el informe que en un «juicio» celebrado a últimos de septiembre del mismo año 1936, pronunció el Fiscal suplente de aquel Tribunal Popular, ferroviario Valentín Martín: «Ya lo sabéis, yo creo que éste es un mal bicho, nocivo a la sociedad que vamos a crear, y que debe condenársele a muerte.»
Según se dice en un informe del Inspector de los propios Tribunales rojos de Cataluña —obrante en la actualidad en el archivo de la Causa General de Barcelona— y referente al Tribunal Popular de Lérida, «El Tribunal tenía un cariz completamente revolucionario, se observa la falta absoluta de las prescripciones de la Ley procesal, toda vez que existen expedientes en los que, como única actuación, se encuentra una especie de cédula impresa con la cabecera de «Sentencia, en la cual tan sólo consta el nombre del penado y la pena impuesta».
Las reuniones solía celebrarlas el repetido Tribunal en las últimas horas de la tarde, e inmediatamente eran ejecutados los numerosos condenados a muerte de cada sesión. El Tribunal de Justicia Popular de Lérida actuó con carácter autónomo desde el 22 de agosto hasta el 28 de septiembre de 1936, comenzando a actuar el 3 de noviembre del mismo año otro Tribunal, ajustado al Decreto de 15 de octubre de 1936, de la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
Como es natural, al profesar el Régimen frentepopulista tan peculiar criterio acerca de la justicia y al poner triunfalmente en libertad a los delincuentes comunes, su incompatibilidad con una Magistratura digna era absoluta, y fue resuelta por el marxismo por medio del asesinato de gran número de funcionarios judiciales, mártires del cumplimiento de su deber y de su concepto del honor.
Fueron asesinados por el Frente Popular los siguientes funcionarios de la Administración de Justicia:
Don Marcelino Valentín Gamazo, ex Fiscal General de la República, que había mantenido algún tiempo antes, como tal Fiscal, la acusación contra el cabecilla marxista Francisco Largo Caballero, en el incruento proceso que se le siguió por su participación en la subversión de octubre de 1.934.
Don Salvador Alarcón Horcas, Magistrado del Tribunal Supremo, Juez especial en el sumario seguido contra Manuel Azaña Díaz, por su participación en el mencionado movimiento subversivo de 1934 contra las Instituciones republicanas. El periódico marxista de Madrid Claridad, había instigado públicamente al asesinato del señor Alarcón en la primera época de los sucesos revolucionarios.
El Magistrado Don Ángel Aldecoa Jiménez. Entregado por la Dirección de Seguridad a la «checa» de Fomento, ésta decretó su asesinato, por no haber satisfecho al Frente Popular la actuación de este Magistrado en el juicio seguido poco tiempo antes, con motivo de un atentado sufrido por Largo Caballero.
Además, consta el asesinato en la zona dominada en España por el Gobierno rojo, de los siguientes funcionarios de la Administración de Justicia :

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Además del ya mencionado D. Salvador Alarcón Horcas, D. Jesús Arias de Velasco, Presidente de Sala.
MAGISTRADOS DE AUDIENCIA
Al ya relacionado D. Ángel Aldecoa Jiménez, pueden agregarse los siguientes:

• Don José María Olalde Sastrustegui.
• Don Eugenio de Arizcún Carreras.
• Don Pedro Fernández Cavada y López de la Calle.
• Don Leandro Martínez López.
• Don Ángel Martínez de Mendivil y Ondarra.
• Don Ángel de Torres Cobo.
• Don Mariano Avilés Zapater.
• Don José Ogando Stolle.
• Don Rogelio Ruiz Cuevas.
• Don José Paniagua Porras.
• Don Antonio Bruyel Martínez.

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

• Don Juan González Royano.
• Don Felipe Ballesteros Pérez.
• Don Filiberto Carrillo de Albornoz.
• Don Mariano Antonio Yébenes García.
• Don Francisco González Conejero.
• Don Vicente Lafuente Polo.
• Don Manuel Cabezudo Astrain.
• Don Juan Antonio Cabezas Romero.
• Don Mariano Iscla Rovira.
• Don Julián de Cámara Cailhau.
• Don Tomás Bordera Martínez.
• Don Baldomero Abia Arthaud.
• Don José Tomás Angós Granen.
• Don Mario Jiménez Laá.
• Don Benigno Rueda Blanco.
• Don Ignacio de Larra Córdoba.
• Don Pascual Farled Bandín.
• Don Bonifacio Strada Arnal.
• Don Fernando Garralda Valcárcel.
• Don Luis Mosquera Caramelo.
• Don José Jamer Llamazares.
• Don Luis Fuentes Jiménez.
• Don Rufino Caruana Navarrete.
• Don Joaquín Serrano Rodríguez.
• Don Francisco del Prado y García del Prado.
• Don Rafael del Río Luna.
• Don Alejandro Royo Fernández Cavada.
• Don Juan Martínez de la Cueva.

ASPIRANTES A LA JUDICATURA

• Don José Cabas Corrales.
• Don José Abadía Valduque.
• Don Rafael María Núñez Sánchez.
• Don Enrique Arroyo Pardo.
• Eduardo de Isasa y de Adaro.

CARRERA FISCAL

• Don Gabriel de la Escosura Ballarín.
• Don Francisco Delgado Iribarren.
• Don Fernando González Prieto.
• Don Juan José Barrenechea Laverón.
• Don Pablo Callejo de la Cuesta.
• Don Francisco Checa Guerrero.
• Don Ezequiel Cuevas Pinto.
• Don José Luis de Prat y de Lezcano.
• Don Dionisio Martínez Martínez.
• Don Juan María López de Carvajal y de Angulo.
• Don Diego José Gómez del Campillo.
• Don Vicente Henche Yagüe.
• Don Fernando Cortés Gálvez.
• Don Graciano Guijarro García de la Rosa.
• Don Julio Fernández Divar.
• Don José Palma Campos.
• Don Luis Porras Salazar.
• Don Enrique Barber Grondona.
• Don José de Castro Fernández.

SECRETARIOS DE AUDIENCIA

• Don Ramón Álvarez Valdés y Castañón.
• Don José Luis González Checa.
• Don José de la Plata Vilches.
• Don Álvaro Enriquez de Salamanca.

SECRETARIO HABILITADO

• Don Rafael García de Victoria.

SECRETARIOS JUDICIALES

• Don Antonio Aguilar Mora.
• Don Manuel López Cañas.
• Don Rafael López Pando.
• Don Esteban Villa Moreno.
• Don Antonio Cardona López.
• Don Pablo Gómez Francés.
• Don Juan López Zafra.
• Don Enrique Fagoaga Gil.
• Don Alfredo Bárcena Llorente.
• Don Andrés Conde Gómez.
• Don Jeremías Pastor Pérez.
• Don Juan Alcón García.
• Don Rafael Siles Benavides.
• Don Salvador de la Cámara García.
• Don Julio Nieto de la Fuente.
• Don Enrique Cuber Martínez.
• Don Cándido Pesquera Seriola.
• Don Arturo Aznar Calixto.
• Don José Benavides Vargas.
• Don Felipe Ibáñez Cabanna.
• Don José Antonio Aparicio Domínguez.
• Don Plácido Lumbreras Cancho.
• Don Eduardo de la Loma Marín.
• Don Miguel Polaino Gil.
• Don Manuel Pumpido Esperante.

OFICIAL DE SALA

• Don Wenceslao Lucas Aledón.

MÉDICOS FORENSES

• Don Bernardino Beotas y Díaz Prado.
• Don Anastasio Hermoso Rodríguez.
• Don Fernando Aparicio Sánchez.
• Don José Martínez Cañete.
• Don José López Trasmoyeres.
• Don Pedro José Rullán Robot
• Don Carmelo Serrano García.
• Don Manuel Aparicio Fernández del Olmo.
• Don Faustino García Arévalo.
• Don José Fábregat Martín.
• Don José Antonio Mejías Molina.
• Don Ponciano Maestre Pérez.
• Don José María Vives Salas.
• Don Luis Carreta Zanny.
• Don Juan Torralba López.
• Don Fernando Méndez Rodríguez.
• Don José Sánchez Tirado Martínez.
• Don Diego Flores Flores.
• Don Cándido Campos García.

FUNCIONARIOS SUBALTERNOS

• Don Modesto Feced Millán.
• Don Eulogio Rubio Córdoba.
• Don Modesto Hernández García Asenjo.
• Don Dámaso Sánchez Gutiérrez.
• Don Alberto Silva Acuña.
• Don Paulino Jambrina Avedillo.
• Don Federico Vieca Cañas.
• Don Ismael Martín Barberá.
• Don Francisco Manzano Jiménez.
• Don Juan Muñoz Abad.
• Don José Palomares Clemente.

Debe tenerse en cuenta que sólo la mitad de España, aproximadamente, quedó en un principio bajo el dominio del Frente Popular, lo que eleva considerablemente el porcentaje de funcionarios judiciales asesinados, en relación con el total de los que integraban la Corporación.
Son las víctimas 128, con arreglo a las siguientes cifras parciales:

• Tribunal Supremo, 2.
• Magistrados de Audiencia, 12.
• Juez de Primera Instancia, 28.
• Aspirantes a Judicatura, 5.
• Carrera Fiscal, 20.
• Secretarios de Audiencia, 4.
• Secretarios Habilitados, 1.
• Secretarios Judiciales, 25.
• Oficial de Sala, 1.
• Médicos Forenses, 19.
• Funcionarios subalternos, 11.

El ex presidiario Juan García Oliver, elevado por el Frente Popular al rango de Ministro de Justicia—no ostentaba el título de Abogado ni ningún otro título académico—, ordenó la destrucción de los Archivos del Registro Central de Penados y Rebeldes, privando así a la sociedad española—cualquiera que pudiera ser su régimen político— de un indispensable medio de defensa y de previsión frente a los delincuentes comunes, reincidentes y habituales del crimen.
En el correspondiente anexo documental se trascribe la declaración de un testigo presencial de la visita que realizó a dicho Registro el entonces Ministro de Justicia, Juan García Oliver, por cuya orden fue destruida toda la documentación del mencionado Registro Central de Penados y Rebeldes. (Documento núm. 9).
Desentendiéndose de esta evidencia el propio Ministro García Oliver, recaba al poco tiempo del Presidente de la República, D. Manuel Azaña, la firma de un Decreto que -bajo el pretexto absoluto y notoriamente falso de haber sido destruído el Registro de Penados por un bombardeo de la aviación nacional- ordena la reconstrucción del mencionado Archivo, eliminando todos los antecedentes, incluso por delincuencia común, anteriores al 15 de julio de 1936. (Documento número 8.)
En la Circular de la Fiscalía General de la República de 13 de diciembre de 1937, encaminada a exigir de los Tribunales una mayor dureza en la represión, en términos que muestran el verdadero carácter de la justicia roja, sometida al dictado de las masas marxistas, se dice textualmente: «Compartimos con orgullo la tarea de emprender una prueba que debemos ser capaces para resistir : estabilizar con actuaciones estrictamente legales, como única garantía, la justicia que el pueblo desea y el régimen necesita; impedir, siendo ella ejemplar y rápida, las desviaciones del instinto primitivo de las masas, si se sienten defraudadas". Y en la misma Circular el propio Fiscal General rojo se lamenta del escaso rigor que, a su juicio, reviste la actuación de los Tribunales de excepción, y—refiriéndose seguramente a las sangrientas pugnas desarrolladas en Barcelona, en la primavera de 1937, entre las distintas fracciones del Frente Popular—expresa : «Al amparo de esta generosidad, no siempre bien valorada, se han producido perturbaciones incalificables que engendraron conflictos de trascendencia política, obligando en alguna ocasión a Organismos de carácter no jurisdiccional a actuar en términos que sólo la razón de Estado puede, en estas horas críticas, justificar".
En el anexo se inserta copia fotográfica del escrito elevado al Ministro de Justicia del Frente Popular, en agosto de 1937, por un fiscal de los Tribunales Populares, que -no obstante haber sido designado por el propio Gobierno marxista, en cuyo nombre solicitó y obtuvo condenas de muerte, que fueron ejecutadas- constituye la más viva descripción y el más fiel reflejo, no sólo de la justicia roja, sino de toda la vida social en la zona de España sometida al dominio frentepopulista. (Documento núm. 11.). Igualmente se acompaña fotografía de un Comité rojo constituido en una de las Salas de Justicia del Tribunal Supremo de Madrid. (Documento núm. 12.)

Causa General

Anexo XI

JUSTICIA ROJA

	Número 1 «Salazar Alonso detenido.— El Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Tribunal de Derecho que actúa en la Cárcel dio, anteayer por la tarde, la noticia de que había sido detenido el ex Ministro Rafael Salazar Alonso. La detención la llevó a efecto el grupo de la F.A.I. denominado «Los Libertos». Este grupo preguntó al detenido : ¿Es usted D. Rafael Salazar Alonso ? Sí—contestó—. Pues queda usted detenido. ¿Quiénes son ustedes ?—preguntó después—. De la F.A.I. Me entrego solamente a la F.A.I.—El grupo de la F.A.I., que tan importante servicio ha realizado, ha puesto a Salazar Alonso a disposición de las Autoridades para que éstas juzguen la conducta del detenido. El Presidente del Tribunal Supremo tuvo frases de elogio para la F.A.I. por el servicio realizado y por la forma del mismo... por su parte, ayer a mediodía, los informadores de la Dirección General de Seguridad visitaron al Director General, Sr. Muñoz. Este, contestando a las preguntas de los informadores, les confirmó que, en efecto, Salazar Alonso había sido detenido en Madrid y trasladado al Cuartel central de la F. A. 1., sito en las inmediaciones del Ministerio de la Gobernación. Desde este Centro comunicaron la noticia a la Dirección de Seguridad, requiriendo la presencia del Director para hacerle entrega personal del detenido. Añadió el Sr. Muñoz que Salazar Alonso había sido capturado en la calle, cuando se trasladaba de domicilio para continuar oculto. También dijo el Sr. Muñoz que él mismo en persona había trasladado a la Cárcel Modelo al detenido, y que éste, en el momento de entrar en la celda, le había hecho manifestaciones de gratitud y elogio para los militantes de la F.A.I. que le habían cogido, los cuales le trataron con toda clase de consideraciones.»(Noticia inserta en el diario El Liberal, de Madrid, correspondiente al miércoles 2 de septiembre de 1936, página cuarta.)
	Número 2 «Salazar Alonso ante la justicia del pueblo.—En sus declaraciones ha manifestado que es "republicano liberaldemócrata", Y solemnemente ha rechazado esta mañana la Jefatura de Lerroux.— Enemigo de partidos e instituciones de carácter internacional, aceptaba, sin embargo, a Gil Robles, jefe del vaticanismo en España.»(Titulares de la primera plana del diario de Madrid Informaciones, correspondiente al sábado 19 de septiembre de 1936, edición de provincias.)
	Número 3 «El pueblo hace justicia.— Salazar Alonso es condenado a muerte por el Tribunal Especial.—El Jurado, por unanimidad, declara la improcedencia de solicitar la conmutación de la pena impuesta. La Sección de Derecho del Tribunal Especial firmó ayer tarde, a las cinco menos cuarto, la sentencia que pone fin al juicio sumarísimo seguido, por rebelión, contra el ex Ministro radical Rafael Salazar Alonso, el cual, de conformidad con la petición fiscal, es condenado a muerte.— Se dio de la sentencia cuenta al Jurado, por si estimaba que debía solicitarse la conmutación de la pena impuesta. Por unanimidad, los jueces del pueblo acordaron la no procedencia.»(Noticia inserta en el diario Informaciones, de Madrid, correspondiente al martes 22 de septiembre de 1936, página tercera, edición de provincias.)
	Número 4 «Se ha hecho justicia.— Esta mañana se ha cumplido la sentencia dictada contra Salazar Alonso.— El Gobierno, en el Consejo de ministros celebrado ayer tarde, conoció la sentencia dictada por el Tribunal Especial de Madrid contra Salazar Alonso, acordando, después de detenido estudio de la misma, confirmar el fallo del Tribunal.— La sentencia quedó cumplida, a las seis de la mañana de hoy, en el recinto de la Cárcel contiguo a los lavaderos.— Después de la ejecución desfilaron ante el cadáver Fuerzas de la Guardia Republicana, Asalto y Milicias.»(Informaciones, de Madrid, correspondiente al día 23 de septiembre de 1936, página tercera.)
	Número 5 «Ministerio de la Guerra.— Decreto.— Usando de la prerrogativa que me concede el artículo 102 de la Constitución de la República, de conformidad con el informe del Tribunal Supremo de Justicia y a propuesta del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente :Artículo único. Se concede a los paisanos Rafael Aznar Gerner, Constantino Palacios López, Fernando Primo de Rivera y Cobo de Guzmán y José Cubero Mateo indulto de la pena de muerte que, por el delito de rebelión militar, les ha sido impuesta por sentencia dictada por el Tribunal Especial contra la Rebelión y Sedición Militar de Madrid con fecha 26 del actual, cuyas penas se conmutan por las de reclusión perpetua, con las accesorias legales correspondientes. Dado en Madrid a veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta y seis.— Manuel Azaña.— El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Francisco Largo Caballero. » (Decreto publicado en la Gaceta de Madrid, diario oficial de la República, en su número 272, correspondiente al lunes día 28 de septiembre de 1936.)
	Número 6 «Declaración del testigo D. Miguel Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, en la que dice: Que sus hermanos Fernando y Federico Primo de Rivera y Cobo de Guzmán... fueron detenidos en compañía de Rafael Aznar el 18 de agosto de 1936, en una casa de la calle de Gurtubay, donde se ocultaban, y sometidos a un Tribunal Popular, fue condenado a muerte Fernando, y a cadena perpetua, Federico, por fallo del 26 de septiembre de 1936. En el mismo día fue conmutada la pena de muerte a Fernando; pero en la noche del 27 al 28 del mismo septiembre fue extraído de la cárcel por unos milicianos, en unión de Rafael Aznar Gerner y de los Guardias de Policía Urbana José Cubero Mateo y Constantino Palacios López, y acto seguido, los cuatro fueron asesinados por los propios milicianos cerca del kilómetro 4 de la carretera de Majadahonda. A estos milicianos que los asesinaron les fueron entregados por el responsable de la segunda galería de la Cárcel Modelo, apellidado Carmena... Sus cadáveres están enterrados en las inmediaciones de donde fueron muertos...»(Declaración prestada ante la Causa General de Madrid para hacer constar el asesinato de los reos recién indultados por el Gobierno del Frente Popular y extraídos inmediatamente de la Cárcel oficial por los agentes rojos que les dieron muerte.)
	Número 7 «Constitución de la República española...................— Artículo 15. Corresponde al Estado Español la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias : 1ª Legislación Penal, Social, Mercantil y Procesal......... » (Precepto de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931, que prohíbe a las Regiones autónomas dictar normas legales de carácter procesal o penal, cuya legislación queda reservada al Poder central de la República; no obstante lo cual, la Generalidad de Cataluña dicta, contra la Constitución, disposiciones penales y procesales.)
	Número 8 Orden oficial de entrega a las milicias -que los asesinan inmediatamente- de tres militares, que meses después son condenados en rebeldía por un tribunal rojo, que aparenta creer que los encartados se han sustraído, por medio de la fuga, a la justicia del Frente Popular.
	Número 9 "Declaración del testigo Luis Palud Clausó. —En Madrid, a 17 de septiembre de 1942. —Ante el Sr. Fiscal Delegado para la instrucción de la Causa General de Madrid ...—... El nombramiento del declarante como Director General de los Registros y del Notariado apareció en la Gaceta del 12 de noviembre de 1936, permaneciendo el dicente en dicho cargo hasta el 17 de diciembre del mismo año. —El día 4 de noviembre de 1936, sin que el declarante pueda responder de la exactitud de la fecha, García Oliver se presentó, en su calidad de Ministro, en el edificio del Ministerio, acompañado de una cuadrilla de milicianos armados, de la peor catadura, y recorrió las dependencias del edificio; según se dijo en el Ministerio, uno de los despachos visitados por García Oliver fue el del Oficial Mayor, Sr. Campos Munilla, con quien se encerró, dejando varios milicianos a la puerta, obligando a dicho señor a que le entregase un expediente instruido contra el entonces Subsecretario, Mariano Sánchez Roca, y contra un Fiscal del Tribunal Popular de Murcia, llamado José Gomis Soler, que en la época en que Sánchez Roca era Presidente del Tribunal Popular de aquella capital se habían apoderado o trataban de apoderarse de 75.000 pesetas, propiedad de una Comunidad de religiosas, para repartirse dicho dinero en vista del mal sesgo que presentaba la guerra para el Gobierno rojo; parece ser que el Ministro García Oliver prendió fuego a dicho expediente dentro del despacho del Oficial Mayor. El Ministro rojo y su acompañamiento recorrieron las demás dependencias de la casa, recordando el declarante que uno de los bandoleros que acompañaban a García Oliver le dijo al declarante: «Compañero: estrecha esta mano, que ya ha dado 253 paseos)); como es consiguiente, todo el personal que se encontraba en el Ministerio, atemorizado por la presencia de aquella gente, deseaba que terminase lo antes posible la visita. También estuvo García Oliver en el despacho del alto funcionario de la Dirección de Registros, D. Casto Barahona, ante quien expuso unos proyectos de reforma legislativa que, según cree recordar el declarante, se referían a la Ley Hipotecaria, aprovechando la ocasión para dirigir una especie de discurso sobre temas jurídicos. Finalmente, se dirigió al Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se encontraban algunos funcionarios, yendo el declarante, en unión de otros empleados de la casa, acompañado de García Oliver; el Ministro, dirigiéndose al funcionario del Registro de Penados D. Eugenio López —que actualmente debe estar destinado en la Subsecretaría del Ministerio— le dijo: «Saca mi ficha», respondiéndole dicho funcionario, después de consultar el fichero, que la ficha del Ministro, como penado, no aparecía. García Oliver, dirigiéndose en voz alta a todos los presentes, dijo: «Que aquel Registro era un baldón de ignominia, que había que hacer desaparecer.Efectivamente; pocos días después, aproximadamente entre el 7 y el 10 del mismo mes de noviembre, se presentaron al declarante, que entonces ocupaba el despacho del Secretario particular del Subsecretario de Justicia, unos milicianos de la C. N. T., que le dijeron que iban a llevarse el fichero de Penados y Rebeldes, así como el fichero antropométrico, alegando que trataban de evitar que pudiese ser destruido por algún bombardeo. Como no había posibilidad de oponer resistencia, y teniendo, además, en cuenta que el Ministro ya había anunciado la desaparición de dicho fichero, se indicó a los milicianos el local ocupado por el Registro de Penados. En una camioneta, y ayudados por el retén de Guardias de Asalto —que en número de unos 150 prestaban servicio en el Ministerio—, los anarquistas fueron cargando la camioneta, oyendo el declarante, lo mismo que los demás funcionarios entonces presentes en el Ministerio, que la camioneta se dirigía a la fábrica de vidrios; las fichas que quedaron tiradas por el suelo, y que no pudieron ser cargadas en la camioneta, fueron luego quemadas en la estufa de la calefacción por los Guardias de Asalto de servicio. Según el dicente oyó, uno de los milicianos de la C. N. T. se llamaba Granizo y el otro Pastor. —Desde luego, el declarante no tuvo iniciativa ni intervención alguna en esta destrucción, puesto que de haber querido servir a García Oliver, y dado que el dicente conoce perfectamente el mecanismo del Registro de Penados, hubiese hecho ver al Ministro rojo la inutilidad de esta destrucción, ya que siempre hubieran quedado los antecedentes en las Audiencias que le hubieran condenado, y, en último término, hubiera podido extraer la ficha sin provocar alarma alguna y entregársela a García Oliver. En el fichero antropométrico se encontraba de servicio en aquella ocasión el funcionario D. Félix García Brea, actualmente Jefe de Servicios en la Prisión de Torrijos. —La destrucción del fichero constituía una obsesión de García Oliver, puesto que en cierta ocasión, y encontrándose el declarante destinado en la Sección de Estadística del Ministerio de Justicia de Valencia, fueron reclamados antecedentes al Hospital General de Madrid, que respondió oficialmente que por virtud de la medida de destrucción del fichero tomada por García Oliver no podían remitirse los antecedentes solicitados...». (Declaración prestada por D. Luís Palud Clausó, testigo presencial de la destrucción de los archivos del Registro Central de Penados y Rebeldes, realizada por ex presidiario Juan García Oliver, Ministro de Justicia del Frente Popular.).
	Número 10 (Decreto de 19 de diciembre de 1936, Gaceta del 22, por el que —atribuyendo arbitrariamente a la Aviación Nacional la destrucción del Registro de Penados y Rebeldes— se ordena su reconstrucción, eliminando todos los antecedentes —incluso los de delitos comunes— anteriores al 15 de julio de 1936):Preámbulo. —«A consecuencia de las incalificables agresiones de las fuerzas facciosas contra la Capital de la República, varios edificios han sufrido daños, provocados por el bombardeo de las baterías y aviación enemigas, entre ellos el inmueble ocupado por el Ministerio de Justicia, quedando destruidos, entre otros documentos, el de gran parte de los que integraban el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por ello, con el fin de resolver la situación que tal destrucción ha producido, teniendo en cuenta las dificultades, casi insuperables, que la reconstrucción del Registro supondría, sobre todo en los momentos presentes, y atendida, por otra parte, la circunstancia de que muchos delincuentes ocasionales, además de haber cumplido las penas que los Tribunales les impusieron, se han rehabilitado ante la sociedad por los servicios que con los armas vienen prestando a la causa antifascista, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo primero.---Quedan cancelados todos los antecedentes penales relativos a delitos cometidos con anterioridad al quince de julio del presente año. Artículo segundo. —Dependiendo de la Dirección General de Prisiones, se constituirá en Valencia un Registro Central de Penados y Rebeldes, formado por las notas a que se refiere el artículo 252 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su consecuencia, los Tribunales y Juzgados de todas clases vendrán obligados a remitir al Registro las referidas notas, con relación a todas las sentencias que hubiesen dictado por delitos o faltas cometidas con posterioridad al quince de julio último, absteniéndose de enviar las relativas a hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha. Artículo tercero. —A partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta de la República, las certificaciones de antecedentes penales, que continuarán siendo exigibles en todos los casos que preceptúa la legislación vigente, se solicitarán en las dependencias del Ministerio de Justicia en Valencia. Artículo cuarto. —Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones complementarias de este Decreto. Artículo quinto. —Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto, del que se dará ata a las Cortes. Dado en Barcelona, a diecinueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis. —Manuel Azaña y Díaz. --El ministro de Justicia, Juan García Oliver." Comentario oficioso publicado, por el Subsecretario Mariano Sánchez Roca, en el folleto Dos meses deactuación en el Ministerio de Justicia: «Tiene importancia singular el anterior Decreto, cuyo alcance no es otro que convalidar situaciones de hecho que el Gobierno de la República no creó. »Las bombas de la Aviación extranjera al servicio de los facciosos alcanzaron a varias dependencias del Ministerio de Justicia, en la calle Ancha de San Bernardo, de Madrid, y como algunas de las bombas que lograron tal objetivo eran incendiarias, ello determinó un siniestro en distintas dependencias del Ministerio, entre ellas las destinadas al Registro Central de Penados y Rebeldes. »Y en la imposibilidad de reconstruir dicho Registro, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, declaró cancelados los antecedentes penales e inició un nuevo Registro General en el departamento establecido en Valencia.»
	Número 11 Escrito dirigido en agosto de 1937 al Ministerio de Justicia del Frente Popular por un fiscal nombrado por el propio Gobierno rojo. (17 imágenes)
http://www.causageneral.org/

	Número 11 Escrito dirigido en agosto de 1937 al Ministerio de Justicia del Frente Popular por un fiscal nombrado por el propio Gobierno rojo. (17 imágenes)
	Número 12 Comité rojo constituido en una de las salas del Palacio de Justicia de Madrid.
	Números 13 a 16. Cómo es entendida por el Frente Popular la independencia del Poder Judicial: la Dirección General de Seguridad entrega al magistrado señor Aldecoa a una checa, que lo asesina, como consecuencia de la actividad judicial de dicho señor, tachada de excesivamente benigna. Número 13
	Número 14
	Número 15
	Número 16

Causa General

Capítulo XII

EL GOBIERNO MARXISTA Y EL PATRIMONIO NACIONAL

El Gobierno marxista atentó gravemente contra los intereses económicos de España, expoliando —por medio de apariencia legal unas veces y de franca violencia otras— una incalculable riqueza, cuya desaparición representó para la vida económica y el bienestar material de la Nación, durante mucho tiempo, un rudísimo quebranto, del que se ha repuesto gracias al constante esfuerzo del Caudillo y de su Gobierno.

I.-LAS EXISTENCIAS METÁLICAS DEL BANCO DE ESPAÑA
A los pocos días de iniciarse el Movimiento Nacional, el Gobierno rojo, a pretexto de intervención en los cambios, consiguió que el Banco de España hiciera una serie de remesas en libras esterlinas al Banco de Francia, ascendiendo lo remitido por este concepto, desde el mes de julio de 1936 al mes de enero inclusive de 1937, a la suma de 21.964.444 libras esterlinas.
Para apoderarse de las existencias metálicas existentes, el 13 de septiembre de 1936, siendo ministro de Hacienda Negrín, dictó el Gobierno rojo un Decreto reservado, por el que, bajo pretextos relativos a la seguridad del oro, obligaba al Banco de España a que entregase el oro que poseía, para llevarlo —según decía el Decreto— a un lugar más seguro. (Documento anexo.)
El oro y la plata que radicaban en el Establecimiento central del Banco de España, en Madrid, estaban seguros en sus cajas y cámaras subterráneas; pero, aunque esto se advirtió al Gobierno y se formuló oposición, frente a la iniciativa del mismo, por dos Consejeros representantes de los accionistas del Banco, que presentaron la dimisión, el día 14 de septiembre de 1936 irrumpen en el Banco fuerzas de Carabineros y Milicias, enviadas por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los Comités, y especialmente con el que funcionaba en el mismo Banco de España. Dirigió la operación de incautación el entonces Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, en unión de empleados del Banco, elementos destacados del Comité. Ordenada la entrega de las llaves de las cajas y cámaras donde se custodiaba el oro, fueron abiertas las mismas, y durante varios días los agentes del Gobierno estuvieron extrayendo todo el oro existente, que ascendía a la suma de 2.184.145.184,51 pesetas oro, equivalente a 5.199.576.026,24 pesetas efectivas, restándose el importe de las 3.432.000 libras esterlinas, representadas por las veinticinco remesas de oro anteriormente enviadas al Banco de Francia, en París, entre el 18 de julio y el 14 de septiembre de 1936, fecha en que comenzó el apoderamiento material del oro en el Banco de España.
Colocado el oro en cajas de madera, fue transportado en camiones a la Estación del Mediodía, y desde allí a Cartagena, donde fue depositado en los polvorines de La Algameca, cuya custodia fue confiada a elementos de confianza del Comité y a algunos claveros del Banco, indicándoles Méndez Aspe la necesidad de guardar absoluta reserva acerca de las extracciones que se hicieran en dichos polvorines, apercibiéndoles con severas penas si se divulgaban.
A los pocos días y bajo la dirección del mismo Méndez Aspe, de acuerdo con Negrín, fueron transportando parte del oro a Francia y a otros lugares del extranjero. Así, el 26 de septiembre de 1936 enviaron a Marsella 250 cajas en el Tramontana; en 2 de octubre del indicado año, otras 250 por el mismo medio de transporte; en 29 de octubre, 748 cajas; en 9 de diciembre, 375, también en el Tramontana, y el 10 de enero de 1937, otras 315 cajas, que suman en total mil novecientas treinta y ocho cajas remitidas a Marsella. El 5 de enero de 1937, en aeroplano, se transportan a Toulouse 6o cajas, y el 21 de enero y 14 de febrero de 1037, 202 cajas al Ministerio de Hacienda, en Valencia.
El día 25 de octubre de 1936 se personó Francisco Méndez Aspe en Cartagena, y, de acuerdo con Negrín, ordena que por la noche se extraigan sigilosamente de los polvorines siete mil ochocientas cajas de oro, de un peso aproximado de setenta y cinco kilos cada una, que son transportadas en camiones y cargadas en los buques Kine, Neve y Volgoles, que zarparon en dirección a Odessa, acompañando a esta expedición, como personas de confianza, los claveros José Velasco y Arturo Candela; operación realizada clandestinamente y sin que, al parecer, se hubieran enterado de momento otras personas significadas de los partidos y del Gobierno del Frente Popular.
En síntesis, fueron exportadas diez mil cajas con oro, del peso aproximado ya indicado, entre los meses de septiembre de 1936 y febrero de 1937.
A los pocos días de la extracción del oro del Banco de España, por las mismas personas, y utilizando los mismos procedimientos empleados para la incautación del oro, se apoderaron de la plata, trasladando a Cartagena cajas con este metal por una total cuantía de 344.275.000 pesetas.

2.-DESPOJO DEL DINERO, VALORES, DIVISAS Y ALHAJAS DE PROPIEDAD PRIVADA QUE SE CUSTODIABAN EN LOS BANCOS
Saqueadas las reservas metálicas del Banco de España, se procedió de modo sistemático a la confiscación del dinero, divisas, valores y efectos de propiedad de particulares que existían en depósito y en paquetes lacrados en la Banca privada. Para ello se dictan disposiciones conminatorias, como los Decretos de 3, 10 y 16 de octubre de 1936. Obligada por estos Decretos, la Banca privada tuvo que entregar en oro amonedado o en pasta la cantidad de 5.026.613,32 pesetas oro, aparte de gran cantidad de libras, francos y otras monedas extranjeras. En divisas fue puesta a disposición del Gobierno, en el Banco de España, una suma que, representada en pesetas oro, ascendió a una considerable cantidad. En valores extranjeros, la Banca privada hubo de entregar la cantidad de 32.248.976,71 pesetas oro, incautándose también el Gobierno rojo de bastantes valores españoles de cotización internacional.
Complemento de los anteriores Decretos fueron las Ordenes de 20 y 29 de octubre de 1936 sobre nombramientos de numerosos Jueces especiales de Contrabando para la apertura de cajas de alquiler en los Bancos, campaña que produjo al Gobierno rojo un incalculable botín.
Ante el curso de la guerra, desfavorable para los marxistas, el Gobierno rojo decide trasladarse, en noviembre de 1936, a Valencia, dejando todo dispuesto en su fuga, y en la noche del 6 de noviembre se presenta en el Banco de España, con el entonces Director General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, un individuo titulado Capitán de Carabineros, apellidado Masegosa, que era persona de la confianza de Negrín y agregado, como Ayudante del mismo, a la Secretaría del Ministerio de Hacienda; avisado el Jefe de las cajas de seguridad de alquiler y depósitos en dicho Banco, le manifestaron que el Ministro de Hacienda había ordenado la apertura de las cajas, que debía llevarse a cabo con toda urgencia, para tener terminada la tarea antes de las diez de la mañana del siguiente día. Sin atender los reparos opuestos por el empleado, que alegó, además, no tener las llaves, los asaltantes —que a prevención, y para actuar con toda rapidez, habían llevado
consigo un equipo de metalúrgicos y cerrajeros, compuesto de 50 ó 60 operarios— violentaron 3.959 cajas, llevando el contenido de las mismas, que era oro, valores, alhajas, etc., así como el de dos cajas más que contenían oro, valores, monedas y divisas. Violentaron, además los depósitos de alhajas, que eran 2.236, por un valor declarado de 15.832.472,10 pesetas; pero el Banco de España estima que el valor era diez veces mayor que el declarado, puesto que los depositantes so lían declarar un importe mínimo de 2.500 pesetas, a fin de pagar la tasa mínima de derechos de custodia, por lo que no es posible determinar el exacto valor de lo sustraído.
Entre otras muchas cosas de inestimable valor, los asaltantes se apoderaron de dos depósitos de «radium», de la Facultad de Medicina, valorados en 400.000 pesetas; dos depósitos de lingotes de oro, de la Sociedad de Metales Preciosos, de un valor de 713.356,32 pesetas; el tesoro de la Catedral de Toledo; el de El Escorial; las joyas de Su Alteza la Infanta doña Eulalia de Borbón, heredadas de la Reina doña Isabel II, consistentes en collares de perlas y brillantes, aderezos, pulseras y otras alhajas, mantillas, encajes y una colección de abanicos, todo de un valor incalculable. Se llevaron también el contenido de la caja número 106, a nombre del Marqués de Zahara, que guardaba gran cantidad de joyas, entre ellas una corona procedente del Imperio de los Zares. Merecen también especial mención la caja señalada con el número 1.348, de la Duquesa de Santa Elena, con valiosísimas alhajas; la del Sr. Calderón, con numerosas joyas y un saco con 70 kilos de oro; la del Vizconde de Eza, que, entre otras alhajas, guardaba un collar de 18o brillantes, tasado en 1.114.776 pesetas; la del Marqués de Chiloeches, que conservaba alhajas y un millón de pesetas.
Igual suerte corrieron las cajas de alquiler y depósitos de la Banca privada. También en noviembre de 1936, Méndez Aspe, de acuerdo con el Gobierno rojo, autorizó al titulado Comandante de Carabineros Federico Angulo para trasladar el contenido de las cajas de seguridad y depósitos a Valencia. A las objeciones tímidas de algunos elementos técnicos de la Banca, que alegaban que era preciso contar con los clientes, respondió el agente marxista, en forma amenazadora, que no estaba dispuesto a aceptar dilaciones. Fuerzas de Carabineros penetran en los locales de la Banca privada, violentando cajas y depósitos e incautándose del contenido.

3.—OTRAS DEPREDACIONES
Las amenazas conminadas por los Decretos de 6 y 18 de agosto de 1937 obligaron a muchos españoles a depositar en los Bancos las joyas y piedras preciosas que hasta entonces habían logrado conservar en sus domicilios, a salvo de la rapiña de las milicias rojas. En abril de 1938, el titulado Comandante de Carabineros Ciriaco López, con policías y soldados armados, se presentó en la Banca privada de Madrid, exhibiendo orden del Ministro de Hacienda —ya lo era Francisco Méndez Aspe— para apoderarse del contenido de todas las cajas y depósitos existentes en aquella fecha. La orden, fechada en 23 de marzo de 1938, estaba concebida en los siguientes términos: "Con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la Banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros PASEN INMEDIATAMENTE AL ESTADO para que el Ministerio de Economía adopte las PRECAUCIONES INDISPENSABLES QUE GARANTICEN EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE DICHAS CAJAS Y DEPÓSITOS, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas se proceda a entregar al Ministerio de Hacienda y Economía, a través de los Delegados especiales que se designarán, las cajas y depósitos de la pertenencia de ciudadanos españoles."
En la referida ocasión fueron abiertas y violentadas en la Banca privada —excluyendo las del Banco de España, saqueado anteriormente cuatro mil ochocientas ochenta y siete cajas de alquiler, mil trescientos catorce depósitos y treinta paquetes, llevándose enorme cantidad de alhajas, perlas y piedras preciosas de imposible valoración, ni siquiera en términos aproximados. Solamente del Monte de Piedad, de Madrid, se llevaron 21 depósitos abiertos, que contenían alfileres, pendientes, sortijas, pulseras, cadenas, relojes, etcétera; además de estos depósitos, se apoderaron de la mayoría de las alhajas, propiedad de empeñantes, que se custodiaban en la Central y sucursales de Madrid y que fueron transportadas a Valencia y Barcelona. Representaban estas alhajas treinta mil trescientas veinte operaciones de préstamo con garantía pignoraticia, estando evaluados estos empeños en la suma de pesetas 11.642.249,00; afirmando la Dirección del Monte de Piedad que esta valoración representaba meramente el concepto de préstamo, pero que el valor efectivo de las joyas llevadas del Monte de Piedad de Madrid era muy superior, pudiendo cifrarse en sesenta millones de pesetas. Debe tenerse en cuenta, para apreciar el sentido moral y social de este despojo, que los dueños de las prendas sustraídas eran gentes muy modestas que, a fin de remediar perentorias necesidades, acudían al Monte de Piedad, recibiendo de esta Entidad benéfica dinero a préstamo garantizado por los objetos empeñados.
A los desmanes oficiales se suman las requisas y saqueos domiciliarios, llevados a cabo en las viviendas de familias detenidas, perseguidas o ausentes, por las milicias, checas y Policía roja—integrada en gran parte por malhechores comunes—cuyos incalculables rendimientos en dinero y objetos de valor aprovechan unas veces a los propios saqueadores o a los Partidos de que aquéllos dependen, y son entregados en todo o en parte, en otras ocasiones, a la Dirección de Seguridad o a los organismos de incautación creados por el Gobierno rojo. Conforme se indica en el lugar de la presente publicación, dedicados a las «checas», y más concretamente, al Comité de Investigación Pública (checa de Fomento).
Ciertamente que ante el rápido avance de las Fuerzas nacionales en el período final de la guerra, y por no quedar tiempo material a los marxistas para transportar al Extranjero todo lo ilegítimamente incautado, se consiguió rescatar, principalmente en Figueras, bastantes paquetes de alhajas; pero con gran diferencia entre el valor de lo sustraído y el de lo recuperado.

4.-EL MARXISMO Y EL RÉGIMEN BANCARIO ESPAÑOL
El Gobierno marxista comenzó a destituir a los Consejos de Administración de los Bancos, y el 30 de octubre de 1936 dictó un Decreto que facultaba para nombrar un Comité Directivo en esta rama. en el que tuviese representación la Federación de la Banca; resultando que tal Comité Directivo estaba integrado por elementos obreros pertenecientes a la U. G. T. que, con los Comités de Empresa, eran de hecho la verdadera y suprema autoridad de los Bancos, que facilitaba, desde el interior de los mismos, todos los excesos emprendidos desde fuera contra el patrimonio confiado a los establecimientos bancarios.
Se retiraron de las cuentas corrientes particulares grandes cantidades de dinero, sin la firma del titular, bajo el corriente pretexto de pago de jornales por trabajos arbitrarios; otras veces, la Dirección de Seguridad y otros organismos rojos obligaban a satisfacer cantidades por multas o conceptos análogos. Así fueron extraídas de las cuentas corrientes, sin la firma del titular, enormes cantidades, ascendiendo lo cobrado por este concepto en la Banca privada a la suma de setenta millones doscientas sesenta y un mil doscientas sesenta y ocho pesetas; y en el Banco de España, también sin la firma del titular de la cuenta, obligaron a pagar la cantidad de seis millones novecientas diecisiete mil sesenta y ocho pesetas con ochenta y cinco céntimos. Gran número de talones fueron pagados mediante autorización del Delegado del Consejo Superior Bancario, en virtud del Decreto de 30 de agosto de 1936; pero otras órdenes procedían de diferentes organismos: Agencia Ejecutiva, Ministerio de Instrucción Pública, Tribunales Populares, Juzgados, Caja de Reparaciones, Comités de control, etcétera.

5.-RESUMEN DE LO APROPIADO
Por ser elevadísima la cantidad de joyas, metales preciosos y otros efectos sustraídos en los Bancos a la clientela privada, resulta imposible su valoración, por la circunstancia ya advertida, de no estar hecha su declaración en tiempo debido por los interesados; puede afirmarse que se trata de casi toda la riqueza nacional de esta especie que se encontraba en zona roja.
El oro arrebatado al Banco de España importa—según quedó ya indicado—un equivalente de cinco mil ciento noventa y nueve millones quinientas setenta y seis mil veintiséis pesetas con veinticuatro céntimos. A cuya cantidad debe añadirse la representada por los ingresos en cuentas corrientes y compras particulares de oro por el Banco de España en los meses de octubre y noviembre de 196, en armonía con el Decreto de 3 de octubre del indicado año, que arroja la cifra de pesetas oro 6.868.801,83, de cuya suma se hizo cargo un Comité, integrado por funcionarios del Banco, que actuó desde el 11 de octubre al 2 de noviembre de 1936.
Plata, 344.275.000,00 pesetas.
También deben ser adicionadas a estas cantidades las extraídas por otros procedimientos irregulares de las cajas de las sucursales del Banco sometidas al dominio rojo, que fueron las siguientes :

	PESETAS
Por donativos, contribuciones extraordinarias y aperturas de créditos	326.447.017,90
En oro	1.837.012,00
En plata	1.743.406,00
En billetes y moneda fraccionaria	85.451.807,00
Por remesas a otras sucursales ordenadas por autoridades rojas, sin intervención de la Central Plata	69.629.903,00

6.-AUTORES DE ESTA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
Todo lo expuesto patentiza, y así resulta claramente acreditado por informes del Banco de España y de la Banca privada y de afirmaciones de testigos fidedignos, que fué el propio Gobierno del Frente Popular el autor responsable de este despojo. El entonces Ministro de Hacienda, Negrín, y su cooperador—y luego Ministro—Francisco Méndez Aspe, fueron los que ordenaron el expolio de toda la riqueza existente en el Banco de España y en los demás establecimientos bancarios.
El Decreto de 13 de septiembre de 1936, firmado por Azaña y Negrín, que acuerda el traslado del oro a lugar seguro, fue una evidente superchería, ya que a los pocos días lo diseminaron por el extranjero, llevando una considerable cantidad (7.800 cajas, de 75 kilos cada una) a Rusia. También los dirigentes marxistas, acabada ya la guerra civil, lograron adueñarse en Francia de bastantes millones, de ilícita procedencia, y situarlo en Méjico, siendo de dominio público el viaje a dicho país del yate Vita, de cuyo cargamento resultó, en definitiva, beneficiario el grupo afecto a Indalecio Prieto.
Puede rotundamente afirmarse que el Gobierno del Frente Popular y los políticos destacados del mismo se apoderaron del oro, plata, divisas, valores y alhajas y, en una palabra, de casi todo el patrimonio nacional que se encontraba en la que fue zona roja y que, por hallarse enclavadas en dicho territorio las más importantes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.), así como la Central del Banco de España y los principales establecimientos bancarios, representa la parte principal de la riqueza española.
El reparto de lo sustraído alcanzó a bastantes personalidades rojas y enlaces del Gobierno que durante la guerra se encontraban en el extranjero, a salvo de las contingencias de la lucha y encargados de reservadas misiones comerciales. Según informes dimanantes de la documentación y libros del Banco de España, del producto de la venta de libras esterlinas a los Bancos de Francia, en cantidad de veintiún millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta y cuatro libras, aparecen fuertes cantidades de millones de francos situados en Bancos extranjeros a favor de personas identificadas con el Gobierno del Frente Popular durante el año 1936 y en enero de 1937, figurando, entre otros muchos, los siguientes :
A disposición de Oloná, en el Banesparco Eurobank, Paribas y Dreyfus, se situó la suma de ¢75.439.721,60 francos.
Alvaro de Albornoz, en el Chase Bank, se situó a su favor la suma de 125.000.000 de francos.
L. Araquistain y A. Otero, indistintamente, en el Chase Bank, en el Credit Lyonnais, en el B. de L'Europe, Banque Comerciale, Eurobank y Dreyfus y Compañía, se situaron 851.0oo.000 de francos.
Félix Gordón Ordás y R. Méndez, indistintamente, en el Banco de Londres titulado Midland, en el Eurobank de Méjico, se situaron la suma de 823.638.265,84 francos, además de 129.000.000 en el Banco de Méjico en unión de Luis Prieto.
Pedro Prá, P. Brea y R. Méndez, en distintos Bancos extranjeros, como el Eurobank, Unión Parisién, Credit Lyonnais y Banco d' Europe du Nord se situó la suma de 254.105.000 francos.
Rafael Méndez Martínez, en el Credit Lyonnais de París y una partida en unión de Luis Prieto en el New-York, la cantidad de144.730.006 francos.
Daniel Fernández Shaw, en el Banco Midland, Londres, y en el Eurobak, la suma de 13.249.070 francos.
Gonzalo Zavala y E. Rodrigo, conjuntamente, en el Eurobank, la suma de 20.000.000 de francos.
Fernando de 1os Ríos y R. Méndez, en el Banco Comercial de Wáshington, 225.645.000 francos.
Juan Negrín, en el Eurobank, 370.000.000 de francos.

Lo que a las claras demuestra el sentido y alcance de la distribución de los fondos, debiendo tenerse en cuenta que el Gobierno republicano, antes de finalizar el Movimiento Nacional, vendió a una Sociedad belga un cargamento de plata de 150.000 kilogramos, así como varias remesas del mismo metal a los Estados Unidos enajenadas por el Gobierno rojo en la suma de 24.5.000.000 de pesetas.

7.- APLICACIÓN DE LA RIQUEZA EXPOLIADA
Aparece evidente la falta de paridad entre la inmensa riqueza pública y privada arrebatada a España por el Frente Popular y los gastos-confesables—que por razón de la guerra tuvo que realizar dicho régimen en el exterior, ya que las exigencias internas podían ser atendidas mediante la inflación monetaria, también puesta en práctica, en gran escala, por el Gobierno rojo, que dispuso de miles de millones en papel, aprovechando el billetaje existente en el Banco de emisión. Por otra parte, muchos de los pagos no tenían que ser hechos necesariamente en numerario, puesto que dueño el Gobierno de la República, desde un principio, de ricas comarcas productoras (minería, azogue, naranjas y otros productos agrícolas, etc.), podía compensar parte de sus deudas con sus exportaciones. Por lo que a Rusia se refiere, si bien de dicho país se importaron elementos de guerra, especialmente aviones, por testimonio de personas destacadas que combatieron junto a los rojos se sostiene que el oro enviado a Rusia no se invirtió en la compra de armas y municiones, puesto que a la U. R. S. S. mandaba el Gobierno rojo de España barcos con cargamento de plomo, mercurio, plata en barras, azafrán, pimentón, pulpa de albaricoque, almendra, ropas y otras mercancías.

8.- LOS DESMANES CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO EN PROVINCIAS
De lo investigado hasta ahora en diversas provincias puede afirmarse que las que estuvieron bajo la dominación marxista tuvieron que sufrir—como la capital—desmanes contra la Banca pública y privada y contra la propiedad, siguiéndose el sistema anteriormente indicado para efectuar los saqueos e incautaciones.
Los datos que a continuación se indican, aparte de ser incompletos, consignan cantidades muy inferiores a las reales, por la imposibilidad de hacer una evaluación debida de lo robado.
El valor del oro sustraído en las provincias a que la investigación alcanza asciende a 27.269.521,76; el de joyas, otros metales preciosos, etc., a 74.884.766,03 pesetas, habiendo sido sustraídas millares de joyas y piezas de valor, muchas de ellas pertenecientes a los tesoros artísticos de los diferentes templos que radican en las provincias referidas.
El importe de las divisas, así como de los valores españoles y extranjeros expoliados, asciende a 327.191.053,97 pesetas; contándose también gran cantidad de dólares, libras esterlinas y otros signos extranjeros.
Fueron abiertas y saqueadas 14.393 cajas, conteniendo diferentes efectos de gran valor, así como unos 297 depósitos, con títulos, acciones y numerario en gran cantidad.

CONCLUSIÓN

Resalta aún más la magnitud del desastre económico del Régimen rojo, que arruinó al país y perdió la guerra, no obstante disponer de inagotables recursos, entre ellos todo el oro de España —con cuyo poder amenazaba Indalecio Prieto al comienzo del Alzamiento— ante el contraste que, en este aspecto, presenta el Régimen nacional que—careciendo en un principio de todo--supo ganar la guerra, merced a la inteligente dirección y al heroico esfuerzo del Ejército y a la capacidad organizadora y austeridad administrativa de sus gobernantes, sin que en ningún momento acudiera a medidas abusivas contra el patrimonio privado ni permitiera cegar las fuentes de riqueza.
Esta conducta del Frente Popular gobernante, carente de escrúpulos morales y patrióticos y de sentido de responsabilidad, parece concebida bajo un doble designio : Deliberado propósito de hundir en la ruina a España, para que el Gobierno llamado a regir el país después de la victoria se hallase ante dificultades insuperables ; y una previsora visión de su porvenir privado por parte de los jefes políticos; a fin de que su exilio estuviera exento de penalidades, aunque esta exención fuera a costa de la miseria y sufrimientos de millones de españoles de todas las tendencias.—Reflexiónese, con tales antecedentes, cuál ha sido la magnitud de la obra realizada por el Caudillo y su Gobierno para salvar a España de su ruina económica, para reconstruirla y colocarla en la próspera situación presente.

Anexo XII

EL GOBIERNO MARXISTA Y EL PATRIMONIO NACIONAL

DECRETO RESERVADO «Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.: Por su Excelencia el Presidente de la República, y con fecha 13 del actual, ha sido firmado el siguiente Decreto reservado de este Departamento ministerial: «La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente: Artículo z.° Se autoriza al Ministro de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el establecimiento central del Banco de España. Artículo 2.° El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este Decreto.—Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.—Madrid, trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis.»

Causa General

Capítulo XIII

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ROJA

La relajación de costumbres y la disolución de la moral en la vida familiar y social han sido en la zona marxista española consecuencia inseparable del comunismo, verdadero y exclusivo rector y beneficiario del Frente Popular, que le sirvió de máscara. La relación sexual desenfrenada en los mismos frentes de combate entre milicianos y milicianas durante los primeros meses de la contienda llegó a despertar la alarma de los jefes militares rojos ante el estrago que las enfermedades específicas producían entre los milicianos que, en número considerable, tenían que ser evacuados a los hospitales antivenéreos. Las uniones matrimoniales se solemnizaban con suma facilidad ante cualquier mando de milicias, y con la misma facilidad eran olvidados estos vínculos por los contrayentes. El Decreto de 10 de abril de 1937 (publicado en la Gaceta de la República del día 13 del mismo mes y año) daba efectos legales a las uniones matrimoniales celebradas a partir del día 18 de julio de 1936 ante cualquier autoridad o funcionario público, Comités de cualquier entidad política o sindical, jefes militares o Comisarios o Delegados de Guerra, por militares o milicianos con capacidad para contraer matrimonio, muertos en campaña o en acto de servicio. Y el artículo 2.° de la misma disposición legal roja implantaba el matrimonio por uso, al considerar legalmente viuda a la mujer que hubiese vivido con militar o miliciano muerto en campaña, siempre que aquél la hubiere tenido «en concepto de compañera durante un plazo superior a diez meses, o menor si de resultas de la unión hubiere quedado embarazada». Como el artículo 7.° del Decreto mencionado sólo concedía un plazo de dos meses para que el verdadero cónyuge, o cualquier otro interesado, pudiera impugnar tal declaración de matrimonio, el resultado de esta innovación legislativa no pudo ser otro que un extraordinario número de duplicidad de situaciones matrimoniales en que, por imperio de los preceptos rojos, la nueva y arbitraria inscripción cancelaba el matrimonio legítimo preexistente, sobre el cual debía prevalecer; como consecuencia de ello, a las oficinas rojas acudían, con pretensiones encontradas mujeres que alegaban su derecho a los beneficios de viudedad correspondientes a un mismo miliciano. Los casos de bigamia—favorecidos por la nueva legalidad roja, que prescindía de toda formalidad seria, incluso para el reconocimiento de matrimonio inter vivos—fueron también fenómeno corriente en la España dominada por el Frente Popular, hasta el punto de que el propio Gobierno rojo, alarmado ante el libertinaje resultante de sus ensayos legislativos, dejó sin efecto, por Decreto de 4 de agosto de 1937, la libertad de formas matrimoniales implantada por el Decreto mencionado en primer lugar. La célebre "Oficina Jurídica" de Barcelona—implantada arbitrariamente, por encima de la legalidad republicana, por sus creadores, que la convirtieron en instrumento jurisdiccional de constantes atropellos y en fuente de pingües beneficios—decidió en una sola mañana (1 de octubre de 1936) 50 divorcios.
La blasfemia y la pública procacidad imprimían carácter a las poblaciones españolas sojuzgadas por el Frente Popular. El aborto voluntario es legalizado y provocado en Barcelona en Centros sanitarios públicos. No es respetada ni la infancia, cuya corrupción había sido ya comenzada por el comunismo durante el período prerrevolucionario por medio de la obra de los «Pioneros» rojos. Comenzado el Movimiento, a la influencia moral se une la acción material y, bajo pretextos benéficos, multitud de niños son separados de sus familias y enviados a la Rusia soviética, sin posibilidades de rescate, para servir un frío designio proselitista y de propaganda.
La degradación de la vida espiritual y de las costumbres, tan rápidamente alcanzada por la España frentepopulista, va acompañada de la mayor miseria en el orden económico-social, debida principalmente, no a las privaciones directamente resultantes de la guerra, sino a la rapiña y a la desorganización derivada de la aplicación de los principios combinados del anarquismo y del comunismo: Provincias dotadas de abundantes recursos económicos ven trastornada su producción, malbaratadas sus reservas y reducido su consumo hasta límites increíbles. Las milicias disparan contra los rebaños durante los primeros meses de la contienda civil por simple placer de destrucción, quedando las reses muertas abandonadas en el campo y sufriendo un grave quebranto la riqueza ganadera de comarcas enteras, dando lugar a advertencias, poco enérgicas y nunca acatadas, de las autoridades marxistas. Las existencias de los comercios de Madrid, durante los primeros meses del Movimiento, fueron extraídas por los milicianos y sus familiares, que entregaban a cambio vales de sus respectivos Comités, cuyo equivalente en dinero no era abonado, resultando incluso peligrosa cualquier pretensión de los comerciantes en este sentido.
La zona de Aragón, dominada por las milicias anarquistas catalanas, padeció la más sangrienta tiranía y la desorganización económica más absoluta, hasta el punto de dar lugar a un choque entre dichas milicias y el Gobierno marxista, que se resolvió con la derrota anarquista y la disolución del Consejo de Aragón, quedando la población civil de aquella comarca libertada de la dictadura del cabecilla de la C. N. T., Ascaso, para caer bajo el mando directo —igualmente sectario e incapaz, pero menos utópico y desatinado en sus medidas—del Gobierno del Frente Popular.
Ni siquiera en materia de política social el marxismo —que había empleado, con carácter demagógico y negativo, las promesas de emancipación obrera como bandera para la lucha de clases— procuró bajo su mando a los trabajadores ninguna ventaja efectiva a cambio de la desorganización causada en la producción y de la anarquía provocada en la disciplina de las empresas. Por el contrario, aquellas ramas industriales que el Gobierno rojo descubre que pueden ser todavía lucrativas, son socializadas por una serie de disposiciones oficiales a partir del año 1937; pero no en favor de los obreros, sino del propio Gobierno rojo, que ensaya de este modo un arbitrario socialismo de Estado, sin que los trabajadores lleguen a experimentar la generosidad del nuevo patrono. Así, concretamente, la explotación de la industria del espectáculo que, en medio de la miseria general, constituía en la zona roja un saneado negocio, fue asumida por el Estado, que diariamente se apropiaba de la recaudación por medio de sus Juntas Oficiales de Espectáculos, sin que los trabajadores de dicho ramo pudiesen disponer de tales fondos, ni siquiera participar en los mismos para mejorar de un modo efectivo su situación.
Y en contraste con la miseria de la población civil y con las privaciones que desde los pocos meses siguientes al comienzo de la contienda comienzan a sufrir los soldados rojos, son constantes los alardes de abundancia y de lujo realizados por las autoridades del Frente Popular. Prescindiendo de la ostentosa vida del último jefe del Gobierno, Dr. Negrín, y demás miembros de dicho Gobierno, así como de las autoridades centrales, para atender exclusivamente a algún caso producido en Madrid, puede señalarse que en esta capital —cuyos habitantes se encontraban desde hacía mucho tiempo sometidos a un racionamiento inverosímil— el militante socialista Ángel Pedrero, elevado por el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, a la Jefatura del Servicio de Investigación Militar del Ejército del Centro —entre otras costosas fiestas—, agasajó el 19 de Marzo de 1938 al General Miaja con un banquete en el Hotel Ritz que produjo 37.600 pesetas de gastos.

* * *

En definitiva, los crímenes cometidos por el Frente Popular en la zona de España que estuvo sometida a su dominio revisten tal magnitud, que solamente los asesinatos debidamente investigados alcanzan la cifra de 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de guerra.

Causa General

Anexo XIII

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ROJA

	Número 1 Un comisario rojo en Cataluña.
	Número 2 Los emblemas soviéticos presiden la vida de Barcelona, entronizados en sus calles principales bajo el régimen frentepopulista.
	Número 3 Un mitin en Valencia.
	Número 4 Un mitin en Madrid.
	Número 5 Los rojos, vistos por ellos mismos. Apunte del dibujante "Sim", aparecido en la publicación roja realizada en Barcelona por la entidad colectivizada "Grafos": un miliciano y una miliciana festejan el allanamiento de un palacio.

Causa General

Causa General, del Ministerio de Justicia, 1941. (La otra cara de la memoria histórica). 2ª Edición 2009

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Lengua: CASTELLANO
ISBN: 978-84-92814-00-8
Nº Edición: 2ª
P.V.P.: 18 euros

Colección: HISTORIA
Año de edición: 2009
Encuadernación: Rústica
548 páginas

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