Madrid, 6 octubre 2009. Desde la redacción del despacho de FARO de ayer han aparecido nuevos factores en la
crisis del Océano Índico. Tras apresar la Armada española a dos de los piratas somalíes responsables del secuestro del atunero vizcaíno "Alacrana", el juez de instrucción más famoso de la nación,
Baltasar Garzón Leal, ha intervenido y decretado prisión para ellos, ordenando su traslado urgente a la Península.
Garzón debe su fama no sólo a lo mal que instruye los sumarios (lo cual le agradecen unos cuantos criminales endurecidos, en libertad merced a sus errores), sino también a una extendida opinión según la cual el citado juez de la Audiencia Nacional habría obrado a beneficio del Gobierno socialista de Felipe González (del cual formó parte, aunque luego se volviera contra él) y actualmente del de Rodríguez Zapatero. Si fuese así, ¿hay que atribuir a la política errática y aparentemente contradictoria del Gobierno (de ocupación) este repentino interés por juzgar en España a los piratas? Porque,
como saben los lectores de FARO, hace sólo cinco meses el mismo Gobierno sostenía que era imposible hacerlo y, renunciando a la jurisdicción, entregaba a Kenia a los piratas entonces capturados por nuestra Armada. ¿O hay que atribuirlo al
vedetismo de Garzón?
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