Tema: La Constitución que Franco dió a Guinea Ecuatorial en 1968

¿Me lo parece a mí, o es lo mismo que fundamenta la española de 1978? Democracia liberal, soberanía popular, libertad de religión, y de regalo, derecho de autodeterminación ¡¡de una provincia de España, legalmente igual a cualquier otra de la época!!.

Esta es la Constitución que Francisco Franco preparó para los guineanos. Aquí nadie podrá decir que un contubernio de insospechados funcionarios traidores preparó una constitución que Franco hubiera rechazado ¿verdad? No hay absolutamente nada los principios del movimiento nacional en todo el documento. Nada.

Durante algún tiempo me parecía exagerado culpar a Franco del estado de cosas que sucedieron tras su muerte. Pero el estudio y las evidencias parecen confirmar la veracidad de la tesis que Pío Moa suele defender en sus libros: que el régimen actual no vino a pesar de Franco o contra la voluntad de Franco, sino que Franco fue quien lo quiso y lo hizo posible, de forma activa. Y ya bastante antes de morir les dejó el regalo a los guineanos.


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LA 1ª CONSTITUCIÓN DE GUINEA ECUATORIAL

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA GUINEA ECUATORIAL de 24 julio 1968 se publica lo siguiente:

Preámbulo

El pueblo de Guinea Ecuatorial, en uso del derecho de autodeterminación, consciente de su responsabilidad en la Historia, decidido a crear un Estado de Derecho en que las libertades individuales y colectivas gocen de una garantía y eficacia reales, resuelto a incorporarse a la comunidad de Estados independientes y a la Organización de las Naciones Unidas, y a mantener estrecha solidaridad con los pueblos africanos, de acuerdo con los principios de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, adopta la siguiente

CONSTITUCIÓN

Titulo. I — DEL ESTADO Y LOS CIUDADANOS

Artículo 1º. La República de Guinea Ecuatorial, integrada por las Provincias de Río Muni y de Fernando Poo, es un Estado soberano e indivisible, democrático y social.

La Provincia de Río Muni comprende, además del territorio de este nombre, las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico e islotes, adyacentes.
La Provincia de Fernando Poo comprende la isla de este nombre, la de Annobón e islotes adyacentes.
La República de Guinea Ecuatorial garantiza la independencia, la integridad y la seguridad de su territorio y salvaguarda la autonomía de sus Provincias, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.

Art. 2.° La soberanía nacional pertenece al pueblo guineano, que la ejerce en la forma y dentro de los límites de la Constitución. La elección de sus representantes se hará por sufragio universal. La soberanía nacional también podrá ejercerse directamente por vía de referéndum.

Art. 3.° La República de Guinea Ecuatorial promueve el desarrollo político, económico y social de su pueblo y garantiza la igualdad ante la Ley y la seguridad jurídica de todos sus nacionales, sin distinción de origen, raza, sexo o religión.
El Estado reconoce y garantiza los derechos y libertades de la persona humana, recogidos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y proclama el respeto a las libertades de conciencia religión, asociación, reunión, expresión, residencia y domicilio, el derecho a la propiedad, a la educación y a condiciones dignas de trabajo.
El Estado promueve asimismo el desarrollo de los Sindicatos y Cooperativas y asegura á los trabajadores la defensa de sus derechos.

Art. 4.° Todo acto de discriminación racial, étnica, religiosa, o que atente a la seguridad interior o exterior del Estado, a su integridad territorial, a las garantías constitucionales de las Provincias o a los derechos individuales o colectivos reconocidos en esta Constitución, será castigado por la Ley.

Art. 5.° Todos los nacionales de Guinea Ecuatorial mayores de edad son electores y elegibles en las condiciones determinadas por la Ley.

Art. 6.° El régimen relativo a la nacionalidad se determinará en una Ley Institucional.

Art. 7.° El idioma oficial del Estado es el español. El uso de las lenguas tradicionales será respetado.

Art. 8.° La capital del Estado es la ciudad de Santa Isabel.

Titulo II. — DE LA JEFATURA DEL ESTADO

Art. 9º. El Presidente de Guinea Ecuatorial es elegido por sufragio universal, directo y secreto, en Colegio Nacional único.
Será elegido el candidato a la Presidencia que reúna la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. En caso de que ninguno de los candidatos la obtuviera, se celebrará una nueva elección entre los dos que hubiesen alcanzado mayor número de votos. Los casos de empate se decidirán igualmente por una nueva elección.
El Presidente tomará posesión de su Alta Magistratura antes de transcurrir diez días desde la proclamación de los resultados electorales.
El mandato del Presidente de la República será de cinco años.

Art. 10. Los casos de incapacidad física o mental, así como el impedimento legal para desempeñar la Presidencia de la República, deberán ser denunciados por la Asamblea, previo acuerda adoptado por mayoría de tres cuartas partes de sus componentes, informados por el Consejo de la República y declaradas por el Tribunal Supremo en pleno. Tanto el informe como la declaración habrán de ser emitidos, cada uno de ellos, en el plazo máximo de quince días.
La declaración de impedimento legal sólo podrá basarse en la violación intencionada de la Constitución o en hechos que puedan dar lugar a responsabilidad criminal grave. Desde la denuncia de la Asamblea hasta la declaración por el Tribunal Supremo de la existencia de incapacidad o impedimento legal, el Presidente no podrá hacer uso de la facultad de la Asamblea.

Art. 11. El Presidente de la República dirige la política nacional, y su autoridad se extiende a todo cuanto se refiere a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en el exterior, conforme a la Constitución y a las Leyes, y, en consecuencia:
a) Representa a Guinea en los actos públicos y en las relaciones internacionales. b) Es Jefe de las Fuerzas Armadas. c) Confiere los honores y recompensas del Estado. d) Promulga las leyes y garantiza la ejecución de las mismas. e) Recibe y acredita a los Embajadores. f) Ejerce el derecho de gracia. Art. 12., Los candidatos a la Presidencia habrán de ser nacionales de Guinea Ecuatorial y tener más de treinta años de edad.

Art. 13. El Presidente de la República es el Jefe del Gobierno y elige, nombra y separa libremente a los Ministros, que son los Jefes superiores de sus respectivos Departamentos.
Un tercio al menos de los Ministros deberán ser naturales de cada una de las Provincias.

Art. 14. El Vicepresidente será un Ministro nombrado por el Presidente entre los naturales de provincia distinta de aquella de la que él proceda. Ejercerá las funciones que en él delegue el Presidente de la República y desempeñará provisionalmente las de la Presidencia en los casos de Vacante o ausencia de su titular.
En los casos de vacante producida por fallecimiento, incapacidad o impedimento legal declarado del Presidente, el Presidente en funciones convocará antes de treinta días nuevas elecciones para la Presidencia, a no ser que hubiesen transcurrido más de tres años del mandato del Presidente anterior, en cuyo caso continuará desempeñando las funciones asumidas provisionalmente hasta al expiración total de aquél.
El Presidente elegido con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior terminará su mandato en la misma fecha en que hubiera finalizado el del Presidente sustituido.
En los casos de vacante simultánea o sucesiva de la Presidencia y Vicepresidencia, el Presidente de la Asamblea asumirá la de la República, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo segundo de este artículo.

Art. 15. Las decisiones del Presidente de la República referentes a la política general del Estado, a los proyectos legislativos, al ejercicio de la potestad reglamentaria, a los nombramientos para los cargos de la Administración del Estado, y, en general, los actos que deban revestir forma de Decreto con arreglo a las Leyes, serán adoptadas previa deliberación del Consejo de Ministros y refrendadas por aquel a quien corresponda su ejecución.

Título III. — DE LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA.

Art. 16. La Asamblea de la República se compone de 35 Diputados, elegidos cada cinco años por sufragio universal, directo y secreto.
Todos los Diputados representan al pueblo guineano y deben servir a la Nación y al bien común.

Art. 17. La elección de los Diputados y, en general, el régimen electoral se regulará de acuerdo con las bases siguientes:

1) Las elecciones previstas en esta Constitución serán convocadas y celebradas antes de finalizar los mandatos correspondientes y en los plazos establecidos en la Ley Electoral. La convocatoria se hará por el Presidente mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

2) Río Muni y Fernando Poo constituirán sendas circunscripciones electorales. La isla de Annobón, así como el conjunto de las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico constituirán dos circunscripciones aparte. 3) La circunscripción electoral de Femando Poo elegirán 12 Diputados a la Asamblea de la República.
La circunscripción electoral de Río Muni elegirá 19 Diputados.
La de la isla Annobón elegirá dos Diputados.
La circunscripción constituida por las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico elegirá también dos Diputados.

4) Con objeto de facilitar la representación de las minorías, el sistema electoral asegurará la proporcionalidad entre los votos emitidos y los puestos que deban proveerse.

5) En las circunscripciones de Fernando Poo y Río Muni el sistema electoral será el proporcional de lista, con prohibición de combinación de candidaturas. El reparto de restos en cada circunscripción se hará según el sistema del mayor resto. En la circunscripción de Annobón y en la de Corisco-Elobey Grande-Elobey Chico el sistema electoral será el de mayoría simple con listas y prohibición de combinación de candidaturas.

6) La recepción y admisión de las candidaturas electorales, la regularidad de las elecciones y la centralización de sus resultados, estará garantizada por una Comisión Electoral.

Art. 18. Ningún miembro de la Asamblea podrá ser perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que emita en el ejercicio de sus funciones.
Ningún miembro de la Asamblea podrá, hallándose ésta en período de sesiones, ser perseguido o detenido por causa criminal, sin la autorización de la Mesa de la Asamblea, salvo casos de flagrante delito.
Ningún miembro de la Asamblea podrá, aun no estando ésta en periodo de sesiones, ser detenido sin previa autorización de la Mesa de la Asamblea, salvo casos de delito flagrante o de condena por sentencia firme.
La detención de un miembro de la Asamblea quedará en suspenso cuando ésta lo requiera.

Art. 19. La Asamblea de la República se reúne de pleno derecho el primer día laborable después de transcurridos quince, desde la proclamación de los resultados electorales. La Asamblea aprueba su propio reglamento y elige, al iniciarse cada legislatura,su Presidente y la Mesa.

Art. 20. La Asamblea de la República se reúne en sesiones públicas ordinarias dos veces al año: una, en el mes de febrero y, otra, en el mes de octubre, por un tiempo máximo de dos meses por periodo de sesiones.
La Asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria, para tratar un orden del día determinado, a requerimiento del Presidente de la República o a petición de diez de sus miembros.

Art. 21. A la Asamblea de la República compete elaborar las Leyes, discutir y aprobar el presupuesto y controlar la acción gubernamental.

Art. 22. Revestirán el carácter de Ley Institucional, además de las calificadas como tales en esta Constitución, las siguientes materias:
1) el régimen electoral; 2) los planes de desarrollo; 3) el régimen local; 4) la emigración e inmigración y la política laboral de empleo.

Art. 23. Serán materia de Ley:

1) Los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos;
2) el estado civil de las personas;
3) los principios generales del régimen administrativo y de la función estatal, y la selección técnica, responsabilidades y garantías de los funcionarios, cuidando de la adecuada participación de las Provincias;
4) los principios generales de la Defensa Nacional;
5) la determinación de los delitos y las penas;
6) el régimen de emisión de moneda, la deuda pública nacional o internacional y el régimen bancario; 7) la expropiación forzosa, la nacionalización de empresas y la transferencia de propiedad entre los sectores públicos y privados ;
8) los principios fundamentales del Derecho Civil, Administración, Mercantil, Social y Procesal.
9) las incompatibilidades de los Altos Cargos de la República. Esta materia se regulará con arreglo al principio general de la no compatibilidad entre los titulares de los diferentes órganos que se configuran en esta Constitución.

Art. 24. El sistema financiero se determinará por Ley Institucional, con arreglo a las siguientes normas:

a) El sistema tributario será único para todo el país. Las Provincias dispondrán de los recursos que les asignen los presupuestos del Estado.
Los Ayuntamientos dispondrán de los fondos que les asignen las Provincias y de los ingresos propios procedentes de recursos patrimoniales, tasas y contribuciones especiales, dentro de los límites que establezcan la Ley dé Régimen Local.
b) La Asamblea de la República aprobará bienalmente los presupuestos ordinarios de ingresos gastos y de ayuda para el desarrollo.
El presupuesto ordinario de ingresos y gastos se financiará con impuestos, tasas, contribuciones especiales e ingresos patrimoniales.
El presupuesto de ayuda para el desarrollo, se financiará con ingresos procedentes de emisión de Deuda Pública, operaciones de crédito, préstamos de organismos internacionales de financiación o ayuda extranjera.
c) Los gastos del presupuesto ordinario se distribuirán con arreglo a los siguientes criterios:
1. En primer lugar se determinarán los créditos para gastos de competencia del Estado no susceptibles de imputación geográfica.
2. En segundo lugar se determinarán los créditos para gastos que, siendo de competencia del Estado, originen un mayor beneficio directo o indirecto a alguna de las Provincias.
3. En tercer lugar se determinarán los créditos globales asignados a cada una de las Provincias para gastos de su exclusiva competencia.
4. La asignación de los créditos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, se hará en proporción a la recaudación efectivamente soportada por cada Provincia y, a este efecto, el órgano que actúe, el Tribunal de Cuentas de la Nación, decidirá para dos años antes de la sesión de octubre de la Asamblea prevista en el artículo 32, los correspondientes porcentajes deducidos de la ejecución del último presupuesto ordinario. Estos porcentajes se aplicarán al presupuesto bienal.
5. Las Provincias no podrán acordar por sí mismas créditos extraordinarios, suplementos de créditos, ni anticipos.
Cuando las necesidades urgentes y justificadas lo exijan, las Provincias podrán solicitar del Gobierno que formule el oportuno Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, que tendrá presente el orden de prioridad y las normas de distribución expuestas.
Cuando estas operaciones originen un exceso de gasto de una Provincia respecto de otra, según los criterios de distribución establecidos, dicho excedente se compensará en el presupuesto ordinario siguiente.
d) Los gastos del presupuesto de ayuda para el Desarrollo se distribuirán1 de acuerdo con criterios económicos de selección de inversiones, aprobadas en la Ley Institucional del Plan de Desarrollo.
Los intereses y gastos de amortización de la Deuda Pública, créditos, préstamos de organismos nacionales y otras operaciones financieras se imputarán como gastos específicos de las Provincias en proporción al volumen de gasto realizado en cada una de ellas.

Art. 25. Las materias de competencia estatal no reservadas expresamente a la Ley en virtud de los artículos 22 y 23, tienen carácter reglamentario. El desarrollo reglamentario de las Leyes, cuya naturaleza lo requiera, exigirá informe previo del Consejo de la República.

Art. 26. La iniciativa legislativa corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros y a los Diputados.

Art. 27. Los Diputados y el Gobierno pueden proponer enmiendas. Las proposiciones de Ley y las enmiendas presentadas por los Diputados que entrañen una disminución de los ingresos públicos o un aumento de los gastos de igual naturaleza no serán sometidas a trámite sin la autorización del Gobierno.
Tampoco serán admitidas las proposiciones de Ley o enmiendas relativas a materias que afecten esencialmente a la organización interna de una Provincia si no fuesen presentadas, al menos, por cinco Diputados que provengan de la Provincia afectada.

Art. 28. Sí durante la elaboración de una Ley el Gobierno y la Asamblea estuviera en desacuerdo sobre la admisibilidad de un proyecto, proposición o enmienda, a tenor de lo previsto en los artículos 22, 23, 24, 25 y 27 de esta Constitución, la cuestión será decidida en el plazo de quince días por el Consejo de la República.

Art. 29. Los proyectos e iniciativas del Gobierno tendrán prioridad en el orden del día.

Art. 30. La aprobación de las Leyes requerirá la mayoría de votos de los Diputados asistentes. Las Leyes que con arreglo a la Constitución tienen rango institucional exigirán la mayoría cualificada de dos tercios más uno de los votos de los componentes de la Asamblea.

Art. 31. Aprobada la Ley por la Asamblea, su Presidente la remitirá al Presidente de la República para que la promulgue en el plazo máximo de treinta días. En el transcurso de este período, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá devolverla a la Asamblea para nueva deliberación tras la cual se entenderá aprobada si reúne los dos tercios más uno de los votos de los Diputados de la Asamblea.

Art. 32. El Gobierno presentará bienalmente a la Asamblea de la República el proyecto de presupuesto del Estado, depositándolo en la Secretaría de la misma, al menos cuarenta días antes del comienzo de la sesión de octubre. Su examen gozará de prioridad absoluta en los trabajos de la Asamblea a fin de que ésta se pronuncie sobre el mismo en el plazo máximo de treinta días. Pasado este plazo, si la Asamblea no se hubiera pronunciado, el Gobierno podrá promulgarlo por Decreto. Si hubiera sido rechazado quedará automáticamente prorrogado por dozavas partes el anterior hasta que el nuevo proyecto que el Gobierno debe presentar, en un plazo de tres meses sea adoptado por la Asamblea.
Si el Gobierno no presentase el proyecto de presupuesto se entenderá prorrogando el anterior por un período de tres meses.

Art. 33. Los medios de control de la Asamblea sobre el Gobierno son:
a) la interpelación; b) la pregunta escrita; c) los debates; d) las comisiones de información; e) la moción de censura a los Ministros. Título IV. — DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA. Art. 34. El Presidente de la República podrá dirigir mensajes a la Asamblea y a la Nación. El Presidente deberá informar a la Asamblea de la República, al menos una vez al. Año, sobre las directrices básicas de la política de su Gobierno.

Art. 35. Los Ministros del Gobierno tienen libre acceso a la Asamblea y pueden tomar la palabra en ella de acuerdo con el Reglamento.
La Asamblea podrá requerir la presencia de los Ministros a efectos de lo previsto en el Art. 33.

Art. 36. Los mandatos del Presidente de la República y de la Asamblea se iniciarán y finalizarán a la vez. Sin embargo, el Presidente de la República continuará desempeñando la Jefatura del Estado hasta la toma de posesión de su sucesor.

Art. 37. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá pronunciar la disolución de la Asamblea, pero deberá convocar elecciones en el plazo de treinta días. En este caso se entenderán convocadas igualmente elecciones para la Presidencia de la República.

Art. 38. Cuando razones de necesidad lo aconsejen, el Presidente, una vez oído el Consejo de la República, podrá solicitar de la Asamblea delegación para regular por Decreto-Ley durante un período determinado de tiempo materias reservadas a la Ley.
Las disposiciones adoptadas en virtud de esta autorización deberán ejercerse al tenor de la misma y en ningún caso podrán afectar a las Leyes Institucionales.

Art. 39. En circunstancias excepcionales en las que resulte amenazado el normal funcionamiento de las Instituciones, el Presidente de la República podrá suspender, por un plazo máximo de quince días, las garantías individuales o colectivas señaladas en esta Constitución respecto a los derechos de libre expresión, reunión y asociación.
Dentro de dicho plazo la Asamblea se reúne de pleno derecho para que el Presidente de la República dé cuenta de la suspensión y de las razones que la motivaron. La prórroga de dicho plazo, si el Presidente lo estimase oportuno, sólo podrá ser acordada por la Asamblea.

Art. 40. La Asamblea, de la República podrá censurar alguno o algunos de los Ministros del Gobierno. La moción de censura deberá ser presentada, al menos, por cinco miembros de la Asamblea y sometida a votación cuarenta y ocho horas después de su presentación. Para su adopción será necesario el voto favorable de dos tercios más uno de los miembros de la Asamblea de la República.
La moción de censura se comunicará al Presidente para que éste acuerde lo que considere oportuno. Si transcurridos seis meses desde la censura anterior ésta se reiterase por mayoría de las tres cuartas partes de la Asamblea contra el mismo miembro o miembros del Gobierno, se formulará al mismo tiempo la petición al Presidente de la República para que sustituya a los Ministros afectados. Titulo V. — DEL CONSEJO DÉ LA REPÚBLICA.

Art. 41. El Consejo de la República se compone de seis miembros, cuyo mandato durará cuatro años y uno de los cuales actuará de Presidente. Estos seis Consejeros serán elegidos libremente por mitad por cada uno de los Consejos Provinciales entre personas naturales de cada una de las Provincias que no pertenezcan ni al Consejo Provincial ni a la Asamblea de la República.
El Presidente será elegido por los Consejeros, y si no hubieran adoptado un acuerdo sobre este asunto, pasados siete días de la constitución del Consejo, se turnarán anualmente en el desempeño de dicho cargo los dos Consejeros que hayan obtenido mayor número de votos para la Presidencia, comenzando por el de mayor edad.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría. Si ésta no se alcanza después de tres votaciones sucesivas, se entenderá que no se ha producido el dictamen favorable cuando éste es exigido con carácter vinculante. En los demás casos el empate se decidirá por el voto de calidad del Presidente.

Art. 42. Corresponde al Consejo de la República:
1. Dictaminar, antes de su promulgación, sobre la constitucionalidad de las Leyes calificadas como Institucionales.
2. Dictaminar, con carácter vinculante, sobre la legalidad constitucional del desarrollo reglamentario de las Leyes Institucionales.
3. Informar sobre la legalidad del desarrollo reglamentario de las demás leyes.
4. Informar sobre las causas de incapacidad o impedimento legal para el desempeño «le la Presidencia de la República.
5. Resolver las cuestiones de competencia planteadas al amparo del artículo 28.
6. Decidir los conflictos que puedan plantearse entre el Estado y las Provincias en relación con las competencias atribuidas en los artículos 43 y 44 de esta Constitución.
7. Proponer en terna al Presidente de la República las personas que puedan ser nombradas Magistrados del Tribunal Supremo.
8. Asesorar al Gobierno en cuantas cuestiones le someta. Titulo VI. — DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y LAS PROVINCIAS

Art. 43. El Estado de Guinea Ecuatorial, a través de los órganos previstos en esta Constitución y en las Leyes, es competente en las siguientes materias:
a) Las relaciones internacionales; b) las Fuerzas Armadas; c) la nacionalidad y el estado civil de las personas; d) la protección y garantía de los derechos del individuo; e) el Derecho privado, el Derecho penal y el régimen penitenciario y de la extradición, el Derecho laboral, el Derecho procesal, el Derecho electoral y la organización de la Administración de Justicia; f) el dominio público nacional; g) el régimen monetario, fiscal, bancario y financiero y las pesas y medidas, sin perjuicio de lo previsto en esta Constitución sobre la distribución de los recursos fiscales;
h) la investigación estadística, la planificación del desarrollo económico y social nacional, de la sanidad y la enseñanza, de las obras públicas de interés nacional, la explotación del subsuelo y la coordinación y ejecución de los proyectos industriales de interés nacional;
i) el régimen general de prensa, radio y televisión y correos, telecomunicaciones y transporte no interiores a cada Provincia; j) la Administración Pública del Estado, la organización del personal y los servicios necesarios para el ejercicio de las competencias anteriormente señaladas y la concesión de títulos profesionales; k) el derecho de gracia y el otorgamiento de honores y recompensas; l) la fiscalización de los servicios estatales desempeñados por la Provincia por la delegación del Estado en materia de su competencia; m) y todas las competencias inherentes al desempeño de las anteriormente citadas.

Art. 44. Las Provincias son competentes en las materias siguientes:
a) Organización y gestión de los servicios públicos provinciales; b) funcionarios de la Provincia; c) servicios de policía local; d) establecimientos docentes dentro de la planificación estatal de la enseñanza; e) bibliotecas, museos e instituciones análogas, campañas de extensión cultural y espectáculos recreativos; f) actividades y establecimientos deportivos; g) creación, mantenimiento y dirección de establecimientos sanitarios dentro de la planificación estatal de la sanidad; h) instituciones benéficas; i) dominio público provincial; j) aguas públicas y obras hidráulicas; k) vías de comunicación y medios de transporte interiores a cada Provincia; l) régimen de mercados y ferias; m) caza y pesca fluvial; n) ejecución, contratación y concesión de obras y servicios provinciales; ñ) creación, agregación o segregación de municipios según lo previsto en la Ley de Régimen Local; o) y todas las competencias inherentes al desempeño de las anteriormente citadas. Título VII — DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS.

Art. 45. El órgano representativo de la Provincia es el Consejo Provincial.
El Consejo de Fernando Póo se compondrá de ocho Consejeros, uno de ellos elegido por la circunscripción de Annobón; el de Río Muni, de doce, uno de los cuales será elegido por la de Corisco.
Los Consejeros serán elegidos por sufragio universal, y su mandato coincidirá con el de la Asamblea de la República. Para ser Consejero provincial se requiere ser nacional guineano, mayor de edad y natural de la Provincia o residente en ella durante más de diez años.

Art. 46. Cada Consejo Provincial, una vez constituido, procederá a la elección de su Presidente. Una vez realizada la elección, se comunicará al Presidente de la República, y el Presidente del Consejo Provincial prestará juramento ante aquel de servir bien y fielmente el cargo.
El Presidente representa al Consejo, ejecuta sus acuerdos y es el Jefe de la Administración Provincial.
El mandato del Presidente será de cinco años, y sólo podrá ser separado de su cargo por acuerdo del Consejo Provincial, adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros.

Art. 47. Cada Consejo redactará su propio Reglamento, y organizará la administración de los intereses provinciales libremente, de acuerdo con las normas establecidas en esta Constitución.
Corresponde al Consejo Provincial deliberar sobre cualquier materia de competencia provincial, asegurar los derechos e intereses de las diversas Comunidades y controlar mediante ruegos, preguntas y debates la acción del Presidente del Consejo Provincial.
En especial le compete la aprobación de las disposiciones de carácter general de índole provincial y la adopción de los presupuestos de la Provincia presentados por el Presidente.

Art. 48. El Presidente de la República podrá suspender los acuerdos de los Consejos Provinciales y los actos de sus Presidentes si los estima contrarios a las Leyes, dando cuenta inmediatamente al Tribunal Supremo, que, en pleno, resolverá sobre la cuestión de la legalidad de los mismos.

Art. 49. Las Provincias se dividen administrativamente en Municipios, cuyos Ayuntamientos! serán elegidos por sufragio universal. Los alcaldes serán elegidos por los Concejales de entre ellos mismos.
La Ley de Régimen Local establecerá la organización, atribuciones y ámbito de competencias de los Ayuntamientos y regulará un régimen especial para los de Annobón y Corisco, atendiendo a la peculiaridad de estas islas, o para cualquier otro cuyas circunstancias especiales lo aconsejen. Título VIII. — DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Art. 50. La Administración de Justicia corresponde al Tribunal Supremo y a aquellos órganos judiciales que una Ley Institucional determine. La función pública judicial será ordenada con arreglo a los principios de legalidad, inamovilidad y responsabilidad.

Art. 51. El Tribunal Supremo resolverá los recursos que le sean atribuidos en materia electoral, y le corresponderá, en la forma determinada por las Leyes, el control de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado.

Art. 52. Los Magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente de la Republica entre los miembros de la Carrera Judicial o Juristas de acreditada competencia que figuren en la terna que le someterá el Consejo de la República. El pleno del Tribunal Supremo elegirá su Presidente por mayoría absoluta de sus componentes.

Art. 53. La responsabilidad penal del Presidente de la República y de los Ministros, del Presidente de la Asamblea, de los Presidentes de los Consejos Provinciales y de los miembros del Tribunal Supremo se exigirá ante este Tribunal en pleno. La responsabilidad penal del Presidente de la República sólo será exigible una vez que haya cesado en el cargo. Titulo IX. — DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

Art. 54. Guinea Ecuatorial se ajustará en sus relaciones internacionales a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de la Unidad Africana.

Art. 55. El ordenamiento jurídico guineano se ajustará a las normas del Derecho Internacional con validez general.

Art. 56. Al Presidente de la República corresponde la negociación de los tratados y acuerdos internacionales. Los tratados y acuerdos que afecten a las materias reservadas a la Ley o que impliquen cargas para la Hacienda Pública deberán ser ratificados o aprobados mediante Ley. En los demás casos, la ratificación b aprobación competen al Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Art. 57. Los tratados y acuerdos debidamente ratificados y aprobados tienen; una vez promulgados, fuerza de Ley. Sus disposiciones no pueden ser modificadas, derogadas o suspendidas sino en forma prevista en aquellos o conforme al Derecho internacional general.

Titulo X. — DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Art. 58. Las Leyes de reforma constitucional deberán ser aprobadas en la Asamblea de la República por mayoría cualificada de dos tercios más uno de los votos de todos sus miembros.
La reforma de los artículos 1º, 13, 14, 17, 22, 24, 30, 38, 39, 41, 42, 44 y 58 exigirá referéndum con resultados acordes en las Provincias, además de la aprobación de la Asamblea en las condiciones antedichas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
1ª. Con independencia de lo que en su día disponga la Ley de Nacionalidad, se considerarán nacionales guineanos las personas de ascendencia africana que hayan nacido en Guinea Ecuatorial y sus hijos, aunque hayan nacido fuera de ella, siempre que en uno y otro caso vengan poseyendo como tales la nacionalidad guineana.
2ª. La legislación en vigor en Guinea en el momento de la independencia, que no contradiga lo establecido expresamente en esta Constitución, continuará vigente mientras no sea derogada o modificada por las Instituciones guineanas competentes.
3ª. Los convenios de ayuda y asistencia, técnica que el Gobierno guineano pueda concertar en el futuro deberán facilitar la progresiva africanización de todos los cuadros de la Administración del país.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.

La anterior Constitución se someterá a referéndum del pueblo guineano; y una vez aprobada entrará en vigor En la fecha que se señale para la independencia.
Participarán en el referéndum de esta Constitución y en las elecciones para constituir las Instituciones previstas por la misma las personas consideradas nacionales guineanas en la Disposición Transitoria primera.

2. Conferencia Constitucional: Antonio García-Trevijano

"En el seno del Gobierno español quedaba abierta la brecha entre la tendencia separatista, propiciada por los grupos con intereses en la zona, agrupados en torno a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y la tendencia unionista, vinculada al ministro Castiella. Este, en su afán por llevar a cabo un proceso descolonizador «perfecto, brillante, que le diera a España, aislada diplomáticamente, un poco de prestigio», decidió enfrentarse directamente con el problema. Convenció al general Franco y a la mayoría de los miembros del Gabinete de que las Naciones Unidas no admitirían una independencia por separado, y que tal eventualidad iría en perjuicio de España de una manera innecesaria.

Castiella —con Franco— necesitaba recuperar Gibraltar y aprovechar dicho triunfo diplomático para remodelar la política exterior y el triunfo cara a la opinión pública interna para afianzar más aún el poder del régimen. Desde la óptica del Palacio de Santa Cruz, se pretendía sumar cuanto antes el voto de Guinea al de los países hispanoamericanos y árabes. Además, España no estaba en condiciones de sostener airosamente una guerra colonial, que por lo demás iba a resultar demasiado impopular en el interior del país, pudiéndose derivar de ella consecuencias tan imprevisibles como infelices. Y Castiella ganó. El 17 de febrero de 1968 se publica un Decreto-ley suspendiendo el proceso de renovación previsto en la reglamentación del Régimen autónomo y se dispone sea reanudada la Conferencia Constitucional.

La prensa española, reflejando la realidad política existente —aunque sin libertad de expresión, pues la Conferencia Constitucional había sido declarada «materia reservada»—, se había dividido en dos tendencias: una, mayoritaria, claramente reaccionaria, y otra muy minoritaria, más tercermundista dentro de lo posible. Al ser irreversible ya el hecho de la independencia unitaria, la Presidencia del Gobierno escoge a su partido y candidato favoritos; por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores apuesta asimismo por un partido y un político. Los grandes rotativos nacionales y la prensa institucional se vuelcan a favor de Bonifacio Ondó Edú y del MUNGE.

(...)
La segunda fase de la Conferencia Constitucional, ya incuestionable la independencia unitaria para 1968, se centró en el estudio de la Resolución 2.355, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 1967. El párrafo sexto de la Resolución instaba inexcusablemente a la potencia colonizadora, España, a fijar las modalidades del traspaso de poderes, a redactar una ley electoral y una Constitución de independencia.

Por ello era cada vez más evidente que la Delegación Guineana necesitaba de alguien imparcial —es decir, no vinculado al Gobierno español en ninguna de sus tendencias— que pudiera asesorarla en materia constitucional.

Se conectó con varios guineanos estudiantes de Derecho, pero, debido precisamente a su condición de estudiantes, no pudieron ser muy útiles. Varios representantes de la Delegación Guineana contactaron con el economista Ramón Tamames, el cual no quiso saber nada del asunto. Acudieron al profesor Enrique Tierno Galván, quien, al parecer, se mostró reticente y despreciativo. Por último, se acudió al bufete del profesor Joaquín Ruiz-Giménez, a quien tampoco entusiasmó la idea de asesorar a los nacionalistas guineanos. Fue cuando el antes citado Francisco González Armijo, antiguo empleado de AUCONA, dueño de una gestoría en Bata, a la sazón funcionario del Ministerio de Trabajo, amigo del gobernador civil de Bata, Simón Ngomo Ndumu, y del vicepresidente del Consejo de Gobierno Francisco Macías Nguema, habló a la Delegación Guineana de un demócrata independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que no pondría inconvenientes en ayudarles. Por otra parte, su gran independencia económica podría serles de utilidad, ya que posiblemente no les cobraría demasiado dinero. Merecía toda la confianza del mundo, pues iba avalado por José Antonio Nováis, corresponsal de «Le Monde», respetado por todos los guineanos que de verdad querían la independencia, pues había ayudado a difundir sus razones en el exterior, al ser en España secreto oficial el desarrollo de la Conferencia Constitucional. El hombre así presentado se llamaba Antonio García-Trevijano y Fortes.

Antonio García-Trevijano es una persona con un afán de notoriedad insaciable. Abogado y notario excedente, parece que ese momento —finales de 1967 y principios de 1968— no debía atravesar una coyuntura económica excesivamente buena. Sin embargo, su mujer, una bella francesa de nombre Francine Cheurakí, tenía una cuenta abierta por los empleados del bufete donde le pasaban semanalmente del despacho de su marido unas 60.000 pesetas «para gastos personales»; García-Trevijano, en determinados círculos, pasaba por agente de la CÍA, y en otros se le tenía conceptuado como hombre afín a los intereses del neocapitalismo internacional, especialmente francés. A este respecto se habla de su vinculación con la Banca Rostchild y con el grupo en torno a la revista L´Expres.

García-Trevijano celebró una serie de conversaciones previas, ya en marzo de 1968, con distintos componentes de la Delegación Guineana. Antes de aceptar ser asesor, mantuvo dos entrevistas: una, en privado, con el entonces director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, hombre de la más absoluta confianza de Carrero Blanco, y otra con el ministro de Asuntos Exteriores, en la que le acompañaban Emilio Martín y Adolfo Martín-Camero. La primera propuesta que les hizo García-Trevijano a los guineanos fue la formación de un organismo unitario que les permitiera hacer frente, de manera efectiva, a la Delegación Española, y elegir un portavoz o líder de ese organismo. La propuesta no tuvo suficiente eco en las Secretarías de los distintos partidos políticos, pero García-Trevijano insistió y convenció monetariamente a unos cuantos delegados guineanos de que para crear un marco político y jurídico que facilite el desarrollo económico y social del pueblo guineano, «la condición básica está en una Constitución que facilite la eficacia de un Gobierno fuerte dentro de una sociedad libre y democrática, y que dificulte el nacimiento de los tres grandes obstáculos contra el desarrollo: las dictaduras ideológicas, el partidismo político y la centralización burocrática».

García-Trevijano no conocía África, y aquél era su primer contacto con la realidad de un naciente país africano. Pero ya había desarrollado una teoría muy particular sobre África y los africanos, teoría que no está demasiado alejada del racismo paternalista de los viejos colonialistas y que responde al esquema neocolonialista: «En África es imposible la democracia formal y es imposible el pluripartidismo.» Por tanto, hay que crear un partido único que suprima todo vestigio de democracia e implante un sistema de libertad, pero en el que sólo sea libre la fuerza explotadora y sus comparsas negros. De esta sencilla manera, los hombres que no tenían más ideología que la de su bolsillo, aquellos que no querían más independencia que la que ellos administraran, los arribistas y los negros colonizados siempre útiles para la manipulación política decidieron crear el llamado Secretariado Conjunto.

Agustín Eñeso y Justino Mbá Nsué, por el MUNGE; Antonio Eworo, por el IPGE; Francisco Macías, por el MONALIGE; Boto, por la Unión Ndowe, y Agustín Grange, por la Unión Democrática Fernandina, suscribieron un documento, en nombre pero sin representación de sus partidos, que nombraba a García-Trevijano único letrado asesor en materia constitucional. Como los líderes genuinos de los partidos no reconocieron al Secretariado Conjunto, se consagró de hecho una escisión en cada uno de los movimientos, cuyas consecuencias fueron entonces minimizadas, pero que aún sufrimos todos en la actualidad. Como los miembros del Secretariado Conjunto eran una exigua minería, Antonio García-Trevijano facilitó los pasajes necesarios para que otros varios guineanos, al margen de la delegación oficial, pudieran venir a Madrid y coordinaran los trabajos del Secretariado. Así, por ejemplo, llegó Esteban Nsue Ngomo.

La segunda propuesta de García-Trevijano fue el darles dinero a los guineanos, es decir, se comprometió a sufragar todos sus gastos políticos y personales. Los orientó sobre la actitud a adoptar durante los debates, actitud que debía ser obstruccionista. Cuando algún guineano se mostraba reticente o le asaltaba alguna duda con respecto a su comportamiento, le daba —o prometía, según casos— dinero a fin de ganarse su confianza. Tal ocurrió con Andrés Moisés Mbá Ada. García-Trevijano dio un mínimo de un millón de pesetas a algunos guineanos en los quince días siguientes a la formación del Secretariado Conjunto.

A García-Trevijano le gusta hablar de dinero, del que ganaba, del que prestaba, del que no cobraba a muchos clientes. Logró impresionar a todos: honesto, altruista, sincero demócrata, antigubernamental y no ligado ni de cerca ni de lejos a intereses coloniales en Guinea. Era justo lo que habían estado buscando los guineanos.

El hecho indicativo de que a García-Trevijano no le importaba ni la ideología de sus nuevos amigos ni la opción de libertad que se buscaba para Guinea era la misma composición del Secretariado Conjunto: una mayoría del MUNGE, y, dentro de él, con mayoritaria tendencia al conservadurismo, con personas acostumbradas a recibir dinero de donde fuese y a hacer lo que se les mandase hacer sin preguntar el por qué. Aunque Macías era más tímido o precavido, según se mire, en esas cuestiones, su trayectoria política no dejaba lugar a dudas sobre su personalidad: había pertenecido inicialmente al MONALIGE, al que abandonó para colaborar con la Administración colonial; luego había pasado fugazmente por el IPGE, del que salió para entrar en el MUNGE y poder ser dirigente durante la autonomía, y cuando el MONALIGE se había perfilado como la posible solución de la independencia, había vuelto a él sin renunciar a sus dos importantes cargos en el Gobierno autónomo. García-Trevijano aconsejó al Secretariado Conjunto que exigiera su asistencia a las sesiones de la Conferencia Constitucional, a lo que se opusieron el resto de las fuerzas políticas y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Después de cada sesión se reunía con los miembros del Secretariado Conjunto para redactar unos artículos de la Constitución que al día siguiente presentaban los guineanos en la sesión plenaria. Generalmente esos artículos, reunidos en forma de anteproyecto, no encontraban eco ni en el resto de la Delegación ni en la Delegación Española. Se puede calificar, pues, el asesoramiento constitucional de García-Trevijano de netamente obstruccionista e ineficaz.

A medida que Antonio García-Trevijano profundizaba sus conocimientos sobre Guinea, debía ir dándose cuenta de lo importante que debía ser para él, política y económicamente, el mantener unas estrechas relaciones con los dignatarios de la nueva nación. Pagó facturas de hotel y dio dinero en mano a varios delegados guineanos, pero eran gente de segunda fila. Los verdaderos líderes estaban ya en otras operaciones. Aprovechando el claro enfrentamiento entre las dos tendencias del Gobierno español, reflejado de manera casi oficial en sus respectivos candidatos, García-Trevijano decidiose a entrar como tercero en la discordia. Entre los guineanos pertenecientes al Secretariado Conjunto, el único que tenía entidad política era Francisco Macías Nguema.
Macías no tenia ideología alguna ni se le había conocido hasta entonces una fe especial en ninguno de los grupos políticos. Era el comodín de todos. Como todo advenedizo ansioso dé hacer méritos, se distinguía por su vehemencia en los juicios y por la falta de rigor. García-Trevijano debió darse cuenta, sin embargo, de las posibilidades demagógicas del personaje, que reunía una serie de ventajas para poder ser fabricado líder en poco tiempo: hablaba bien en público, dominaba su idioma materno, el fang, al contrario que su oponente más digno, Atanasio Ndongo Miyone. Macías era poco político, más directo y con ribetes populistas. Y, sobre todo, tenía ambición. No parece probable que García-Trevijano entrase en contacto intimo y personal con Macías antes de mediados de mayo de 1968, cuando definitivamente había sido rechazado el anteproyecto de Constitución presentado por él y se había fijado fecha para la independencia. A partir de ese momento, las relaciones de algunos miembros del Secretariado Conjunto con García-Trevijano perdieron naturalidad. Para hablar con él preferían hacerlo a solas o de tal forma que la discreción quedase garantizada. Lo cual no dejó de parecer sospechoso al resto de la Delegación Guineana.

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La segunda y última fase de la Conferencia Constitucional se clausuró el 22 de junio de 1968. Ese mismo día el Gobierno español hizo pública su «Declaración de intenciones sobre la independencia de Guinea Ecuatorial», de quince puntos, los más importantes de los cuales reproducimos: «El texto constitucional que acaba de ser adoptado por la Mesa de la Conferencia representa un equilibrio entre los diversos puntos de vista puestos de manifiesto por los diversos sectores de la representación guineana y un compromiso que permite afirmar la unidad del Estado de Guinea Ecuatorial salvaguardando la personalidad de la isla de Fernando Poo. El Gobierno español considera que si dicho texto responde a los criterios expresados por la representación del pueblo de Guinea a lo largo de los trabajos de la Conferencia, lo aceptaría, a reserva de que el propio pueblo manifestase directamente su opinión sobre el mismo en una consulta electoral que será celebrada en el territorio tan pronto como las Cortes Españolas concedan al Gobierno la necesaria autorización para adoptar las medidas conducentes a la total descolonización de Guinea Ecuatorial» (punto tercero).


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Se abría un período constituyente, en el que el pueblo debía pronunciarse sobre la Constitución. Si se aprobaba, se celebrarían elecciones para cubrir la Asamblea Nacional, los Consejos Provinciales y la Presidencia de la República, y el país accedería a la independencia el 12 de octubre de ese mismo año. Al clausurarse la Conferencia Constitucional, Saturnino Ibongo y Atanasio Ndongo, comisionados por su partido y por la Delegación Guineana, se trasladaron a Nueva York para presentar la Constitución e invitar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a que supervisara el referéndum y cuantos actos preindependentista se celebrasen a partir de entonces en Guinea Ecuatorial.

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Pero en su afán de notoriedad, y no estando aún en condiciones de poder revelar su juego a nadie. García-Trevijano mantuvo una polémica totalmente artificial con dos medios informativos madrileños, sin llegar a concretar nunca su argumentación, moviéndose en un terreno de autocomplacencia y de amenazas y dosificando de tal modo los datos para asegurarse siempre unas líneas en la siguiente edición del periódico.

En el mes de julio las Cortes Españolas estudiaban la ley de «autorización al Gobierno para completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial». La ponencia, compuesta por Torcuato Fernández-Miranda, Alberto Martín Artajo, Rodolfo Martín Villa, Aranegui y Luis Gómez de Aranda, no modificó una sola línea del proyecto enunciado por el Gobierno, excepto el título de la ley. Expuso el dictamen de la Comisión ante el Pleno de las Cortes el procurador Gómez de Aranda, quien señaló que ésta era una ley muy breve, «con un artículo de tan sólo cuarenta y dos palabras, pero de una trascendencia excepcional».
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En cuanto al texto constitucional, los aspectos de más relieve hacían referencia a la configuración de Guinea como una República soberana, indivisible, democrática y social; el sistema de Gobierno es presidencialista, cuyo presidente será elegido por sufragio universal directo y secreto por un mandato de cinco años; asegura los derechos y libertades fundamentales del individuo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; fundamenta la estructura política del país en el voto de todos los ciudadanos y determina la separación de funciones entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y consagra al Tribunal Supremo como la más alta instancia de la Administración de justicia.

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En Guinea, y tal como había manifestado, Macías hacía campaña a favor del «no» a la Constitución, teniendo como únicos aliados tácticos a los ultracolonialistas. Disponía de medios, y no los escatimó. Empezó a crearse una imagen de nacionalista y de anticolonialista, frente al separatista Bosío, al reaccionario Ondó Edú y el pragmático Ndongo Miyone, todos estos a favor del «sí». Macías no hablaba en nombre de ningún partido en concreto, aunque en el de todos ellos, y se dirigía directamente al pueblo y no a los militantes de una facción. La gente le escuchaba porque decía cosas nuevas y originales: mientras los grandes políticos, hermanados en el «sí», repetían la misma cantinela día y noche, Macías, única voz discordante, hablaba de oposición al neocolonialismo. Macías sabía perfectamente que no iba a triunfar su postura, porque el pueblo deseaba, ante todo, que se fueran los españoles, y para ello había que conseguir la independencia en el mínimo plazo posible. Pero quería medir, quizá por encargo de quienes desde la sombra le promocionaban, su grado de arraigo popular, su eficacia como político y las posibilidades reales de una eventual candidatura suya.

Por ello cuando el 11 de agosto se fue a las urnas y el 63 por 100 de los guineanos aprobó el texto constitucional elaborado durante la Conferencia de Madrid, lo importante no era la fuerza del «sí», sino la del «no»: se había revelado un hecho irreversible, y es que Macías, casi en solitario, había conseguido —con una política de ataques personales, de ridiculizar a los contrarios, de explotar al máximo sus contradicciones y debilidades-— arrastrar detrás suyo a algo más del 35 por 100 del censo electoral...

HISTORIA DE GUINEA