C. H. Douglas solía distinguir entre política y administración, como elementos propios de cualquier asociación económica (llámese empresa, negocio o como se quiera llamar). Con la palabra política hacía referencia a la consecución de un objetivo práctico determinado, mientras que con la palabra administración se refería al aspecto técnico para la consecución de dicho objetivo.También hay que tener en cuenta que la energía nuclear, incluso en sus usos civiles, es incompatible la descentralización que propugna el carlismo. Por su peligrosidad, la energía nuclear requiere de un Estado centralizado al máximo, con poderes excepcionales para que el plutonio no acabe en manos de indeseables.
Pues bien, en lo que se refiere a la administración en toda asociación productiva o empresa, para poder funcionar correctamente, había de ser siempre centralizada y, de hecho, siempre ha funcionado de manera centralizada.
En cambio, la política, por el contrario, siempre había de ser descentralizada.
Por ejemplo, en una empresa regida por el contrato de sociedad (es decir, no hay relación de patrono y empleados, sino que todos son socios en la empresa) la política u objetivo a conseguir en la empresa vendrá fijado por todos los socios, es decir, se trata de un objetivo que se fija de manera descentralizada. Pero, una vez fijado el objetivo a conseguir, la consecución práctica del mismo habrá de realizarse de manera centralizada, porque ésa es la única forma práctica y realista de poder conseguirlo.
Evidentemente, para poder hablar de una política fijada descentralizadamente, es indispensable que los socios gocen de libertad de asociación (o, en sentido negativo, de libertad para disociarse, incluso al punto de que su disociación pudiera poner en jaque o hiciera inviable la consecución práctica de una determinada política).
Pues bien, trasladando estas ideas al ejemplo concreto de la energía nuclear (por ejemplo la empresa o emprendimiento productivo en la consecución de una bomba atómica por parte de una sociedad, a la que consideraremos a efectos prácticos como una empresa productiva general), tendríamos que establecer esa doble distinción: descentralización política y centralización administrativa. Es decir, la política u objetivo en la construcción de una bomba atómica dependería de la libre voluntad de la población; pero si afirmaran querer construirla, ésta tendría lugar de una manera centralizada, porque ésa es la única forma de poder construirla efectivamente (la existencia de descentralización administrativa produciría anarquía y caos y la construcción quedaría inmediatamente paralizada).
La clave está, pues, en esa descentralización de la política; y en una sociedad con una economía que lleve adjunto un sistema financiero, esa libertad e independencia efectivas para poder asociarse (o disociarse) respecto a un proyecto productivo determinado (en este ejemplo, la construcción de una bomba atómica), viene establecido por la libertad e independencia financiera de las personas que conforman esa sociedad. Es decir, la forma efectiva que tienen las personas de una sociedad de decir sí o no a una determinada empresa o proyecto productivo (en el seno de una sociedad que lleve adjunta a su economía un sistema financiero) viene dada por su propia libertad efectiva de asociación o disociación, y esta libertad concreta sólo la puede tener si goza de esa previa libertad e independencia efectiva financiera.
Y esta es la forma en la que funciona una sociedad tradicional, en la que existen y se ejercen las libertades e independencias efectivas por parte de los miembros de la comunidad política (es indiferente que esa independencia y libertad efectivas se ejerzan gracias a una extendida red de propiedad rurales, como ocurría antes de la Revolución, o que se ejerza gracias a una suficiencia de rentas financieras, tal y como podría hacerse hoy día sin necesidad de retornar a una sociedad rural).
La alternativa, que ya hemos visto por la experiencia, es la del Estado, es decir, la de una estructura política todopoderosa y centralista, en la que la participación de sus miembros en determinados proyectos productivos (como, por ejemplo, el de la bomba atómica) se realiza por coerción, ya sea directa (como en los Estados totalitarios burdos o crasos), o ya sea indirecta por medio del sistema financiero (que es el caso extendido en los Estados democráticos occidentales), que crea unas condiciones de necesidad en donde la población se ve obligada a aceptar colaborar o participar con su trabajo o servicios en dicha empresa productiva (sin cuya colaboración no podría tener lugar).
Entiéndaseme lo que quiero decir. La cuestión no está en que las personas de esa sociedad estén bien o mal pagadas por su participación en una empresa productiva (por ejemplo, la construcción de la bomba atómica). Las rentas financieras percibidas podrían ser muy buenas. La cuestión está en si esas personas han tenido opción o no de colaborar en esa empresa productiva, es decir, si han tenido o no libertad efectiva de asociación. La cuestión está en si un sistema financiero puede favorecer unas condiciones que permitan a los miembros de la comunidad ejercer sus libertades e independencias efectivas (condiciones indispensables para una descentralización política), o, por el contrario, ese mismo sistema financiero favorece unas condiciones de centralización desde el punto de vista político, en virtud del cual, la consecución de cualquier empresa productiva (o de cualquier tipo) no dependerá o descansará, en última instancia, de manera efectiva, en la comunidad política (aceptando participar o no en dicha empresa), sino en el gobernante de turno que se haga con las riendas del Estado, es decir, del sistema político centralizado.
Dicho, con otras palabras; la existencia del Estado (sistema político propio de la Revolución contemporánea) depende para su efectividad de la previa existencia de una sociedad que haya perdido por completo su libertad efectiva de asociación, es decir, sus libertades e independencias efectivas.
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