La definitiva claudicación de soberanía: El tratado de libre comercio USA-Europa
La mayor y más trascendente legislación contra los ciudadanos europeos se va a hacer sin conocimento ni consentimiento de los afectados.
Casi nadie sabe nada, salvo el espionaje realizado por EEUU a los líderes europeos, pinchado de teléfonos personales incluido, para tener información cara a la negociación. La población, en su mayoría, mientras, o no votará en las Europeas o votará a los partidos que les está haciendo la gran jugada a sus espaldas.
PP, PSOE, CIU y UPyD votan en contra de realizar un referendum sobre el Tratado Libre Comercio EEUU-UE
Las principales claves del acuerdo son:
- Limitar la soberanía de los gobiernos elegidos democráticamente facilitando las demandas de las empresas contra la puesta en práctica de políticas que afecten a los intereses de las multinacionales.
- Otorgar a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes por los gobiernos, por lo que tras la puesta en marcha del tratado resulta muy difícil modificar la legislación nacional ordinaria y hará irreversible medidas como las privatizaciones de los servicios públicos..
- Abrir a los mercados de sectores clave de los países europeos como la energía, las patentes, la sanidad pública, o la soberanía alimentaria.
- Desregular los servicios financieros, con la eliminación de las restricciones en materia de transacciones financieras y de la comercialización de productos financieros derivados (uno de los desencadenantes de la crisis).
- Establecer una regulación financiera que obligue a otros países a aceptar y cumplir los estándares marcados por los entramados bancarios que controlan la UE y Estados Unidos en una especie de nuevo colonialismo.
- Desarrollar el llamando Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS), con normas para proteger la seguridad jurídica de los inversores que incluye disposiciones contra la expropiación de servicios de interés público o la libre circulación y transferencia de fondos.
La experiencia de anteriores acuerdos internacionales de libre comercio señala que favorecen la liberalización del flujo de mercancías, pero no la libre circulación de trabajadores, limitan la capacidad de negociación de los sindicatos, reducen los salarios y elevan la desigualdad social.
Estos tratados están dirigidos fundamentalmente a consolidar normas y legislaciones que amparan a los fondos de inversión y a las grandes empresas multinacionales.
Las amenazas más importantes para la sanidad pública contiendas en el Tratado son:
- Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes (como los hospitales PFI de Madrid o de Vigo, que multiplican por siete su coste real).
- Las empresas podrán garantizar y proteger sus inversiones con un arbitraje Inversionista - Estado, que otorga a las corporaciones el derecho de demandar a un gobierno que tome decisiones que dañen sus ganancias, al margen de los tribunales nacionales de justicia. Como consecuencia los gobiernos europeos que adopten medidas legislativas de reduzcan las expectativas de ganancias a una empresa se enfrentarán a reclamaciones por "expropiación" al asimilarlas a una incautación ilegal de la propiedad privada por el gobierno.
- La concesión de indemnizaciones en primera instancia para el arbitraje de las inversiones de las empresas en los sistemas sanitarios públicos supondrá una seria amenaza para la capacidad de los gobiernos de intervenir en la defensa del interés público con políticas que protejan intereses sociales como:
- Fijar precios para los productos farmacéuticos y para la promoción de medicamentos genéricos que garanticen el acceso a los mismos a todos los sectores sociales.
- Control y evaluación de tecnologías que se vayan a incorporar al sistema sanitario público atendiendo a criterios de racionalidad y sostenibilidad
- Medidas de protección de la salud pública como el control del tabaco o de la seguridad y calidad de los alimentos
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