Revista FUERZA NUEVA, nº 548, 9-Jul-1977
SECUESTROS, FRAUDES Y TRAICIÓN
Por Jaime Montero
España fue secuestrada el 15 de diciembre de 1975. Como un barco o aeronave al que en plena navegación se desviase de su ruta por obra de un comando que impusiera un rumbo distinto al capitán y tripulación, así, nuestro pueblo, desde aquella fecha, se encuentra transportado y mal dirigido hacia un destino que no es el suyo.
La que se llamó “declaración de intenciones” del primer Gobierno de don Juan Carlos, formulaba aquel día de 1975, fue un golpe de Estado. Se hizo al margen y en contra del cuadro de objetivos señalados entonces a su Consejo de Ministros por el Jefe del Estado, como demostré el artículo “Proyectos gubernativos y directrices del Rey”, aparecido en FUERZA NUEVA el 13 de marzo de 1976 (Revista ‘Fuerza Nueva’: de la muerte de Franco a la Constitución (1975-78) , completado por otro del 27 Revista ‘Fuerza Nueva’: de la muerte de Franco a la Constitución (1975-78)
Sin decisión ni encargo del Rey, y apartándose de sus directrices como Jefe del Estado, no fue acto legítimo, ni válido, aquella arrogante afirmación del Gobierno Arias (de la que arranca la reforma política luego realizada por el Gobierno Suárez) de “asumir la plena responsabilidad de su gestión”, encaminando ésta a sustituir nuestro Régimen y Estado nacional por “un orden democrático” merced a reformas institucionales que le homologuen con los extranjeros. Dicho así, como si eso fuese una razón, bastante. Y no fue solo ilegítimo, por carecer de atribuciones constitucionales para ello el Gobierno e ir en contra de las únicas directrices oficiales que le dio el Jefe del Estado -entre ellas, atender con preferencia a fines de justicia social y control de la economía-, sino además inválido, porque aquel proyecto gubernativo se hizo, y luego se fue poniendo en práctica con mayor audacia hasta el presente, en el marco de chantajes internacionales e interiores, del separatismo criminal, las huelgas salvajes, el terrorismo asesino y las conocidas e inicuas campañas de prensa, propaganda, publicidad y radiotelevisión. No es legítimo ni válido nada de lo que se hace bajo la presión de amenazas y coacciones, como las que se han ejercido sobre los Gobiernos de España y el Rey, para imponer a nuestra nación un rumbo político fuera de su propia historia.
Secuestros y terrorismo
El primer experimento de secuestro colectivo importante fue el del pirata Galvao, con el que parlamentó en alta mar, dándole escandalosa beligerancia, la poderosa escuadra de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde entonces, los secuestros y desde hace más de un siglo, el terrorismo, constituyen instrumentos usuales y muy eficaces en provecho (cuando no al servicio) de las fuerzas supranacionales opresoras de las naciones o pueblos sometidos -como España desde el asesinato terrorista del presidente Carrero Blanco- a la manipulación y las propagandas que dirige, financia y utiliza en sus planes el omnipotente monipodio internacional de tiranos sin rostro al que sirven y obedecen ciegamente, ¡por algo!, los partidos políticos, sectas, medios de comunicación social, y políticos o personajes situados en puestos clave para la gobernación o manejo de los pueblos.
El secuestro político de España
Lo singularísimo del secuestro político de España está en su enormidad, y en las circunstancias políticas e internacionales que lo han propiciado y facilitado. Se está empleando, nada menos, para arrojar de la Historia una nación de tan nobilísima ejecutoria como España, que ha producido el acontecimiento político más trascendental del siglo XX, después de la revolución soviética de 1917, empujándonos, por artes y medios ilícitos, hacia el camino desastroso de la Contrahistoria que inició en Europa la Reforma Protestante y culmina en la presente confabulación de las tituladas democracias (capitalistas, socialistas, pseudocristianas, etc.) con el comunismo (en cualquiera de sus mil caras o manifestaciones), y cuyo objetivo final es el propio del “humanismo”. Es decir, describe la civilización cristiana y toda posibilidad de reinado social de Jesucristo, para crear un “orden nuevo” en el que todo gire alrededor del hombre, cuyo único Dios sea su conciencia. Pero del “hombre social” (del marxismo) organizado para someter todo a un control que no admite ni reconoce ninguna realidad (personal, social, histórica, religiosa, espiritual, etc.) ajena a ese hombre genérico que personifican el Partido o el Estado comunista.
Se trata, en la Contrahistoria, de remedar el pecado de Luzbel, rebelándose contra el orden de la creación (no sólo contra el orden de las cosas creadas como en el pecado de los hombres particulares o específicos) y negando la Historia. (…)
El empeño de echarle la culpa al pueblo
Es gravísimo y enormemente malicioso que ese gigantesco secuestro sin precedentes, con el cual quiere expulsarse a España de la Historia, se pretende apoyar en la voluntad del pueblo español, según se dice, se repite y se machaca. Tan refinada hipocresía, de presentar como un suicidio colectivo lo que es exactamente un historicidio criminal, prueba de modo irrefragable que, como dijo el Caudillo el 1º de octubre de 1975 desde el balcón de Palacio a todos los españoles y al mundo entero, “todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que a nosotros nos honra y a ellos les envilece, dejando en claro “lo que podemos esperar de países corrompidos” y cuál es “su política constante contra nuestros intereses”.
Con vistas al inaplazable quehacer de los buenos españoles en defensa de España y de sus genuinas instituciones, urge dejar establecido que no solo fue legítima y sin validez ninguna, como decimos, la apertura del proceso gubernativo hacia la reforma política, sino además que la votación popular del referéndum, único apoyo para la pretendida legitimidad de la llamada ley para la reforma política, está viciado de raíz (como lo probé jurídicamente en mis denuncias de contrafuero ante el Consejo Nacional del Movimiento), habiéndose consumado los hechos reformistas con fraudes y traiciones.
Los fraudes
(…) No hará falta descender a demasiados detalles para probar que en la preparación remota -campañas de prensa- y próxima (proyecto de ley y referéndum) de la llamada ley para la reforma política se cometieron innumerables fraudes. Al pueblo y a sus procuradores en Cortes se dijo que la reforma se hacía y se haría “dentro de la más exquisita legalidad”, ateniéndose escrupulosamente a lo establecido en las Leyes Fundamentales del Reino.
También se afirmó solemnemente que la ley “no pretende ser, ni es, una derogación del ordenamiento constitucional existente (Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales, sino una nueva pieza que se inserte en el conjunto de las siete Leyes Fundamentales anteriores” (Landelino Lavilla, ministro de Justicia, a las Cortes). “De los Principios del Movimiento… uno sólo de ellos -alude al VIII- sufre modificación como consecuencia de esta ley” (Fernando Suárez, hablando también a las Cortes en nombre de la Ponencia).
Tales afirmaciones ponen en evidencia la inexactitud consciente con que se preparó el proyecto de ley, se sometió a referéndum, y se dio luego por aprobada como ley fundamental esa con que se está produciendo la destrucción del Régimen y el Estado nacional para sustituirlos por una futura Constitución basada en principios radicalmente contrarios a nuestro sistema político e institucional. Todo lo cual demuestra el fraude cometido, asimismo probado por el hecho, palmario, de haberse negociado la reforma por ministros del Gobierno del Estado nacional en tratos con los representantes de quienes tienen intereses enteramente opuestos (los de la titulada “oposición democrática”) a los intereses públicos que dichos ministros tenían que gestionar con estricta fidelidad a los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino.
La absoluta inexactitud de ser “exquisita” la “legalidad” del proyecto y la llamada ley para la reforma política, de no ser ni pretender una derogación del Ordenamiento constitucional del Estado nacional, y de ser una nueva pieza a insertar en el conjunto de las siete Leyes Fundamentales anteriores, no la afirmo yo solamente: son el presidente del Gobierno (A. Suárez), los ministros, ex ministros y demás líderes de los partidos políticos beligerantes contra el Régimen político y el Estado nacional de España, quienes llevan varios meses proclamándola con énfasis y orgullo, en nuestra Patria y hacia el extranjero. Con lo cual, sin posible duda, ciertamente, vemos que se dan la inexactitud consciente, el engaño, el abuso de confianza, que son característicos del fraude con que se prepara o produce un daño, como es el daño mortal que se preparó y se produjo, por dichos ministros reformistas del Régimen y el Estado nacional, a ese Régimen y a ese Estado del que fueron nombrados gobernantes sin otra razón ni finalidad que entregarse a su servicio y defensa. Esto no es así porque lo diga yo (…), siendo como acaba de decirse, los propios ministros reformistas los que están diciéndoselo a todo el mundo.
Ilegitimidad de la reforma política
La verdad de que se pretendía -y se está haciendo- una reforma constitucional ilegítima, no dentro, sino por entero en contra, del Ordenamiento establecido, la dejé ampliamente probada en dos escritos a Su Majestad el Rey (anteriores al referéndum y a la llamada ley para la reforma) y en otros dos, denunciando los contrafuegos ante el Consejo Nacional del Movimiento. Cuyas funciones obligadas de garantía institucional eran y siguen siendo. Dejar garantizado lo que constituye el régimen permanente inalterable de nuestro ordenamiento.
¿Acaso puede tramitarse una ley trascendental prescindiendo de una preparación técnica absolutamente diáfana y de dictámenes e informaciones públicas, como es legalmente inexcusable para la validez de cualquier disposición de carácter general?
¿Puede pretenderse el carácter de ley, y nada menos que fundamental, para la que no se inspira en los Principios del Movimiento, como todas las Leyes Fundamentales del Reino tienen que inspirarse para serlo, y que ni siquiera menciona qué leyes o preceptos de otras deroga o modifica, como es también inexcusable en toda disposición legal?
¿Es que no saben todos y no se dijo en la prensa y en las Cortes (por Blas Piñar, entre otros), como lo expuse yo a Su Majestad el Rey y ante el Consejo Nacional, que el Jefe del Estado carece de facultades para someter a referéndum de la nación ningún proyecto de ley elaborado por las Cortes mientras ese proyecto no haya sido dictaminado por el Consejo Nacional sobre si contiene vulneración de Principios del Movimiento o Leyes Fundamentales de Reino, o sea contrafueros?
Es incuestionable para cualquier letrado con un poco de seso y no cegado por el sectarismo o la pasión, que el proyecto de ley de las Cortes (sobre el que no se pidió el preceptivo dictamen del Consejo Nacional), el referéndum del 15 de diciembre de 1976 y la llamada ley para la reforma política de 4 de enero de 1977 adolecen, en Derecho de nulidad absoluta y radical, no subsanable con el tiempo ni por votaciones celebradas a ciegas o para otros fines por el pueblo. Los defectos procedimentales ya insubsanables del proyecto de ley y del decreto convocando el referéndum, quedan señalados.
Pero, además, ¿hay quien pueda sostener, con razones, la validez de un referéndum ilegítimamente convocado y para fines contrarios a la institución del referéndum, según su ley? ¿Qué efectos modificativos válidos del ordenamiento fundamental puede tener ese referéndum del 15 de diciembre de 1976 celebrado sobre un proyecto de ley que no determina qué leyes se trataba de derogar o modificar? Los no letrados recuerden sencillamente la precisión concreta y la claridad meridiana con que para el referéndum legítimo del 14 de diciembre de 1966 (Franco) se determinó cuáles eran las modificaciones de leyes y preceptos o declaraciones de fueros a introducir con la votación popular.
No se puede defraudar ni traicionar a nuestro pueblo
Al pueblo no se le puede imputar que haya echado abajo su propio Régimen por votaciones en las que no se le ha preguntado si quería abjurar de la Ley de Dios y de todos los demás principios proclamados por la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958; la cual, por mucho que lo ignoren Garrigues y Suárez (don Fernando) sólo tiene tres artículos, aunque, además, contenga la solemne promulgación de esos Principios que la ley se limita a reconocer y enumerar, sin habérselos inventado Franco.
(...)
¿Y las elecciones generales del 15 de junio…?
Habrá quienes esgriman el argumento de las masivas votaciones del 15 de junio de 1977. Pero no se han hecho para aprobar o modificar leyes ni hacer Constituciones, y, además, su celebración y resultados son también fruto de la traición y el fraude.
Se han celebrado, como es sabido, en cumplimiento del “pacto” entre ministros del Estado nacional del Régimen español y los representantes de quienes tienen intereses opuestos a ese Estado y ese Régimen. Se ha hecho así, y lo han proclamado las dos partes del acuerdo, lo cual tipifica el fraude. Además: los representantes oficiales del Estado nacional -ministros reformistas-, cuyo Régimen político se caracteriza por repudiar los partidos políticos y descansar su fuerza social y estructuras políticas, en la Organización Sindical y el Movimiento Nacional, respectivamente, lo que lleva consigo la inexistencia de clase política organizada en partidos, han reservado la contienda y el triunfo electoral a la clase política partidista (es decir, en exclusiva, a los enemigos del Régimen y del Estado, que, una vez destruidas por el Gobierno la Organización Sindical (R. D. de 8 de octubre de 1976) y las estructuras políticas del Movimiento Nacional (R. D. de 1 de abril de 1977), tenía necesariamente que establecerse en las posiciones previamente desalojadas por los ministros de la reforma.
¿No constituye esto una traición? Evidentemente. Por tanto, no han obtenido el triunfo gracias al pueblo español, sino a costa del pueblo español y contra la soberanía, el honor, la seguridad y la independencia del Estado. Por alta traición.
Los votos socialistas, sin saber los electores qué es el socialismo (como lo ha reconocido Tierno Galván), reflejan el anhelo de justicia social, sobre bases nacionales, y el afán de progreso que han impulsado y mantenido en España el Movimiento y la Revolución Nacionalsindicalista durante cuarenta años. Los votos a Alianza Popular y los no representados en Cortes de Alianza Nacional 18 de Julio, Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS son de los declarada y conscientemente fieles a nuestra Historia, nuestro Régimen, al Estado nacional y a la gran obra del Caudillo.
El improvisado y cocinado Centro Democrático presidencialista se ha apropiado de la herencia de autoridad y del deseo general de paz y confianza en la Monarquía y el Gobierno legitimados por el Régimen, Leyes Fundamentales, Principios del 18 de Julio y último mensaje del Caudillo, valiéndose, para la movilización de electores, de los medios y estructuras de la Organización Sindical y el Movimiento, previamente destruidos y oficialmente estatalizados bajo la presidencia unificada del Gobierno y del fantasmal Centro Democrático.
Y, en fin, la total vuelta de espaldas popular a las tan cacareadas “opciones democráticas” (las del caballo de Troya usado por obispos, clérigos y acólitos de Curia Romana y Nunciatura para asaltar y destruir, expresa o “tácitamente” el Estado nacional), ha venido a reafirmar como única verdad, en medio de tantas mentiras, que la realidad española sigue estando caracterizada (aunque la falsifique la prensa) por las mismas ideas, aspiraciones, fuerzas y tendencias, nacionales y sociales del Movimiento, cuya total destrucción vienen procurando entre 1931 y 1936; desde el 13 de diciembre de 1946 (condena contra España de la ONU); a partir del 20 de diciembre de 1973 (asesinato del presidente Carrero Blanco), y ya con enorme virulencia y eficacia desde el 15 de diciembre de 1975, todas las conocidas u ocultas potencias y organizaciones supranacionales e internacionales que han propiciado la perpetración del actual secuestro de España, que esperan consumar en beneficio de sus fines imperialistas… ¡si los españoles no nos sacudimos el yugo extranjero, liberándonos de la ergástula de la Contrahistoria, como nuestro pueblo ha sabido hacerlo, por sí solo, en otras ocasiones igualmente críticas de su Historia, pese a los exilios o traiciones de sus clases dirigentes!
Jaime MONTERO
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