Tema: Correcciones a la Constitución de 1978 para hacerla mínimamente aceptable

La libertad de enseñanza, regulada por la Constitución de 1978, «educa» a los hijos no de la forma que quieren los padres sino los “educadores”, contrariando así el derecho natural.

Revista FUERZA NUEVA, nº 596, 10-Jun-1978 LA CUESTIÓN DEL ARTÍCULO 26 (*) Por D. Elías (sacerdote) SIEMPRE hemos dicho aquí que la lógica de los hechos acababa por imponerse sobre la lógica «bienpensante». Nuestras familias, en fuerza de esa lógica de los hechos, se encuentran ahora ante la posibilidad de que les «eduquen» a sus hijos, de la forma que quieran los educadores, contra todo derecho natural. Pero ha llegado el momento de vivir con los pies en el suelo y decir NO, de la forma más sonora posible. La trampa de la gratuidad está siendo explotada una y otra vez, abusando de la ignorancia de unos, la imprevisión de otros, la socialistización de no pocos y la habilidad de los partidos que nos han llevado a esta situación. Quien piense en cristiano no puede aceptar otro derecho superior a la educación que el derecho de las familias, y en modo alguno puede admitir condicionamientos. Los padres reciben de Dios el derecho a educar y nadie puede restárselo lícitamente. Creemos que éste es un asunto no discutible para un creyente, y en el que no cabe diálogo ni discusión, porque un derecho inalienable no se discute ni se negocia. Cabrá la discusión en la forma de financiación, en el modo de subvención o en los métodos mejores para que la familia ejerza su derecho, pero el derecho es intocable. *** Y esa intocabilidad debe quedar bien clara en la Constitución, o los padres deben rechazarla sin más. No puede quedar abierto un portillo para que en el futuro el partido «A» o el «B» ponga las cosas de modo que los padres deban aceptar forzosamente, si no tienen dinero suficiente, la educación que desde arriba se quiera imponer a sus hijos. La cosa es así de clara, y todo lo que sea complicarla con palabras ambiguas es tratar de confundir. • Es deber de los Estados hacer posible la educación de todos y cada uno de sus ciudadanos. • Esa educación debe realizarse según el criterio de los padres, educadores natos ante Dios y la sociedad. • En su consecuencia, no debe hacerse discriminación ni económica ni de ninguna otra clase en cuanto a las posibilidades de recibir la educación. Habría discriminación si en los colegios no estatales los padres tuviesen que hacer gasto superior al que hacen los padres que tienen sus hijos en colegios estatales. Habría discriminación si el trato recibido por los profesores de la enseñanza no estatal fuese de peor calidad que los estatales. Por otra parte, se haría injusticia si los padres o los colegios se viesen obligados a aceptar, por razones económicas, un proyecto educativo que repugne a su conciencia o a sus principios éticos. La cuestión, en este aspecto, está planteada de forma muy sencilla: para unos, es el Estado quien debe educar, y para otros, el derecho corresponde a la familia. En función de estos dos principios se plantea todo lo demás. La Constitución, en cuanto al 26 (*), se apoya en el primero, aunque en apariencia conceda algo al segundo principio. No hace falta ser demasiado listo para verlo. Y aún en el mejor de los casos, deja puerta al partido de turno para aplicar el primero. Dejemos a un lado sutilezas, porque la cosa es así. • • • Iglesia somos todos, no sólo clérigos y obispos. Es perfectamente explicable que la Jerarquía no se haya hecho beligerante ya, para no crear más problemas, pero esto no significa—creemos— inhibición. Todos somos Iglesia, y esos todos debemos reaccionar desde ya mismo. La Jerarquía tiene su momento de actuar, pero el nuestro ha llegado ya. Es obvio que los partidarios de la estatalización no dejarán piedra por mover para conseguir su objetivo. Nosotros, honrada y limpiamente, con la seguridad de que seguimos la línea cristiana, que está fuera de toda discusión, hemos de usar todos los medios lícitos para que nuestra voz llegue a todas partes en demanda de que se haga bueno el derecho de los padres, recibido de Dios.

(*) En la redacción final y vigente: artículo 27

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL «ROMPIMIENTO» NACIONAL

Revista FUERZA NUEVA, nº 599, 1-Jul-1978 LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL «ROMPIMIENTO» NACIONAL ¡VAYA Constitución que les ha salido a los Padres de la Patria! Claro que no se pueden pedir peras al olmo. Querer, al mismo tiempo, buenos demócratas, excelentes paladines de la libertad, conspicuos antifranquistas y, además, magníficos parlamentarios, es ya demasiado. iY así ha salido la cosa! Con los mimbres que se cortaron el 15 de junio (1977, elecciones) no podía salir un buen cesto. Y, como era de esperar, en vez de una Constitución les ha salido los Principios Fundamentales del Rompimiento Nacional. Se ha hecho tal galimatías, tal tabla rasa de las esencias del pueblo español, se han consignado tantas incoherencias y, sobre todo, se ha escrito con tanta ambigüedad, tanta inconcreción y tanta contradicción —con un estilo tan puramente taranconiano— que ya veremos si tenemos Constitución para un par de años. El procedimiento ni ha sido democrático ni fruto del consenso. Todo lo contrario: La Constitución se ha cocido en restaurantes, pasillos y despachos. No ha sido la Constitución del consenso, sino la del asenso. La Constitución se ha hecho a golpe de pancarta, a impulso de periódico panfletario, a chasquido de metralleta. Las ofensas a la Patria y las amenazas han sonado en el Congreso como si lo que estaba en juego fuera un pacto entre tahúres. Las más absurdas aspiraciones, las ilusiones que jamás pudieron soñar los más fanáticos marxistas están consignadas en la Constitución. Es inútil que los católicos busquen en ella respeto a la ley divina porque a Dios ni se le menciona. La ley es emanación de la voluntad soberana del pueblo y, por tanto, puede estar en perfecta contradicción con la Ley de Dios. La Iglesia católica que no busque ya otra protección ni otro respeto que el que merecen los mormones o los mahometanos. La tradición, las Instituciones, las realizaciones, la cultura, el espíritu, el crisol que la Iglesia católica ha significado para España, han quedado barridos. De nada sirve hacer pomposas declaraciones de unidad y solidaridad nacional si, a renglón seguido, se habla de autonomía de nacionalidades y regiones. De nada sirve decir que la forma del Estado es la Monarquía parlamentaria, si ya sabemos de las lealtades monárquicas y de la proclividad al cambio de quienes han aceptado el principio monárquico. ¿Para qué proclamar que la bandera nacional es la roja y gualda si, ya antes de que se apruebe la Constitución, el ondearla es una provocación, un riesgo y hasta un delito? ¿Por qué consignar hipócritamente la libertad de enseñanza si no se garantiza la facultad de dirigir, gestionar y controlar los Centros, lo que, según se establece, se hará «democráticamente»? ¿A qué engañar al pueblo proclamando la independencia de los Tribunales si se crea un Consejo General para mangonear así el Poder Judicial, y en vez de consagrar los Tribunales de Derecho se abre el portillo de los «Tribunales Populares» con esa «participación del pueblo en la Administración de Justicia»? ¿A qué hablar de unidad jurisdiccional si cada taifa va a tener su Tribunal Superior de Justicia? ¿A qué hablar de que todos tienen derecho a la vida y no se cierra la puerta constitucionalmente a los futuros criminales (en las Cortes y en las clínicas) condenando expresamente el aborto? ¿Con qué cinismo se habla de relaciones estables de familia si en la misma Constitución se admite el divorcio? ¿Qué pensarán los hijos, futuras víctimas de una legislación divorcista? ¿Para qué seguir? Ciertamente a los «padrecitos de la Patria», en lugar de una Constitución, les ha salido los Principios Fundamentales del Rompimiento Nacional. Jaime CORTÉS