Fuente: Archivo Manuel Fal Conde, Archivo Universidad de Navarra.
Afirmaciones de la Comunión Tradicionalista de Sevilla con motivo del Acto de Quintillo, en el 40 Aniversario del “18 de Julio”
Si en 1934, en los campos de Quintillo, por medio de sus Requetés, la Comunión Tradicionalista de Sevilla supo iniciar el camino de la libertad de España frente al comunismo, hoy, en el mismo lugar, nuevamente proclama la defensa de España, su independencia moral y política –más importante aún que la económica, que de suyo lo es–, frente a toda Internacional socialista o comunista.
Durante cuarenta años hemos sabido mantener levantada la Bandera de la Tradición, que no ha claudicado ante poder personal alguno. Hoy, continúa con ella alzada, y sabrá resistir a los temporales que se avecinan, sin que por ello la pleguemos ante los nuevos poderes políticos, que no tienen otra legitimidad que la del poder personal anterior.
En defensa de España, en llamada a todos los españoles para una acertada reconstrucción de la vida política nacional, la Comunión Tradicionalista de Sevilla proclama su ideario:
I. DIOS.
Afirmamos la doctrina tradicional de la Unidad Católica: «La Bandera española que tiene por lema el santo nombre de Dios, con que se significa la Soberanía Social de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia».
«Ahora bien, como quiera que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera Religión y la única Iglesia de Cristo». Doctrina concorde con la anterior, que afirmamos y nos comprometemos a servir.
Hoy, plenamente desfasado y constantemente incumplido el Concordato de 1953, cuando la Santa Sede y el Estado español vienen en interminables conversaciones para su reforma, expresamos la vigencia de la doctrina de «dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», por cuanto ambas potestades, Iglesia y Estado, son sociedades perfectas, con medios propios para obtener sus respectivos fines.
«La Iglesia es el poder supremo en lo espiritual, como el Estado lo es en lo temporal». Mas, al tener en común el elemento humano, miembros de una y otro, requiérese el acuerdo –pacto único o vario–, que, al sentir del mundo moderno, expresa la renuncia de toda clase de privilegios, pero el reconocimiento de las propias obligaciones. Como después, en el desarrollo de sus misiones, tenga la Iglesia y sus ministros libertad para predicar el Evangelio; pero la tenga el Estado para aplicar la ley civil cuando aquellos ministros, como humanos, la hayan infringido.
II. PATRIA.
España, como conjunto histórico-político de Municipios, Regiones y antiguos Reinos, cuyos pueblos mantienen viva su adhesión a los principios del Derecho Público Cristiano, doctrina multisecular que contiene las bases permanentes para el desarrollo del Derecho positivo.
Sin merma de nuestras relaciones con los pueblos de Europa, de la que formamos parte por nuestra situación geográfica, como por nuestra cultura, afirmamos nuestra unión fraternal con los países de América, con la que formamos ese ente –unión en ideales y sangre– que llamamos la Hispanidad, de la que Sevilla fue su cuna y sede de su gobierno.
Juramos defender la unidad de España contra todo quebranto, sea territorial –separatismo–, sea político –luchas de clases o partidos–. Y para mantenerla, desde Sevilla, recogiendo ecos de toda Andalucía, rechazamos las falaces ofertas de descentralización administrativa, por cuanto reclamamos la puesta al día de los Fueros patrios.
III. FUEROS.
Que no son privilegios, ni concesión Real, ni simples peculiaridades administrativas o fiscales, sino verdaderas leyes paccionadas –acuerdos públicos inviolables– formalizados entre el Rey y los ciudadanos, éstos reunidos corporativamente en sus Municipios, Diputaciones, Gremios, Sindicatos y demás Corporaciones públicas, cuyo contenido viene adecuado a las circunstancias de lugar y tiempo.
La unidad de España se basa, precisamente, en su inmensa y riquísima variedad de pueblos: catalanes, aragoneses, valencianos, gallegos, asturianos, vascos y navarros, castellanos, leoneses, extremeños y andaluces, y cada uno con mil peculiaridades, que requieren la atención legislativa, para distribuir en justicia lo que es desigual en su naturaleza.
IV. MUNDO DEL TRABAJO.
Del que hoy vivimos la inmensa mayoría de los españoles, y que sólo por la vía del Derecho positivo de los Fueros puede llegar en España a una acertada protección.
Que declare la obligación de todo español de trabajar en servicio de la familia, de la sociedad en que vive, y de la Patria que le ampara. Que nos recuerde que, antes es dar nuestra prestación, que recibir la justa retribución que la misma merece; ésta, adecuada al rendimiento prestado, a las posibilidades de la Empresa, y en función a nuestras necesidades personales y familiares. Sin olvidar que el trabajo no es mera relación económico-material entre Empresa y trabajador, sino el medio ordinario de servicio de unos a otros, y que el salario no es más que uno, aunque importante, de los elementos que componen su retribución: respeto a la dignidad de la persona, previsión social, enseñanza profesional, etc.
Hora es de actualizar el concepto de la Empresa: ente jurídico-social que polariza el desarrollo de la economía nacional, al tiempo que absorbe buena parte de nuestra vida cotidiana. Determinar su naturaleza, sus elementos, su gobierno, la justa distribución de sus beneficios.
V. SINDICATOS.
Palabra mágica de lucha «obrerista», y bandera que pretende monopolizar el socialismo.
Los Sindicatos, Gremios, Agrupaciones Profesionales, y demás, han de basarse en la libertad de sus miembros, por cuanto deben ser los órganos de aglutinación de los diferentes sectores de la vida laboral y profesional, de tan diferentes características; donde tenga prelación el factor humano al sector económico. Con incidencia en la vida política, pero independiente de la misma.
Estructurados horizontalmente, de forma que cada grado de los distintos de su gobierno, sea genuinamente representativo del grado inferior, por cuanto no se confiere poder, sino mandato u orden de servicio.
VI. REY.
Mantenemos nuestras lealtades. La Monarquía Tradicional no puede ser mero enunciado de unas Leyes dictadas por una Autoridad unipersonal y sujetas a un referéndum circunstancial.
Rey de España, es y será, a nuestro entender y servicio, quien traiga su derecho de las Leyes tradicionales de España, y preste, antes de empuñar el Cetro, juramento de guardar y hacer guardar los fueros y libertades de sus pueblos, sin cuyo requisito éstos no han de prestarle su adhesión ni obediencia.
Rey que reine y gobierne, asistido de Secretarios y Ministros responsables, sometidos, como toda autoridad, a juicio de residencia; y de los Consejos, de tanta raigambre, como buen recuerdo, en nuestro Derecho histórico.
Que administre los tributos, recibidos y pactados con unas Cortes genuinamente representativas, cuyos Diputados hayan sido libremente elegidos por sus mandantes, a quienes deberán rendir razón de la misión encomendada.
Cortes que representen al pueblo constituido en sus entidades políticas, laborales, profesionales, en su dialogar con el Poder Real, al que autorizarán para imponer tributos, y al que exigirán las cuentas de la administración del gasto público. Así como pactarán con Él, sobre la implantación primero, y reformas posteriores, de las leyes por las que se regirá la vida de nuestra nación.
Mantenemos nuestras lealtades monárquicas. Por ello, hacemos patente nuestro dolor por las graves desviaciones doctrinales que viene manteniendo de forma inequívoca el Príncipe Don Carlos Hugo, quien desoyó el requerimiento formulado en 23 de Mayo de 1975, por un nutrido grupo de hombres del Carlismo, al conocer la abdicación por su Padre, el Rey Don Javier, hecha en favor de su persona, pues
«según la constitución tradicional española (que, por otra parte, es compartida universalmente), el derecho de sangre en la sucesión dinástica no constituye más que un título necesario, pero inicial, para acceder a la Realeza. Pero ningún Príncipe puede ser reconocido como Rey, si antes no jura la aceptación y el respeto a las leyes, fueros y libertades por las que se rige la nación».
La pública adscripción del Príncipe Don Carlos a la doctrina socialista, en todo incompatible con la doctrina tradicional española, como ante un acontecimiento similar al presente, siguiendo las palabras de la Princesa de Beira, en su «Carta a los Españoles», proclama hoy que «ni el honor, ni la conciencia, ni el patriotismo, permiten a ninguno reconocerle como Rey».
Como en la citada carta se decía a Don Carlos Hugo:
«El Carlismo es algo, Señor, que tenemos recibido con ciento cuarenta años de Historia: se acepta tal cual es, o se rechaza. Lo que no puede pretenderse es quebrar la consecuencia de su doctrina política, o degradarlo haciéndole perder su autenticidad».
«Nuestro propósito es –dice al final de dicha carta, y hoy repetimos–, salvar el honor del Carlismo ante la Historia y hacer efectivas, cuando el caso desgraciadamente ha vuelto a presentarse, sus formulaciones políticas».
Fieles a la Dinastía, afirmamos que los errores de los Reyes sólo pueden salvarse por su Dinastía, y Dios querrá que un día los hijos de Don Carlos presten el juramento de fidelidad a la Causa y reciban, así, en reciprocidad, el juramento de quienes militamos en el servicio de ésta.
Como expresamos, con inmensa alegría y gratitud, nuestro testimonio de agradecimiento al Infante Don Sixto, quien ha sabido mantenerse fiel al juramento prestado por su Padre, el Rey Don Javier, ante la tumba de Alfonso Carlos, y se lanza ya, decidido, a seguir enarbolando, con la Comunión Tradicionalista, la Bandera de Dios, Patria, Fueros y Rey:
«Yo, como miembro de mi Familia, sin arrogarme derechos que no me corresponden, ni renunciar a los que pudieran recaer en mí, quiero mantener la Bandera del Carlismo; quiero unir a los carlistas para que, en un momento grave para España y para el mundo, puedan ofrecer una ideología y una organización, por encima de cualquier materialismo, sea marxista o capitalista, tendente a la transformación, no a la revolución ni al continuismo, basado en la Tradición española, con respeto a la autonomía de los pueblos que forman la Patria y dentro del respeto a los principios mantenidos desde hace ciento cuarenta años por el Carlismo».
En estos ideales de servicio a Dios, lealtad a España, y garantía de las libertades públicas, enunciamos hoy nuestra actividad política, la que, como siempre, esperamos vaya marcada con el sello del honor y exenta de toda ambición personal de quienes militamos en la Comunión Tradicionalista.
Sevilla, 25 de Abril de 1976.
Marcadores