Así pues, queda claro que tanto el Vaticano como los obispos españoles reconocen de facto la "autoridad" y la "justicia" del Gobierno y Tribunal Supremo españoles (en manos de los herederos de los asesinos de miles de sacerdotes y religiosos) sobre el interior de la basílica del Valle de los Caídos incluido el altar mayor.

Y dado que su dejación vergonzante de autoridad recae nada menos que sobre Francisco Franco, fundador de dicha basílica, se deduce una consecuencia muy clara: si sobra de allí el fundador del Valle de los Caídos y su basílica, también deberá "sobrar" la propia basílica. ¿O qué dirán los obispos para negarlo?

Es algo obvio, por otra parte, que los obispos deberán en adelante, achantarse a las futuras órdenes del Gobierno y de tribunales contra la basílica, sin capacidad de rechistar.

Por lo que respecta al prior P. Cantera, queda arrojado "a los pies de los caballos", y ninguneado por la propia Jerarquía episcopal y el Vaticano. Cuando el prior afirma que "no autorizará la entrada a la basílica", presupone que hay una jurisdicción eclesiástica a la cual representa y en nombre de la cual habla, pero esquivando el hecho de que, de facto, ha sido traicionado y desamparado, como dije más arriba, por esa misma autoridad eclesiástica cobarde y rastrera que solo reconoce para el caso a la autoridad estatal y que incluso le pide acatarla y ser tan cobarde como ellos...

Todo esto es silenciado, obviamente, por los medios afines a la "Iglesia".