Soluciones del Crédito Social
Por M. Oliver Heydorn
El modelo económico del Crédito Social sostiene que la reforma económica más urgente, la que va al corazón mismo de nuestra enredada telaraña de problemas económicos y perennes descontentos, consiste en la necesidad de rediseñar la infraestructura financiera de la economía. Cambiar el sistema financiero conforme a los lineamientos indicados por el Crédito Social no solamente es necesario para una mejora sustancial en nuestros asuntos económicos, sino que también puede demostrarse como suficiente para reducir significativamente, por no decir eliminar enteramente, la mayoría de los síntomas de disfunción con los que estamos familiarizados. Pienso aquí en esos varios y distintos, aunque íntimamente interconectados, fenómenos tales como: pobreza en medio de la abundancia; servidumbre en lugar de ocio; inestabilidad económica; inflación y elevada tributación; deudas cada vez más crecientes e impagables; despilfarro, ineficiencia y sabotaje económico en todas sus formas; crecimiento económico forzado; centralización de la riqueza, el poder y el privilegio; descomposición social; daño medioambiental; y guerra económica internacional que conduce a la guerra militar.
El rediseño específico del sistema financiero que se plantea aquí no consiste en una alteración arbitraria o doctrinaria, sino que está firmemente fundada sobre el principio de que el sistema financiero, al igual que cualquier sistema de pesos y medidas que se precie, debería en todo momento proporcionar una representación simbólica de la economía física que escrupulosamente se corresponda con la efectiva realidad. Esto viene a ser una necesidad funcional. Si el sistema dinerario ha de cumplir adecuadamente con su cometido –el cometido para el cual fue inventado– entonces deberá ser un sistema honesto, es decir, deberá proporcionar un reflejo exacto, un cuadro exacto, de todos los hechos económicos físicos relevantes. [1]
Esto significa que deberá haber siempre disponible suficiente crédito a la producción para poder catalizar la producción de cualquier bien o servicio útil. El incesante grito de que “no hay suficiente dinero” para conseguir algún fin productivo, cuando las materias primas, la tecnología y el trabajo están todos ellos presentes en conjunción con cierta demanda real de parte de los consumidores, es algo que debe cesar: ¡no podemos estar escasos de dinero para producción útil, del mismo modo que no podemos estar escasos de kilómetros para construir carreteras! Esto también significa que debe haber siempre disponible suficiente poder adquisitivo del consumidor para distribuir por completo todo lo que se produzca al mismo tiempo que se liquidan completamente, es decir, se cancelan de una vez por todas, todos los costes financieros de la producción. Puesto que la función catalítica del sistema financiero sólo puede exitosamente realizarse en grado óptimo una vez que, o en la medida en que, la función distributiva se haya apropiadamente afianzado, centraremos nuestra atención aquí en cómo propone el Crédito Social rediseñar la función distributiva. [2]
A efectos de recapitular el diagnóstico del Crédito Social, el corazón del problema en el lado del consumo del actual orden financiero fue descrito en una ocasión por C. H. Douglas en su debate en la BBC con Dennis Robertson de la siguiente manera:
El actual sistema financiero exige pagos en dinero por la creación del dinero mismo. Puesto que éste crea todo el dinero, los pagos en dinero por el uso del dinero sólo pueden hacerse creando nueva deuda. Además de esta exigencia del banco por el uso de su dinero, el industrial, con mucha más razón, exige pagos por el uso de su instalación y edificios reales; y también los exige en dinero. Ni él ni el sistema bancario, sin embargo, recrean el dinero necesario para permitir que estos últimos pagos pueda realizarlos el público.
Esta situación se hace progresivamente más grave, ya que la producción moderna consiste en producción realizada por máquinas o capital, en lugar de producción realizada manualmente o por trabajo, de tal forma que la proporción de sueldos y salarios en relación a las cargas de capital es progresivamente menor. Tenemos, por tanto, dos problemas que resolver: primero, hacer posible a la población general el poder comprar los bienes que son producidos por un cada vez menor número de gente, y por una cada vez mayor cantidad de maquinaria, sin caer al mismo tiempo más y más profundamente en deuda; y segundo, hacer esto mediante un método que no requiera poner a toda la población a trabajar. [3]
En otras palabras, debido principalmente a la forma en que se financia al capital real (máquinas, equipo, etc…) y la forma en que sus costes son contabilizados a continuación bajo las convenciones actuales, el ritmo al que los costes y, por tanto, los precios se originan y acumulan en el transcurso de la producción de cualquier bien o servicio industrial excede al ritmo al que se distribuye a los consumidores [4] poder adquisitivo para el consumo en forma de sueldos, salarios, dividendos, etc…
El problema surge porque cuando el dinero se toma prestado de los bancos y se trae a la existencia para la producción y se gasta en la fabricación o la adquisición de bienes de capital (ordenadores, máquinas, equipo, edificios, etc…) se crean tanto una deuda como un activo que lleva adjunto un coste, pero las cargas para cubrir ambas exigencias o reclamaciones contra el público (ya que es el consumidor el que ha de extinguir, en última instancia, todos los costes) son impuestas contemporáneamente, o al menos independientemente la una de la otra, como cargas capex y cargas opex. Incluso si todo el dinero gastado en la fabricación o adquisición de capital real se convirtiera en ingresos del consumidor, el dinero emitido no es suficiente para cubrir ambas exigencias (es decir, la deuda y el coste del activo), sino sólo una de ellas. [5]
Esto está en absoluta contraposición con lo que ocurre cuando el crédito a la producción se toma prestado y se gasta en producción manual o simplemente en producir bienes o servicios de consumo con el capital existente. En estos últimos casos se crean una deuda y un coste, pero no se cargan como dos costes enteramente separados, sino que se cargan secuencialmente. Esto es, una vez que el dinero es recolectado del consumidor para cubrir el coste de la producción, el minorista devuelve a continuación su préstamo bancario o reduce la deuda pendiente de su línea de crédito rotativo. La misma suma de dinero puede cubrir ambas exigencias que se habían realizado contra ella.
Esta situación se hace aún más calamitosa, sin embargo, cuando uno considera que todo el crédito a la producción gastado en la fabricación o adquisición de capital real no se transforma en créditos o ingresos para el consumidor. Parte del mismo se usa para cubrir las varias cargas B o costos externos de otras empresas, y ese dinero o bien se destruye en la devolución de sus préstamos bancarios o bien se coloca en sus reservas con vistas a futura producción. No está disponible como ingreso del consumidor en relación al ciclo de costes asociado con su creación. De esta forma, el volumen de ingresos del consumidor liberado a la par con la adquisición del capital real ni siquiera es suficiente para pagar los costes de ese capital una vez, no digamos ya dos veces.
El sistema financiero existente, debido a que es un sistema de dinero-deuda, es decir, un sistema en el que toda, o prácticamente toda, la oferta monetaria es emitida o bien como deuda o bien en forma equivalente a una deuda por el sistema bancario privado (y es destruida cada vez que esas deudas o reclamaciones equivalentes a deudas son canceladas), solamente puede rellenar esta brecha entre precios e ingresos creando y emitiendo nuevo dinero-deuda para nueva producción, ya sea privada o pública, o para préstamos al consumidor. Más allá de la tremenda mala dirección e ineficiencia o despilfarro de los recursos económicos que implica este método para abordar ese desequilibrio, el problema más fundamental consiste en que, aun cuando tiene éxito en rellenar completamente la brecha, el emitir dinero-deuda adicional nunca liquida o cancela de una vez por todas los costes no provistos en el sistema de precios; simplemente los transfiere como reclamaciones-deuda pendientes, y cada vez más crecientes, contra futuras actividades de producción.
Lo que el Crédito Social propone es que la brecha debería rellenarse, por el contrario, a través de la creación de crédito “libre de deuda”, y de su distribución a, o a nombre de, los consumidores. El sistema dinerario cesaría de ser un sistema “de sólo deuda” e incorporaría la emisión de una cierta proporción de crédito “libre de deuda” como parte y parcela de sus operaciones normales. Emitiendo continuamente sólo el suficiente crédito “libre de deuda”, el flujo de poder adquisitivo del consumidor se podrá poner en equilibrio con el flujo de los precios de consumo, y se podrá restaurar en el flujo circular un equilibrio automático, autoliquidante. Para este fin, los creditistas sociales recomiendan que se establezca como órgano del Estado una Oficina Nacional de Crédito o una Autoridad Nacional de Crédito, libre de toda injerencia política, para evaluar, sobre la base de estadísticas relevantes y abiertamente publicadas, el volumen de crédito “libre de deuda” que se requiere para contrarrestar el flujo de costes no financiados en el sistema de precios. La gran mayoría de esos costes no financiados se presentarán en forma de deudas con el sistema bancario privado, pues muchas de las operaciones empresariales del día a día son financiadas a partir de líneas de crédito bancario rotativas. Cuando el crédito “libre de deuda” es recibido por los minoristas y usan este dinero para devolver sus adelantos bancarios, tanto el crédito como las deudas se cancelan la una a la otra quedando fuera de la existencia. No hay peligro de que el crédito compensatorio se amontone y cause inflación. [6]
Este crédito compensatorio “libre de deuda” se emitiría, como dije, en favor del consumidor, y sin restricciones añadidas. Es de crucial importancia que cualquier reforma monetaria descentralice el poder sobre la política en lugar de centralizarlo aún más en manos de una élite minoritaria; la forma más fácil y más efectiva de conseguir esa descentralización es la de otorgar a los ciudadanos individuales el derecho a ser los beneficiarios últimos de cualquier cambio en la infraestructura financiera de la economía. De hecho, en eso consiste todo el objetivo de las reformas del Crédito Social.
El pago indirecto al consumidor tomaría la forma de un Descuento Nacional, una rebaja sobre los precios al por menor en todos los ámbitos en un porcentaje fijado. A cambio de rebajar sus precios al nivel estipulado (el cual cambiaría a medida que las condiciones cambiaran), la Oficina Nacional de Crédito maquillaría o completaría la diferencia al minorista concediéndole un crédito “libre de deuda” de cantidad equivalente, de tal forma que pudiera cubrir el resto de sus costes. El descuento ayudaría al consumidor al poner el nivel general de precios a un alcance más cercano a sus ingresos.
El resto del crédito compensatorio necesario para efectuar el equilibrio entre el flujo de precios y el flujo de ingresos se distribuiría en asignaciones iguales como ingreso a cada ciudadano sobre una base periódica. Además de incrementar más el poder de compra del consumidor, este pago directo a los consumidores, también conocido como Dividendo Nacional, proporcionaría un ingreso independiente, no gravable e inalienable, a cada ciudadano, con independencia de que estuviera o no empleado en la economía formal. El dividendo nos permitiría, de esta forma, abandonar la arcaica e irrealizable política del pleno empleo. A medida que la tecnología reemplaza al trabajo en el proceso de producción, el desempleo se irá transformando en ocio remunerado. La gente cuyo trabajo ya no sea más requerido por la máquina económica mantendrá su acceso a los bienes y servicios, y esto sin gravar fiscalmente o penalizar a ningún otro.
El efecto general del dividendo en conjunción con el descuento vendría a ser el de transformar a toda la sociedad en una gigantesca cooperativa con participación o reparto en los beneficios, en donde las ventajas o beneficios de la asociación económica se comparten continuamente sobre una base equitativa con cada ciudadano. Que quede claro que este reparto no necesitaría de impuestos redistributivos, ni de un incremento en el endeudamiento público, ni de una regulación o injerencia excesiva del gobierno en las empresas, ni de cualesquiera medidas socialistas de ningún tipo. Se hace posible mediante un rediseño del sistema financiero, de tal forma que el “excedente” de producción de la economía –es decir, esa proporción de producción para la cual se han distribuido insuficientes ingresos en el transcurso de su fabricación– se monetice o se represente mediante un flujo suficiente de crédito “libre de deuda”.
Pero, ¿cuánto dinero debería distribuirse en forma de Descuento Nacional y cuánto en forma de Dividendo Nacional?
Aquí es donde entra en juego uno de los mayores descubrimientos económicos de Douglas. Douglas observó que, a un nivel físico, el verdadero precio de la producción es el consumo. Es decir, lo que algo cuesta en términos físicos consiste necesariamente en lo que se ha consumido en su realización. De ahí que, en un sistema financiero que refleje exactamente la realidad, el coste financiero de la producción debe reflejar el coste financiero de lo que se ha consumido en el transcurso de esa producción, y nada más. La inclusión de cargas capex (o devoluciones de préstamos para el capital) como costes separados o adicionales en la producción, elevan el coste de la producción medido en términos financieros por encima de lo que aparece indicado por el correspondiente consumo de materias primas, máquinas, trabajo, etc. Es más, el consumidor no aparece automáticamente provisto de ningún poder adquisitivo adicional con el que poder satisfacer el componente capex de los costes. Puesto que las cargas capex no reflejan ninguna realidad física ni ningún coste de consumo en el transcurso de la producción, ellas son, en tanto que supuesta representación de la realidad económica, completamente ilegítimas.
Esto proporciona la justificación para determinar el nivel del Descuento Nacional, también conocido como el “precio justo” o el precio compensado en la literatura del Crédito Social. Regulando los precios al por menor de acuerdo con la tasa general de consumo/producción de la economía (medida en términos financieros convencionales), los precios podrían reducirse de tal forma que reflejaran los costes verdaderos o físicos de la producción. De esta forma, el Descuento Nacional retiraría de los precios de manera efectiva el componente capex del coste. Así pues, si la tasa general de consumo/producción fuera de 70:100, entonces se declararía un descuento del 30 %. Un minorista que normalmente tuviera que vender una silla por 100 dólares a fin de poder satisfacer todos sus costes financieros pasaría a venderla, por el contrario, al consumidor por 70 dólares. La Oficina Nacional de Crédito le completaría a continuación la diferencia al minorista emitiéndole un crédito de 30 dólares “libre de deuda”. Una vez que este crédito “libre de deuda”, junto con los 70 dólares recolectados procedentes del consumidor, es usado por el minorista para reducir la deuda pendiente de su línea de crédito bancario rotativa, sobre cuya base se conduce su negocio, entonces los créditos y las deudas se cancelan las unas a las otras quedando fuera de la existencia.
En lo que al volumen de Dividendo Nacional se refiere, éste vendría determinado por la cantidad de crédito compensatorio “libre de deuda” que todavía se requiriera o necesitara, después de la aplicación del mecanismo del justo precio, a fin de poner el flujo de poder adquisitivo del consumidor en equilibrio con el flujo de precios. Vendría a representar los costos operacionales de la máquina para los cuales se habían distribuido insuficientes ingresos. Los “salarios de la máquina” –si es que tuviera algún sentido pagar sueldos a una máquina– se crearían y pagarían por el contrario a los legítimos herederos de la herencia cultural de la sociedad: los ciudadanos comunes.
Notas
[1] La íntima conexión entre el fraude estructural que caracteriza al actual sistema financiero y la tremenda disfunción que ocasiona, que yo he descrito aquí como una “enredada telaraña”, me trae a la mente esas famosas líneas del poema épico Marmion del poeta escocés Walter Scott: “¡Oh, qué enredada telaraña tejemos, cuando primero practicamos el engaño!”
[2] Los lectores que estén interesados en aprender sobre cómo remodelaría el Crédito Social la función catalítica del sistema financiero, los emplazo a mi libro Social Credit Economics, especialmente a las páginas 343 – 366.
[3] C. H. Douglas y Dennis Robertson, “The Douglas Credit Scheme”, The BBC Listener IX, nº 233 (Junio 1933): 1006.
[4] Esta particular discrepancia entre precios e ingresos es algo enteramente independiente de cualquier cuestión relacionada con el beneficio (ya sean beneficios industriales o bancarios). La especulación, los ahorros, la reinversión de ahorros y las políticas bancarias deflacionarias, entre otros factores, pueden exacerbar la deficiencia subyacente en el poder de compra del consumidor, pero no constituyen su causa principal.
[5] El dinero que se usa para reducir o pagar la deuda antes o independientemente del valor en precio del activo inmediatamente queda destruido y, por tanto, ya no puede usarse para más liquidaciones de costes. El dinero que se va recolectando con vistas al reemplazamiento, mantenimiento y otros costos operacionales asociados con el capital real obviamente no podrá utilizarse para reducir o pagar una deuda sin renunciar al mismo tiempo a esos propósitos.
[6] Permítaseme subrayar una vez más que, bajo el Crédito Social, este crédito “libre de deuda” se emitirá en lugar de todos los paliativos convencionales actualmente existentes que están diseñados para incrementar el poder adquisitivo del consumidor. Exceso de deudas públicas para financiar proyectos, programas sociales o planes creadores de trabajo gubernamentales físicamente innecesarios; exceso de deudas empresariales para el crecimiento y la exportación como fines en sí mismos; y todos los préstamos al consumidor que impliquen creación de nuevo dinero-deuda, ya sea en forma de hipotecas, préstamos para el coche y la educación, líneas de crédito, tarjetas de crédito, etc…, todo eso quedaría enteramente prohibido o, dicho en otro sentido, vendría a considerarse inútil. No estamos añadiendo más a la oferta monetaria sino más bien reemplazando, sobre una base proporcional, un cierto segmento de la oferta monetaria basada en deuda por crédito “libre de deuda”. Una vez más aclaramos que el miedo a una inflación por demanda bajo el Crédito Social es algo infundado.
Fuente: THE DISTRIBUTIST REVIEW
5Víctor
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