Tema: Revista ‘Fuerza Nueva’: de la muerte de Franco a la Constitución (1975-78)

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Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976 ANARQUÍA O ESTADO DE DERECHO EL presidente Suárez ha adoptado, asumido y hecho suya la ruptura preconizada desde hace años por la “Platajunta”, convirtiéndola prácticamente en su programa de gobierno, institucionalizándola. Institucionalizar es mucho más que legalizar. Dicha ruptura supone la destrucción del Sistema y abrir un proceso constituyente que llevará «a partir de cero», «quiérase o no», corno proclama Gil-Robles, uno de los principales inspiradores del Gobierno Suárez y de la ruptura pactada. Es «el único caso en la historia de ruptura desde dentro», según reconocen escritores áulicos en «Ya» (Emilio Atard, García Escudero). Pero, ante los hechos que estamos presenciando y sufriendo los españoles, nos preguntamos si en esta emulación o pugilato rupturista entre el Gobierno y la oposición se va a dar algo más insólito todavía, si la autodemolición de España y de la obra de Franco va a ir acompañada de la destrucción del principio de autoridad, legalidad, derecho, disciplina y convivencia social, lo cual equivaldría a implantar la anarquía, (…); si el demoliberalismo decimonónico total a que vamos no acabará en el neoanarquismo de las escuelas actuales. Porque la realidad es que estamos viviendo bajo un sistema de ambigüedades, claudicaciones, impunidades y lenidades; un sistema de ilegalidad legal, como ha dicho un ex ministro; en «un vacío de legalidad en el que las Leyes Fundamentales están vigentes pero no rigen», según reconoce, sin lamentarlo, un ex ministro de Justicia democristiano que tanto ha contribuido a ese vacío; una situación «en que lo ilegal es tolerado y no se sanciona», como lamenta el presidente del Consejo de Estado; en que las normas legales acordadas por Gobierno y Cortes no se cumplen, como señala el general Campano; una situación, en suma, de anarquización tolerada, a la que no sabemos si por ironía o por sarcasmo se llama Estado de Derecho. El balance o recapitulación que vamos a hacer de la serie de actos y actividades de desarme moral y anarquización latente nos revelará hasta qué extremo de «tolerancia» está llegando este Gobierno de la Monarquía liberal. Anarquía tolerada Fue inconcebible el espectáculo consentido en septiembre último, de exaltación y homenaje reparador a los criminales convictos y confesos ejecutados y a los autores de 62 asesinatos, bastantes por la espalda. El alcalde de Vergara, ante 174 representantes de municipios vasco-navarros, afirmó textualmente que no es fácil tipificar como delitos de sangre acciones cometidas en un contexto en el que la fuerza constituye el derecho, y que estas palabras, «pienso, manifiestan el sentir general del pueblo». Aunque parezca imposible, el ministro de la Gobernación (R. Martín Villa) no ha actuado, y de ahí que el alcalde exclame: «iNo puedo quejarme de la buena disposición de las autoridades superiores!» (Entrevista con Antonio de Santis en «Ya», que la intitula «Nuevo abrazo de Vergara».) Y, sin embargo, existe el artículo 123 del Código Penal, que castiga «los ultrajes a la nación española y al sentimiento de su unidad», artículo que está vigente y en letra muerta. En la manifestación de las organizaciones comunistas y separatistas realizada con autorización oficial en Vigo el 21 de septiembre, se mantuvo un minuto de silencio ante el Palacio de Justicia y otro ante las fuerzas de orden público, en homenaje al terrorista vigués ejecutado por asesinato de un policía, y en ella se pidió la disolución de los cuerpos represivos. («Ya», 1-IX-76.) ¿Se concibe mayor trágala a la Administración de justicia y al orden jurídico? Nuestra sociedad, ante estos hechos, parece haber agotado su capacidad de asombro. Un viejo y desacreditado político profesional que no vaciló en colaborar y servir a la República «de sangre, fango y lágrimas», en reciente mitin democristiano pidió un minuto de silencio «en memoria de los que murieron por la democracia». En Cataluña, representantes de Colegios de Abogados han pedido también la disolución de las fuerzas armadas, así como otros más radicales «e interesados en que, cuando las masas salgan a la calle, aquéllas permanezcan acuarteladas» («El Alcázar», 2-IX-76). El 1 de octubre, en Madrid, un grupo de abogados invadió los locales del Tribunal de la Magistratura de Trabajo imponiendo suspensiones de juicios y organizándose mítines en su lugar: «a la justicia prenden». Otros grupos de letrados exigen amnistía total, incluidos, por tanto, los delitos comunes. ¿Existe acaso sociedad alguna en que no haya penalidad para el delito? En la iglesia de Montserrat (Barrio de Moratalaz, Madrid), en el funeral por los criminales ejecutados, después de la homilía se leyeron comunicados de Coordinación Democrática. En una reunión comunista, en otra iglesia del barrio, se vendieron más de mil ejemplares de «Mundo Obrero» («Ya»). En la Escuela de Verano —dotada con subvención estatal de 9.000 millones de pesetas de la Universidad autónoma barcelonesa, había «stand» permanente para la venta de revistas y publicaciones leninistas, trotskystas, cenetistas y, sobre todo, del FRAP, autor del asesinato de una decena de guardias. Todo esto se permite en nuestro actual «Estado de Derecho». Nunca, ni durante la República, se han quemado más banderas españolas. En Vascongadas casi es un hecho cotidiano. En Ibarra (Guipúzcoa) queman dos, sustituidas por «ikurriñas». La Guardia Civil actúa. El alcalde dimite en protesta de su actuación «excesiva», haciendo su jefe caso omiso de las órdenes que «dicté en pleno uso de mis facultades de alcalde y delegado gubernativo» (Agencia Cifra). Este caso, típico «del alguacil alguacilado», refleja la actitud de convivencia antiespañola y antilegal de varias autoridades locales en la región. La «marca» separatista catalana, más o menos teóricamente desautorizada, de hecho tuvo lugar en varias zonas. Y es que, paradójicamente, la indulgencia oficial suele extremarse al límite ante los separatismos. La enumeración de subversiones e infracciones «toleradas» se haría interminable. Una prima al terrorismo Este proceso de anarquización convertido en situación casi normal reviste una extraordinaria gravedad por su contenido y finalidad, que es el marxismo y el separatismo, y por la condición de sus protagonistas, que implica la inversión de la pirámide social; porque no son cuatro desarrapados, sino que una parte de ellos ejerce funciones o autoridad públicas, o son abogados, profesionales, universitarios, eclesiásticos; es decir, pertenecen a los estamentos depositarios de los principios políticos, jurídicos, sociales, espirituales componentes de la tabla de valores que cimentan a toda sociedad civilizada. Son grupos muy minoritarios que prevaliéndose de la posición y predicamento inherentes a su status social, y movidos por finalidades y ambiciones políticas en las que entran el resentimiento, el sectarismo, el señoritismo burgués, el vedettismo y el encumbramiento personal y político, utilizan los resortes de la violencia, la persecución al contrario en ideas, el terrorismo ideológico y la disolución moral como instrumento corrosivo contra la comunidad nacional, en una vocación por el caos, a la sombra de la tolerancia otorgada. Por todo ello nos parece suicida la aparente actitud gubernamental «de permitirlo todo». La prensa ha publicado una carta de cierto secretario del Comité Central del P.C en la que éste refiere que las acciones armadas de septiembre de 1975 fueron decididas por el Comité Permanente del FRAP y por el pleno del Comité Central (del que él era secretario) del PC. «En cualquier país moderado y hasta flemático esto sería perseguible de oficio», afirma nada menos que Blanco Vila. Nunca, nunca debió autorizarse, ni en letras de molde ni en acto o manifestación alguna, nada que significase glorificación ni homenaje a los ejecutados en 1975 y demás autores de asesinatos; y sin embargo ha habido una tolerancia que creemos no habría existido en ningún país occidental, en los mismos países que nos azuzan e imponen tolerancias inauditas que ellos no practican, y ha constituido agobiante trágala para los familiares de los asesinados, así como para las fuerzas armadas y para el sentido jurídico, ético y humano de los españoles, y un desprestigio de la cosa pública. Nunca debió abrirse masivamente la frontera, concediendo pasaporte a más de 300 exiliados de ETA, desde sus fundadores a los cuadros de acción. Los resultados inmediatos de tanta «apertura», a la vista están. ETA, favorecida con la más increíble amnistía —72 amnistiados—, está más desafiante que nunca. Y todavía el ministro de Justicia (Landelino Lavilla) anunciaba que podrá ampliarse más. El señor Martín Villa dice que la autoridad no es negociable; pero, ante una especie de plante o protesta colectiva de varios municipios vascos, acude a aquellas provincias y el resultado es un plan de ilimitadas concesiones, desde la protección a las «ikastolas» —focos de odio a España—(declaradas de utilidad social, ¡hasta el proyecto de relegar a la Guardia Civil a las áreas rurales! Y quiera Dios que no a otras concesiones de privilegios fiscales. En otra ocasión leemos que seis guardias fueron heridos en Guipúzcoa, uno con pérdida de ojo. Hubo detenciones, pero seguidamente surgieron dimisiones de alcaldes, huelgas y paros, y «que ya no quedan detenidos». A los pocos días de la matanza quíntuple en San Sebastián, un brigada de la Guardia Civil es herido, otro guardia apaleado y otros acorralados; no hubo detenciones. (Agencia Logos). En las innumerables algaradas, alborotos, coacciones, piquetes, agresiones por toda la nación, se producen detenciones, pero casi invariablemente los detenidos son puestos en libertad. ¿No es esto una prima a la impunidad, ese oficial cruzarse de brazos ante el desafío de los brazos en alto? La sombra de Berenguer Nos alarma sobre todo la impavidez adoptada por el Gobierno, que no quisiéramos se convirtiera en obstinación o en ceguera. El presidente viene repitiendo que hay que desdramatizar en la cuestión vasca y en todas; pero, cuando la realidad es dramática, su enorme dramatismo no pueden deshacerlo las palabras, las declaraciones pomposas ni las habilidades políticas. Es lógico que cunda la inquietud por todo el país, herido además por la política de bandazos, «desde la legalidad» oficial, para demoler toda la obra de Franco, y de trágala desatada en la prensa por algunos medios audiovisuales, por los partidos políticos y en la calle. Una nación no puede liarse la manta a la cabeza, que es lo que se está haciendo, paralizar y liquidar la paz, prosperidad y bienestar alcanzados, y poner en juego sus destinos y sus más altos valores nacionales —como son la unidad patria y la no servidumbre extranjera— al solo objetivo de imponernos una democracia formal, cuyas consecuencias hemos experimentado durante siglo y medio. Y que para tan menguado logro haya que permitirlo todo y que pasar por todo... Los españoles tenemos metida en el alma y en la mente la etapa del gobierno Berenguer-Aznar (1930-31) y su ceguera, que tan enorme semejanza guarda con el momento actual. El historiador, académico y miembro de la CEDA Jesús Pavón, en sus conocidos estudios ha señalado que lo que provocó la caída de la Monarquía y el caos subsiguiente fue el empeño de volver al punto de partida, al régimen de partidos, a los mismos partidos de antes de la dictadura de Primo de Rivera. Es una quimera que se pagó bien cara, porque tales retrocesos son imposibles en la vida de los pueblos. Carmelo VIÑAS Y MEY

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Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976 CUESTIÓN DINÁSTICA LEEMOS en la prensa unas declaraciones muy moderadas de mi admirado amigo don Luis María Ansón Oliart —comentadas en otro lugar de este número—. Lo que nos extraña de éstas es su alusión a que don Juan de Borbón Battenberg, cuando lo decida, resolverá, de acuerdo con su hijo, la cuestión dinástica. ¿Cabe mayor subversión que dudar de la legitimidad de don Juan Carlos I? A esos extremos no llegan ni los partidos marxistas, que confiesan que la Monarquía no les gusta nada, pero manifiestan que es el régimen hoy imperante en España. Pero el señor Ansón va más lejos que el FRAP, el PSUC, etc., al hablar de cuestión dinástica. Don Juan de Borbón, muy señor mío, no sé qué tiene que ver en la política interna española, aparte de que, como padre de Su Majestad el Rey, en lo privado podrá aconsejarle y hasta amonestarle, pero como lo hace un padre con un hijo y nada más. Encima de los graves problemas que tiene planteados la patria española, ahora viene el señor Ansón a añadir esta cuestión bizantina, abstrusa y absurda. Al respecto, recuerdo que en diciembre del 75 acudí a una reunión de momias de la Monarquía liberal, algunos hasta de la de Sagunto en sus primeros días, pues eran más que centenarios en sus ideas y en su pergeño exterior, y esos señores, en un rapto de locura canallesca, exclamaron ante mi indignación que la Monarquía de don Juan Carlos I no era legitima y llamaban Rey de España a otro caballero. Como eran valetudinarios provectos y con un pie en la huesa sepulcral, tan sólo les llamé imbéciles, mesorcios y panfirulectos. Si llegan a ser más jóvenes, mis 105 kilos de peso se hubieran lanzado sobre sus mandíbulas. Pero eran momias tutankámicas, nada venerables, pero rancias. Que el amigo Luis María, hombre realista y práctico, sobrepase las cotas de subversión de la oposición más rabiosa es chocante, incongruente y todo lo que ustedes quieran. El Gobierno, en su afán de acabar con el Estado del 18 de Julio, podría echar mano de los que sostienen esa tesis y desde luego, si Dios no lo remedia, juntos darán el galletazo final al régimen que más paz y progreso ha proporcionado a España desde el ya lejano 2 de mayo de 1808. Dios no nos dejará de su mano y confiemos en El con el mazo dando para que tal no suceda. Alfonso DE FIGUEROA Y MELGAR Duque de Tovar

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Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976 Macabro carnaval político SE dice que la pasión turba la razón. En este caso, la pasión por el gran amor que nosotros sentimos por la España que sigue sin gustarnos, no nos deja ver los grandes defectos que tenemos al mantener como primera medida de nuestra incondicional postura ese gran amor que decimos sentir por todo cuanto significa unidad de destino, unidad entre los hombres y las tierras de España, grandeza y libertad para su soberanía en lo universal con entrega y dedicación para todo lo permanente y eterno... Pues, camaradas, según la mayoría democrática del Consejo Nacional del Movimiento, quienes así pretendemos mantener la ascensión continua de la España grande, libre y unida, estamos viviendo en un error de siglos de equivocación sin remedio. No es así, nos dicen aquellos que un día formaron en nuestras escuadras ante el enemigo común. Eso tuvo su momento pero ya pasó. La España que ascendía con el calor y el esfuerzo del gran sacrificio de todo el pueblo español hasta conseguir metas jamás pensadas, era una equivocación. Y era una equivocación, porque, con aquella España que pretenden hacernos olvidar, desaparecieron todos los rufianes del caciquismo, del prestamista sin escrúpulos, del político profesional que le venía muy bien el aborregamiento de las masas, sacrificadas en cualquier momento de los errores por ellos cometidos y cargados al pueblo inocente... • • • Por eso, para ir en contra de la corriente de la mayoría del pueblo español, se vuelven la camiseta, se homologan con la decadente democracia europea y se subordinan todas las soberanías de este gran pueblo español, capaz de las más sorprendentes realidades. El carnaval está en marcha. El propio Movimiento Nacional ha sido nuevamente el protagonista de torcer el rumbo de nuestra historia, viniendo en pisotear todo aquello que ha significado dignidad y fidelidad en los Principios por la unidad y la grandeza de la Patria. No estoy escribiendo de memoria. Me dicta la repugnancia que me produce la infame letra impresa de «Mundo Obrero» del día 30 de septiembre de 1958, la que, si tenéis la serenidad de darle lectura íntegra a todo el texto que forma el órgano del Partido Comunista Español, veréis con toda claridad que todo el proceso democrático que se está llevando a cabo, a través de la «legalidad», como ahora se dice, responde tajantemente a las directrices y consignas por aquél exigidas en sus manifiestos en dicho periódico insertos. Se verá sin ningún género de sorpresas cómo todos los supuestos en donde nosotros concentramos nuestros esfuerzos por la unidad de España encuentran su brutal respuesta en los actos que vandálicamente estamos presenciando todos los días, ante la disgregación de la Patria, el asesinato como método para la implantación del terror; la exigente definición de la Iglesia ante la reforma política; la separación de la oficialidad del Ejército de los altos cargos de la política, pasando a la reserva a aquellos miembros que pudieran ser obstáculo de la marcha emprendida para la liquidación del sistema franquista. Y todo, absolutamente todo lo ordenado por el Partido Comunista Español y que publicó en su citado periódico, se está cumpliendo hoy a rajatabla por el segundo Gobierno de la Monarquía del 18 de Julio. Ante todo y sobre todo, que el Movimiento pierda el carácter de organización; cumplido. La reorganización de todas las fuerzas de la oposición mediante la creación de coordinadas de orientación democrática; cumpliéndose. La participación de partidos políticos para debilitar el sistema institucional; cumplido. La definición de la Iglesia ante los nuevos rumbos de la política democrática; están al orden del día en los sectores conocidos, colegios de las Escuelas Pías de Aluche entre ellos (...) La retirada de la oficialidad del Ejército que hizo la guerra; ¿no hay a la vista «pases» a la reserva?... • • • El testimonio adjunto, que data del 30 de septiembre de 1958, es el más claro exponente de los deseos de Carrillo y La Pasionaria. El desarrollo político actual para la reforma política y sindical, que todos los días nos empacha de democracia, es fiel reflejo de las consignas que tajantemente se vienen cumpliendo desde los miembros del gabinete Suárez para el exterminio del Régimen del 18 de Julio y cuanto para España esta fecha significa, incurriendo en este macabro carnaval político, en el acto de más alta traición contra la seguridad del Estado que los siglos han conocido. El segundo Gobierno de la Monarquía está gobernando bajo consignas dictadas ya de antemano. M. FLORES

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Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976 La moral, en huelga LO más sensacional de la huelga madrileña (una vez de carteros, otra de bomberos, otra de controladores, otra de empleados de los transportes, etc.) no es el grado de galvanización y de aterrorización conseguido sobre las masas trabajadoras por los líderes marxistas, por los burgueses marxistas que las vertebran y movilizan, con ser esta movilización de masas sensacional, puesto que en modo alguno puede ser ni espontánea ni improvisada, al ser tan masiva. Lo más sensacional, lo más grave, lo más importante es el silencio de Dios, de los vicarios de Dios, la huelga de los embajadores de Dios, del Papa, de los obispos y de los ministros de la palabra de Dios, en general, ante las huelgas. Los ministros de la palabra eterna de Dios (siempre actual) no nos enseñan la moral sobre la huelga; no pronuncian su «juicio moral» sobre las huelgas, cuando tantas palabras de vida temporal y tantos «juicios morales» ociosos pronuncian. Más todavía: los ministros del Señor de todos, a menudo, toman partido por los huelguistas, con perjuicio del bien común y de la mayoría del pueblo, sea dirigiendo huelgas, sea acogiendo a los huelguistas en aquellos inmuebles que Jesucristo quiso que fuesen no más que «casa de oración». ¿Qué pasa? ¿Han tomado partido claramente los ministros de Dios en favor de los huelguistas, sin saber si es justa su causa, de acuerdo con la doctrina moral que sobre ella enseñaba la Iglesia? El silencio de los clérigos respecto a las huelgas, ¿no es ya favorecer a uno de los partidos en liza? ¿No decía San Pablo a los tesalonicenses (y lo aceptan Marx, Lenin y la Constitución soviética) que aquel que no trabaje tampoco tiene derecho a comer, «que tampoco coma»? ¿Es lícito, es justo socialmente, negar a los conciudadanos el fruto de nuestro trabajo (sea como panaderos, sea como carteros, sea como autobuseros, etc.), cuando no renunciamos a seguir beneficiándonos del trabajo de los demás que no quieren o no pueden ir a la huelga? Dicen los comentaristas de prensa (aficionados o juristas) que en España no hay una verdadera legislación sobre la huelga. Pero ¿es que tampoco hay una moral? ¿Debemos ir a la huelga sin miramientos morales? Y cuando las «jerarquías inermes» (clérigos, moralistas, etc.) no ofician, ¿habrá que apelar a las armas para mantener el orden o conformarse con el desorden, con la injusticia social de las huelgas? Eulogio RAMÍREZ

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Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976 ANARQUÍA O ESTADO DE DERECHO EL presidente Suárez ha adoptado, asumido y hecho suya la ruptura preconizada desde hace años por la “Platajunta”, convirtiéndola prácticamente en su programa de gobierno, institucionalizándola. Institucionalizar es mucho más que legalizar. Dicha ruptura supone la destrucción del Sistema y abrir un proceso constituyente que llevará «a partir de cero», «quiérase o no», corno proclama Gil-Robles, uno de los principales inspiradores del Gobierno Suárez y de la ruptura pactada. Es «el único caso en la historia de ruptura desde dentro», según reconocen escritores áulicos en «Ya» (Emilio Atard, García Escudero). Pero, ante los hechos que estamos presenciando y sufriendo los españoles, nos preguntamos si en esta emulación o pugilato rupturista entre el Gobierno y la oposición se va a dar algo más insólito todavía, si la autodemolición de España y de la obra de Franco va a ir acompañada de la destrucción del principio de autoridad, legalidad, derecho, disciplina y convivencia social, lo cual equivaldría a implantar la anarquía, (…); si el demoliberalismo decimonónico total a que vamos no acabará en el neoanarquismo de las escuelas actuales. Porque la realidad es que estamos viviendo bajo un sistema de ambigüedades, claudicaciones, impunidades y lenidades; un sistema de ilegalidad legal, como ha dicho un ex ministro; en «un vacío de legalidad en el que las Leyes Fundamentales están vigentes pero no rigen», según reconoce, sin lamentarlo, un ex ministro de Justicia democristiano que tanto ha contribuido a ese vacío; una situación «en que lo ilegal es tolerado y no se sanciona», como lamenta el presidente del Consejo de Estado; en que las normas legales acordadas por Gobierno y Cortes no se cumplen, como señala el general Campano; una situación, en suma, de anarquización tolerada, a la que no sabemos si por ironía o por sarcasmo se llama Estado de Derecho. El balance o recapitulación que vamos a hacer de la serie de actos y actividades de desarme moral y anarquización latente nos revelará hasta qué extremo de «tolerancia» está llegando este Gobierno de la Monarquía liberal. Anarquía tolerada Fue inconcebible el espectáculo consentido en septiembre último, de exaltación y homenaje reparador a los criminales convictos y confesos ejecutados y a los autores de 62 asesinatos, bastantes por la espalda. El alcalde de Vergara, ante 174 representantes de municipios vasco-navarros, afirmó textualmente que no es fácil tipificar como delitos de sangre acciones cometidas en un contexto en el que la fuerza constituye el derecho, y que estas palabras, «pienso, manifiestan el sentir general del pueblo». Aunque parezca imposible, el ministro de la Gobernación (R. Martín Villa) no ha actuado, y de ahí que el alcalde exclame: «iNo puedo quejarme de la buena disposición de las autoridades superiores!» (Entrevista con Antonio de Santis en «Ya», que la intitula «Nuevo abrazo de Vergara».) Y, sin embargo, existe el artículo 123 del Código Penal, que castiga «los ultrajes a la nación española y al sentimiento de su unidad», artículo que está vigente y en letra muerta. En la manifestación de las organizaciones comunistas y separatistas realizada con autorización oficial en Vigo el 21 de septiembre, se mantuvo un minuto de silencio ante el Palacio de Justicia y otro ante las fuerzas de orden público, en homenaje al terrorista vigués ejecutado por asesinato de un policía, y en ella se pidió la disolución de los cuerpos represivos. («Ya», 1-IX-76.) ¿Se concibe mayor trágala a la Administración de justicia y al orden jurídico? Nuestra sociedad, ante estos hechos, parece haber agotado su capacidad de asombro. Un viejo y desacreditado político profesional que no vaciló en colaborar y servir a la República «de sangre, fango y lágrimas», en reciente mitin democristiano pidió un minuto de silencio «en memoria de los que murieron por la democracia». En Cataluña, representantes de Colegios de Abogados han pedido también la disolución de las fuerzas armadas, así como otros más radicales «e interesados en que, cuando las masas salgan a la calle, aquéllas permanezcan acuarteladas» («El Alcázar», 2-IX-76). El 1 de octubre, en Madrid, un grupo de abogados invadió los locales del Tribunal de la Magistratura de Trabajo imponiendo suspensiones de juicios y organizándose mítines en su lugar: «a la justicia prenden». Otros grupos de letrados exigen amnistía total, incluidos, por tanto, los delitos comunes. ¿Existe acaso sociedad alguna en que no haya penalidad para el delito? En la iglesia de Montserrat (Barrio de Moratalaz, Madrid), en el funeral por los criminales ejecutados, después de la homilía se leyeron comunicados de Coordinación Democrática. En una reunión comunista, en otra iglesia del barrio, se vendieron más de mil ejemplares de «Mundo Obrero» («Ya»). En la Escuela de Verano —dotada con subvención estatal de 9.000 millones de pesetas de la Universidad autónoma barcelonesa, había «stand» permanente para la venta de revistas y publicaciones leninistas, trotskystas, cenetistas y, sobre todo, del FRAP, autor del asesinato de una decena de guardias. Todo esto se permite en nuestro actual «Estado de Derecho». Nunca, ni durante la República, se han quemado más banderas españolas. En Vascongadas casi es un hecho cotidiano. En Ibarra (Guipúzcoa) queman dos, sustituidas por «ikurriñas». La Guardia Civil actúa. El alcalde dimite en protesta de su actuación «excesiva», haciendo su jefe caso omiso de las órdenes que «dicté en pleno uso de mis facultades de alcalde y delegado gubernativo» (Agencia Cifra). Este caso, típico «del alguacil alguacilado», refleja la actitud de convivencia antiespañola y antilegal de varias autoridades locales en la región. La «marca» separatista catalana, más o menos teóricamente desautorizada, de hecho tuvo lugar en varias zonas. Y es que, paradójicamente, la indulgencia oficial suele extremarse al límite ante los separatismos. La enumeración de subversiones e infracciones «toleradas» se haría interminable. Una prima al terrorismo Este proceso de anarquización convertido en situación casi normal reviste una extraordinaria gravedad por su contenido y finalidad, que es el marxismo y el separatismo, y por la condición de sus protagonistas, que implica la inversión de la pirámide social; porque no son cuatro desarrapados, sino que una parte de ellos ejerce funciones o autoridad públicas, o son abogados, profesionales, universitarios, eclesiásticos; es decir, pertenecen a los estamentos depositarios de los principios políticos, jurídicos, sociales, espirituales componentes de la tabla de valores que cimentan a toda sociedad civilizada. Son grupos muy minoritarios que prevaliéndose de la posición y predicamento inherentes a su status social, y movidos por finalidades y ambiciones políticas en las que entran el resentimiento, el sectarismo, el señoritismo burgués, el vedettismo y el encumbramiento personal y político, utilizan los resortes de la violencia, la persecución al contrario en ideas, el terrorismo ideológico y la disolución moral como instrumento corrosivo contra la comunidad nacional, en una vocación por el caos, a la sombra de la tolerancia otorgada. Por todo ello nos parece suicida la aparente actitud gubernamental «de permitirlo todo». La prensa ha publicado una carta de cierto secretario del Comité Central del P.C en la que éste refiere que las acciones armadas de septiembre de 1975 fueron decididas por el Comité Permanente del FRAP y por el pleno del Comité Central (del que él era secretario) del PC. «En cualquier país moderado y hasta flemático esto sería perseguible de oficio», afirma nada menos que Blanco Vila. Nunca, nunca debió autorizarse, ni en letras de molde ni en acto o manifestación alguna, nada que significase glorificación ni homenaje a los ejecutados en 1975 y demás autores de asesinatos; y sin embargo ha habido una tolerancia que creemos no habría existido en ningún país occidental, en los mismos países que nos azuzan e imponen tolerancias inauditas que ellos no practican, y ha constituido agobiante trágala para los familiares de los asesinados, así como para las fuerzas armadas y para el sentido jurídico, ético y humano de los españoles, y un desprestigio de la cosa pública. Nunca debió abrirse masivamente la frontera, concediendo pasaporte a más de 300 exiliados de ETA, desde sus fundadores a los cuadros de acción. Los resultados inmediatos de tanta «apertura», a la vista están. ETA, favorecida con la más increíble amnistía —72 amnistiados—, está más desafiante que nunca. Y todavía el ministro de Justicia (Landelino Lavilla) anunciaba que podrá ampliarse más. El señor Martín Villa (ministro del Interior) dice que la autoridad no es negociable; pero, ante una especie de plante o protesta colectiva de varios municipios vascos, acude a aquellas provincias y el resultado es un plan de ilimitadas concesiones, desde la protección a las «ikastolas» —focos de odio a España—(declaradas de utilidad social, ¡hasta el proyecto de relegar a la Guardia Civil a las áreas rurales! Y quiera Dios que no a otras concesiones de privilegios fiscales. En otra ocasión leemos que seis guardias fueron heridos en Guipúzcoa, uno con pérdida de ojo. Hubo detenciones, pero seguidamente surgieron dimisiones de alcaldes, huelgas y paros, y «que ya no quedan detenidos». A los pocos días de la matanza quíntuple en San Sebastián, un brigada de la Guardia Civil es herido, otro guardia apaleado y otros acorralados; no hubo detenciones. (Agencia Logos). En las innumerables algaradas, alborotos, coacciones, piquetes, agresiones por toda la nación, se producen detenciones, pero casi invariablemente los detenidos son puestos en libertad. ¿No es esto una prima a la impunidad, ese oficial cruzarse de brazos ante el desafío de los brazos en alto? La sombra de Berenguer Nos alarma sobre todo la impavidez adoptada por el Gobierno, que no quisiéramos se convirtiera en obstinación o en ceguera. El presidente viene repitiendo que hay que desdramatizar en la cuestión vasca y en todas; pero, cuando la realidad es dramática, su enorme dramatismo no pueden deshacerlo las palabras, las declaraciones pomposas ni las habilidades políticas. Es lógico que cunda la inquietud por todo el país, herido además por la política de bandazos, «desde la legalidad» oficial, para demoler toda la obra de Franco, y de trágala desatada en la prensa por algunos medios audiovisuales, por los partidos políticos y en la calle. Una nación no puede liarse la manta a la cabeza, que es lo que se está haciendo, paralizar y liquidar la paz, prosperidad y bienestar alcanzados, y poner en juego sus destinos y sus más altos valores nacionales —como son la unidad patria y la no servidumbre extranjera— al solo objetivo de imponernos una democracia formal, cuyas consecuencias hemos experimentado durante siglo y medio. Y que para tan menguado logro haya que permitirlo todo y que pasar por todo... Los españoles tenemos metida en el alma y en la mente la etapa del gobierno Berenguer-Aznar (1930-31) y su ceguera, que tan enorme semejanza guarda con el momento actual. El historiador, académico y miembro de la CEDA Jesús Pavón, en sus conocidos estudios ha señalado que lo que provocó la caída de la Monarquía y el caos subsiguiente fue el empeño de volver al punto de partida, al régimen de partidos, a los mismos partidos de antes de la dictadura de Primo de Rivera. Es una quimera que se pagó bien cara, porque tales retrocesos son imposibles en la vida de los pueblos. Carmelo VIÑAS Y MEY

El primer 20-N pretendía ser una misa multitudinaria; pero Tarancón frustró la ceremonia.

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Revista FUERZA NUEVA, nº 515, 20-Nov-1976 Preces por un cardenal El arzobispo de Madrid, cardenal Enrique y Tarancón ha prohibido una misa por Franco que iban a ofrecer sus fieles (los de la Iglesia y de Franco). Tal desafuero ha producido indignación incluso en los católicos más comprensivos; pero, si bien se mira, nuestro prelado ha sido consecuente, porque si prohibió en su día (1973) la entrada de la Virgen de Fátima en Madrid, ¿íbamos a ser mejor tratados sus hijos? No importa que Su Eminencia haya tolerado o permitido otras misas donde el sacrilegio o la profanación han sido implícitos, como en la recientemente oficiada en la Ciudad Universitaria, con asistencia de elementos subversivos. A los desvíos y proclividades de nuestro pastor estamos acostumbrados (…) Por eso es mejor lo que ha recomendado Blas Piñar, perdonar y pedir por nuestro arzobispo “porque no sabe lo que se hace”. Son tiempos de terror y de confusión y muchos espíritus débiles titubean y caen incluso. (…) De cualquier modo, al pedir por José Antonio y por Franco, no está de más hacerlo por Enrique y Tarancón (…) EL DIRECTOR

Revista FUERZA NUEVA, nº 515, 20-Nov-1976 EDITORIAL Orgía de infamias La prohibición decretada por el cardenal Enrique y Tarancón para celebrar la Eucaristía en el acto convocado por la Confederación Nacional de Combatientes, el día 20 de noviembre, en memoria de José Antonio y de Franco, representa una triste muestra del arzobispo de Madrid, que se enmarca en su veleidosa trayectoria política de los últimos tiempos y señala, a la vez, la ingratitud personal del prelado hacia quien restableció el crucifijo en las escuelas, decretó la confesionalidad católica del Estado, dotó generosamente a la Iglesia de bienes económicos y, en todo momento de su vida y de su muerte, se declaró sin reticencias hijo fiel de la Iglesia y católico ferviente. Esta acción prohibitiva (…) significa también una muestra degradante para quien la dictó -símbolo bien distinto de sus loas a Franco, a José Antonio y a la misma Falange cuando el purpurado era presidente de la Acción Católica Española-, pero, al mismo tiempo, es una clara muestra de un clima vergonzoso, auténtica orgía de infamias, que en torno al caudillo Francisco Franco y al ideal nacional y cristiano que él representó en vida se ha suscitado, desde el instante mismo de su muerte, en nuestra Nación. (…) Orgía de infamias de la cual la prensa es público exponente, regocijándose en muchos casos con la suspensión de esa misa proyectada por el alma de quienes fueron cristianos viejos y españoles preclaros, y que señala un clima moral de la patria absolutamente deteriorado bajo la influencia de un suicida o interesado “dejar hacer” gubernamental, que encierra mucho de traición y muy poco de fidelidad a las esencias de la Patria, y, sobre todo, a los juramentos (…)

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Revista FUERZA NUEVA, nº 515, 20-Nov-1976 Brigada social La vergonzosa y artera campaña contra la Policía y demás fuerzas de orden público, desencadenadas desde hace ya tiempo por la prensa de extrema izquierda y sus aliados, se está centrando de forma injusta y repugnante en la Brigada Social de la Dirección General de Seguridad. Esta campaña, que tiende a desprestigiar a unos honestos y valiosos funcionarios del Cuerpo General de Policía, pensamos es totalmente mendaz y demagógica, a la par que incomprensiblemente tolerada por la Administración. La Brigada Social no es ninguna policía paralela, no es un cuerpo aparte, no es, ni mucho menos, una “policía política” como los diarios más o menos rojos pretenden hacerla aparecer ante el pueblo español. En España no existe “policía política” de ninguna especie. Eso queda para, por ejemplo, la URSS, con su NKV; para la democrática Francia, con su DST, o para la también democrática Italia, con su SDN. Aquí, cuando un funcionario del Cuerpo General sale de la Escuela, es destinado a cualquiera de los departamentos o brigadas de la Dirección General de Seguridad. No hay, por tanto, una destinación o especialización “a priori”. Es más, un funcionario de la Brigada Social pasa a otra dependencia normalmente en el curso de su carrera, bien a petición propia o por necesidades del servicio. La posible “especialización” en un servicio determinado se deriva de los años de profesionalidad. En otras palabras, la Brigada Social es un departamento más -al menos hasta ahora- de la DGS, sin “privilegio alguno”, ni autonomía de ninguna especie con relación al resto de los servicios de la misma. Por todo ello queda más claramente definida la mala fe, el ánimo desinformativo de esas publicaciones de extrema izquierda en relación con la Policía española, así como la clara intencionalidad política demoledora emprendida contra los guardianes del orden y la paz española. Y como también, con absurdas “complacencias” o “tolerancias”, se sigue la pauta marcada por la Internacional marxista y las sectas, de destruir las instituciones claves para el progreso, la unidad y la paz nacional. Ramón de Tolosa

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Revista FUERZA NUEVA, nº 515, 20-Nov-1976 Campanillazos En la misma semana en que se perpetró el alevoso asesinato (E.T.A.) del presidente Araluce y sus compañeros, dos revistas que presumen de imparcialidad e independencia insertaban cínicamente llamativas portadas con dibujos de pistolones y palabras alusivas al “terrorismo ultra”. Dentro se dedicaban 8 a 10 páginas a la muerte del estudiante Carlos que no se ha demostrado ni se demostrará fuera obra de ultras; y sólo un par de columnas al colectivo crimen de San Sebastián. Así informa la prensa amarilla capitalista. Sin ira (*), pero con mala leche. *** Sesenta a cero es un resultado contundente, ¿verdad? Pues algunos quinielistas políticos ponen en este lugar una equis. Sesenta personas o más asesinadas alevosamente por elementos de izquierdas. Ninguna en las mismas condiciones, atribuible a lo que se llaman derechas. Para paliar la trágica desigualdad, la prensa del carril echa mano de las muertes ocurridas en enfrentamiento con la fuerza pública, o en legítima defensa, y hasta a los criminales ejecutados. Por último, al estudiante Carlos, que hasta los ciegos ven que fue la clásica preparación artillera para exaltar los ánimos con vistas a la “Jornada de Lucha”. Un triste gol en perfecto fuera de juego. *** Entretanto, en los altos y respetables areópagos se sigue condenando la violencia con la hipócrita apostilla del “venga de donde venga”, cuando también hasta los ciegos, y hasta los sordos, y hasta las piedras saben que “sólo viene de un lado”, al menos la violencia indisculpable y asesina. OMAR

(*) Relativo a la canción-slogan “Libertad sin ira” del entonces recién aparecido periódico “Diario 16”

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Revista FUERZA NUEVA, nº 515, 20-Nov-1976 Noticias… Los medios de información publican noticias que pasan inadvertidas para los lectores, porque, en muchos casos, lo son de algunos periódicos regionales con poca profusión nacional, y no trasciende al “país”. Por ello, traemos aquí ciertas informaciones interesantes, estoy seguro, para la inmensa mayoría de los lectores de España: En Barcelona, un periódico dice: Catalanes y portugueses deciden esta noche el campeonato del mundo. Se refiere al partido de hockey sobre patines celebrado en Oviedo entre las selecciones de España y Portugal. En Pamplona, en la sede de la Organización Sindical, se celebra una reunión de elementos subversivos y rojos. Se retiran los retratos de Franco y José Antonio y se ponen en su lugar los de “Txiki” (ejecutado por asesino), “Pertur” (asesino de ETA) y algunos otros. Se canta la “Internacional” con los puños en alto, con los consabidos vivas y mueras… En Barcelona, con autorización de un alto cargo rector de la Universidad, se celebra, en un edificio de la propia Universidad, un acto con motivo de la ejecución, legal, de cinco asesinos: Las paredes del local y estrados estaban cubiertos con banderas republicanas, rojas, de la CNT, catalanas, gallegas, etc. (no había ninguna bandera de España). A los nuevos presentadores de TVE, de los nuevos espacios informativos, se les llena la boca de repetir la palabra “país” cuando se habla de ESPAÑA. Las informaciones sobre reuniones, mítines, manifestaciones, etc, de partidos ILEGALES actualmente ante la LEY llenan las páginas de los periódicos de la “perrera”. ¿Son ILEGALES… o NO…? En Barcelona existen pintadas que dicen: Monarquía asesina, y nadie los borra. Y ante todo este panorama patrio de “desmadre”, “cachondeo”, indisciplina, subversión, odio, revanchismo, etc., las banderas de España siguen quemándose y en los actos públicos se las oculta con vergonzosa cobardía. La Patria parece que ya no existe. Las iglesias son profanadas. A las Fuerzas de Orden público se las insulta y apedrea. La Administración claudica y pacta con los marxistas, separatistas, masónicos… ESCORPIÓN

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Revista FUERZA NUEVA, nº 516, 27-Nov-1976 PÁGINA CINCO EL ESPECTÁCULO Un presidente de las Cortes (Torcuato Fdez. Miranda) que aceptó, en su día -tan sólo hace poco más de tres años-, la vicepresidencia de Carrero Blanco y quien no ha disimulado su proclividad presente por la reforma. Un “procedimiento de urgencia”, cuya misma nomenclatura contraría aquel sosiego y meditación requeridos por la trascendencia implícita en todo cambio constitucional, y sobre el que se mantuvo, hasta el fin, alguna incógnita despejable únicamente por el presidente de la Cámara. Procedimiento que, además, merecería la tacha, desde la autoridad del obispo de Cuenca (mons. Guerra Campos), de “turbiedad… mantenida hasta última hora, que afecta a fibras íntimas de la dignidad humana, no ya de las Cortes-Institución”. Un proyecto de reforma política, configurado por la tesis jacobina de la “Ley, como expresión de la voluntad soberana del pueblo” y por la dogmática rousseauniana de la soberanía popular opuesta in radice al ideario del Movimiento Nacional y a la concepción tradicional española de la Ley asentada en la filosofía católica y, en cambio, hermanas de las ideas informadoras de la republicana Constitución de 1931. Un jefe de Gobierno (Adolfo Suárez), cuya trayectoria política pretérita discurre a través del SEU falangista, la tecnocracia con ligazones religiosas, la colaboración con el almirante Carrero y la UDPE. Y que, profesando ahora la fe democrática, accedería al Poder por la vía establecida dentro de un régimen autocrático -como se le califica desde la muerte de Franco- sin esperar el respaldo de la elección popular. Un ministro de Justicia (Landelino Lavilla) que invoca el Estado de Derecho, cuando desde hace cerca de un año permanecen inaplicables parcelas amplias del orden jurídico, sin haberse derogado por los órganos competentes. Al lado de lo anterior, un ponente -don Fernando Suárez- que alcanzaría la apoteosis de la dialéctica al defender la posibilidad de variar los Principios del Movimiento jurados por él y por los demás procuradores y autoridades del Reino, como “permanentes e inalterables”, “por su propia naturaleza”. Otro ponente -don Miguel Primo de Rivera-, que ostenta el título otorgado a José Antonio por haber ofrendado su vida en defensa viril de una doctrina donde se proclama sin la mínima concesión al equívoco: “Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido…”, para esculpir dentro de sus puntos programáticos: “Nadie participará a través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento del tipo conocido” (…) Y ponente -el duque de Primo de Rivera- que, al parecer, no tropezó con ningún reparo, cuando, después de haber votado ya la Ley de Partidos Políticos (9 de junio), asumió la defensa del proyecto liquidador de la representatividad orgánica y que restaura la democracia rousseauniana y su concepción voluntarista de la ley, además de la representación por bandos en lucha y el Parlamento de tipo conocido. El secretario general técnico de Carrero -señor Meilán- interviniendo en el debate a favor de la reforma. El debelador de la partitocracia y heraldo del crepúsculo de las ideologías (G. Fernández de la Mora), hoy más pujantes que nunca -quien ya sorprendiera con motivo de la ausencia al votarse la normativa de los partidos políticos- dando su voto a la reforma. Quienes cantaron ayer las excelencias de la Ley Orgánica (1966) al presentarla al pueblo, propiciando también su derogación. Y la Alianza Popular, la agrupación cuyo propósito es encuadrar a los franquistas, tras la claudicación progresiva en la defensa del Senado corporativo, y de la elaboración por la Cámara de la norma electoral, centrando la pugna parlamentaria en el sistema mayoritario, sin haber intentado siquiera salvaguardar alguno de los postulados de Franco, la Cruzada y el Estado del 18 de Julio, con lo que prueba su predisposición notoria a emular a la C.E.D.A., aunque sin las concomitancias vaticanistas. El voto de tanto “leal hasta la muerte” … pero ¡hasta la muerte de Franco!, y el aplauso recíproco de los procuradores y del presidente Suárez. Poco después, en el Congreso sobre ley electoral, en cuyo desarrollo varios partícipes -alguno extranjero- coincidiendo “por casualidad” con lo que se discutía en las Cortes, propugnaron el régimen proporcional, el profesor Duverger se permitía otorgar el “visto bueno” al Gobierno de España, declarando: “El Gobierno Suárez ha actuado correctamente en la etapa preconstitucional”. Así se desarrolló la metamorfosis de la Monarquía tradicional, católica, social y representativa en “Monarquía democrática”; antinomia, esta última, cuyo desenlace lógico -y, al decirlo, no exponemos ningún deseo personal- suele ser la sustitución de la Corona por el gorro frigio. Quienes lo han propiciado suponemos que tendrán conciencia del riesgo. Luego, el pueblo, en la madrileña plaza de Oriente. Más de un cuarto de millón de españoles –“Diario 16” dio la cifra de cinco mil personas. “ABC” la de “decenas de miles”. TVE hablaría de “por encima de ciento cincuenta mil asistentes, cuando el observador menos perspicaz pudo calcular, sobre las cifras divulgadas a propósito de otras manifestaciones pasadas que no bajaba del cuarto de millón- para rendir homenaje al Caudillo y al Fundador. Las viejas banderas cargadas de gloria alzadas junto a las recientes de Fuerza Nueva, hermanadas, mientras las gargantas gritaban: ¡Raimundo, Girón y Blas Piñar! y enronquecían proclamando lealtades a Franco y a la Cruzada y expresando su hostilidad a la reforma y a quienes la han hecho posible. Hay pueblo: el de las sanas gentes de España que jamás recibirían las treinta monedas para abdicar de los ideales que promovieron el Estado del 18 de Julio. Aunque se clarearon las filas, han mejorado en calidad y pureza. Y para remate, más jóvenes que nunca (…)

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Revista FUERZA NUEVA, nº 516, 27-Nov-1976 España es diferente (…) Estamos quizá asistiendo al único caso de la Historia donde los herederos y beneficiarios de una victoria, que les ha otorgado en última instancia los títulos legitimantes del Poder usufructuado, se empeñan en postergarlos y en adornarse con los del adversario derrotado en el campo de batalla. Además -y ahí radica la paradoja más siniestra- se usa la “irrepetibilidad” de la figura de Franco para frustrar los efectos de su triunfo militar y demoler las estructuras comunitarias levantadas por el Caudillo. Y a tal labor se afanan quienes, en vida del mismo, más prodigaron la alabanza y proclamaron el fervor por su obra. Repito que somos espectadores del caso único donde los albaceas legales de una guerra victoriosa replantean, voluntaria y entusiásticamente, lo zanjado y ganado con las armas sin que ningún suceso ulterior variase su resultado. Ni a la muerte de Washington y demás “padres de la Patria”, ni a la de Lenin, Stalin, Mao Tsé Tung… se les ocurrió a los dirigentes americanos examinar si procedía integrarse de nuevo en la Corona británica, ni los rusos o chinos, respectivamente, pensaron un solo instante sobre la conveniencia de restaurar el zarismo o la dinastía manchú o el Kuomintang (…) Tal es, sin embargo, el fenómeno desarrollado hoy en España: los legatarios de la Victoria se disponen a edificar un nuevo Estado sobre la base de la doctrina del vencido, abandonando la propia. También supone un caso, si no único, sumamente anómalo que el jefe de un partido o grupo político, cuando se le encomienda formar gobierno, se abstenga de realizarlo entre los componentes del mismo. Ahora, España se halla regida por un gabinete, cuyo presidente (A. Suárez), al recibir la investidura, ostentaba el caudillaje de la “Unión del Pueblo Español” (UDPE), y, lejos de formarlo con los militantes o directivos de tal asociación, lo hizo entre los miembros del grupo “Tácito”, fundamentalmente (…) Además, resulta insólito que, cuando se trata de configurar las paredes maestras del Derecho Público que ha de imperar en la nación, se elabore ad hoc nada menos que un “procedimiento de urgencia para el trámite parlamentario. Una ley, que por su trascendencia exige la máxima dosis de reflexión y de análisis exhaustivo para descubrir sus posibles defectos y subsanarlos, ve, en cambio, cercenadas y limitadas las garantías previstas como normales. Sencillamente inaudito y difícil de explicar y mucho menos de justificar. Finalmente, no deja de sorprender -si bien menos que en los anteriores casos- que haya coincidido con la llegada al Gobierno del grupo “Tácito”, filial política de la Asociación Católica de Propagandistas (AC de P), la invasión de pornografía y el proyecto -no disimulado ya- de establecer el divorcio, avalado con la propaganda desde los propios medios de comunicación social del Estado controlados hoy por los hombres de la AC de P, Asociación que se autodefinió como “agrupación de seglares que se propone establecer en sus miembros y en la sociedad el reino de Dios y su justicia (…) Y que proclamó estar “informada de espíritu de amor filial al Papa y a los obispos e impulsada por el propósito de servir a la Iglesia como ella desea se servida”, tomando como patronos a la Virgen Santísima en el misterio de su Concepción Inmaculada y al apóstol San Pablo. (…) De ahí que el silencio del episcopado español, frente a los proyectos en torno a un punto de tanta importancia como la familia, cada día que pasa encuentra mayor dificultad en explicarse satisfactoriamente, ya que el matrimonio es, además de sacramento, institución de Derecho Natural. (…) Carlos ONÍS

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Revista FUERZA NUEVA, nº 516, 27-Nov-1976 Un suicidio colectivo No es que tuviera fe en las Cortes, ni en la mayoría de los procuradores, que una vez más han venido a demostrar lo intrínsecamente perverso de la democracia. Después del pasado 9 de junio cabía abandonar toda esperanza no ya de que la sensatez volviera al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, sino de que lo hiciese la lealtad mínima. Pero, en vísperas del aniversario de la muerte del Caudillo, que a todos esos procuradores sin excepción hizo hombres políticos, la mayoría de éstos -una abrumadora mayoría, para más “inri”- han destrozado la obra de Franco. Yo no sé si ha sido la “lujuria de la dominación”, que decía San Agustín (lo que hoy podría traducirse por querer conservar su puesto oficial o particular) o que, una vez más, ha venido a confirmarse lo que dijo Mola en cierta ocasión: “El hombre camaleón no es exclusivo de la familia ibérica; se da en todos los climas. En el nuestro, superabundantemente, entra en lo vergonzoso”. La votación favorable a la reforma, o ruptura, ha sido tan fácil y abrumadora que explica el hecho de que Adolfo Suárez y su tutor, Torcuato Fdez. Miranda, escogieran para defender el proyecto a Miguel Primo de Rivera, cuya intervención fue un triste espectáculo, pues ni su apellido pesó en su conducta y a las protestas de fidelidad a Franco y José Antonio sólo cabía responder lo de “obras son amores y no buenas razones”, y a Fernando Suárez. Éste se reveló como un demagogo de la más fácil acuñación, discípulo de Kropotkin en un nihilismo pintoresco y con una “dialéctica del caos”, como diría el profesor Fueyo, que, al escucharle, movió negativamente la cabeza, y no sólo por las citas de tercera que hacía “el otro Suárez”. (…) Menos sirvieron, desgraciadamente, la valiente y formidable exposición de Blashttp://hispanismo.org/historia-y-antropologia/25691-discursos-de-blas-pinar-durante-y-contra-la-transicion-2.html#post175204o la de J. M. Fernández de la Vega, pues los oídos de los procuradores en general estaban ya sordos a todo razonamiento. La ignorancia y el miedo confabulados hacían su labor. Y ahí está el resultado. Más de lo que esperaban Suárez y los suyos. Cierto que una defección así no es nueva. En la Jura de Santa Gadea no fueron muchos los que apoyaron al Cid, que incluso salió solo para el destierro y aun las gentes cerraban sus ventanas en Burgos y Vivar para no comprometer ni las miradas. Pero que sólo 59 procuradores hayan sido leales al Régimen que ahora muere es, por lo menos, muy triste. Yo no puedo creer, en modo alguno, que los demás han obrado de mala fe, pero sí por indocumentación e ignorancia. Sometida a examen sobre la Constitución o principios del Movimiento, estoy seguro que la mayoría los desconoce. ¿Podría olvidar, de lo contrario, esta afirmación del Generalísimo del 31 de diciembre de 1958 sobre la Ley de Principios del Movimiento: “En virtud de esta Ley Fundamental, el Movimiento tiene el rango adecuado dentro de nuestro esquema institucional y de aceptación obligatoria para gobernantes y gobernados en el presente y para el futuro”? Desde sus escaños, los procuradores de Cortes han hecho el juego a la revolución, ruptura o reforma. “La revolución se mofa de sus auxiliares después de haberse aprovechado y mal pagado sus servicios”, afirmaba Menéndez y Pelayo. No lo olviden estos 425 “auxiliares” que el aciago 18 de noviembre de 1976 dijeron sí a la desintegración de España. Un suicidio colectivo en el que nos arrastran, sin comerlo ni beberlo, a treinta y cinco millones de españoles. ¡Dios se apiade de nosotros! EL DIRECTOR