Tema: Revista ‘Fuerza Nueva’: de la muerte de Franco a la Constitución (1975-78)

Si fuera de España el “escándalo” de las ejecuciones de septiembre de 1975 de cinco terroristas de ETA y FRAP, asesinos de policías y guardias civiles, fue acompañado de alborotos callejeros y asaltos a las embajadas españolas en París, Roma, Lisboa; en España, el escándalo real lo dio Pablo VI, poniéndose del lado de los terroristas asesinos de policías; para Pablo VI y su Conf. Episcopal taranconiana era incomparablemente más culpable y sanguinario Franco (que por cierto había conmutado la pena de muerte a otros seis terroristas). Llovía sobre mojado, porque Pablo VI y los obispos nunca condenaban los asesinatos de policías, guardias y militares a manos de ETA. Pero los terroristas sí tenían club de fans entre el clero y obispos, sobre todo vascos.

Aquí una muestra de lo que sentía la gente de la calle de entonces (aun sin "democracia" ), la repulsa contra Pablo VI, Tarancón y sus obispos, etc, en este caso por una agrupación carlista:

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Revista FUERZA NUEVA, nº 461, 8-Nov-1975 Junta Carlista de Defensa de Castilla la Nueva CARTA AL CARDENAL VILLOT Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Jean Villot. Secretario de Estado de Su Santidad. Ciudad del Vaticano. Eminentísimo y reverendísimo señor: La Junta Carlista de Defensa de Castilla la Nueva cumple hoy el penoso deber de dirigirse a vuestra eminencia reverendísima con ocasión de las palabras pronunciadas por S. S. el Papa Pablo VI, en las que dedica una “vibrante condena de una represión tan dura que ha ignorado incluso los llamamientos que de todas partes se han elevado contra aquellas ejecuciones”, haciendo constar que también él había pedido clemencia, incluso utilizando la canonización de San Juan Macías como pretexto para forzar a las autoridades españolas a conceder un indulto que ya había sido otorgado. Sin duda alguna, el Augusto Pontífice olvidó en aquel momento la doctrina común de teólogos y juristas católicos tan ilustres como Santo Tomás de Aquino y Alfonso de Castro, doctrina recordada por el llorado Pontífice Pío XII, de santa memoria, y que puede verse en autor tan conocido y de tanta solvencia como Jolivet, para el cual el Estado tiene el derecho de pronunciar la pena de muerte cuando es el único medio eficaz para cumplir su misión de defensa de la sociedad. Resulta triste y doloroso para los católicos españoles que unas penas dictadas por unos tribunales legítimamente constituidos, y que sentencian con arreglo a las leyes procesales dictadas por quien tiene el supremo cuidado de la comunidad, sean equiparadas por el Romano Pontífice con los crímenes cometidos por quienes no buscan sino la destrucción de la sociedad y de la civilización cristiana. Las palabras del Pontífice han venido a sumarse a las pronunciadas por los portavoces de la revolución enemiga de cristo y de Su Iglesia. Y si es cierto que como Padre común de los fieles puede pedir clemencia, no debe ciertamente reprobar el ejercicio de la justicia, en cuanto la humana, con sus fallos y debilidades, es un reflejo, siquiera imperfecto, de la Justicia divina, que a todos nos juzgará en el último día de nuestra vida. Ha olvidado el Romano Pontífice, al parecer, que los sentenciados a muerte eran unos vulgares asesinos, que mataban por la espalda a sus víctimas, y que éstas eran guardianes del orden y de esa misma justicia, fruto de la cual es la paz. ¿Quiénes, por otra parte, han movido la campaña antiespañola, sino las fuerzas del mal y de la revolución, que durante tres años redujeron a España a escombros y asesinaron a obispos, sacerdotes y seglares por ser soldados de Cristo? ¿Y a éstos es a quienes ahora ignora Su Santidad, al condenar a quienes condenan a los hijos y herederos espirituales de sus asesinos y de sus verdugos? Bien pudiera ser que el Augusto Pontífice recuerde que entre los defensores de los enemigos de Cristo estaban parientes suyos, uno de los cuales duerme su último sueño en tierras regadas por la sangre de tantos mártires como entonces morían pidiendo perdón para quienes los ejecutaban. Más, mucho más nos agradaría a los católicos españoles que el Augusto Pontífice, en vez de fomentar actitudes de odio y de rencor contra España, cuyos reyes se honraron en llevar la Cruz por los confines del mundo entonces conocido, condenase doctrinas y personas que se prevalen de su condición eclesiástica para perturbar la conciencia de los fieles. El es, por encargo de Cristo a San Pedro, quien ha de confirmar en la fe a sus hermanos. Y ahora estamos asistiendo a todo lo contrario. Que el Espíritu Santo ilumine al Vicario de Cristo y le haga ver que con palabras como las pronunciadas hace pocos días no ganará en modo alguno la simpatía y el afecto de los católicos españoles, que saben muy bien hasta dónde llega el magisterio infalible de Roma y cuáles son sus límites. Estimamos, eminentísimo y reverendísimo señor, que con lo dicho queda suficientemente claro cuál es el sentir y la opinión de la Junta Carlista de Defensa de Castilla la Nueva, heredera espiritual de quienes lucharon por Cristo y por su Iglesia, como lucharemos siempre que se vea amenazada, hasta derramar por tan santa causa hasta la última gota de sangre que corre por nuestras venas. Pero en nombre de Cristo pedimos que se nos juzgue con justicia y que no se interfiera en nuestros asuntos internos, ni aun siquiera invocando la condición de Pontífice Romano. Besa con todo respeto la sagrada púrpura de vuestra eminencia reverendísima, Por la Junta Carlista de Defensa de Castilla la Nueva, Alfonso TRIVIÑO DE VILLALAIN