1957: Don Juan de Borbón, príncipe carlista

**ALACRAN** · 27/11/2012

"Muerto Don Alfonso Carlos (1936), surgieron hondas desavenencias dentro del carlismo. Francamente adscritos a la Regencia, solo se mostraron los que procedían del sector integrista; los antiguos jaimistas, o bien se mantuvieron apartados, o aceptaron las tesis de Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón (Carlos VIII); mientras los tradicionalistas eran partidarios de volver a la tesis puramente legitimista, sustentada por Don Alfonso Carlos al heredar los derechos de su sobrino Don Jaime.

Esta tesis consistía en llegar a un entendimiento con la rama alfonsina, como heredera directa de la rama carlista, a través del tercer hermano de Fernando VII, Don Francisco de Paula, padre de Don Francisco de Asís y abuelo, por tanto, de Don Alfonso XII.

La muerte del Archiduque Carlos (1953) dio pie a los integristas para considerar como máximo representante del carlismo al regente Don Francisco Javier de Borbón Parma (Javier I), pasando por encima de todos los príncipes que le precedían en derecho sucesorio.

El hecho provocó una asamblea de fuerzas carlistas discrepantes de la Regencia, asamblea que se celebró en Madrid el 1 de diciembre de 1957 y en la que se acordó reconocer a Don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, siempre que éste, a su vez, subscribiera los principios fundamentales del tradicionalismo, según estableció Don Alfonso Carlos en el documento precitado.

Don Juan aceptó y, en solemne ceremonia celebrada en Estoril (Portugal), el 20 de diciembre del mismo año, fue reconocido como heredero de los derechos de la rama carlista.

Los integristas, por su parte, siguen apoyando el derecho de Don Javier I, descendiente directo por línea masculina de Felipe, duque de Parma, hijo del rey de España Felipe V."

(Artículo "Carlismo". "Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa" , Apéndice I, 1965). Las cursivas son mías.

**Martin Ant** · 27/11/2012

El masón Juan Puigmoltó se pilló un cabreo enorme cuando se dio cuenta que la minoría rídicula que fue a rendirle pleitesía sólo se representaba a sí misma, cuando éstos le habían hecho creer que arrastraban con ellos a todas la masas javieristas.

Lo más triste de todo es que ni siquiera sus propios "leales" liberales le querían, como señalaba Juan Balansó en su libro La familia rival cuando tuvo lugar una reunión de homenaje en 1977 a la que acudieron 5 gatos. Se vé que una vez hecha la elección por Franco y ya Juan Carlos disfrutando del poder, toda la camarilla de cortesanos se esfumó hacia el sol que más calentaba, importándoles un pimiento cualquier cuestión referente a la Legitimidad (realmente a los cortesanos de un usurpador, del mismo modo que al propio usurpador, la cuestión de la Legitimidad les importa un bledo, con tal de conseguir y mantenerse en el poder; eso es lo que los diferencia de la auténtica Legitimidad representada por los Reyes y Regentes sucesores de Carlos V, la única solución para los españoles).

**Martin Ant** · 08/07/2018

Fuente: Centinela. Boletín de orientación e información del Requeté de Cataluña, Números 4 y 5. Página 3.

DECLARACIÓN de la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista

La Junta de Gobierno, constituida por todos los Jefes Regionales carlistas y el Secretariado de S. M., en la primera reunión celebrada después del reconocimiento prestado a Don Juan de Borbón por un grupo de tradicionalistas, acordó hacer pública la siguiente declaración:

Los tradicionalistas que el día 20 de diciembre de 1957 visitaron en Estoril a Don Juan de Borbón y Battenberg y le prestaron acatamiento no tenían representación alguna de la Comunión Tradicionalista, sino que obraron a título puramente personal. Como afirmó S. M. el Rey Don Javier en su carta al Jefe Regional de Navarra, no estaban ya de hecho dentro de la Comunión. Han simulado una personalidad que no tienen y una representación de la Comunión Tradicionalista totalmente falsa.

Menos títulos tienen, todavía, para intervenir en la resolución de una cuestión como la dinástica, que ha estado planteada en España durante más de un siglo. Si invocaban calidad de carlistas, no podían desconocer el mandato del Rey Don Alfonso Carlos, quien confió esa misión al Príncipe Don Javier de Borbón y Braganza.

Indebidamente invocan los cinco puntos del Decreto de Regencia de Don Alfonso Carlos de 23 de enero de 1936. Aparte de que, para mayor comodidad de su argumentación, prescinden deliberadamente del Documento definitorio de la finalidad de la Regencia que, poco después, con fecha 10 de marzo de aquel mismo año, dirigió el Rey al Príncipe Regente, y que en modo alguno puede ser soslayado; aun dentro de la dialéctica que esgrimen, falla por su base la razón de su reconocimiento de Don Juan. Dice el punto IV del Decreto de Regencia que el que haya de ser Rey deberá respetar como intangible «la auténtica Monarquía tradicional, legítima de origen y de ejercicio». Por legitimidad de origen no debe entenderse solamente la indicación de sangre, pues entonces no tendría explicación todo el Decreto de Regencia, sino la aceptación de los Derechos del Trono como derivados del origen de la auténtica Monarquía tradicional. Es decir, el reconocimiento solemne de que los derechos vienen de la Dinastía legítima, lo que en el caso de Don Juan hubiese debido ser el reconocimiento de que sus derechos al Trono le venían por la herencia de Don Alfonso Carlos. Ni Don Juan hizo esto en vida de aquel Rey, que es cuando de verdad hubiese tenido valor tal manifestación, ni siquiera durante los largos años de espera de la Regencia, a pesar de que durante muchos de ellos ya no podía pesar la consideración de herir susceptibilidades paternas. Antes al contrario, en todas sus manifestaciones deriva Don Juan sus supuestos derechos de la herencia de su padre, y si alguna vez ha hablado de coincidencias de las dos ramas, lo ha hecho sin considerar que ambas ramas eran excluyentes y no podían derivarse derechos de entrambas a la vez.

Pero es lo cierto que en el acto de Estoril (que, para los tradicionalistas que allí fueron, es la justificación de su reconocimiento) no invoca Don Juan derechos de sucesión a la Dinastía legítima. Para nada recoge el punto IV del Decreto de Regencia, pues la única mención que hace a dicho Decreto es para decir que en él Don Alfonso Carlos, a quien no llama Rey, «fijó los Principios fundamentales de la doctrina tradicionalista», que Don Juan dice que «acepta sinceramente por creer que deben orientar la legislación que haga viable su realización en la sociedad actual». ¿Es esto un reconocimiento del origen de sus derechos como derivados de la Dinastía legítima? En modo alguno. No es más que un juego de palabras para incluir la mención del Decreto y el nombre de su autor, de forma que haya algo que suene bien al oído del grupo de visitantes. ¿Puede afirmarse, entonces, seriamente que se trata de un hecho histórico semejante a los juramentos que obligan a un Rey con su pueblo y exigen de éste una correspondencia que en conciencia obligue?

No necesitamos hablar a la lealtad carlista. Exponemos esto a la consideración de los españoles que limpiamente analizan los hechos para que juzguen de la inoperancia de todo el acto de Lisboa y de la veleidad de los que allí fueron, los que, por no confesar el fracaso, tratan de justificar su postura invocando unos resultados totalmente contrarios a la realidad de los hechos.

Si de la legitimidad de origen pasamos a analizar la de ejercicio, la nulidad de la reunión de Estoril es todavía mayor. Aquí ya no cabe invocar, ni siquiera, sentimientos filiales. Con mucha más claridad aparece la falta de legitimidad de ejercicio de que adolece Don Juan de Borbón.

Sin negar la historia, no puede desconocerse el derrumbamiento de España como consecuencia del siglo liberal presidido por una dinastía que combatió con saña a los defensores del auténtico ser nacional. El proceso culminó en la segunda república, de la que nos salvó el alzamiento del 18 de julio de 1936. La dolorosa experiencia nos mostró que había que arrumbar las doctrinas trágicamente fracasadas e iniciar una nueva política inspirada en el Derecho Público Cristiano, en oposición al llamado derecho nuevo que repudia Don Alfonso Carlos en el punto V de su Decreto.

Pero, si bien toda la España del 18 de julio está frente al liberalismo, el único que lo defiende es el propio Don Juan. Lo ha defendido en Lausanne con su manifiesto [1], en Londres por sus enviados (Ansaldo, ¿Para qué…?), en las llamadas Bases de Lisboa [2], y aun ahora en las aclaraciones hechas el 8 de enero sobre la interpretación que debe darse a su entrevista con los tradicionalistas. En una constante línea de conducta, como con razón dice Don Juan, en carta posterior, a uno de los expedicionarios tradicionalistas. Ésta es la auténtica verdad: que Don Juan de Borbón mantiene una constante línea de conducta política, pero esta línea no es la del 18 de julio, no es una línea antiliberal, no es línea que esté dentro del Decreto de Regencia, no es línea, en suma, que le haya hecho adquirir tampoco la legitimidad de ejercicio.

Con razón, una presunta Monarquía encabezada por Don Juan de Borbón asusta a los monárquicos españoles, que temen que no sea más que vehículo para una nueva república. Si, al igual que en los años 29 y 30, hoy, después del enorme sacrificio de la Cruzada, no se ofreciese a los españoles más que otra vuelta «a la normalidad constitucional», caería la nación en un desánimo y desconcierto que sería campo propicio para nuevas convulsiones, como ocurrió en 1931.

Pero es preciso que España sepa que la Monarquía del 18 de julio no es la Monarquía de Don Juan de Borbón. Que no se trata ahora de un simple problema dinástico, sino de un problema de auténtico fondo monárquico. Y que subsiste una Dinastía, descendiente por línea de varón de Felipe V, la Casa española de Parma, que en lucha constante, mantenida contra los principios revolucionarios, ha sabido forjar unos Príncipes fieles a la mejor tradición de su estirpe, entre los cuales Don Javier de Borbón tan compenetrado está con el espíritu de la Monarquía que debe surgir de la España del Alzamiento, que a la tarea de su instauración se ha entregado plenamente desde hace más de veinte años, sin temor a las amarguras, defecciones y ataques que pueda sufrir, y trabaja para que a España venga en su día una Monarquía que perdure. No la efímera que, por asentarse sobre principios falsos, llevase en su seno la razón de su muerte y dejase incumplidas las consecuencias políticas a las que España tiene derecho después del gran esfuerzo nacional de la Cruzada.

Madrid, 16 de marzo de 1958.

[1] Nota mía. De fecha 19 de Marzo de 1945.

[2] Nota mía. De fecha 28 de Febrero de 1946.

**Martin Ant** · 05/06/2019

Fuente: ¿Qué Pasa?, Número 280, 10 de Mayo de 1969, página 21.

ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA

Los que fueron a Estoril.– ANTECEDENTES

Por Zortzigarrentzale

No comprendemos cómo por algunos se mantiene la afirmación de que la Rama Liberal ha heredado a la Legítima, al extinguirse con Don Alfonso Carlos los varones de la misma.

El sentido común dice que no puede alegarse en beneficio propio un derecho que se ha conculcado y combatido. Por eso estimamos que ambas Ramas obraron con lógica al declarar inhábiles para suceder a los miembros de la otra.

Por parte liberal, en plena guerra, las Cortes privaron de todos sus derechos a la Corona a Don Carlos V y sus hijos.

Por parte carlista, los Jefes Regionales y Señorial dieron un Manifiesto en fecha 20 de Mayo de 1930, que fue aprobado por Don Jaime I el 30 del mismo mes, en el que se dice que la sucesión en la Monarquía se fundamenta en «la ley de Felipe V, de 1713», con exclusión, si se «extinguieran las líneas de Don Carlos V», de toda otra rama autora «o cómplice de la Revolución liberal» [1].

Como detalle curioso apuntaremos que dicho Manifiesto está firmado por un hombre de cada Región histórica, el Jefe, excepto por Navarra, que firman dos: uno de ellos es el Conde de Rodezno, quien después sería el primero en tomar el camino de Estoril. Esto es una prueba de lo que valen ciertas firmas y promesas.

Ambas Ramas, al obrar así, no hacían más que poner en práctica la Ley 2.ª del Libro XII, del Título VII, de la Segunda Partida, vigente en la Novísima Recopilación de Carlos IV, que se ocupa de la traición, sus especies y penas, y priva de sus derechos a suceder en la Corona a quienes han cometido deslealtad con el Rey Legítimo y a sus descendientes.

UN PACTO QUE NO EXISTIÓ

En la Primavera de 1954 murió Don Restituto Fernández, castellano, de Nava del Rey, criado y ayuda de cámara y hombre de confianza de Don Jaime I. Fue él quien introdujo a Don Alfonso a presencia de Don Jaime I cuando aquél fue a visitarle a éste en París. No estuvo presente en la entrevista, pero entró y salió varias veces en el salón donde se celebraba, y pudo captar frases que en ella se pronunciaron.

Fue «Resti», como familiarmente le llamamos todos los carlistas, incluso los que no hemos tenido la dicha de conocerle, quien aseguró a los leales de Vizcaya que acudieron a los funerales del Rey, que entre éste y Don Alfonso no se había llegado a Pacto alguno.

Fue «Resti» quien, según testimonio de Don Carmelo Paulo Bondía, sacó de un cajón del despacho de Don Jaime y mostró al Marqués de Villores unas cuartillas que Don Jaime había recibido de un personaje alfonsino, en las que se contenía un Proyecto de Pacto y que el Rey tenía que estudiar.

Pues bien (probablemente fuera una casualidad), unos meses después del fallecimiento del leal castellano, cuando ya no podía prestar su testimonio en defensa de su amado Rey, se publicó un libro en el que se fotocopiaba un documento firmado por Don Jaime I y Don Alfonso en que ambos llegaban a un acuerdo.

El contenido del documento era el mismo que el de las cuartillas que «Resti» mostró al Marqués de Villores y a Don Carmelo Paulo.

Al principio nos dejó perplejos tal descubrimiento. Después pensamos en la posibilidad de una falsificación. ¿No comenzaron por promulgar una Ley en la que se invocaba otra que no existió? De que era falso nos convenció un trabajo de Don Baltasar Guevara, que apareció en el boletín titulado «¡Firmes!», que se publicaba en Barcelona. Nuestro amigo, hijo del que fue Jefe Regional Jaimista de León, razonaba así: «De haber sido auténtico tal documento, hubiera aparecido en primer lugar la firma de Don Jaime I y no la de Don Alfonso. Hay que tener en cuenta que éste guardaba a aquél la consideración que le debía como Jefe de la Casa de Borbón. Además, Don Jaime era de más edad».

Si las razones citadas no fueran bastantes, ahí está el Conde de Melgar, que en su libro «El noble final de la escisión dinástica» niega la existencia de tal Pacto (pág. 110). El Conde de Melgar ocupa un puesto importante en la organización del pretendiente liberal. A confesión de parte…

JUANISMO INFILTRADO EN EL CARLISMO

La República trajo al Carlismo a muchos españoles apolíticos, igual que lo había hecho la Revolución de Septiembre, ahora hace un siglo. Entre tantos que vinieron animados de los mejores deseos, no faltaron los políticos alfonsinos que buscaban unas huestes que acaudillar, ya que las suyas habían mostrado su «eficacia» el 14 de Abril.

Abusando de la buena fe de los leales y aprovechándose de las ventajas que les daban su fortuna personal, su nombre ilustre o sus relaciones, fueron apoderándose de puestos clave de la organización carlista.

En su labor les ayudaron algunos renegados que, carlistas aparentes durante toda su vida, habían estado esperando el momento de poder ofrecer sus servicios a la usurpación.

Les favoreció la circunstancia del fallecimiento de Don Jaime (2-X-1931) y el acceso a la Jefatura del Carlismo de Don Alfonso Carlos, hombre profundamente cristiano, pero que había vivido toda su vida un tanto al margen del Carlismo (quedaban ya muy lejos sus hechos en el frente catalán). Para colmo de males, su sordera y sus ochenta y tantos años le ponían en peores condiciones de resistir al cerco que se le tendió.

No podríamos creer las cosas que con él se hicieron en San Juan de Luz y Ascain si no nos las hubiesen relatado quienes las presenciaron: D. Rogelio Marcilla (q. e. p. d.), chófer del Rey; Doña Julia Albizúa de Marcilla, esposa del anterior; y Don Sabas Echarri. Estos dos últimos aún viven (y por muchos años) y no nos dejarán mentir.

El «factótum» de aquella pequeña Corte era uno de los firmantes del Acta de Estoril. La Vizcondesa de La Gironde, dueña del chalet donde el Rey se reunía con las Comisiones que iban a verle desde España, tenía unos retratos de Don Alfonso dedicados, y era alfonsina hasta los tuétanos.

Sabas Echarri había pasado la frontera clandestinamente. Fue entregado a la policía francesa cuando denunció a sus compañeros de Pamplona los pasteles que allí se cocían.

Hubo un personaje, antiguo alfonsino también, y firmante del Acta de Estoril, que maltrató al Rey de palabra y hubo de sufrir una seria advertencia de Marcilla por ello.

Así, no es extraño que en la Junta Suprema del Carlismo tuvieran lugar alfonsinos de víspera que no ocultaban sus simpatías por la Rama usurpadora.

Que el Rey recibiera con todo cariño a los de «El Cruzado Español», y llorase de emoción ante ellos, y a su regreso a Madrid se encontrasen éstos con su expulsión de la Comunión firmada por el mismo Rey.

Que jamás se pusiera en práctica la decisión adoptada en Junta presidida por el Rey el 2 de Junio, en Toulouse, de convocar una Asamblea que estudiase la Ley y designase un sucesor a Don Alfonso Carlos…

Éstos fueron los antecedentes del Acta de Estoril.

COMPROMISO, NO; CLAUDICACIÓN

El Documento que Don Juan firmó en Estoril, y que exhiben sus seguidores como una gran victoria, a nada le compromete. Nada podemos decir contra Don Juan respecto a cómo guarda la palabra dada. Pero nos permitirá cierta prevención a las promesas. Es lógico que desconfiemos antes de que nos veamos burlados como se vieron quienes confiaron en sus predecesores. No queremos arrepentirnos tardíamente, como lo hizo Pío IX, que envió un Nuncio a la Corte de Madrid mientras en el Norte aún luchaban los buenos católicos en defensa de la unidad de la Fe, y luego se encontró con la libertad de cultos en la Constitución de 1876.

No. Nosotros somos más desconfiados. No nos faltan razones para ello.

Y es que el Documento de Estoril no compromete nada a Don Juan. Así lo creen, con nosotros, los miles de republicanos, socialistas, separatistas, etc., etc., que acogen complacidísimos sus regias pretensiones.

La Historia se repite. Los que le echaron a su padre en 1931 quieren traerle hoy, como los que echaron a su bisabuela en 1868 trajeron a su abuelo en 1876.

En el Acta de Estoril no creen ni los mismos que la firmaron. Ante nuestros ojos la exhiben, queriéndonos hacer ver que no son ellos quienes se han hecho juanistas, sino Don Juan quien se ha «convertido» al Tradicionalismo.

Los hechos demuestran que no han logrado, como presumen, incluir a Don Juan en la Dinastía Legítima. Se han limitado a reconocerle por Rey como ya lo hicieron con sus antepasados Cabrera y Maroto. Y al acatar a Don Juan han reconocido a todos sus antecesores.

Dicen que han ido a Don Juan siguiendo la línea de Don Francisco de Paula y Don Francisco de Asís. No es cierto. En tal caso habrían llegado a Don Jaime, que está antes que Don Juan. No sirve que aleguen la renuncia de aquél, ya que carece de valor legal por no haber sido aceptada por el Rey Legítimo. La aceptación de Don Alfonso, que no es nadie para los carlistas, no juega ningún papel en este caso.

Dicen que reconocen a Don Juan como heredero de Don Alfonso Carlos. Falso. En tal caso seguirían la cronología carlista y le denominarían Juan IV. Pues ya en nuestra Rama hubo un Juan III, que, por cierto, no dejó muy buena memoria.

Resumiendo: de los que fueron a Estoril, algunos no han sido carlistas en su vida, aunque durante la República se acercaron a la Comunión. Unos pocos fueron carlistas, pero más nos hubiera valido que no lo hubieran sido. Los demás son personas bien intencionadas, a quienes les ha faltado la fe en los destinos del Carlismo, y, en su desconcierto, han optado por una solución absurda que ahora pretenden vestir con vistosos ropajes.

[1] Para la lectura de ese Manifiesto, véase El Cruzado Español, 23 de Mayo de 1930, páginas 1 – 3.

Manifiesto Jaimista, 20 Mayo 1930 (El Cruzado español-23.05.1930).pdf

[Nota mía. El grupúsculo de firmantes del Acta de Estoril, en virtud de la cual acataban a Don Juan como su rey, estaba conformado por las siguientes 44 personas: Rafael Olazábal; Carlos Sanz; Tomás Dolz de Espejo, Conde de la Florida; Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, Marqués de Albayda; Juan Durán García Pelayo; Enrique Jorge Gómez Comes; José María Melis Saera; Carlos de Sabater y Gaytán de Ayala, Conde de Camprodón; Juan Ángel Ortigosa; Benito Fernández Lerga; Javier Agudo; Joaquín Dávila Valverde; José María Comín Sagües; José de Contreras y González de Anleo; Carlos Arauz de Robles; Jesús Elizalde; Francisco Melgar Trampus, Conde de Melgar; José María Dávila Valverde; Lucas María de Oriol; Miguel de Valeriano y Finat, Marqués de Baides; Luis Arellano; Ignacio de Urquijo y Olano, Conde de Urquijo; Tomás Perosanz; Eloy Ruiz Aramburu; Luis Villamor; José Manuel de Oraá y Mendía, Duque de la Victoria de las Amezcoas; Bernardo de Salazar; Alejandro Ruiz de Grijalba y Avilés, Marqués de Grijalba; Fermín Erice, Párroco de Añorbe (Navarra); Luis Alonso Fernández; Eduardo Ortega Gómez; Alejandro de la Cruz Requena; José Argudo Sánchez; José María Aguilar; Miguel Miranda Mateo, Conde de Riocavado; Jesús Ruiz Manzanos; José María Ochoa; Constancio López Barco, Presbítero; Narciso San Baldomero; José María Gaytán de Ayala y Garmendia, Conde de Rodezno; Eduardo Aguirre; Ignacio de Acha Sánchez Arjona; José Joaquín de Olazábal; José María Arauz de Robles].

**Martin Ant** · 05/06/2020

Fuente: Archivo Familia Borbón Parma, Archivo Histórico Nacional.

La verdad sobre los hechos de Estoril

Saben todos los que se interesan por las cosas políticas, que, desde hace años, un grupo de tradicionalistas –escaso en número– venía mirando, unas veces a la persona de Don Juan de Borbón y Battenberg, y otras a la de su hijo Don Juan Carlos, al compás de la oscilación de las circunstancias nacionales, como solución, según ellos, a los problemas de España, y, según los demás, como punto final a su escepticismo, y, en algunos casos, como remedio a sus apetencias.

Aisladamente habían ido a Don Juan, pero no en grupo, como en el pasado Diciembre, para acatarlo. No podía decirse que estuviesen en las filas disciplinadas de la Comunión Tradicionalista. Estaban en zona de nadie, oteando las posibilidades políticas. Estaban consigo mismos. Querían ir a Don Juan sin dejar de llamarse carlistas y con el deseo, que no era nuevo, de arrastrar tras sí, a las «honradas masas carlistas».

Claro que la maniobra no era fácil, porque la repugnancia de los carlistas a dar ese paso tenía sobrado fundamento: como la falta de iniciativa de Don Juan en reconocer la Dinastía Legítima y acatar los principios de la Tradición; el Manifiesto de Lausanne de Marzo de 1945, en el que reverdecían los principios liberales con silencio absoluto del Alzamiento Nacional; el acuerdo de Otoño de 1948 con los grupos socialistas de Prieto, mediante negociaciones conocidas, alentadas y aprobadas por Don Juan, según testimonio de su partidario J. A. Ansaldo en el libro «¿Para qué?». Tratos éstos que fueron posteriores a la visita del Conde de Rodezno a Estoril en Abril de 1946, de la que el Conde, según declaraciones a la United Press, salió satisfecho…

Así pues, el paso a Don Juan, no por deseado dejaba de ser fuerte. Se acentuó la propaganda de que «había que salvar los principios», y se organizaron algunas reuniones previas a un viaje a Estoril. Resumen de esas reuniones celebradas en algunas Provincias, fue la de Madrid, el día 1.º de Diciembre de 1957, con asistencia de unas cuarenta personas, cuyos nombres van a continuación:

Rafael de Olazábal, Jesús Elizalde, Conde de la Florida, Juan Durán García Pelayo, Enrique Gómez Comes, José M.ª Arauz de Robles, Juan Ángel Ortigosa, José M.ª Aguilar, Fermín Erice (Párroco de Añorbe), Conde de Rodezno, Joaquín Dávila Valverde, José M.ª Melis, Carlos Sanz, Marqués de Albaida, Benito Fernández Lerga, Conde de Camprodón, José Joaquín de Olazábal, Eduardo Ortega, Alejandro de la Cruz Requena, Conde Viudo de Riocavado, José M.ª Comín, Javier Agudo, Carlos Arauz de Robles, José de Contreras G. de Aullo, Conde de Melgar, José M.ª Dávila Valverde, Lucas M.ª de Oriol, Marqués de Baides, Luis Arellano, Eloy Ruiz Aramburu, Tomás Perosanz, José M.ª Ochoa, Marqués de Grijalba, José Manuel Oraa, Constancio López, Eduardo Aguirre, Ignacio de Acha Sánchez Arjona, Bernardo de Salazar, Conde de Urquijo, Javier Agudo [sic], Luis Alonso.

Todos éstos firmaron un escrito a Don Juan, en el que, entre otras cosas, decían:

«Ante el hecho enteramente providencial de la extinción de la Dinastía Carlista (parece como si se alegrasen de ello)… nos sentimos obligados a acudir al Príncipe español de mejor y más inmediato derecho, señalado como tal en algún documento de nuestro ÚLTIMO REY DON ALFONSO CARLOS, q. s. g. h., para invitarle, con la debida solemnidad, a la pública aceptación y consiguiente adscripción de los Principios que, como intangibles fundamentos de la Legitimidad española, concretó en cinco puntos el propio Rey en su Decreto de 26 de Enero de 1936, estableciendo la Regencia, y en los que se contienen las más amplias reivindicaciones de las libertades y derechos del pueblo español».

Como se ve, los suscribientes dan por indiscutible la legitimidad de origen de Don Juan de Borbón y Battenberg, y pretenden lograr una «adscripción» a los Principios para que conquiste la legitimidad de ejercicio.

Pero es el caso que Don Juan comienza por carecer de la legitimidad de origen, que, como es elemental y sabido, no consiste en la mera sucesión de sangre de padres a hijos, sino que supone y exige en el causante la existencia de un derecho sucesorio a la Corona, del que los antepasados de Don Juan (a partir de Isabel, la llamada II), y, por tanto, éste, carecen, porque las Leyes españolas los excluyen de la Sucesión, precisamente porque hicieron armas contra la Dinastía Legítima.

Pudieron estos excluidos haber recuperado el derecho perdido, pero para ello tenían que haber reconocido previamente la Dinastía de la Legitimidad, y, entonces, hubiese sido potestativo de ésta el haberles levantado la sanción. Así lo ordenó el Rey Don Alfonso Carlos en el documento de 10 de Marzo de 1936, que, aunque complementario del Decreto de Regencia, silencian los firmantes.

El vigor de aquella Ley de exclusión es evidente, puesto que las mismas Cortes liberales la aplicaron en el año 1834, partiendo desde su punto de vista de que la legítima era Doña Isabel, para eliminar de los derechos sucesorios a Carlos V y sus descendientes. Los liberales podían pensar así; pero los firmantes, que han sido carlistas en su mayoría y se llaman tradicionalistas, han sostenido y sostienen, en su escrito a Don Juan, que la Dinastía Legítima era la carlista; luego no pueden desconocer la aplicación de la exclusión, y, en consecuencia, la ilegitimidad de la Rama liberal, pues que ésta no hizo ningún acatamiento a la Dinastía Carlista en tiempo y forma.

No cabe la argucia de tratar de derivar los derechos de Don Juan por vía de Don Francisco de Asís, hijo de Don Francisco de Paula. Pues los firmantes reconocen como su Rey a Don Alfonso Carlos, es evidente que sus disposiciones les obligan. Veamos algunas:

«Te prevengo, además, que, según las antiguas Leyes españolas, la Rama de Don Francisco de Paula perdió todo su derecho de sucesión por rebeldía contra sus Reyes legítimos, y la perdió doblemente Don Alfonso (llamado XII) para él y toda su descendencia por haberse batido al frente de su Ejército liberal contra su Rey Carlos VII, y así la perdieron los Príncipes que reconocieron la Rama usurpadora». (Documento al Príncipe Javier de Borbón y Braganza, sobre la cuestión sucesoria, 10 de Marzo de 1936).

«… yo considero que toda la Rama de Don Francisco de Paula no me puede suceder legítimamente por su rebeldía; pero, sobre todo, no la de Don Alfonso (llamado XII) por haber peleado al frente de su Ejército liberal contra su legítimo Rey Carlos VII, y así tampoco su hijo Alfonso (llamado XIII) que nació once años después de la batalla de Lácar». (Carta del Rey a su Delegado en España, de 8 de Julio de 1936).

Pero, en su inconsecuencia, los firmantes llegan a mayores extremos. En el apartado tercero de su escrito a Don Juan, dicen que concurren en él «la legitimidad de origen de las dos Ramas». Lo que equivale a sostener que a un mismo tiempo tuvieron derecho a reinar los Reyes carlistas y los denominados Reyes liberales. ¡A qué se llega cuando se quiere casar lo incasable!

Solucionado (?) ese problema de legitimidad de origen en forma tan pintoresca y tan poco jurídica, pasan a ocuparse de cómo Don Juan puede adquirir la legitimidad de ejercicio, y, con esa finalidad, le brindan la aceptación de cinco puntos, los señalados en el Decreto de Regencia.

Plasmado todo esto en un escrito, con él se marchan a Estoril y visitan a Don Juan el 20 de Diciembre de 1957, en una escena que enternecedoramente ha escrito Don José M.ª Arauz de Robles en carta dirigida el 23 de Diciembre a Don Manuel Fal Conde, contestada contundentemente por éste con fecha de 3 de Enero.

Según los documentos citados del Rey Don Alfonso Carlos y los que con ellos concuerdan, para que quien tiene la legitimidad de origen pueda ganar la de ejercicio, es necesario el JURAMENTO SOLEMNE DE GOBERNAR DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA MONARQUÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA. Los viajeros no aspiran (les escandaliza esa exigencia) a obtener el juramento, aun dentro de su base falsa de la legitimidad de origen de Don Juan, ni a éste se le ocurre tal cosa. Sencillamente oye a los visitantes y les contesta en un documento redactado con Don Pedro Sainz Rodríguez. Dice que acepta sinceramente los cinco puntos porque cree que deben orientar la legislación que haga viable su realización en la sociedad actual. El resto, unas expresiones amables, como es natural, y nada más tangible y positivo. Sin embargo, los viajeros se emocionaron con su Juan III. (A propósito. Se olvidan ellos, que fueron carlistas, que le tenían que llamar Juan IV).

¿Cuál es la razón de la pretendida aceptación de Don Juan? Muy clara. La da el propio Don Juan en su contestación, cuando dice:

«Si a las dificultades que en tal momento (en su establecimiento en el Trono) ha de crear el antimonarquismo, hoy larvado y casi silencioso, se uniese la discrepancia dinástica carlista en todo su volumen, la vida de la Monarquía restaurada sería muy difícil o imposible».

Se trata, pues, de «captar» al Carlismo para que ocupe un «sector» en la Monarquía restaurada del 14 de Abril de 1931. Quizá el de los palos contra el antimonarquismo que no fuese larvado y silencioso.

No se puede negar habilidad y sentido del equilibrio al documento de Don Juan y Don Pedro Sainz Rodríguez. Pero han cometido el error –llamémoslo así– de actuaciones posteriores, en las que han venido a explicitar las reservas que llevaba implícitas.

En los días seis al ocho de Enero de 1958, un grupo de monárquicos juanistas –no procedentes del tradicionalismo– visitaron a Don Juan en Estoril para inquirir el alcance del documento del 20 de Diciembre. A su regreso, se ha conocido la versión de lo comunicado por Don Juan a sus amigos por la que se da «UNA INTERPRETACIÓN AJUSTADA A LA REALIDAD, para salir al paso de las torcidas interpretaciones que le han dado algunos exaltados tradicionalistas».

«Tanto éste –dice la nota refiriéndose al Sr. Sainz Rodríguez– como Don Juan, insistieron en que el documento NO ES UNA ACEPTACIÓN DE LA JEFATURA DEL TRADICIONALISMO POR DON JUAN, NI UN SOMETIMIENTO A LOS TRADICIONALISTAS». «En realidad –añadió Don Juan– lo que yo he hecho ha sido contestar a su documento aceptando su ofrecimiento de reconocerme como Jefe Supremo de la Rama Tradicionalista. ELLOS HAN VENIDO A MÍ Y YO LOS HE RECIBIDO Y ACEPTADO. NO SOY YO EL QUE HA IDO A ELLOS PARA SOMETERME A SU DISCIPLINA, SINO QUE ELLOS SE HAN SOMETIDO A MI AUTORIDAD».

También les afirmó –siempre Don Juan– su deseo de

«que se consiga el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, tradicionalistas, conservadores, demócratas, etc., en fin, de todos. SI YO ME DECLARARA TRADICIONALISTA, ¿CÓMO ME IBAN A APOYAR LOS QUE NO LO SON O SON CONTRARIOS A ESTA DOCTRINA? Porque yo no voy a ser Rey solamente de los demócratas, liberales y conservadores, sino también de los tradicionalistas».

Para justificar esta «amplitud», Don Juan pretende apoyarse en una cita a Carlos VII. Cierto que Carlos VII, el Rey legítimo, quería ser Rey de todos los españoles, pero con esta frase indicaba que su gobierno sería para todos, pero no que su programa fuese una mezcolanza de liberalismo, tradicionalismo y democracia revolucionaria. Así, pudo decir estas tres frases magníficas:

«Conciliador en cuanto a las formas y personas, no cedo en los Principios».

«Pude ser Rey abdicando mis Principios: no lo quise».

«La cosa no es ir a Madrid, sino cómo se va a Madrid».

* * *

Dejémonos de engaños. Hoy la Bandera de la Legitimidad, de origen y de ejercicio, entendidas ambas al modo tradicional, la ostenta S. M. el Rey Don Javier de Borbón y Braganza, hijo de Don Roberto, Duque de Parma e Infante de España y descendiente directo, por línea de varón, de Felipe V, de auténtica estirpe española e ibérica y tan vinculado a nuestra Patria en las horas abnegadas de la preparación del Alzamiento Nacional y en las difíciles del 18 de Julio de 1936.

De él dijo el Rey Don Alfonso Carlos en su Decreto de Regencia:

«Esta Regencia no debe privarte de ningún modo del eventual derecho a mi sucesión, LO QUE SERÍA MI IDEAL por la plena confianza que tengo en ti, mi querido Javier, que serás el salvador de España».

En esta misma idea insistió el Rey en la Carta que el 8 de Julio de 1936 dirigió a su Jefe Delegado en España:

«Pido a Dios lo arregle todo de modo que Don Javier Carlos sea mi sucesor legítimo, y después de él sus hijos. Tengo plena confianza en mi sobrino Javier, y espero de él que sea el salvador de España».

Dios escuchó esta petición. Agotada la misión de la Regencia, en Mayo de 1952, en Barcelona, en ocasión del Congreso Eucarístico, ante el Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista-Carlista y demás Representaciones, asumía para Sí y sus descendientes los derechos a la Corona de España, siendo acatado como Rey. Recordando aquel acto trascendental, en Carta de 11 de Marzo de 1955, decía S. M. a la Junta Regional de Cataluña:

«Jamás olvidaré que, con ocasión del Congreso Eucarístico de Barcelona, decidí declarar para Mí y para mis hijos los derechos a las Coronas de la gran Monarquía Católica, templada y foral, verdaderamente federativa, que es la del glorioso pasado histórico y la única auténtica de España».

Consecuentemente, en Mayo de 1957, en Montejurra, ante más de treinta mil personas, que cubrían de boinas rojas la montaña, el Príncipe de Asturias, S. A. R. Don [Hugo] Carlos de Borbón y Borbón declaró:

«Fiel a mis antepasados, fiel a mi padre, el Rey, sabed que, con la ayuda de Dios, cumpliré con los deberes y los sacrificios que me impone el título de Príncipe de Asturias, que la legitimidad ha hecho recaer sobre mí. ¡¡Viva España!!».

Una vez más, ha quedado demostrado cómo la legitimidad es la base de la verdadera concepción monárquica española. No podía ser de otra manera. Porque legitimidad es la cualidad de la ley verdadera y justa, a diferencia de la legalidad, que puede referirse a una ley injusta y falsa. Por eso el legitimismo ha sido siempre defensor de la verdad política, contenida en unos Principios eternos, antes que de las Personas de una Dinastía, aunque ambas cosas, Principios y Personas, sean inseparables en la práctica de la vida real.

Y así llegamos a la evidente conclusión de que, no se trata de una mera cuestión dinástica lo que ahora se discute, sino de una cuestión monárquica. Dos distintas concepciones monárquicas están planteadas ante el porvenir político español: la Monarquía tradicionalista, popular y social, que defiende el Carlismo con su legitimismo dinástico; y la monarquía liberal, capitalista y reaccionaria, que sostiene el juanismo, fiel al significado de su línea dinástica ilegítima.

No hay más Comunión Carlista que la que acata a Don Javier como Rey y Abanderado de la Tradición. Los que siguen a Don Juan serán lo que sean, menos carlistas. Ni tienen derecho a hablar en nombre de la Comunión, ni a especular con la fama de los Requetés, ni a administrar esos prestigios al servicio de sus maniobras.

Febrero de 1958

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