CAPÍTULO 4. La financiación de obras públicas


Lo que se acaba de explicar muestra cómo las proposiciones de Douglas podrían ser aplicadas en la producción y distribución de bienes de consumo, los bienes que los individuos y las familias compran en el mercado. ¿Podría este método ser aplicado también a la producción y a los pagos de obras públicas?

¡Ciertamente! En este caso, al consumo se le denomina mejor “depreciación”: el consumo gradual por un razonable uso y desgaste; el envejecimiento de estos bienes. Es el público en su conjunto el que los consume, estando el público representando por el Gobierno, o por una administración pública local, como en el caso de escuelas, plantas abastecedoras de agua, edificios municipales, carreteras, aceras, sistemas de alcantarillado. Estas obras públicas, una vez llevadas a cabo, son, indudablemente, una nueva producción. Esta producción debe también, por tanto, ser financiada con nuevos créditos.

En el caso de los bienes de consumo, teníamos que los productores se financiaban ellos mismos a través del actual sistema financiero, sin excluir préstamos bancarios con interés; a su vez, teníamos que estos costes se cubrían mediante créditos sociales libres de interés, una vez que los bienes finales pasaban del mayorista al minorista que sirve a los consumidores. ¿Vendría a ser lo mismo para las obras públicas? Y, ¿cuándo se cubrirían mediante créditos libres de interés los costes financieros de esta nueva producción?

Normalmente –y el método debería venir a ser de uso general– los gobiernos y otras administraciones públicas confían la operación de estas obras a contratistas. La mayoría de las veces al licitador que ofrece un precio más bajo, tras haber comprobado su competencia y responsabilidad. Pues bien, el contratista se financiaría él mismo de la misma forma que los productores de bienes de consumo: o bien con fondos que ya tiene a su disposición, o con préstamos que podría obtener de un banco prometiendo devolver posteriormente el principal y el interés.

En cuanto a los nuevos créditos para financiar estas obras públicas, la administración pública que las hubiese realizado obtendría créditos libres de interés para pagar al contratista, una vez que la administración pública tomase posesión de estas obras completadas.

La población, que en este caso es el consumidor, pagaría entonces este consumo (en este caso, el uso y desgaste, depreciación) a medida que tuviese lugar.

¿Podría explicar usted esto mediante un ejemplo?

Hemos visto, al principio de este estudio, que el crédito real de un país reside en la capacidad de producción de ese país. Es un crédito social. Y todo el crédito financiero del país, estando basado en ese crédito real, es también un crédito social.

Por tanto, como hemos dicho, todo nuevo crédito financiero debe provenir de una Oficina Monetaria (que puede ser un Banco Central) que opere en nombre de la sociedad. Pero este crédito puede muy bien ser canalizado hacia la producción mediante el sistema de bancos que actualmente existe, y ser devuelto hacia su fuente a través del mismo canal, tras su uso en la producción y el consumo.

También hemos dicho que la Oficina Monetaria puede ser, en Canadá, el Banco de Canadá, a escala nacional; o una Oficina Provincial Monetaria, a escala provincial, en el caso de que el gobierno provincial tomara la iniciativa, si el Gobierno Federal no tomase medidas.

Para simplificar nuestras explicaciones, supondremos que el Crédito Social estuviese establecido en todo el Canadá.

Una vez que los planes para las obras públicas se presentasen a los representantes del pueblo –a Ottawa, si fuesen planes dentro de la jurisdicción federal; a la legislatura de la provincia en cuestión, si estuviesen dentro de la jurisdicción provincial; a las administraciones públicas locales, si recayesen dentro de su jurisdicción–, los representantes del pueblo no tendrían que preguntarse, en lo más mínimo, si estos planes son financieramente posibles, sino solamente si los mismos responden a las necesidades reales y si son físicamente factibles. Físicamente factibles, es decir, si la capacidad de producción del país puede llevar a cabo estas obras a la vez que continúa suministrando los bienes necesarios para responder a las necesidades privadas. En otras palabras, si esta nueva producción pública no obstaculiza una producción más urgente.

La decisión de proceder con los planes presentados o posponerlos, es tomada en consideración con independencia de cualquier preocupación financiera. La finanza llevará a cabo su papel: servir, y no decidir. Por lo tanto, ya no más menciones a presupuestos equilibrados, sino a una prioridad en el orden de las realizaciones queridas y posibles.

Como ejemplo, digamos que se está hablando acerca de un plan para la construcción de un puente. Se decide la construcción porque responde a una necesidad real, y porque no hay ninguna razón para temer que las actividades dirigidas hacia esta construcción pudieran perjudicar el suministro de bienes de consumo a las tiendas.

En un sistema financiero de Crédito Social, la financiación del puente no es un problema. Pero el Gobierno, sin embargo, requerirá licitaciones; porque, si la finanza refleja las realidades exactamente, un precio más bajo significa menos materiales, menos energía, menos tiempo…, por tanto, una menor porción sustraída de la riqueza real del país.

Digamos que es el contratista John Smith, el cual obtiene el contrato, tras su propuesta de 500.000 $. Este precio está planificado para cubrir todos sus gastos y un beneficio legítimo. Previó cuánto le costaría tomar prestado para pagar sus materiales y empleados, en caso de que no tuviese ya los fondos necesarios para este fin, intereses incluidos. Es su empresa, no del Gobierno. Toda su garantía consiste en que, una vez que el puente esté completado, podrá entregárselo al Gobierno y obtener 500.000 $, si la inspección muestra un puente construido completamente en concordancia con las normas acordadas.

Si el Sr. Smith está obligado a tomar prestado 200.000 $, o 300.000 $, o incluso la cantidad total de 500.000 $, eso es asunto suyo. Si él trata con los bancos, él se las arregla con ellos. El Gobierno no tiene nada que ver con eso.

Como en el caso de la producción privada, si Smith toma prestado de un banco, el banco prestamista está totalmente justificado para requerirle un interés a fin de cubrir sus costes operacionales y los riegos en que incurre cualquier institución prestamista.

Una vez que el puente está completado, es, por supuesto, propiedad de John Smith, si bien a él no le sirve de nada. Así pues, se da prisa por entregárselo al Gobierno, el cual, tras su inspección y aceptación, le paga el precio acordado, 500.000 $.

Este precio incluye todo: no sólo el coste de los materiales y del trabajo; no sólo el beneficio que John Smith había incluido en su precio al preparar su licitación, sino también los costes financieros que él había previsto.

¡Ah! ¿También los costes financieros, el interés sobre sus préstamos? Entonces, ¿esta nueva producción no será pagada con nuevo dinero libre de interés?

¡Sí, lo será! De hecho, al igual que el minorista cuando tratábamos acerca de los bienes de consumo, el Gobierno obtendrá la cantidad total en un nuevo crédito financiero, libre de interés, para pagar por esta nueva producción final.

¿Cómo y dónde obtendrá este dinero?

Lo obtendrá de la fuente del crédito financiero social, el Banco Central: o bien directamente, o bien a través de un banco comercial que sirva como canal para este fin. Y en este caso, el banco comercial lo obtiene a solicitud, a través de un simple cheque, de la fuente del crédito, por tanto, del Banco Central.

Entonces, ¿el gobierno está ahora en deuda por valor de 500.000 $ con el Banco Central, directamente o a través del banco comercial?

En absoluto. No hay endeudamiento alguno. El puente es riqueza creada por la población del país, no sólo gracias al trabajo de aquéllos que directamente contribuyeron a él, sino también gracias al trabajo de todos aquéllos que suministraron las cosas que permitieron a los obreros de la construcción del puente llevar a cabo sus labores: comida y necesidades de todo tipo. Los empleados del puente han pagado por estas cosas, por supuesto; pero estas cosas son la producción de la población, o, en caso de que ciertos bienes fuesen importados, ello fue a cambio de producción doméstica exportada.

La población no puede quedar endeudada por su propia producción, así como no puede exigirse a un panadero que pague por el pan que él mismo ha producido. Si el puente canadiense hubiese sido construido por Méjico o China, entonces podría registrarse como una deuda canadiense hacia Méjico o China. En un sistema financiero sano, en conformidad con la realidad, una deuda pública, una deuda nacional, solamente puede existir con respecto a un país extranjero, cuando uno ha obtenido de un país extranjero más cosas reales (trabajo, materiales, etc.) que lo que uno ha suministrado a ese país en cosas reales.

Pero, en el caso de los bienes de consumo, teníamos que el minorista devolvía al Banco Central, libre de interés, la cantidad que él había obtenido para tomar posesión de los bienes finales; él tenía que devolver al banco el crédito que había obtenido a medida que vendía sus bienes.

Eso es correcto. Él extraía este dinero de los consumidores que compraban los bienes. Él les estaba haciendo pagar por el consumo de los bienes, no por la producción, la cual fue financiada con el nuevo crédito libre de interés, proporcionado por el banco al minorista.

Y en el caso de la producción pública, en el caso del puente, ¿el crédito libre de interés obtenido de la fuente, del banco, también será devuelto a la fuente? Y, si es así, ¿por quién y cómo?

Las cosas funcionan aquí exactamente como en el caso de los bienes de consumo. La población no tiene que pagar por la producción del puente, el cual es, como acabamos de explicar, su propia producción; pero sí pagará por su consumo, es decir, el uso y desgaste, la depreciación, a medida que se consume. Esto sigue estando en concordancia con el principio expuesto por Douglas: la nueva producción debe ser financiada con nuevos créditos, y la retirada de crédito debe realizarse en proporción al consumo, por consiguiente, a medida que la riqueza que así ha sido creada y financiada desaparezca.

Si volvemos a la comparación con el pan del panadero, el panadero no tiene que pagar por la producción de pan realizada por él mismo, sino que es aquél que lo come el que paga por su consumo. En el caso del puente, es el público el que lo “consume”: por tanto, es el público, la población, el que pagará por él, no como productor, sino como consumidor.

¿Cómo pagará por el puente la población?

Digamos que se prevé que el puente durará al menos 50 años. Se deduce una media de depreciación de 10.000 $ al año. Así pues, son 10.000 $ al año lo que se exigirá al público que devuelva al Banco Central, de tal forma que la finanza pueda realmente ser el reflejo de las realidades económicas.

Al final de los cincuenta años, con independencia de si el puente está totalmente “consumido” (desgastado) o no, el público no tendrá que continuar ya más con estos pagos. Uno no puede consumir algo dos veces; así pues, la población no debe tener que pagar por él dos veces, así como el consumidor de pan no debería tener que pagar al panadero dos veces por una hogaza. Se requiere un sistema financiero absurdo y saqueador, como el actual sistema, para hacer pagar a la población dos veces por sus plantas abastecedoras de agua, escuelas, puentes, carreteras (¡incluso por las guerras que ha combatido… y ganado!).

¿Es a través de los impuestos como el Gobierno retirará del público las cantidades anuales para pagar por el “consumo” del puente?

Las retirará mediante un método recaudatorio que puede variar; no necesariamente mediante el actual método de impuestos, que es gravoso, tosco, caro, y a menudo injusto. Podría hacerlo por vía del mecanismo de ajuste del precio, añadiendo los 10.000 $ anuales a la cantidad de “consumo”, lo cual afecta a los precios para todo el mundo, cuando sea el caso de un consumo realizado por todo el mundo, como en el caso del puente.

¿Y si, por accidente, o sabotaje, el puente se derrumba al término de diez años?

Esto haría subir, repentinamente y por la cantidad del valor desaparecido, el consumo total del país para el período corriente o actual; y se liquidaría mediante el mecanismo de ajuste del precio: un ajuste de todos los precios. Habiendo visto que los precios, bajo un sistema de Crédito Social, se ajustan, a partir del precio de coste, de acuerdo con la tasa o ratio de consumo en relación a producción, resulta claro que, cuanto más se incremente el consumo total en proporción a la producción total, más decrecerá el descuento compensado del precio.

Entonces, el consumidor pagará más por todo lo que compre, y más dinero volverá hacia su fuente. Esto está en concordancia con el principio expuesto antes, que afirma que la finanza debe ser el reflejo exacto de la realidad.