Tema: Correcciones a la Constitución de 1978 para hacerla mínimamente aceptable

La familia española cristiana tradicional de siglos: institución milenaria a demoler ya en el proyecto de Constitución

Revista FUERZA NUEVA, nº570, 10-Dic-1977 No he de callar (…) Ahora (…) aquí, al silencio de los mandrias se le va confundiendo cada vez más con la prudencia política. Pero quisiera subrayar que los cristianos no tenemos derecho a ser mandrias, y por eso no debemos callar por más que “silencio avisen o amenacen miedo”. Allá todos los demás con sus habilidades y sus astucias, con su aconfesionalismo (con su no atreverse a confesar a Dios ni a su Iglesia), con sus curiosas connivencias con todo enemigo de Cristo, respetando sus ideas, tolerando y transigiendo en todo lo accesorio (como la fe y la moral, por ejemplo) para lograr el acuerdo en lo esencial (sólo la democracia y a todo tirar el bienestar económico), con su basura perfumada. Nosotros no podemos callar ni transigir. *** Ahora (1977), por ejemplo, se ha celebrado en Madrid un “Seminario Nacional de la Familia”, en cuyas conclusiones se empieza con la historia de que “la procreación no es el único fin de las relaciones sexuales”, con la “necesidad de difundir una nueva consideración de la sexualidad”, por lo que hay que reglamentar la gaita de los contraceptivos. Luego, respecto al aborto, se dice: “no, pero…”; y respecto al divorcio se sostiene que “ya que las causas salen tan caras, hay que buscar una fórmula baratita”. En un par de lugares se toma como cosa propia la defensa de las madres solteras (tal vez a alguno de los autores de todo eso le agradaría que le dijesen “viva la soltera que te parió”. En otros se evita el empleo de la palabra matrimonio, que sustituye por “la pareja”. Todo esto constituye el aspecto repugnante de ese simposio o contubernio dedicado a machacar los fundamentos de la familia, promovido con el pretexto de estudiar la problemática familiar… y organizado y financiado desde un ministerio del Estado español, el Ministerio de Cultura. De donde yo infiero que titular de ese departamento tiene una idea muy pobre de lo que es cultura y que de la familia tiene un concepto harto peyorativo. De lo único que se ve que saben mucho ese ministro y sus colaboradores es de moral…, de moral de situación, por supuesto. Porque la moral natural y la revelada son dadas de lado y despreciadas olímpicamente, hasta silenciadas en absoluto. Lo grave es que, gústele o no le guste al ministro del ramo y al atildado director general organizador inmediato del penoso show, hay unas normas inmutables sobre toda esa TEMÁTICA y PROBLEMÁTICA de la familia, porque, sin pedir permiso a ningún Ministerio democrático, fue Dios quien instituyó el matrimonio y la familia y quien, sin referéndum ni presentación de proyecto alguno a ninguna Cámara legisló sobre ella lo más conveniente para la felicidad de las criaturas y para la gloria del Creador. Y todos los poderes humanos resultan canijos para atreverse a intentar voltear lo que está establecido por el Todopoderoso. *** Pero si todo eso es la parte repugnante del reciente aquelarre sociocultural, también existe un aspecto pintoresco. Así, cuando leo en una de las conclusiones: “La educación es pieza clave de toda lucha contra la diferencia de sexos”, me pregunto: Si se quiere luchar contra la diferencia de sexos, ¿qué va a quedar de la sexualidad? ¿Vamos a unificar el sexo? Entonces, ya no se podrá hablar de sexo. Por otra parte -aunque esto quizá lo ignoren los pozos de ignorancia que han constituido el seminario-, las diferencias existentes entre un hombre y una mujer cualesquiera, como quiera que se hayan inscritas en cada una de las células de cada uno de su organismo, se cuentan por billones. Difícil tarea la de quitar tantas diferencias. Y más si se trata de conseguirlo por medio de la educación no es nada cambiar billones de cromosomas y docenas de billones de genes con la educación (…) Parece mentira que dentro de la especie Homo sapiens hayan llegado a producirse ejemplares de imbéciles de pura sangre como los que han redactado esta conclusión. Misterios de la genética. Cuando tales cosas se promueven desde donde esto ha sido promovido, ya no parece que valga la pena de preguntarse, como aún se preguntan algunos ingenuos: “¿a dónde nos quiere llevar esta gente?” Ahora la pregunta solo puede ser ésta: “¿Seremos tan… (no me atrevo a escribir la palabra justa) que nos dejemos llevar? *** Hace cosa de un año, al conocer el texto de la Ley de Reforma Política (1976) que se iba a someter a referéndum, me pregunté, desde las páginas de “El Pensamiento Navarro”: ¿REFORMA O APOSTASÍA?, y también aquella pregunta resulta ya ociosa. Con lo que se ha filtrado del proyecto de Constitución (que en su día será mansurronamente votada) es más que suficiente para comprender que, aunque no se haya cacareado, tiempo hace que se ha logrado el consenso entre el Gobierno y los partidos, y que el texto de este pacto es el de siempre que los reyes y los príncipes se sublevan y se confabulan contra el Señor y contra su Ungido: “Rompamos sus ataduras. Arrojemos lejos su yugo”. Guillermo ALONSO DEL REAL Catedrático

Un comentario ante una filtración del proyecto de Constitución sobre la instauración del Jurado y la acción popular en la Admón de Justicia

Revista FUERZA NUEVA, nº 570, 10-Dic-1977 Caballeretes La debilidad de un caballerete, padre de la Patria, que empeñó su honor en un pacto entre caballeros para guardar el secreto de las deliberaciones sobre el borrador de la Constitución, nos ha deparado a los españoles la feliz circunstancia de conocer la calaña de la Constitución que se nos prepara. Dejando de lado otros desaguisados -de algunos de los cuales, tardíamente se lamentan nuestros obispos, que han hecho todo lo posible, con sus ambigüedades, sus cobardías y sus reticencias, por que saliera una Constitución laica-, se nos prepara en la nueva Constitución la desaparición del Poder Judicial. Así como suena. No es que ya el Poder Judicial va a dejar de ser independiente, sino que se trata de triturarlo y erradicarlo como tantas otras instituciones. Un artículo del borrador dice: “Los ciudadanos participarán en la administración de Justicia, en la forma que determinan las leyes”. En su consecuencia, van a meter las narices en la misión de juzgar las Comisiones Obreras, las Asociaciones de Barrio y la Liga de Homosexuales, a través de esa participación ciudadana, de ese Jurado que se quiere introducir como fundamento de la “Justicia Democrática”. El juez dejará de ser ese hombre independiente, de misión excelsa, de vida austera, de honorabilidad intachable, para convertirse como camarada asesor de los Tribunales Populares, en instrumento de bajezas y de ruindades. La intriga política, la revancha y las pasiones de toda índole van a tener su asiento en esas Salas de Audiencia donde, hasta ahora, los jueces han hecho realidad las ansias de justicia del pueblo español. Si aún quedaban en España unos órganos llenos de prestigio, esos eran los Tribunales de Justicia. Tal vez pensando en que la Justicia no se ha doblegado ante los enjuagues de Suárez, estos caballeretes parlamentarios han creído que el mejor modo de eliminar “un residuo del franquismo”, como desde ciertos medios bien conocidos se califica a los Tribunales de Justicia, sea el de introducir en su seno ese elemento indeseable de discordia que es el camarada miembro del Jurado. Amigos, una maniobra tan burda como ruin. Propia de caballeretes. Jaime CORTÉS

Ante el borrador definitivo de la Constitución

Revista FUERZA NUEVA, nº 575, 14-Ene-1978 Editorial La Constitución del entreguismo (…) Si nos atenemos al borrador definitivo de la Constitución que al parecer se nos quiere dar a los españoles, consecuentemente al proyecto elaborado por la Comisión correspondiente del Congreso, tal Constitución adolece de todos los defectos básicos para no ser, ni por asomo, no ya arquetipo de tal texto legal, ni tan siquiera un relativo mal ejemplo a imitar, sino más bien el producto del sectarismo, de la incompetencia, de la vaciedad, pero, sobre todo (y esto es lo más grave) del entreguismo del partido mayoritario (UCD), que desafortunadamente nos desgobierna, ante la presión de la izquierda y sus pactos con el marxismo-separatismo. No sólo es un pobre ejemplo de lo que debe ser un texto legal de tal trascendencia, que da la sensación de estar realizado, al parecer, por gentes de ínfima talla intelectual, farragosa en parte de su articulado, inconcreto en la mayoría de sus títulos y enunciados, sino que se puede calificar como la mayor capitulación del poder ante las exigencias de los tradicionales enemigos de España y una muestra de hasta dónde esa capacidad de entrega del partido mayoritario, y con ello el Gobierno Suárez, no tiene límite alguno razonable, o, al menos, consecuente con la esencia del pueblo español. Pocas pruebas más claras de entreguismo podemos encontrar que esta transacción del Gobierno Suárez, en la redacción constitucional, con el dogmatismo marxista, con el ateísmo liberal, con las razones oscuras de la masonería, con los deseos antiespañoles de los separatismos. Se trata de una Constitución que no sólo recoge en gran parte el espíritu y letra de la Constitución de la Segunda República española, de tan triste memoria, sino que la “perfecciona” aún más en lo demagógico, de claro alcance destructor para con la verdad histórica y espiritual de España. Por ejemplo, en cuanto a las Fuerzas Armadas, rompe hasta el sentido etimológico de las mismas, al separar -vieja imposición marxista- claramente a los Ejércitos de las Fuerzas Orden Público, hasta ahora (1978) estas últimas integradas de pleno derecho y realidad orgánica en el seno de aquéllas, atribuyéndoseles a ambas fines distintos y rompiendo con ello su unidad, hasta el momento sostenida. Es más avanzada en lo negativo, antinacional y antirreligioso que cualquiera de las Constituciones anteriores, incluida la de 1869 y no digamos que la liberal de 1876. Suprime los naturales estamentos sociales que se recogían y establecían en la misma Constitución de 1876 y hasta se coarta la autoridad del Rey, al quedar el Monarca despojado de todos los poderes que eran reconocidos al Jefe del Estado en la misma Constitución Republicana o en la de 1869, quedando en la presente reducida su figura al “augusto cero” que decía Vázquez de Mella. Pero, sobre todo, es la Constitución de la total ruptura y del ateísmo oficializado, con la plasmación de un estado de poder totalmente de espaldas a la tradición de cuánto es y representa la Patria española.

Otra denuncia contra el intolerable intrusismo partitocrático-constitucional en la Justicia

Revista FUERZA NUEVA, nº 576, 21-Ene-1978 Justicia y política Según avanza el proceso constituyente español, es desconsolador observar que la Justicia -sin perjuicio de rectificaciones o concesiones de detalle, estimables en la intención, pero no en el resultado- sigue abocada a una sensible politización. El pueblo español viene acostumbrado a todo lo contrario; es decir, a cifrar su confianza en la neutralidad y en el apoliticismo de sus jueces. La Justicia se encuentra en el quirófano, del que Dios quiera salga ilesa y no disminuida e irreconocible, por obra, más bien, de un mimetismo comparatista que de una autóctona y decantada experiencia. El cercano ejemplo de algunas Judicaturas latinas de Europa, agitadas y desunidas por influjos políticos, no puede decirse que sea orientador en este terreno. Realismo contra nominalismo, es de ver cómo, por más que ahora -y ello es de agradecer- vuelva a hablarse de “Poder judicial”, cuando antes se hablaba de “Justicia” o de “Administración de Justicia”, no es dudoso que la Justicia era más “poder” cuando ni siquiera se llamaba literalmente así que cuando vuelve a recibir constitucionalmente, tan reverencial título si, a cambio, se la somete, por primera vez en su historia moderna, a un claro “intervencionismo” o “dirigismo” político parlamentario, a través de un Consejo rector extrajudicial en buena parte, en el que se barajan y entremezclan atribuciones de dirección y disciplina, propias hasta ahora (1978) de sala de Gobierno, con otras de calificación y promoción, inherentes al Consejo Judicial propiamente dicho, con lo que la política y, más concretamente todavía, el signo preponderante en cada legislatura, dispondrá de los destinos del personal judicial. Sin independencia orgánica, la independencia funcional se hace ardua y precaria. *** Avanzada la gestación constitucional, no hay motivos para el optimismo. Con todo, el deber de advertencia leal en este trance, como público exponente de opiniones judiciales individualizadas -la opinión corporativa, bien conocida por lo demás, no ha sido recabada en modo alguno ni ha encontrado canales adecuados de expresión- es ineludible hasta el final por parte de quienes, con calificado deber moral al efecto, tengan posibilidad de hacerlo. Si el mal temido llegara a consumarse, el actual cuadro directivo de la Justicia, impotente y mudo testigo del naufragio, sería, ya para siempre, con culpa sin ella, “el de los tristes destinos”, El caso es que según el artículo 112 del borrador constitucional resultante de la segunda lectura, el Consejo General de la Justicia estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo e integrado por veinte consejeros, doce de ellos en representación de las diversas categorías de las carreras judiciales, y ocho juristas más, de reconocida competencia, con más de quince años en el ejercicio de su profesión, propuestos por el Congreso de los Diputados. Esquema este tan “intervencionista” como el primitivo, del que tan sólo viene a diferir en el tanteo de consejeros, según su procedencia. Es cuestión de principios y no de cubileteo de números en las votaciones, en las que, además, sería poco edificante que aparecieran sistemáticamente enfrentados judiciales y extrajudiciales. Ante la fórmula apuntada, surge un cúmulo de amargas preguntas: ¿Por qué esta intrusión política en el área de la Justicia? ¿A qué antecedentes, causas o finalidades responde; es ensayo o es retorsión? ¿Qué motivos ha dado la Justicia para esta intervención foránea? ¿Qué conocimiento directo de la personalidad, historial, méritos y deméritos de los magistrados van a tener los extraños, limitados a los datos que pueda aportar la inspección, y llamados, no obstante, a entrar hasta en las intimidades del personal judicial, más propios, acaso, de la discreción de un Tribunal de honor que susceptibles de ser aireadas en una heterogénea asamblea? Si se desea la presencia de caracterizadas representaciones jurídicas o forenses, como pudieran ser los Colegios de Abogados y de Procuradores y la Academia de Jurisprudencia, ¿por qué no han de ser estas Corporaciones las llamadas a designar sus propios representantes, en vez de hacerlo la Cámara Baja? ¿Por qué viene la democracia a prohijar una fórmula intervencionista en la Justicia no muy distinta en esencia de la intentada en 1973-74 (franquismo) y que hubo de ser abandonada entonces por el propio Parlamento, que supo ceder ante la fuerza suasoria de las impugnaciones? Coincidente con lo que aquí se dice, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, señor Granados Weil, se ha pronunciado en la revista corporativa contra la politización de la Justicia *** En años y años, la Justicia española no tiene por qué avergonzarse ni arrepentirse de nada que se parezca a dócil sumisión a dictados distintos de los de la Ley. Así, por sólo citar dos muestras donde tantas abundan, baste decir que es ya Historia cómo, en pleno régimen del general Franco, el Pleno del Tribunal Supremo no vaciló en procesar, previa autorización parlamentaria y provocando con ello una crisis de Gobierno, a varios ministros y dignatarios, y ello no ya por rapacidad, sino por meros indicios de descuido, lesivo en la gestión y defensa de fondos públicos; contratiempo encajado serenamente por el Poder político, por más que, fuera ya del área de la jurisdicción y en la línea de endémica prodigalidad nacional en el ejercicio del derecho de gracia, se promulgara después un indulto general que alcanzó a estas personas, sin llegarse al juicio, en el que hubieran podido confirmarse o bien desvanecerse los cargos iniciales de negligencia. Ya en la presente etapa democrática, el Tribunal Supremo patentizó su desgana por la política rehusando, como ajeno a su jurisdiccional competencia, el menester de legalización de partidos políticos que le confería el Gobierno Suárez. Ni la Judicatura tiene por qué entrar en la política ni ésta en la jurisdicción. Tal es el Estado de Derecho. Así pudo alcanzar tan larga vida la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1870, coexistente, en su prudencia, con diversos regímenes políticos y Constituciones. Buen ejemplo. A ningún judicial puede serle ajeno el tema que nos ocupa. Pero menos que a nadie podría dejarnos indiferentes a los magistrados veteranos próximos a transmitir la antorcha, con la ilusión de legar al escalón de relevo la misma Justicia servida y vivida por nosotros, firme, independiente y prestigiosa. Es más, preclaros magistrados y fiscales, jubilados ya -Ogáyar, Reol, González Díaz-, acaban de romper lanzas por esta causa, con tanta sensibilidad como brío y desinterés. Pase lo que pase y como siempre, por descontado el acatamiento a la ley, constitucional o no, mientras rija. Pero si ello es con quebranto de algo tan preciado como la independencia judicial, sobre la Justicia española habrá caído una inmensa tristeza. Adolfo DE MIGUEL GARCILOPEZ “ABC” (11-1-1978)

"Mediocridad" de la Constitución

Revista FUERZA NUEVA, nº 577, 28-Ene-1978 Página del director Mediocridad (…) Hablé el otro día de las prisas, esa premura gubernamental que tan fatales resultados da. Esa precipitación alocada se nota, más que nada, en la elaboración de la Constitución. Quiere confeccionarse rápidamente. Ignoro la razón de tal agobio. Pero de ese atropello no puede salir nada bueno. Y no ha salido ya en su borrador, en el que todos coinciden calificar como subproducto del más bajo intelecto religioso, moral y político. Es, ni más ni menos, una constitución analfabeta, dirigida sin duda a los hotentotes o los jíbaros (…) Duda Julián Marías, poco sospechoso de “ultraísmo” de que se haya “pensado” al redactar el abundoso y cargante articulado. Y asegura que el proyecto “no tiene enmienda”. Hay que rechazarlo de lleno, totalmente. Sin hacer caso de esos “expertos” que algunos partidos han llamado en su auxilio. “El texto es demasiado extenso y prolijo”, dice el profesor Sánchez Agesta. “Sobran los idealismos inocentes”, asegura el profesor García de Enterría… Por lo que veo que tampoco los “expertos” dan con la clave, se andan por las ramas y no quieren reconocer la verdad. No hablemos de Ruiz-Giménez, que, como si fuera un ministro plenipotenciario de Ganímedes, de donde dicen que proceden los extraterrestres, ha dado el visto bueno a la “Pepona” o “Positrona”, o lo que quieran llamarle al texto en discusión, diciendo que “Esta Constitución es fundamentalmente buena”. Tal vez la ha comparado con el texto soviético y le parece así. También Ricardo de la Cierva echa un cuarto a espadas por la Constitución, no porque le guste, sino por chinchar a Marías, contra el que arremete con fútiles argumentos. Y hay otras reacciones también agresivas contra el senador real y antifranquista (Julián Marías), en quien sospecho que ha causado más desazón la lectura del texto constitucional, porque, como buen liberal y utopista, creía que la democracia iba a ser la gran panacea de España. Lo demuestra en su artículo "Nación y nacionalidades: https://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1978/01/18/LVG19780118-007.pdf que tanto revuelo ha armado, cuando se cubre con reticencias y falacias sobre el anterior Régimen; porque le cuesta dar su brazo a torcer y reconocer que con esta “legión de neurópatas” y, sobre todo, hatajo de mediocres no puede salir nada, y menos una Constitución. (…) Nos gobierna, pues, la mediocridad. Y eso explica que salga una Constitución como la que ha aterrado a Julián Marías y ha gustado tanto a Ruiz-Giménez. Porque está hecha por los que describía Menéndez Pelayo como “homicidas lentos de su propia conciencia y energías”, y Manuel Aznar calificó recientemente de “seres desmedrados”. Pero como mediocridad y contumacia son hermanas, ya veremos como la Constitución, como otras barbaridades, saldrá adelante. Porque, sin duda, estamos viviendo la culminación de la axioma de Le Bon: “La edad moderna representa el triunfo de la mediocridad colectiva”. Vamos… democrática.

La libertad de enseñanza, regulada por la Constitución de 1978, «educa» a los hijos no de la forma que quieren los padres sino los “educadores”, contrariando así el derecho natural.

Revista FUERZA NUEVA, nº 596, 10-Jun-1978 LA CUESTIÓN DEL ARTÍCULO 26 (*) Por D. Elías (sacerdote) SIEMPRE hemos dicho aquí que la lógica de los hechos acababa por imponerse sobre la lógica «bienpensante». Nuestras familias, en fuerza de esa lógica de los hechos, se encuentran ahora ante la posibilidad de que les «eduquen» a sus hijos, de la forma que quieran los educadores, contra todo derecho natural. Pero ha llegado el momento de vivir con los pies en el suelo y decir NO, de la forma más sonora posible. La trampa de la gratuidad está siendo explotada una y otra vez, abusando de la ignorancia de unos, la imprevisión de otros, la socialistización de no pocos y la habilidad de los partidos que nos han llevado a esta situación. Quien piense en cristiano no puede aceptar otro derecho superior a la educación que el derecho de las familias, y en modo alguno puede admitir condicionamientos. Los padres reciben de Dios el derecho a educar y nadie puede restárselo lícitamente. Creemos que éste es un asunto no discutible para un creyente, y en el que no cabe diálogo ni discusión, porque un derecho inalienable no se discute ni se negocia. Cabrá la discusión en la forma de financiación, en el modo de subvención o en los métodos mejores para que la familia ejerza su derecho, pero el derecho es intocable. *** Y esa intocabilidad debe quedar bien clara en la Constitución, o los padres deben rechazarla sin más. No puede quedar abierto un portillo para que en el futuro el partido «A» o el «B» ponga las cosas de modo que los padres deban aceptar forzosamente, si no tienen dinero suficiente, la educación que desde arriba se quiera imponer a sus hijos. La cosa es así de clara, y todo lo que sea complicarla con palabras ambiguas es tratar de confundir. • Es deber de los Estados hacer posible la educación de todos y cada uno de sus ciudadanos. • Esa educación debe realizarse según el criterio de los padres, educadores natos ante Dios y la sociedad. • En su consecuencia, no debe hacerse discriminación ni económica ni de ninguna otra clase en cuanto a las posibilidades de recibir la educación. Habría discriminación si en los colegios no estatales los padres tuviesen que hacer gasto superior al que hacen los padres que tienen sus hijos en colegios estatales. Habría discriminación si el trato recibido por los profesores de la enseñanza no estatal fuese de peor calidad que los estatales. Por otra parte, se haría injusticia si los padres o los colegios se viesen obligados a aceptar, por razones económicas, un proyecto educativo que repugne a su conciencia o a sus principios éticos. La cuestión, en este aspecto, está planteada de forma muy sencilla: para unos, es el Estado quien debe educar, y para otros, el derecho corresponde a la familia. En función de estos dos principios se plantea todo lo demás. La Constitución, en cuanto al 26 (*), se apoya en el primero, aunque en apariencia conceda algo al segundo principio. No hace falta ser demasiado listo para verlo. Y aún en el mejor de los casos, deja puerta al partido de turno para aplicar el primero. Dejemos a un lado sutilezas, porque la cosa es así. • • • Iglesia somos todos, no sólo clérigos y obispos. Es perfectamente explicable que la Jerarquía no se haya hecho beligerante ya, para no crear más problemas, pero esto no significa—creemos— inhibición. Todos somos Iglesia, y esos todos debemos reaccionar desde ya mismo. La Jerarquía tiene su momento de actuar, pero el nuestro ha llegado ya. Es obvio que los partidarios de la estatalización no dejarán piedra por mover para conseguir su objetivo. Nosotros, honrada y limpiamente, con la seguridad de que seguimos la línea cristiana, que está fuera de toda discusión, hemos de usar todos los medios lícitos para que nuestra voz llegue a todas partes en demanda de que se haga bueno el derecho de los padres, recibido de Dios.

(*) En la redacción final y vigente: artículo 27

"España ¿delenda est?"

Revista FUERZA NUEVA, nº 598, 24-Jun-1978 ESPAÑA ¿DELENDA EST? La Antiespaña está en triunfo apoteósico. El cenagal hispanicida va invadiendo el ámbito de nuestra vida pública, y sus resortes destructivos de resentimientos, xenofobia, encono partidista, trágala y espíritu de discordia intestina parecen entrar en acción para la tarea que se pretende asuman los mismos españoles, de dar de baja a España, cesar a España, como dice Julián Marías, desde dentro con los estatutos y las nacionalidades extraídas del buceo en los fondos del primitivismo y el medievalismo y la entrega a los particularismos disgregadores, y desde fuera con el intervencionismo extranjero y su vasallaje colonial, pedido y suplicado desde aquí en romería pordiosera a los medios políticos extranjeros por parte de políticos, parlamentarios y partidos que están destruyendo así la imagen y el papel internacional de España. Se trata incluso de raer el nombre de España de la conciencia, de la convivencia y la voluntad de destino de los españoles. Es un caso único el de unos gobernantes, unos parlamentarios, una clase —«sin clase»— política y unos medios de comunicación a los que parece repugna y avergüenza pronunciar el nombre de España, como si hacerlo fuera algo denigrante, vitando, ofensivo, y para eludirlo buscan sustitutivos léxicos, acompañados, eso sí, con clara connotación de desdén y menosprecio, del demostrativo «este» país. Maciá, Leizaola, Aguirre, Monzón, Ventura Gasol, se negaban a pronunciar la palabra España porque les repugnaba; lo dice Azaña en sus Memorias». Cuarenta años después, los políticos profesionales de nuestra nueva «democracia» se convierten en émulos e imitadores suyos. Se habla oficialmente de una Patria plural, lo cual es una «contradictio in terminis», un imposible metafísico, y se prohíbe en España el empleo de la bandera española para la exaltación de ambas, tildándolo de partidismo político y enclaustrándola en los recintos y actos oficiales, pero se exhiben las banderas regionales y separatistas de las nacionalidades para glorificarlas, sin que se califique de partidismo. El patriotismo, referido a España se considera anacrónico, desfasado, aldeano, pero al patrioterismo vernáculo se le rinde grotesca y humillada reverencia, compitiendo en ello Gobierno y Parlamento, y, sobre todo, nuestro socialismo señorito-burgués, que se olvida de la posición (en teoría y para la galería) de humanismo y superación de fronteras de los credos socialistas para volcarse alabardera y palafreneramente en el servicio y fomento de nuestros nacionalismos pigmeos. CONFISCACIÓN PATRIA Esta especie de confiscación patricida, de acción depredatoria de los valores hispánicos, se centra y concentra principalmente en el área de aquéllos en que ha brillado inmarcesiblemente el genio de España y su aportación decisiva a la civilización occidental, y en la de su vehículo universal, el idioma español, segundo en importancia en el mundo y de los primeros como instrumento de una cultura prócer, cual si hubiera llegado la hora de su liquidación forzosa en la pobre almoneda casera y aldeana de los particularismos centrífugos. Es todo un símbolo de este proceso disolutorio y regresivo que se lleven la palma en la defenestración de la Hispanidad, con todo lo que significa en el mundo, precisamente los Ministerios de Educación, Cultura, Regiones —éste último a cargo de un catedrático universitario— y Asuntos Exteriores. Se ha rebautizado al Instituto de Cultura Hispánica, cargado de logros y prestigio, erradicando su glorioso adjetivo, en actitud, que no se oculta, de renunciar a la acción y la proyección intelectual y cultural de España en América, a la cual la literatura oficial y sus órganos se empeñan en calificar de Latinoamérica. La proyectada gran Plaza de la Hispanidad en la capital de España se redujo a Plaza del Descubrimiento, y no se han empleado las esculturas y símbolos recordatorios de nuestra gesta americana, sustituidos por un par de pedruscos. Al milenario de la Lengua Española se le ha aplicado el vacío y la conspiración del silencio, limitándolo a un protocolario acto oficial, en el que casi se pidió perdón a las lenguas «vernáculas» por el homenaje. Pero es el Ministerio Cabanillas, oficialmente Ministerio de Cultura, uno de los principales instrumentos de la política apátrida. Su RTVE, en palabras de Girón, está en clara línea antiespañola. El nombre de España ha desaparecido prácticamente de su vocabulario. Un hecho, entre mil, que se califica por sí mismo: venía publicándose la revista «Poesía Española», después se llamó «Poesía Hispánica», ahora se titula tan sólo «Poesía». Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia y sobre todo el presidente Suárez se disponen a entregar éstas a las nacionalidades, en cuyas manos xenófobas la lengua y la cultura española, sometidas a estado de excepción permanente, se estudiarán como pertenecientes a una nación extranjera, como una asignatura, y con menosprecio y vilipendio. Y en el transcurso de unas generaciones la población de las «nacionalidades» y regiones, espiritualmente manipulada, no se considerará española ni a España su Patria porque se le habrá imbuido que su patria es tan sólo la taifa o balcán respectivos. Y la población afectada por el proceso autonómico alcanza hasta ahora al 72 por 100 del total. Es obvio, por otra parte, el retroceso pedagógico, intelectual y científico, consecuencia inevitable de semejante proceso, que puede conducirnos al subdesarrollo cultural, tipo tercer mundo, al mismo tiempo que la crisis y el desgobierno nos llevan al subdesarrollo económico. EL DERRIBO CONSTITUCIONAL La nueva Constitución, vaciada en el molde de la ambigüedad más absoluta que posibilite negaciones, subversiones, y «bombas retardadas» en el futuro, podrá establecer constitucionalmente el óbito o cese de España a que antes nos referíamos, al consagrar el principio de las nacionalidades y la posible cesión entreguista a ellas de todos los componentes consustanciales al ser, la soberanía y la personalidad de España: además de la enseñanza y la cultura, la justicia, la función pública, el orden público, el gobierno político, los servicios públicos, y al reducir el idioma español a lengua oficial, burocrática, del Estado y empequeñecerla a la condición de lengua regional equiparada a las vernáculas, puesto que por primera vez en nuestra historia constitucional se le llama «castellano», con flagrante incultura lingüística, histórica, geográfica, jurídica, etc. Por ello, el engendro constitucional, obra conjunta de la oligarquía triunviral, UCD. PSOE, PC, con la colaboración entusiasta del partido acólito AP, y al dictado de las dos minorías de las nacionalidades prefabricadas, que implica la pulverización material de la nación y del Estado, no podrá ser nunca la Constitución de los españoles, porque está inspirada en el ateísmo y en el espíritu de Sabino Arana y de Maciá. Carmelo VIÑAS Y MEY

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL «ROMPIMIENTO» NACIONAL

Revista FUERZA NUEVA, nº 599, 1-Jul-1978 LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL «ROMPIMIENTO» NACIONAL ¡VAYA Constitución que les ha salido a los Padres de la Patria! Claro que no se pueden pedir peras al olmo. Querer, al mismo tiempo, buenos demócratas, excelentes paladines de la libertad, conspicuos antifranquistas y, además, magníficos parlamentarios, es ya demasiado. iY así ha salido la cosa! Con los mimbres que se cortaron el 15 de junio (1977, elecciones) no podía salir un buen cesto. Y, como era de esperar, en vez de una Constitución les ha salido los Principios Fundamentales del Rompimiento Nacional. Se ha hecho tal galimatías, tal tabla rasa de las esencias del pueblo español, se han consignado tantas incoherencias y, sobre todo, se ha escrito con tanta ambigüedad, tanta inconcreción y tanta contradicción —con un estilo tan puramente taranconiano— que ya veremos si tenemos Constitución para un par de años. El procedimiento ni ha sido democrático ni fruto del consenso. Todo lo contrario: La Constitución se ha cocido en restaurantes, pasillos y despachos. No ha sido la Constitución del consenso, sino la del asenso. La Constitución se ha hecho a golpe de pancarta, a impulso de periódico panfletario, a chasquido de metralleta. Las ofensas a la Patria y las amenazas han sonado en el Congreso como si lo que estaba en juego fuera un pacto entre tahúres. Las más absurdas aspiraciones, las ilusiones que jamás pudieron soñar los más fanáticos marxistas están consignadas en la Constitución. Es inútil que los católicos busquen en ella respeto a la ley divina porque a Dios ni se le menciona. La ley es emanación de la voluntad soberana del pueblo y, por tanto, puede estar en perfecta contradicción con la Ley de Dios. La Iglesia católica que no busque ya otra protección ni otro respeto que el que merecen los mormones o los mahometanos. La tradición, las Instituciones, las realizaciones, la cultura, el espíritu, el crisol que la Iglesia católica ha significado para España, han quedado barridos. De nada sirve hacer pomposas declaraciones de unidad y solidaridad nacional si, a renglón seguido, se habla de autonomía de nacionalidades y regiones. De nada sirve decir que la forma del Estado es la Monarquía parlamentaria, si ya sabemos de las lealtades monárquicas y de la proclividad al cambio de quienes han aceptado el principio monárquico. ¿Para qué proclamar que la bandera nacional es la roja y gualda si, ya antes de que se apruebe la Constitución, el ondearla es una provocación, un riesgo y hasta un delito? ¿Por qué consignar hipócritamente la libertad de enseñanza si no se garantiza la facultad de dirigir, gestionar y controlar los Centros, lo que, según se establece, se hará «democráticamente»? ¿A qué engañar al pueblo proclamando la independencia de los Tribunales si se crea un Consejo General para mangonear así el Poder Judicial, y en vez de consagrar los Tribunales de Derecho se abre el portillo de los «Tribunales Populares» con esa «participación del pueblo en la Administración de Justicia»? ¿A qué hablar de unidad jurisdiccional si cada taifa va a tener su Tribunal Superior de Justicia? ¿A qué hablar de que todos tienen derecho a la vida y no se cierra la puerta constitucionalmente a los futuros criminales (en las Cortes y en las clínicas) condenando expresamente el aborto? ¿Con qué cinismo se habla de relaciones estables de familia si en la misma Constitución se admite el divorcio? ¿Qué pensarán los hijos, futuras víctimas de una legislación divorcista? ¿Para qué seguir? Ciertamente a los «padrecitos de la Patria», en lugar de una Constitución, les ha salido los Principios Fundamentales del Rompimiento Nacional. Jaime CORTÉS

"Las Fuerzas Armadas en la Constitución"

Revista FUERZA NUEVA, nº 600, 8-Jul-1978 LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CONSTITUCIÓN Conferencia de Emilio del Sol “La imagen de las Fuerzas Armadas es inmutable, porque los ejércitos de España sólo pueden tener una cara y, por lo tanto, una sola imagen”, manifestó Emilio del Sol, abogado, es su conferencia pronunciada el pasado 29 de junio (1978) en el salón de actos de Fuerza Nueva, bajo el tema “Las Fuerzas Armadas en la Constitución”, perteneciente al IX Ciclo. (…) Manifestó el señor Del Sol que el tema que le ha tocado es una de las facetas más delicadas, aunque estas Fuerzas Armadas son nuestra salvación. Nosotros, en Fuerza Nueva, respetamos, queremos y veneramos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden Público, y no las apedreamos ni tiramos cócteles molotov, como hacen otros. Y es por esta veneración lo del respeto y la fe en las Fuerzas Armadas (punto 7 de Fuerza Nueva). Yo desafío prosiguió- desde aquí a que haya un partido que hable del prestigio de las Fuerzas Armadas, así como de las dotaciones de las mismas”. Continuó el señor Del Sol afirmando que lo lógico hubiera sido que un militar de prestigio presentara la conferencia, pero fue materialmente imposible, porque hubiera sido motivo de graves sanciones para el mismo, como lo fue en el caso de Ceuta, en donde a los militares les aplicaron el decreto 10 y fueron sancionados sin base y apartados, cuando la pena de destierro no existe en el Código Militar. ¿Cuál hubiera sido la sanción en este caso? El conferenciante expresó que él se basaba en algo que está muy en boga hoy en día: “la libertad de expresión”, y así defenderá a las Fuerzas Armadas. “Quiero dedicar esta conferencia –dijo- a los que hoy no pueden estar aquí y son condenados al silencio, y también se la dedico a las mujeres de Fuerza Nueva y a las de militares, en ausencia de sus maridos, ya que junto al amor a ellos mismos está el amor a la Patria”. *** En cuanto al tema de la conferencia, manifestó que la historia se repite, y ahora (1978) se intenta aprobar una Constitución, pero ¿de qué forma? Hay que recordar el año 1931, donde aparece el decreto de 25 de abril de 1931 y después la Constitución de la República, de 9 de diciembre del mismo año, llamada Ley de Azaña, que pretendía destruir y echar fango sobre el Ejército. En la actual de 1978 hay numerosos artículos que están calcados de la Constitución de 1931. Vamos a fijarnos -dice el conferenciante- en el preámbulo de esta Constitución, que habla de las reformas del Ejército. En aquella República el Ejército desaparecía, se suprimían organismos, personal y dotaciones al mismo y de esta forma se llega al comienzo del Alzamiento Nacional, donde apenas existían oficiales del Ejército. Hoy, cerca de cincuenta años después -prosiguió el señor Del Sol-, cuando fallecido Francisco Franco nos encontramos en una Monarquía instaurada por él, estamos ante una Constitución tan revolucionaria como la de 1931: hay una serie de disposiciones que menguan a las Fuerzas Armadas; existe el ejemplo del decreto ley de febrero de 1977, donde se dice que “Las Fuerzas Armadas son las encargadas de la unidad e Independencia de España”, lo que luego niega el actual proyecto de Constitución. Ahora se intenta derogar las ordenanzas militares de tiempos de Carlos III y Carlos IV, donde efectivamente existen muchos puntos trasnochados, pero lo que está vigente es lo que se refiere al honor de las Fuerzas Armadas. Todas estas ordenanzas militares desaparecen de un plumazo para que las Cortes regulen las nuevas.(*) Se pretende una nueva imagen de las mismas y así “El País” publica: “Un nuevo ejército para la democracia”, pero el Ejército es la institución más antidemocrática en todos los países y en todas las naciones. Aquí no se trata de implantar la democracia –declaró el conferenciante- sino de erradicar el franquismo y lo que Franco creó. No hay que olvidar que Franco fue un militar. Esta Constitución tiene que estar contra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público, y si las Fuerzas Armadas desaparecen, desaparecerá esta paz y esta tranquilidad. ¿Cuáles son las razones por las que vamos a votar “no” a esta Constitución? Fundamentalmente dos: 1) Por lo que se dice en la Constitución; 2) Por lo que no se dice en la Constitución. El artículo 8 del proyecto de Constitución es el que se dedica a las Fuerzas Armadas. En su apartado 1º dice: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España”. Por el contrario, no se habla de la unidad de la Patria, desaparece la unidad de la Patria, la seguridad nacional y, a su vez, desaparecen las Fuerzas de Orden Público. Este artículo deja sin efecto la Ley Orgánica del Estado, que habla de defender la unidad, independencia e integridad de la Patria. En su apartado 2º se deja sin efecto a los altos mandos del Ejército, y a éste en manos de las Cortes, donde un partido representado en las mismas desea una total reforma de las FAS y de lo que éstas representan. Por todos estos motivos, tenemos que votar “no” a la Constitución, manifestó el señor Del Sol, quien acabó su disertación recordando una carta de José Antonio Primo de Rivera a un militar español en 1934, que termina con estas palabras, coreadas por todo el público que abarrotaba el aula: “¡Viva el Ejército! ¡Arriba España!”

(*) Ver: La domesticación del Ejército: las Reales Ordenanzas de 1978