Reunión de padres en una escuela unitaria de Galicia

Nos convoca la profesora de la escuela unitaria a la que asistirá a partir de septiembre de 2009 mi hija de tres años, para darnos algunas normas de actuación con respecto al comienzo del próximo curso escolar.

Estamos la profesora, una abuela, un padre, otra madre y yo. La profesora habla en gallego, el resto hablamos en castellano.

Después de darnos una serie de directrices a seguir (mandilones, horarios, recreos, etc.) nos pregunta si hay alguna duda, temor, etc. Yo le digo que me gustaría saber el idioma en que se impartirán las clases. Ella me contesta de inmediato: todas las clases en gallego, y el material escolar también.

Yo insisto entonces, para asegurarme, y le pregunto si mi hija, cuya lengua materna es el castellano, va a aprender a leer y a escribir en gallego. Me vuelve a contestar tajante que sí.

Pero me dice que no va a tener ningún problema, que los niños son como esponjas, que va a entender, etc., etc., etc. Y que eso mismo me pasará en cualquier escuela pública de Galicia.

Yo le digo que sé perfectamente que son como esponjas y que por supuesto entenderá el gallego con el tiempo, pero que yo prefiero que aprenda a leer y escribir primero en castellano y que ella tiene derecho constitucional a ello. Le digo que es esencial en los primeros años de escolarización aprender en la lengua materna y que es importante incluso para la capacidad de aprender otras lenguas en el futuro y para su desarrollo cognitivo. Que además hay estudios que demuestran un mayor fracaso escolar en los niños que no aprenden en sus primeros años en su lengua materna.

Ella me dice que no puede hacer nada por ello, que ella es una profesional y que cumple órdenes y que de momento tiene que cumplir el decreto que está vigente y que hasta que no reciba algún escrito diciendo lo contrario tendrá que seguir haciéndolo.

Yo le pregunto entonces si como educadora está de acuerdo con esa política y no piensa que es perjudicial o discriminatoria para los castellanohablantes. Ella me dice primero que su opinión personal no es lo que importa y que no me la tiene por qué decir y repite de nuevo que ella es una mandada.

Le recuerdo que aunque haya un decreto vigente el nuevo gobierno de Galicia ha prometido que en educación infantil se podrá elegir la lengua de escolarización de los niños.

Ella me contesta que eso solo son promesas electorales que se dan como un caramelo a los votantes, pero que eso sería inviable, y que no cree que vaya a cambiar nada con el nuevo gobierno. Como colofón me dice que no me estoy dirigiendo a la persona adecuada, que ella no puede hacer nada por mí ni luchar contra el sistema impuesto. Que me dirija a instancias superiores.

Yo le digo que yo sí puedo, en pequeña medida, luchar contra el sistema impuesto que por otro lado vulnera la Constitución y que llegaré hasta donde haga falta. También le aviso que me negaré a comprar los libros en gallego exceptuando, por supuesto, el de lengua gallega.

Ella me contesta que si hago eso mi hija no podrá estudiar en esa escuela ni en ninguna otra escuela pública de Galicia. Yo le contesto que es probable que sea así pero que lucharé para que no se pisoteen los derechos de mi hija, como lo haría para luchar igualmente por los derechos de los gallegoparlantes.

Me envía al inspector educativo. Se lo agradezco y me voy.

Sucedió la mañana del 23 de Junio de 2009, en la provincia de Coruña, en una escuela unitaria a menos de 12 km de Santiago de Compostela. Se omiten los detalles para no identificar a las personas concretas.

Doy fe.

Ana Fernández Marmiesse