Tema: Juan Pablo II y la ley del aborto

Iniciado por Kontrapoder

Juan Pablo II y la Ley del aborto


Las iniciativas que se han movilizado para pedir que el jefe del Estado S.M. D.Juan Carlos no sancione en su día el proyecto de ley que amplía la despenalización del aborto, han encontrado la cerrada oposición de los defensores de la completa liberalización de ese crimen, incluidos algunos de ellos que escriben en medios de información religiosa.
En artículo dedicado a exponer el fundamento jurídico y teológico-moral de esta petición, ya dijimos en relación con la campaña promovida desde Religión en Libertad que, si no se produce una intervención unánime y clara del conjunto del episcopado español, es de temer que todo se resuelva al final en un desenlace semejante al de 1985 cuando se alzaron voces semejantes a las de ahora para que el Rey no sancionara la reforma del Código Penal propuesta en la Ley pero, al mismo tiempo, no faltaron presiones en sentido opuesto.
Además, en 1985 circularon rumores nunca desmentidos de que en los ambientes directivos de la Conferencia Episcopal Española se comprendía que el Rey la sancionase. Los pronunciamientos de la Jerarquía eclesiástica —con la dignísima excepción ya aludida de Mons.Guerra Campos y pocas más— siguieron la tendencia de condenar el hecho del aborto en la teoría pero sin concretar en qué situación quedaban sus promotores...

Pero hay un testimonio especialmente estremecedor al respecto y que los autores del libro España anestesiada, publicado en 1988 por la Sociedad TFP-Covadonga recogieron de un artículo escrito por el periodista Abel Hernández en “Diario 16” del 6 de julio de 1985 con el título: «El Papa aprueba que el Rey firme la ley del aborto». Allí se decía que Juan Pablo II comprendía el dilema del Rey y hasta le habría dicho «usted ha de separar su conciencia cristiana de su condición de Jefe de Estado». Continuó el periodista diciendo que «la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española».
Palabras estas de elogio en boca de un periodista que las juzgaba según su propia ideología y que se convertirían —caso de haber sido pronunciadas por aquéllos a quienes se atribuyen— en gravísima acusación.
Suponemos que en el proceso de beatificación del ahora venerable Juan Pablo II se habrán investigado y afrontado estas y otras cuestiones. Quizá sea ahora el momento de remover el escándalo desmintiendo lo que —al menos que nosotros sepamos— no fue cuestionado por nadie con autoridad para hacerlo en 1985. Y que se exijan al periodista en cuestión las responsabilidades que corresponda. O bien que sea este último quien salga por los fueros de lo que dijo entonces y se reafirme en las fuentes que le llevaron a atribuir a Juan Pablo II y al episcopado español la aceptación tácita de la Ley del aborto.

Art., 2272 del CATECISMO de la Iglesia Católica

La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana "Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae" (CIC can. 1398), es decir, "de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito" (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad.

Art., 2273 del mismo:

El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación:

"Los derechos inalienables de la persona deben de ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte". (CDF, instr. "Donum Vitae" 3)


"Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone todo su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho... El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda violación deliberada de sus derechos" (CDF, instr. "Donum Vitae" 3)

Sinceramente, no es posible concebir que las declaraciones del periodista no sean sino una falacia completa de principio a fin. Y es que no sólo se incurre en lo que hubiera sido una contradicción en términos por parte de Juan Pablo II, sino que, además, una acusación tal es gravísima. ¿Es que acaso este plumífero estuvo presente en dicha reunión? ¿no será que el Papa si advirtió al jefe del estado español de la situación en que iba a incurrir en caso de sancionar la ley reguladora de dicho asesinato? ¿Por qué dudar del Papa y no hacerlo de un jefe de Estado que juró por dos veces una leyes -las del anterior Régimen- en el momento de su nombramiento como sucesor a la Jefatura del Estado y en el momento de la asunción de la misma, juramentos que ha violentado? ¿Por qué dar carta de naturaleza a las barbaridades vertidas por este mentecato de la chafardería?

Que estas "normas" nulas de iure y de facto son una violación de los derechos inherentes a la persona, es una evidencia. Que este Estado no lo es de derecho, pues su propia constitución es ilegal ya que no surgió de un proceso constituyente, tal y como exigía el derecho positivo de entonces, es otra evidencia,así que ¿qué se puede esperar de sus instituciones? ¿Qué ser puede esperar de un periodista cuya ideología no hacia sino destilar odio, el cual volcaba en un Diario que era conocido popularmente como "Grapo 16"?

No podemos sino esperar y desear el final de este Estado de deshecho, la abdicación de quien ostenta la Jefatura del Estado, y la depuración de responsabilidades de todos los implicados en este genocidio.