Tema: «Paulo VI y la España de Franco» por Mario Caponnetto

Hay un par de datos que he descubierto recientemente que no sé cómo justificaréis los franquistas, pero me han resultado muy interesantes:

1) Aunque la ley de libertad religiosa promovida por Fernando María Castiella, ministro de Exteriores, se aprueba finalmente en 1967, el proyecto fue presentado por representantes del gobierno franquista en 1962, antes del Concilio Vaticano II.

2) Según las memorias de Blas Piñar (p. 127), después del Concilio, el arzobispo de Valencia, Ilmo. Sr. D. Marcelino Olaechea, no solo no interpretó como vosotros hacéis el Concilio Vaticano II (creo que un arzobispo tiene más autoridad que cualquiera de nosotros para interpretar un Concilio), sino que manifestó que el propio papa Pablo VI deseaba la unidad católica de España, que había definido como «don el más precioso». Esto dijo en concreto el arzobispo de los 15 procuradores que en 1967 se habían opuesto a la ley finalmente aprobada por las Cortes y por el general Franco (quien, por cierto, había modificado el artículo 6 del Fuero de los Españoles antes de que se aprobara la ley):

Han sido ustedes fieles a la mente del Concilio Vaticano II en esta nuestra España, la de inmortal unidad religiosa, tesoro que hay que transmitir íntegro a la futura generación, "don el más precioso", en palabras de nuestro Santísimo Padre el Papa Pablo VI, de orden y unidad superior para la promoción social, civil y espiritual del país.

Un par de datos que pueden dar que pensar a los que dicen que Franco se vio obligado a dar la libertad religiosa (¡pero sí ya la daba en la teoría y en la práctica, incluso antes de ganar la guerra!) y que hubiese sido excomulgado si se negaba, y tal y tal.

Por cierto, aunque es de justicia decir que Blas Piñar se destacó como uno de los procuradores opuestos a la ley, según el Boletín Oficial de las Cortes Españolas «no se opuso a la totalidad, pero apuntó la tesis de que, a su juicio, el desarrollo del principio de libertad civil en materia religiosa no precisaba el rango de Ley y podía hacerse por el Gobierno por disposiciones de otro carácter». Este planteamiento de Piñar es coherente con su posterior posición como diputado de Unión Nacional a favor del concubinato legal, pero que no se le llamase divorcio, cosa que me recuerda a cuando los del PP decían que había que dar uniones civiles a los sodomitas con todos los derechos, pero que no se le llamase matrimonio.