Tema: Vituperio de la II República

Excepto en la diferencia que establece el autor entre socialistas y comunistas (todos eran lo mismo, entonces como hoy, COMUNISTAS, en palabras de Largo Caballero), suscribo totalmente el artículo. No obstante, dicha diferenciación tiene su parte positiva, y es que ya es hora que entre estos y los otros, tanto da, que da tanto, porque son lo mismo, y vaya de aviso a esos que se autoconsideran "socialdemócratas", se vayan enterando por que eso no existe en el PSOE.


Los milicianos socialistas y comunistas se dedicaron a violar a católicas durante la II República y la Guerra Civil

Javier Paredes 22/07/18 09:00


Almudena Grandes es faro que ilumina y orienta a las feministas. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer, se permitió blasfemar contra nuestras monjas martirizadas durante la Guerra Civil con estas palabras, publicadas en El País el 24-XI-2008:«¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la monja] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Está muy documentada la muerte de las 295 monjas mártires. Pues bien, veamos solo unas pocas gestas heroicas y galantes de las que realizaron durante la Guerra Civil los jóvenes milicianos, armados y sudorosos, con los que -¡mmm!- se relame Almudena Grandes.

Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas, naturales de Riudarenas (Gerona) y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, las introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, las desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo.

En Valencia, los jóvenes milicianos armados y sudorosos, héroes admirados del feminismo militante de la columnista de El País y demás escritoras y políticas progres, dieron un trato parecido a una seglar, Concepción Carrión González, a la que asesinaron junto con dos religiosas de las Carmelitas Calzadas de Valencia, Sor María Josefa Ricart Casabant, natural de Albal (Valencia) y Sor Trinidad Martínez Gil, que había nacido en Soneja (Castellón).

Valencia. De Acción Católica, Concepción Carrión no se dejó sobar los pechos. Entonces, los milicianos se los acribillaron a balazos.

Concepción Carrión era una mujer de 35 años, bien parecida, que presidía la agrupación Acción Cívica de la Mujer de La Alcudia. Esta asociación, formada en buena parte por las mujeres de Acción Católica, tuvo una influencia notable en Valencia. Por dar una idea, baste con decir que esta asociación valenciana tenía, en 1932, 150 locales y 50.000 afiliadas. Como esta, también surgieron otras organizaciones semejantes en distintos puntos de España, aunque con nombres diferentes, como fue el caso de Asociación Femenina de Unión Regional de las Derechas de Galicia o Acción Ciudadana de Sevilla, que se unieron a la Confederación Española de Derechas Autónoma (CEDA) de Gil Robles.

El 21 de septiembre de 1936, Concepción Carrión González y las dos religiosas citadas fueron llevadas a Sueca, a un lugar llamado del Caballo. Durante el trayecto, los milicianos intentaron abusar de Concepción, sin conseguirlo. Volvieron a intentarlo cuando la bajaron del coche, y de la frustración que les produjo la negativa le acribillaron los pechos a balazos, porque antes no había permitido que se los sobaran. Y cuando cayó muerta en el suelo, la desnudaron y la clavaron una caña en la vagina.

Carmen García Moyón, es otra seglar, apodada ‘la francesita’ porque su madre procedía del país vecino. Se la incluye a veces entre las monjas martirizadas, porque en 1918 ingresó en el noviciado de las Terciarias Capuchinas de Altura (Castellón). Pocos años después, entiende que no es esa su vocación y abandona el convento. Acaba viviendo en Torrent (Valencia), donde instala un taller de costura. Mujer muy piadosa, en 1934 se une a la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio. Ella es la que organiza la catequesis de las niñas de Torrent, y cuando estalla la guerra ayuda a los católicos escondidos, a los que lleva comida y la Eucaristía.

Denunciada por una vecina, en enero de 1937 es detenida y llevada a un paraje conocido como Barranc de les Cayes, en Torrent. Al bajarla del coche, los milicianos tratan de abusar de ella, a lo que se resiste y les increpa:

-«Me mataréis, pero no abusaréis de mí».

Con juicio incluido: un tribunal popular se quedó con las dos religiosas más jóvenes de la Congregación… para ellos.

En vista de que no pueden cumplir sus propósitos, los verdugos de Carmen García Moyón la rocían con gasolina y la prenden fuego viva. Carmen, durante unos segundos camina por el campo como una tea ardiente, poco después se tambalea y, por fin, se desploma. Ya en suelo, antes de morir, gritó varias veces ¡Viva Cristo Rey!

Cambiemos de región. Las carmelitas descalzas de San José de Guadalajara se ven obligadas a abandonar el convento, y vestidas de seglares, pasan la noche del 23 al 24 de julio de 1936 en los sótanos del Hotel Iberia y en una pensión. El día 24 por la tarde, tres de ellas caminan por la ciudad disimulando como pueden, pero el grito de una mujer que las reconoce las condena a muerte:

-¡Son monjas, disparad contra ellas!

Los milicianos comienzan la cacería y al instante, caen dos de ellas. Una tercera puede huir. Es la hermana Teresa del Niño Jesús, tiene 27 años y natural de Mochales (Guadalajara). Trata de refugiarse en el Hotel Palace, pero se lo impiden unos hombres que están en la puerta. Y en ese momento, se acerca a ella un individuo, que la ofrece su protección y le sugiere dirigirse a las afueras. Pero en el puente de San Antonio se quita la careta, la sujeta con fuerza del brazo y se la lleva a las tapias del cementerio, donde trata de abusar de ella sin conseguirlo. A la agresión se suman otros dos valientes milicianos, y ya entre tres es más fácil manosearla, pero la monja sigue resistiéndose. Frustrada su lujuria, se les desata la ira. Un empleado de la funeraria es testigo de lo que sucede, oye las frases soeces que la dirigen y que la exigen que dé vivas al comunismo, a lo que la hermana Teresa del Niño Jesús responde con un ¡Viva Cristo Rey! Entonces se separan un par de metros de ella, cargan sus armas, ella cae de rodillas con los brazos en cruz y la acribillan a balazos.

La persecución religiosa de la Guerra Civil española se ha presentado a veces como la acción criminal de unos incontrolados. Pero los hechos no sucedieron así. Los asesinatos fueron promovidos y planificados por los partidos y los sindicatos de izquierdas, con un innegable protagonismo del PSOE. Así por ejemplo en Santander, las juventudes socialistas publicaban un semanario titulado Nueva Ruta, y en esta publicación aparecían las listas de los que los socialistas consideraban como facciosos, que a continuación eran buscados para asesinarlos.

No eran incontrolados: era un régimen que favorecía el desprecio a la mujer y a la feminidad. Como Almudena Grandes.

Naturalmente, que antes de matarlas se las juzgaba, en un simulacro de justicia, porque como nos recuerdan insistentemente Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, lo del Frente Popular era el Estado de Derecho. Así es que gracias a que el bando republicano era el imperio de la ley, en cierta ocasión se formó un Tribunal Especial para juzgar a un nutrido numero de monjas de las Carmelitas de la Caridad de Cullera, y el juez dictó la siguiente sentencia: «Como que dichas mujeres no han dado provecho al pueblo, ni tampoco lo darán en el futuro, a la catalana que se vaya a su tierra, pero a las otras, como son del norte, país fascista, las fusilaremos, excepto a las dos más jóvenes que serán para nosotros». Nada se dice de que estas dos monjas dieran un sí explicito para entregarse sexualmente, pero como no cabe en cabeza alguna que estos tribunales del Estado de Derecho republicano fueran machistas, estoy convencido que cuando esto lo lea la ministra Isabel Celaá, como dicen que es la católica del Gobierno y la responsable de Educación, con esta doble cualidad, si no es en los archivos del Estado será en los archivos eclesiásticos, pero en algún sitio encontrará el documento en el que figure el consentimiento de entrega sexual de estas dos monjas al juez y sus secuaces, que seguro que también eran milicianos sudorosos de los que con tanto entusiasmo habla Almudena Grandes.

El problema de la ministra Isabel Celaá es que se va encontrar con algunos casos en los que le va a ser imposible encontrar el consentimiento de algunas monjas para mantener relaciones sexuales con los milicianos jóvenes y sudorosos, por imposibilidad física y metafísica, por la sencilla razón de que aquellos aguerridos luchadores por las libertades y los derechos de la mujer del Frente Popular tuvieron sexo con ellas y hasta practicaron lo que ni imaginar se puede con sus cuerpos desnudos, pero todo eso lo hicieron con los cadáveres de las monjas, después de asesinarlas.

Y eso fue, exactamente lo que sucedió, entre otras mujeres, con las dos hermanas Vicenta y Purificación Asensio Vila, del Monasterio de La Puridad de Valencia, que fueron arrestadas y asesinadas cuando contaban 60 y 44 años respectivamente, junto a la Madre María Inmaculada Trinidad Peneli, Esclava de María, que tenía 70, el 2 de octubre de 1936 en el término municipal de Silla (Valencia). Las tres religiosas fueron violadas después de matarlas a tiros, según constató un médico forense que recogió los cadáveres y los fotografió cuando estaban tendidos en una carretera.

Javier Paredes
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá



https://www.hispanidad.com/la-resist...02866_102.html

Memoria Histórica, ¡no, para nada! Ocultación y Mentira Histórica, si. Desde Luego, si Franco hizo fusilar a unos cuantos, como dicen los tarados de baba de hoy, se quedó corto, pero que muy corto.

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Iniciado por Pious

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Cómo anécdota decir que tras la victoria (ilegítima) del Frente Popular en el pucherazo electoral de 1936 este llegó a censurar hasta la hora del entierro en una esquela. (Fuente).

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