Tema: Vituperio de la II República

¿Por qué hubo un 18 de julio?

José Javier Esparza
La Gaceta

Sin el alzamiento de 1936, la consecutiva guerra civil y su victoria, Franco habría pasado a la Historia simplemente como un sobresaliente militar de la guerra de África. Pero hubo un 18 de julio. Hubo una guerra. La ganó él. De ahí salió un régimen que modificó para siempre la Historia de España. Por eso es imprescindible empezar este repaso del franquismo, cerca ya del cuadragésimo aniversario de la muerte de Franco, por el principio: por qué hubo un 18 de julio de 1936.


Primer acto: Octubre de 1934

Hay que repasar los acontecimientos para entender qué pasó. En octubre de 1934, la izquierda –fundamentalmente el Partido Socialista- y el separatismo catalán habían intentado un levantamiento revolucionario contra el gobierno de la República. La excusa fue la entrada en el Gobierno de la CEDA, el partido de las derechas, que era, por cierto, el que había ganado las anteriores elecciones, pero al que la presión de la izquierda había vetado hasta entonces las carteras ministeriales. Los socialistas, mayoritariamente bolchevizados bajo el liderazgo de Largo Caballero, querían instaurar la dictadura del proletariado, y los separatistas catalanes, por su parte, aspiraban a proclamar su independencia. El golpe de la izquierda fracasó, aunque en lugares como Asturias dio lugar a una pre-guerra civil.

Las represalias políticas sobre los dirigentes de la intentona fueron mínimas: el propio Largo Caballero, principal líder del complot, sólo cumplió un año de cárcel y, juzgado, resultó asombrosamente absuelto. Sin embargo, la propaganda de la izquierda, que exageró hasta el infinito la represión gubernamental sobre los insurrectos (y, enseguida, el nimio caso de corrupción conocido como “estraperlo”), creó una atmósfera de revanchismo absolutamente insoportable. La inestabilidad de los sucesivos gobiernos de centro-derecha, acosados por la hostilidad del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hizo el resto. En noviembre de 1935 Alcalá Zamora fuerza un cambio de gobierno, desaloja del poder a la CEDA, entrega el gabinete a un hombre de su confianza, Portela Valladares, y firma el decreto de disolución de las cámaras con la consiguiente convocatoria automática de elecciones legislativas. Una de las primeras decisiones de Portela fue alejar de Madrid a los militares que consideraba poco afectos. Franco, por ejemplo, fue enviado a las Canarias.

Alcalá Zamora tenía, sin duda, sus razones. Persuadido de que la derecha no compartía su proyecto republicano original, y convencido igualmente de que la izquierda volvería a echarse al monte si la derecha ganaba de nuevo, don Niceto se veía a sí mismo como la única garantía de estabilidad. Su objetivo era crear una gran fuerza de centro que templara a unos y a otros. Sin duda Alcalá Zamora sobreestimó sus propias capacidades, porque aquel “centro” nunca fue una “gran fuerza”. De hecho, se hundiría en la más absoluta irrelevancia. Las elecciones de febrero de 1936 fueron su tumba.

Urnas sucias

Las elecciones de febrero de 1936 fueron cualquier cosa menos un ejemplo de limpieza democrática. El clima general, para empezar, era de una crispación irreversible. La izquierda comparecía en un amplio bloque, el Frente Popular, que abarcaba desde los republicanos de Azaña hasta el entonces pequeño Partido Comunista, pasando, por supuesto, por el Partido Socialista Obrero Español, que era el gran partido de masas de la izquierda. La coalición contaba además con el respaldo expreso de los anarquistas de la CNT. Azaña veía este bloque como una “conjunción republicana” que permitiría mantener a la derecha alejada del poder y llevar a cabo el proyecto reformista radical por el que venía clamando desde 1930: una suerte de revolución francesa a la española. ¿Y la izquierda revolucionaria aceptaría quedarse al margen? Azaña parecía persuadido de que su mera persona bastaba para conjurar cualquier peligro. Además, contaba con la proximidad de socialistas notables como Indalecio Prieto, partidarios de una “revolución gradual”. Pero las cosas se veían de forma muy distinta en el ala mayoritaria del PSOE, la de Largo Caballero, para quien la victoria electoral no era sino un paso necesario para instaurar la dictadura del proletariado. Hay que leer los textos del propio Largo Caballero y de su periódico, “Claridad”: el PSOE de entonces soñaba abiertamente con una España soviética.

La derecha, por su parte, comparecía a las elecciones entre la exasperación, la decepción y el miedo: alejada alevosamente del poder –legítimamente ganado- por maniobras de palacio, enfrentada a la áspera constatación de que sus votos habían servido para bien poca cosa y, para colmo, aterrada por la inequívoca voluntad revolucionaria de la izquierda, las candidaturas de la derecha aspiraban cada vez mas a soluciones “de orden” y creían cada vez menos en la propia República. No había, ciertamente, un proyecto de derechas para la II República: si alguna vez lo hubo, la amarga experiencia de gobierno lo había disuelto para siempre.

Las elecciones las ganó el Frente Popular. Lo que nadie puede decir es que las ganó limpiamente. Nunca se proclamaron los resultados –en votos- de la primera vuelta. De hecho, el primer cálculo relativamente documentado del escrutinio real fue el que publicó Tusell en los años 70 (un empate con leve ventaja de la izquierda), y aun este resulta discutible. El recuento de los votos y la consecuente atribución de actas fue una merienda de negros por la presión violenta de los piquetes de la izquierda, que adulteraron escrutinios y atribuyeron actas de diputado a su antojo. No hay nada más ilustrativo que leer las memorias de los propios interesados, desde Azaña hasta Prieto, que no ocultan los sucesos. El volumen de las memorias de Alcalá Zamora “Asalto a la República” (La Esfera, 2011) lo confirma. El reciente volumen de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” (Espasa 2017) despeja toda duda.

La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas por “falta de pruebas”. En plena vorágine, el gobierno de Portela, aterrado, resuelve resignar el poder en Azaña, o sea, en los vencedores de la primera vuelta, de manera que la segunda ronda de las elecciones –porque era un sistema de dos vueltas- se verifica bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera. La propaganda de la izquierda ha mitificado mucho la victoria electoral del Frente Popular en 1936, pero la verdad es que aquello fue, propiamente hablando, un “pucherazo”.

El general

¿Qué hacía Franco hasta ese momento? Mirar. Moverse aquí y allá. Aparecer en la vida pública, pero sin estridencias. En 1936 Franco era un joven general de 44 años –llevaba el fajín desde los 33- que levantaba las mayores suspicacias en el Frente Popular. Había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, que incluso apadrinó su boda, lo cual le convertía en un monárquico aun sin serlo de forma militante. Primer director de la Academia Militar de Zaragoza –hasta que Azaña la cerró-, relegado luego al mando de una brigada en La Coruña y compensado más tarde con un destino en las Baleares, Franco volvió a entrar en la cúpula militar cuando el gobierno de Gil Robles le ascendió a general de división y, aún más, se le encomendó la misión de sofocar la revuelta de octubre de 1934, cosa que hizo bajo el mando nominal de un militar republicano y masón: el general López Ochoa. Al año siguiente Franco fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército, un nombramiento que situaba al general inequívocamente en el ámbito político de la derecha republicana. Por eso se le alejó a las Canarias en cuanto Alcalá Zamora privó a la derecha del poder.

El gobierno del Frente Popular enseguida dio muestras de su debilidad. Azaña formó un gabinete exclusivamente republicano, sin socialistas, pues éstos, pese a su mayoría parlamentaria, prefirieron mantenerse al margen de los ministerios. ¿Por generosidad? En realidad, no: más bien para llevar a cabo en las calles lo que no hubieran podido hacer desde el poder ejecutivo. Si Alcalá Zamora esperaba poder controlar a la izquierda republicana, los hechos demostraron que erró gravemente. Y no menor fue el error de Azaña al pensar que podía controlar a su vez a los socialistas. Sólo un dato: el estado de alarma, proclamado formalmente por el gobierno Portela Valladares el 17 de febrero de 1936, fue prorrogado después, mes tras mes, por el gobierno de Azaña contra lo que el propio Frente Popular prometía en su programa.

Primavera trágica

¿Había razones para la alarma? Sí. La violencia ya se había adueñado de las calles. Entre febrero y junio de 1936 va a haber más de trescientos asesinatos políticos. La mecha la habían prendido los anarquistas años atrás, durante el primer mandato de Azaña. Ahora los socialistas se sumaban a la orgía de pistolas e incendios. En el otro lado, los falangistas contestaban. Y no sólo ellos, porque el clima político se deterioró muy rápidamente. El gobierno, ante semejante paisaje, se vio desbordado por los acontecimientos. Podía reprimir a las derechas, pero lo tenía mucho más difícil con las izquierdas porque, al fin y al cabo, su mayoría parlamentaria dependía de ellas.

Para conjurar el clima de guerra civil y asentar su propio poder, Azaña y el socialista Indalecio Prieto urdieron una maniobra más o menos legal que pasaba por derribar a Alcalá Zamora de la presidencia de la República, pues no se fiaban de éste. Ocurría que la ley limitaba a sólo dos las posibilidades del presidente de disolver las cortes, y la segunda debía ser enjuiciada por la cámara. Alcalá Zamora, en efecto, había disuelto las cortes dos veces: una, para formar las constituyentes, y la segunda para convocar las elecciones de 1936 (es decir, para llevar a la izquierda al poder). A esto se agarraron Prieto y Azaña para acusar al presidente de haber disuelto las cortes injustificadamente. En realidad se trataba de un golpe de estado legal. El objetivo era que Azaña quedara como presidente de la República e Indalecio Prieto fuera nombrado presidente del Gobierno, pero algo torció sus planes: la oposición del ala socialista mayoritaria, la de Largo Caballero, que no quería ver en modo alguno a Prieto en el gobierno. ¿Por qué? Tanto por ambición de Largo, alérgico a cualquier liderazgo que no fuera el suyo, como por temor a que Prieto paralizara el proceso revolucionario. Las facciones de Prieto y Largo habían llegado a enfrentarse a tiros en la campaña electoral. Ahora no iban a hacer las paces. Prieto se quedó sin regalo. Era abril de 1936.

La jefatura del gobierno acabó recayendo en un hombre de Azaña, Casares Quiroga, sin energía para controlar a las izquierdas desbocadas. Al contrario, toda su voluntad parecía puesta en ganarse la aquiescencia de los revolucionarios. El resultado fue una política absolutamente arbitraria. Un buen ejemplo de esta política hemipléjica lo sufrió Franco en sus propias carnes cuando concurrió como candidato en las elecciones parciales de Cuenca. En esta provincia, la jarana electoral de febrero había dejado a la circunscripción sin representantes. Hubo que repetir los comicios y las derechas presentaron una lista “preventiva”: la componían José Antonio Primo de Rivera, para librarle de la cárcel, Goicoechea, que era el jefe más notorio de los monárquicos de Renovación Española, y el propio Franco, al parecer porque Gil Robles, entonces en la oposición, quería traerle a Madrid y exhibir su presencia en las Cortes a modo de advertencia. El Gobierno vetó la candidatura de Franco y el resultado final de las elecciones fue tan fraudulento como el de las generales.

A estas alturas las conspiraciones dentro de la derecha ya eran imparables. ¿Y Franco? Franco se reúne con unos y con otros, participa junto a Mola en una discreta asamblea con generales retirados, mantiene también contacto con la CEDA, incluso se entrevista con José Antonio Primo de Rivera (y no se entendieron en absoluto). Pero si algo caracteriza a Franco en este periodo es su extrema prudencia. Muchos le reprocharán entonces indecisión y falta de arrojo, pero no era eso: durante su etapa de jefe del Estado Mayor –Payne y Palacios han documentado muy bien este episodio-, Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles, y gracias a ese instrumento supo que el porcentaje de revolucionarios dentro de las fuerzas armadas era elevadísimo. Franco sabe que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramará inevitablemente mucha sangre. Y sabe también que la pasividad del Gobierno está llevando las cosas a una situación sin retorno. El 23 de junio Franco escribe al entonces presidente del Gobierno, Casares Quiroga, manifestándole su inquietud por la situación política y la preocupación en ámbitos militares. Era un último cartucho. Casares ni siquiera contestó.

Mola tuvo listo su plan al final de la primavera. No era un pronunciamiento al estilo decimonónico, ni tampoco un golpe “técnico” con ocupación de centros de poder, sino más bien una especie de marcha militar sobre Madrid a partir de los centros que se esperaba controlar en la periferia: Barcelona, Pamplona, Galicia, Andalucía… Franco seguía sin verlo claro, pero la efervescencia en las calles y la impotencia del gobierno empujaban a un desenlace inevitable. El 13 de julio, policías de obediencia socialista salen del cuartel de Pontejos, en Madrid, para matar a los líderes de la oposición. A Gil Robles alguien le avisa antes y puede poner pies en polvorosa, pero a Calvo Sotelo le localizan en su casa, le hacen subir a un furgón y allí le descerrajan dos tiros en la cabeza. “Ese atentado es la guerra”, dijo el líder socialista Zugazagoitia cuando los propios autores del crimen le contaron lo que había hecho.

Era verdad. Ese día, Franco dejó de dudar. El levantamiento empezó en la tarde del 17 de julio en Melilla. El golpe propiamente dicho fracasó, pero como aquello no era una simple conspiración militar, sino una rebelión de media España, se convirtió en guerra civil. Así comenzó todo.

Citas que explican la Historia tal como fue:

«Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos» — Largo C. [[Pronunciada el 10 de febrero de 1936]].


«Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en función [...]». Lerroux.

«No hay gobierno en Madrid; sólo hay bandas armadas que cometen toda clase de atrocidades [...]», «Franco y Mola tuvieron al alta prudencia de no pronunciarse contra la República» (el Alzamiento se realizó en su inicio con la bandera tricolor). Unamuno, 1936.

«Anarquistas y socialistas-comunistas se mataban entre sí con regularidad, uno o dos muertos al día» — Edward Knoblaugh, corresponsal.

«Si gana Franco, Azaña puede meterse a cura. Si ganamos, puede saltar de un acantilado. Hay muchos en Montserrat» — oficial de Gob de Largo.

«La República es el fenómeno más desmoralizador producido en España desde hace muchísimo tiempo. [...] Nos quitó la ilusión» — Julio Camba.

«No quiero ser presidente de una República de asesinos» — Manuel Azaña, en referencia a las sacas de presos en el Madrid rojo.

Excepto en la diferencia que establece el autor entre socialistas y comunistas (todos eran lo mismo, entonces como hoy, COMUNISTAS, en palabras de Largo Caballero), suscribo totalmente el artículo. No obstante, dicha diferenciación tiene su parte positiva, y es que ya es hora que entre estos y los otros, tanto da, que da tanto, porque son lo mismo, y vaya de aviso a esos que se autoconsideran "socialdemócratas", se vayan enterando por que eso no existe en el PSOE.


Los milicianos socialistas y comunistas se dedicaron a violar a católicas durante la II República y la Guerra Civil

Javier Paredes 22/07/18 09:00


Almudena Grandes es faro que ilumina y orienta a las feministas. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer, se permitió blasfemar contra nuestras monjas martirizadas durante la Guerra Civil con estas palabras, publicadas en El País el 24-XI-2008:«¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la monja] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Está muy documentada la muerte de las 295 monjas mártires. Pues bien, veamos solo unas pocas gestas heroicas y galantes de las que realizaron durante la Guerra Civil los jóvenes milicianos, armados y sudorosos, con los que -¡mmm!- se relame Almudena Grandes.

Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas, naturales de Riudarenas (Gerona) y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, las introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, las desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo.

En Valencia, los jóvenes milicianos armados y sudorosos, héroes admirados del feminismo militante de la columnista de El País y demás escritoras y políticas progres, dieron un trato parecido a una seglar, Concepción Carrión González, a la que asesinaron junto con dos religiosas de las Carmelitas Calzadas de Valencia, Sor María Josefa Ricart Casabant, natural de Albal (Valencia) y Sor Trinidad Martínez Gil, que había nacido en Soneja (Castellón).

Valencia. De Acción Católica, Concepción Carrión no se dejó sobar los pechos. Entonces, los milicianos se los acribillaron a balazos.

Concepción Carrión era una mujer de 35 años, bien parecida, que presidía la agrupación Acción Cívica de la Mujer de La Alcudia. Esta asociación, formada en buena parte por las mujeres de Acción Católica, tuvo una influencia notable en Valencia. Por dar una idea, baste con decir que esta asociación valenciana tenía, en 1932, 150 locales y 50.000 afiliadas. Como esta, también surgieron otras organizaciones semejantes en distintos puntos de España, aunque con nombres diferentes, como fue el caso de Asociación Femenina de Unión Regional de las Derechas de Galicia o Acción Ciudadana de Sevilla, que se unieron a la Confederación Española de Derechas Autónoma (CEDA) de Gil Robles.

El 21 de septiembre de 1936, Concepción Carrión González y las dos religiosas citadas fueron llevadas a Sueca, a un lugar llamado del Caballo. Durante el trayecto, los milicianos intentaron abusar de Concepción, sin conseguirlo. Volvieron a intentarlo cuando la bajaron del coche, y de la frustración que les produjo la negativa le acribillaron los pechos a balazos, porque antes no había permitido que se los sobaran. Y cuando cayó muerta en el suelo, la desnudaron y la clavaron una caña en la vagina.

Carmen García Moyón, es otra seglar, apodada ‘la francesita’ porque su madre procedía del país vecino. Se la incluye a veces entre las monjas martirizadas, porque en 1918 ingresó en el noviciado de las Terciarias Capuchinas de Altura (Castellón). Pocos años después, entiende que no es esa su vocación y abandona el convento. Acaba viviendo en Torrent (Valencia), donde instala un taller de costura. Mujer muy piadosa, en 1934 se une a la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio. Ella es la que organiza la catequesis de las niñas de Torrent, y cuando estalla la guerra ayuda a los católicos escondidos, a los que lleva comida y la Eucaristía.

Denunciada por una vecina, en enero de 1937 es detenida y llevada a un paraje conocido como Barranc de les Cayes, en Torrent. Al bajarla del coche, los milicianos tratan de abusar de ella, a lo que se resiste y les increpa:

-«Me mataréis, pero no abusaréis de mí».

Con juicio incluido: un tribunal popular se quedó con las dos religiosas más jóvenes de la Congregación… para ellos.

En vista de que no pueden cumplir sus propósitos, los verdugos de Carmen García Moyón la rocían con gasolina y la prenden fuego viva. Carmen, durante unos segundos camina por el campo como una tea ardiente, poco después se tambalea y, por fin, se desploma. Ya en suelo, antes de morir, gritó varias veces ¡Viva Cristo Rey!

Cambiemos de región. Las carmelitas descalzas de San José de Guadalajara se ven obligadas a abandonar el convento, y vestidas de seglares, pasan la noche del 23 al 24 de julio de 1936 en los sótanos del Hotel Iberia y en una pensión. El día 24 por la tarde, tres de ellas caminan por la ciudad disimulando como pueden, pero el grito de una mujer que las reconoce las condena a muerte:

-¡Son monjas, disparad contra ellas!

Los milicianos comienzan la cacería y al instante, caen dos de ellas. Una tercera puede huir. Es la hermana Teresa del Niño Jesús, tiene 27 años y natural de Mochales (Guadalajara). Trata de refugiarse en el Hotel Palace, pero se lo impiden unos hombres que están en la puerta. Y en ese momento, se acerca a ella un individuo, que la ofrece su protección y le sugiere dirigirse a las afueras. Pero en el puente de San Antonio se quita la careta, la sujeta con fuerza del brazo y se la lleva a las tapias del cementerio, donde trata de abusar de ella sin conseguirlo. A la agresión se suman otros dos valientes milicianos, y ya entre tres es más fácil manosearla, pero la monja sigue resistiéndose. Frustrada su lujuria, se les desata la ira. Un empleado de la funeraria es testigo de lo que sucede, oye las frases soeces que la dirigen y que la exigen que dé vivas al comunismo, a lo que la hermana Teresa del Niño Jesús responde con un ¡Viva Cristo Rey! Entonces se separan un par de metros de ella, cargan sus armas, ella cae de rodillas con los brazos en cruz y la acribillan a balazos.

La persecución religiosa de la Guerra Civil española se ha presentado a veces como la acción criminal de unos incontrolados. Pero los hechos no sucedieron así. Los asesinatos fueron promovidos y planificados por los partidos y los sindicatos de izquierdas, con un innegable protagonismo del PSOE. Así por ejemplo en Santander, las juventudes socialistas publicaban un semanario titulado Nueva Ruta, y en esta publicación aparecían las listas de los que los socialistas consideraban como facciosos, que a continuación eran buscados para asesinarlos.

No eran incontrolados: era un régimen que favorecía el desprecio a la mujer y a la feminidad. Como Almudena Grandes.

Naturalmente, que antes de matarlas se las juzgaba, en un simulacro de justicia, porque como nos recuerdan insistentemente Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, lo del Frente Popular era el Estado de Derecho. Así es que gracias a que el bando republicano era el imperio de la ley, en cierta ocasión se formó un Tribunal Especial para juzgar a un nutrido numero de monjas de las Carmelitas de la Caridad de Cullera, y el juez dictó la siguiente sentencia: «Como que dichas mujeres no han dado provecho al pueblo, ni tampoco lo darán en el futuro, a la catalana que se vaya a su tierra, pero a las otras, como son del norte, país fascista, las fusilaremos, excepto a las dos más jóvenes que serán para nosotros». Nada se dice de que estas dos monjas dieran un sí explicito para entregarse sexualmente, pero como no cabe en cabeza alguna que estos tribunales del Estado de Derecho republicano fueran machistas, estoy convencido que cuando esto lo lea la ministra Isabel Celaá, como dicen que es la católica del Gobierno y la responsable de Educación, con esta doble cualidad, si no es en los archivos del Estado será en los archivos eclesiásticos, pero en algún sitio encontrará el documento en el que figure el consentimiento de entrega sexual de estas dos monjas al juez y sus secuaces, que seguro que también eran milicianos sudorosos de los que con tanto entusiasmo habla Almudena Grandes.

El problema de la ministra Isabel Celaá es que se va encontrar con algunos casos en los que le va a ser imposible encontrar el consentimiento de algunas monjas para mantener relaciones sexuales con los milicianos jóvenes y sudorosos, por imposibilidad física y metafísica, por la sencilla razón de que aquellos aguerridos luchadores por las libertades y los derechos de la mujer del Frente Popular tuvieron sexo con ellas y hasta practicaron lo que ni imaginar se puede con sus cuerpos desnudos, pero todo eso lo hicieron con los cadáveres de las monjas, después de asesinarlas.

Y eso fue, exactamente lo que sucedió, entre otras mujeres, con las dos hermanas Vicenta y Purificación Asensio Vila, del Monasterio de La Puridad de Valencia, que fueron arrestadas y asesinadas cuando contaban 60 y 44 años respectivamente, junto a la Madre María Inmaculada Trinidad Peneli, Esclava de María, que tenía 70, el 2 de octubre de 1936 en el término municipal de Silla (Valencia). Las tres religiosas fueron violadas después de matarlas a tiros, según constató un médico forense que recogió los cadáveres y los fotografió cuando estaban tendidos en una carretera.

Javier Paredes
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá



https://www.hispanidad.com/la-resist...02866_102.html

Memoria Histórica, ¡no, para nada! Ocultación y Mentira Histórica, si. Desde Luego, si Franco hizo fusilar a unos cuantos, como dicen los tarados de baba de hoy, se quedó corto, pero que muy corto.

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Iniciado por Pious

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Cómo anécdota decir que tras la victoria (ilegítima) del Frente Popular en el pucherazo electoral de 1936 este llegó a censurar hasta la hora del entierro en una esquela. (Fuente).

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