Para Jasarhez y Alacran.

Estamos de acuerdo que el Estado debe informar toda su legislación, administración y judicatura en los principios de la Religión verdadera. El fin de la historia no fue en 1991 como decía Francis Fukuyama sino en el año 33, y en el caso particular de los españoles el 589. Sobre esto, obviamente no hay discusión ninguna.

El problema está en si es bueno que el poder político legítimo pueda invadir o no competencias de manera innecesaria que vayan más allá de sus legítimas regalías.

Para que nos entendamos, ¿es lícito que en un estado confesionalmente católico como el de los Reyes legítimos Carlos III, Carlos IV y Fernando VII los ministros déspotas ilustrados se dediquen a invadir campos político-sociales y eclesiásticos que no les pertenecen? ¿es lícito que en un estado confesionalmente católico encabezado ilegítimamente por Franco se invadan de manera innecesaria competencias político-sociales y eclesiásticas que están fuera de su ámbito de competencia o de las cuales no es necesario que se ocupen pues pueden hacerlo las comunidades y sociedades que conforman la comunidad política española, al margen del poder político y su Administración?