Tema: Vituperio de la II República

No había tenido tiempo de leer el hilo hasta hoy y la verdad es que es enormemente instructivo para conocer la verdad sobre la Segunda República.

También creo que habría que hacer más énfasis en el golpe de Estado de febrero de 1936. Si bien suele hablarse mucho del de Octubre del 34, poco se habla del citado anteriormente, al que se suman las investigaciones recientes que prueban que -para más inri- hubo pucherazo previamente al golpe del Frente Popular. En definitiva, añadiendo el del 31, tenemos que la izquierda da 3 golpes de Estado en el período 31-36. Todos ellos con seguimiento masivo de las organizaciones de izquierda, contrariamente al del 32 de Sanjurjo (que eran 2 y el tambor).

Un capítulo más, dentro décadas de magnicidos, persecuciones, asesinatos y latrocinio marxista, todo ocultado por la dictadura psicopática comunista instalada en los medios de comunicación, parlamentos, escuelas y universidades.

El primer documento nos lleva hasta julio de 1933. El domingo día 23 se celebró un mitin del PSOE en el cine Pardiñas de Madrid. Dos días más tarde, el martes 25, el número 7.634 de “El Socialista” (ver PDF) publicaba una amplia crónica del acto, incluyendo un titular a siete columnas del discurso del presidente del PSOE, Francisco Largo Caballero, apoyando una dictadura socialista. La transcripción del discurso hecha por el diario del PSOE demuestra hasta qué punto el partido abominaba de la democracia:

“No es que queramos nosotros implantar la dictadura nuestra caprichosamente, sino que si hay quien tiene el mal pensamiento de intentar implantar en España una dictadura o el fascismo, entre la dictadura burguesa o el fascismo, nosotros preferimos la dictadura socialista. (…) Que conste bien: el Partido Socialista va a la conquista del Poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución, y si no, como podamos. Y, cuando eso ocurra, se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan”.

El segundo documento nos sitúa en septiembre de 1933. El domingo día 24, el número 7.687 de “El Socialista” (ver PDF) reproducía unas declaraciones de Largo Caballero al semanario “Renovación” de las Juventudes Socialistas. En ella, el presidente del PSOE dirigía este tramposo y cínico mensaje antidemocrático a los jóvenes del partido:

“¿En qué se diferencia el Partido Socialista del partido comunista? Doctrinalmente, en nada.Nosotros profesamos el marxismo en toda su pureza. (…) A través de la democracia burguesa la clase obrera no puede hacer más que ponerse en relativas condiciones para el triunfo. Pero, ¿llegar al Socialismo dentro de la democracia burguesa? ¡Eso es imposible! (…) Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo? En un último xtremo, ¿no es la democracia burguesa un sistema de opresión y de violencia?“

El tercer documento nos lleva hasta noviembre de 1933. El día 19 de ese mes estaban convocadas elecciones generales en la Segunda República. Serían las primeras en las que las mujeres ejercerían su derecho de voto, lo cual provocaba temor entre la izquierda, convencida de que las mujeres apoyarían a la derecha. Recordemos que Margarita Nelken, diputada del PSOE, había afirmado el 4 de diciembre de 1931: “Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario“.

Días antes de los comicios, el miércoles 8 de noviembre, Largo Caballero, pronunció un discurso incendiario en Don Benito (Badajoz). Al día siguiente, el número 7.726 de “El Socialista” (ver PDF) publicaba en su página 6 una crónica del discurso:

“Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. No ocultamos nuestro pensamiento. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. (…) Tardaremos más o menos, pero no ocultamos que vamos hacia la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: Como en Rusia). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia“. (…) “Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. (Gran ovación.) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar”.

Según la crónica del periódico del PSOE, el líder socialista -al que el diario se refería como el “líder de la Revolución proletaria”- acabó así su intervención:

“Tenemos que luchar como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee, no una bandera tricolor de una República burguesa, sino le bandera roja de la Revolución socialista“.





El cuarto documento nos sitúa en el martes 25 de septiembre de 1934. Tras la victoria electoral del centro-derecha, los derechistas de la CEDA tardaron meses en poder acceder al gobierno ante las repetidas amenazas de la izquierda. Cuando por fin el gobierno se dispuso a incorporar varios ministros cedistas, el PSOE anunció sin rodeos una “guerra” que calificó de “bendita”. Lo hizo en un polémico artículo titulado “Unas palabras a los republicanos”, aparecido en la portada del número 8.000 de “El Socialista” (ver PDF):

“Abandonen sus esperanzas los hombres que aún fían la solución del gran problema político español a las normas de la convivencia, tal como las entienden los demócratas burgueses. (…) Nuestros temores están, a buen seguro, archijustificados. Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. En período revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España”.

Las amenazas no eran gratuitas. El 5 de octubre de 1934 el PSOE encabezó un sangriento golpe de Estado contra el gobierno legítimo. El foco de la rebelión armada estuvo en Asturias, donde los golpistas asesinaron a 33 sacerdotes y religiosos y destruyeron 17 iglesias y 40 edificios religiosos, además de docenas de fábricas, puentes, casas y edificios públicos. Además, y causa del golpe, perdieron la vida unos 300 militares y miembros de las fuerzas del orden.

Todos los golpistas encarcelados fueron liberados por el Frente Popular, una coalición de izquierdas encabezada por el PSOE, tras ganar las elecciones de febrero de 1936 mediante un fraude electoral hoy ya documentado. La izquierda desató entonces una ola de violencia que provocó 251 muertos, 1.287 heridos y la destrucción de 160 iglesias, además del asalto e incendio de 251 templos, la destrucción de 10 periódicos y 113 huelgas generales entre el 16 de febrero y el 15 de junio de 1936. Esta ola de violencia culminó, el 13 de julio de 1936, con el asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición, considerado por muchos como el hecho que desencadenó la Guerra Civil Española.

Fuente.

La principal diferencia del PSOE de la república en relación con el actual, por no decir que única ya que no es verdad, es que entonces eran más sinceros, más claros, no mentían ni ocultaban sus criminales intenciones , como hacen hoy. Y la otra es que el de hoy está cuajado de hijos y nietos de franquistas, y en aquél otro no.

¿Por qué hubo un 18 de julio?

José Javier Esparza
La Gaceta

Sin el alzamiento de 1936, la consecutiva guerra civil y su victoria, Franco habría pasado a la Historia simplemente como un sobresaliente militar de la guerra de África. Pero hubo un 18 de julio. Hubo una guerra. La ganó él. De ahí salió un régimen que modificó para siempre la Historia de España. Por eso es imprescindible empezar este repaso del franquismo, cerca ya del cuadragésimo aniversario de la muerte de Franco, por el principio: por qué hubo un 18 de julio de 1936.


Primer acto: Octubre de 1934

Hay que repasar los acontecimientos para entender qué pasó. En octubre de 1934, la izquierda –fundamentalmente el Partido Socialista- y el separatismo catalán habían intentado un levantamiento revolucionario contra el gobierno de la República. La excusa fue la entrada en el Gobierno de la CEDA, el partido de las derechas, que era, por cierto, el que había ganado las anteriores elecciones, pero al que la presión de la izquierda había vetado hasta entonces las carteras ministeriales. Los socialistas, mayoritariamente bolchevizados bajo el liderazgo de Largo Caballero, querían instaurar la dictadura del proletariado, y los separatistas catalanes, por su parte, aspiraban a proclamar su independencia. El golpe de la izquierda fracasó, aunque en lugares como Asturias dio lugar a una pre-guerra civil.

Las represalias políticas sobre los dirigentes de la intentona fueron mínimas: el propio Largo Caballero, principal líder del complot, sólo cumplió un año de cárcel y, juzgado, resultó asombrosamente absuelto. Sin embargo, la propaganda de la izquierda, que exageró hasta el infinito la represión gubernamental sobre los insurrectos (y, enseguida, el nimio caso de corrupción conocido como “estraperlo”), creó una atmósfera de revanchismo absolutamente insoportable. La inestabilidad de los sucesivos gobiernos de centro-derecha, acosados por la hostilidad del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hizo el resto. En noviembre de 1935 Alcalá Zamora fuerza un cambio de gobierno, desaloja del poder a la CEDA, entrega el gabinete a un hombre de su confianza, Portela Valladares, y firma el decreto de disolución de las cámaras con la consiguiente convocatoria automática de elecciones legislativas. Una de las primeras decisiones de Portela fue alejar de Madrid a los militares que consideraba poco afectos. Franco, por ejemplo, fue enviado a las Canarias.

Alcalá Zamora tenía, sin duda, sus razones. Persuadido de que la derecha no compartía su proyecto republicano original, y convencido igualmente de que la izquierda volvería a echarse al monte si la derecha ganaba de nuevo, don Niceto se veía a sí mismo como la única garantía de estabilidad. Su objetivo era crear una gran fuerza de centro que templara a unos y a otros. Sin duda Alcalá Zamora sobreestimó sus propias capacidades, porque aquel “centro” nunca fue una “gran fuerza”. De hecho, se hundiría en la más absoluta irrelevancia. Las elecciones de febrero de 1936 fueron su tumba.

Urnas sucias

Las elecciones de febrero de 1936 fueron cualquier cosa menos un ejemplo de limpieza democrática. El clima general, para empezar, era de una crispación irreversible. La izquierda comparecía en un amplio bloque, el Frente Popular, que abarcaba desde los republicanos de Azaña hasta el entonces pequeño Partido Comunista, pasando, por supuesto, por el Partido Socialista Obrero Español, que era el gran partido de masas de la izquierda. La coalición contaba además con el respaldo expreso de los anarquistas de la CNT. Azaña veía este bloque como una “conjunción republicana” que permitiría mantener a la derecha alejada del poder y llevar a cabo el proyecto reformista radical por el que venía clamando desde 1930: una suerte de revolución francesa a la española. ¿Y la izquierda revolucionaria aceptaría quedarse al margen? Azaña parecía persuadido de que su mera persona bastaba para conjurar cualquier peligro. Además, contaba con la proximidad de socialistas notables como Indalecio Prieto, partidarios de una “revolución gradual”. Pero las cosas se veían de forma muy distinta en el ala mayoritaria del PSOE, la de Largo Caballero, para quien la victoria electoral no era sino un paso necesario para instaurar la dictadura del proletariado. Hay que leer los textos del propio Largo Caballero y de su periódico, “Claridad”: el PSOE de entonces soñaba abiertamente con una España soviética.

La derecha, por su parte, comparecía a las elecciones entre la exasperación, la decepción y el miedo: alejada alevosamente del poder –legítimamente ganado- por maniobras de palacio, enfrentada a la áspera constatación de que sus votos habían servido para bien poca cosa y, para colmo, aterrada por la inequívoca voluntad revolucionaria de la izquierda, las candidaturas de la derecha aspiraban cada vez mas a soluciones “de orden” y creían cada vez menos en la propia República. No había, ciertamente, un proyecto de derechas para la II República: si alguna vez lo hubo, la amarga experiencia de gobierno lo había disuelto para siempre.

Las elecciones las ganó el Frente Popular. Lo que nadie puede decir es que las ganó limpiamente. Nunca se proclamaron los resultados –en votos- de la primera vuelta. De hecho, el primer cálculo relativamente documentado del escrutinio real fue el que publicó Tusell en los años 70 (un empate con leve ventaja de la izquierda), y aun este resulta discutible. El recuento de los votos y la consecuente atribución de actas fue una merienda de negros por la presión violenta de los piquetes de la izquierda, que adulteraron escrutinios y atribuyeron actas de diputado a su antojo. No hay nada más ilustrativo que leer las memorias de los propios interesados, desde Azaña hasta Prieto, que no ocultan los sucesos. El volumen de las memorias de Alcalá Zamora “Asalto a la República” (La Esfera, 2011) lo confirma. El reciente volumen de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” (Espasa 2017) despeja toda duda.

La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas por “falta de pruebas”. En plena vorágine, el gobierno de Portela, aterrado, resuelve resignar el poder en Azaña, o sea, en los vencedores de la primera vuelta, de manera que la segunda ronda de las elecciones –porque era un sistema de dos vueltas- se verifica bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera. La propaganda de la izquierda ha mitificado mucho la victoria electoral del Frente Popular en 1936, pero la verdad es que aquello fue, propiamente hablando, un “pucherazo”.

El general

¿Qué hacía Franco hasta ese momento? Mirar. Moverse aquí y allá. Aparecer en la vida pública, pero sin estridencias. En 1936 Franco era un joven general de 44 años –llevaba el fajín desde los 33- que levantaba las mayores suspicacias en el Frente Popular. Había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, que incluso apadrinó su boda, lo cual le convertía en un monárquico aun sin serlo de forma militante. Primer director de la Academia Militar de Zaragoza –hasta que Azaña la cerró-, relegado luego al mando de una brigada en La Coruña y compensado más tarde con un destino en las Baleares, Franco volvió a entrar en la cúpula militar cuando el gobierno de Gil Robles le ascendió a general de división y, aún más, se le encomendó la misión de sofocar la revuelta de octubre de 1934, cosa que hizo bajo el mando nominal de un militar republicano y masón: el general López Ochoa. Al año siguiente Franco fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército, un nombramiento que situaba al general inequívocamente en el ámbito político de la derecha republicana. Por eso se le alejó a las Canarias en cuanto Alcalá Zamora privó a la derecha del poder.

El gobierno del Frente Popular enseguida dio muestras de su debilidad. Azaña formó un gabinete exclusivamente republicano, sin socialistas, pues éstos, pese a su mayoría parlamentaria, prefirieron mantenerse al margen de los ministerios. ¿Por generosidad? En realidad, no: más bien para llevar a cabo en las calles lo que no hubieran podido hacer desde el poder ejecutivo. Si Alcalá Zamora esperaba poder controlar a la izquierda republicana, los hechos demostraron que erró gravemente. Y no menor fue el error de Azaña al pensar que podía controlar a su vez a los socialistas. Sólo un dato: el estado de alarma, proclamado formalmente por el gobierno Portela Valladares el 17 de febrero de 1936, fue prorrogado después, mes tras mes, por el gobierno de Azaña contra lo que el propio Frente Popular prometía en su programa.

Primavera trágica

¿Había razones para la alarma? Sí. La violencia ya se había adueñado de las calles. Entre febrero y junio de 1936 va a haber más de trescientos asesinatos políticos. La mecha la habían prendido los anarquistas años atrás, durante el primer mandato de Azaña. Ahora los socialistas se sumaban a la orgía de pistolas e incendios. En el otro lado, los falangistas contestaban. Y no sólo ellos, porque el clima político se deterioró muy rápidamente. El gobierno, ante semejante paisaje, se vio desbordado por los acontecimientos. Podía reprimir a las derechas, pero lo tenía mucho más difícil con las izquierdas porque, al fin y al cabo, su mayoría parlamentaria dependía de ellas.

Para conjurar el clima de guerra civil y asentar su propio poder, Azaña y el socialista Indalecio Prieto urdieron una maniobra más o menos legal que pasaba por derribar a Alcalá Zamora de la presidencia de la República, pues no se fiaban de éste. Ocurría que la ley limitaba a sólo dos las posibilidades del presidente de disolver las cortes, y la segunda debía ser enjuiciada por la cámara. Alcalá Zamora, en efecto, había disuelto las cortes dos veces: una, para formar las constituyentes, y la segunda para convocar las elecciones de 1936 (es decir, para llevar a la izquierda al poder). A esto se agarraron Prieto y Azaña para acusar al presidente de haber disuelto las cortes injustificadamente. En realidad se trataba de un golpe de estado legal. El objetivo era que Azaña quedara como presidente de la República e Indalecio Prieto fuera nombrado presidente del Gobierno, pero algo torció sus planes: la oposición del ala socialista mayoritaria, la de Largo Caballero, que no quería ver en modo alguno a Prieto en el gobierno. ¿Por qué? Tanto por ambición de Largo, alérgico a cualquier liderazgo que no fuera el suyo, como por temor a que Prieto paralizara el proceso revolucionario. Las facciones de Prieto y Largo habían llegado a enfrentarse a tiros en la campaña electoral. Ahora no iban a hacer las paces. Prieto se quedó sin regalo. Era abril de 1936.

La jefatura del gobierno acabó recayendo en un hombre de Azaña, Casares Quiroga, sin energía para controlar a las izquierdas desbocadas. Al contrario, toda su voluntad parecía puesta en ganarse la aquiescencia de los revolucionarios. El resultado fue una política absolutamente arbitraria. Un buen ejemplo de esta política hemipléjica lo sufrió Franco en sus propias carnes cuando concurrió como candidato en las elecciones parciales de Cuenca. En esta provincia, la jarana electoral de febrero había dejado a la circunscripción sin representantes. Hubo que repetir los comicios y las derechas presentaron una lista “preventiva”: la componían José Antonio Primo de Rivera, para librarle de la cárcel, Goicoechea, que era el jefe más notorio de los monárquicos de Renovación Española, y el propio Franco, al parecer porque Gil Robles, entonces en la oposición, quería traerle a Madrid y exhibir su presencia en las Cortes a modo de advertencia. El Gobierno vetó la candidatura de Franco y el resultado final de las elecciones fue tan fraudulento como el de las generales.

A estas alturas las conspiraciones dentro de la derecha ya eran imparables. ¿Y Franco? Franco se reúne con unos y con otros, participa junto a Mola en una discreta asamblea con generales retirados, mantiene también contacto con la CEDA, incluso se entrevista con José Antonio Primo de Rivera (y no se entendieron en absoluto). Pero si algo caracteriza a Franco en este periodo es su extrema prudencia. Muchos le reprocharán entonces indecisión y falta de arrojo, pero no era eso: durante su etapa de jefe del Estado Mayor –Payne y Palacios han documentado muy bien este episodio-, Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles, y gracias a ese instrumento supo que el porcentaje de revolucionarios dentro de las fuerzas armadas era elevadísimo. Franco sabe que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramará inevitablemente mucha sangre. Y sabe también que la pasividad del Gobierno está llevando las cosas a una situación sin retorno. El 23 de junio Franco escribe al entonces presidente del Gobierno, Casares Quiroga, manifestándole su inquietud por la situación política y la preocupación en ámbitos militares. Era un último cartucho. Casares ni siquiera contestó.

Mola tuvo listo su plan al final de la primavera. No era un pronunciamiento al estilo decimonónico, ni tampoco un golpe “técnico” con ocupación de centros de poder, sino más bien una especie de marcha militar sobre Madrid a partir de los centros que se esperaba controlar en la periferia: Barcelona, Pamplona, Galicia, Andalucía… Franco seguía sin verlo claro, pero la efervescencia en las calles y la impotencia del gobierno empujaban a un desenlace inevitable. El 13 de julio, policías de obediencia socialista salen del cuartel de Pontejos, en Madrid, para matar a los líderes de la oposición. A Gil Robles alguien le avisa antes y puede poner pies en polvorosa, pero a Calvo Sotelo le localizan en su casa, le hacen subir a un furgón y allí le descerrajan dos tiros en la cabeza. “Ese atentado es la guerra”, dijo el líder socialista Zugazagoitia cuando los propios autores del crimen le contaron lo que había hecho.

Era verdad. Ese día, Franco dejó de dudar. El levantamiento empezó en la tarde del 17 de julio en Melilla. El golpe propiamente dicho fracasó, pero como aquello no era una simple conspiración militar, sino una rebelión de media España, se convirtió en guerra civil. Así comenzó todo.

Citas que explican la Historia tal como fue:

«Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos» — Largo C. [[Pronunciada el 10 de febrero de 1936]].


«Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en función [...]». Lerroux.

«No hay gobierno en Madrid; sólo hay bandas armadas que cometen toda clase de atrocidades [...]», «Franco y Mola tuvieron al alta prudencia de no pronunciarse contra la República» (el Alzamiento se realizó en su inicio con la bandera tricolor). Unamuno, 1936.

«Anarquistas y socialistas-comunistas se mataban entre sí con regularidad, uno o dos muertos al día» — Edward Knoblaugh, corresponsal.

«Si gana Franco, Azaña puede meterse a cura. Si ganamos, puede saltar de un acantilado. Hay muchos en Montserrat» — oficial de Gob de Largo.

«La República es el fenómeno más desmoralizador producido en España desde hace muchísimo tiempo. [...] Nos quitó la ilusión» — Julio Camba.

«No quiero ser presidente de una República de asesinos» — Manuel Azaña, en referencia a las sacas de presos en el Madrid rojo.

Excepto en la diferencia que establece el autor entre socialistas y comunistas (todos eran lo mismo, entonces como hoy, COMUNISTAS, en palabras de Largo Caballero), suscribo totalmente el artículo. No obstante, dicha diferenciación tiene su parte positiva, y es que ya es hora que entre estos y los otros, tanto da, que da tanto, porque son lo mismo, y vaya de aviso a esos que se autoconsideran "socialdemócratas", se vayan enterando por que eso no existe en el PSOE.


Los milicianos socialistas y comunistas se dedicaron a violar a católicas durante la II República y la Guerra Civil

Javier Paredes 22/07/18 09:00


Almudena Grandes es faro que ilumina y orienta a las feministas. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer, se permitió blasfemar contra nuestras monjas martirizadas durante la Guerra Civil con estas palabras, publicadas en El País el 24-XI-2008:«¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la monja] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Está muy documentada la muerte de las 295 monjas mártires. Pues bien, veamos solo unas pocas gestas heroicas y galantes de las que realizaron durante la Guerra Civil los jóvenes milicianos, armados y sudorosos, con los que -¡mmm!- se relame Almudena Grandes.

Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas, naturales de Riudarenas (Gerona) y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, las introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, las desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo.

En Valencia, los jóvenes milicianos armados y sudorosos, héroes admirados del feminismo militante de la columnista de El País y demás escritoras y políticas progres, dieron un trato parecido a una seglar, Concepción Carrión González, a la que asesinaron junto con dos religiosas de las Carmelitas Calzadas de Valencia, Sor María Josefa Ricart Casabant, natural de Albal (Valencia) y Sor Trinidad Martínez Gil, que había nacido en Soneja (Castellón).

Valencia. De Acción Católica, Concepción Carrión no se dejó sobar los pechos. Entonces, los milicianos se los acribillaron a balazos.

Concepción Carrión era una mujer de 35 años, bien parecida, que presidía la agrupación Acción Cívica de la Mujer de La Alcudia. Esta asociación, formada en buena parte por las mujeres de Acción Católica, tuvo una influencia notable en Valencia. Por dar una idea, baste con decir que esta asociación valenciana tenía, en 1932, 150 locales y 50.000 afiliadas. Como esta, también surgieron otras organizaciones semejantes en distintos puntos de España, aunque con nombres diferentes, como fue el caso de Asociación Femenina de Unión Regional de las Derechas de Galicia o Acción Ciudadana de Sevilla, que se unieron a la Confederación Española de Derechas Autónoma (CEDA) de Gil Robles.

El 21 de septiembre de 1936, Concepción Carrión González y las dos religiosas citadas fueron llevadas a Sueca, a un lugar llamado del Caballo. Durante el trayecto, los milicianos intentaron abusar de Concepción, sin conseguirlo. Volvieron a intentarlo cuando la bajaron del coche, y de la frustración que les produjo la negativa le acribillaron los pechos a balazos, porque antes no había permitido que se los sobaran. Y cuando cayó muerta en el suelo, la desnudaron y la clavaron una caña en la vagina.

Carmen García Moyón, es otra seglar, apodada ‘la francesita’ porque su madre procedía del país vecino. Se la incluye a veces entre las monjas martirizadas, porque en 1918 ingresó en el noviciado de las Terciarias Capuchinas de Altura (Castellón). Pocos años después, entiende que no es esa su vocación y abandona el convento. Acaba viviendo en Torrent (Valencia), donde instala un taller de costura. Mujer muy piadosa, en 1934 se une a la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio. Ella es la que organiza la catequesis de las niñas de Torrent, y cuando estalla la guerra ayuda a los católicos escondidos, a los que lleva comida y la Eucaristía.

Denunciada por una vecina, en enero de 1937 es detenida y llevada a un paraje conocido como Barranc de les Cayes, en Torrent. Al bajarla del coche, los milicianos tratan de abusar de ella, a lo que se resiste y les increpa:

-«Me mataréis, pero no abusaréis de mí».

Con juicio incluido: un tribunal popular se quedó con las dos religiosas más jóvenes de la Congregación… para ellos.

En vista de que no pueden cumplir sus propósitos, los verdugos de Carmen García Moyón la rocían con gasolina y la prenden fuego viva. Carmen, durante unos segundos camina por el campo como una tea ardiente, poco después se tambalea y, por fin, se desploma. Ya en suelo, antes de morir, gritó varias veces ¡Viva Cristo Rey!

Cambiemos de región. Las carmelitas descalzas de San José de Guadalajara se ven obligadas a abandonar el convento, y vestidas de seglares, pasan la noche del 23 al 24 de julio de 1936 en los sótanos del Hotel Iberia y en una pensión. El día 24 por la tarde, tres de ellas caminan por la ciudad disimulando como pueden, pero el grito de una mujer que las reconoce las condena a muerte:

-¡Son monjas, disparad contra ellas!

Los milicianos comienzan la cacería y al instante, caen dos de ellas. Una tercera puede huir. Es la hermana Teresa del Niño Jesús, tiene 27 años y natural de Mochales (Guadalajara). Trata de refugiarse en el Hotel Palace, pero se lo impiden unos hombres que están en la puerta. Y en ese momento, se acerca a ella un individuo, que la ofrece su protección y le sugiere dirigirse a las afueras. Pero en el puente de San Antonio se quita la careta, la sujeta con fuerza del brazo y se la lleva a las tapias del cementerio, donde trata de abusar de ella sin conseguirlo. A la agresión se suman otros dos valientes milicianos, y ya entre tres es más fácil manosearla, pero la monja sigue resistiéndose. Frustrada su lujuria, se les desata la ira. Un empleado de la funeraria es testigo de lo que sucede, oye las frases soeces que la dirigen y que la exigen que dé vivas al comunismo, a lo que la hermana Teresa del Niño Jesús responde con un ¡Viva Cristo Rey! Entonces se separan un par de metros de ella, cargan sus armas, ella cae de rodillas con los brazos en cruz y la acribillan a balazos.

La persecución religiosa de la Guerra Civil española se ha presentado a veces como la acción criminal de unos incontrolados. Pero los hechos no sucedieron así. Los asesinatos fueron promovidos y planificados por los partidos y los sindicatos de izquierdas, con un innegable protagonismo del PSOE. Así por ejemplo en Santander, las juventudes socialistas publicaban un semanario titulado Nueva Ruta, y en esta publicación aparecían las listas de los que los socialistas consideraban como facciosos, que a continuación eran buscados para asesinarlos.

No eran incontrolados: era un régimen que favorecía el desprecio a la mujer y a la feminidad. Como Almudena Grandes.

Naturalmente, que antes de matarlas se las juzgaba, en un simulacro de justicia, porque como nos recuerdan insistentemente Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, lo del Frente Popular era el Estado de Derecho. Así es que gracias a que el bando republicano era el imperio de la ley, en cierta ocasión se formó un Tribunal Especial para juzgar a un nutrido numero de monjas de las Carmelitas de la Caridad de Cullera, y el juez dictó la siguiente sentencia: «Como que dichas mujeres no han dado provecho al pueblo, ni tampoco lo darán en el futuro, a la catalana que se vaya a su tierra, pero a las otras, como son del norte, país fascista, las fusilaremos, excepto a las dos más jóvenes que serán para nosotros». Nada se dice de que estas dos monjas dieran un sí explicito para entregarse sexualmente, pero como no cabe en cabeza alguna que estos tribunales del Estado de Derecho republicano fueran machistas, estoy convencido que cuando esto lo lea la ministra Isabel Celaá, como dicen que es la católica del Gobierno y la responsable de Educación, con esta doble cualidad, si no es en los archivos del Estado será en los archivos eclesiásticos, pero en algún sitio encontrará el documento en el que figure el consentimiento de entrega sexual de estas dos monjas al juez y sus secuaces, que seguro que también eran milicianos sudorosos de los que con tanto entusiasmo habla Almudena Grandes.

El problema de la ministra Isabel Celaá es que se va encontrar con algunos casos en los que le va a ser imposible encontrar el consentimiento de algunas monjas para mantener relaciones sexuales con los milicianos jóvenes y sudorosos, por imposibilidad física y metafísica, por la sencilla razón de que aquellos aguerridos luchadores por las libertades y los derechos de la mujer del Frente Popular tuvieron sexo con ellas y hasta practicaron lo que ni imaginar se puede con sus cuerpos desnudos, pero todo eso lo hicieron con los cadáveres de las monjas, después de asesinarlas.

Y eso fue, exactamente lo que sucedió, entre otras mujeres, con las dos hermanas Vicenta y Purificación Asensio Vila, del Monasterio de La Puridad de Valencia, que fueron arrestadas y asesinadas cuando contaban 60 y 44 años respectivamente, junto a la Madre María Inmaculada Trinidad Peneli, Esclava de María, que tenía 70, el 2 de octubre de 1936 en el término municipal de Silla (Valencia). Las tres religiosas fueron violadas después de matarlas a tiros, según constató un médico forense que recogió los cadáveres y los fotografió cuando estaban tendidos en una carretera.

Javier Paredes
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá



https://www.hispanidad.com/la-resist...02866_102.html

Memoria Histórica, ¡no, para nada! Ocultación y Mentira Histórica, si. Desde Luego, si Franco hizo fusilar a unos cuantos, como dicen los tarados de baba de hoy, se quedó corto, pero que muy corto.

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Iniciado por Pious

A continuación un artículo de interés publicado por el ABC.
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La Segunda República: el azote de la prensa libre.

Lejos del supuesto paraíso de libertades de este régimen democrático entre 1931 y 1936, abundaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras importantes como ABC.


Imagen de la redacción de ABC en la calle Serrano, incautada por el Gobierno de la Segunda República, el 30 de abril de 1931 - ABC.

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de este diario a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.


Portada del 15 de octubre de 1935- ABC

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931. Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

Sin importar la línea editorial.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Dificultades para publicar.

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva «Ley de Orden Público», en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.

Cómo anécdota decir que tras la victoria (ilegítima) del Frente Popular en el pucherazo electoral de 1936 este llegó a censurar hasta la hora del entierro en una esquela. (Fuente).

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19 al 20 febrero de 1936: una larga noche, para la guerra civil

Ángel David Martín Rubio
Blog Desde mi campanario

El 16 de febrero de 1936 tuvieron lugar las terceras elecciones generales celebradas durante la Segunda República. El Gobierno nunca publicó unas cifras globales y exactas de sus resultados y la historiografía que se ha ocupado del período no ha contribuido a resolver la complejidad de la cuestión. Al menos, hasta la reciente aparición del resultado de una investigación que, estimamos, hace una aportación decisiva. Nos referimos al libro de los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Madrid: Espasa, 2016).

Aunque ya un temprano Dictamen elaborado durante la Guerra Civil por un prestigioso grupo de juristas y políticos, monárquicos y republicanos, bajo la presidencia del magistrado del Tribunal Supremo Ildefonso Bellón Gómez, aportaba suficiente documentación al respecto para poder sostener fundadamente la naturaleza fraudulenta que revistieron las elecciones de febrero del 36 [Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de Poderes actuantes en 18 de julio de 1936 y Apéndice I al dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona: Editora Nacional, 1939] , la tendencia general de la historiografía ha tendido a ocultar dichas pruebas y a no extraer las consecuencias lógicas que se derivan de los hechos que vamos a comentar. Con la excepción de autores como Ricardo de la Cierva, que a partir de un determinado momento asume las posiciones del Dictamen citado, Pío Moa, o el autor de estas líneas -especialmente en Los mitos de la represión en la Guerra Civil y en mi Tesis Doctoral-, se ha tendido a convalidar la representatividad democrática de estas elecciones, especialmente por la influencia de la lectura al respecto que hizo en su día Javier Tusell (Las elecciones del Frente Popular (2 vols.), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971).

El argumento resultaba favorable no solo a la historiografía de combate de ideología izquierdista sino a determinadas interpretaciones del antifranquismo “moderado”. En primer lugar, porque permitía un cómodo paralelismo con la consulta de noviembre de 1933 que había otorgado una mayoritaria representación a las derechas: estaríamos ante un legítimo giro de la opinión pública ante la gestión política que se había hecho durante el Bienio. En segundo lugar, porque se atribuía un peso desproporcionado a la abstención a la hora de configurar el resultado de las Cortes y, por último, porque así se podía presentar lo ocurrido en España desde entonces como la consecuencia de una victoria electoral “progresista” que se habría frustrado por una sublevación militar en julio poniendo en sordina la iniciativa revolucionaria de las izquierdas que probaban sucesos como los de octubre de 1934.

El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, sintetiza en estos términos la magnitud del fraude que se cometió entre las elecciones y su propia destitución:

«A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados.Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.

Primera etapa: Desde el día 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.

Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular.Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios.

Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil» [Artículo en Journal de Géneve, 17-enero-1937].

A espera de una lectura reposada y de una valoración más profunda de la obra de Álvarez Tardío y de Villa García, haremos a continuación algunas referencias que nos permitan entender cómo el fraude electoral no es sino una fase del proceso ilegal de ocupación del poder por parte del Frente Popular. Y que fue el conjunto de este proceso lo que permitió una ofensiva revolucionaria que conduce a la completa “implosión política” de un sistema” (en gráfica expresión de Stanley G. Payne).

El sistema electoral republicano

La inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente Popular con vistas a las elecciones convocadas para el 16 de febrero de 1936, preconizaba la acción directa y enarbolaban la misma bandera de la revolución de Octubre del 34. Nada tiene; por ello, de extraño que se concertaran para utilizar los cauces del sufragio universal como un medio más para el asalto al poder, logrando con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral había de negarles.

Debe tenerse en cuenta que, debido a la legislación vigente, la mecánica de adjudicación de las actas de diputados era complicada y necesitaba pasar por tres fases:

· Escrutinio general.

· Celebración de una segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que ninguna lista hubiera obtenido al menos el 40% de los votos.

· Discusión de las Actas en el Parlamento.

Cualquier interferencia, por pequeña que fuera, en alguna de estas fases tendría una influencia directa sobre el resultado, siendo especialmente delicado el escrutinio pues se distribuían los puestos respectivamente asignados a mayorías y minorías, exigiendo a los candidatos pertenecientes a éstas un mínimo de votos para ser proclamados diputados, en defecto del cual habría de procederse a una segunda elección en la que tales minorías se exponían a ser eliminadas definitivamente. La ley electoral de 1933 reproducía y agravaba todos los defectos del decreto que reguló las elecciones a las Constituyentes y había sido aprobada por las izquierdas que confiaban en sus fuertes mayorías.

En realidad, la ausencia de garantías que se produjo en todas estas etapas permite poner en cuestión un proceso llevado a cabo al margen de la ley y hablar de la desaparición del marco democrático como primera característica de la fase revolucionaria iniciada el 16 de febrero.

Las elecciones del 16 de febrero

Las primeras noticias que se dieron el 16 de febrero eran parciales: victoria del Frente Popular en Cataluña, Madrid y otras grandes ciudades y de las derechas en numerosas provincias. A las ocho de la noche fue leída por radio una nota que recogía los primeros datos comunicados por los gobernadores civiles al ministro de la Gobernación:

«Las impresiones que del resultado electoral dan los gobernadores, muy prematuras, puesto que no ha habido tiempo material de terminar los escrutinios, acusan un destacado triunfo de las candidaturas de centro y derechas. Estas impresiones de los gobernadores las anticipamos a reserva de los resultados definitivos, que serán dados a conocer tan pronto como nos sean comunicados y que creemos que no imprimen variación a la tendencia que ahora indicamos» [ABC, Madrid, 18-febrero-1936]Hacia las diez, el presidente del Gobierno, Portela Valladares comunicaba el triunfo de la Esquerra en Cataluña y la dimisión de Escalas, Gobernador General de Cataluña. Esa misma noche, comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos días logrando influir en los cargos públicos de una manera parecida al 14-abril, es decir, provocando la euforia por una victoria que no existía y desmoralizando cualquier posibilidad de resistencia. No nos detenemos con más detalle en el marco de violencia que rodeó a las elecciones y al proceso posterior a las mismas y remitimos a la detallada crónica y estadística de Blázquez Miguel [cfr. España turbulenta (Alteraciones, violencia y sangre durante la II República), Madrid: 2009].

Aunque algunos periódicos como el Heraldo de Madrid afirmaban rotundamente que las izquierdas habían logrado la mayoría absoluta, el 18 de febrero, todavía se tiene la impresión de que va a salir una Cámara en la que el Frente Popular se encontraría en equilibrio o con una ligera ventaja sobre la derecha y con la práctica desaparición del centro. Ese mismo día el ABC publicaba:

«A PESAR DEL AMBIENTE QUE HAN QUERIDO CREAR ALREDEDOR DE SU TRIUNFO, LAS IZQUIERDAS NO TIENEN, SEGÚN DATOS HASTA AHORA COMPUTADOS, MAYORÍA EN LA CÁMARA.

Triunfo completo de derechas en Cuenca, Palencia, Valladolid, Toledo, Granada, Logroño, Orense, Lugo, Zamora, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Segovia, Murcia, Navarra, Baleares, Soria, Burgos, Guipúzcoa, Guadalajara, Salamanca y Santander»[ABC, ibid.].

Lo cierto es que aún no se podía saber con certeza la composición definitiva de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar su constitución definitiva.

En circunstancias normales -como había ocurrido en 1933- el presidente del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. Por el contrario, su dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar la mayoría. La historiografía, mayoritariamente inclinada hacia las tesis propagandísticas favorables al Frente Popular, ha evitado interrogarse acerca de las motivaciones últimas de la renuncia de Portela. Resulta difícil discernir lo que se debe al puro pánico o fue consecuencia del pacto con los dirigentes revolucionarios que denuncia Gil Robles en sus memorias. Es significativo que Portela se negara a respaldar todos los ofrecimientos que se le hicieron para restablecer el orden público y garantizar la limpieza del proceso, especialmente por parte del general Franco, jefe del Estado Mayor Central, y del propio Gil Robles.

En las consultas, casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero ¿cuál había de ser ésta? La imposibilidad de formar un Gobierno de acuerdo con la representación parlamentario de unas Cortes que aún no existían, nos pone de relieve lo absurdo de la situación desde una lógica democrática y la necesidad de abordar su explicación como fruto de una perspectiva revolucionaria para la ocupación del poder. Finalmente fue Manuel Azaña el encargado de formar Gobierno y lo hizo con elementos de la izquierda burguesa y con el compromiso expreso de realizar el programa del Frente Popular.

La dimisión de Portela arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que dimitieron sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, sin esperar a la transmisión normal de poderes, procedieron los nuevos dirigentes a apoderarse de los edificios y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la documentación electoral. En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20 se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsas en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las izquierdas. Así ocurrió en provincias como Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.

Para una mejor comprensión de los recursos utilizados por los revolucionarios en su fraude, vamos a referirnos con más detalle al caso de Cáceres, muy semejante al de la provincia de La Coruña. En ambas provincias se procedió a la sustitución y falsificación de las actas electorales. El hecho quedó plenamente demostrado por las numerosas actas notariales de presencia presentadas por los candidatos de derechas y por el resultado que arroja la documentación obrante en la Junta Central del Censo. Además de la documentación obrante en el Apéndice I al Dictamen citado (pp. 29-38), el socialista Fernando Ayala Vicente publicó un estudio en el que trata de difuminar las responsabilidades del Frente Popular en el fraude cometido en el resto de España pero reconoce para el caso de la capital extremeña que «aquí se produjo una modificación en los momentos del recuento que alteraría decididamente el resultado final» (Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la Segunda República, Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001).

Constituido el Gobierno Azaña antes de la celebración del escrutinio general y reemplazado el Gobernador Civil de Cáceres, el testimonio del secretario de la Diputación y de la Junta Provincial del Censo Electoral, Luis Villegas Bermúdez de Castro permite reconstruir las maniobras llevadas a cabo en Cáceres con el objetivo confesado de poner en práctica la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio:

«En Cáceres a 23 de diciembre de 1936, comparece el señor anotado al margen […] dijo llamarse como queda dicho, mayor de edad, viudo, natural de Valencia de Alcántara, vecino de esta ciudad y secretario de la Diputación Provincia. Preguntado si en la noche del 19 al 20 de febrero último hubo alguna reunión en el Gobierno Civil, qué personas la formaban y que fines perseguían, dijo: Que la expresada noche fue llamado a eso de las tres horas para que acudiera al Gobierno Civil, por haber sido llamado por el Gobernador; que al llegar al edificio del Gobierno y cruzar los pasillos, vio en ellos a varias personas, entre las que recuerda a don Indalecio Valiente, Telesforo Díaz Muñoz, Luis Martínez Carbajal, Jacinto Herrero (?), y al entrar en el despacho del Gobernador le indicó éste que el objeto de la llamada era para que diera posesión al nuevo Presidente de la Diputación por haber sido destituido el anterior, don José Bulnes. Y al efecto le presentó a don Santiago Sánchez Moras, a quien el declarante no conocía, y al cual veía por primera vez; pasaron al despacho contiguo al del señor Gobernador y allí vio y le fue presentado don Faustino Valentín candidato a Diputado a Cortes […] Preguntado manifieste si sabe el objeto que llevaban dichos señores a estar esa noche en el Gobierno Civil, dijo que era la sustracción de la documentación electoral, dice que no puede asegurar que todas las personas que se encontraban allí, y que eran más que las citadas, pero cuyos nombres no recuerda, llevara la finalidad a que se refiere la pregunta, aunque supone que sí, por los indicios que pudo recoger durante el tiempo que permaneció en el Gobierno Civil; solamente puede hacer afirmaciones categóricas respecto a las personas que intervinieron en los hechos que a requerimiento del Juzgado va a referir. Después de dar posesión al nuevo presidente de la Diputación […] Al quedarse solo en el despacho con el señor Sánchez Moras, éste le requirió, invocando su carácter de presidente de la Diputación Provincial para que le entregara la documentación electoral, que debía obrar sus efectos al día siguiente en el acto de escrutinio general para las elecciones de diputados a Cortes. A lo cual se negó el declarante; insistió el presidente, diciendo que eso era un acto que no tenía importancia alguna, que nadie lo sabría y que no había de envolver responsabilidad alguna para el que dice. Éste insistió también terminantemente en su negación, y en vista de ellos, fue llamado al despacho el señor Valentín, el cual trató de convencer al que declara de que debía acceder a las pretensiones del señor Sánchez Mora, empleando para ello distintos argumentos, entre otros el que el declarante no tendría responsabilidad alguna porque obraba en virtud de obediencia debida, que, además el hecho no sería por nadie conocido, que él traía a Cáceres la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio, cualquiera que fuera el procedimiento que tuviera que emplear, pues la documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo había sido amañada por las derechas y había que destruir esta labor. Que el Gobernador Civil estaba detenido en el mismo Gobierno, que el señor Gil Robles había huido de Madrid; a pesar de todas estas manifestaciones el declarante insistió en su negativa, y dijo terminantemente que el cumpliría con su deber en todo momento y que no llevaba veinticuatro años de probidad profesional para perderla en una noche, pues bastaba para ello a impedirlo el concepto que tiene de su responsabilidad moral, aún cuando le asegurasen que estaba libre de cualquiera otra; entonces el señor Valentín le indicó su propósito o resolución de destituirle del cargo de Secretario de la Diputación diciendo el declarante que sólo así entregaría la documentación, puesto que cesaba en sus funciones. Acto seguido le entregaron unos oficios en que se le suspendía del cargo, manifestándole que el nuevo secretario era don José Herrera Quiroga, quien se presentó ipso facto, levantándose el acta correspondiente. Y haciendo entrega de la las llaves del arca de la Diputación en donde estaba guardada la documentación, manifestando antes que la otra llave del arca estaba en poder del señor Depositario de fondos, pues el que declara, temiendo el asalto de las izquierdas para sustraer la documentación había adoptado la precaución de cerrar ésta en la caja de caudales de la Diputación en la tarde anterior, pidiendo este favor al señor Depositario, en cuyo poder quedó la otra llave, lo cual tenía por objeto demostrar que durante el tiempo que la documentación estuvo bajo la custodia del secretario de la Diputación no había sufrido alteración alguna en previsión de que ésta se hubiera hecho antes de llegar a la Junta en algún otro lugar. Acto seguido abandonó el local del Gobierno Civil, debiendo advertir que la entrega de las llaves se la hizo al Depositario de la Diputación, que había sido llamado» [Apéndice I al dictamen de la Comisión… ob. cit., 33-35].

A partir de este momento se improvisan las actas necesarias para alterar el resultado de las elecciones, que había sido favorable a las derechas. El hecho se llevó a cabo con tal impunidad y tuvo tan fácil constatación que, poco después, se informaba de él en la prensa, a pesar de la censura gubernamental:

«En las elecciones de Cáceres los resultados oficiales que concuerdan con las certificaciones que tienen en su poder los candidatos de derecha, dan el triunfo a éstos por noventa mil votos contra setenta y tantos mil de los izquierdistas triunfantes, que son tres. En vista de ello. Los candidatos de izquierda, capitaneados por el Sr. Díez Pastor, en el momento en que dejó el Gobierno civil el gobernador saliente y después de tomar posesión del cargo un conocido socialista, a las tres de la mañana abrieron la caja de la Diputación donde estaban encerradas las actas cuyo escrutinio empezaba hoy, y eligiendo los pueblos en que las derechas tienen mayoría, colocaron en lo sobres unas actas burdamente falsificadas con los resultados cambiados y en otros unos papeles en blanco para que esos votos no les fueran computados a la derecha» [ABC, Madrid, 21-febrero-1936; edición de la tarde, 29].

Prueba de todo lo que venimos diciendo, es la misma acta de escrutinio general de la Junta Provincial de Cáceres, firmada no solamente por los componentes de la misma, sino también por los interventores de los diversos partidos, y en la que se consignan aparecieron abiertos en el acto del escrutinio los sobres correspondientes a las actas en que más claramente se advierte luego la falsificación, referente a los pueblos de Alcuéscar, Alía, Ceclavín, Mohedas, Montehermoso, Aceituna, Santibáñez el Bajo y Torre de Don Miguel.

En las actas correspondientes a estas Secciones aparecen en numerosos casos todos los candidatos de izquierdas con cifras iguales y elevadísimas de votaciones, y los de derechas con cifras iguales y mínimas o se omiten totalmente sus resultados. Faltan en muchas de esas actas las firmas de los interventores. Actas de diversas secciones de un mismo pueblo, y, a veces, de pueblos diferentes, aparecen escritas con idéntica letra y tinta, y, sin embargo, todas estas actas se escrutaron en la Junta Provincial sin tener en cuenta las certificaciones presentadas por los candidatos derechistas y expedidas por las mesas respectivas, en las que figuraban los votos realmente obtenidos. Así ocurre, por ejemplo, con varios distritos del pueblo de Torre de Don Miguel y del de Alía como consta en los respectivos dictámenes periciales.

Bastaría el hecho de aparecer abiertos los sobres correspondientes a las actas de numerosas secciones para deducir que se abrieron con una intención de falsificación y si a ello se agrega que las actas correspondientes a estos sobres son aquellas en que, en contra de los certificados de escrutinio autorizados por las mesas respectivas, se atribuye a las derechas votación insignificante o nula y a las izquierdas, por el contrario, votación que alcanza en algunos momentos el 98% de los votos emitidos.En la documentación presentada al Congreso por algunos candidatos se acredita también que, ordenada por el Presidente de la Junta Central del Censo al de la Provincial de Cáceres mediante dos telegramas oficiales, la entrega al señor Rodríguez Jurado de los testimonios notariales o certificación de los documentos electorales que sirvieron de base para la proclamación de diputados, solicitados por aquel candidato, se negó el presidente de la Junta Provincial a enviarlos, pretextando no haber sido entregada aún la documentación por el secretario interino de la Junta al secretario propietario.

Como las secciones enviaron la documentación auténtica en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley electoral no solamente a la Junta Provincial sino también a la Junta Central del Censo, es en ésta donde obran los documentos originales de cuyo cómputo únicamente puede deducirse el resultado exacto de las elecciones celebradas el 16 de febrero en aquella provincia. Hecho este cálculo se puede calibrar con toda certeza la entidad del fraude.

Debieron, por tanto, ser proclamados diputados todos los candidatos de la Coalición de Derechas, a excepción de Morata, por las mayorías, y por las minorías, Giral, Díez Pastor y Martínez Carvajal, o sea, seis contra tres, y como lo fueron dos por siete, respectivamente, se privó indebidamente de cuatro actas a la Coalición de Derechas, siguiendo el mismo procedimiento empleado en relación con las actas de la provincia de La Coruña, de sustitución de las verdaderas por las falsas con anterioridad a la celebración del escrutinio provincial.

Ahora bien, ¿Cuán era la finalidad última de los republicanos cacereños, más allá del objetivo común al fraude con otras provincias de incrementar el número de diputados frentepopulistas? Ha sido el historiador Antonio Manuel Barragán Lancharro el que ha añadido oportunas precisiones al respecto, al hilo de las memorias de Niceto Alcalá Zamora y de la documentación consultada [Hace 75 años… José Giral y el pucherazo del Frente Popular en Cáceres (1936), en Ángel David MARTÍN RUBIO (coord.), Extremadura: de la República a la España de Franco (Una visión historiográfica), Madrid: Ediciones Barbarroja, 2012, 29-38].

Según el que fuera presidente de la República Española, Portela Valladares le había confesado que tenía conocimiento de la maniobra del Frente Popular para que la candidatura izquierdista en Cáceres pasara de perdedora a victoriosa ilegalmente. La clave está en un cuadro explicativo del avance de resultados provisionales que envió a Madrid el Gobernador Civil, el último a las 14,10 del 19 de febrero de 1936. A falta de hacerse un recuento definitivo se corría el peligro de que perdiera su escaño el propio José Giral Pereira, íntimo amigo de Azaña y unos de los prebostes de Izquierda Republicana. Con la maniobra empleada, el que estaba llamado a ser presidente del Gobierno en la Guerra Civil y uno de los principales responsables del terror provocado por la entrega de armas a las milicias frentepopulistas, ocupaba en febrero de 1936 la candidatura que, fraudulentamente, habría recibido más votos en la provincia de Cáceres.

Los mecanismos para completar el fraude

La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos. Ello sólo había ocurrido en distritos moderados (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria) y ahora las coacciones y el ambiente que hemos descrito, provocaron la retirada de los candidatos derechistas o su derrota incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.

Un artículo publicado el 5 de marzo en El Liberal de Bilbao y, por tanto, obra de Indalecio Prieto o respaldado por él, demuestra lo que se pretendía y su secuencia lógica:

«Para no dejar suelto ningún eslabón, debe dirigir [el Gobierno] igualmente la lucha en las circunscripciones donde los abusos cometidos justifiquen la nulidad de las elecciones del 16 de febrero. Los 300 diputados con que soñaba en sus delirios de grandeza Gil Robles, serán los que tenga el Frente Popular. Porque cuando se exprese libremente la voluntad del cuerpo electoral allí donde quedó secuestrado, las izquierdas alcanzarán y rebasarán esa cifra. Con esas tres victorias que consecutivamente nos aguardan: Elecciones legislativas parciales, renovación de Municipios y nombramiento de Jefe del Estado, la consolidación del régimen será tan firme que no resultará posible ningún retroceso» [Cit. por José PLA, Historia de la segunda República española, vol. 4, Barcelona: Destino, 1940-1941, 327].

La proyectada destitución de Alcalá Zamora a la que aquí se alude, puede considerarse dudosa desde el punto de vista de la legitimidad jurídica, pero carece con certeza de legitimidad moral. El recurso empleado, la tesis de que el Decreto de disolución de las Cortes era innecesario, sólo podía sustentarse lógicamente por las minorías de derechas, como lo habían hecho en su momento; por el contrario, aprobaron la proposición discutida los mismos partidos que antes se habían manifestado a favor de dicha disolución que condujo a las elecciones de febrero del 36

El 15 de marzo tiene lugar la sesión preparatoria de las Cortes -que concluye con los diputados del Frente Popular cantando la Internacional y saludando puño en alto- y al día siguiente se celebra la primera sesión ordinaria, siendo elegido como presidente Diego Martínez Barrios. El 17 se constituye la Comisión de Actas, presidida por Indalecio Prieto y de mayoría izquierdista, encargada de redondear la mayoría del Frente Popular. Su actuación –en un ambiente de violencia e intriga- terminó con una nueva pérdida de escaños por las derechas: «La discusión de las actas dio la tónica de lo que serán irremisiblemente estas Cortes… un organismo de guerra civil, serán la guerra civil misma encuadrada en un hemiciclo» [José PLA, ob. cit., 339].

Por fraudes atribuidos a las derechas durante la emisión de los votos, se declararon nulas las elecciones de Cuenca y Granada sin admitir ninguno de los recursos ante las clarísimas intromisiones de los frentepopulistas en otros lugares. Las izquierdas tampoco consintieron en investigar los robos de actas.

A espera del resultado de estas elecciones, el 3 de abril quedaba constituida una Cámara con la siguiente composición: izquierdas: 265 diputados; derechas, 133; centro, 54 y 21 puestos vacantes. Payne señala como composición definitiva del Congreso la siguiente: 277 escaños para la izquierda, 60 para el centro y 131 para las derechas (La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Barcelona: Paidos, 1995, 337). El Frente Popular disponía ya de la ansiada mayoría absoluta, imprescindible para sus proyectos.

A comienzos de mayo se repitieron las elecciones en Cuenca y Granada. Las presiones fueron tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente Popular fruto de las coacciones y el fraude.

El sucesivo desbordamiento del resto del marco jurídico será la segunda fase del proceso revolucionario: la nueva administración iba a servirse del estado de alarma y de la supresión parcial de las garantías constitucionales no para mantener el orden sino para dejar manos libres a las fuerzas revolucionarias, únicas que podían, a su vez, sostener al Gobierno en el Parlamento.

En síntesis, lo que puede llamarse “la ocupación del poder por el Frente Popular” es en realidad un proceso complejo que permite a la coalición revolucionaria de izquierdas redondear su mayoría parlamentaria a partir de un ajustado resultado electoral.

Los días que siguieron a las elecciones fueron de gran confusión, pero a las izquierdas les bastaba con repetir que su éxito había sido arrollador y aplicar una serie de medidas que iban privando al centro-derecha de las actas necesarias para atribuir al Frente Popular una mayoría absoluta que le resultaba vital a la hora de sostener el proceso revolucionario. Representantes del Frente Popular, dueños de los Gobiernos Civiles y de las Juntas del Censo, anulaban o se apropiaban de votos.

Las manipulaciones y coacciones continuaron en la segunda vuelta y en los debates de la comisión de actas, culminando con la destitución del presidente de la República, Alcalá Zamora, ahora sustituido por Manuel Azaña.

Inmediatamente, los frentepopulistas generalizan una situación de violencia y desorden bajo formas distintas que es necesario conocer de manera conjunta para captar su coherencia como indicios no tanto de puntos aislados de conflictividad —que podían haber encontrado soluciones parciales― cuanto de una metodología pre-revolucionaria Ataques e incendios provocados contra edificios y comunidades religiosas o parroquiales; huelgas y manifestaciones agresivas; ocupación directa de tierras y sabotajes agrarios; enfrentamientos entre los miembros de los grupos políticos, detenciones políticas arbitrarias y asesinatos…

Todo estaba al servicio de una táctica pre-revolucionaria que buscaba el deterioro irreversible de una sociedad sobre la que habría de imponerse aquella de las opciones revolucionarias que lograra imponerse a sus contrarios.