Tema: Análisis del programa económico-financiero del Partido Podemos

Existe ya otro hilo abierto que también, en cierta forma, se refiere a este tema. Sin embargo, he preferido abrir uno nuevo para centrarme exclusivamente en el estudio científico de las propuestas presentadas, en materia económico-financiera, por el Partido Podemos (dentro de lo que cabe poder hacerlo en base a unos textos muy generales, propios y normales de todo programa político conforme a los cánones del sistema democrático de partidos).

Es inevitable que en este estudio se mezclen aspectos político-sociales, dada la imposible inescindibilidad de la realidad, que nos impone siempre relacionar continuamente cada uno de los diferentes elementos que la componen, y que se ven constantemente afectados los unos por los otros recíprocamente (por lo demás, seguiendo esta ley imperativa de la naturaleza, en el apartado del programa correspondiente a la economía, los redactores introducen igualmente estos elementos político-sociales, como no podía ser, lógicamente, de otra forma).

Los textos objeto de estudio están tomados del programa político de Podemos para las últimas elecciones europeas del 2014 y, en concreto, del primer gran apartado, titulado: "Recuperar la economía, construir la democracia." Este apartado está dividido en 12 subapartados. Éstos me servirán para centrar el análisis, siguiendo la misma enumeración; sin embargo, a la hora de analizar cada subapartado, no seguiré el mismo orden que se establece en el propio programa político.

Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño inciso. Uno observa en el programa, antes de nada, que la idea básica que focaliza todas las demás es la de "democracia". Así vemos en todos sus apartados principales que terminan con la coletilla: "construir la democracia".

Pero ahora bien, ¿de qué democracia hablamos? Todos los revolucionarios que hemos estado padeciendo en suelo español en estos últimos 181 años hablaban siempre de democracia como leit motiv de sus políticas: democracia constitucional, democracia liberal, democracia "orgánica", democracia socialista, etc..., y sin embargo todos ellos han seguido la misma deriva totalitaria estatista, fomentadora del mismo proceso continuo disociador antisocial y desecador de la vitalidad social autorreguladora y autónoma, terminando como resultado en una cada vez peor masa de rebaños movida por tropismos estimulados desde instancias procedentes del aparato administrativo superpuestamente injertado como sustituto.

Yo podría creer que con la frase "construir la democracia" quiere darse a entender: reconstrucción y restauración del orden social; lo cual sería un proyecto totalmente loable y digno de alabanza (a fin de cuentas, no vendría a ser sustancialmente distinto a lo que pregona el único grupo político que ha defendido y viene defendiendo, en suelo español, dicho proyecto social encarándose, desde el principio y desde la primera hora, contra todos los revolucionarios: la Comunión Tradicionalista). El problema es si realmente entienden eso los redactores del programa de Podemos cuando hablan de "contruir la democracia".

Entiéndase bien que es preciso no ser ambiguos en esto y saber que existe un tipo de "democracia" que es defendible y otro tipo de "democracia" que sólo sirve de señuelo para el fomento y desarrollo del totalitarismo. Esto lo explicaban muy bien los grandes filósofos de las costumbres del pasado siglo (Rafael Gambra, Gustave Thibon, Marcel de Corte, Dietrich von Hildebran, Josef Pieper, por citar a los principales). En concreto, por mencionar un ejemplo, Gustave Thibon, en su entrevista televisada con Christian Chabanis de 1974 (luego recogida en un libro, también traducido al español con el título de "Entre el amor y la muerte") hacía las siguientes afirmaciones:

«Pero la sociedad que me parece la mejor, o la menos mala, es aquélla que conlleva el máximo de costumbres y el mínimo de leyes».

«Sólo hay un medio de no ser demócrata, es ¡ser pueblo!»

«…frente a cierta mitología de la democracia que consiste en hacer una especie de panacea de esta palabra, válida para todos los tiempos y todos los pueblos, ¡me siento muy poco demócrata!»

«Y me opongo todavía más a una especia de democracia formal en la cual, teóricamente y bajo la apariencia de la papeleta electoral, se confieren al pueblo todos los poderes y se le quitan sus más legítimos derechos por un conjunto de leyes, de reglamentos o de intervenciones abusivas del Estado. En este sentido yo soy absolutamente nada demócrata. Pero, por el contrario, yo soy profundamente demócrata en el sentido de desear que el ser humano pueda tener el máximo de libertades y responsabilidades. Cada uno en su escala, entiéndase bien…».

[En referencia a la definición que el Diccionario filosófico de Lalande hace de la palabra «democracia»: «Régimen en el cual el gobierno es ejercido por todos los hombres sin distinción de nacimiento, de fortuna o de competencia»]. «¿Cómo queréis que los incompetentes puedan discernir la competencia de quienes los gobernarán?»

«Repito que el mejor régimen político es aquél en el cual los ciudadanos gozan del máximo de libertades individuales y locales y donde el Estado realiza un papel de coordinador y árbitro. En tal régimen, la selección procede en cierto modo de la base, quiero decir del mérito personal, de un servicio social, de una entrega auténtica. Lo cual nos conduce muy lejos del régimen actual en el que los responsables son designados por la papeleta electoral: pura abstracción, pues las gentes votan por las etiquetas políticas más que por los hombres. Y lo peor es que se hace votar a la gente acerca de problemas de los que nada entienden, y se olvidan de consultarles acerca de las cuestiones en las cuales tienen interés y competencia».

«Valery, que no era antidemócrata, lo decía: “La política es el arte de consultar a las gentes acerca de lo que nada entienden y de impedirles que se ocupen de aquello que les concierne”. Sueño con un poder infinitamente más descentralizado, con muchas más libertades locales en la base, lo que favorece la selección de las autoridades responsables. Mucho mejor que con un sistema electoral puramente formal y abstracto».

« [A cada sociedad le conviene un régimen político diferente] A condición de que ese régimen asegure, os lo repito, la estabilidad de la nación y el máximo de posibilidades para los individuos, las familias y los grupos que la componen».

«… Lo ideal sería que los hombres que rijen los destinos de la nación emanaran de esas diversas élites (en el arte, en la religión, en la industria, en la agricultura, en cualquier otro sector) por una selección positiva muy diferente de la elección actual…».

El primero de los 12 subapartados al que me gustaría referirme es al último, el nº 12, esto es, el que hace referencia a la política de la "Renta Básica". Es el primero que me gustaria tratar, no sólo por ser uno de los que más comentarios ha suscitado entre la gente, sino también porque podría ser erróneamente confundido con un mecanismo del que he estado hablando mucho en el Foro en el marco de la doctrina del Crédito Social, a saber, el Dividendo Nacional.

El texto del subapartado en cuestión dice así:

1.12 - Derecho a una renta básica para todos

Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.

Sin perjuicio de lo que ya he afirmado anteriormente en otros sitios del Foro acerca de la diferencias esenciales entre el Dividendo Nacional (dentro del marco de una política de Crédito Social) y la fórmula, hoy en día de moda, de la "Renta Básica" (dentro del marco de la ortodoxia del actual sistema financiero), me gustaría reproducir a continuación un artículo de Oliver Heydorn, recientemente colgado en el Clifford Hugh Douglas Institute, en donde precisamente hace un examen resumido de las principales diferencias que existen entre ambos. Así pues, lo aprovecho para colgarlo también aquí, traducido:

La (¡gran!) diferencia entre un “Ingreso Básico” y el Dividendo Nacional

25.jpg


Por M. Oliver Heydorn


Parece que más y más gente en varios países está empezando muy seriamente a tomar propuestas para la introducción de un ingreso básico.

De acuerdo con la red B.I.E.N.: “Un ingreso básico es un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros a nivel individual, sin necesidad de condicionarse a una previa comprobación de medios o a la necesidad de un trabajo.” Cf.

La propuesta del Crédito Social de un Dividendo Nacional puede también definirse como “(…) un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros a nivel individual, sin necesidad de condicionarse a una previa comprobación de medios o a la necesidad de un trabajo.”

Sin embargo, el Dividendo Nacional no debe confundirse con un ingreso básico porque existen diferencias enormemente importantes entre ambos.

En lo que sigue a continuación, me centraré solamente en lo que considero que constituyen las tres diferencias clave:

1) La naturaleza estructural del beneficio propuesto

Mientras que el ingreso básico se concibe específicamente como una cantidad fija que se concedería incondicionalmente y con la que sería suficiente para que una persona sobreviviera, el Dividendo Nacional variaría dependiendo del funcionamiento de la economía. En otras palabras, el dividendo está referenciado a la productividad. Sin productividad, no hay dividendo. Cuanta mayor sea la productividad de la sociedad, mayor será el dividendo. Se presume que, en un país altamente industrializado, el dividendo (en unión con los precios compensados y los impuestos masivamente reducidos) debería ser como mínimo suficiente para satisfacer los gastos básicos de cada persona, y que su poder adquisitivo en relación a los salarios y sueldos debería también ir subiendo a medida que las máquinas reemplacen el trabajo humano en el proceso productivo.

2) El propósito social del beneficio propuesto

Mientras que el ingreso básico normalmente se enlaza con una política de pleno empleo (es decir, la cantidad dada a los ciudadanos no debe ser lo suficientemente grande como para que sirva como un desincentivo en la búsqueda de trabajo en la economía formal), el Dividendo Nacional se enlaza con una política de ocio creciente. El Crédito Social se opone al pleno empleo como un objetivo fijo. A la gente sólo se le debería requerir para trabajar en la economía formal siempre que su trabajo fuera realmente necesario para la provisión de aquellos bienes y servicios específicos que ellos independientemente elegirían (es decir, si sus elecciones no estuvieran condicionadas por la escasez artificial de dinero que constituye una característica inherente del actual sistema financiero). Las máquinas de varios tipos hacen posible que una sociedad tecnológicamente avanzada pueda producir lo suficiente como para satisfacer las necesidades de todos sin tener que acudir al uso de toda la capacidad plena de la fuerza laboral humana. Cualquier política que vaya más allá de esto y requiera que la gente se dedique a la producción más y más tiempo de lo que los hechos físicos de la economía reclama, constituye una política de servidumbre (es una forma de esclavitud), y además es altamente ineficiente y, por ello, social y medioambientalmente despilfarradora.

3) La financiación del beneficio propuesto

Mientras que el ingreso básico normalmente se considera que ha de ser financiado dentro del marco de restricciones financieras de la actual ortodoxia económica, es decir, a través de impuestos redistributivos, o mediante un incremento en el endeudamiento público, o mediante la redistribución de beneficios procedentes de corporaciones de propiedad pública, etc…, el Dividendo Nacional es financiado a través de la creación de nuevo crédito libre de deuda que sería emitido por una Oficina de Crédito Nacional. La creación de este dinero adicional por un órgano del estado se justifica por el hecho de que existe una brecha crónica y subyacente entre los precios de los bienes puestos a la venta para el público consumidor y el dinero que fue puesto a disposición durante el transcurso de su producción. Principalmente, a consecuencia de la forma en que el capital real (máquinas y equipo) es financiado y la forma en que sus costes son, pues, contabilizados, el actual sistema financiero genera precios de bienes de consumo a un ritmo más rápido del que distribuye ingresos al consumidor. El Crédito Social propone cubrir esa brecha mediante la creación de un volumen suficiente de dinero libre de deuda de tal forma que el “excedente de producción”, es decir, la producción para la cual no se está distribuyendo automáticamente ningún ingreso al consumidor, pueda ser comprada sin tener que acudir, como actualmente ocurre, a la contracción de nuevas deudas (ya sea por parte de los gobiernos, de los negocios, o de los consumidores) para la obtención de un adicional poder adquisitivo para el consumo (entre otros paliativos). Se trata simplemente de una cuestión de monetizar, si se prefiere así, la producción adicional. Si existe un cierto volumen de bienes y servicios unidos a sus respectivos precios, pero el dinero para adquirirlos no existe (a consecuencia de un error de contabilidad, aún todavía en gran parte no reconocido, en el sistema financiero existente), entonces debería inmediatamente crearse y emitirse directamente a los consumidores el crédito necesario para llevar la representación monetaria de la realidad a su completa concordancia con la realidad. El Dividendo Nacional contribuiría, de este modo, al establecimiento de un verdadero equilibrio en el flujo circular de la economía, esto es, un equilibrio que sería el fruto de un sistema financiero auto-liquidable, en donde los precios de los bienes de consumo y los ingresos del consumidor se mantendrían en un equilibrio automático. El ingreso básico, en contraposición, no hace nada por conseguir un sistema financiero auto-liquidable y puede incluso, dependiendo de cómo se financie, contribuir a la acumulación de deuda imposible de devolver.


A causa del completo contraste entre las dos propuestas, los creditistas sociales deberían tener mucho cuidado en no lanzarse al carro del ingreso básico. Por el contrario, debemos convencer a los defensores del ingreso básico de que el Dividendo Nacional proporcionará lo que ellos más desean (un cierto nivel de seguridad económica universal), a la vez que simultáneamente contribuye, en base a nuestro enorme potencial económico físico, a un más amplio y muy necesario reformateo de la vida económica en línea con el verdadero propósito de la asociación económica: la distribución de aquellos bienes y servicios que la gente puede usar en provecho de ellos mismos… con la mínima cantidad de molestias posible para todos.

Además, no seamos ingenuos. Existen poderosos intereses creados que podrían escoger que se introdujera el ingreso básico por razones propias. En caso de que fallara el ingreso básico (porque pasa a ser una carga financieramente demasiado gravosa, o porque mucha gente deja de trabajar, etc…), eso se podría utilizar para desacreditar al verdadero Crédito Social: “Ellos ya intentaron eso y no funcionó”. Aún cuando pudiera mantenerse a largo plazo bajo los actuales métodos financieros, el ingreso básico probablemente tendería a mitigar la insatisfacción del vulgo con el actual sistema, permitiendo así un mayor afianzamiento de ese sistema y quizás haciendo imposible su eliminación (mientras que al mismo tiempo posiblemente incremente el dominio que los poderes financieros ejercen sobre la sociedad a través del aumento en los impuestos y/o en las deudas públicas). Desde esta perspectiva, el ingreso básico podría ser visto como unas pocas migajas que los monopolistas del crédito lanzan a la gente para así poder seguir manteniéndolos a raya tanto a ellos como a cualquier cambio radical y substancial. La propuesta de un ingreso básico podría, pues, calificarse (al igual que la economía Keynesiana anterior a ella) como un intento de tratar de cooptar al Crédito Social, reelaborando desviadamente uno de los mecanismos terapéuticos clave de Douglas, poniéndolo al servicio del actual “Monopolio del Crédito”.

Fuente: CLIFFORD HUGH DOUGLAS INSTITUTE.

Antes de continuar con el análisis de los subapartados del programa político referentes al ámbito económico-financiero, quisiera hacer un inciso acerca de la metodología usada por el Partido Podemos a la hora de elaborar dicho programa.

Al principio del programa, como texto introductorio, se dice lo siguiente:

El presente documento es el resultado de un proceso de elaboración colectiva del programa de Podemos a través de un método abierto y ciudadano en el que han participado miles de personas. Partiendo de la propuesta de un borrador el proceso ha consistido en tres etapas: (i) debate y aportaciones online a título individual, (ii) enmiendas colectivas de los Círculos Podemos y (iii) referéndum online sobre las enmiendas.

Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta por una muy importante razón: el vicio subyacente que radica en la base de este método de "participación democrática". ¿Y cuál ese vicio? La consulta a la gente acerca de cuestiones técnicas y no acerca de cuestiones políticas.

Me explico. Una cosa es preguntar a las personas acerca de los objetivos o resultados que ellos quieren, caso para el cual un individuo está perfectamente capacitado para poderlos formular sin ningún problema (es decir, aquí estaríamos hablando de una cuestión política o de finalidades a conseguir, es decir, estaríamos hablando del qué). Aunque yo no he participado personalmente en ninguna encuesta, es fácil concluir que no hay hoy en día ninguna otra demanda general que no sea la de aumentar el propio poder adquisitivo; así de simple.

Pero ahora bien, otra cosa muy distinta es consultar a la gente acerca de la forma o sistema en que se va a cumplir el objetivo o deseo previamente formulado, manifestado y recogido (es decir, aquí estaríamos hablando de una cuestión técnica o de procedimiento a seguir, es decir, estaríamos hablando del cómo).

Ahora bien, según el párrafo antes transcrito, parecer ser que los jefes de Podemos elaboraron un borrador técnico, el cual a su vez lo sometieron a la consideración y crítica de la gente, de las cuales surgieron una serie de propuestas técnicas que sirvieron de base (creo entender que fue así, si no que alguien me corrija) para la elaboración por los Círculos de Podemos de unas enmiendas técnicas, las cuales fueron sometidas a la votación de la gente, y finalmente han venido a conformar los apartados del programa.

No tengo nada en contra de los Círculos de debate, pues pueden ser un buen marco (si de verdad están diseñados para eso) para la aportación de ideas y reflexiones a la hora de analizar y diagnosticar las causas primarias y principales subyacentes al mal social. Esta funcionalidad de "Círculos de estudio", en ese sentido, está bien. El problema es cuando se les quiere dar una función que va más allá de sus posibilidades reales. Lo cierto es que, si bien pueden servir para reflexionar e indagar acerca de dónde está realmente el fallo y la causa fundamental de los males sociales (ayudando de esta forma a la especificación concreta de los objetivos o resultados a exigir), sin embargo no son adecuados a la hora de la formulación de proyectos o planes concretos de carácter más técnico.

Esto es así por lo dicho antes: porque el método de participación democrática es más propio y natural para la demanda de resultados, pero no para la demanda de tal o cual forma de conseguir dichos resultados. Ésa es la razón de que, si bien la política (= resultados) es esencialmente (o debería serlo) democrática, la administración o elaboración de dicha política (= elaboración del proyecto técnico) necesariamente ha de ser (o debería ser) jerárquica o no democrática.

Estas ideas irán apareciendo de nuevo y repitiéndose a medida que analice los sucesivos subapartados (sobre todo los que se refieren a la gestión o administración democrática de empresas o bancos). Aquí lo señalo y formulo como método ineficaz, en general, de participación política (éste de la reunión de la población para la exigencia de demandas técnicas en lugar de demandas de carácter finalista), si de verdad se quiere realmente dar solución al problema social.

Así pues, en el primer subapartado nos encontramos ya con ese vicio subyacente señalado antes (de confusión de objetivos y proyectos). Dice así:

1.1 - Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente en los países del sur de Europa

Programa de inversiones y políticas públicas para la reactivación económica, la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental. Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo, resaltando el papel de las entidades de la economía social. Política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios. Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014. Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo, especialmente en el empleo joven para contrarrestar el exilio juvenil. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal. Incremento significativo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. Derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación, su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional. Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones. Establecimiento de políticas redistributivas para la reducción de la desigualdad social en el marco nacional y comunitario. Convergencia del gasto social sobre el PIB respecto al promedio de la Unión.

Aquí la frase clave, por supuesto está en: "Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo". Sobre este tema ya puse un artículo de Louis Even en su día, cuya lectura vuelvo a recomendar encarecidamente. También, a modo anécdotico (aunque, por supuesto, no carente ni mucho menos de importancia), recomiendo la lectura del texto de la carta de Douglas a Hitler.

De manera resumida: los redactores finales del programa defienden y siguen a la perfección la política ortodoxa, en materia económico-financiera, al pie de la letra, a saber, la creación de lo que Belloc llamaba política de creación del Estado Servil, es decir, la que comunmente denominamos política de pleno empleo.

Los redactores podrían excusarse diciendo que esa no es la política de ellos, sino que es la que quiere la ciudadanía que ha votado antes a favor de ello. Pero entonces volvemos a lo que dijimos antes: a la población sólo se le debe consultar en aquello que es competente, pero no en lo que no lo es. Un individuo sabe perfectamente que la causa de sus males radica en la falta de dinero, y el proceso democrático le sirve de cauce natural para expresar su exigencia de cambio de esa situación (y de poder de sanción para con los representantes políticos que ignoren esa demanda, o para los técnicos nombrados que no quieran o no consigan implantar esa política de aumento de poder adquisitivo). Ahora bien, que el remedio a ese mal tenga que ver o no con una supuesta falta de creación de empleo o una necesidad de creación de empleo, o cualquier combinación de este tipo que se pueda imaginar, es algo en lo que la persona no puede pronunciarse, en tanto en cuanto no conozca la situación real física de la economía que le permita dar una respuesta adecuada (algo que exige conocimientos que, o bien no tiene, o bien no tiene tiempo para tenerlos).

Es así que, por arte de una viciada costumbre contemporánea basada en la experiencia repetitiva de una supuesta necesaria conexión entre trabajo = único medio de obtención de poder adquisitivo, resulta lógico que las personas acaben confundiendo el verdadero objetivo principal (aumento del poder adquisitivo, sin el cual no pueden adquirir bienes y servicios y tener una estabilidad social) con un simple mecanismo que, por la fuerza de la viciada costumbre anteriormente dicha, ha sido elevada en las conciencias a categoría de fin lo que no es más que una categoría de medio.

Ahora bien, este error primordial va arrastrando a todos los demás. Veámoslo:

1) "Programa de inversiones y políticas públicas para la reactivación económica, la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental".

Ochenta años después de las primeras formulaciones de Keynes, seguimos con las mismas políticas de "pump-priming". ¿Realmente esto supone un cambio substancial y verdadero con respecto a lo que se ha venido haciendo desde entonces? Todo esto sigue siendo pura ortodoxia económica.


2) "Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo, resaltando el papel de las entidades de la economía social."

¿Para la creación de empleo? ¿No sería algo más sensato la promoción de la pequeña-mediana empresa (en contraposición a las macroempresas, ya privadas, ya estatales) por su comprobada eficacia y eficiencia en la administración-gestión de la producción de bienes y servicios, en términos comparativos?

Respecto a las entidades de la economía social, dígase lo mismo. Se diferencian de las pequeñas-medianas empresas por el hecho de que en aquéllas prevalece más el contrato de sociedad frente al contrato de trabajo de éstas últimas (creo recordar que se fomentaba este tipo de contrato en la Quadragessimo Anno). Pero su finalidad verdadera no es ni debería ser la de crear empleo, sino la de ser medios eficaces para la producción-distribución de bienes y servicios. Por tanto, es indispensable que,

a) si bien para la distribución de los resultados obtenidos en esas entidades de economía social debe imperar el criterio democrático, eso no quiere decir que su administración o gestión deba ser democrática sino todo lo contrario (debe imperar el criterio jerárquico).

b) que para que realmente obtengan frutos aprovechables por sus socios, deberían ir acompañadas a su vez de entidades financieras adjuntas a ellas, permitiendo así el control del crédito financiero. Un entidad productiva, que controla su crédito real, que no vaya acompañada también del control de su crédito financiero (sino que éste queda en manos de entidades externas o ajenas), es cualquier cosa menos una entidad realmente gobernada (es decir, en cuanto a su aspecto político o de demanda de resultados) democráticamente.


3) "Política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos".

¿Por qué deberían incluir claúsulas sociales? No hace falta que una empresa tenga que decir explícitamente lo que vaya a hacer o no con sus beneficios empresariales. Esto es una mala concepción del verdadero significado de lo "social". La función propia de una empresa es producir, efectiva y eficientemente (es decir con el menor coste posible), los resultados productivos que se espera de ella. Es en función de este criterio y no de otro por el que un particular o una Administración Pública debe (o debería) contratar los servicios de una empresa.

Una empresa que realmente sea eficaz y eficiente en la consecución de unos determinados resultados, ya está siendo realmente (de forma implicita) favorable desde el punto de vista social (desde un punto de vista físico).


4) "Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar".

¿Sólo a 35 horas? ¿Sólo hasta los 60 años? Si de verdad fueran conscientes de las potencialidades reales de la economía actual no harían semejantes afirmaciones. Un hombre de la época prerrevolucionaria o tradicional que se trasladara a la época actual y viera anunciadas semejantes medidas las consideraría, más que como una liberación, como una auténtica esclavitud.


5) "Prohibición de los despidos en empresas con beneficios".

Esta frase dicha así no tiene sentido. Una vez más. El que una empresa contrate o despida a una persona no tiene nada que ver (o, mejor dicho, no debería tener nada que ver) con que la empresa tenga beneficios o pérdidas. La función de una empresa es la de cubrir una necesidad real de la población, y su función es producir el correspondiente resultado para cubrir, efectivamente, dicha necesidad. Y si para cumplir esa función (o para poder funcionar bien) tiene que contratar o despedir a tal o cual, entonces será lógico y natural que lo haga y que la sociedad no se lo impida para que la empresa pueda cumplir con la función que se le pide.


6) "Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014".

Sí. Y no sólo de ellas sino de cualquier legislación laboral tendente a la política del pleno empleo, es decir, a la política de plena esclavitud conforme a la consideración totalitaria del trabajo en medio de un Estado Servil, como bien denunciara Belloc, entre otros.


7) "Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo, especialmente en el empleo joven para contrarrestar el exilio juvenil. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal".

De nuevo vemos la razón motriz viciada que gobierna todo este conjunto de propuestas: la política de pleno empleo.


8) "Incremento significativo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional".

El poder adquisitivo de la población no depende (o no debería depender), en gran medida, exclusivamente de su necesaria vinculación a un salario laboral (teniendo en cuenta que la realidad física de la economía refleja una potencial obtención de poder adquisitivo no vinculado al trabajo humano). Y por otra parte, me pregunto cómo pretenden casar esa medida de fijación de un coste obligatorio para las empresas, con las pretendidas buenas intenciones anteriormente enunciadas para esas mismas empresas (se ve claramente que no se tiene en cuenta la realidad de la contabilidad de los costes de una empresa). Esto por lo que respecta al famoso mecanismo ortodoxo del "salario mínimo".

Por lo que respecta al establecimiento de un "salario máximo", la idea subyacente para proponer esto radica en la asunción que ya expliqué en su día, de que la cantidad de dinero existente es fija y, por tanto, la causa "real" de que alguien carezca de poder adquisitivo es porque otro ha detraído, de ese fondo común fijo, una parte mayor de la que le corresponde (provocando el consiguiente déficit de poder adquisitivo en las demás personas "desfavorecidas"). Esta asunción es una completa y absoluta falacia (entendida, no como causa próxima de tal o cual falta de dinero, sino como causa última o principal de la falta de poder adquisitivo en general); dicho con otras palabras, no hay que buscar al culpable último en el acumulador de dinero (que, sin negar su culpa, constituye el "chocolate del loro" en todo el problema social), sino en el creador de dinero.


9) "Derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación, su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional".

Nada que objetar a esa pensión pública no contributiva. El problema está en la vinculación de la misma al marco general de la política de pleno empleo antes mencionada (que constituye la idea fundamental que anima siempre a todas las medidas presentadas) y de su financiación por métodos ortodoxos (algo parecido a lo ya explicado antes en este mismo hilo sobre el "Ingreso Básico" en un mensaje anterior), en lugar de vincularla a las potencialidades físicas de la realidad económica de la comunidad política.


10) "Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones".

Que un sistema de gestión sea público o privado es indiferente. Lo que importa es que cumpla con su función (esencialmente social). Respecto a las pensiones (o a cualquier distribución de poder adquisitivo, en general) repito lo señalado en el apartado anterior.

Todas estas medidas técnicas no suponen, en sí mismas, ningún beneficio verdadero para la población en tanto que no se tenga en cuenta la realidad económica de la comunidad política, y se tenga el control del sistema financiero para ajustarlo debidamente a esa realidad. Se trata, en definitiva, de ideas sueltas que se van lanzando sin ton ni son, sin que en ningún momento se tenga en cuenta el choque contradictorio de unas con otras, ni se tenga en mente en ningún momento una concepción integradora del bien común (transespacial y transtemporal) en beneficio todas y cada una de las personas de la comunidad política.


11) "Establecimiento de políticas redistributivas para la reducción de la desigualdad social en el marco nacional y comunitario".

A la idea motriz de la política de pleno empleo se le une aquí, ya de manera explícita, la idea complementaria de la redistribución financiera, como eje fundamental para toda política social. Como señalé antes (con el enlace correspondiente donde ya expliqué más detenidamente esto), fijar la mirada del culpable en el acumulador de dinero, en lugar de en el creador-destructor de dinero, está en la base de este enfoque equivocado de la redistribución financiera como fundamento de la solución del problema social. Tanto el pleno empleo como la redistribución son políticas perfectamente ortodoxas y que no suponen ningún cambio verdadero a todo lo anterior, sino más de lo mismo (aquí tendría justificación aquello de "que todo cambie... para que nada cambie").


12) "Convergencia del gasto social sobre el PIB respecto al promedio de la Unión".

Partiendo de la base de que el P.I.B. no constituye para nada un parámetro que establezca un reflejo o representación verdadera de la realidad económica de la comunidad política, esto vendría a "poner la guinda" a la política de aumento de la Deuda Pública que, aunque no se haya mencionado en este apartado, consituiría en última instancia la fuente (como así han venido haciendo desde siempre los anteriores gobiernos y regímenes desde que Keynes formulara sus propuestas) de la que se "echaría mano" para cuando se fuera realizando la implantación de las anteriores medidas (que son esencialmente iguales a las que se han venido practicando desde que Keynes las presentara oficialmente como "soluciones" –cuando en realidad son sólo, como mucho, meros parches o paliativos que sirven para aliviar momentáneamete los peores efectos sociales y, de esta forma, poder seguir perpetuando el status quo–, conforme a los cánones ortodoxos, por todos los anteriores regímenes y gobiernos, bajo la supervisión de los organismos internacionales económicos creados tras la posguerra).

Nada substancialmente nuevo, pues, a lo ya habido o ya existente, en este primer subapartado.

El siguiente subapartado nº 2 hace referencia a la cuestión de la Deuda Pública del Estado. Dice así:

1.2 - Auditoría ciudadana de la deuda

Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda. Coordinación de las auditorías y de los procesos de reestructuración de deuda con otros países de la UE. Regulación de las relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso.

En primer lugar, respecto de la auditoría "ciudadana", basta con que ésta sea realizada por expertos auditores (como los que hoy en día existen para la comprobación de las cuentas o contabilidad de cualquier sociedad mercantil o de cualquier otro tipo). Es decir, no hace falta "democratizar" ninguna actividad de auditoría de cuentas, en ese sentido.

Cuando habla de "delimitar qué partes pueden ser consideradas ilegítimas para (...) declarar su impago", habría que ver qué criterio o patrón se utiliza para hacer dicha delimitación. Lo cierto es que sólo se me ocurre un criterio que esté en concordancia con la justicia:

1) Todos aquéllos títulos de deuda del Estado que tengan su origen en una compra hecha por una institución financiera y que su posesión actual se encuentre en manos de una institución financiera o cualquier otra institución con capacidad para crear dinero, pueden ser declarados impagables con perfecta tranquilidad de conciencia.

2) Todos aquéllos títulos de deuda pública que, en su origen, hayan sido comprados por particulares o que, no habiendo sido originalmente comprados por particulares, hayan sido adquiridos en mercados secundarios por dichos mismos particulares, quedan fuera de la delimitación anterior y podrán ser conservados (continuándose, por tanto, su pago, tanto del interés como del principal, por el Estado o la Administración Pública correspondiente).

Con este criterio anterior quedaría eliminada inmediatamente la mayor parte de la Deuda Pública.

No voy a entrar aquí acerca de los antecedentes que en la sociedad tradicional existía, no sólo para el control por las Cortes en el establecimiento por el Rey de nuevos gastos para la votación del Presupuesto, sino también para su incursión en nuevas Deudas. Tampoco entraré en los famosos juros, como anteriormente se denominaba a los títulos de Deuda. Ni tampoco en los antecedentes de repudios de la Deuda (y vuelta a empezar de cero) del siglo XVI. Ni tampoco entraré en los "tiras y afloja" con los tristemente famosos asentistas genoveses ni judíos del siglo XVII (la guerra ha constituido siempre una de las causas primeras de la creación y aumento de la Deuda Pública).

Lo más importante que se debe tener en mente es lo siguiente: la innecesariedad de tener que incurrir en deuda financiera con una entidad extraña a la comunidad política para la obtención del crédito financiero de la propia comunidad política. A los "temerosos de la inflación" es fácil contestarles que tan "inflacionario" es la inyección de finanza en una comunidad política a través de dinero creado por una entidad externa y ajena a la comunidad política que a través de una entidad perteneciente a la propia comunidad política (es decir que tanto da, desde un punto de vista "inflacionario", que se inyecte, qué se yo, 100.000.000 € mediante la compra de Deuda Pública por una entidad externa a la comunidad política, que el que la propia comunidad política, a través de un entidad suya propia, emita esos 100.000.000 €). Evidentemente, la diferencia esencial entre uno y otro método, es que uno, además de en la supuesta "inflación", incurres también en una deuda financiera, mientras que en el otro, igual de "inflacionario", al menos no incurres, además, en ninguna deuda. Sobre esto ya reproduje en su día un artículo de Alain Pilote.

Es evidente, pues, que no hay ningún problema de justicia en repudiar una Deuda que ha sido creada artificialmente en virtud de una creación de dinero por parte de una institución financiera (con capacidad para crear crédito financiero), el cual constituye el crédito financiero de la propia comunidad política y, por tanto, resulta absurdo que una comunidad política quede hipotecada (es decir, gravado su crédito real o físico) en virtud de la utilización de su propio crédito financiero por parte de una entidad extraña parasitaria. Léase el siguiente sencillo diálogo al respecto. Véase también el interesante testimonio del antiguo Gobernador del Banco Central de Canadá, Graham Towers.

Si a esto le añadimos también la injusticia propia de todo contrato en el que se incluya la tristemente famosa claúsula leonina (condenada por León XIII en la Rerum Novarum) en virtud de la cual el deudor ha de pagar un interés compuesto (es decir, el interés no se paga sólo sobre el principal, sino que los intereses devengados y no pagados pasan a formar parte del capital, y el tipo de interés se aplica sobre este nuevo montante aumentado, y así sucesivamente), entoces, razón de más para repudiar la deuda con tranquilidad de conciencia. Si a esto es a lo que se refiere el texto del programa cuando dice: "Regulación de las relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso", entonces, obviamente, no hay ningún problema en ello.

Aún más, considerando que la acumulación del interés pagado supera con creces al principal, una persona, en estos casos, también puede justamente repudiar la deuda en tanto que la considera ya suficientemente pagada.

Pero es que todavía aún hay más. Imaginemos que todo lo dicho anteriormente no sirviera para justificar una cancelación de Deuda Pública, sino que todavía tuviéramos que pagarla. Pues bien, el crédito real de la comunidad política española podría, sobradísimamente, pagar toda la Deuda actual a las instituciones financieras que la tienen o detentan.

Para los que hayan seguido las noticias este año, es bien sabido que se presentó en los medios de comunicación, como símbolo paradigmático de la horrible situación de la Deuda Pública española, el dato o hecho de que ésta había superado la cifra representativa de 1 billón de euros. Y a su vez se relacionaba este dato con el P.I.B. español anual, el cual, también, es de aproximadamente 1 billón de euros. Con lo que, teniendo en cuenta que, según la contabilidad ortodoxa imperante, el P.I.B. equivale a aproximadamente también 1 billón de euros y que, según dicha contabilidad, el P.I.B. equivale a la Renta Nacional, entonces se llegaba a la conclusión de que todo lo que los españoles ganábamos al año equivalía al monto total de la Deuda Pública, y que, por tanto, para poder pagar la Deuda habría que dedicar toda la Renta Nacional de un año exclusivamente al pago de dicha Deuda.

El problema está en que, como ya dijimos, el P.I.B. no es un indicativo de la riqueza real de la comunidad política. Un informe elaborado por la fundación BBVA acerca del stock acumulado de capital en los últimos 50 años, nos arroja la impresionante cifra de riqueza real española por un valor de 3,46 billones de euros (lo cierto es que esta cifra realmente debería ser mucho mayor, ya que el informe sólo toma en cuenta una parte de la riqueza real total verdadera -por poner un ejemplo, no recoge la valoración de la ingente riqueza de recursos naturales españoles-, pero por simplificación dejémoslo así). Por tanto, si la población española es de unos 46.500.000 de personas, tocaría a unos 74.500 € por persona. La Deuda Pública de 1 billón tocaría a unos 21.500 € por persona. Parafraseando a Douglas se podría decir lo siguiente:

"No estoy diciendo que haya una cantidad de 74.500 € potencialmente en los bolsillos de cada hombre y mujer en España, sino que las deudas de la población ascienden a aproximadamente 21.500 € por cabeza; y sin embargo, todas sus deudas juntas no representan ni la tercera parte del capital real de España; pero debido a que se tratan de deudas monetarias, y la riqueza de España es riqueza real, y no riqueza monetaria, la vida civilizada en España se está convirtiendo en algo imposible."

El problema está en que una mala contabilidad comunitaria no refleja, en términos financieros, el beneficio real en que incurren los españoles y, por ello, un superávit físico o de riqueza real que debería reflejarse en un superávit o beneficio financiero, se traduce, sin embargo, en un déficit o aumento de la Deuda Pública (en una cantidad aproximadamente equivalente a ese beneficio financiero que nunca es monetizado en favor de la comunidad política española si no es a través de este desviado y viciado mecanismo de la Deuda Pública).

------------------------------------------------------

En otro orden de cosas, aunque estrechamente relacionado con la Deuda Pública, se encuentra el tema, implícitamente sugerido, del Equilibrio Presupuestario. Dice así la parte del subapartado correspondiente a este asunto: "Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda".

Recordemos que el artículo 135 de esta última Constitución que tenemos desde 1978 decía así:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.


2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Antiguo artículo 135 de la Constitución española^[8]

Y fue modificado en 2011, quedando así:

Artículo 135 Constitución Española (modificado BOE 27 de septiembre de 2011^[1] )


1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Disposición adicional única.

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única.


La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".

Nuevo artículo 135 de la Constitución española^[

(Los textos están tomados de Wikipedia).

Vemos simplemente que aquí lo único que se establece es el Equilibrio Presupuestario (la llamada "Regla de Oro" en lo que a ortodoxia en las finanzas públicas se refiere). El caso está en que es un absurdo buscar el equilibrio cuando la realidad física está continuamente en desequilibrio y, en la normalidad de los casos, en un desequilibrio de tipo superávit (es decir, beneficioso para la población comunitaria). En este sentido, siempre se espera que unos presupuestos se elaboren teniendo en cuenta o reflejando esa realidad de desequilibrio y, por tanto, queda fuera de lugar la "camisa de fuerza" de ese pretendido "equilibrio" con que se quiere forzar o comprimir a la realidad.

Desgraciadamente los redactores finales del programa paracen tener en mente esta concepción irreal del presupuesto y de la contabilidad general de la comunidad política. Es por ello que, si bien piden la derogación de ese artículo 135 que pone limitación a la incursión en déficits financieros, sin embargo caen en el error opuesto de querer garantizar los "derechos sociales" a través del mecanismo ortodoxo de incurrir en más y más Deuda Pública. Con lo que vienen aquí a caer en una contradicción, pues la propia reforma del artículo 135 dice exactamente lo mismo: "4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados."

Es decir, los redactores del programa piden la derogación del artículo 135... para a continuación pregonar exactamente lo mismo que dice dicho artículo, es decir, la misma política.

En el subapartado nº 3 se hace referencia al Banco Central Europeo:

1.3 - Conversión del BCE en una institución democrática para el desarrollo económico de los países

Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo y supeditación del mismo a las autoridades políticas. Modificación de sus estatutos e incorporación como objetivos prioritarios la creación de empleo decente en el conjunto de la UE, la prevención de ataques especulativos y el apoyo a la financiación pública de los Estados a través de la compra directa de deuda pública en el mercado primario sin limitaciones. Apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos y cuando sea necesario, mediante la creación de bonos sociales europeos. Diferenciación de la normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las actividades especulativas a esta última.

Aunque la reconversión o readaptación de un sistema bancario o financiero para hacerlo reflejar verdaderamente la realidad económica de una comunidad poltíca (poniéndolo de esta forma a su servicio) podría, desde un punto de vista fáctico, realizarse por medio de un sistema centralizado a través de un sistema bancario formado por 1) un Banco Central emisor y 2) un conjunto de bancos comerciales sujetos a él extendidos por toda la geografía, sería más deseable, sin embargo, un sistema que fuera ciertamente descentralizado (llegando incluso a la posibilidad de convivencia de monedas o fuentes de crédito dispersas y distintas, aunque todo esto dependerá del grado de descentralización o autoorganización social al que se desee llegar).

Sin embargo, difícilmente puede una comunidad política ser dueña de su propio crédito real mientras siga existiendo una entidad financiera externa a ella que (cuando diga externa, no me refiero exclusivamente en un sentido geográfico, pues bien puede tener su sede en el propio territorio de la comunidad política), mediante el manejo del crédito financiero de dicha comunidad, siga una política completamente distinta y opuesta a la de esa comunidad política. Los redactores del texto del programa podrían haber tenido en mente este problema cuando pregonan como solución: "Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo y supeditación del mismo a las autoridades políticas".

Desde la creación del primer Banco Central en 1694, en Inglaterra (que ha servido de modelo para todos los que han sido creados desde entonces), la monopolización del crédito financiero de todos los países (lo cual permite el control del crédito real de los mismos) ha ido en aumento hasta el día de hoy. El B.C.E. se inserta dentro de esta misma línea de control, gozando de la misma independencia respecto de los organismos públicos, conforme a su Estatuto. Es así que tiene la potestad de marcar la política financiera de todos los países que están bajo su imperio. Si por "mecanismos de control democrático y parlamentario" se refiere el programa a un control acerca de los resultados, entonces estoy de acuerdo. Si se refiere a un control acerca de cuestiones técnicas, entonces no. En este aspecto, me remito a lo dicho ya en uno de los primeros mensajes de este hilo a propósito del mecanismo utilizado por el propio Partido Podemos a la hora de realizar sus consultas para la elaboración de su programa. Lo vuelvo a resumir con respecto al "control" del B.C.E. Los representantes políticos de las poblaciones deben (o deberían) asegurarse de que los técnicos o especialistas en materia económico-financiera (léase Banco Central Europeo y sistema bancario) cumplan su función de garantizar a la población los resultados sociales que se han de esperar de una situación real de abundancia económica. Ahora bien, si su manejo de los resortes financieros no cumpliera con esa política, entonces los representantes de la población podrían sustituirlos por otros que sí pudieran y quisieran llevar a cabo esa labor (es importante subrayar que no me refiero a las labores puramente administrativas, puramente neutrales, que realizan los empleados de cualquier banco, sino a la dirección de dichas labores: un contable, por ejemplo, sigue siendo un contable y está capacitado técnicamente para seguir siéndolo en cualquier circunstancia; el problema está en si aquél que lo dirige no puede o no quiere seguir una política en donde no se trate de concordar el sistema financiero con la economía real, generando así los resultados sociales deseados por la población).

Ahora bien, desgraciadamente, ésa no parece ser la finalidad u objetivo que los redactores finales del programa quieren inculcar al B.C.E. (y, por extensión, a cualquier sistema bancario). Pues dice a continuación: "Modificación de sus estatutos e incorporación como objetivos prioritarios la creación de empleo decente en el conjunto de la UE, la prevención de ataques especulativos y el apoyo a la fnanciación pública de los Estados a través de la compra directa de deuda pública en el mercado primario sin limitaciones".

Aquí simplemente recordar el sinsentido, ya comentado anteriormente en el hilo, del establecimiento de la "creación de empleo" como objetivo económico esencial.

A esto se añade la "prevención de ataques especulativos". Precisamente la mejor prevención de ataques especulativos radica en esa necesaria adaptación del sistema financiero al sistema económico real. No hay otra razón de cualquier "ataque especulativo", en última instancia, que no sea la obtención de rentas o ganancias financieras, situación lógica en una población en donde no se monetiza el beneficio físico en que incurre y que trata, por otros medios (es decir la especulación en los mercados a través principalmente de grandes fondos de inversión) de colocar sus ahorros para la obtención de más poder adquisitivo. La monetización de ese beneficio real deincentivaría la colocación de los ahorros de los particulares en esos macrofondos, evitando así las distorsiones o desequilibrios que puedan provocar en la economía real sus inversiones (o ataques especulativos).

De todas formas, es importante subrayar una vez más, recalcando la distinción ya hecha entre acumulador-ahorrador de dinero y creador-destructor de dinero, que los principales responsables de esos "ataques especulativos" (que provocan daños sociales) son estos últimos y se deben, en última instancia, no al propio "ataque especulativo" en sí (que simplemente puede tener la labor de desencadenador u originador, pero no de continuador, de un desastre social), sino al mantenimiento por el propio sistema financiero de una situación de escasez financiera artificial o deliberada. Esto fue así en cualquier depresión económica de la época contemporánea, incluyendo las dos fuertes (igualmente deliberadamente provocadas y sostenidas, como digo) posteriores al crack del ´29 de la Bolsa de Londres y al crack de las subprime del 2007.

Acerca de la "financiación pública de los Estados", véase lo dicho en el mensaje inmediatamente anterior.

Respecto al: "Apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos y cuando sea necesario, mediante la creación de bonos sociales europeos", aquí de nuevo vemos incorporada junto a la política ortodoxa del pleno empleo la conexa política ortodoxa de redistribución, es decir, entendida ésta última como fiscalización de determinados ahorros-acumulaciones de un sector de la población para el aumento del poder adquisitivo de otro sector de la población en base a la creeencia en la existencia de una cantidad limitada y fija de dinero en la economía (como medida alternativa ortodoxa a la otra, no menos ortodoxa, del gasto público financiado con Deuda Pública, a la que los redactores del programa llaman aquí "creación de bonos sociales").

Es decir, estamos de nuevo en las mismas: o bien la Escila de los impuestos fiscales, o bien la Caribdis de la Deuda Pública (y siempre al servicio, en última instancia, de la perpetuación del dominio y servidumbre de la comunidad política a los Financieros, a través de ambos mecanismos ortodoxos). Todo, menos la consideración de la existencia, conforme a la contabilidad real de la comunidad, de un beneficio real, cuya monetización y distribución a la comunidad política la libere, por fin, de las restricciones financieras que le son sobreimpuestas.

Por último, cuando habla de: "Diferenciación de la normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las actividades especulativas a esta última.", está haciendo alusión a lo que en EEUU. se denominó Ley de Glass-Steagal (aprobada en 1933 y derogada en 1999), la cual prohibía a una misma entidad el ejercicio de actividades, al mismo tiempo, de banca comercial (básicamente, la creación y destrucción de depósitos, es decir, de dinero) y banca de inversión (realización de operaciones de inversión, tanto por cuenta propia y ajena, utilizando tanto capitales propios como ajenos). Esto último ha tenido mucha repercusión en el mundillo loco-conspiranoico anglosajón (tipo Alex Jones, etc...), casi considerando la derogación de esa Ley en 1999 como un "desastre absoluto" que provocó la crisis de las subprime del 2007 y toda la crisis posterior hasta hoy.

Simplemente me gustaría señalar la exageración en que se incurre al sobrevalorar la importancia de esta Ley. Entra dentro del error colectivo de nuestra época, de tratar de buscar la causa de los problemas sociales en tal o cual detalle accidental, o en tal o cual causa próxima, sin atender (o, incluso cubriendo) la causa principal y primordial (que, por extensión, explica todas las demás causas secundarias o próximas), a saber: la deficiencia de nuestro actual sistema financiero en la representación verdadera de la realidad económica (que provoca la paradoja de la "riqueza en medio de la abundancia", es decir, de la miseria social y esclavitud social en medio de la riqueza real o física y en medio de la posibilidad de su estabilidad social que le haga libre e independiente), y que es deliberadamente mantenida por los representantes del sistema financiero que actualmente lo controlan.

El subapartado nº 4 hace referencia a las agencias de calificación de riesgos:

1.4 - Creación de una Agencia Pública Europea de Rating

Creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres privadas que hoy determinan la política económica de la UE. Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial.

Propone la creación de una agencia de rating en sustitución de las "tres privadas que hoy determinan la política económica de la U.E." (supongo que se refieren a Standar & Poors, Moody´s y Fitch).

Las agencias de rating se dedican a presentar al conocimiento del público sus análisis y estimaciones acerca de la calidad de cualquier valor financiero (es decir, en relación a un título financiero, marcando así una pauta de valoración sobre la empresa o entidad pública emisora de dichos valores). Indudablemente no requiere mucho tiempo el darse cuenta del "poder de autoridad" que una tales agencias pueden tener a la hora de establecer sobre determinados títulos una calificación cualquiera que pueda llevar, a fortiori, a las empresas o entidades públicas que los emiten al descrédito público o a la estimación pública, con independencia de que dichas valoraciones o calificaciones se correspondan con un criterio objetivo que refleje realmente la situación real o física de dichas entidades.

Hoy en día, como ya adelanté en mensajes anteriores en este hilo, los criterios de valoración que se utilizan son totalmente inadecuados para una recta estimación de una situación real (ya sea de un país en general o de una empresa en particular). Existe un completo divorcio entre los planos real y financiero: aún suponiéndoles buena intención, esas agencias de calificación (igual que cualquier departamento de riesgos de cualquier entidad financiera) se rigen, en sus valoraciones, por criterios puramente financieros, no físicos o reales. Es decir, para ellos, lo que marca la pauta, es precisamente aquello que debería servir de medida de la realidad. Todo término financiero, en sí mismo, no significa nada. Decir que una cosa vale dos euros o tres euros no significa, en sí mismo, nada. Decir que un título vale más o menos euros, o la valoración de una empresa es de tantos o cuantos euros, en sí mismo, no nos dice nada. Una unidad monetaria es sólo un sistema de medida que (como todo sistema de medida) siempre ha de hacer referencia a una realidad física y nos sirve de instrumento para medir esa realidad física y darnos una pauta para la obtención de una estimación aproximada de la situación verdadera de la misma. Pero en el momento en que esa unidad de medida (pura unidad contable o unidad de contabilidad) adquiere una valoración por sí misma, eso puede dar lugar (como de hecho ocurre), como efecto colateral, a una valoración distorsionada de la realidad misma.

De esta forma, en un marco en donde arbitrariamente se establece, por el sistema financiero, una cantidad fija de dinero, las agencias de rating y los departamentos de riesgo si fijaran únicamente en la solvencia financiera de tal o cual entidad a la hora de realizar su valoración, es decir, en su capacidad de poder recaudar o acumular lo más posible de esa cantidad común fija con la cual poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Eso es lo único que dará la pauta para la valoración de sus títulos (y, por ende, de esas entidades). Evidentemente un marco de ese tipo es completamente arbitrario (en función de su constitución y establecimiento completamente arbitrario), lo que da lugar a situaciones arbitrarias que, a su vez, dan lugar a las correspondiente valoraciones arbitrarias por parte de las respectivas agencias. El problema en última instancia, como siempre, está en el sistema financiero, que es el que produce arbitrariamente ese marco antedicho (y del cual se originan y se arrastrán todas las demás valoraciones arbitrarias consiguientes).

Un país puede ser rico en riquezas materiales y espirituales, y en su capacidad para poder actualizar y distribuir bienes y servicios a su población. Sin embargo ese país será calificado de insolvente o en bancarrota por una cuestión puramente financiera, es decir, puramente artificial y arbitraria. Entiéndase bien esto: una cosa es que una comunidad política se haya beneficiado realmente de una situación en la que haya importado más bienes de los que ha exportado, en cuyo caso esa comunidad ciertamente estará endeudado con el exterior (esto representa una situación de insolvencia real). Pero otra cosa distinta es que ése país importe aproximadamente una riqueza equivalente a la que exporte y que, junto con su producción doméstica, pueda producir lo suficiente para dar a su población una estabilidad social adecuada. En ese caso, todo endeudamiento con entidades financieras (que emiten el dinero necesario para poder hacer una distribución efectiva de los bienes a la población), no reflejan ninguna insolvencia real o física de ningún tipo: es una medida, es decir un endeudamemiento, completamente arbitrario o gratuito; es un endeudamiento que no tiene base física o real ninguna, sino que se acepta esa deuda como tal por razones puramente convencionales.

Dígase lo mismo de cualquier empresa particular. Si una empresa entra en quiebra o insolvencia porque su producción no es deseada por la población (ya sea porque no gusta, ya que porque ese mercado ya está saturado y/o mejor servido por otras empresas, etc...), entonces aquí sí encontramos de nuevo un fundamento real para esa insolvencia. Pero, por el contrario, si una empresa entra en quiebra debido a una causa financiera (es decir, como venimos diciendo, debido a una causa puramente arbitraria) consistente en la falta de dinero de la población para poder comprar la producción de esa empresa, producción que es realmente demandada y deseada por la población, entonces aquí nos encontramos de nuevo con una situación de insolvencia o quiebra completamente artificial y no basada verdaderamente en ningún criterio real o físico.

Igual que se dice con los legisladores actuales: "hecha la ley, hecha la trampa"; así también se puede decir con el actual sistema financiero que nos rige: "hecho el dinero, hecha la trampa"; es decir, el sistema financiero actual establece y mantiene deliberadamente una situación de escasez crónica de poder adquisitivo (porque sí), lo cual produce que la empresa o entidad pública (a estos efectos vienen a representar lo mismo) no puedan obtener de la población el dinero suficiente para la devolución del dinero que pidieron prestado para la realización de un proyecto productivo de bienes o servicios realmente demandado por la población (es decir, no lo pueden recobrar a través de los precios ni de los impuestos por falta de dinero en la población), y por ello tratan de cubrir la diferencia incurriendo en más deuda (emisión de títulos financieros, privados y públicos respectivamente, que, en su mayor parte, van a parar a esas mismas entidades creadoras de crédito financiero... que fueron los que provocaron previamente, deliberada y artificialmente, ese marco o situación artificial de escasez de dinero antes mencionado del que parte y se origina todo el problema posterior), consolidando y ahondando así su posición de "insolvente" ante la consiguiente carencia general de medios financieros para devolver las deudas en que incurren y, por último, aparecen las agencias de rating para dedicarse a simplemente constatar, cual "notarios", esa situación (situación, repetimos, financieramente -léase artificialmente- creada y que no se corresponde con la realidad fáctica o física de la economía).

Por último, vemos de nuevo aparecer el criterio "democrático" en acción: "Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial." Aquí se impone de nuevo la distinción que llevamos haciendo a lo largo de todo el análisis entre criterio democráctico y criterio jerárquico.

Si se trata de ordenar a la agencia o entidad que se dedique a cumplir su cometido u objetivo verdadero, esto es, que se dedique a valorar en términos reales (y no en términos puramente financieros y, por tanto, distorsionados) la situación de toda empresa particular, sector empresarial, o comunidad política general, entonces ha de imperar el criterio democrático. Por el contrario, para la gestión o administración propiamente dicha de esa función impera el criterio jerárquico, en donde los especialistas en ese campo ya se encargarán de cumplir con esa política u objetivo marcado previamente a nivel democrático (es decir, por los representantes de la población).

El título del subapartado nº 5 establece lo que, en realidad, debería ser el núcleo fundamental y principal de cualquier política que verdaderamente quiera abordar el corazón del problema social que nos invade:

1.5 - Reorientación del sistema fnanciero para consolidar una banca al servicio del ciudadano

Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros. Ampliación de las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos. Garantía del flujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental. Promoción de la banca ética y cooperativa. Establecimiento de una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión productiva. Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía. Prohibición de los instrumentos fnancieros propicios a la especulación fnanciera, como los fondos buitres. Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca. Modificación de los criterios de evaluación y adjudicación de los Fondos Europeos de Desarrollo para asegurar un uso ético de los mismos. Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.

Ahí, ciertamente, está el meollo de cualquier reforma que realmente quiera enfrentarse de verdad a los representantes del sistema financiero que actualmente tienen bajo su control el crédito real de toda comunidad política, en virtud de su monopolio de creación y destrucción del crédito financiero de dicha comunidad política al margen de los intereses de la misma, y al servicio de su dominación y control (bajo todos los aspectos) sobre ella.

Ahora bien, como iremos viendo al desglosar este subapartado (y confirmando lo ya visto hasta aquí en los subapartados anteriores), no parece que ése sea el sentido que los redactores finales del programa le han querido dar a la frase: "Reorientación del sistema fnanciero para consolidar una banca al servicio del ciudadano", sino que más bien, como dijimos, no se salen de los cánones ortodoxos en materia económico-financiera.

Para dejar claro el fin de la política que se ha de seguir y perseguir, si de verdad se quiere realizar un auténtico cambio substancial de la situación, voy a reproducir a continuación un pequeño artículo de Oliver Heydorn, recientemente publicado en el sitio digital del Clifford Hugh Douglas Institute:

Dos principios básicos del Crédito Social

31.jpg

Por M. Oliver Heydorn


Como filósofo, tengo un gran aprecio por la importancia de los principios fundamentales.

Cuando uno está intentando comprender el enfoque que hace el Crédito Social sobre las cuestiones económicas, es importante que mantenga en mente los siguientes dos principios:

1. La vida económica debería organizarse de tal forma que facilite, en la mayor medida física posible, el cumplimiento del verdadero propósito de la asociación económica: la distribución de bienes y servicios cuando, donde y en la medida en que sean requeridos, y con la mínima cantidad de molestias para todo el mundo. (La vida económica contemporánea no esta organizada de manera apropiada. El sistema actual no produce todo lo que la gente puede usar con provecho para ella misma en la manera más eficiente posible. En otras palabras, no logra cumplir bien su propósito. Al contrario, engendra un enorme despilfarro y es altamente ineficiente a la hora de proveer un volumen insuficiente de esos bienes y servicios que realmente son queridos. Estos resultados insatisfactorios se deben principalmente a la naturaleza del sistema financiero convencional.)

2. Para que realmente florezca la vida económica, el sistema financiero debe estar diseñado de tal forma que refleje, lo más exactamente posible, todo cambio (potencial o actual) en las fases de producción y consumo del ciclo económico.


Fuente: CLIFFORD HUGH DOUGLAS INSTITUTE

Desgraciadamente, al desarrollar este subapartado, los redactores finales caen de nuevo en el típico error (humanamante natural) de confundir causas próximas o secundarias o de detalle, olvidándose de la causa principal que está en la base del problema social (y que, por añadidura, también sirve para explicar las causas próximas que, como tales, no crean el problema sino que solo agravan accidentalmente, en tal o cual aspecto, el problema ya creado).

Vamos a ir viendo ese desenfoque comentado algo de cada una de las afirmaciones vertidas en este subapartado.


1) "Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros."

Aquí vemos la primera desorientación, muy acorde con el sempiterno criterio democrático mal entendido que aparece en todos los subapartados. De nuevo una vez más: si por "democratizar" entienden que los empleados y subalternos de las entidades financieras se dediquen todos a dirigir colectivamente a las mismas, esto es un completo absurdo. Bastaría la experiencia de cinco minutos (en una entidad financiera y en cualquier empresa) para ver el completo fracaso de semejante modo de control en el funcionamiento propio de dichas entidades.

Repetimos: una cosa es que los representantes de la comunidad trasladen los deseos (es decir, la política a seguir entedida ésta como finalidad o resultado a conseguir) a los directores de esas entidades, de tal forma que si no quieren o no pueden conseguir los objetivos deseados sean sancionados y sustituidos por otros, y en donde sí impera, pues, el criterio democrático entendido en esta forma; y otra cosa distinta es el funcionamiento o administración estrictamente inherente o concerniente a la propia operatividad de la entidad, en donde ha de imperar el criterio jerárquico, es decir, el director de la entidad, una vez conocida la política a seguir (democráticamente señalada previamente) organiza a sus empleados y subalternos para dar las órdenes correspondientes y llevar a cabo, técnicamente, el objetivo deseado.

Si el técnico se dedicara a seguir su propia política personal, entonces estaríamos en lo que tenemos ahora: pura tecnocracia. Pero otra cosa distinta es que se sirva de los técnicos y operarios de su entidad (en sentido neutral, perfectamente capacitados, en cualquier circunstancia para llevar a cabo la tarea técnica que se les pida: contables, tesoreros, etc...), pero siempre conforme al criterio jerárquico, es decir, dentro de las directrices del director de la entidad, conformándose éste último siempre a la consecución del objetivo previamente formulado conforme al criterio democrático.

Por tanto, si el sistema financiero o bancario no se reorienta o reajusta de tal forma que ponga dicho sistema al servicio del objetivo democráticamente formulado del aumento del poder adquisitivo de los miembros de la comunidad (requisito indispensable para la estabilidad social general), entonces los representantes de esa comunidad deberán sancionar y reemplazar a los directores de esas entidades, hasta que finalmente se consiga a alguien que finalmente quiera cumplir con esa política formulada conforme al criterio democrático (y no con otra política suya propia, cayendo así en la mencionada tecnocracia).


2) "Ampliación de las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos".

Si se quiere realmente una reorientación del sistema financiero, evidentemente deben incluirse dentro de esa reorientación cualquier entidad que forme parte integrante de dicho sistema, de tal forma que en todo momento la creaciones y destrucciones de crédito financiero vayan a la par con las creaciones y destrucciones del crédito real de la comunidad.

Una vez cumplido ese objetivo, el crédito llegará también, como efecto natural, a los "sectores excluidos" (si entendemos por esto sectores, tanto de producción como de consumo, de la población que no pueden ni producir cosas físicamente demandadas por la población ni adquirir cosas o servicios ya producidos para su consumo o uso, por falta de crédito financiero en ambos casos).

En este sentido, el ejemplo del ICO resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque el ICO, a diferencia de cualquier entidad integrante del sistema financiero, no tiene capacidad para crear o destruir dinero (característica esencial de todo sistema financiero). El ICO se financia emitiendo títulos o valores, es decir, acumulando dinero ya existente. A continuación dedica ese dinero así recaudado, efectivamente, a la financiación de proyectos productivos (siguiendo criterios arbitrarios que pueden o no coincidir con los deseos de la población, dicho sea de paso). Por tanto, el ICO, esencialmente, por su naturaleza, queda fuera de la categoría de entidades que, conforme a una auténtica reorientación del sistema financiero, entrarían dentro de ese necesario reajuste para poner su actividad creadora-destructora de dinero en relación a la realidad física de la economía (única forma de ponerla al servicio de la comunidad).


3) "Garantía del flujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental".

Encontramos aquí una nuevo ejemplo de la tara que venimos denunciando. ¿A santo de qué se meten en el programa con tal o cual cuestión de carácter técnico? Dígase el objetivo a conseguir, y ya sabrá la población, en base a los resultados, si se ha hecho bien o mal la consecución de su estabilidad social, habiéndose puesto o no un tipo de interés o habiéndose hecho cualquier otra medida técnica que no necesariamente han de saber o conocer la gente en sus detalles (independientemente de que se hagan informes técnicos que las publiquen) por falta de tiempo, falta de conocimientos, falta de ganas, etc...

Lo dicho en el número anterior 2), acerca de la garantía del flujo de créditos financieros a "sectores excluidos", dígase también para las "PYMEs, cooperativas y autónomos" y a las "empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental". Vemos que de nuevo aquí se juntan "churras con merinas" y lo único que le puede salvar al programa de la acusación de promover la confusión es la de precisamente ser un programa que está obligado a simplificar y resumir y, por tanto, no puede entrar en detalles y ahondamientos explicativos (aunque a esto se le podría contestar que también se puede ser claro al mismo tiempo que se resume, pero en fin).

Repetimos, aún a fuerza de cansar al lector: cuando se habla de criterio democrático, éste sólo debe significar (o debería significar) la correcta comunicación y recepción de los objetivos o deseos expresados por los representados. No hace falta especificar que tal o cual empresa se rige o no por "criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental". ¿Quién es el que determina eso? ¿Quién determina si una empresa cumple o no con esos patrones o parámetros de funcionamiento? Y, a su vez, ¿por qué se ha de dar preferencia en el flujo crediticio a las "PYMEs, cooperativas y autonómos"? El único criterio real por el que los representantes fomentarían la financiación de tal o cual empresa sería únicamente y exclusivamente porque satisfagan un deseo real de la población. Y no hay forma mejor en que una población puede expresar sus deseos que con la comunmente llamada "soberanía del consumidor". Una vez que a la población se la acredita con suficiente poder adquisitivo para la formulación de sus deseos y prioridades, entonces nos encontramos ante una manifestación genuina de democracia económica, única forma verdadera de conocer las querencias de la comunidad política.

Es ésta manifestación indirecta (reservándose la directa con los representantes para las cuestiones de más importancia general, como es la de la petición de la política de reorientación del sistema financiero para la consecución de la estabilidad e independencia económica generalizada) de la voluntad la que mejor refleja a las empresas que mejor y más eficientemente cumplan con las peticiones de bienes y servicios de la población. No deja de ser curioso que medidas, por simplemente un par de ejemplos, como la del cheque escolar o cheque sanitario, en donde se deja a la voluntad del particular la decisión de qué entidades educativas o sanitarias (y, por ende, a sus empleados: profesores, enfermaras, médicos, etc...) merecen ser "premiadas" y cuáles merecen ser "castigadas", no sean tenidas en cuenta. ¿Es que este tipo de democracia económica o indirecta o difusa (en contraposición a la democracia política o directa, por medio del "mandato imperativo" de resultados) no merece la atención de los redactores finales del documento, sino que parecen (sólo digo que parecen) sugerir que "ellos" serán los que decidan qué empresa merece ser financiada y cuál no, al margen del único criterio real que podría jusficar sus decisiones, a saber, si realmente dicha empresa cumple o no con su cometido de cubrir, con bienes o servicios, y de manera eficiente, una necesidad expresada por la población?


4) "Promoción de la banca ética y cooperativa".

Esto entra dentro de la ya señalado en los dos números anteriores 2) y 3), acerca del "criterio" de los redactores del programa a la hora de fijar sus prioridades de financiación empresarial. Repetimos (lo siento): el criterio para apoyar o sancionar a tal o cual banco no está en si dicho banco establece o invierte sus beneficios en proyectos productivos de economía real en lugar de títulos financieros de la Bolsa (banca ética) o en si, en su composición interna, se decanta más por el contrato de sociedad que por el contrato de trabajo (cooperativa).

El criterio que realmente importa es si dicho banco realmente cumple su obligación de ajustarse, junto con el resto del sistema financiero, a la realidad económica de la comunidad política (en lugar de servir a su parasitación). Lo cierto es que las bancas éticas y cooperativas financieras, al igual que el ICO, también funcionan según criterios de acumulación-reparto, y no según criterios de creación-destrucción de dinero (son las entidades que se rigen por este último criterio las que deben ser objeto de reajuste, y no las entidades que son meramente acumuladoras-canalizadoras de dinero ya existente, esto es, ahorros).

Una vez conseguido este primordial objetivo político (es decir, la verdadera reorganización del sistema financiero al servicio de la comunidad), la gente podrá elegir, al estar convenientemente acreditada con suficiente poder adquisitivo, qué entidades financieras ofrecen mejores servicios, mejores tipos de interés, etc..., estableciendo de esta forma (cómo en las entidades escolares, sanitarias y en general, para cualquier empresa productora de bienes o servicios) qué entidades han de ser "premiadas" y cuáles "castigadas".


5) "Establecimiento de una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión productiva".

Es curiosa la inserción de esta medida técnica en este subapartado. En sí misma, no es una medida que se salga de la ortodoxia económico-financiera, pero sí supone una medida realmente beneficiosa para la comunidad política.

Es evidente que los impuestos deberían ir, antes que a nadie, contra los que tienen la capacidad de poder soportarlos mejor, ¿y quién podrían soportarlos mejor precisamente que aquéllos que tienen la capacidad de poder crear todo el crédito financiero que quieran, es decir, el sistema bancario en su conjunto? Curiosamente, si esta medida se aplicara con todas sus consecuencias, la primera entidad que debería aparecer gravada debería ser... el propio Banco Central Europeo.

No hace falta entrar aquí en detalle acerca de las grandes reservas financieras (tanto manifiestas o declaradas, como también ocultas o no declaradas) en que incurren las grandes multinacionales financieras privadas, tanto bancarias como aseguradoras. El gravamen de todas estas reservas supondría un ingreso monumental para las entidades públicas (al margen de la dicotomía entre la Escila de la subida de impuestos a la población y la Caribdis del aumento de la Deuda Pública, que mencionábamos al comentar otro subapartado anterior) sin que al mismo tiempo, y esto es lo más importante, supusiera ningún perjuicio financiero para los miembros de la comunidad. Resulta pues lógico que el poder político, como medida intermedia antes de aplicar la reorganización o ajuste del sistema financiero (política ideal) pueda dedicarse a gravar las reservas financieras de aquellas entidades parasitarias (bancarias y aseguradoras) actuales de la comunidad, obteniendo así unos ingresos sin perjudicar a esa misma comunidad (esto mismo fue lo que en 1934 C. H. Douglas recomendó, como medida intermedia y provisional, a un Comité de Nueva Zelanda ante el cual fue a prestar testimonio para dar solución al problema social).

Como corolario, se podría también recomendar el gravamen de los títulos de deuda pública en manos de las entidades bancarias y aseguradoras, no solamente sobre los intereses sino, también, sobre el principal de las mismas, como medida para la progresiva reducción de la Deuda Pública.


6) "Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía".

Ésta es una medida de tipo legal que, en sí misma, no guarda relación con el objetivo esencial del reajuste del sistema financiero. Es bien sabido que, como consecuencia de la generalización de la práctica en el establecimiento de un tipo de interés en toda deuda en la que se aplazara su pago, los Gobiernos de los países fueron estableciendo en los siglos XVIII y XIX tipos de interés legales que sirvieran de base, como normativa subsidiaria, en toda situación en que no se especificara el interés y se produjera un plazo entre la devengación de la deuda y el pago efectivo de la misma, como compensación (razón por la cual, por cierto, se suspendió, eclesiásticamente, en materia disciplinar -que no doctrinal- la ilicitud por práctica de usura para los que reclamaban el interés legal, a parte del principal de la deuda).

En este asunto, no hace falta establecer ningún interés compensatorio general de ningún tipo. Esta medida tiene en mente sobre todo la ausencia de una estabilidad en los precios generales de las cosas (es decir, la inflación, principalmente) que "justificaría" la obtención de un interés por el pago de una deuda aplazada temporalmente (en función de ese cambio o inestabilidad inflacionaria producido en el ínterim). El problema es que la persecución de una política de estabilidad de precios es una quimera, porque la realidad física es siempre cambiante: lo que se precisa es ajustar el sistema financiero en cada momento a esa realidad cambiante (la cual, en el normal de los casos, es casi siempre favorable y beneficiosa para la comunidad).

De esta forma, no es (ni sería) necesario ningún interés legal. Los únicos intereses justificables son los que realizan las entidades financieras, pero siempre en razón del pago de sus servicios, y no por ninguna otra razón. Si el texto del programa se refiere a una regulación de la cantidad porcentual de interés cobrado por la entidad financiera por sus servicios (algo así como ocurre hoy en día con el canon o porcentaje que cobra un registrador o un notario por cada servicio determinado que presta), entonces, no habría problema con eso (¡ojo! no confundir con el establecimiento de la cantidad fija de un salario máximo, discutida ya en uno de los subapartados anteriores).


7) "Prohibición de los instrumentos fnancieros propicios a la especulación fnanciera, como los fondos buitres".

Está bien, aunque yo creo que uno de los efectos colaterales de una auténtica reorganiación del sistema financiero al servicio de los miembros de la comunidad sería, entre muchos otros, el de la disminución de la participación por parte de la población en los fondos de inversión colectiva en general (y no sólo los buitres, es decir, aquéllos que compran títulos de dudoso cobro o de difícil cobro).

Como ya dijimos, los fondos de inversión en general sirven para canalizar los ahorros de la gente básicamente con la intención de obtener rentas o ingresos que aumenten el poder adquisitivo del inversor. Ahora bien, una vez hecho el reajuste del sistema financiero, el aumento consecuente del poder adquisitivo de la población sería tal que paulatinamente iría abandonando, no ya sólo los fondos de inversión, sino cualquier sociedad o entidad canalizadora o acumuldadora de ahorros colectivos.


8) "Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca".

Si de verdad se quiere una reorientación del sistema financiero al servicio de la comunidad, simplemente lo que debería pregonarse sería la eliminación (más que "reorientación") de estas dos entidades, por innecesarias e inútiles para la consecución del objetivo antedicho.

El llamado "Fondo de Reestructuración ordenada bancaria" (FROB) fue creado en 2009 con el objetivo de pagar las deudas en que determinadas entidades financieras habían incurrido por la venta de títulos financieros y que requerían de un pronto pago. El objetivo último era el de ir poco a poco unificando en un menor número de entidades a las más pequeñas (proceso al que denominan "reestructuración"), quedando así reducido el panorama financiero, el cual quedaba más centralizado de esta forma.

No tengo los datos completos de las entidades implicadas, aunque creo que algunas de ellas no solamente tenían funciones de mera acumulación de ahorros, sino también de posibilidad de creación de dinero, aunque la restricción actualmente imperante denominada "reserva fraccionada" (esto es, no crear más crédito financiero que un determinado porcentaje de sus reservas, formadas por 1) sus depósitos con el Banco Central Europeo y 2) su dinero en efectivo) limitara grandemente el uso de esa posibilidad. El caso es que se trataba de evitar que con la quiebra de estas entidades pequeñas (a causa de sus deudas con las otras entidades financieras mayores y monopolizadoras del crédito), se diluyeran los depósitos existentes en ellas; cosa absurda porque el hecho de que una entidad financiera pequeña desaparezca no implica (o no debería implicar) necesariamente que lo haga sus cuentas que, en tanto que meros apuntes contables, pueden ser trasladadas a otra entidad (financiera o no financiera) que las siga registrando sin problema.

El FROB se financió con dinero público en un 75% es decir, o con el dinero de los impuestos de la gente o con la emisión de más Deuda Pública; y el 25% restante del Fondo de Garantía de Depósitos (que hacen las entidades bancarias para garantizar las cuentas corrientes o depósitos en caso de quiebra).

En cuanto a la "Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria" (SAREB), comunmente denominada "banco malo", se trata de una sociedad creada en 2012 para la compra e incorporación a las entidades financieras (en este caso sí, tanto pequeñas como grandes) de sus activos (tanto financieros como inmobilidarios procedentes de la ejecuciones hipotecarias) de dudoso o difícil cobro. Está participada o financiada aproximadamente la mitad con dinero de grandes multinacionales financieras y no financieras, y la otra mitad con dinero público (como el FROB).

Es este caso particular del SAREB, con todo su parque inmobiliario a su disposición, un ejemplo paradigmático del carácter disfuncional del actual sistema financiero. Toda esa riqueza inmobiliaria fue creada gracias al crédito financiero de la comunidad política, pero como ese mismo crédito lo consideran como suyo las entidades financieras que lo crean de la nada, es por ello que se hacen, tras la ejecución hipotecaria, con toda esa riqueza real... y sin que hayan movido un dedo en su creación o construcción, como no sea el simple tecleo de unas cifras en favor de la cuenta del promotor y/o constructor que las utilizó para su edificación. Ahora tenemos, pues, por un lado una gran cantidad de casas que no se pueden vender, y por otro, una gran cantidad de población que quiere comprar una casa. ¿Qué hay en medio que se interpone en su camino para poder unir ambos lados? Lo de siempre: el dinero, el poder adquisitivo. Los edificios fueron más o menos correctamente financiados para su efectiva construcción; los miembros de la comunidad no son ni remotamente financiados o acreditados para la consecuente adquisición de esa riqueza creada y deseada.


9) "Modificación de los criterios de evaluación y adjudicación de los Fondos Europeos de Desarrollo para asegurar un uso ético de los mismos."

Estos Fondos comunes se generan a partir de los impuestos que reunen todos los países de la Unión Europea de sus respectivas poblaciones. En este sentido, suponen un salida neta de capitales financieros para aquéllos que aporten más de lo que reciben y una entrada neta para aquéllos en que ocurra lo contrario. España formaba parte de este segundo grupo, aunque parece que en los últimos años se ha venido especulando con que forme parte de los del primer grupo.

El caso es que si todos los países de la Unión Europea reajustaran sus respectivos sistemas financieros a sus respectivas economías reales no sería necesario ningún Fondo Europeo de Desarrollo (ni ninguno aseguramiento de "un uso ético de los mismos"). Estos Fondos de Desarrollo (en el caso español, cualesquiera fondos internacionales que venimos recibiendo desde 1959) siempre han sido condicionales, es decir, siempre han supuesto una vía de acceso, a través de sus agentes domésticos o tecnocrátas internos, para la realización de agendas político-económico-sociales ajenas al interés propio de las comunidades políticas que las recibían, fomentando las correspondientes modificaciones de control e ingeniería social sobre ellas.

Un reajuste del sistema financiero nos liberaría también de este tipo de financiación externa condicionada.


10) "Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público"-

Una reorganización del sistema financiero puede servirse bien de las estructuras bancarias existentes; no se necesita ningún tipo de "revolución" o "reestructuración" en este aspecto. Las entidades financieras existentes están perfectamente dotadas y capacitadas, y son perfectamente competentes, para desarrollar todo tipo de medida técnica necesaria para la consecución de la política u objetivo a conseguir. El problema, ¡ay!, como venimos diciendo, está ahí: en la política. Existen dos políticas o dos agendas: una, la que quiere la población: que se materialice efectivamente, en sentido financiero, la realidad que refleja la existencia de una "riqueza en medio de la abundancia"; y otra, la que quiere y actualmente pone en funcionamiento los que controlan el actual sistema financiero superpuesto al sistema económico físico-real español, y que provoca la "pobreza en medio de la abundancia".

Así, pues, en principio, no se necesita (o necesitaría) ninguna creación de ningún nuevo banco, ni que éste tenga ninguna "gestión democrática" (recuérdese lo dicho sobre el criterio jerárquico que ha de imperar en la gestión de toda empresa, y la utopía absurda e ineficaz de querer hacerlo "democráticamente"). La estructura bancaria actual es perfectamente aprovechable tal y como está: el problema está, pues, en que sus empleados y técnicos sean puestos a funcionar por sus directores, en la gestión y manejo del sistema financiero, en función de la política de "riqueza en medio de la abundancia" y no, como actualmente ocurre, en función de la política de "pobreza en medio de la abundancia".

De todas formas, si las circunstancias reales aconsajaran la creación de una nueva entidad bancaria, no habría problema alguno en hacerlo.

El subapartado nº 6 hace referencia a una medida de política económica de la época contemporánea, tomada por las naciones occidentales en virtud del desmantelamiento de la antigua unidad espiritual de la Cristiandad y la creciente desconfianza mutua entre las naciones, a nivel internacional o ad extra, conforme se iba afianzando el Nuevo Orden, en paralelo con el propio fortalecimiento centralista del Estado-Nación, ad intra, y que servía también como paliativo para la cobertura provisional de los males sociales inherentes a la ortodoxia financiera imperante.

Esta medida obtuvo, sobre todo, gran auge en los países occidentales tras la posguerra y se convirtió explícitamente en uno de los ejes fundamentales de la política económica: la industrialización por sustitución de importaciones, también conocida comunmente como política de autarquía económica.

El subapartado nº 6 reza así:

1.6 - Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía

Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal. Dotar a estas empresas de estatutos que impongan como finalidad prioritaria el suministro y acceso universal de estos servicios por parte de la ciudadanía. Apoyo a las asociaciones y grupos inmersos en procesos de denuncia de los abusos y fraudes cometidos por las entidades bancarias y las grandes empresas de los sectores estratégicos. Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas. Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía. Auditoría rigurosa del coste real del sector energético eléctrico. Unificación de costes energéticos en toda la UE evitando situaciones de abuso y de competencia desleal. Apoyo a la producción de energía por parte de los particulares.

Es lógico que un mundo en donde cada vez existe más desconfianza entre las relaciones de las comunidades políticas y, en general, en las relaciones entre las personas de cualquier comunidad o empresa, se vayan estableciendo, por esas mismas comunidades, medidas "políticas" de prevención o de garantía que impidan o limiten lo más posible cualquier medida de sabotaje o traición, en perjuicio social de la población afectada.

Precisamente este estado ambiental generalizado representa la antítesis de lo que genuinamente se considera el mayor activo de cualquier comunidad: su Crédito Social, es decir, la confianza tácita existente entre los miembros y representantes de las distintas comunidades (aquí utilizo la palabra comunidad en el sentido más amplio posible: relaciones entre comunidades territoriales de cualquier amplitud (pueblo, comarca, provincia, región, país) y entre comunidades económicas o empresas de cualquier tipo).

Cuando existe crédito o confianza mutua, en sí mismo resulta indiferente que tal o cual empresa esté mayoritariamente participada por entidades públicas o particulares privados, o que tal o cual servicio sea prestado por una empresa privada o no... siempre y cuando cumpla satisfactoriamente con su función, entendida ésta como servicio deseado por los miembros de la comunidad, y efectiva satisfacción de la población por el servicio prestado.

Esta indiferencia respecto a la naturaleza de la empresa generadora del servicio, sin embargo, habría que matizarla. Es indiferente en teoría, pero en la práctica la experiencia demuestra que las entidades productoras de bienes y servicios realizan mejor y más eficientemente su función en la medida en que: 1) sean gestionadas privadamente y 2) sean de tamaño pequeño o mediano. La razón básica reside en la ineficacia e ineficiencia creciente de toda empresa que se va volviendo cada más descontrolable en la medida en que 1) interfieren en ellas elementos ajenos a su función propiamente productiva (como ocurre en cualquier publicización de cualquier empresa en donde se injertan cada vez mayores elementos burocráticos), y 2) se va agigantando su área de acción y de plantilla, conservándose su misma estructura centralista o piramidal.

La razón de la progresiva monopolización empresarial (sea de multinacional privada o de capitalismo de Estado) reside primordialmente, no en una incapacidad para la consecución o realización de un determinado servicio, sino por razones, como siempre, puramente financieras (situación que emerge necesariamente del marco arbitrariamente establecido por el sistema financiero). A esto se añade, el creciente intervencionismo del Estado, que en lugar de ayudar e incitar a las comunidades inferiores a la consecución de sus propios programas productivos de bienes y servicios así como para, en caso de obras intercomunitarias, fomentar la alianza temporal de las mismas para la consecución de dichos programas productivos (por ejemplo, la realización de una carretera comunicadora), fagotiza directamente cualquier empresa productiva, ahondado así también el dominio sobre la población a través de la centralización controladora del servicio producido (por ejemplo, electricidad, servicio de aguas, de regadíos, etc...), dejando a su merced la decisión arbitraria de quién se beneficiará y quién no.

Desgraciadamente, pareciera que fuera esta concepción estatista (en unión con la conservación de la ortodoxia financiera) la que sugiere el desarrollo de este subapartado del programa político. Pasemos a analizarlo brevemente:


1) "Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal".

Evidentemente el criterio democrático impera a la hora de expresar el público 1) la necesidad de un determinado programa de producción para la realización o prestación de un determinado servicio que la población requiera, y 2) su satisfacción o disconformidad con la empresa prestadora del servicio. La población sólo podría cumplir con esta doble función si: 1) tuviera potestad de poder contratar los servicios de la empresa que ella quisiera, sin que estuviera condicionado por razones puramente financieras; 2) tuviera potestad de rescindir el contrato de la empresa contratada y adquirir los servicios de otra. La primera potestad entra dentro de uno de los efectos colaterales o indirectos de la reforma del sistema financiero actualmente existente; la segunda dependerá de los representantes propios de la comunidad en cuestión, que reciben las órdenes (satisfacciones o quejas) de sus representados.

Sin embargo, vemos de nuevo que cuando los redactores del programa hablan de "control público" y de "participación mayoritaria pública en sus consejos de administración", parecen querer referirse simple y llanamente a la expropiación o adjudicación de las acciones de las empresas por parte de los representantes de la entidad pública estatal o, conservando las acciones su propiedad privada, tener el control efectivo de la empresa colocando a miembros de confianza en posición mayoritaria en el Consejo de Administración de la empresa, como soluciones al problema de la carencia de una falta de servicio o de un servicio mal hecho por parte de dicha empresa.

Recordemos que el funcionamiento propio y particular de cualquier empresa se rige por el criterio jerárquico; si la empresa, por sí misma, no puede realizar el resultado demandado por razones puramente técnicas (es decir, imposiblidad física) entonces ningún cambio en la posición de dominio sobre la empresa (es decir, nacionalización o estatalización de la misma) podría solucionar ese problema. Ahora bien, si la imposibilidad es por razones puramente financieras, entonces resulta arbitraria y gratuita esa nacionalización o publicización, pues bastaría con emitir el dinero suficiente (tanto para la empresa como para el consumidor) para que la empresa pudiera realizar y mantener el servicio productivo en cuestión.

De nuevo, pues, al final nos topamos con la cuestión financiera. Si la mirada se enfocara principalmente sobre esta cuestión, las demás derivadas o concomitantes a ella verían más fácil su solución, sin necesidad de tener que abordarlas impropiamente de manera separada y sin relación con dicha cuestión del sistema financiero, que se encuentra en la raíz del problema.

Por último, los redactores señalan la posibilidad de "creación de empresas estatales" que garanticen los servicios. Ciertamente, si no hubiera imposibilidad física en la realización del servicio, y la comunidad, por razones no financieras, no hubiera podido contratar ninguna empresa doméstica o extranjera para la realización de dicho servicio, quedaría entonces como última solución el Estado (aunque en la práctica resulta difícil, por no decir casi imposible, no encontrar ninguna empresa en el mundo capaz de realizar un servicio que al mismo tiempo sí lo pueda hacer el "Estado": generalmente las empresas van más adelantadas que cualquier Estado en cualquier función técnica productiva).


2) "Dotar a estas empresas de estatutos que impongan como finalidad prioritaria el suministro y acceso universal de estos servicios por parte de la ciudadanía."

Estos estatutos son innecesarios. A una empresa no se le puede pedir funciones que no son expresamente suyas sino que son de tipo político o finalista (que son las propias de la comunidad política). A una empresa lo único que se le exige es que cumpla su función propia: la realización del resultado querido por la comunidad (si cumple realmente con su función propia técnica que se le pide, implícitamente ya está cumpliendo una función social).

El verdadero "control social" o democrático lo realiza, en última instancia, la propia comunidad política que decide financiar a tal o cual empresa (o que decide dejar de financiar a tal o cual empresa), "premiando" o "castigando" a la empresa que cumpla o no cumpla su cometido propio. Evidentemente esto sólo es posible si la población está suficientemente financiada o acreditada financieramente para poder ejercer ese "control" o "presión", cosa que no puede ocurrir en las presentes circunstancias a menos que se haga el correspondiente reajuste del sistema financiero actual.


3) "Apoyo a las asociaciones y grupos inmersos en procesos de denuncia de los abusos y fraudes cometidos por las entidades bancarias y las grandes empresas de los sectores estratégicos".

Aquí mezcla confusamente el sector bancario con los demás sectores productivos de bienes o servicios, metiéndolos en el mismo saco, como si su importancia fuera sustancialmente la misma, pero no la es.

El servicio del sistema bancario o financiero es la clave para el funcionamiento, no ya de cualquier otra empresa, sino de toda la comunidad política. Los redactores del programa no entienden que a los que controlan el sistema financiero les importa un bledo que el Estado o un privado controle cualquier sector productivo, siempre y cuando ellos mantengan, en última instancia, dicho control sobre el sistema financiero de la comunidad política.

Un país en donde el Gobierno tuviera realmente el control de su sistema financiero, pero sus sectores productivos estuvieran en manos de empresas extranjeras que los explotan, estaría en una situación infinitamente mejor que la de un Gobierno que controlara, por nacionalización, todos sus sectores productivos, pero mantuviera en última instancia el control del sistema financiero en manos de intereses externos a los deseso de la comunidad. No hay pinta de comparación. De ahí que para cualquier auténtica reforma social se insista siempre en el necesario control previo del sistema financiero de la comunidad política, pues lo demás vendrá por añadidura y como efecto colateral social beneficioso.


4) "Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas".

De nuevo aquí insistimos en el carácter teóricamente indiferente de que una empresa sea "pública" o "privada" mientras cumpla con el cometido o los resultados esperados por la comunidad política. En este sentido, sea la empresa pública o privada, siempre deberá regirse por el criterio jerárquico para su correcta administración o gestión al servicio del resultado productiva que se quiere conseguir o efectuar. Y aquí el único criterio democrático que rige es el del "premio" o "castigo", hecho por una población con suficiente poder adquisitivo, sobre un empresa que cumple o no con su cometido.

Al querer detener las "privatizaciones", los redactores del programa tienen en mente a las macroempresas estatales cuyo accionariado pasa a ser participado mayoritariamente por particulares. Pero es que eso realmente no supone ningún cambio real o substancial: siguen siendo macroempresas que se rigen por los mismos patrones y las mismas directrices, mateniendo, por un lado, a las mismas plantillas de trabajadores innecesarios en las mismas circunstancias de procesos mecánicos y repetitivos y, por otro lado, por su carácter monopolístico (u oligopolístico), forzando a la población a soportar sus servicios únicos e irremplazables a los precios que ellos fijen o dicten (quizá el único sector en donde hoy en día realmente haya algo de posibilidad de optar por alternativas sea en las empresas de servicio de Internet).


5) "Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía".

De nuevo se cae en una mala o errónea concepción del verdadero sentido público o social de cualquier empresa. Repetimos: toda empresa productiva de bienes o servicios, por el hecho de que realmente satisfaga una necesidad o requerimiento mediante la consecución de un resultado productivo deseado, ya está cumpliendo tácitamente su función social.

La población ya se encargará, por el ejercicio de su poder económico (siempre y cuando quede financieramente acreditada tras la necesaria reforma financiera) de transmitir si realmente la empresa cumple o no con su cometido, ya sea pública o privada, ya estén sus acciones en posesión de particulares o de entidades públicas, ya esté en su Consejo de Administración representates de entidades públicas o particulares.

El problema ahora es que realmente no se puede saber, debido al defectuoso sistema financiero actual, si una determinada empresa funciona bien o mal porque: 1) una empresa realmente capacitada y que satisfaga (o pueda satisfacer) un determinado servicio, sin embargo, no funcione bien o quiebre por razones puramente financieras (es decir por falta de financiación productiva, por falta de recobro de dinero para pagar sus deudas financieras debido a la falta de poder adquisitivo de una población que realmente quiere comprar sus servicios); 2) por falta de poder adquisitivo en la población que le impide hacer el verdadero "control social" o democrático sobre las empresas productivas.

De esta forma (como ya dijimos al comentar un subapartado anterior) se establece una situación o marco artificial, en donde aparece como corolario la "justificación" para una nacionalización o una privatización o una fusión monopolística u oligopolística (en el fondo, todas estas medidas llevan al mismo resultado práctico), para así "salvar" financieramente a la compañía en cuestión; es decir, (como dijimos en su momento) el proceso es el siguiente:

1. el sistema financiero establece un "marco de juego" arbitrario;

2. las compañías productivas, en virtud de ese marco, entran en una fase de problemas financieros, no por razones reales (de incapacidad productiva, o falta de deseo de su producción por la población), sino por razones puramente financieras provocadas por el marco arbitrario previo establecido por el sistema financiero que provoca la "inviabilidad financiera" de la compañía;

3. aparece el Estado o Compañía Multinacional "salvadora", que se encarga de su nacionalización o fusión o absorción, para aumentar sus respectivos monopolios productivos (es decir, capitalismo de Estado y capitalismo propiamente dicho, respectivamente).

4. consolidación de la posición del Estado totalitario o de la Macroempresa multinacional, que mantienen a su servicio, bajo la política de pleno empleo, a una masa de esclavos respectivamente, al mismo tiempo que dictan las condiciones para el uso de un único e innegociable "servicio" prestado, consolidando así sus respectivas posiciones dominantes sobre la población (y siempre, en todo momento, subordinadas a los representantes del sistema financiero, que controlan, en última instancia, todo el sistema piramidal en cuestión).

Una política que realmente quiera que los "activos colectivos" sean de "propiedad de la ciudadanía", exige como requisito previo sine qua non la readaptación del sistema financiero en ese sentido, esto es, que el crédito financiero realmente refleje el crédito real de la comunidad política. Recuérdese cuál es el verdadero sentido de una verdadera propiedad: no es tanto la propiedad efectiva de un medio de producción, como la propiedad efectiva de los frutos de esos medios de producción (la diferencia puede ser sutil, pero es fundamental para entender el auténtico sentido de las palabras participación, democratización y socialización económicas).


6) "Auditoría rigurosa del coste real del sector energético eléctrico".

Esto entraría dentro del ámbito de una verdadera contabilización del crédito real general de una comunidad política (a la que ya hemos aludido al analizar otros subapartados). Es decir, como muy bien decía C. H. Douglas, puesto que el coste real o físico de cualquier proceso productivo consiste en el consumo o depreciación real o físico realizado durante el mismo periodo de tiempo, su cálculo resulta imposible si queremos hacer el cálculo del gasto realizado en unidad de consumo para la creación de cada unidad producción.

Es por ello que simplemente se acude a la recolección, valoración y estimación de valores agregados o totales para conseguir, entre todos ellos, una suma aproximada del valor real o precio ajustado de todos los bienes o servicios producidos para su consumo o aprovechamiento personal. Dentro de este proceso general se incluiría también el consumo y producción (ya por producción propia, ya por importación) energéticos. Esos cálculos reflejarían un superávit físico general (o, visto desde el lado del precio, un coste general real menor de los bienes finales o de consumo). El problema es que el sistema financiero actual no monetiza ni emite ese superávit físico (o no refleja en los precios finales o de consumo, correlativamente, ese menor coste físico o real), de tal forma que nos encontramos con la espiral viciosa a la que antes hemos aludido provocada siempre por el defectuoso sistema financiero.

Esto es; a pesar de la nacionalización y/o monopolización-oligopolización de las empresas generadoras de energía, éstas siguen resultando (y seguirán resultando) "financiariamente inviables" por el susodicho defectuoso marco financiero arbitrariamente establecido. Pero como aquí ya no se puede acudir a las "soluciones salvadoras" de la nacionalización-monopolización, porque el sector ya está en esa situación, entonces la única forma que le queda a la comunidad política es seguir soportando el mal servicio de esos monopolios, al precio de la luz que ellos quieran y, encima, paralelamente, ayudar a cubrir sus "inviabilidades financieras" por medio de los impuestos.

Reorientése el sistema financiero al servicio de la comunidad política, y esto supondrá el comienzo de la verdadera solución para todos los demás problemas sociales derivados del mismo.


7) "Unificación de costes energéticos en toda la UE evitando situaciones de abuso y de competencia desleal".

De nuevo, los redactores se fijan en una descripción de los problemas puramente sintomática, pero no realmente terapéutica. Se repite la confusión ya señalada en subapartados anteriores entre causas próximas o secundarias (que simplemente se dedican a agravar un problema ya existente) y causa última o primaria (que es la que crea realmente todo el problema y del que se derivan todo los demás problemas).

Un sistema financiero reajustado produciría la proliferación de empresas de servicios que compitieran entre ellas por un buen servicio en favor de una población correctamente acreditada con poder adquisitivo para la efectiva toma de sus decisiones económicas democráticas. Es decir, una política de Crédito Social fomentaría, a raíz del cambio del sistema financiero, cambios sociales colaterales tendentes a una, cada vez mayor, descentralización y desmonopolización y deestatalización en el plano de lo económico-social, fomentando las economías de comunidades locales y autónomas. Lo cual viene bien para introducir la última frase de este subapartado:

8) "Apoyo a la producción de energía por parte de los particulares."

Absolutamente nada que objetar a esta frase. Simplemente añadiría que esta filosofía social se extendiera lo más posible y para cualquier otro tipo de producción.

Ahora bien, no hay mejor "apoyo" para conseguir, como efecto social colateral, esta política "distributista" de autonomía e independencia de comunidades locales y autosuficientes, que la necesaria y obligatoria previa reforma y reorientación del actual defectuoso sistema financiero, poniéndolo realmente al servicio de la población.

El subapartado nº 7 está relacionado con los paraísos fiscales. Se establece una medida propia del Estado policial-totalitario característico de la época contemporánea; lo curioso es que normalmente los propios "legisladores" suelen camuflarlo con un lenguaje más suave o melifluo, pero aquí lo expresan de una manera clara y rotunda, junto con la correspondiente amenaza. Dice así:

1.7 - Intercambio fluido y transparente de información fiscal entre todas las Administraciones tributarias europeas

Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus clientes, cualquiera que sea el país en el que operen directamente o a través de filiales. Establecimiento de sanciones por infracciones muy graves para las entidades y jurisdicciones que no colaboren.

Uno de los resortes más importantes que han venido estableciendo los países occidentales para un mejor dominio de sus poblaciones, y que se conjuga perfectamente dentro de una misma política común con los que controlan los sistemas financieros de esos mismos países, es el de la configuración de un sistema fiscal cada vez más absorbente y omnipresente, hasta el punto de convertirse en el arma favorita de cualquier entidad pública para la persecución de cualquier elemento individual no ya no deseable, sino incluso que revista caracteres de independencia o autonomía frente al común nivelamiento antisocial colectivo.

El recurso de la inspección fiscal se convierte así en la herramienta política por antonomasia para tener a raya a cualquier "disidente" o "independiente", y siempre será posible encontrar un resquicio por donde poder acusar al "culpable" habida cuenta de las minuciosas y retorcidas sinuosidades de las cada vez mayores leyes, reglamentaciones, órdenes y normativas en general que regulan y perfilan detallada y minuciosamente cualquier aspecto o circunstancia imaginada o imaginable, con vistas al claro objetivo existente en las mismas: la fáctica o práctica imposibilidad de su cumplimiento en la vida real (para todos aquéllos que estén familiarizados con la normativa fiscal actual sabrán de lo que estoy hablando).

La normativa fiscal se ha ido perfeccionando cada vez más, como digo, con vistas a un mayor control de la población (principalmente a partir del proceso acelerativo iniciado en los países occidentales tras los "descubrimientos" teóricos de Keynes y sus "soluciones" hace 80 años). Pero, al margen de esta finalidad política (que los Estados suelen recubrir bajo la capa de política redistributiva, uno de los pilares, como ya hemos visto en subapartados anteriores, de la desviada y viciada ortodoxia ecónomico-financiera), también esta acelerada fiscalidad confiscatoria se produce a consecuencia de la cada vez mayor imposibilidad de hacer frente a la propia soga que yace alrededor del cuello de Estado dominador: la Deuda Pública.

Aunque los países occidentales experimentaron fuertes subidas de la misma a consecuencia de las guerras, sin embargo no es hasta principios de los años ´70 cuando se puede observar un crecimiento en sentido exponencial de sus respectivas deudas, debidas al mecanismo del interés compuesto que, al principio hace crecer la deuda de manera más o menos escalonada pero, llegado un punto, se dispara de manera más acelerada. Esta "causa económica" repercute también, pues, en una mayor afianzamiento de la presión (nunca mejor dicho) tributaria (hasta el punto de que hoy en día, la partida presupuestaria para el pago de la Deuda sólo se destina para cubrir los intereses nada más).

Paralelo a este reforzamiento del aparato fiscal (con su concomitante sistema totalitario de obligaciones de infomación minuciosa por parte de la población de todos sus datos personales, con el correspondiente aparato de vigilancia, incluso hasta el punto de vigilancia y denuncias entre los propios miembros de la comunidad entre sí los unos contra los otros, bajo condición de "recompensas" o de "penas" para los que cumplan y no cumplan respectivamente "su cometido de buen ciudadano responsable"), han venido apareciendo también en el orden internacional actual diversas áreas geográficas y comunidades políticas con sistemas fiscales más suaves y acordes con lo que sería una política fiscal más humana.

Sólo los miembros con más recursos financieros de las comunidades con aparatos fiscales confiscatorios tienen la posibilidad de recurrir a estos denominados "paraísos fiscales" y, por razones obvias, les interesa recurrir a ellos (el resto de la población, para poder sobrevivir, ha de recurrir a la llamada "economía sumergida"). Ahora bien, como en virtud de la viciada política redistributiva, se considera básicamente que la razón de que los pobres sean pobres es porque los ricos son ricos, es lógico (quiero decir, dentro de esta lógica interna viciada in radice) que sobre esa base se establezca una legislación especificando la obligación de declarar esos fondos para que tributen en las comunidades políticas con aparatos fiscales confiscatorios.

Aquí de nuevo volvemos a la necesaria distinción entre causa próxima y causa última de un determinado problema social. Toda la propaganda que se ha venido elaborando en los últimos años sobre grandes "personalidades" de la vida pública que se enriquecen ilícitamente y guardan sus capitales en paraísos fiscales y no los declaran al fisco español, vienen a ser como los árboles de aquí o de allá que no nos dejan ver el bosque, es decir, el panorama en su conjunto y, por ende, analizar la causa última latente a la inestabilidad social de la población en general.

Recordemos una vez más: una cosa es un acumulador de dinero y otra un creador de dinero; ahora bien, si este último decide (porque sí) establecer una cantidad fija de dinero en una comunidad, resulta natural que una persona vea la causa de sus desgracias en la excesiva acumulación por parte de otros de la mayor parte de esa cantidad deliberadamente establecida como fija. Es más, precisamente me atrevería a decir que la principal causa de casi todas las actitudes inmorales e ilícitas de aquéllos "más aptos" para hacerse con la mayor parte de esa cantidad establecida previamente como fija (lo cual daría apoyo "fáctico" para los tristemente famosos teóricos del "darwinismo social", esto es, "sólo sobreviven los más listos, los más astutos y los más avispados en sus actitudes choriceras, inmorales y corruptas") proviene precisamente... de esa deliberada y arbitraria emisión de una cantidad escasa y delimitada para todos los miembros de la comunidad (como si vinieran a decir: "¡ahí tenéis vuestra ración de dinero, luchad entre todos vosotros por ella... y buena suerte!").

Es precisamente en este racionamiento del dinero que realiza el actual sistema financiero en donde hay que encontrar la raíz de todas las demás consecuencias sociales (o, mejor dicho, antisociales) que derivan de ella por añadidura.

Aquí, una vez más, los redactores del programa "cuelan el mosquito y se tragan el camello". Como dije en otro subapartado anterior, los acumuladores de dinero (ya se moral o inmoralmente obtenida dicha acumulación) son. en términos comparativos, el "chocolate del loro" con respecto a los controladores del sistema financiero. Y no me refiero con esto a que las entidades financieras son, por diferencia, los mayores acumuladores de dinero o de reservas (que también; lo cual podría servir de base, como ya apunté en un subapartado anterior, para provisionalmente descargar la mayor parte de la presión fiscal sobre ellos, liberando así a la población en general), sino porque son los únicos con potestad para crear dinero, es decir, para crear el crédito financiero de la comunidad, sin el cual ningún provecho social auténtico puede haber en una comunidad política en donde la mayor parte de las relaciones económicas entre sus miembros se hacen, no por trueques, sino a través de dinero o crédito.

De esta forma, pues, volvemos siempre a la misma cuestión que aparece soslayada en lo que venimos analizando del programa económico, a saber, la verdadera reorientación del sistema financiero al servicio de la comunidad política: los redactores se centran en multitud de detalles, creyendo que una regulación minuciosa de cada resquicio social y un control democrático mal entendido y utópico de toda y cualquier institución, solucionará todos los problemas. Es decir, descienden al ámbito de lo técnico y particular, queriendo, en último término, controlar cada espacio y cada elemento de la realidad social. Y hacen esto cuando podría perfectamente evitarse simplemente enfocando y centrando la atención en el sistema financiero en sí, en su funcionamiento y en su necesaria reforma, pues una vez conseguido ese objetivo, la población podrá ir estabilizándose, lo cual constituye el requisito necesario indispensable para su propia autorrregulación y emancipación social. Como muy bien decía Salvador Minguijón: “La estabilidad de las existencias [consecuencia primera del reajuste del sistema financiero] crea el arraigo, que engendra dulces sentimientos y sanas costumbres. Estas cristalizan en saludables instituciones, las cuales, a su vez, conservan y afianzan las buenas costumbres”.

Una vez conseguido el objetivo de que el sistema financiero refleje la realidad del sistema ecónomico de la comunidad política, ya no habrá que preocuparse de problemas artificiales surgidos como consecuencia del no menos artificial sistema financiero actual (como es el caso de la necesidad de una cada vez mayor carga tributaria, así como todos los "nuevos delitos" artificiales surgidos a partir de la "nueva ciencia fiscal o tributaria", –que incluyen sus dos ramas, tanto de impuestos confiscatorios propiamente dichos, como de cuotas "sociales" dentro de la viciada política redistributiva del llamado "Estado de bienestar", cuya pesadilla muy bien describiera y previera Tocqueville en su día–, la cual no deja de ser una rama más dentro de la "nueva ciencia de la Administración" surgida con Napoleón y los revolucionarios, y de ahí en adelante, dentro del plano general del mal llamado "derecho nuevo"); sistema financiero viciado que arbitrariamente promueven los actuales controladores del mismo en los países y comunidades políticas cuya economías, vienen (y han venido, a lo largo de la época contemporánea revolucionaria) progresivamente industrializando y monetizando paralelamente sus economías.

En el subapartado nº 8 se mezclan varios asuntos en relación con lo que los redactores finales del programa consideran que debería ser un "comportamiento" adecuado para toda empresa (temas fiscales, control "democrático" de empresas, contabilidad empresarial):

1.8 - Obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de sus actividades en términos globales y desglosadas por países

Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda. Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado. Incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información relevante y la contabilidad. Unificación de los sistemas de contabilidad europeos en la que no se acepten apuntes virtuales como son las amortizaciones y deterioros, con el objeto de reflejar fielmente el beneficio empresarial.

De esta forma se reproduce de nuevo (siguiendo la misma línea que va animando a toda la redacción programática) el fallo de querer focalizar la atención en los aspectos secundarios soslayando la cuestión principal en juego (y cuya resolución produciría, de suyo, el consiguiente progresivo arreglo de dichos aspectos secundarios): la cuestión de la reforma del sistema financiero para ponerlo a funcionar al servicio de la comunidad política.

Vamos a ir viendo los asuntos técnicos que se reflejan en este subapartado, empezando por su título:

1) "Obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de sus actividades en términos globales y desglosadas por países".

Esto puede entenderse de dos formas.

O bien se trataría simplemente de que las empresas en general (y no solamente las multinacionales y sus filiales) faciliten a organismos públicos o comunitarios la información sobre el estado y funcionamiento de sus respectivas empresas, aportando los datos de las mismas, que vendrán a incorporarse a un registro general y servirán para un cálculo real y exacto en lo concerniente a la contabilidad verdadera de toda la comunidad política, sirviendo así de base para el consiguiente y respectivo ajuste del sistema financiero en concordancia con dichos datos agregados y generales, poniéndose de esta forma al servicio de la comunidad. Esta dación de información es algo que, en cierta forma, ya se hace hoy en día a través de la prescriptiva obligación de cada empresa de elaborar las correspondientes Cuentas Anuales para su subsiguiente incoporación al Registro Mercantil pertinente.

O bien se trataría, como parece deducirse del contexto, de una forma más de control a efectos fiscales del funcionamiento de las empresas (y de cualquier persona o institución en general).

Como ya señalamos en un subapartado anterior, nada hay de malo en sí en la elaboración por parte de entidades públicas de estadísticas de datos de riqueza-producción y de consumo-deterioro generales, que sirvan de base para una verdadera contabilidad general o comunitaria y, por tanto, para una descripción real y correcta de la situación física económica de la comunidad, con vistas a la readaptación del sistema financiero a esa realidad física. Para ello, nada de malo tiene en sí la aportación de esos datos por parte de los que mejor podrían reflejarlos, esto es, los mismos que se encargan de la realización de la producción o riqueza nacional: las empresas de bienes y servicios administradas o gestionadas privadamente por sus respectivos empresarios. La práctica de la llevanza de Libros Contables ha sido una práctica llevada a cabo motu proprio durante siglos por los propios empresarios (pues constituye una práctica natural la llevanza de un registro contable por parte del empresario que le facilite, a través de la información acumulada, la situación de su empresa para una mejor gestión de la misma) sin necesidad de obligatoriedad ninguna por parte de una autoridad pública (aunque ya a partir del siglo XVI se fuera generalizando en suelo español la llevanza de registros públicos para una mejor garantía y seguridad en las relaciones económicas-financieras, –no confundir con el Registro de la Propiedad creado a mediados del XIX por la Revolución para consolidar la desamortización de bienes inmuebles y garantizar al sistema financiero la seguridad de las fincas que hipotecaba con sus respectivos créditos financieros, es decir, lo que se denominaba crédito territorial).

Así pues, hoy en día las empresas pueden contar con contables y auditores (cuando mueven un volumen de negocio que empieza a ser considerable) con capacidad técnica para poder llevar a cabo la contabilidad y el reflejo exacto del estado de la empresa. Las normas de contabilidad empresarial tratan de servir a este propósito; sin embargo, la existencia de un sistema financiero defectuoso (como ya vimos en subapartados anteriores) dificulta e impide que realmente pueda tenerse conocimiento del estado real, no ya sólo de una empresa, sino de toda la comunidad política en su conjunto. Dicho con otras palabras, el sistema financiero, en lugar de ajustarse al estado real de la economía en general, se dedica más bien a condicionar (por no decir determinar) el estado de la economía, desvirtuándolo así de su verdadera situación real.


2) "Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda."

Aquí se insiste una vez más en la misma idea que ya vimos en el subapartado anterior acerca de los llamados "paraísos fiscales".

Si no fuera por el contexto, al hablar de "prácticas fiscales agresivas" uno quedaría tentado a pensar que se podría estar refiriendo a los actuales Estados, pues no podría definirse mejor el progresivo proceso de totalitarización que se ha estado siguiendo en los países en este sentido. Pero aquí parece que se está refiriendo a las prácticas de elusión fiscal por parte de las empresas, haciendo hincapié en las multinacionales.

Es de agradecer que sólo se fije en las Grandes Empresas, dejando a un lado a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren el castigo de las políticas fiscales confiscatorias del Estado. De todas formas, siempre es bueno recordar que todo este problema de la tributación, que venimos considerando, parte de un marco inicial completamente arbitrario que se toma como si fuera algo natural o dado, y que, tomado como tal, vicia cual conclusión a la que se quiera llegar acerca de la verdadera causa y la verdadera solución de dicho problema.

El Estado (y cualquier entidad pública), dentro del marco actual defectuoso deliberadamente impuesto por los que controlan el sistema financiero, viene a ser un "contrincante" más dentro de la "lucha" general por la obtención o recolección del mayor dinero posible respecto de ese fondo fijo que el susodicho sistema financiero establece arbitrariamente como punto de partida para la "lucha"; lucha por parte de los miembros de la comunidad (esto es, población y entidades públicas) por hacerse con la mayor porción del mismo. De esta forma, la población luchará por pagar los menos impuestos posibles, las empresas harán todo lo posible por tributar lo menos posible, las entidades públicas harán todo lo posible por obtener el mayor ingreso fiscal posible. Y así obtenemos un estado de enfrentamiento generalizado nacido por el instinto de conservación y supervivencia. Esto tiene, como efecto colateral, y medio principal de lucha, la realización de todo tipo de "ingeniería" fiscal para obtener el objetivo deseado: por un lado, empresas y particulares, no sólo entrarán de lleno dentro de la "economía sumergida" lo más posible, sino que "ajustarán" sus cuentas financieras para el menor pago de impuestos posible; por otro lado, el Estado, entrando en ese "juego", irá estableciendo medidas de tasación a su favor completamente alejadas de la realidad (esto se ve principalmente en cualquier impuesto donde se grave un bien real o físico). Y así vemos como, finalmente, ese defectuoso sistema financiero es el que está al final de todo este proceso continuo de tergiversación y desvirtuación de cuentas que la población realiza como medida de defensa, y las entidades pública acometen como medida para una mayor recaudación.

Dentro de este marco podemos situar la práctica a la que se refiere el subapartado, que pone a título de ejemplo, de la "deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda". Aquí se puede ver un ejemplo de esa práctica. Pero insistamos de nuevo en el hecho de que, aunque unas prácticas como éstas puedan suponer un agravamiento de la mala situación social (por falta, en este caso, de ingresos adicionales para las entidades públicas, que hubieran supuesto correlativamente un alivio fiscal para otros sectores de la población), no constituyen la causa principal creadora de esa mala situación, que siempre habrá de buscarse y encontrarse en los creadores de dinero, es decir, en el sistema financiero.


3) "Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado."

El criterio que a día de hoy existe en territorio español para el pago de los impuestos es el de la residencia fiscal, es decir, allí donde residas físicamente (que no es lo mismo que tener el domicilio) durante seis meses y un día al año, allí será donde tengas que pagar tus impuestos (y aplicarse la legislación fiscal del lugar), con independencia de tu nacionalidad. Esto es importante, no sólo a nivel internacional, sino también a nivel regional. Una persona, supuestamente, es libre de establecer su residencia fiscal (o en caso de empresa, su domicilio social, el cual constituye su residencia fiscal) en cualquier sitio.

Realmente aquí no sé a qué viene exactamente lo de la necesidad del "establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal". Hoy en día, a nivel internacional, el Estado actual español tiene Convenios Internacionales con varios países precisamente para evitar la doble imposición, es decir, tener que pagar tributos en dos países por el mismo hecho imponible. Esto es algo lógico y normal y para eso se establecen esa reglas de procedimiento, precisamente para evitar esa doble tributación. Esto es algo distinto a los "paraísos fiscales", los cuales el Estado los rige por otra legislación más severa, y quizás es a esto último a lo que se refiera el texto del programa.

De todas formas, vemos un ejemplo más en acción de cómo un sistema fiscal viciado in radice o en su origen, a consecuencia de un sistema financiero que causa dicha desvirtuación, condiciona el comportamiento de las personas y de las empresas, que tratan en todo momento de cubrirse y liberarse de dicho aparato fiscal (en este caso particular sería mediante su residencia fiscal en un lugar con menores impuestos). No voy a entrar aquí en la cuestión de los conciertos económicos de determinadas regiones históricas españolas. Basta decir simplemente que esos sistemas no tienen ya nada que ver con ningún régimen de foralidad en materia pública de impuestos, ya que forman parte integrante del sistema general fiscal estatal, con la única diferencia accidental de la forma de su recaudación por la entidad pública regional en cuestión.

Bastaría, pues, la reorientación del sistema financiero a su función propia, para así poder evitar la creación de un sistema fiscal que, por su propia virtud, genera cada vez más "fraude fiscal" como medida de liberación o supervivencia por parte de la población y, de esta forma, gracias a aquella reorientación, serían innecesarias todas las sanciones administrativas o penales al respecto, por supérfluas.


4) "Incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información relevante y la contabilidad."

Ya vimos en subapartados anteriores qué es lo que realmente se ha de entender por "democracia económica".

La democracia económica no consiste en la participación de los subalternos en la gestión o administración de una empresa, sino que ésta ha de regirse, para su correcto funcionamiento, conforme al criterio jerárquico. El cometido de toda empresa es simplemente satisfacer los deseos de la población con la realización de un determinado resultado productivo con el menor coste físico posible. De esta forma, es labor del empresario acomodar, ajustar y dirigir todos los elementos (humanos y materiales) a su disposición para la consecución de este objetivo. De esta forma, el empresario ha de tener vía libre para poder prescindir de aquel trabajador que no pueda o no quiera colaborar en ese emprendimiento productivo, para sustituirlo por otro; o para sustituirlo por una máquina en caso de que ésta sea más eficiente y produzca menor coste físico en la producción del resultado. Ahora bien, esta libertad de actuación hoy en día es casi imposible, debido a una legislación laboral que (al igual que ocurría con la legislación fiscal) no es más que un subproducto del mismo defectuoso y arbitrario sistema financiero. Así, del mismo modo que el sistema fiscal trata de "paliar" la falta de ingresos suficientes del Estado, el sistema laboral trata de "paliar" la falta de ingresos suficientes del trabajador. Pero ambos sistemas (en tanto que ramas de la "nueva ciencia de la Administración totalitaria" de la época contemporánea) lo único que consiguen es aumentar y afianzar el control de la población por el Estado (en tanto que testaferro del verdadero controlador y dominador, en última instancia: los que controlan el sistema financiero).

De esta forma, la legislación laboral-sindical contemporánea no elimina sino que consolida la "lucha" a nivel intraempresarial entre empresario y empleado, del mismo modo que la legislación fiscal consolida la "lucha" a nivel intracomunitario entre la población y las entidades públicas, pues ambas parten de la misma falla inicial: la no consideración del sistema financiero como causa última de ambas "luchas", en tanto en cuanto, siempre es la cuestión financiera la que está en la base de todos esos conflictos que surgen en ambos planos sociales: laboral y fiscal. Reajústese el sistema financiero, y las empresas y las entidades públicas irán poco a poco reajustándose, volviendo a sus límites reales (y no los que artificialmente les impone la finanza), volviendo a sus autorregulaciones consuetudinarias y eliminando toda la legislación estatista "parcheadora".

Entonces, si esta "gestión de la empresa por el trabajador" no es "democracia económica", ¿a qué llamamos realmente "democracia económica"? Pues a lo que ya dijimos en subapartados anteriores. El funcionamiento normal de toda economía parte siempre de la demanda real de una determinada población. Es ésta la que ha de establecer (o debería establecer) qué es lo que se requiere y qué es lo que se ha de producir. En este sentido las empresas productivas habrán de ajustarse a esos deseos. El problema está en que, debido al actual sistema financiero, la población carece de medio para expresar esos deseos, es decir, carece de poder adquisitivo suficiente; y además, las empresas que no tienen ningún impedimento físico para satisfacer esos deseos, muchas veces no pueden hacerlo por falta de financiación productiva. Por lo tanto, sólo podrá establecerse una verdadera democracia económica en el momento en que se reajuste el sistema financiero poniéndolo en consonancia con la realidad económica física, acreditando financieraramente a la población con suficiente poder adquisitivo para reflejar sus deseos o requerimientos; y a la empresas productivas que satisfagan esos deseos, con suficiente financiación para iniciar, y para conservarse y renovar, su proceso productivo.


5) "Unificación de los sistemas de contabilidad europeos en la que no se acepten apuntes virtuales como son las amortizaciones y deterioros, con el objeto de reflejar fielmente el beneficio empresarial."

Aquí vuelven a meterse, como viene siendo la tónica en todo el programa económico, en aspectos técnicos (en lugar de limitarse a un simple lineamiento de los resultados esperados, que es la verdadera finalidad de la política).

Hoy en día ya están unificadas con Europa las normas de contabilidad general para las empresas españolas. Esta medida se aprobó en 2007 con el establecimiento del Plan General de Contabilidad. Como venimos diciendo, el problema principal de la imposibilidad de una contabilidad que realmente refleje la situación de una empresa radica en los condicionamientos que un defectuoso sistema financiero establece en toda comunidad política, viciando todos y cada uno de los aspectos de la vida social. A esto hay que añadir normas o criterios de contabilidad que, dentro de este mismo marco general que establece el actual sistema financiero, vienen a servir de soporte al mismo y, así, coadyuvan a la consolidación de una defectuosa contabilidad (a pesar de su finalidad tendente a un reflejo exacto de la situación de la empresa).

Es dentro de este contexto en donde hay que situar el ejemplo de desvirtuación contable que señalan los redactores del texto programático: "apuntes virtuales como son las amortizaciones y deterioros". Dicho así, pareciera que toda desamortización y deterioro constituyera un apunte falso o virtual, lo cual es un absurdo. Pero supongo que se refieren a que no se hagan apuntes en donde se reflejen "desgastes" de los activos de la empresa por un valor superior al que realmente han tenido. Esta petición, en sí, no tiene nada de malo, sino que se trata de algo lógico y razonable. Pero nos encontramos con los siguientes problemas:

a) Muchos de esos activos están referenciados a su valor de cotización en mercados secundarios, lo cual produce en muchos casos esa arbitraria valoración de los activos de la empresa (piénsese, por ejemplo, en una bajada general del mercado). Por tanto, aquí estaríamos ante la posibilidad de una bajada artificial del valor de los activos de una empresa por motivos, no reales o físicos, sino puramente financieros.

b) Las consideraciones fiscales antedichas. La contabilidad de una empresa tenderá a reflejar un menor valor contable de sus activos (o un mayor número de gastos con vistas a la deducción) a efectos de la declaración de una menor base imponible para cualquier impuesto que tenga como hecho imponible un activo (correlativamente, los tasadores de las entidades públicas, por supuesto, tenderán a una mayor valoración de dichos activos con vistas a una mayor base imponible y una consiguiente mayor recaudación tributaria).

Vemos pues, una vez más, que el sistema financiero lo condiciona todo (en el sentido de que lo desvirtua todo). Es por ello que en lugar de fijar nuestra mirada en cada uno de los efectos secundarios vistos por separado (efectos que simplemente se dedican a seguir la lógica interna en la que se traduce el marco propio de una "sociedad" en donde su sistema financiero decreta artificialmente una escasez crónica de dinero o crédito financiero), bastaría por el contrario para la solución general un enfoque propiamente dicho en el sistema financiero mismo, centro neurálgico de toda problemática social en cualquiera de sus aspectos particulares.