Tema: Análisis del programa económico-financiero del Partido Podemos

El subapartado nº 4 hace referencia a las agencias de calificación de riesgos:

1.4 - Creación de una Agencia Pública Europea de Rating

Creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres privadas que hoy determinan la política económica de la UE. Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial.

Propone la creación de una agencia de rating en sustitución de las "tres privadas que hoy determinan la política económica de la U.E." (supongo que se refieren a Standar & Poors, Moody´s y Fitch).

Las agencias de rating se dedican a presentar al conocimiento del público sus análisis y estimaciones acerca de la calidad de cualquier valor financiero (es decir, en relación a un título financiero, marcando así una pauta de valoración sobre la empresa o entidad pública emisora de dichos valores). Indudablemente no requiere mucho tiempo el darse cuenta del "poder de autoridad" que una tales agencias pueden tener a la hora de establecer sobre determinados títulos una calificación cualquiera que pueda llevar, a fortiori, a las empresas o entidades públicas que los emiten al descrédito público o a la estimación pública, con independencia de que dichas valoraciones o calificaciones se correspondan con un criterio objetivo que refleje realmente la situación real o física de dichas entidades.

Hoy en día, como ya adelanté en mensajes anteriores en este hilo, los criterios de valoración que se utilizan son totalmente inadecuados para una recta estimación de una situación real (ya sea de un país en general o de una empresa en particular). Existe un completo divorcio entre los planos real y financiero: aún suponiéndoles buena intención, esas agencias de calificación (igual que cualquier departamento de riesgos de cualquier entidad financiera) se rigen, en sus valoraciones, por criterios puramente financieros, no físicos o reales. Es decir, para ellos, lo que marca la pauta, es precisamente aquello que debería servir de medida de la realidad. Todo término financiero, en sí mismo, no significa nada. Decir que una cosa vale dos euros o tres euros no significa, en sí mismo, nada. Decir que un título vale más o menos euros, o la valoración de una empresa es de tantos o cuantos euros, en sí mismo, no nos dice nada. Una unidad monetaria es sólo un sistema de medida que (como todo sistema de medida) siempre ha de hacer referencia a una realidad física y nos sirve de instrumento para medir esa realidad física y darnos una pauta para la obtención de una estimación aproximada de la situación verdadera de la misma. Pero en el momento en que esa unidad de medida (pura unidad contable o unidad de contabilidad) adquiere una valoración por sí misma, eso puede dar lugar (como de hecho ocurre), como efecto colateral, a una valoración distorsionada de la realidad misma.

De esta forma, en un marco en donde arbitrariamente se establece, por el sistema financiero, una cantidad fija de dinero, las agencias de rating y los departamentos de riesgo si fijaran únicamente en la solvencia financiera de tal o cual entidad a la hora de realizar su valoración, es decir, en su capacidad de poder recaudar o acumular lo más posible de esa cantidad común fija con la cual poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Eso es lo único que dará la pauta para la valoración de sus títulos (y, por ende, de esas entidades). Evidentemente un marco de ese tipo es completamente arbitrario (en función de su constitución y establecimiento completamente arbitrario), lo que da lugar a situaciones arbitrarias que, a su vez, dan lugar a las correspondiente valoraciones arbitrarias por parte de las respectivas agencias. El problema en última instancia, como siempre, está en el sistema financiero, que es el que produce arbitrariamente ese marco antedicho (y del cual se originan y se arrastrán todas las demás valoraciones arbitrarias consiguientes).

Un país puede ser rico en riquezas materiales y espirituales, y en su capacidad para poder actualizar y distribuir bienes y servicios a su población. Sin embargo ese país será calificado de insolvente o en bancarrota por una cuestión puramente financiera, es decir, puramente artificial y arbitraria. Entiéndase bien esto: una cosa es que una comunidad política se haya beneficiado realmente de una situación en la que haya importado más bienes de los que ha exportado, en cuyo caso esa comunidad ciertamente estará endeudado con el exterior (esto representa una situación de insolvencia real). Pero otra cosa distinta es que ése país importe aproximadamente una riqueza equivalente a la que exporte y que, junto con su producción doméstica, pueda producir lo suficiente para dar a su población una estabilidad social adecuada. En ese caso, todo endeudamiento con entidades financieras (que emiten el dinero necesario para poder hacer una distribución efectiva de los bienes a la población), no reflejan ninguna insolvencia real o física de ningún tipo: es una medida, es decir un endeudamemiento, completamente arbitrario o gratuito; es un endeudamiento que no tiene base física o real ninguna, sino que se acepta esa deuda como tal por razones puramente convencionales.

Dígase lo mismo de cualquier empresa particular. Si una empresa entra en quiebra o insolvencia porque su producción no es deseada por la población (ya sea porque no gusta, ya que porque ese mercado ya está saturado y/o mejor servido por otras empresas, etc...), entonces aquí sí encontramos de nuevo un fundamento real para esa insolvencia. Pero, por el contrario, si una empresa entra en quiebra debido a una causa financiera (es decir, como venimos diciendo, debido a una causa puramente arbitraria) consistente en la falta de dinero de la población para poder comprar la producción de esa empresa, producción que es realmente demandada y deseada por la población, entonces aquí nos encontramos de nuevo con una situación de insolvencia o quiebra completamente artificial y no basada verdaderamente en ningún criterio real o físico.

Igual que se dice con los legisladores actuales: "hecha la ley, hecha la trampa"; así también se puede decir con el actual sistema financiero que nos rige: "hecho el dinero, hecha la trampa"; es decir, el sistema financiero actual establece y mantiene deliberadamente una situación de escasez crónica de poder adquisitivo (porque sí), lo cual produce que la empresa o entidad pública (a estos efectos vienen a representar lo mismo) no puedan obtener de la población el dinero suficiente para la devolución del dinero que pidieron prestado para la realización de un proyecto productivo de bienes o servicios realmente demandado por la población (es decir, no lo pueden recobrar a través de los precios ni de los impuestos por falta de dinero en la población), y por ello tratan de cubrir la diferencia incurriendo en más deuda (emisión de títulos financieros, privados y públicos respectivamente, que, en su mayor parte, van a parar a esas mismas entidades creadoras de crédito financiero... que fueron los que provocaron previamente, deliberada y artificialmente, ese marco o situación artificial de escasez de dinero antes mencionado del que parte y se origina todo el problema posterior), consolidando y ahondando así su posición de "insolvente" ante la consiguiente carencia general de medios financieros para devolver las deudas en que incurren y, por último, aparecen las agencias de rating para dedicarse a simplemente constatar, cual "notarios", esa situación (situación, repetimos, financieramente -léase artificialmente- creada y que no se corresponde con la realidad fáctica o física de la economía).

Por último, vemos de nuevo aparecer el criterio "democrático" en acción: "Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial." Aquí se impone de nuevo la distinción que llevamos haciendo a lo largo de todo el análisis entre criterio democráctico y criterio jerárquico.

Si se trata de ordenar a la agencia o entidad que se dedique a cumplir su cometido u objetivo verdadero, esto es, que se dedique a valorar en términos reales (y no en términos puramente financieros y, por tanto, distorsionados) la situación de toda empresa particular, sector empresarial, o comunidad política general, entonces ha de imperar el criterio democrático. Por el contrario, para la gestión o administración propiamente dicha de esa función impera el criterio jerárquico, en donde los especialistas en ese campo ya se encargarán de cumplir con esa política u objetivo marcado previamente a nivel democrático (es decir, por los representantes de la población).