Tema: Ortodoxia económica en «un país en vías de desarrollo»: crecimiento-pleno empleo-S.S.

Sí, ya sé, pero mire usted, no sabemos quién va a mandar en el mundo dentro de unos años y con quién vamos a tener que entendernos.

(Francisco Franco a José María Pemán)


Sucede que España […] acaricia una posibilidad, incierta y difícil, pero resueltamente alcanzable; una posibilidad que tantas veces le ha sido históricamente negada: la de alcanzar una normalidad civil, asentada sobre el pluralismo, la tolerancia y el respeto del otro, en la que la inexorable diversidad de las ideas, las aspiraciones y los intereses se expresen en forma de discrepancia y no en forma de ese atroz deporte nacional que es la guerra civil. Cerca de cuatro décadas de firme estabilidad han servido para alumbrar las condiciones económicas y sociales que pueden servir de urdimbre y nervatura para sostener esa hermosa y sugestiva posibilidad.

(Gabriel Cisneros)


La defensa del Valle de los Caídos obliga […] a los demócratas, pues sin la obra de Franco no habría sido posible una democracia estable.

(Pío Moa)

Fuente: Punta Europa, Número 29, Mayo 1958, páginas 94 a 103.



UN PROBLEMA ECONÓMICO-SOCIAL: EL PARO

«Yo sé que es terrible querer trabajar y no hallar dónde» (Concepción Arenal).

«Nada hay más doloroso para la conciencia humana que la existencia de un hombre que, para huir del hambre, busca trabajo y no le encuentra» (Carlyle).

En el principio del mundo, Dios dijo al hombre, pecador por primera vez, que comería el pan con el sudor de su frente. Y con estas palabras le impuso la obligación de trabajar, y le invistió de un derecho paralelo: el de desempeñar una función útil a la comunidad; el de ocupar un cargo que exija el esfuerzo personal; el de trabajar, derecho consagrado por todos los pueblos, que ocupa un lugar en las Constituciones («Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse en alguna actividad socialmente útil», dispone en su artículo 24 el Fuero de los Españoles), pero que no debe confundirse con el «pretendido derecho del individuo sin trabajo a dirigirse al Estado para reclamar de él una ocupación remuneradora y un salario» (Artículo 88 del Código Social de Malinas).

El paro nace de la desigualdad entre el número de personas laboralmente capaces y el de puestos de trabajo. En su origen convergen circunstancias de naturaleza muy diversa, y sus repercusiones en la vida de los pueblos –repercusiones sociales, económicas, políticas y morales– son siempre graves.

También puede producirse una inadecuación de sentido contrario y ser insuficiente la población trabajadora para cubrir las necesidades del país; el volumen de mano de obra que éste puede absorber. Pero en este caso el ajuste se realiza con mayor facilidad, y las consecuencias son menos serias, aunque no por ello deba desdeñarse el problema. Lo que normalmente ocurre es que este tipo de desigualdad suele hacer acto de presencia en una zona determinada, y sólo excepcionalmente en todo el país. La migración interior, debidamente encauzada, permitirá restaurar el equilibrio.

En mayor o menor grado, el paro forzoso hace su aparición en todos los escenarios de la Tierra, y en todas las épocas. Precisamente hoy amenaza a casi todo el mundo, a países de distinta estructura política, social, y económica, lo que le da un carácter de problema universal. Son alarmantes las noticias que nos llegan.

En Inglaterra se calcula que habrá 750.000 parados a fines del Verano, contra sólo 424.000 a principios de año.

En Bélgica se ha elevado en un 30 por 100 a lo largo de 1957; y en los últimos doce meses (de Febrero de 1957 a Febrero de 1958) se ha duplicado en Holanda la cantidad de trabajadores sin empleo.

Italia presentaba el 31 de Diciembre más de dos millones de desempleados, cifra sensiblemente igual a la de otros fines de año. Pero es que Italia tiene un problema crónico de paro, debido a razones estructurales, que hasta ahora no ha podido corregirse. El “Plan Vanoni” [A] nació para luchar contra esta grave crisis económica. Según las previsiones incluidas en el Proyecto, para 1964 deberán haberse creado oportunidades de empleo para 4.000.000 de personas, que serían absorbidas, aproximadamente en partes iguales, por la expansión de la industria y por las actividades terciarias (servicios, transportes, etc.).

Tampoco es optimista la situación de los Estados Unidos, con un ritmo creciente de paro que afecta ya a más de cinco millones de trabajadores. Los norteamericanos comienzan a preocuparse seriamente, y el propio Presidente Eisenhower se ha referido en recientes discursos a este desequilibrio, que puede llevar a una gravísima crisis si no se ataja pronto el mal.

El paro es, pues, un problema real e inesquivable, presente hoy en el mundo, por primera vez con caracteres acusados desde el final de la Guerra Mundial.


PARO VOLUNTARIO Y PARO INVOLUNTARIO

Por supuesto que el problema es el de aquéllos que, contra su voluntad, sometidos a las circunstancias, no encuentran una ocupación, al nivel existente de salarios, que les asegure unos ingresos mínimos para atender a las necesidades perentorias. Si la demanda de trabajo fuera superior a la oferta no habría ociosidad involuntaria; el que no acepta un empleo, lo hace por desidia, pereza o cualesquiera otras razones de carácter individual.

Estas consideraciones nos llevan a lo que Manuel de Torres Martínez, en su Teoría de la Política Social, denomina intercomunicación entre las profesiones. Es evidente que la mano de obra más solicitada es la de inferior calidad. Y entonces el obrero especializado que no encuentra empleo adecuado a su preparación recurrirá para salir adelante, para subsistir, a aceptar cualquier empleo, al menos provisionalmente, en tanto no se produzca una vacante en su categoría.

Si la absorción es completa no habrá paro forzoso, pero se planteará el problema social de los desplazados de unas profesiones a otras que requieren un inferior grado de preparación, a empleos puramente mecánicos, de esfuerzo corporal. Este desplazamiento hacia categorías laborales inferiores, impuesto por las circunstancias, origina un desequilibrio social, y suele tener graves consecuencias para los individuos, que se sienten postergados, recelosos ante una sociedad que les es hostil, que no les permite desarrollar sus conocimientos, su preparación técnica, y les arroja al montón de los innominados, de donde, a veces, no es nada fácil salir.

Así pues, cuando todos los trabajadores tienen ocupación, no podemos hablar de paro en sentido material, porque no existe. Pero los conceptos, las palabras, tienen un trasfondo que no puede esquivarse al interpretarlas. Y así, «ha de parecer por lo menos desconcertante –escribe Torres Martínez– afirmar que un tornero de precisión se encuentra en paro voluntario porque no se decide a aceptar el salario corriente de un peón; que se encuentra en paro porque no se decide a machacar piedra en una carretera». Y en este sentido, dice Las Cases que paro forzoso es la situación en que se encuentra el obrero que no encuentra ocupación en relación con sus fuerzas y sus conocimientos profesionales.

Tampoco existirá paro cuando el trabajo es forzoso, cuando las necesidades de mano de obra se cubren con verdaderos batallones disciplinarios sujetos a una disciplina férrea, a una sumisión total y absoluta. Entonces el individuo pierde absolutamente su personalidad, su voluntad queda anulada, y se convierte en una máquina más al servicio del Estado. Como señala Germán Bernácer, a este sistema han renunciado todas las naciones libres por humanidad y por conveniencia. Sin embargo, el caso es, por desgracia, frecuente en la Unión Soviética, cuyo sistema social, a todas luces, atenta contra la libertad y la dignidad del individuo transformándolo en un “robot”. No hay paro, pero sería preferible que lo hubiera.


PLENO EMPLEO

John Maynard Keynes utilizó la frase “pleno empleo”, por vez primera, en The General Theory of Employment, Interest and Money, para referirse a la situación en que no existe el paro forzoso. El “full employment” constituye el nudo central de la economía keynesiana.

Pigou, creador de la “Economía del Bienestar”, se refirió a este concepto de Keynes en unas conferencias pronunciadas a fines de 1949 en Cambridge sobre la Teoría General [1]. Por su extraordinario interés, recogemos aquí la exposición del profesor Pigou:

«Como toda la obra de Keynes se centra en el concepto de plena ocupación, lo más importante ahora es aclarar nuestras ideas acerca de este concepto.

Casi todos admiten hoy que él usó esta frase en una peculiar manera. No quería expresar con ella, como en su natural sentido estas palabras implican, un estado de cosas en el cual el número de personas efectivamente ocupadas es igual al de las que podrían serlo. Se refería con ella a la diferencia entre este último número y el paro friccional consiguiente a las imperfecciones de la movilidad. Por comodidad, seguiré aquí este uso, pero sujetándolo a una corrección. Consideraré la ocupación como plena cuando el número de personas efectivamente ocupadas es igual al número de las que podrían serlo menos el paro friccional, y cuando no hay puestos vacantes (excepto las vacantes de carácter friccional). Cuando el número de personas efectivamente ocupadas es igual al número de las que podrían serlo menos el paro friccional, y hay puestos vacantes (excepto las vacantes de carácter friccional), diré que hay ocupación sobrante; y el sobrante lo mide el número de puestos vacantes que no tienen el carácter de friccionales.

Esta distinción entre ocupación plena y ocupación sobrante no significa nada cuando investigamos los efectos de causas cuya tendencia es aumentar la ocupación. Lo mismo se anula esta tendencia si en la situación inicial la ocupación es plena que si es sobrante. Pero tiene significado cuando se trata de causas cuya tendencia es disminuir la ocupación. En tal caso, si la ocupación es simplemente plena, esta tendencia ni se anula ni es siquiera obstruida. Pero si la ocupación es sobrante, la tendencia es obstruida en la cuantía misma del sobrante. Con una causa que tienda a disminuir la ocupación en 100, si ésta tenía inicialmente un sobrante de 60, la reducción efectiva será de 40. Con un sobrante inicial de ocupación de 100 o más de 100, la tendencia de la ocupación a contraerse quedará anulada. En la marea alta de la guerra, y en la bonanza que a ésta sigue, puede muy bien acontecer que la ocupación sea tan sobrante que impida la aparición de todo paro no friccional que pudiera resultar de cualquier alteración razonablemente previsible.

Lo que he dicho es suficiente a todos los efectos prácticos. Mas para el análisis formal es necesario medir la ocupación o el paro con mayor exactitud que por simple adición de las personas ocupadas o en paro. Keynes usa como medida una unidad de trabajo, en el sentido de una unidad de trabajo ordinario. El trabajo que se paga, por ejemplo, doble que el ordinario, es contado como dos unidades de trabajo. En tanto permanezcan constantes los tipos relativos de remuneración de los diferentes grados y variedades de trabajo, puede “hacerse homogéneo” el trabajo mediante este arbitrio, sin inconveniente alguno. Pero en cuanto no se satisfaga esta condición, el mismo problema de números –índices que perturba la medición de las variaciones de la renta real– ha de enfrentarse… o ignorarse».

La exposición del profesor, clara y concisa, arroja mucha luz sobre la siempre confusa literatura keynesiana, y perfila el concepto de “pleno empleo” y el otro, tan interesante, de “paro friccional”; la distinción entre “ocupación plena” y “ocupación sobrante”; y la medición del grado de desempleo mediante el uso de la unidad de trabajo ordinario como módulo que permite la homogeneización, siempre y cuando permanezcan estables los tipos de remuneración.

Y es necesario hacer la salvedad de que el trabajo, por el cual se paga un salario doble del normal, es considerado como dos unidades de trabajo. La puntualización arroja nueva claridad sobre la doctrina.

Asimismo, es interesante la observación acerca de la guerra y la postguerra, que provocan una situación eventual, de más o menos duración, en la que puede desaparecer totalmente el paro, incluso el friccional, si bien el reajuste del esquema social y económico, que necesariamente se lleva a cabo, puede originar un retorno a las condiciones de anteguerra.


LA LUCHA CONTRA EL PARO

El paro es, como dice Bernácer [2], «la causa más importante de desequilibrio e inquietud social», hasta el punto de que «mientras no se evite, no habrá paz en el mundo». Y se trata de «un desequilibrio tan permanente, que ha hecho juzgar el equilibrio como una excepción, y el pleno empleo como un ideal inasequible por caminos normales».

Las causas del paro forzoso, según Las Cases, se integran en siete grupos distintos: 1.º) Las que residen en el propio trabajador; 2.º) las que nacen de la actitud de los empresarios o patronos; 3.º) accidentes y pérdidas de material; 4.º) razones sociales de carácter general; 5.º) progresos de la maquinaria industrial; 6.º) modificación de las preferencias del consumidor, o modas que favorecen o hunden a determinadas actividades; y 7.º) periodicidad de algunas ocupaciones.

Esta clasificación da una idea de la complejidad de factores que intervienen en el nacimiento del paro. Porque normalmente la desocupación es efecto de la coincidencia de varias causas en un punto determinado del tiempo y del espacio: razones psicológicas, sociales, políticas, económicas, etc. Y aunque la lucha contra el desempleo forzoso es preocupación fundamental de todo Gobierno, son muy limitados los frutos que se obtienen.

Porque el paro ha dejado de ser «un simple problema de previsión social, para convertirse en uno de los más complicados del orden político, económico y social», como acertadamente señala Tomás Elorrieta en La Carta del Atlántico y la Carta de Filadelfia. Ya no basta con pensar en subsidios o en Seguros. Hay que ir mucho más allá; corregir incluso los desequilibrios de tipo cíclico o coyuntural; atacar, en definitiva, el mal, cortando las raíces gangrenadas. Porque el peligro de contagio a todo el cuerpo social es muy grande, y extraordinaria la velocidad de expansión.

Conseguir el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo constituye, naturalmente, el principio rector de una política, de un sistema que pretenda desterrar el paro. Es tan simple que puede parecer una perogrullada. Pero tras esta fórmula mágica se esconde todo un mundo de difíciles problemas.

En esencia, la gran dificultad es determinar el procedimiento adecuado para pasar del campo de las especulaciones teóricas a ese otro más próximo que es el de las realidades. La meta se delinea nítidamente en el horizonte. Pero, ¿cómo llegar hasta ella?

Para Keynes, la desocupación es consecuencia de una desigualdad entre los coeficientes de ahorro e inversión. Y, fiel a este principio, establece una movilización de capital hacia inversiones industriales remuneradoras, y, por tanto, atractivas. El Estado, conforme a un Plan cuidadosamente establecido, deberá absorber el excedente de mano de obra. El ahorro dejará, así, de ser capital inmovilizado, de efectos nulos o negativos.

En Alemania y Estados Unidos se aplicó con resultado satisfactorio el Plan Keynes, en la tercera década de este siglo [B]. Pero hay que tener en cuenta que se trataba de dos países muy capitalizados, y, por consiguiente, aptos, en principio, para someterse a la experiencia.

William Beveridge, discípulo de Keynes, postula el incremento de las inversiones privadas y del consumo de los particulares. Como su maestro, piensa en el Estado y en las Corporaciones Públicas para iniciar grandes Programas de Obras Públicas, en cuyo desarrollo debe participar el capital privado, que acudirá a ellas si los estímulos puestos en juego son suficientes.

Un amplio Sistema de Seguros, por otra parte, equivale a una redistribución indirecta de la renta, y, en definitiva, a una elevación del nivel de vida de la clase trabajadora. Es preciso mantener un alto grado de empleo, y, simultáneamente, prevenir una desocupación en masa, ya que el sostenimiento de la prestación de paro es muy costoso. Y todo esto sin olvidarse de la advertencia del propio Beveridge: «La ociosidad prolongada, cuando sólo existe una prestación de subsistencia, es desmoralizadora, tanto en teoría como en la práctica».

Tiene quiebras la doctrina del Seguro. Lefort señala los peligros que amenazan con dar al traste con la buena marcha del sistema: «incentivo al obrero para abandonar su trabajo; desgana para buscar colocación; y acumulación de los subsidios al paro a los salarios de otro trabajo que, intencionadamente, es ocultado o disimulado». En el juego intervienen hombres y no ángeles. Y no es exagerado pensar como Lefort lo hace.

El “New Deal” norteamericano fue una buena experiencia en la lucha contra el paro. En 1933 había catorce millones de desocupados en los Estados Unidos, y la crisis amenazaba con agravarse más. Se obtuvieron del Congreso tres mil trescientos millones de dólares para desarrollar vastos Programas de Obras Públicas, en las que encontrarían trabajo los parados.

Para hacer más efectiva esta medida se adoptaron otras complementarias: reducir las jornadas laborales para que, automáticamente, creciera la demanda de mano de obra; mantener estables los salarios altos y elevar aquellos otros demasiado bajos. De este modo aumentaba el poder de compra de las masas, primero, y las exigencias del consumo, a renglón seguido, lo que permitía a los empresarios forzar el ritmo de la producción y dar empleo a nuevos trabajadores todavía en paro forzoso.

Claro que el esquema no es tan sencillo como a primera vista podría deducirse. Una elevación de salarios provoca un alza de precios, y puede iniciarse la amenazadora espiral inflacionista. En realidad, la lucha contra el paro es el resultado de una política coordinada, de conjunto, para obtener frutos prácticos estimables.


LA POLÍTICA EXPANSIONISTA

Veamos ahora la política expansionista a que alude R. G. Hawtrey en su opúsculo La restauración económica del mundo de la postguerra. Dice el conocido profesor británico:

«La política de pleno empleo ha llegado a identificarse con una política expansionista. Se reconoce que el pleno empleo depende de la corriente monetaria. En el Libro Blanco del Gobierno de Coalición, al tratar de la política de empleo (Mayo 1944) se dice [C]:

“Suponiendo un nivel de salarios y precios dado, y la plena movilidad de la mano de obra, los trabajadores perderán la ocasión o fracasarán para encontrar pleno empleo porque no exista una cantidad suficientemente grande de gastos en los bienes y servicios que pudieran producir. Si se gasta más dinero en bienes y servicios, entonces aumentará la cantidad pagada en forma de salarios y el número de empleos será mayor”.

La política expansionista que se recomienda es la de ampliar la corriente monetaria, y, en tanto que existe paro, éste es el tratamiento adecuado. Pero debe haber un límite a la expansión, y este límite debe ser reconocido cuando se logre el pleno empleo, y cualquiera otra expansión de la corriente monetaria no hará más que elevar los precios».

Y más adelante agrega:

«En 1919 se siguió una política expansionista y hubo pleno empleo. A principios de 1920 se reconoció, en general, que la expansión era algo tan extravagante que debía suprimirse. La tasa bancaria se elevó a un siete por ciento y siguió una violenta deflación, alcanzando el número de parados a dos millones, a fines de 1921. Si la expansión hubiese sido detenida tan pronto como fue alcanzado el pleno empleo, esto es, en el Otoño de 1919, no hubiera habido nunca contracción».

Torres Martínez habla de un grave peligro: la heterogeneidad o incompatibilidad –por fortuna no siempre– entre el fin económico “pleno empleo” y el fin social “redistribución de la renta”, que sólo puede evitarse con una política financiera correctiva. Asimismo, las medidas han de aplicarse en dosis variables, según las circunstancias de lugar y tiempo. Dice:

«En una situación como la de 1930, caracterizada por la miseria en medio de la abundancia, cuando existía un exceso de bienes de consumo y de instrumentos de producción, las obras públicas pueden ser lo más adecuado como instrumento motor del sistema, complementadas con medidas de redistribución.

En una situación como la de la actual postguerra (años siguientes a la última conflagración mundial), en la que el paro y la escasez de bienes de consumo son los dos fenómenos más destacados, la acción política debe dirigirse en sentido de aprovechar las fuerzas de trabajo en forzosa ociosidad para incrementar la producción de los bienes directamente consumibles».

Propugna el economista español tres tipos de medidas: las que tienden a aumentar la inversión del Estado; las que aumentan la inversión privada; y las que estimulan el consumo. La aplicación de las dos primeras –preconizadas también por Keynes y Beveridge– produce un efecto inmediato en el nivel de empleo, aumentándolo; pero si los salarios se han mantenido constantes, se apreciará un empeoramiento de la distribución y un aumento de los beneficios empresariales. Para hacer frente a la disminución de los salarios por la presión del paro pueden actuar los sindicatos obreros y los convenios colectivos de trabajo, con cierta flexibilidad para impedir que una excesiva rigidez salvaguarde a los que tienen un empleo, pero hunda definitivamente en la miseria y en el olvido a quienes carecen de ocupación.


CONCLUSIONES

En los problemas económico-sociales es preciso andar con mucho tiento. Las posturas extremas no suelen ser nunca fecundas si no van precedidas de un minucioso y atento estudio de las circunstancias.

A este respecto, son muy significativos los informes que proporciona John Montgomery en su libro The Twenties. An informal social history, historia de la década 1920 – 1930 en Inglaterra. Alude a un caso, citado en Noviembre de 1927 por The Times. La anécdota es la siguiente: un ingeniero de Southwark, de treinta y seis años, casado y con cincos hijos, estaba parado desde 1925 y recibía como subsidio de paro 43 chelines semanales que, al nacer su último hijo, se convirtieron en 47. En su empleo, sus ingresos habrían sido de 42 chelines solamente, con una semana laboral de cuarenta y cinco horas. Con este sistema era fácil pasar de la desocupación forzosa al paro voluntario. Claro que el problema planteado en 1920 se fue agravando y localizando hasta el punto de que, a mediados de 1930, con una cifra global de dos millones de desocupados, el paro afectaba en Blackburn al 52,7 % de la población; en Accrington, al 44,3; y al 42,1 en Burnley.

A lo largo de esta breve exposición de un problema tan complejo en todos los órdenes como es el paro, se ha podido advertir la preocupación de los Gobiernos para evitarlo y conseguir el pleno empleo. No dudan en llamar en su ayuda, para atajar el mal o para prevenirlo, a economistas e, incluso, a sociólogos.

Sin embargo, el resultado de los distintos sistemas puestos en práctica no siempre ha sido satisfactorio. Ello es debido a que, a los múltiples factores perturbadores que aparecen entremezclados en el nacimiento y posterior desarrollo de la crisis, hay que agregar la presencia real del hombre, libre e independiente, cuyas reacciones, a menudo, no pueden preverse.

Los individuos no son piezas de ajedrez que el jugador puede mover sobre el tablero a su voluntad. Son seres vivos, dotados de corazón e inteligencia. Y no pueden encajarse en los planes como algo inerte, pronto a responder a cualquier llamada, a cualquier estímulo, y a moverse con docilidad en la dirección que le señalen. Aumento de las inversiones públicas y privadas; elevación de la capacidad de consumo; subsidios y Seguros; correcciones fiscales de posibles futuros desequilibrios, serán frases huecas, con validez para un prototipo de hombre que, desde luego, no es nunca el que se mueve sobre la Tierra.

Por eso el paro no es sólo un problema económico, susceptible de reducirse a guarismos y de resolverse con mágicas fórmulas matemáticas. El paro es también una crisis social, porque nace, vive y muere en el seno de una sociedad compuesta por hombres libres. Y olvidarse de esta faceta es tanto como despreciar al hombre, olvidarse de que es el sujeto activo y, al tiempo, el sujeto pasivo en esta situación de desequilibrio.

Andrés Travesí

[1] El ensayo del profesor Pigou fue publicado por la Revista de Economía Política, en Noviembre de 1950, traducido del inglés por José Vergara.

[2] Germán Bernácer: Una economía libre sin crisis y sin paro, Editorial Aguilar.

[A] Nota mía. El Ministro de Economía de la República de Italia, Ezio Vanoni, presentó en Diciembre de 1954 el llamado “Plan Vanoni” (Schema di sviluppo dell´occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955 – 1964) al Consejo de Ministros, siendo aprobado por éste el día 29 de dicho mes.

[B] Nota mía. En puridad, la tercera década del siglo XX sería la de 1920 – 1929. Pero, por el contexto, claramente se está refiriendo el articulista a lo que, con más propiedad, llamaríamos década de los ´30.

[C] Nota mía. Se refiere al Libro Blanco sobre Política de Empleo, presentado por el Ministro de Reconstrucción al Parlamento británico en Mayo de 1944.

Fuente: Punta Europa, Número 42, Junio 1959, páginas 93 – 105.



EL PLAN ESPAÑOL DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA


Por Manuel Funes



Las declaraciones en torno a una serie de nuevas medidas de tipo económico se repiten con frecuencia en estos días, y se precisa incluso la fecha de su implantación, ya inminente.

Queremos hacer un comentario sobre las medidas que se esperan, y que poco más o menos ya han sido concretadas.


TEORÍA Y ANTECEDENTES

Van, dichas medidas, a intentar resolver nuestras dificultades económicas, y se apoyan en una vuelta prudente a la economía liberal, rehabilitada en estos días y de moda desde que Rueff, con su Plan [1], nos ha hecho olvidar lo que durante años ha sido revolucionario, fin y objeto principal de la enseñanza en nuestra moderna Facultad: la economía keynesiana.

Las medidas, que, recordando las recientes conversaciones de Ginebra [2], podemos calificar de «paquete» por ser varias y constituir un Plan, son a su vez la consecuencia de los efectos de una serie de Planes de Desarrollo cuya justificación era clara, y que en esta revista se comentaron y glosaron meses atrás.

Decía Beveridge que la dos mayores calamidades de la sociedad en que vivimos son la incapacidad para evitar el paro, y la incapacidad para lograr una más justa distribución de la renta. Podríamos añadir una tercera: la incapacidad de la iniciativa privada para realizar grandes transformaciones de la estructura económica de un país que dan valor cinético a los recursos potenciales del mismo. A suplir estas limitaciones han ido los grandes Planes de la edad moderna. Pero estos Planes eran de dos clases según el mal que pretendían remediar: Planes coyunturales, para evitar caídas y depresiones; y Planes estructurales, para poner en juego recursos existentes, pero sólo latentes.

Ambos se fundan en la inversión, en el gasto estatal masivo; pero en la inversión hay una misión social: mantener la demanda al nivel preciso para evitar la caída de precios, empleo y producción; y una misión técnica: crear equipo capital.

Ambas clases de Planes se apoyan en la inversión, pero, para los primeros, la misión social de la misma es fundamental, y secundario los bienes materiales que con ella se crean; para la segunda clase de Planes, la misión técnica, o sea, la movilización de recursos que la inversión trae consigo, es lo principal.

Rasgo común a la planificación es el menosprecio de las reglas clásicas del Presupuesto, y la anulación del temor al Déficit, buscando, sin preocupación, la creación física de dinero como medio de financiar las inversiones en que se plasma el contenido del Plan.

Ejemplo típico de la primera clase de Planes es el conocido por las iniciales T.V.A. [3], que salvó a U.S.A. en la primera gran crisis. Ejemplos de la segunda clase, los Monnet en Francia [4], Vanoni en Italia [5], Colombo en Asia [6], etc., sin contar los grandes Planes quinquenales comunistas.

En un artículo aparecido en «Punta Europa» («Financiación de la Industrialización mediante Déficits Presupuestarios») se estudia este rasgo común y peligroso de los Planes típicos: la financiación mediante fondos procedentes de la expansión del crédito, y mediante el aumento de la cantidad de dinero en circulación.

Allí decíamos que el empleo de este sistema, con tal que haya base infraestructural sobre la que actuar, puede dar resultados brillantes que, al contrastarlos con lo revolucionario de la medida, constituye una aportación científica de Keynes calificable de espectacular.

Mas obsérvese que se decía en dicho estudio que el éxito, además de la base estructural citada, exige la implantación de una «política fiscal íntegramente absorbente», en cada período, del Déficit producido en el anterior, que, al circular, crea nueva riqueza.

Si esta política fiscal no se da, o no es cien por cien eficaz, se produce un alza acumulativa de precios por el importe de la filtración, esto es, por la diferencia entre el Déficit Presupuestario en que se apoya el Plan y el incremento de recaudación.

Mas en aquel estudio omitimos otra limitación: las relaciones con el exterior.

En una economía aislada bastan los recursos ociosos y la política fiscal adecuada para encontrar el éxito. Mas si la economía es abierta, el fallo fiscal, al provocar la elevación de precios, surte otro efecto perjudicial más: el impacto en la balanza de pagos, ya que la mayor renta monetaria interior y el desarrollo general aumenta la demanda de productos extranjeros en un momento en que se dificulta la exportación precisamente por dicha subida. Como puede ocurrir que las importaciones sean esenciales para el éxito del Plan, resulta que el alza de precios percute indirectamente en la base estructural del Plan.

Comprobados estos inconvenientes, surge una tercera clase de Planes: «los de austeridad o estabilización»; de forma que, a la época de no intervención, de economía liberal, sigue la fiebre de los Planes de Desarrollo de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; y a esta época, en que dichos Planes estructurales están de moda, sigue la actual con la aparición de Planes novísimos con nota predominante de vuelta parcial a las normas clásicas y repudio de los descubrimientos keynesianos.

En U.S.A. se reanudan las presiones para conseguir el Equilibrio Presupuestario; en Francia se implanta el Plan Rueff; y en Argentina un Plan de austeridad [7].

Al mismo tiempo se confía en las ventajas del libre cambio, de las grandes áreas sin fronteras aduaneras, de las integraciones económicas; movimiento paralelo a las tendencias políticas de rebasar los nacionalismos del siglo pasado.

En un editorial de esta revista («La Teoría Económica y el Mercado Común Europeo») se estudian y resumen las ideas básicas del librecambismo y el proteccionismo.


APLICACIÓN A ESPAÑA

España sale de la guerra civil 1936-39 con un atraso respecto a Europa de cuarenta años, y unos daños recientes. Y empieza a surgir esa serie magnífica de Planes cuyo conjunto constituye un rasgo diferencial definitivo entre la España anterior y la posterior a 1936, en lo que se refiere a la preocupación de interés de sus gobernantes por la solución de problemas nunca acometidos. En otro artículo de esta revista se glosan y comentan cada uno de ellos.

Sin embargo, la convergencia simultánea de varias «puntas» de inversión, ocasiona que la inversión total en España pase de 18.000 millones de pesetas en 1950 (13% de la renta nacional) a 45.000 millones de pesetas (16% de la renta nacional) en 1955.

En 1955 aumenta, respecto al año anterior, la inversión pública en un 40%, cuando la renta nacional sólo lo hace en un 8%.

Esta comparación de cifras nos da idea de cómo ha debido recurrirse a la expansión de los medios de pago para hacer posible tales cifras de inversión. Ello ocasiona la fuerza primaria y fundamental de la tendencia alcista de los precios, que, desde entonces, no ha podido ser sujetada.

Y dicha elevación produce dos efectos: 1) Empeorar la situación de nuestra Balanza de Pagos. 2) Hacer políticamente inexcusable una elevación de salarios; y aquí está la segunda fuerza inflacionista, consecuencia de la primera: nada hay que influya más en el coste de los productos que el coste salario, pues todo ello lleva trabajo incorporado; es una falacia decir que una subida del salario del 20% sólo debe repercutir en los precios en una cuantía proporcional a la parte que corresponda al trabajo en el producto elaborado. Pues lo que no es trabajo, es materia prima, en la que también va incluido el trabajo de la firma proveedora. Siguiendo con este análisis, nos quedamos en la mano sólo con el coste salario.

Si al mismo tiempo sube el transporte, nos encontramos con un segundo factor alcista de alcance universal, ya que, si todo producto lleva incorporado trabajo, también es cierto que todo se transporta. Detéctanse, así, las dos fuerzas fundamentales que producen la presente inflación: aumento relativo de la inversión en el bienio 1954-56, causa primaria; y elevación posterior y cuantiosa del nivel de salarios, causa secundaria o inducida.

Efectos son: a) la subida en dos momentos de los precios (predominantemente por acción de la demanda al principio, y por acción del coste de producción después); b) El déficit de la Balanza de Pagos, lo que, a más de explicarse por el aumento de la propensión a importar y creciente dificultad de exportar, es consecuencia de la política oficial de cambios, tendente, como un arma más de evitar la subida de precios, a congelar el cambio, con la consiguiente fuga de divisas producidas por la exportación, que es más rentable vender en el mercado negro que cederlas al Instituto Español de Moneda Extranjera al cambio oficial.


OTRAS FUERZAS INFLACIONISTAS

Y no acaban aquí la serie de efectos inducidos de tipo inflacionista que siguen a lo que hemos llamado causa principal y causa secundaria de la inflación: el Ministerio de Comercio, encontrándose con problemas angustiosos de aprovisionamiento, y no pudiendo ceder las divisas que no tiene, acude a arbitrios de excepción, cuales son las cuentas de compensación, que es el trueque directo de unas mercancías por otras: los privilegiados titulares de dichas cuentas exportan, malvendiendo, los productos que se les señalan, pues la venta interior con recargos autorizados y no respetados compensa, no ya la venta a precio irrisorio de la contrapartida oficialmente señalada de mercancías nacionales, sino la pura y simple compra de las divisas en mercado negro para hacer la correspondiente importación, cuyo pago oficial externamente se atribuye a mercancías que, a veces, se ha llegado a tirar.

Las salidas masivas de pesetas (que para el importador se ve compensada por el alto precio de venta interior) por estas vías forzadas, empeoran la cotización de nuestra moneda y dificultan aún más la posición de nuestra reserva de divisas, que pierde ingresos típicos, cuales son los del turismo, cuyo movimiento se incrementa, con la paradoja de disminuir al mismo tiempo la cesión de divisas al Instituto Español de Moneda Extranjera, ya que resulta más lucrativo comprar en bolsa negra las pesetas que necesita el turista para sus gastos interiores.

En los años que citamos, 1954-56, además se permitía la entrada de vehículos bajo la modalidad inocente de «regalo familiar», hoy felizmente anulada. Dicho regalo era pura apariencia; la verdad era que se compraba por los representantes de las casas los vehículos en bolsa negra en cuanto un español residente en el extranjero se prestaba a dar su nombre. Sería separarnos de nuestro objeto dar detalles de lo que a España le ha costado el negocio del automóvil: puede ser objeto de un trabajo especial.

A su vez, los grandes negocios fundados en los arbitrios de excepción que ha sido preciso autorizar para evitar el cierre de muchas industrias, provocaban un segundo ataque a la cotización de la peseta: realizado el gran negocio interior, formadas grandes fortunas, se produce la evasión de pesetas, que, no tiendo ya bienes en que invertirse, se emplean en buscar la seguridad en moneda de más estima, y en países tradicionalmente más seguros: nueva oferta de pesetas, que provoca nueva caída de la misma, apareciendo una segunda paradoja: en cuanto parte de esas pesetas transformadas en otras monedas se emplea en acciones de empresas extranjeras, resulta que España, país pobre de capitales, con necesidad de ahorro para su desarrollo, se permite el lujo inaudito, a través de unos cuantos, de fomentar y ayudar el desarrollo de países como Suiza, U.S.A., etc.

En la cotización externa de nuestra moneda hay, pues, un reflejo de la situación interna causada por las dos grandes fuerzas inflacionistas; mas también un reflejo y componente especulativo, que hay que cortar elevando el cambio, por un lado, e impidiendo la especulación, que cuando se trata de vehículos es fácil de evitar por no ser fácil el contrabando en este caso.

Hay que hacer ver cuánto hay en la inflación de personal y subjetivo: no son sólo magnitudes objetivas (dinero en circulación, Déficit Presupuestario). A las repetidamente calificadas de fuerzas fundamentales causantes de la inflación, vamos a añadir la atribuible a la conducta de ciertos grupos que ya hemos comenzado a comentar en los párrafos anteriores. La inflación es el resultado, además, del comportamiento de los grupos sociales.

Éste es el panorama actual, cuyas causas tratamos de poner de manifiesto.


RESUMEN Y LÍNEAS GENERALES DEL PLAN

Un país cuyo desarrollo ha sido impulsado por un magnífico conjunto de Planes, que nunca habían existido; un sistema de financiación keynesiano, fundado en la expansión de la masa monetaria; una incapacidad de nuestra Hacienda para absorber íntegramente los Déficits punta de los años 1954-56, y, con ello, la elevación general de precios, incrementada por el alza de salarios, y, al final del proceso, el déficit de la Balanza de Pagos, no salvable por métodos keynesianos (la maquinaria de hacer billetes sirve para el interior, mas no para pagar al exterior, o en muchísima menor medida).

Convencidos de que la política autárquica seguida durante medio siglo no dará resultado, comenzamos a mirar a Europa y al mundo: ingresamos en el F.M.I., B.I.R.D. [8], y a punto estamos de entrar en la O.E.C.E. [9].

Los técnicos españoles y extranjeros preparan para España un Plan de los de moda; de los que tiene que echar mano todo país que antes haya puesto en práctica otros Planes de tipo keynesiano.

Ese Plan de austeridad podemos esperarlo ver concretado en los siguientes puntos.

Tipo de cambio: En teoría está justificado el ideal del cambio único: es la forma de que el movimiento de mercancías no tenga más fuerzas motrices que la calidad y la baratura, apoyadas en la división internacional del trabajo. En un área donde no se da discriminación de moneda, es claro que la convertibilidad y transparencia de cambios es deseable; mas cuando se da esa discriminación, cuando con unas monedas se puede comprar en unos mercados y con otras no, ya la razón del movimiento de mercancías deja de ser la clásica en el comercio: ¿cómo vamos a pagar al exportador que introduce sus frutas en U.S.A. y nos cede dólares, moneda universal, al mismo precio que si exporta a Egipto, que puede carecer, con su limitado desarrollo, de mercancías que nos interesan, y su moneda no nos sirve para importar maquinaria alemana? ¿No vemos claro con este ejemplo que, aunque el producto exportado sea el mismo, el precio pagado por la divisa reembolsada no puede ser igual? ¿Podremos permitir, por poner otro ejemplo, que unos neumáticos, para cuya fabricación empleamos divisa fuerte, se exporten a un país que nos pague en piastras o dinares, y se los liquidemos al mismo cambio general que las libras?

El cambio único y oficial no ha podido ser respetado de hecho mientras no se modificaban los términos de nuestros Convenios Comerciales. Y la espita a través de la cual se imponía la realidad y no la arbitrariedad ha sido doble: en la etapa 1948-57, el sistema de cambios múltiples; y en la etapa 1957 hasta hoy, el sistema de primas y fondos de retorno. Ambos sistemas son poco más o menos iguales. Comentemos la segunda por ser la más reciente y la que nos ha tocado vivir, y publiquemos las alabanzas que merece por los éxitos obtenidos.

En Abril de 1957 se establece el cambio oficial de 42 ptas./$, y ya en Diciembre de 1957 se ve que no se puede mantener ni la unidad del cambio, ni su valor absoluto; este intento de unificación se distingue del que esperamos en algo decisivo: en aquel intento faltaba la colaboración exterior, y en el próximo se va a tener, y ya hemos dicho que la unicidad del tipo de cambio es mantenible si no se da la discriminación de monedas en el área de comercio exterior del país que la intenta.

En Diciembre de 1957 comienza a ser imposible exportar con el dólar a 42 ptas.; se comienza a primar la exportación con cambios que oscilan, según mercancías y destinos, de los 45 a 50 ptas./$. Lo obligado en este caso era aumentar simultáneamente, mediante la modalidad de Fondo de Retorno, el cambio de importación; mas no se hace así por existir unos cientos de millones en el Instituto Español de Moneda Extranjera, resultado de los Fondos de Retorno aplicados a los automóviles importados en los años anteriores. Las primas se pagan con cargo a dicho fondo, que no es más que una parte de la plusvalía de los automóviles que, en buena parte, se revendían. Esas plusvalías (diferencia entre la cotización libre y la oficial) fueron absorbidas parcialmente por el Fondo de Retorno, actuando en una de sus misiones típicas: la absorción de las mismas, que, por no pertenecer lícitamente a nadie, deben revertir a la sociedad a través del Estado. Y con cargo a las mismas se pagó la diferencia entre los cambios medios de exportación y el de importación mantenido a 42 para la inmensa mayoría de los artículos.

En Septiembre de 1958 se impone, sin previa publicidad, un Fondo de Retorno del 25% para la mayoría de las mercancías; no se advierte ni aparece en los periódicos, para reducir el efecto en los precios, pues muchos esperaban ver la devaluación oficial en la prensa, no sólo para cubrirse elevando los precios, sino para elevarlos con dicho pretexto aunque no les influyera en el coste.

Precisamente por no haberse publicado la devaluación de Septiembre, la influencia en los precios no se ha producido; con lo que resulta que la institución, próxima a desaparecer, ha permitido hacer una devaluación en dos fases: 1.ª, con cargo a las plusvalías de un artículo aún de lujo en España; y 2.ª, con cargo a los beneficios de las empresas, y, en ningún caso, en mengua del consumidor.


POLÍTICA COMERCIAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO

En este aspecto y en otros muchos la Administración ha tenido que actuar con escaso fundamento legal en la apariencia, y ha tenido que defenderse de numerosas críticas de juristas o aspirantes a ello. Y en la hora de iniciarse una liberalización de nuestro comercio, hay que defender la obra porque lo merece.

La crítica jurista no ha reparado aún en un detalle decisivo: ellos estudiaron el Derecho Administrativo nacido y creado para el Estado liberal, cuyo contacto con la economía se producía fundamentalmente a través de la Hacienda.

Pues bien, cuando surge el Estado intervencionista se repite el mismo fenómeno que cuando surge el comercio en su forma intensa y generalizada. Así como el Derecho Civil se manifiesta incapaz para regir el comercio, y aparece una nueva rama llamada Derecho Mercantil, fundada en la protección del tráfico y en el sacrificio de la realidad a la mera apariencia, al intervenir el Estado en el comercio se produce un nuevo fenómeno de incapacidad: el Derecho Administrativo clásico no sirve para regular la actividad del Estado en materia comercial.

¿Puede admitirse que, para conceder una prima necesaria para introducir en cuestión de días un producto de cotización oscilante en un país del que interesa importar, pidamos informe al Consejo de Estado y esperemos a que se reúnan las Cortes y aprueben la asignación precisa para dicha prima?

¿Puede admitirse la misma técnica para evitar un colapso interior de una industria interesante, en aras de que no se menoscabe la Ley del Régimen Jurídico de la Administración?

Siempre tendrá más fuerza la realidad que los escrúpulos legales.

Volviendo al tipo de cambio futuro, repetimos que la circunstancia de establecerse de acuerdo con Organismos Internacionales, y en un momento de integración de nuestra economía en la europea, hace verosímil el éxito en lo que se refiere a la unificación; en lo que toca a su nivel absoluto, se establecerá, según los indicios, a un nivel prudente que permita un tirón de nuestras exportaciones. Y se mantendrá, según se espera, un sistema de primas interiores para artículos básicos y para un muy reducido grupo de éstos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Y no se dejará libre, porque prueba la experiencia, y se repite hoy en Argentina, que tipo de cambio libre significa libre de la intervención del Estado, pero no de los especuladores capaces de provocar movimientos colectivos interesados.

En cuanto al régimen de importación, se decretará la libre importación de una serie de artículos importantes. Las demás quedarán, al parecer, globalizadas: es decir, los contingentes para cada producto no serán varios según los países, sino único y con indiferencia del país. En realidad, esto será una consecuencia de la convertibilidad prevista entre los miembros de la O.E.C.E. y España.

Un crédito interesante, más el tirón esperado de las exportaciones, harán posible el incremento de importaciones que se produzcan.

Los controles e interferencias oficiales en el interior desaparecerán para los artículos oficialmente abundantes.

En cuanto a la maquinaria, merece especial atención: no es de esperar que se liberalice, por el gran peso que supone y supondría tal liberalización; más se trata de encauzar las necesidades nacionales de utillaje y maquinaria a través de la aportación de capital extranjero.

Se dijo en un artículo publicado en esta revista que el precio del éxito económico de España al entrar en el Mercado Común sería la irrupción en masa de capital extranjero: si despreciamos las implicaciones políticas de esta irrupción, y nos atenemos al resultado económico estricto, el ingreso de España en tal Mercado sería un éxito.

En parte, a ello vamos: los verdaderos enemigos del país son la pobreza y la escasez, y las tendencias políticas modernas dan menos importancia a los prejuicios nacionalistas. Se espera «una nueva ley de inversiones extranjeras», que, como la de hidrocarburos, suponga una derogación parcial de las limitaciones actuales.

Y con este conjunto de medidas esperemos que la economía española se vea libre de los agobios de hoy día.

Sin embargo, tengamos presente que, junto con la aportación de capital y créditos exteriores, el principal problema económico de hoy es la Balanza de Pagos, y que es preciso seguir buscando más exportaciones y una sustitución de importaciones, sobre todo en dos renglones: petróleo y alimentos.

Tómese nota de que el consumo de petróleo ha pasado de 400.000 tons. en 1931 a 7 millones de toneladas en 1958, lo que supone, de 500 millones de dólares gastados en importación, 120 millones. Si encontrar petróleo no es fácil, redúzcase el uso suntuario de la gasolina.

Y en cuanto a los alimentos, en aceites comestibles, algodón, grasas industriales, carne y huevos gastamos 180 millones de dólares en 1957. Los regadíos y la intensificación de la agricultura pueden dar un gran respiro a nuestra Balanza de Pagos, para la cual la agricultura española es una carga, por ser mayores los gastos de las importaciones de artículos agrícolas y ganaderos que los ingresos derivados de las exportaciones. Como en esta materia la idea general es la contraria, y cierta revista, en su número de Junio, así lo afirma, e incluso da la cifra del superávit (33 millones de dólares), nos ocuparemos extensamente de este tema en un artículo próximo.

Cuídese el Turismo, primera partida de nuestra Balanza de Pagos, junto y tan importante como los agrios, y de estas medidas y política esperemos un buen resultado.






[1] Nota mía. En 1958 el Presidente de la República francesa René Coty propone como Presidente del Consejo de Ministros a Charles de Gaulle, a fin de atajar el conato de Golpe de Estado con el que algunos militares amagaban con motivo de la desastrosa política descolonizadora llevada a cabo en Argelia.

De Gaulle es investido del cargo el 1 de Junio por la Asamblea Nacional, y éste acepta el puesto con la condición de recibir plenos poderes durante seis meses (es decir, sin que sus medidas o decretos tuvieran que ser discutidos o aprobados por la Asamblea) y la posibilidad de reformar la Constitución. La Asamblea aceptó sus condiciones por Ley Constitucional de 3 de Junio, y De Gaulle encarga la elaboración de un Proyecto de nueva Constitución, que será presentado a referéndum el 28 de Septiembre, y, tras su aprobación en él, promulgado el 4 de Octubre, dando así comienzo al llamado régimen de la V República francesa.

En este contexto, el Ministro de Economía del nuevo Gobierno, Antoine Pinay, encarga a Jacques Rueff la formación de un Comité para la elaboración de un Programa con vistas al saneamiento de la economía pública francesa. El Comité, presidido por Rueff, se reúne a partir del 30 de Septiembre, y elabora un Informe de medidas económicas (conocido vulgarmente como “Plan Pinay-Rueff”) que es presentado a De Gaulle el 8 de Diciembre, el cual lo aprueba el día 23 de dicho mes.

Una de las medidas más famosas del Plan fue la creación de una nueva unidad monetaria: el franco nuevo, respecto al cual se estableció una equivalencia de 100 francos antiguos.

[2] Nota mía. Tras la derrota en la batalla de Dien Bien Phu (Primavera de 1954), se celebraron en Suiza las llamadas Conversaciones de Ginebra entre la República de Francia y la República Democrática de Vietnam entre Abril y Julio de 1954.

De esta Conferencia de Ginebra surgieron unos Acuerdos, firmados por la República de Francia el 21 de Julio, en virtud de los cuales se establecía la descolonización de los territorios de la Indochina francesa.

[3] Nota mía. Entre el conjunto de Programas promovidos por el Gobierno de Roosevelt en su política de reactivación de la economía (vulgarmente conocida como New Deal) uno de ellos fue la creación de la Tennessee Valley Authority (T.V.A.), una Compañía estatal destinada al control de las riadas del río Tennessee mediante la creación de presas, las cuales, a su vez, servirían para la generación de energía eléctrica. Fue creada por Ley del 18 de Mayo de 1933.

Esta Compañía también poseía funciones propias de una Agencia gubernamental, en virtud de las cuales se encargaba del desarrollo económico de las zonas que caían bajo su área de influencia en torno al río Tennessee, principalmente a través de la promoción de reformas en los métodos agrícolas de los propietarios rurales y del fomento de políticas forestales y preservadoras del hábitat natural.

[4] Nota mía. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el entonces Presidente del Gobierno Provisional, General De Gaulle, crea por Decreto de 3 de Enero de 1946 el Comisariado General del Plan de Modernización y Equipamiento, encargado de elaborar un Plan de reconstrucción económica nacional tras los desastres de la Guerra.

Este Decreto también preveía la composición de un Consejo del Plan, que se constituyó el 8 de Marzo, y que estaba compuesto por miembros del Gobierno y altas personalidades (políticos, altos funcionarios, líderes de empresas). Venía a sustituir al antiguo Consejo de Economía Nacional, y tenía el encargo de revisar los Programas económicos que le fueran propuestos y enviados desde el Comisariado, antes de presentarlos al Gobierno.

Un segundo Decreto de 3 de Enero de 1946 nombraba al consejero político y económico Jean Monnet al frente del Comisariado (cargo que ocupó hasta Septiembre de 1952).

En Noviembre de 1946, Monnet envía al Consejo del Plan el Informe definitivo (Rapport Général sur le Premier Plan de Modernisation et d´êquipement), vulgarmente conocido como “Plan Monnet”.

El Consejo le dio su visto bueno el 7 de Enero de 1947, y fue aprobado por el Gobierno con el Decreto de 16 de Enero de 1947. Aunque estaba pensado en un principio su aplicación a los años 1947-1950, se prolongó finalmente hasta 1952, para hacerlo coincidir con el desarrollo complementario del “Plan Marshall” en Francia.

Jean Monnet es considerado también uno de los “Padres” de la Unión Europea, pues, tras la creación en Julio de 1952 (en virtud del Acuerdo firmado en Abril del año anterior) de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, fue nombrado en Agosto como primer Presidente de la Alta Autoridad (nombre que tenía el órgano rector de dicha organización), cargo en el que se mantuvo hasta Junio de 1955.

[5] Nota mía. Sobre el llamado “Plan Vanoni”, véase en este mismo hilo el artículo de Andrés Travesí Un problema económico-social: el paro.

[6] Nota mía. En la reunión que tuvieron en Enero de 1950 en Colombo (Ceilán) los Ministros de Asuntos Exteriores de algunos de los Estados de la Mancomunidad Británica (en concreto, asistieron a ella los de Australia, Canadá, Ceilán, Gran Bretaña, India, Nueva Zelanda y Pakistán), se fijó el objetivo de ayudar al desarrollo económico de los Estados de la Mancomunidad de la zona asiática.

En dicha reunión se creó un Comité Consultivo, representante de los Estados asistentes a la misma, que se encargaría de elaborar un Plan con el que se cumpliera la meta señalada.

A este fin, el Comité se reunió en Sidney en Mayo de 1950, en donde se solicitó a los Estados de la zona pertenecientes a la Mancomunidad el envío de borradores de Programas de Desarrollo para la elaboración del Plan. Con posterioridad a esta reunión se cursaron invitaciones a otros Estados de la zona ajenos a la Mancomunidad para unirse al Plan.

En la segunda reunión habida en Septiembre-Octubre en Londres, se revisaron los Programas enviados, y se elaboró el denominado Plan Colombo para el Desarrollo Económico Cooperativo en el Sur y Sudeste de Asia, más conocido como “Plan Colombo” (publicado a finales de Noviembre), cuya implementación se inició el 1 de Julio de 1951, previéndose un periodo de aplicación de 6 años (aunque ese plazo vendría a prorrogarse varias veces con nuevos períodos consecutivos de cinco años).

Recibe también el nombre de “Plan Colombo” la Organización Internacional encargada de llevar a cabo la aplicación del mismo, la cual consta del Comité Consultivo (formado por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros), el Consejo del Plan Colombo (formado por los Embajadores de los Estados miembros residentes en Colombo) y el Secretariado del Plan Colombo (con sede en Colombo).

A esta Organización se fueron uniendo otros países asiáticos no pertenecientes a la Mancomunidad, y en 1977 cambió su constitución y su nombre por el de Plan Colombo para el Desarrollo Social y Económico Cooperativo en Asia y el Pacífico.

A día de hoy continúa en activo.

[7] Nota mía. En Septiembre de 1956 la República de Argentina rubrica su incorporación a las Organizaciones Internacionales del FMI y del Banco Mundial.

El FMI envió dos “misiones” a la República en Agosto y Noviembre de 1958, y, tras llegar a un acuerdo, el Presidente de la República Arturo Frondizi anunció a finales de Diciembre de ese año la implementación de un Plan de Estabilización para un período de dos años, en conformidad con los lineamientos aconsejados por la mencionada Organización Internacional (conditio sine qua non para el consiguiente apoyo financiero internacional del Plan).

[8] Nota mía. El Estado “español” rubricó su ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (más conocido como Banco Mundial) el 15 de Septiembre de 1958.

[9] Nota mía. Tras la aprobación por las Organizaciones Internacionales económicas del proyecto de Plan de Estabilización propuesto por el Estado “español”, se procedió el 20 de Julio de 1959 al ingreso de dicho Estado en la Organización Europea de Cooperación Económica. El Plan fue aprobado por Decreto-Ley al día siguiente para su inmediata implementación.

Fuente: Punta Europa, Números 57 y 58, Septiembre-Octubre 1960, páginas 96 – 100.



EL DESARROLLO ECONÓMICO: CLAVE DEL FUTURO


Por Pedro Mayor Mayor



El tema del desarrollo económico se encuentra de actualidad en los estudios teóricos de los economistas, y en el terreno práctico de las aplicaciones políticas nacionales e internacionales. El campo de investigación de la economía, cuando han transcurrido doscientos años del nacimiento de esta ciencia, es, naturalmente, muy vasto, y hay numerosas tareas donde los investigadores se esfuerzan cada día por descubrir relaciones de necesidad, de causalidad y de interdependencia entre los fenómenos económicos. Hay multitud de esfuerzos en distintas direcciones para encontrar técnicas y recursos de control y de dominio de la realidad económica. Pero hay un campo que durante los últimos años ha venido recibiendo la atención principal de los economistas y de los políticos: el del desarrollo económico.

La existencia de preferencias por un tema específico de la investigación económica no es una novedad en la historia del pensamiento económico. Esto ha ocurrido también otras veces. Sin ir más lejos, debe recordarse que durante los años veinte, subsiguientes a la Primera Guerra Mundial, estuvieron de moda los estudios monetarios, y, concretamente, el de la inflación. Y que durante los años treinta, siguientes a la Gran Depresión, privaron los estudios relativos al ciclo económico.

La moda del desarrollo económico nace después de la Segunda Guerra Mundial, con los programas de cooperación económica internacional de la posguerra, y, de una forma específica, con la constitución, en Diciembre de 1945, del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, conocido comúnmente con el nombre de Banco Mundial. La historia moderna del desarrollo económico va unida íntimamente a las vicisitudes de dicho Banco, que, si en un principio tuvo las dos misiones de reconstruir los países devastados por la guerra y de estimular el desarrollo de los países económicamente atrasados, con el tiempo se ha convertido en una institución dedicada exclusivamente al estudio y fomento del desarrollo de los países atrasados. En 1948, con la creación del Plan Marshall y de la Organización Económica de Cooperación Europea (O. E. C. E.), la tarea de reconstrucción de Europa fue encomendada a esta institución, especializándose el Banco Mundial en la tarea concreta del desarrollo de los países atrasados. Siempre ha contado el Banco con un inconveniente gravísimo: la escasez de sus recursos. Pero su labor ha sido eficaz, dentro de sus muy limitadas posibilidades, en cuanto ha centralizado el estudio, las inquietudes y los esfuerzos en pro de la expansión de los países subdesarrollados.

La doctrina del desarrollo económico recibió un nuevo impulso, más psicológico que real, con el famoso Punto Cuarto del Presidente Truman, en su Informe del 20 de Enero de 1949 ante el Congreso norteamericano. Si inicialmente pudo fomentar la ilusión de una decidida ayuda americana al desarrollo de los países atrasados, el programa de Truman quedó luego reducido fundamentalmente a la ayuda técnica, un extremo que, de todas formas, tiene una importancia fundamental para el desarrollo económico.

El Informe [1] que en 1950 realizó un Comité de las Naciones Unidas, exponiendo las medidas concretas para lograr el desarrollo económico, tuvo también una gran importancia para el futuro de la doctrina, pues llamó escandalosamente la atención de todos sobre su conclusión de que, para sostener un ritmo de crecimiento del 2 por 100 anual en la renta “per capita” de los países subdesarrollados, era necesario invertir en los mismos la astronómica cifra de 14.000 millones de dólares anuales.

El interés teórico y práctico que ha suscitado en el mundo moderno la doctrina del desarrollo económico, tiene su base en la convicción de que el fomento de dicho desarrollo por parte de los países adelantados no sólo no supondrá una futura competencia económica para dichos países, como a menudo se ha temido en la historia de la industrialización de los países occidentales, sino que servirá para fortalecer y expansionar, mediante la intensificación de las relaciones comerciales internacionales, la economía de aquellos países. Al mismo tiempo, el hecho de que la pugna entre las dos ideologías (comunista y capitalista) en que hoy se encuentra dividido el mundo sea de carácter eminentemente económico, pone de manifiesto la conclusión de que, quien obtenga la victoria en el campo del desarrollo económico, habrá ganado la guerra en todos los campos.

Es, pues, en este terreno del desarrollo económico de los países atrasados, donde parece que se va a decidir la rivalidad entre Oriente y Occidente. El desarrollo económico soviético supone, como es sabido, un sistema autoritario e inhumano a corto plazo, con sacrificio de una generación o de varias en beneficio de las siguientes; pero también es evidente que tal sistema ofrece la ventaja de la rapidez y de los éxitos materiales deslumbrantes. Éste es un factor que no conviene infravalorar para tener una adecuada composición de lugar ante el problema. El desarrollo económico capitalista supone una mayor concesión a la libertad individual, otorgando bienes y satisfacciones presentes en detrimento del futuro propio y de los demás. Es, sin duda, de resultados más lentos, pero ofrece inicialmente el atractivo individual de una mayor libertad, y, a la larga, está más de acuerdo con la naturaleza esencial del hombre.

La elección entre estas dos formas de desarrollo, o de cualquier forma intermedia entre los dos extremos, es una cuestión de hecho que viene determinada por multitud de factores políticos, sociológicos e históricos, que, tanto un bloque ideológico como el otro, habrán de tener en cuenta para valorar las posibilidades de éxito de sus respectivas aspiraciones.

De los tres mil millones de almas que pueblan la Tierra, y excepción hecha de los países del área comunista, un tercio de esa población pasa hambre y siente vivamente la necesidad de desarrollarse. Cuanto más rápido sea ese desarrollo, mejor. Esos pueblos, con una población global de mil millones de habitantes, saben que no se encuentran solos. Rusia y China les ofrecen el ejemplo de un desarrollo económico sin precedentes en la historia, y les ofrecen, además, dinero, materias primas, equipo capital y ayuda técnica para hacer otro tanto. La tentación es fuerte, y de ello deben tomar conciencia precisa los países occidentales si no desean verse desbordados por la acometividad y audacia de la ideología comunista.

Tal vez el problema más grave de Occidente sea la falta de fe. En su destino, y en el de esos pueblos subdesarrollados, que, como decía Marx, no pueden perder más que sus propias cadenas. Como no hay fe, falta la acción, o ésta se encuentra reducida a las proporciones mínimas que exigen de forma inmediata y perentoria las circunstancias históricas. Se trata de una actitud meramente defensiva, sin proyecciones futuras. Pero la historia se hace mirando al futuro. De ahí la posibilidad de que la historia próxima del mundo sea un monopolio del comunismo.

No faltan los intentos de supervivencia en el mundo occidental. A la cooperación económica internacional plasmada en el seno de la O. E. C. E., gracias a la cual Europa se pudo recuperar fácilmente después de los estragos causados por la última guerra, va a sucederle una organización más amplia, la O. E. C. D. (Organización Económica de Cooperación y Desarrollo), que, como su nombre indica, nace bajo el signo del desarrollo económico, y de la que formarán parte los poderosos países del otro lado del Atlántico: Estados Unidos y Canadá.

Esta nueva organización es el fruto de una fecunda idea que, expuesta a principios de este año por Sir Oliver Franks –actual presidente del Lloyd´s Bank de Inglaterra– ante el “Comité para el Desarrollo Económico”, de Norteamérica, sirvió luego de base a las propuestas de Dillon en torno a la creación de la organización anteriormente mencionada. La fecundidad de la idea radica en que, según ella, la cooperación entre los países occidentales no es un fin en sí mismo, sino un medio para ayudar a los países económicamente subdesarrollados a salir de su polifacético estancamiento y a alcanzar niveles crecientes de bienestar y de progreso.

Ante el mismo “Comité para el Desarrollo Económico”, Paul G. Hoffman, antiguo administrador del Plan Marshall y actual Director del Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, exponía también en la misma ocasión el fracaso de los países occidentales durante la pasada década frente al problema del desarrollo económico. Hoffman considera que, a este respecto, es decisiva la década en que hemos entrado, y señala cuantitativamente la ayuda que habrá que prestar a esos pueblos subdesarrollados si Occidente no quiere perder definitivamente la batalla económica, decisiva para la guerra ideológica entre Oriente y Occidente.

Hoffman considera que las necesidades de inversión para la década 1960-70 en cien países de todo el mundo, con una población de mil y pico de millones de habitantes, ascienden a unos 200.000 millones de dólares. Es decir, a unos 20.000 millones de dólares cada año. La cifra parece exorbitante, lo mismo que pareció un escándalo en 1950 la cantidad de 14.000 millones de dólares anuales, según la estimación efectuada por el Comité de las Naciones Unidas al que ya hemos hecho referencia anteriormente.

La realización de ese programa exigiría un esfuerzo de ejecución y una fe en los resultados, que no suelen ser las cualidades más destacadas de Occidente. Exigiría, además, un entendimiento y colaboración entre quienes ofrecen la ayuda y quienes la reciben, que tropezaría, naturalmente, con dificultades. Habría que ordenar adecuadamente la producción de los países occidentales para poder suministrar las cantidades de productos por valor de esos 200.000 millones de dólares. Y habría que reestructurar y ordenar la producción de los países subdesarrollados, beneficiarios de la ayuda, para que los resultados de ésta fueran tangibles.

¿Realizará Occidente esta hazaña? A la vista de la historia reciente; de la falta de unidad entre los pueblos occidentales; y de sus afanes particulares de corto alcance, uno no puede sentirse especialmente optimista en cuanto a la capacidad de realización económica y política de dichos países.

El reto, sin embargo, está ahí, y sólo tendremos que esperar unos años para que la historia confirme o contradiga lo que, por ahora, sólo serían hipótesis más o menos aventuradas. De lo que no cabe duda a nadie es de que la fuerza y capacidad de acción de los países de la órbita comunista jugarán un papel decisivo en la historia próxima del mundo.




[1] Intervinieron en este Informe los siguientes economistas: A. Lewis, T. Schultz, G. Hakil, R. Gadgil y P. Baltra.

Fuente: Punta Europa, Número 84, Abril 1963, páginas 88 – 92.



LORD BEVERIDGE


Por Andrés Travesí



Cuando escribo estas líneas acaba de morir William Beveridge, un personaje extraordinariamente interesante y poco conocido en España. Su muerte ha pasado casi inadvertida en la prensa española. Quizá las revistas especializadas le hayan dedicado alguna atención. No lo sé. Pero su figura encierra matices tan atrayentes que no resisto a la tentación de dedicarle un breve comentario.

A Beveridge se le ha encasillado indistintamente entre los políticos, o entre los economistas, o entre los sociólogos. Creo que cualquiera de estas catalogaciones resulta manca, incompleta. William Beveridge fue una sabia mezcla de político, de sociólogo, de economista. Un equilibrio de cualidades hábilmente dosificadas. Confieso sin disimulos mi admiración por ese esquema teórico propuesto por Sir William Beveridge y que Valentín Andrés Álvarez denomina “economía social completa”, modelo quizá irrealizable prácticamente, pero que tan considerables frutos ha dado en la Gran Bretaña de los últimos años.

La economía social supone una forma de intervención, siquiera indirecta, en la producción y en la distribución, para el mejor cumplimiento de determinados fines de la política social. Uno de los procedimientos utilizables, entre una compleja gama, es el de los Seguros. Y, si éstos cubren todos los riesgos asegurables nacidos en el seno de la sociedad, tenemos esa economía social completa ideada por el estadista británico.

De Beveridge se ha dicho que era un “idealista práctico”. Durante toda su vida trató, en efecto, de conciliar las aspiraciones al progreso con las realidades insoslayables que presenta la convivencia. Todo ello en el marco de su gran preocupación: la economía social, una verdadera utopía cuando él empezó a referirse a modos y circunstancias concretos, pero que luego, de cerca o de lejos, se ha seguido en muchos países.

Imaginemos a Beveridge. Nació en Bengala, hijo de un funcionario del “Civil Service”. Estudió en Oxford. Realmente son datos que pueden parecer poco interesantes, pero que configuran al personaje como un típico inglés de la clase media. En los primeros años de este siglo, Beveridge, encargado de la dirección de un Colegio londinense, vive en un barrio popular y modesto del East End. Allí adquiere sus primeros conocimientos directos de la realidad social. Le impresiona profundamente la miseria en que se mueven los obreros. Y se prepara, con las armas del estudio, para la gran empresa: atajar, en la medida de lo posible, la pobreza, la miseria; atenuar los resultados de la desigualdad social. En su mente germinan las bases de un plan que luego, muchos años más tarde, daría la vuelta al mundo incorporado a su nombre.

Los proyectos del joven Beveridge no pasaron inadvertidos. Y fue llamado al Gobierno. Presidió la Comisión encargada de organizar las primeras Oficinas de Colocación de la Gran Bretaña. Y, posteriormente, entre 1908 y 1916, desempeñó los cargos de Director del “Servicio de Mano de Obra” en el Ministerio de Comercio, y de Secretario adjunto encargado del “Departamento de Mano de Obra y Colocación”. Lloyd George, atendiendo a una sugerencia de uno de los más hábiles políticos de todos los tiempos, Winston Churchill, encargó a William Beveridge la tarea de perfeccionar el Sistema de Seguros Sociales. Durante treinta años correspondió a Beveridge la dirección de los Planes de Seguridad Social. Todo ello le permitió adquirir una competencia extraordinaria en estas cuestiones y llegar al cargo de primer Director de la “Bolsa británica de Trabajo”.

Durante la Primera Guerra Mundial William Beveridge es Secretario General del Ministerio de Abastecimientos, y, al terminar la contienda, se convierte en director de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, un centro de investigación económica de fama universal. Simultáneamente, de 1926 a 1928 es vicecanciller de la Universidad londinense, y se encarga de delicadas misiones, por ejemplo, como miembro de la Comisión Real que preparó un Informe sobre la situación de la industria minera británica en 1925.

En la polifacética figura de William Beveridge encontramos insospechadas vetas. Fue también periodista. Muchos diarios y revistas –“The Observer”, “Contemporary Review”, “Economics”, “Economic Journal”, etc.– supieron de la galanura y la profundidad de su pluma, en temas en los que podía considerársele como un gran especialista. Estuvo incluso en la plantilla del “Morning Post”, como editorialista.

A Beveridge aún le resta tiempo para dedicarse a sus libros, todos en torno de un tema común: el desempleo.

«En todos sus escritos –escribe un comentarista–, en los cuales insistía en la urgencia de ciertas reformas sociales, Sir William Beveridge no cesó de expresar su fe viva en el progreso social, y un permanente cuidado de no intentar cambios más que dentro de los límites de lo posible. Desechando deliberadamente todas las utopías de sus contemporáneos o las ideas inmaduras, se esforzó siempre por desembarazarse de los razonamientos teóricos o mal coordinados, para construir un sistema de conjunto coherente y práctico, que era, en realidad, más una mejora racional profunda del sistema existente, que una solución radicalmente nueva».

Era, pues, el “idealista práctico” de que hablábamos al principio.

Fue Subsecretario de Estado en el Ministerio de Trabajo en el Gabinete presidido por Churchill en 1941. Y le correspondió la dura tarea de impulsar la industria de guerra en una de las más duras fases del conflicto. Al tiempo, colaboró activamente en la elaboración del Plan de Racionamiento impuesto por la dureza de la contienda. Y en Junio de 1941 se le designó Presidente de un importante Comité interministerial “para iniciar el estudio del Sistema de Seguros Sociales y Servicios Complementarios, incluidas las compensaciones por accidentes de trabajo, y teniendo particularmente en cuenta la interdependencia de los distintos Seguros”. Naturalmente, habrían de presentarse recomendaciones prácticas.

La elaboración del Informe se prolongó casi un año. Sir William se retiró a un pueblecito de Escocia para prepararlo. Y el 20 de Noviembre salió a la luz pública el “Plan Beveridge”.

No es posible analizar aquí minuciosamente este vasto programa de Seguridad Social. Pero sí es útil referirse a él, siquiera sea a sus líneas generales, a sus directrices.

El Plan, pensado para ponerse en práctica al término de la Guerra, tenía como objetivo principal la eliminación de la miseria. Es verdad que existía ya en Inglaterra una legislación de carácter social, pero era absolutamente necesario, a juicio de Beveridge, que todas las disposiciones legales en esta materia se amalgamasen en un vasto sistema.

El principio básico del Plan es la participación en él de todos los ciudadanos, cualquiera que sea la clase social a que pertenezcan, a fin de que todos los ingleses –todos los ciudadanos, diríamos, para universalizar las medidas– queden al abrigo de riesgos tan probables como el paro, la enfermedad o la vejez.

Quedan exentos de cotización las mujeres que no trabajan, y todos aquéllos cuyos ingresos sean mínimos.

En cada uno de los sectores afectados por el sistema –vejez, invalidez, paro, enfermedad, etc.– se establecía un régimen distinto de prestaciones semanales.

El Plan fue debatido, con mediana fortuna, en el Parlamento, pero tuvo una favorable acogida del pueblo británico. Se publicó incluso un Libro Blanco sobre los Seguros Sociales, claramente inspirado en la doctrina de Beveridge y en su principio de participación equitativa de todos en su realización.

En 1944 aparece una interesante obra de Lord Beveridge: Pleno empleo en una sociedad libre. Trata el problema de la utilización integral de la mano de obra, y es una especie de complemento de su famoso Plan. Hasta el punto de que se denomina popularmente “Segundo Plan Beveridge”. Con gran sentido de anticipación, planteaba el ilustre sociólogo y economista la situación de paro forzoso que traería consigo la desmovilización al fin de las hostilidades. Y, como la economía planificada había conseguido éxito al ser aplicada durante la guerra, la experiencia aconsejaba aplicar los mismos criterios en los primeros tiempos de la posguerra. En su Programa preveía un empleo racional de las emisiones de fondos del Estado, con una radical modificación del Sistema Presupuestario y Fiscal. Para ser plenamente eficaz, el Proyecto debería estar apoyado por Acuerdos Bilaterales, a escala regional, e incluso mundial.

Esto es lo más conocido de la obra de William Beveridge. Pero no lo único. Todos sus esfuerzos se movían en una misma dirección. Por ejemplo, su actuación en el Parlamento, su liderazgo del Partido Liberal, son absolutamente congruentes. Atacó desde su escaño en la Cámara los grandes monopolios financieros; aprobó la nacionalización de las minas. Su preocupación fue incluso más allá. En El precio de la paz expuso sus ideas sobre las condiciones en que podían desarrollarse los pequeños y atrasados países. Era la preocupación por los humildes el “leit motiv” de su vida como político, como sociólogo, como economista.

De su ecuanimidad puede dar idea el hecho de que en 1946 estuvo en España, y recibió el título de Doctor “honoris causa” por la Universidad de Madrid. A su regreso a Inglaterra hizo declaraciones muy favorables para España y para la evolución económico-social que, en su estancia entre nosotros, había podido advertir. Sus manifestaciones provocaron vivas polémicas en la prensa inglesa. Era, repetimos, el año 1946, y la opinión mundial había vuelto sus espaldas a nuestro país.

Finalmente, queremos recordar la labor que correspondió a Beveridge durante las dos guerras. Fue una pieza fundamental en el desarrollo del Plan de Racionamiento de artículos de primera necesidad. Estaba su actuación dentro de la línea de sus teorías.

Y quiero citar aquí, para terminar, unos párrafos de Manuel de Torres Martínez, muy cortos pero muy jugosos. Dice así:

«Respecto al consumo, el racionamiento fue prácticamente total, limitando en forma absoluta el gasto en bienes de consumo. Esta medida impuso una nivelación casi perfecta de la renta real, ya que el racionamiento era prácticamente igual para todos los ciudadanos. Desde el punto de vista real se impuso una especie de comunismo, o de igualitarismo.

Pero, al lado de este igualitarismo en la renta real, en la parte económica de la circulación económica la distribución de la renta se realizaba desigualmente, de acuerdo con el mecanismo funcional normal.

Esto originó una curiosa organización social, porque en la economía real de consumo existía un comunismo perfecto; mientras que la monetaria se caracterizaba por un capitalismo imperfecto.

La combinación de estos sistemas contradictorios, uno en el lado monetario, y otro en el lado real de la circulación económica, permitió aunar las ventajas de ambos. Mientras se suprimían las diferencias estridentes en el nivel de vida de las distintas clases sociales, se mantenían los estímulos de la iniciativa y el lucro, indisolublemente unidos a la psicología humana».

En esta línea del igualitarismo en tiempo de guerra, y aun en tiempo de paz, se movió desde muy joven William Beveridge, sabia mezcla de político, de sociólogo, de economista. Y gran “idealista práctico”.

Fuente: Cruzado Español, Números 131 y 132, 1 y 15 Septiembre 1963, página 16.



¿Apertura a la izquierda?


El diario Arriba del día 23 del pasado mes de Agosto reproduce una información de la “Agencia Efe”, de la que entresacamos lo siguiente, a propósito de la revista católica América, que aparece en los Estados Unidos:

«La citada publicación inserta, además, un editorial de su Director, Thurston N. Davis, en el que se dice:

“Nuevas fuerzas se mueven en España. Gracias, principalmente, a la firme dirección de sus Ministros de Hacienda y Comercio, esta nación, tradicionalmente aislada, ha experimentado un resurgir de actividad económica y salud fiscal. España parece interesarse en su propia versión de la apertura a la izquierda, pero de una manera cautelosa. No constituye una apertura amplia, ciertamente. Quizá sería más certero si se definiese sólo como una fisura leve en su puerta. Pero las fuerzas liberalizadoras trabajan lenta pero seguramente, al sacar esta tierra histórica de su excesiva peninsularidad”».

¿Comentarios? ¿Para qué? ¿Acaso no recuerdan ya Arriba y la “Agencia Efe” –y no digamos América– cierto 18 de Julio y unos cada día más olvidados mártires españoles de la Cruzada?

SHEHAR YASHUB

Fuente: Cruzado Español, Número 136, 15 de Noviembre de 1963, última página.

[Nota preliminar mía: los subrayados en cursiva se deben al transcriptor de Cruzado Español].



El “New York Times” destaca el “Plan de Desarrollo” de España

Señala que, presiones relacionadas con él, han provocado la dimisión del Marqués de Suanzes y de Labadie Otermin


Crónica del corresponsal del “Diario de Barcelona” en Washington, José Mª. Massip, que, bajo los precedentes titulares, publica en su edición del día 22 de Octubre pasado el citado periódico:

«“España empieza su reforma económica”, titula hoy el “New York Times”, en su página frontal, una crónica de su corresponsal en Madrid, Paul Hoffman.

La crónica ocupa media columna de la primera página del prestigioso periódico, y un amplio espacio en otra página interior, ilustrada con una foto del Comisario del Plan, Don Laureano López Rodó.

La información que se ofrece al lector norteamericano –el del “Times” es el lector que cuenta en Estados Unidos, a despecho de cuanto se diga incidentalmente contra las ideas del periódico– es una amplia noticia de lo que España se propone hacer en el camino de su desarrollo económico y social. “El Plan –dice el corresponsal de Madrid– plantea inversiones públicas y privadas por un valor equivalente a cinco mil millones y medio de dólares entre 1964 y 1967. El objetivo es incrementar la producción, dar trabajo a todos, reformar la estructura social y económica del país e integrar a España económicamente con el resto del mundo. El Plan del Gobierno –añade– es económicamente liberal. Subraya la importancia de la libre empresa y las fuerzas del mercado, y afirma que la prosperidad económica tiene que conseguirse, no por medio de la imposición de sacrificios excesivos sobre las generaciones presentes, sino por medio del empleo racional de los recursos existentes”.

Tanto como el contenido de la interesante información de Mr. Hoffman, lo que importa, en opinión de este corresponsal, es la categoría que un diario como el “Times” de Nueva York, tan intransigente en cuanto a la estructura ideológica del actual régimen español, atribuye al Plan Económico de Desarrollo. El corresponsal dice que el Plan es obra de los “tecnócratas”, que él llama “un grupo de católicos liberales e internacionalistas en materias económicas, y conservadores en asuntos políticos”.

El corresponsal afirma que las presiones políticas, directas o indirectas, en relación con el Plan, han provocado la dimisión de Don Juan Antonio Suanzes, presidente del I.N.I., y Francisco Labadie, del Instituto Nacional de Seguridad Social.

El Plan, según el corresponsal, está enfocado especialmente al desarrollo de la inversión privada de capitales nacionales y extranjeros, limitando el sector económico controlado por el Estado, como en el caso del I.N.I. Subraya las facilidades que el proyecto ofrece a la iniciativa privada y al establecimiento de “núcleos de crecimiento” en regiones subdesarrolladas del país y la necesidad de amplias reformas, citando, a tal efecto, la meseta castellana, Andalucía y Extremadura. “Se trata de establecer un puente –dice– entre la disparidad actual de las ‘dos Españas’, las prósperas regiones industriales de Cataluña y el Norte vascongado, y el Centro-Sur-Poniente del país”.

La crónica subraya el interés creciente de este país hacia el desarrollo económico de España. La firma reciente de los Acuerdos defensivos sobre las bases hispano-norteamericanas, prorrogado por cinco años, la existencia de las mismas en territorio español, no es, en el fondo, más que el reconocimiento de dos hechos: la necesidad de una continuada cooperación en materia militar y defensiva, y el reconocimiento de un hecho económico en función del progreso general europeo. El “milagro español”, con todas sus ramificaciones, ha sido un excelente punto de apoyo en las negociaciones y declaraciones realizadas por los Ministros de Asuntos Exteriores, Comercio y Hacienda en las últimas semanas. Sin el “milagro”, probablemente hubiera fracasado la inteligente gestión del Embajador Señor Garrigues en busca de la renovación ampliada y mejorada de los Acuerdos de 1953. Se partió, por ambas partes, del principio de que España es un país que va para arriba económicamente, y la premisa ha llevado a fórmulas positivas de cooperación entre Washington y Madrid.

El resultado es que Washington sigue hoy con gran atención el desenvolvimiento de la economía española y el planteamiento de su Plan de Desarrollo. Se han dado aquí todas las facilidades para la ejecución del Plan, en lo que dependa de Estados Unidos. El Banco de Exportación e Importación y el Banco Mundial –por muy diferentes que sean sus vinculaciones con el Gobierno de los Estados Unidos– se disponen a atender a la financiación de los proyectos económicos españoles, a condición de que se les ofrezca las garantías técnicas mínimas para formalizar una financiación efectiva e inmediata. En el Banco Mundial se ha empezado –después del famoso informe técnico de hace dos años [1]– por las carreteras, en el triángulo a modernizar de Madrid-Barcelona-Alicante, y se está estudiando ahora, con una Comisión técnica de la Renfe, la modernización de los ferrocarriles españoles. La opinión de los medios diplomáticos españoles más responsables, en esta capital, es que se contará con el apoyo incondicional de las entidades financieras internacionales y norteamericanas en la expansión económica española y en términos bancariamente viables, a condición de que esté ultimada la planificación técnica de los mismos.

Si los “tecnócratas” presentan proyectos adecuados, puede afirmarse que encontrarán aquí la acogida más positiva. En este momento, la dificultad no consiste en actitudes negativas de la Administración ni de las corporaciones financieras, sino en la capacidad de planeamiento y absorción de los dirigentes del Plan Español de Desarrollo.

Más que lo que el corresponsal del “Times” de Nueva York dice en su despacho, importa lo que el periódico sugiere al publicarlo en su primera página de hoy. “Veamos –viene a decir– lo que España es capaz de hacer en la puesta en práctica de su Plan de Desarrollo”».

[1] Nota mía. Tras la “misión” enviada a la Península por el Banco Mundial entre Marzo y Junio de 1961 (primera visita), y en Mayo de 1962 (segunda visita), éste publicó en Enero de 1963 el Informe titulado The Economic Development of Spain, más conocido vulgarmente como “Informe del Banco Mundial” (el Gobierno de Franco ya se había adelantado publicando una edición castellana del mismo en Octubre de 1962).

Fuente: Punta Europa, Número 95, Marzo 1964, páginas 106 – 111.



NUEVOS RUMBOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA


Por Juan Antonio Sagardoy



Es una realidad palpitante, en la sociedad contemporánea, la progresiva sustitución del ideal de la libertad por el ideal de la seguridad. Estamos en un siglo eminentemente social, de una creciente “tendencia a asociarse para la consecución de los objetivos que superan la capacidad y los medios de que pueden disponer los individuos aisladamente”, según frase de Juan XXIII en su Mater et Magistra. Esa línea tendencial a la asociación adquiere una particular relevancia en lo que hoy denominamos, por influencia anglosajona, Seguridad Social.

Con un sistema de Seguridad Social se pretende hacer frente y dar una solución adecuada a los distintos riegos que pesan sobre la vida del hombre, ya sea en fase de prevención, o bien en la de solución, cuando el riesgo se traduce en siniestro. En España, desde la Ley de 30 de Enero de 1900 –sobre accidentes de trabajo–, que constituye la primera norma que da lugar a un Seguro Social, hasta nuestros días, la evolución se ha significado, en términos muy simplistas, por una progresiva ampliación de la acción protectora y del ámbito subjetivo de la aplicación, así como por un sucesivo perfeccionamiento de los órganos gestores y del sistema de financiación, quedando como último rasgo significativo la acelerada “socialización”, o, mejor aún, “estatización” de la Seguridad Social.

El 28 de Diciembre de 1963, tras apasionadas polémicas públicas y discusión en Cortes, se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social [A], otorgándose al Ministerio de Trabajo la facultad de elaborar el Texto articulado de la misma. La Ley de Bases corona con éxito una serie de intentos anteriores de planificación de la Seguridad Social, fallidos por causas muy complejas, estudiadas por Juan Eugenio Blanco en la Revista de Derecho del Trabajo.

En este breve comentario, como es lógico, sólo pretendemos ofrecer una somera síntesis de los puntos cardinales de la Ley, pudiendo el lector encontrar un minucioso análisis de la misma en otros lugares a los que nos remitimos [1].

Ante toda reforma cabe plantearse, de modo inmediato, dos preguntas fundamentales: si la reforma era necesaria, y en qué medida se ha mejorado la situación anterior en virtud del cambio operado. En la materia que examinamos, a la primera pregunta hay que contestar con una afirmación categórica. La reforma era necesaria, y aun cabe decir que además era urgente; y no sólo una reforma de algunos puntos, un tanto inconexa, sino una reordenación sistemática y de fondo.

Al examinar los defectos de la Seguridad Social hasta la promulgación de la Ley de Bases, y contrastarlos con las directrices de esta última, se responde ya a la segunda cuestión planteada. No se puede olvidar, sin embargo, que, si en toda Ley de Bases tiene una importancia singular su desarrollo, para la efectividad de su aplicación, en este caso la importancia adquiere más relieve por la quizá excesiva amplitud de los criterios contenidos en la Ley. Una fundada esperanza del éxito en la aplicación radica en el decidido espíritu social del equipo ministerial y, en definitiva, en la vieja doctrina jurídica de “los propios actos”.

Con esta salvedad, que, en definitiva, no es otra cosa que un compás de espera, me importa afirmar que soy de los partidarios de la Ley de Bases, que ha sido una de las más debatidas y combatidas de los últimos años, según se aprecia por el número de enmiendas puestas al Proyecto, las campañas de Prensa levantadas en pro y en contra del mismo, y la misma discusión que tuvo en muy amplios y distintos ambientes. Ha sido una Ley “popular” por su materia y por los intereses afectados. Es verdad que no todas las críticas fueron movidas por el bien común, pero sería injusto afirmar que todas fueron interesadas.

El hecho es que tenemos un texto legal aprobado en Cortes, el cual ha hecho frente a una situación caracterizada, en su aspecto negativo, por las siguientes notas:

1. Falta de una ordenación sistemática. Los distintos Seguros Sociales han sido fruto de distintas mentalidades y distintas épocas.

En consecuencia, al enfrentarnos con su estudio, la primera observación a resaltar es la desconexión que existe entre unos y otros Seguros Sociales. Las bases de cobertura, la financiación, las prestaciones, etc., para situaciones idénticas, son distintas. Así, por ejemplo, la pérdida del salario por parte del trabajador, que es una situación de necesidad protegible, se atendía en muy diversa forma por un Seguro que por otro; si la causa es la enfermedad, el accidente o el desempleo, las prestaciones son distintas en cuantía, en duración y en comienzo de disfrute.

Con lo dispuesto en la Ley se logra una consideración conjunta de los distintos riesgos, en el sentido de que lo protegido no es el riesgo específico (enfermedad, accidente, etc.), sino el genérico (falta de recursos, tener un hijo, etc.), lo cual trae como consecuencia una uniformidad de las prestaciones en cuanto a duración, cuantía, salvo diferencias muy pequeñas impuestas por la eficiencia de cada sistema.

En cuanto a la asistencia sanitaria, asimismo, se presta de modo conjunto cualesquiera que sean las causas que la determinen, proponiendo medios concretos para lograr una coordinación de los distintos entes gestores de tal prestación.

Como importante innovación se crea la incapacidad laboral transitoria, comprensiva de muy distintas situaciones, caracterizadas por el simple hecho de no poder trabajar durante cierto tiempo.

2. Falta de uniformidad en las prestaciones. La Ley, frente a la situación reformada, instaura, cono consecuencia de la consideración conjunta de los riesgos, una uniformidad realista de las prestaciones.

Digo realista porque lo que se pretende no es una uniformidad absoluta, salvo en algunos casos, sino relativa, para lograr la viabilidad del sistema. Las prestaciones son uniformes de modo absoluto en distintas prestaciones, entre las cuales resalta la prestación familiar; y son relativas en una de las más complejas como es la de vejez: se instaura un nivel mínimo uniforme, con la importante modificación de que su cuantía será proporcional a los periodos de cotización y a las bases sobre las que se haya cotizado; en un segundo nivel, las pensiones vienen incrementadas por las disponibilidades financieras de cada grupo profesional, con lo que se incrementa el espíritu mutualista.

3. Deficiencias financieras. En la actualidad, las Mutualidades Laborales tienen un creciente déficit en sus reservas, y en muchas las prestaciones a satisfacer han excedido ampliamente a los ingresos percibidos. Bien es verdad que también ha existido una inversión poco rentable de los fondos de las Mutualidades, con las inevitables consecuencias. Hace poco un Decreto dictó las normas al efecto, fijando coeficiente de liquidez y destino de las inversiones, como correctivos de la situación anterior. Con esta salvedad, los déficits se han debido a razones coyunturales, por el Plan de Estabilización, y a razones permanentes, como fueron la reducción de los tipos de cotización en el año 1956 y el incremento simultáneo de algunas prestaciones.

En la Ley se parte del principio clave de que las prestaciones a largo plazo exigen cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral, concediéndose las pensiones en proporción a los años de cotización y a las bases sobre las que se haya cotizado durante cada año.

Por otra parte, se instaura el régimen de reparto, y no el de capitalización, con las consiguientes ventajas que de ello se derivan, aun a costa de la revisión periódica de los recursos del sistema.

En las prestaciones farmacéuticas, de graves dimensione económicas, se instaura la participación proporcional en su coste por parte del asegurado, con lo cual, aparte de sus efectos psicológicos, se logra un saneamiento financiero importante.

Se elimina, por otra parte, la dualidad de prestaciones para los mismos riesgos, que, por circunstancias históricas, existe en la actualidad, pero que no se podía mantener.

4. Órganos gestores. En la actualidad, para unos riesgos idénticos, existen dos órganos: el Instituto Nacional de Previsión, y la Mutualidad Laboral correspondiente.

Con la Ley se instaura el lógico principio de que, para cada tipo de prestación, debe existir un sólo órgano gestor, con el consiguiente ahorro de gastos de administración y ventajas para el beneficiario. Sólo se prevé la creación de un nuevo órgano para la rehabilitación, reeducación y readaptación de inválidos, materia a la cual la Ley concede una importancia especialísima.

El régimen de accidentes de trabajo se confía a entidades de tipo mutual, eliminando la competencia de las Compañías privadas de seguros que vienen operando en este campo de la Seguridad Social. Éste ha sido, sin duda, uno de los puntos de la Ley que más polémica levantó, con una oposición clara y rotunda del Sindicato Nacional del Seguro, llegando a calificarse por una Mutua de Seguros como «error insospechado el entregar a las Mutualidades Laborales la gestión del seguro de accidentes» (Ya, 22-X-1963).

Sería muy largo el extendernos aquí sobre esta materia, que además ha sido ampliamente tratada en periódicos y conferencias, especialmente en la pronunciada por el doctor De la Villa en Zaragoza, en Diciembre pasado, y de la que hicimos referencia. Baste decir que es una cuestión de principios. Al allegarse los recursos del Sistema de Seguridad Social mediante la aportación colectiva de los ciudadanos (parte de los recursos provendrán de los Presupuestos Generales del Estado), parece incompatible con una gestión que produce un lucro para economías privadas. En último término, se elimina de la Seguridad Social toda idea de lucro mercantil, aunque la Ley prevé, asimismo, una serie de medios para aminorar los perjuicios económicos y personales que la supresión de las Compañías privadas para la gestión de los accidentes puede originar para las mismas. Que con el nuevo sistema se logren mejoras es algo futurible, como en todos los proyectos humanos, pero hay que poner fundadas esperanzas en que así sea, en vista de los argumentos que han servido para dar el cambio.

Por último, hay que decir que las empresas colaboran en la gestión de prestaciones a corto plazo, mediante un autoaseguramiento en algunos riesgos.

5. Ámbito de aplicación. Biondo afirmó que la bondad de un Sistema de Seguridad Social depende de la intensidad y extensión de la protección.

El ideal, cuajado de dificultades, está en la genérica protección de toda la población, y es lo que, en línea de tendencia, se persigue en todos los países.

En nuestra Patria, desde hace unos años, la ampliación del ámbito subjetivo de la Seguridad Social es un hecho evidente. Han ingresado los representantes de comercio, los trabajadores autónomos, etc. Por otra parte, a partir del Decreto de 17 de Enero de 1963, los topes de afiliación a los Seguros Sociales Unificados de los trabajadores por cuenta ajena han sido abandonados, con lo que se logra también una notable ampliación de los sujetos asegurados en la Seguridad Social.

Por todo ello, la declaración que la Ley de Bases hace respecto a los sujetos asegurados, hoy no tiene una gran novedad después de la aparición de los textos legales de que hicimos mérito.

Sí que tiene, por el contrario, un indudable valor teórico y de proyección futura la consideración conjunta que hace de todos los regímenes de Seguridad Social. Existen un régimen general y unos regímenes especiales que afectarán a los funcionarios públicos, trabajadores del mar, del campo, socios de cooperativas de producción, servidores domésticos, estudiantes, representantes de comercio y trabajadores autónomos, haciéndose constar que el general actuará como supletorio, y que los especiales, en lo posible, han de adaptarse a las líneas generales del sistema. Habrá que tener en cuenta tales orientaciones, pues, de lo contrario, es muy posible que se pierda en buena parte el sentido de la reforma, y nos quedemos con la misma situación que la actual.

Como observación final de estas breves notas, sólo queda por decir que con la Ley de Bases se ha dado un gran paso, que además era necesario, para la reestructuración de toda la Seguridad Social española, dependiendo en muy buena parte el éxito de la reforma de la adecuada redacción del Texto articulado, que ha de plegarse, por sinceridad legislativa, a la realidad que trata de normar. Lo contrario haría de la reforma algo inoperante.







[1] Entre las varias publicaciones y conferencias referidas a la Ley de Bases de Seguridad Social, se pueden destacar las siguientes.

Han pronunciado conferencias los señores Cabello de Alba, Pérez Botija, Bayón Chacón, Alonso Olea, De la Villa Gil. Los tres primeros en Madrid y los dos últimos en Barcelona y Zaragoza, respectivamente. Algunas han sido editadas, y las que no lo han sido están pendientes de publicación.

Como publicaciones hay que destacar el número 61 de la “Revista de Política Social”, monográfico sobre la Ley, y en el que se tratan los principales puntos de la misma. Asimismo, es de próxima aparición un número extraordinario de la “Revista Iberoamericana de Seguridad Social”. El Ministerio de Trabajo ha publicado, por último, un folleto con el texto de la Ley, al que se añade en cada Base de la misma un breve comentario.

[A] Nota mía. Esta Ley también era conocida como “Plan Romeo”, por ser su principal impulsor el entonces Ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorría.

Fuente: Punta Europa, Número 98, Abril 1964, páginas 98 – 104.



LA NUEVA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA. CARA Y CRUZ DE UNA REFORMA


Por Luis Enrique de la Villa



1. INTRODUCCIÓN

La reforma de la Seguridad Social española ha servido para tomar el pulso a la vida político-social de 1963. De ello ha resultado un balance, con un aspecto positivo y un aspecto negativo.

Desde el primer punto de vista, la reforma de la Seguridad Social ha puesto de relieve la vitalidad social del Gobierno y la potencialidad de las Cortes, todo lo cual constituye la cara de la reforma. Contrariamente, sin embargo, representan su cruz ciertos hechos destacados por aquélla, y, como más representativos, la parcialidad de ciertos medios informativos, la desconfianza hacia el régimen constitucional de producción de normas jurídicas, y la ilícita lucha desencadenada para mantener situaciones de privilegio.


2. CARA DE LA REFORMA

2.1. La vitalidad social del Gobierno

La Ley de Bases de la Seguridad Social ha llevado a cabo una reforma de significada importancia; no ha introducido, sin embargo, una reglamentación trascendental, ya que, sin negar su alcance, el mismo legislador la limita al considerarla un sólo paso en el tránsito de la Previsión a la Seguridad Social («parece llegado el momento de operar el tránsito de un conjunto de Seguros Sociales a un Sistema de Seguridad Social»…; «la Ley sienta unas Bases en este sentido, que habrán de ser desarrolladas por disposiciones posteriores, hasta culminar su proceso evolutivo cuando las circunstancias lo toleren y la experiencia del tiempo que deba transcurrir lo aconseje»… Exposición de Motivos, I-IV). Queda claro, por tanto, que lo más trascendental es la propia reforma en sí, en su significado, en su ideología.

Es un hecho cierto e indiscutible, recientemente vivido, que la reforma de la Seguridad Social ha convulsionado al país, quizá por tratarse de una reforma no debida a revolución –caso muy frecuente–, ni siquiera al contraste entre dos periodos sucesivos de guerra y paz. Recordemos, a tal efecto, que muchas grandes reformas de Seguridad Social –inglesa, francesa, alemana, por ejemplo– tienen su origen en la última conflagración mundial. Es el mismo contraste que en su día posibilitó el latigazo social del Fuero del Trabajo, hoy caduco y absolutamente superado por la evolución operada.

A comienzos de 1963 –fecha elegida convencionalmente, como más próxima a la reforma de la Seguridad Social–, el panorama español es el siguiente:

a) El régimen capitalista determina estados de evidente injusticia material, a veces causa directa de que corra peligro la paz laboral.

b) La fuerza de los grupos de presión es considerable, dirigida a la defensa de sus intereses particulares aun en contra del interés público.

c) Se inicia un innegable proceso de liberalización, no muy intenso, aunque apreciable, en lo político, y más que mediano en lo económico.

Al parecer, por tanto, no es presumible una reforma que fustigue al capital, reduzca y desconozca la fuerza de aquellos grupos, y en definitiva, estatice o socialice el sistema anterior.

Pese a ello, en contra de todo pronóstico, un equipo ministerial joven prepara, dentro de cierta reserva, un nuevo Plan Nacional de Seguridad Social. Este Plan sorpresa se conoce cuando ya está elaborado, lo que no impide a ciertos grupos de presión, y a sectores muy calificados del capital, desencadenar una batalla inoperante a la larga y espectacular.

El Anteproyecto de Ley de Bases introduce una orientación estatizadora, de acuerdo con las exigencias de la Seguridad Social contemporánea, revitalizando fórmulas que, al menos sobre el papel, ya eran conocidas en nuestro ordenamiento.

El Gobierno, demostrando una vitalidad social no presumida, aprueba el Anteproyecto, y remite el texto del Proyecto a las Cortes para su oportuna discusión.


2.2. La potencialidad de las Cortes

Con argumentos, cuyo valor no es del caso analizar aquí y ahora, se ha puesto de relieve la relativa operancia de algunas instituciones de nuestro régimen constitucional; entre ellas, las Cortes.

En tal sentido, el papel efectivo de las Cortes en la aprobación de las Leyes ha sido, pues, con frecuencia, si no infravalorado, cuando menos sometido a discusión y puesto en entredicho.

La aprobación del Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social ha servido, sin embargo, para demostrar que las Cortes son un órgano de cuya potencialidad no cabe dudar. Esta afirmación se monta sobre tres órdenes de consideraciones:

a) El temor, por parte del Ministerio de Trabajo, a la discusión del Proyecto ante las Cortes; hecho innegable al que, cuando menos parcialmente, ha obedecido la designación de una Comisión Especial, lo que llegó a provocar, incluso, en el seno de las Cortes, cierto malestar y denuncias de ilegalidad.

b) El aluvión de enmiendas presentadas contra el Proyecto, de las que se aceptaron, e incorporaron a su texto, alrededor de ciento cincuenta, y, salvo contadas excepciones, para mejorarlo.

c) El informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión Especial, modelo en su género, y la defensa del Proyecto en esta última. Ni una sola de las enmiendas fue olvidada en el análisis minucioso llevado a cabo, siendo rechazadas solamente, y en términos generales, las que estaban en contra de la línea ideológica de la reforma, las que conducían al absurdo, o, por último, las que no podían acogerse debido a razones puramente económicas, siendo éstas las más.


3. CRUZ DE LA REFORMA

3.1. La parcialidad de ciertos medios informativos

No cabe la menor duda de que la Prensa es el medio informativo por excelencia; prácticamente, en relación con el Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social, ha sido el único, y desde luego principalísimo, medio de información.

Tampoco cabe discutir, hoy en día, como la doctrina ha resaltado, «el carácter de empresa del medio informativo» (Villar Palasí); quizá sea ésta la razón de que algunos periódicos nacionales adoptaran, durante la fase de elaboración de la reforma, una actitud poco social; tal actitud difícilmente podía justificarse en una postura ideológica, siendo las más de las veces la consecuencia de una deficiente comprensión de un auténtico esquema de Seguridad Social, o, lo que es peor, el resultado de servir determinados intereses relegados por la reforma.

Afortunadamente tal postura no ha sido general; no pocos sectores de la prensa, comprendiendo el alcance de la reforma –abstracción hecha incluso de sus resultados futuros–, han sabido plantear la discusión, e incluso la crítica, por cauces objetivos, premisa de cualquier diálogo. Y precisamente tal contraste es el que ha llevado a distinguir y resaltar la defensa de intereses no siempre claros. Para tales medios informativos, desprestigio de cuantos otros arriesgaron a sacrificar cualquier interés particular al interés general, volvieron a cobrar actualidad aquellas terribles, excesivamente duras, palabras de Ortega:

«La visión periodística deforma la verdad, reduciendo lo actual a lo instantáneo, y lo instantáneo a lo resonante. Habrían de no obrar sobre los periódicos los intereses, muchas veces inconfesables, de sus empresas; habría de mantenerse el dinero castamente alejado de influir en la doctrina de los diarios, y bastaría a la Prensa abandonarse a su propia misión para pintar el mundo al revés»…

3.2. La desconfianza hacia el sistema constitucional de producción de normas jurídicas

No se pretende exponer aquí el sistema constitucional español de producción de normas jurídicas; basta considerar, como hecho cierto e indiscutible, que la legislación delegada –a través de los llamados Decretos legislativos– es una exigencia de la tecnificación progresiva que ha de afrontar cualquier ordenamiento.

En nuestro país, por un lado, la delegación legislativa se admite expresamente; en especial, y de un modo terminante, a partir de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Ley que, desde un punto de vista material, tiene significado de Ley Fundamental, si bien no un valor jurídico formal de tal; por otro lado, la práctica enseña que un gran número de nuestras leyes, muchas de ellas trascendentales en la ordenación de relaciones sociales, económicas, etc., han sido aprobadas, en los últimos años, por la mecánica de la delegación legislativa. Por la evidencia de la afirmación no parece siquiera preciso poner ejemplo alguno.

El Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social previó esta mecánica, absolutamente legal y hasta ordinaria, para proceder, en su día, y llegado el caso, a la articulación de la Ley de Bases. Y, pese a ello, se produjo una reacción insólita; la validez de la fórmula fue discutida –pese a que el Proyecto recogía escrupulosamente todas las exigencias en la citada Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado–, y se consideró insuficiente para proceder a semejante desarrollo, debido, al parecer, a la excesiva generalidad de las Bases de la norma.

Lo grave de semejante postura consiste en que, cuando menos insensiblemente, se discute la validez de la fórmula en general, y no sólo con referencia al Proyecto, o la Ley, de Bases de la Seguridad Social. El interés económico implicado por la reforma consigue que se plantee, a escala nacional, el problema, y que se dude seriamente de la seguridad jurídica que para el ciudadano se deriva de la política legislativa seguida en los últimos años, prácticamente en los veinticinco últimos años.

Como fácilmente se puede comprender, el alcance de la crítica no es pequeño; o bien se trata de un ataque deleznable a una manifestación legislativa determinada, que encuentra tal oposición por dirigirse a la modificación de estructuras privilegiadas, o bien se trata de un ataque general, no muy responsable ciertamente, a la legalidad, y hasta a la misma legitimidad, de nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente.


3.3. La ilícita lucha desencadenada para mantener situaciones de privilegio

El título de esta última parte, reflejo de un hecho recientemente vivido, exige diferenciar, quizá, para un tratamiento sistemático, la referencia a los sectores privilegiados, la utilización de argumentos disfrazados o aparentes, los intentos de pacto, y el fracaso, al menos inicial, de los grupos interesados.

a) La localización de tales sectores no fue difícil en la medida en que todos ellos debieron actuar en la defensa de los llamados derechos adquiridos; no siempre coincidían estos sectores con los medios públicos en que se manifestó igualmente la polémica, si no para mantener situaciones de privilegio, sí para sostener situaciones ilógicas, sólo explicables históricamente.

b) Muchos fueron los argumentos utilizados en la polémica, predominando los disfrazados; se les atribuye este calificativo porque, dirigiéndose a mantener las expresadas situaciones de privilegio, aparentaban preocupaciones sociales, económicas, políticas y hasta jurídicas.

1.ª Preocupaciones sociales, enjuiciando parcelada y fraccionadamente el Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social, para resaltar la reducción o eliminación de ciertos beneficios, sin considerar su contrapartida, por ejemplo la conjunta consideración de las contingencias protegidas y el cambio de rumbo en la política de prestaciones.

2.ª Preocupaciones económicas, al señalar los déficits de algunos regímenes –nacionales o profesionales– de la Previsión Social, y sin marcar la diferencia esencial que en este terreno ha de existir entre la esfera privada y la esfera pública, ni querer comprender el nuevo giro de la financiación dinámica de la Seguridad Social.

3.ª Preocupaciones políticas, poniendo en entredicho el prestigio, incluso internacional, del propio Estado, cuya actitud llevaría a provocar inevitables conflictos con los capitales extranjeros invertidos en el país, sin valorar el impacto político de la medida.

4.ª Preocupaciones jurídicas, al tachar la reforma, incluso globalmente, de ilegal, sin matizar ni fundamentar el alcance de la acusación, la cual, en tales términos, resultaba inadmisible.

c) Cuando los argumentos fracasan, y el Anteproyecto se convierte en Proyecto, se pasa a la obstaculización, a las propuestas, más o menos informales, de pacto. Se conoce sobradamente que, en un determinado momento de la elaboración de la reforma, las Compañías mercantiles, gestoras en el ramo de accidentes de trabajo, hacen el ofrecimiento de seguir gratuitamente en el mismo sector, al parecer adoptando una actitud desinteresada. Éstas, y otras propuestas semejantes, no dan resultado alguno, dada la firmeza de las directrices informadoras de la reforma.

d) Al aprobarse el Proyecto de Ley de Bases por las Cortes, se produce, evidentemente, un fracaso para los defensores de las situaciones reiteradamente aludidas; hay que considerar, sin embargo, que tal fracaso es inicial, y que la oposición manifestada frente al Anteproyecto, y frente al Proyecto, sigue existiendo frente a la Ley de Bases de la Seguridad Social. Si el Gobierno y el Ministerio de Trabajo no llevan a cabo el desarrollo de la Ley –articulación y reglamentación– dentro del tiempo previsto, se corre el innegable peligro de que, cuando se quiera proceder a ello, haya de emprenderse nuevamente la lucha contra la oposición, y ello a pesar de la existencia de una norma con el valor de Ley formal. Ejemplos no faltan como para que se pueda pensar en temores infundados.

Por el contrario, si el desarrollo se asume a corto plazo, además de evitar el inconveniente anterior, y observar, formalmente hablando, lo preceptuado en la Ley de Bases, se consigue algo fundamental para el éxito de la reforma, y es que tal desarrollo corra a cargo de quienes la concibieron y la plasmaron, no con absoluto detalle, en las Bases de la Ley. De otro modo, la Ley de Bases puede quedar inaplicada o ser objeto de una insuficiente aplicación; en ambos casos, el fracaso se presentará sin paliativos.

Aun peor será el caso de que el desarrollo, incluso inmediato, de la Ley de Bases, no se atenga, estrictamente, a la línea de la reforma recogida en aquéllas. Si ocurre de otro modo, si se alteran los principios y directrices de la reforma, se cometerá una ilegalidad inadmisible después de las promesas de la misma Ley; se defraudará al país, siendo, por tanto, el desarrollo, no sólo ilegal, sino incluso ilícito; y habrá que dar la razón, a posteriori, a todos los que, utilizando argumentos de buena fe, se opusieron objetivamente a la reforma. Las consecuencias de semejante supuesto son tan claras y tan graves que no debe haber lugar a su planteamiento.

Fuente: Apuntes y documentos para la historia del tradicionalismo español, 1939-1966, Tomo 26, 1964, Manuel de Santa Cruz, páginas 39 – 43.



LA NUEVA LEY DE BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL


El núcleo fundacional de la Regencia de Estella seguía lanzando irregularmente la publicación «Tiempos Críticos». Temas constantes en ella eran los ataques a Franco, a la dinastía liberal y a la política de colaboración de los seguidores de Don Javier. El número de marzo de 1964 incluye, además, una violenta reacción a los primeros rumores de un restablecimiento de relaciones con la Unión Soviética. Pero lo más interesante de este número, por su doctrina y por su profetismo, es una denuncia del carácter socialista de la nueva Ley de Bases de la Seguridad Social. Ciertamente, no hubo manera de hacerle comprender a Franco que la Seguridad Social, como su nombre indica, es de la sociedad, y solamente con carácter subsidiario, del Estado. Éste, con la cuestión Foral, es uno de los mayores abismos doctrinales entre Franco y el Tradicionalismo. Copiamos:

La Seguridad Social… socialista

En el desmedido afán que la Revolución en España –vístase de forma “monárquica”, republicana o dictatorial– siempre ha tenido por copiar lo extranjero, también siempre ha llegado tarde. Es decir, con notable retraso en relación con las fórmulas extranjeras.

La actual forma revolucionaria que tiraniza a España no es una excepción en la regla.

Con la nueva Ley de Bases de la Seguridad Social –recientemente aprobada por eso que llaman Cortes y no lo son–, se lanza abiertamente al socialismo franco, hasta ahora más o menos encubierto, más o menos mitigado en formas socializantes.

Se afirma que la nueva Seguridad Social es una “reestructuración a nivel europeo”.

A “nivel europeo” de Francia, que en 1945 implantó un sistema parecido. Pero lo implantó un Gobierno socialista.

A “nivel europeo” de Inglaterra, que en 1946 impuso a sus obreros un sistema similar. Pero lo impuso un Gobierno laborista, o sea, también socialista.

A “nivel europeo” de los países nórdicos dominados por el socialismo.

A “nivel europeo” de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Italia, todas en balanceo, buscando un difícil equilibrio, entre el liberalismo y el socialismo, balanceo entrañablemente querido por las democracias cristianas.

Reestructuración, pues, a un “nivel europeo” que es socialista.

Y que por aquél congénito retraso de la Revolución española, nos llega aquí veinte años más tarde.

El Plan de Desarrollo… socialista

Es argumento de algunos que se han opuesto a la nueva Ley de Bases de la Seguridad Social, que ésta va en contra de las premisas liberales del Plan de Desarrollo Económico y que, por lo mismo, es un lastre que dificultará el desenvolvimiento del mismo Plan.

Pero la Ley de Bases afirma (punto IV de la Exposición de Motivos): “La revisión del sistema se ha conectado con el Plan de Desarrollo Económico, con el fin de facilitarle uno de sus supuestos esenciales, y en la convicción de la estrecha interrelación existente entre el desarrollo económico y social.”

Y dice bien la Ley de Bases, y piensan erróneamente aquellos mal informados opositores.

Porque la economía planificada es muy propia del socialismo y bastante contraria al “dejar hacer” del liberalismo. Y más cuando la planificación y su ejecución está dictada, dirigida y controlada por el Estado.

Por lo tanto, a desarrollo económico socialista debe corresponder desarrollo social socialista.

En suma, el actual Estado lleva las cosas a tales extremos, impone una tal clase de socialismo estatal que, si mañana alcanzase el Poder un régimen socialista, sólo tendría que cambiar el nombre del Estado de hoy, pero no las estructuras montadas por ese mismo Estado.

Principios socialistas de la nueva Ley

Para el socialismo, el Estado lo es todo. Sin el Estado nada puede concebir el socialismo. Es, en definitiva, un totalitarismo.

Y no olvidemos que nacional-socialismo era el totalitarismo de Hitler. Y socialista era el totalitarismo fascista de Mussolini.

Puede dársenos, pues, el socialismo por denominaciones diversas y por apariencias externas diferentes. Sometido descaradamente a internacionales o aparentemente independiente en cada país. De forma total o parcial. Pero, en definitiva, son los mismos perros con distinto collar.

La nueva Ley de Bases de la Seguridad Social ha tenido, al menos, la gallardía de no decir que era católica. Ni a todo lo largo de su extensa Exposición de Motivos, ni en su especial punto 1º. de “Justificación y directrices de la Ley”, se menciona para nada la doctrina social de la Iglesia. ¡Enhorabuena por la sinceridad! Aunque, a decir verdad, le sería muy difícil y complicado a la nueva Ley el mentar las Encíclicas sociales de los Papas y desarrollar luego sus principios que las contradicen.

Afirma el epígrafe II de la Base Preliminar de la nueva Ley que “la Seguridad Social constituye función esencial del Estado”. Y el IV de la misma Base: “Corresponde al Estado la regulación, organización administrativa, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social”. Y el V: “Todos los organismos, instituciones y servicios de la Seguridad Social quedan bajo la directa dependencia del Ministerio de Trabajo.” Y el VIII: “El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para coordinar los órganos y servicios de la Seguridad Social con los que cumplan funciones afines a aquélla.”

Socialismo de Estado, totalitarismo puro que, por si alguien no quiere todavía entenderlo, se acentúa después en las demás Bases que incluyen en la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena en todas la ramas de la actividad económica (agricultura, industria, comercio, administración y servicios), a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, a los socios-trabajadores de cooperativas de producción, a los servidores domésticos, a los estudiantes, a los funcionarios públicos, a los trabajadores del mar.

En fin, los únicos que se escapan son el Clero y el Ejército.

Pero todo se andará, porque la Ley admite como sistemas especiales a encuadrar en su Seguridad Social “los que con tal carácter establezca o autorice el Ministerio de Trabajo”.

En definitiva, todo por el Estado y todos para el Estado. Y nada sin el Estado. El socialismo no podía encontrar mejor sistema que le fuera fiel y le sirviera mejor.

* * *

La familia en la nueva Seguridad Social

La Ley dice que su Seguridad Social se encarga del régimen de protección a la familia. Y, por lo tanto, termina con el sistema de Plus Familiar que satisfacían directamente las empresas y fija “una asignatura mensual uniforme” por esposa y por cada hijo.

Introduciendo, en las asignaciones a los hijos, una novedad: la remuneración por hijo natural.

La familia cristiana, unida sacramentalmente, queda, pues, en plano de igualdad con la unión ilegítima.

Conste que nada tenemos contra los hijos naturales, víctimas inocentes del pecado de sus padres. Pero como da la casualidad que esas asignaciones no las perciben los hijos, sino su padre o su madre, sean solteros o adúlteros, o cosas peores, no nos parece digna, ni adecuada, esa protección al “amor libre”. Claro que el “amor libre” es socialista y es justo que una ley socialista lo proteja.

Las viudas, para percibir pensión, deben, en la nueva Ley, o haber cumplido determinada edad o estar incapacitadas para el trabajo.

O sea, que las viudas jóvenes y aptas para trabajar se quedan sin pensión. Y si la mujer se ha preparado para las altas misiones cristianas de esposa y madre, reina del hogar, y no tiene oficio determinado, ¿qué hace si enviuda?

Y de los hijos niños de la viuda joven, ¿quién cuidará?

La Ley no responde a esas preguntas, ni tiene en cuenta esos supuestos.

El Estado socialista quiere que la mujer trabaje. El hogar, la familia, son secundarios para el socialismo. Nada le importa que la mujer no sepa ser esposa ni madre. Lo que le interesa es que tenga un oficio y trabaje.

Al Estado socialista no le importa la vida de los hijos en la familia. Tiene montadas sus organizaciones propias para separar a los hijos de sus padres y cuidarlos el mismo Estado. Por lo tanto, no se preocupe por sus hijos la viuda joven. Ya se los arrancará de su lado el Estado. Ella, a trabajar.

La socialista Ley de Bases de la Seguridad Social tiene dos lagunas. El montaje de establecimientos asistenciales para recoger e internar a los hijos de las viudas jóvenes. Y el complementar la Ley de Arrendamientos Urbanos con un artículo que diga que la viuda joven no se quedará sin vivienda por ser inquilina única. O bien prever el montaje de residencias para viudas jóvenes si por la Ley de Arrendamientos Urbanos se las puede echar a la calle.

Como la nueva Ley de Bases tiene que empezar a regir en 1965, hay tiempo para enmendar esas lagunas en su texto articulado. Si se quiere jugar a socialistas, menester es apechugar con todas las consecuencias.

Al final hay un recuadro que dice:

El argumento con que se cortó en la respectiva Comisión de las “Cortes” toda oposición a la nueva Ley de Bases, además de la obediencia debida al amo, fue que el actual sistema tenía un agujero deficitario de diecisiete mil millones de pesetas causado porque las inversiones hechas con el dinero de los obreros habían obedecido a exigencias políticas y no económicas. Con la nueva Ley el Estado podrá disponer del dinero de los obreros, con mayor impunidad y en mayores cantidades, en inversiones políticas ajenas a la Seguridad Social.

Fuente: Cruzado Español, Números 193 – 194, 1 y 15 Abril 1966, página 15.



CONTROL INTERNACIONAL DE EMPRESAS ESPAÑOLAS


«En conexión con la Banca Urquijo, la B.P.P.-B., Lehmann Brothers y la Banca Schroeder Wagg han creado la Corporación Española de Financiación Internacional, que se propone tomar el control de diversas empresas españolas.

Otras sociedades, que tienen intenciones parecidas, han sido igualmente formadas: la Anglo-Spanish Investments Trusts, la Espagne-Investissements, el Banco del Desarrollo Económico Español. Este último tiene por principales accionistas: la International Finance Corp. (U.S.A.), el grupo americano Morgan, la Barclay´s Bank de Londres, la Banca de Rothschild Hermanos de París, y el Deutsche Bank de Frankfurt».