Revista FUERZA NUEVA, nº 514, 13-Nov-1976
ANARQUÍA O ESTADO DE DERECHO
EL presidente Suárez ha adoptado, asumido y hecho suya la ruptura preconizada desde hace años por la “Platajunta”, convirtiéndola prácticamente en su programa de gobierno, institucionalizándola. Institucionalizar es mucho más que legalizar. Dicha ruptura supone la destrucción del Sistema y abrir un proceso constituyente que llevará «a partir de cero», «quiérase o no», corno proclama Gil-Robles, uno de los principales inspiradores del Gobierno Suárez y de la ruptura pactada. Es «el único caso en la historia de ruptura desde dentro», según reconocen escritores áulicos en «Ya» (Emilio Atard, García Escudero).
Pero, ante los hechos que estamos presenciando y sufriendo los españoles, nos preguntamos si en esta emulación o pugilato rupturista entre el Gobierno y la oposición se va a dar algo más insólito todavía, si la autodemolición de España y de la obra de Franco va a ir acompañada de la destrucción del principio de autoridad, legalidad, derecho, disciplina y convivencia social, lo cual equivaldría a implantar la anarquía, (…); si el demoliberalismo decimonónico total a que vamos no acabará en el neoanarquismo de las escuelas actuales. Porque la realidad es que estamos viviendo bajo un sistema de ambigüedades, claudicaciones, impunidades y lenidades; un sistema de ilegalidad legal, como ha dicho un ex ministro; en «un vacío de legalidad en el que las Leyes Fundamentales están vigentes pero no rigen», según reconoce, sin lamentarlo, un ex ministro de Justicia democristiano que tanto ha contribuido a ese vacío; una situación «en que lo ilegal es tolerado y no se sanciona», como lamenta el presidente del Consejo de Estado; en que las normas legales acordadas por Gobierno y Cortes no se cumplen, como señala el general Campano; una situación, en suma, de anarquización tolerada, a la que no sabemos si por ironía o por sarcasmo se llama Estado de Derecho.
El balance o recapitulación que vamos a hacer de la serie de actos y actividades de desarme moral y anarquización latente nos revelará hasta qué extremo de «tolerancia» está llegando este Gobierno de la Monarquía liberal.
Anarquía tolerada
Fue inconcebible el espectáculo consentido en septiembre último, de exaltación y homenaje reparador a los criminales convictos y confesos ejecutados y a los autores de 62 asesinatos, bastantes por la espalda. El alcalde de Vergara, ante 174 representantes de municipios vasco-navarros, afirmó textualmente que no es fácil tipificar como delitos de sangre acciones cometidas en un contexto en el que la fuerza constituye el derecho, y que estas palabras, «pienso, manifiestan el sentir general del pueblo». Aunque parezca imposible, el ministro de la Gobernación (R. Martín Villa) no ha actuado, y de ahí que el alcalde exclame: «iNo puedo quejarme de la buena disposición de las autoridades superiores!» (Entrevista con Antonio de Santis en «Ya», que la intitula «Nuevo abrazo de Vergara».) Y, sin embargo, existe el artículo 123 del Código Penal, que castiga «los ultrajes a la nación española y al sentimiento de su unidad», artículo que está vigente y en letra muerta.
En la manifestación de las organizaciones comunistas y separatistas realizada con autorización oficial en Vigo el 21 de septiembre, se mantuvo un minuto de silencio ante el Palacio de Justicia y otro ante las fuerzas de orden público, en homenaje al terrorista vigués ejecutado por asesinato de un policía, y en ella se pidió la disolución de los cuerpos represivos. («Ya», 1-IX-76.) ¿Se concibe mayor trágala a la Administración de justicia y al orden jurídico? Nuestra sociedad, ante estos hechos, parece haber agotado su capacidad de asombro.
Un viejo y desacreditado político profesional que no vaciló en colaborar y servir a la República «de sangre, fango y lágrimas», en reciente mitin democristiano pidió un minuto de silencio «en memoria de los que murieron por la democracia».
En Cataluña, representantes de Colegios de Abogados han pedido también la disolución de las fuerzas armadas, así como otros más radicales «e interesados en que, cuando las masas salgan a la calle, aquéllas permanezcan acuarteladas» («El Alcázar», 2-IX-76). El 1 de octubre, en Madrid, un grupo de abogados invadió los locales del Tribunal de la Magistratura de Trabajo imponiendo suspensiones de juicios y organizándose mítines en su lugar: «a la justicia prenden». Otros grupos de letrados exigen amnistía total, incluidos, por tanto, los delitos comunes. ¿Existe acaso sociedad alguna en que no haya penalidad para el delito?
En la iglesia de Montserrat (Barrio de Moratalaz, Madrid), en el funeral por los criminales ejecutados, después de la homilía se leyeron comunicados de Coordinación Democrática. En una reunión comunista, en otra iglesia del barrio, se vendieron más de mil ejemplares de «Mundo Obrero» («Ya»).
En la Escuela de Verano —dotada con subvención estatal de 9.000 millones de pesetas de la Universidad autónoma barcelonesa, había «stand» permanente para la venta de revistas y publicaciones leninistas, trotskystas, cenetistas y, sobre todo, del FRAP, autor del asesinato de una decena de guardias. Todo esto se permite en nuestro actual «Estado de Derecho».
Nunca, ni durante la República, se han quemado más banderas españolas. En Vascongadas casi es un hecho cotidiano. En Ibarra (Guipúzcoa) queman dos, sustituidas por «ikurriñas». La Guardia Civil actúa. El alcalde dimite en protesta de su actuación «excesiva», haciendo su jefe caso omiso de las órdenes que «dicté en pleno uso de mis facultades de alcalde y delegado gubernativo» (Agencia Cifra). Este caso, típico «del alguacil alguacilado», refleja la actitud de convivencia antiespañola y antilegal de varias autoridades locales en la región.
La «marca» separatista catalana, más o menos teóricamente desautorizada, de hecho tuvo lugar en varias zonas. Y es que, paradójicamente, la indulgencia oficial suele extremarse al límite ante los separatismos.
La enumeración de subversiones e infracciones «toleradas» se haría interminable.
Una prima al terrorismo
Este proceso de anarquización convertido en situación casi normal reviste una extraordinaria gravedad por su contenido y finalidad, que es el marxismo y el separatismo, y por la condición de sus protagonistas, que implica la inversión de la pirámide social; porque no son cuatro desarrapados, sino que una parte de ellos ejerce funciones o autoridad públicas, o son abogados, profesionales, universitarios, eclesiásticos; es decir, pertenecen a los estamentos depositarios de los principios políticos, jurídicos, sociales, espirituales componentes de la tabla de valores que cimentan a toda sociedad civilizada. Son grupos muy minoritarios que prevaliéndose de la posición y predicamento inherentes a su status social, y movidos por finalidades y ambiciones políticas en las que entran el resentimiento, el sectarismo, el señoritismo burgués, el vedettismo y el encumbramiento personal y político, utilizan los resortes de la violencia, la persecución al contrario en ideas, el terrorismo ideológico y la disolución moral como instrumento corrosivo contra la comunidad nacional, en una vocación por el caos, a la sombra de la tolerancia otorgada.
Por todo ello nos parece suicida la aparente actitud gubernamental «de permitirlo todo». La prensa ha publicado una carta de cierto secretario del Comité Central del P.C en la que éste refiere que las acciones armadas de septiembre de 1975 fueron decididas por el Comité Permanente del FRAP y por el pleno del Comité Central (del que él era secretario) del PC. «En cualquier país moderado y hasta flemático esto sería perseguible de oficio», afirma nada menos que Blanco Vila.
Nunca, nunca debió autorizarse, ni en letras de molde ni en acto o manifestación alguna, nada que significase glorificación ni homenaje a los ejecutados en 1975 y demás autores de asesinatos; y sin embargo ha habido una tolerancia que creemos no habría existido en ningún país occidental, en los mismos países que nos azuzan e imponen tolerancias inauditas que ellos no practican, y ha constituido agobiante trágala para los familiares de los asesinados, así como para las fuerzas armadas y para el sentido jurídico, ético y humano de los españoles, y un desprestigio de la cosa pública.
Nunca debió abrirse masivamente la frontera, concediendo pasaporte a más de 300 exiliados de ETA, desde sus fundadores a los cuadros de acción. Los resultados inmediatos de tanta «apertura», a la vista están. ETA, favorecida con la más increíble amnistía —72 amnistiados—, está más desafiante que nunca. Y todavía el ministro de Justicia (Landelino Lavilla) anunciaba que podrá ampliarse más.
El señor Martín Villa (ministro del Interior) dice que la autoridad no es negociable; pero, ante una especie de plante o protesta colectiva de varios municipios vascos, acude a aquellas provincias y el resultado es un plan de ilimitadas concesiones, desde la protección a las «ikastolas» —focos de odio a España—(declaradas de utilidad social, ¡hasta el proyecto de relegar a la Guardia Civil a las áreas rurales! Y quiera Dios que no a otras concesiones de privilegios fiscales.
En otra ocasión leemos que seis guardias fueron heridos en Guipúzcoa, uno con pérdida de ojo. Hubo detenciones, pero seguidamente surgieron dimisiones de alcaldes, huelgas y paros, y «que ya no quedan detenidos».
A los pocos días de la matanza quíntuple en San Sebastián, un brigada de la Guardia Civil es herido, otro guardia apaleado y otros acorralados; no hubo detenciones. (Agencia Logos).
En las innumerables algaradas, alborotos, coacciones, piquetes, agresiones por toda la nación, se producen detenciones, pero casi invariablemente los detenidos son puestos en libertad. ¿No es esto una prima a la impunidad, ese oficial cruzarse de brazos ante el desafío de los brazos en alto?
La sombra de Berenguer
Nos alarma sobre todo la impavidez adoptada por el Gobierno, que no quisiéramos se convirtiera en obstinación o en ceguera. El presidente viene repitiendo que hay que desdramatizar en la cuestión vasca y en todas; pero, cuando la realidad es dramática, su enorme dramatismo no pueden deshacerlo las palabras, las declaraciones pomposas ni las habilidades políticas. Es lógico que cunda la inquietud por todo el país, herido además por la política de bandazos, «desde la legalidad» oficial, para demoler toda la obra de Franco, y de trágala desatada en la prensa por algunos medios audiovisuales, por los partidos políticos y en la calle.
Una nación no puede liarse la manta a la cabeza, que es lo que se está haciendo, paralizar y liquidar la paz, prosperidad y bienestar alcanzados, y poner en juego sus destinos y sus más altos valores nacionales —como son la unidad patria y la no servidumbre extranjera— al solo objetivo de imponernos una democracia formal, cuyas consecuencias hemos experimentado durante siglo y medio. Y que para tan menguado logro haya que permitirlo todo y que pasar por todo...
Los españoles tenemos metida en el alma y en la mente la etapa del gobierno Berenguer-Aznar (1930-31) y su ceguera, que tan enorme semejanza guarda con el momento actual. El historiador, académico y miembro de la CEDA Jesús Pavón, en sus conocidos estudios ha señalado que lo que provocó la caída de la Monarquía y el caos subsiguiente fue el empeño de volver al punto de partida, al régimen de partidos, a los mismos partidos de antes de la dictadura de Primo de Rivera. Es una quimera que se pagó bien cara, porque tales retrocesos son imposibles en la vida de los pueblos.
Carmelo VIÑAS Y MEY
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